Muerte a diario: San Pedro Sula, la capital mundial de
la violencia
Por
cuarto año consecutivo, la segunda ciudad de Honduras registró la mayor tasa de
homicidios fuera de una zona de guerra; el narcotráfico y las maras, razones del
trágico récord
Una imagen repetida. Los familiares de Javier
Cruz Zapata lloran por su muerte en el cementerio del Chamalecón, uno de los
barrios más pobres de San Pedro Sula; el joven que trabajaba como guardia, había
sido asesinado por delincuentes. Foto: The New York
Times
"Matan hombre de varios
machetazos." "Matan mujer y le sacan ojos." "Encuentran hombre envuelto con
sábanas." En San Pedro Sula , la muerte es un ritual despojado de todo
dramatismo. Un título frío que se repite cada día en la prensa de una ciudad
dominada por el narcotráfico y la violencia
desmedida de las maras. En la capital industrial
de Honduras, la morgue nunca
cierra.
No es fácil vivir en la ciudad
más violenta del mundo fuera de una zona de guerra. Aunque a los sanpedranos no
les guste el rótulo, así catalogó a San Pedro Sula el ranking que divulgó en
enero pasado la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Según
el organismo, la segunda ciudad de Honduras tuvo una tasa de 171,21 homicidios
por cada 100.000 habitantes, y superó así por cuarto año consecutivo a Acapulco
y Caracas.
San Pedro Sula tiene unos
782.000 habitantes y un centro bullicioso de día que de noche parece un pueblo
fantasma. "A ciertas horas uno ya no puede andar por la calle. Hace sus
quehaceres, va a comprar las cosas a la pulpería [almacén] y se mete a la casa
para que no le pase nada", cuenta por Skype a LA NACION María Guadalupe
Hernández.
Habla resignada. La muerte la
golpeó ya demasiadas veces. Su hijo mayor, Santos Geovanni, murió el 5 de
febrero pasado en la zona de Villanueva, en las afueras de la ciudad. Tenía 22
años e iba en su moto-taxi cuando una bala que no iba dirigida a él, sino a un
importante empresario, le atravesó la cabeza. Otra ráfaga de balas mató luego al
empresario y a su guardaespaldas.
En la capital industrial de Honduras, la morgue nunca
cierra
Hace cuatro años fue el turno de
su yerno. "Le dieron una muerte bien fea. Lo torturaron y lo metieron en un
saco. Sus familiares querían averiguar qué pasó, pero la mamá de él no quiso",
cuenta Guadalupe. Ella sospecha de las maras (pandillas juveniles), pero dice
que la resolución del crimen "quedará en las manos de Dios".
Las maras son uno de los tantos
flagelos que azotan a 14 ciudades de Honduras, de acuerdo con un informe
divulgado por Unicef en 2012. Pero como siempre San Pedro Sula se lleva la peor
parte: el 60% de las pandillas están afincadas en esta ciudad.
La Salvatrucha (MS, conocida
también como MS13) y Barrio 18 son las maras más importantes. Entre ellas libran
una sangrienta lucha territorial. "Hay barrios enteros en manos de los mareros.
Vigilan quién entra y quién sale, y hasta cobran para vivir", explica a LA
NACION Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Hasta en las colonias (barrios)
las maras cobran un impuesto para vivir. Por ejemplo, en el Chamalecón, un
barrio pobre, cuando los residentes vuelven a su casa hacen señales de luces
para avisar que son del lugar. Durante el día, bajan las persianas y así los
mareros los reconocen.
Las maras actuales se formaron
en Estados Unidos en la década del 80, cuando miles de salvadoreños huyeron de
la guerra civil (1980-1992) y se agruparon en pandillas en Los Angeles,
California. Hondureños y guatemaltecos se sumaron luego a los grupos, pero a
mediados de los 90 Estados Unidos endureció su postura y deportó a miles de
pandilleros, que regresaron a sus países de origen.
Desde que las maras se
afianzaron en Honduras, empezaron a cobrar el llamado "impuesto de guerra" en
las zonas marginales que controlaban. Pero en los últimos años esta práctica se
extendió a pequeños y medianos negocios, como pulperías, panaderías, ferreterías
y farmacias.
"Yo pagaba en mi casa un
impuesto de guerra, porque vivo en una zona peligrosa. Pensamos con mi mamá que
era un vigilante normal, pero después nos dimos cuenta de que se trataba del
impuesto. Un señor pasa en bicicleta cada 15 días a cobrarnos 150 lempiras
[siete dólares], que no es mucho", cuenta a LA NACION Keren Dunaway, de 19
años.
A Keren, una reconocida
activista por los derechos de las personas que sufren VIH, esta situación le
parece normal. "Todo el mundo está mentalizado de que hay que pagarles, si no,
se sabe que algo malo puede pasar."
"Además, ahora a los mareros no
se los reconoce como antes. No andan llenos de tatuajes ni vestidos como
raperos. Se camuflan entre la gente, por eso Keren se confundió", explica su
novio, Edgardo Paz, de 24 años.
Hace más de un mes que los
jóvenes sanpedranos viven en Buenos Aires. Viajaron para estudiar a la UBA.
Keren, Ciencias Políticas, y Edgardo, Economía. Recién ahora, lejos de su ciudad
natal, la joven activista se anima a hablar de la violencia en San Pedro Sula y
del secuestro exprés que sufrió hace dos meses.
Dice que no tuvo miedo cuando
dos hombres la bajaron de su auto y la metieron en una casa abandonada, donde
permaneció sola durante 12 horas, con las muñecas atadas con cinta tape. Su
madre, que es presidenta de la ONG Llaves, estaba preocupada porque Keren debía
tomar sus medicamentos para el VIH y pidió ayuda en los medios.
Pero Keren permaneció tranquila
y hoy jura que lo suyo fue un secuestro al azar. Más miedo le dan los asaltos,
"porque esos sí suceden a menudo", dice. Y enseguida añade: "La verdad es que
como sanpedrana ando medio paranoica en Buenos Aires y miro para todos
lados".
'Estamos a la buena de Dios. La violencia abarca todos
los niveles. En definitiva, no sabemos si vamos a volver vivos del trabajo',
dice Glenda Perdomo, editora del diario local La Prensa
"Un amigo me dijo que Buenos
Aires no era tan segura, pero lo que nos contaron de los robos aquí nos parece
una broma. Prefiero mil veces que me roben así", acota Edgardo, que fue asaltado
varias veces en San Pedro Sula. Keren se ríe y dice que lo que más le sorprende
es ver a chicos pequeños caminando por la calle de noche. "¡Métanse adentro, por
Dios!", piensa en esos momentos.
En San Pedro Sula el robo básico
se desfiguró a uno con mucha violencia, explica a LA NACION la periodista Glenda
Perdomo, editora del diario local La Prensa. "Estamos a la buena de Dios. La
violencia abarca todos los niveles. No sabemos si nos van a matar para robarnos
el celular o por nada. En definitiva, no sabemos si vamos a volver vivos del
trabajo", cuenta.
Los que más sufren la violencia
son los taxistas y colectiveros. Así lo señala Pompilio Coello, dirigente de
transporte en Honduras. "El conductor de un ómnibus o de un taxi sale a trabajar
en la mañana y lo único que le queda es encomendarse a Dios para que lo proteja
en la calle", dice.
Pero además del crimen
organizado, los transportistas cargan con el peso extra del impuesto de guerra.
"El delincuente le dice al conductor: «Me tenés que dar 100.000 lempiras [4600
dólares], 50.000 lempiras, si no ya sabés, te venimos a matar aquí». Desde ese
punto la gente se ve obligada a negociar con ellos y darles el dinero", detalla
Coello.
Según la fiscalía de delitos
comunes, en San Pedro Sula los taxistas y conductores de ómnibus pagan unos 2,5
millones de lempiras (115.000 dólares) por mes a las maras.
Guerra sin trincheras
Testigos de la violencia. Un chico observa
cómo esposan a un hombre, en medio de la investigación por un asesinato en San
Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo fuera de una zona de
guerra. Foto: The New York Times
Los pandilleros no son los
únicos que libran esta guerra sin trincheras. Hace algunos años los carteles del
narcotráfico penetraron en Honduras, y muchas veces siembran el terror aliados
con las maras.
"Con la ofensiva de los
gobiernos mexicano y colombiano, los carteles de la droga desplazaron hace
algunos años sus operaciones a Honduras, un país situado en una posición
estratégica en la ruta de la cocaína hacia Estados Unidos", explica a LA NACION
Guillermo Peña, de la Fundación Eléutera, una ONG contra la
violencia.
Según el Departamento de Estado
norteamericano, el 80% de la cocaína que se transporta hacia el Norte pasa por
Honduras.
De acuerdo con Peña, a este
panorama se sumó la crisis política de 2009 -cuando el ex presidente Manuel
Zelaya fue destituido por un golpe de Estado-, que produjo un descuido en las
instituciones de seguridad.
Según el Departamento de Estado norteamericano, el 80%
de la cocaína que se transporta hacia el Norte pasa por Honduras
"Estamos viviendo lo que vivió
Colombia hace 15 años con Pablo Escobar. Vemos que hay municipios, especialmente
los que están en la frontera, en el triángulo norte, donde sus alcaldes están
permeados con el crimen organizado. En esos lugares hubo muertes de periodistas,
abogados, policías, precisamente porque estaban involucrados o defendiendo casos
contrarios a los narcotraficantes", explica Ayestas, del Observatorio de
Violencia.
Desde su llegada al poder, en
enero de 2014, el presidente Juan Orlando Hernández le declaró la guerra al
narcotráfico para disminuir los niveles de violencia. Por ahora no hubo grandes
resultados. Su mayor victoria fue la extradición de siete cabecillas de los
carteles hacia Estados Unidos.
Los intolerables niveles de
violencia produjeron el aumento de seguridad privada en todo el país. Según un
informe de la ONU, en Honduras hay aproximadamente 79.000 guardias privados,
cifra que supera a la policía y al ejército. Esto se palpa en San Pedro Sula. No
importa el tamaño del local comercial, en todos lados hay guardias armados. Es
común que las pulperías estén completamente enrejadas y que los vendedores
atiendan a través de un "hueco" (ventanilla).
En algunos lugares los vecinos
tomaron una medida radical: como no pueden acceder a vivir en un barrio privado,
se encerraron ellos mismos. Instalaron portones o rejas y les pagan un sueldo a
uno o dos guardias. El diario El Heraldo detalla que más de 100.000 personas
viven de esta manera porque se sienten "desamparadas de la policía".
"La desconfianza ciudadana hacia
la policía es uno de los grandes problemas de San Pedro Sula y de Honduras en
general", cuenta a LA NACION Carlos Sierra, coordinador del Área de Seguridad
del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Muchas veces la policía es parte del problema porque está asociada a los
narcotraficantes y a las maras, por eso la gente ni siquiera piensa en hacer las
denuncias, sostiene Sierra.
Según un informe de la ONU, en Honduras hay
aproximadamente 79.000 guardias privados, cifra que supera a la policía y al
ejército
Ayestas explica que otro de los
grandes problemas del país es que en más del 70% de los homicidios no hay
información sobre el contexto y el móvil de la muerte. De los que sí están
documentados, alrededor de un 15% son por ajuste de cuentas, a partir de la
modalidad del sicariato. Estas muertes son propias del narcotráfico, señala la
directora del Observatorio de la Violencia, e indica que la mayoría de las
víctimas son menores de 30 años.
A pesar de que las estadísticas
no son favorables, muchos sanpedranos se muestran optimistas y dicen que las
medidas del presidente contra la violencia están dando algunos resultados.
Cuentan que anhelan cosas básicas: poder salir a correr en el parque por la
tarde, viajar tranquilos en ómnibus, poder hablar con el celular por la calle.
En definitiva, no vivir con ese miedo constante a convertirse en un nuevo
titular de las noticias policiales..
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