Las revoluciones constituyen verdaderas necesidades. Cierto que hay muchos cambios continuos, pero al acumularse se producen cambios bruscos. Georges Politzer

 

El asesinato de 6 personas, 25 heridos y la desaparición con vida de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, hechos orquestados por el Gobierno de la República en los que participaron el Ejército, la Policía Federal [1] y elementos de seguridad del municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, generó una ola de protestas alrededor del mundo: movilizaciones masivas principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal; tomas de edificios de gobierno, radiodifusoras, carreteras, casetas de cobro, gasolineras, puentes internacionales y aeropuertos; cierres de tiendas de autoservicio trasnacionales y bloqueos a instituciones bancarias en todo el país; paros escalonados de estudiantes en más de 115 planteles –los principales del país- de educación superior que incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, La Universidad Pedagógica Nacional, La Universidad Autónoma de Chapingo y la Escuela Nacional de Antropología e Historia; manifestaciones en consulados y embajadas mexicanas; pronunciamientos en el medio intelectual y artístico; declaraciones de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales y la proliferación de publicaciones en las redes sociales.

Una respuesta social que no se había registrado en otros hechos brutales de negligencia, violencia y represión estatal como el incendio de la Guardería ABC en el que fallecieron 49 niños, 76 resultaron heridos de entre cinco meses y cinco años de edad en Hermosillo, Sonora en 2009; la localización de más de 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en 2011, o el asesinato y desaparición sistemática de luchadores sociales en todo el país, sucesos que tienen en común, haber quedado impunes, como cientos de casos más en nuestro país.

El caso Ayotzinapa confirmó e hizo visible el hartazgo, la desesperación y la indignación de la población trabajadora a un sistema político carente de legitimidad, que promueve medidas económicas para incrementar las ganancias de las corporaciones trasnacionales que operan en nuestro país y que orilla a la inseguridad y la degradación económica a las personas que debería proteger. El secuestro de los normalistas también parece representar el inicio de un periodo revolucionario en nuestro país como a continuación veremos.

El ambiente socioeconómico

En la historia de los pueblos pueden distinguirse dos tipos de eventos: los hechos históricos, que son sucesos cotidianos: políticos, económicos, culturales y tecnológicos, que pueden documentarse bibliográfica, gráfica y audiovisualmente; se manifiestan en la continuidad social -la cual no es estática, ni ausente de conflictos-, en muchos casos intentando trastocarla y se presentan aparentemente aislados o desconectados del todo social. Y los acontecimientos revolucionarios, que son los que desencadenan procesos de cambio social, se insertan o aparecen como resultado de estos procesos. Son eventos que alteran la continuidad e inercia del sistema social o modo de producción predominante.

De esta manera, los sucesos de la Guardería ABC, los asesinatos de San Fernando y la represión sistemática de luchadores sociales, aparecen como hechos históricos, y a la vez, como cambios cuantitativos que fueron erosionando la legitimidad y la continuidad del régimen político, hasta desembocar en la represión estatal a los normalistas de Ayotzinapa, que se manifiesta como un detonante social y acontecimiento revolucionario, el cual desestabiliza al sistema y abre la puerta de la revolución social, desplegando cambios cuantitativos en cascada, que pueden desembocar en cambios de calidad.

¿Cómo distinguimos un periodo revolucionario? El proceso se inicia cuando el modo de producción predominante –el Capitalismo en este caso- no es capaz de retroalimentar regiones sustanciales de su estructura. Aparece entonces el conflicto en forma de cambios cuantitativos que pretenden reparar los daños que afectan al sistema social. Estos cambios se manifiestan en la continuidad del modo de producción y se perciben como hechos aislados a través del tiempo, aun cuando irrumpan con profundo dramatismo. Son cambios que soporta el sistema social sin alterar su naturaleza económica.

Surge entonces un detonante que no sólo sacude la conciencia social, sino que articula y da sentido a los cambios cuantitativos, vinculándolos entre sí, haciendo visible y nítido el encadenamiento de procesos económicos y políticos. A partir de entonces, se transforma en un referente histórico que alimenta cambios cuantitativos en cascada, que el sistema ya no es capaz de soportar. Sintiéndose herido y en peligro de muerte, se defiende con una vehemencia contrarrevolucionaria de extrema violencia, intentando eliminar los elementos desestabilizadores o absolverlos con sus mecanismos adaptativos.

El proceso puede desembocar en un salto brusco o cambio de calidad. El modo de producción se colapsa regionalmente y cede ante la nueva conformación o disposición del sistema. La revolución se consuma y se inicia un reacomodo en las relaciones sociales de producción que deben articularse con las relaciones políticas. En tanto, el modo de producción predominante no haya sido superado históricamente, los elementos residuales en contubernio con los poderes globales continuarán ejerciendo presión y generando conflicto, reagrupándose continuamente con el objetivo de regresar al estado anterior, que las fuerzas contrarrevolucionarias conciben como el estado ideal de la sociedad.

Marx (1983:251) decía que al llegar a cierta fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o con las relaciones de propiedad que es su expresión jurídica. De este postulado teórico se deriva una consecuencia: las fuerzas productivas requieren sostener correspondencia con las relaciones de producción. Si esto no ocurre, dichas relaciones se convierten en trabas suyas. En el siglo XXI, observamos que las fuerzas productivas están al servicio del mercado y la acumulación de capitales a nivel mundial. Esto quiere decir que los beneficios de este desarrollo no alcanzan a la mayor parte de la población mundial que se debate en la sobrevivencia, aun cuando en esta mayoría, se ubican los que producen la riqueza social: los trabajadores de la ciudad y del campo.

La imposibilidad de acceder a los bienes sociales suficientes para mejorar sus condiciones de vida, está ligada a las recurrentes recesiones económicas planetarias, que aparecen cuando el ciclo de la producción-distribución-cambio y consumo de mercancías se interrumpe o no se completa cabalmente debido a la imposibilidad de las personas de acceder plenamente a dicho ciclo.

Aunado a ello observamos –como también lo explicó Marx- que el Capitalismo es un sistema depredador que se autodestruye al devorar sus dos fuentes de riqueza y de reproducción: la naturaleza y el trabajo. El caso de Grecia en 2012 ejemplifica plenamente esta situación. En ese país europeo el poder legislativo aprobó un plan de austeridad que incluía el recorte de 15 mil plazas en el sector público, la flexibilización de las leyes laborales en prejuicio de los trabajadores y una reducción del salario mínimo de 751 a 600 euros (12 mil 637 a 10 mil 96 pesos mexicanos). De esta manera, la población era obligada a pagar los costos de las turbulencias financieras y la indisciplina fiscal de los sucesivos gobiernos griegos (La Jornada, 2012).

También en México, los gobiernos de los últimos 30 años han impuesto medidas en contra de los trabajadores, como comprimir salarios, atacar sus derechos sindicales y los contratos colectivos de trabajo, reducir sus prestaciones, además de privatizar casi todas las empresas estatales, satisfaciendo con ello las demandas de los acreedores financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acabar con el Estado benefactor e imponer el modelo neoliberal. Por si esto fuera poco, recientemente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno, impulsó y aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores un paquete de 11 reformas y 81 cambios en leyes secundarias, que en el discurso oficial están destinadas a generar mayor eficiencia y competitividad para reactivar la economía del país, pero que también eliminan obstáculos legales a los capitales extranjeros que ya operan en los sectores estratégicos de la economía, como petróleo, gas y minería.

De acuerdo a Cartocrítica, una organización civil independiente, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha concesionado casi 5 millones de hectáreas para la explotación petrolera en territorios indígenas: 210 municipios de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Coahuila Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Casi la totalidad del territorio de los chontales ha sido comprometido; 38% de los totonacos, 31% de los popolucas y 20% de los huastecos y náhuatl (Ánimas 2014).

En el caso de Guerrero, éste es uno de los estados que registran mayores niveles de pobreza en México. De acuerdo a cifras del Banco de Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) esta entidad contaba con 3,388,768 habitantes, de un total de 112,336,538 en la República Mexicana en 2010. Cifras oficiales indican que el porcentaje de población guerrerense en situación de pobreza fue de 69.7%, es decir 2.44 millones de personas al cierre de 2012, lo que representa un incremento frente al 67.6% de 2010. Sus actividades económicas predominantes son la agricultura, en la que destaca la producción de maíz, de cocotero, café, mango, limón, melón, sandía y okra (Luna 2014) y el turismo, principalmente de Taxco, Zihuatanejo y Acapulco, en los que actualmente se registra una caída estrepitosa, debido a la recurrencia de tormentas tropicales y huracanes, la violencia delictiva y el conflicto reciente que ha orillado al cierre de negocios, pérdida de empleos y cancelación de reservaciones para la época de vacaciones decembrinas.

De 2011 a 2013, el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) fue de apenas 0.5% en promedio, en contraste con el 3% de la media nacional, señala un reporte de Banamex. Las actividades terciarias (comercio, turismo, servicios, etc.) contribuyen con el 73.4% del PIB, mientras que el peso del sector secundario (industria) es de 21.3% (contra 35.3% del nacional). No obstante, en 2013, la entidad recibió 110.3 millones de dólares por concepto de inversion extranjera directa, principalmente por el sector minero, en donde operan compañías como Minera Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome Resources, entre otras. (Luna 2014).

En Guerrero, ha sido común el cobro de cuotas a ganaderos, comerciantes y transportistas por parte de las organizaciones delictivas coludidas con los gobiernos y la policía municipal, y el mal uso de los recursos públicos que la Federación transfiere a los estados y municipios para educación, salud, infraestructura básica, seguridad pública, programas alimenticios y se asistencia social (Goche 2014). A la explotación económica se suma también la dominación política y la degradación cultural.

Las condiciones objetivas para un levantamiento popular ya existían en Guerrero desde décadas atrás. No obstante, las condiciones subjetivas de fragmentación ideológica y aislamiento social, no habían sido las propicias para generar un movimiento del alcance de Ayotzinapa, el cual rebasó los límites regionales para obtener eco más allá de las fronteras nacionales.

El proceso revolucionario

Un proceso revolucionario plantea la existencia de un escenario de condiciones materiales de precariedad, inestabilidad económica, explotación extrema y represión, por un lado, y condiciones subjetivas de lucha, que combatan al Estado políticamente, por el otro.

Asimismo, requiere una base organizativa, que en el caso de Guerrero recae principalmente en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y los mismos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que son organizaciones de masas influenciadas por partidos y núcleos proletarios que cuentan con un programa político de organización clasista. Tales organizaciones luchan por mejorar sus condiciones laborales y educativas, además de proteger a sus comunidades de la delincuencia, en particular del narcotráfico y que mantienen movilizaciones en todo el estado. Asimismo, forman parte de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que incluye a más de 50 organizaciones sociales de Guerrero y del país. A esto se debe que la respuesta al ataque a los muchachos normalistas haya sido tan contundente. No fue el caso de la Guardería ABC en la que no existían antecedentes de lucha equivalentes.

Una revolución puede rebasar las fronteras del Estado-Nación, como ocurrió con los países de Centroamérica, en que el triunfo de la Revolución Sandinista de Nicaragua en 1979, alentó procesos similares en Guatemala y el Salvador, que se desarrollaron en la siguiente década; o con los países que protagonizaron la “primavera árabe” en el año 2010, que se inició con revueltas populares en Túnez y en Egipto, que derrocaron a sus respectivos gobiernos y continuó con Libia y Siria, donde los gobiernos se resistieron a dejar el poder y la población tomó las armas. En Libia derrocaron al gobierno con ayuda de la OTAN y en Siria continúa la guerra civil.

Una revolución también puede ser delimitada territorialmente dentro de un Estado-Nación, como en el caso de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que descartó la idea de tomar el poder político federal y se concentró en desarrollar la autonomía de facto en los territorios que controla, subsistiendo como contradicción al Capitalismo, con los conflictos que esto conlleva.

En un periodo revolucionario se manifiestan las distintas formas de lucha: la lucha armada organizada se acompaña de manifestaciones callejeras, acciones de desobediencia civil, huelgas de trabajadores, paros estudiantiles, toma de edificios de gobierno e instauración del poder popular y todo tipo de acciones de propaganda contra el régimen en lugares públicos, masivos, eventos ceremonias, manifiestos, declaraciones en medios y ahora publicaciones en las redes sociales. Los símbolos de poder son denigrados y ridiculizados. El 13 de octubre integrantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa incendiaron el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, la capital del estado, después de una manifestación en la que participaron maestros, padres de familia y estudiantes para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos (Ar Pim 2014). El 11 de noviembre integrantes de la CETEG irrumpieron en la sede del PRI, también en Chilpancingo, donde hicieron destrozos y prendieron fuego a una parte del lugar (Aristegui Noticias 2014). Durante la Marcha multitudinaria del 20 de noviembre se quemó un muñeco del presidente en el Zócalo de la Ciudad de México, el corazón del país. Estos actos desafían al régimen político y permiten a las clases explotadas distinguirse de sus opresores. Al adquirir conciencia de clase, los trabajadores adoptan sus propios símbolos.

El estado de Guerrero ha sido muy prolífico en organizaciones guerrilleras. Allí surgieron el Partido de los Pobres (PDLP), dirigido por Lucio Cabañas Barrientos y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), encabezada por Genaro Vázquez Rojas en las décadas 1960-70. Ambos maestros rurales egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió en este estado, el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande.

En el mes de octubre de este año, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados en los que se exige la aparición con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto (Gil, 2014). El 6 de octubre, El ERPI anuncia la conformación de la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” para enfrentar a los sicarios del Estado, los denominados “Guerreros Unidos”, a quienes se atribuye la desaparición de los normalistas.

Una revolución toma forma a través de sucesivas luchas de obreros y campesinos, tras continuas derrotas: la Revolución Mexicana tiene sus antecedentes en la huelgas obreras de Cananea, Sonora en 1906 y de Río Blanco, Veracruz en 1907; y concluye en 1917 con la promulgación de una nueva Constitución; La Revolución Rusa ensayó sus primeras insurrecciones obreras entre 1905 y 1906, pero es hasta 1917 cuando los bolcheviques, dirigidos por Lenin, toman el poder político en esa extensa región del planeta.

Las revoluciones son grandes conmociones sociales, capaces de cambiar el perfil de una época, acelerar los ritmos del desarrollo de grandes regiones, incluso de todo la humanidad, modificar la secuencia de los procesos históricos y acelerar el progreso. Aunque hunden sus raíces en las contradicciones y necesidades económicas, las revoluciones son hechos políticos, jalones mediante los cuales las clases emergentes desplazan a los representantes del viejo orden, destruyen las estructuras que sostenían su poder e imponen las suyas… suelen ser traumáticas y violentas, no tanto por ellas mismas como por la enconada resistencia que han de vencer. La crueldad, las venganzas, los ajustes de cuentas y el terrorismo caracterizan mejor a la contrarrevolución que a la revolución. Por la grandeza de sus metas y propuestas, las revoluciones se abren paso con dificultad, no sólo por lo arduo que resulta destruir el viejo orden, sino por lo complejo de construir uno nuevo (Gómez, 2007).

La revolución no es entonces un evento puntual delimitado en espacio-tiempo; el derrocamiento de una clase social y la toma del poder político por otra, es tan sólo un momento del proceso revolucionario que incluye un antes y un después de este acontecimiento: se inicia con la generación del entorno socio-económico de explotación extrema y el estancamiento de las fuerzas productivas; continúa con la aparición de un detonante ideológico –que generalmente es un acto de brutal represión del Estado- el cual confirma la necesidad colectiva de cambiar las condiciones materiales de vida y abre las puertas a un periodo revolucionario en el que se profundiza la lucha de clases; prosigue con la toma del poder político por parte de la vanguardias políticas de la clase que aspira al poder; y concluye con el despliegue y aplicación del proyecto político revolucionario, que busca consolidar las nuevas relaciones sociales para facilitar la evolución de las fuerzas productivas en beneficio de un mayor número de personas. De esta manera, la revolución puede consolidarse o ser destruida por la contrarrevolución, en alguna de sus fases. Algunos procesos revolucionarios ceden a las reformas del régimen y se desmovilizan militarmente, porque son reconocidos como fuerza beligerante y obtienen garantías para continuar la lucha política. Tal fue el caso del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que firmaron sus respectivos acuerdos de paz en 1992 y 1996.

Es evidente la dificultad de contar con un fechamiento preciso de las distintas fases por las que atraviesa un proceso revolucionario. De allí que se enaltezca la toma del poder político como la referencia fundamental.

Una revolución o proceso revolucionario puede ser destruido, aun cuando se haya tomado el poder del Estado, debido a que las contradicciones sociales propias del modo de producción predominante siguen operando a nivel internacional.

La desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del Bloque de Países Socialistas de Oriente nos deja dos lecciones: en primer lugar, que la humanidad no se dirige irreversiblemente al Socialismo, en forma lineal y absoluta. Antes, el Capitalismo nos puede destruir a todos, como lo está haciendo. Esto quiere decir, que no existe garantía de un triunfo del proletariado en el mundo, aunque esto no impide que se luche por ello; y en segundo lugar, el Socialismo no puede desarrollarse plenamente en un solo país como pensaba el Stalinismo, aunque sí puede desarrollarse como contradicción dentro del modo de producción capitalista –como en el caso de Cuba y Venezuela- y pugnar por expandirse hasta lograr desterrar al Capitalismo del planeta y entonces sí podrá consolidarse. Para ese entonces, no habría necesidad de conservar las fronteras de los Estados-Nación actuales.

El detonante social

Los detonantes sociales sacuden y dinamizan la conciencia de clase; generan la movilización política y la toma de posición de todos los sectores que componen la sociedad, que se ubican en algún extremo de la lucha entre el Capital y el trabajo. Se trata de acontecimientos que profundizan la lucha de clases, la cual aflora con toda su crudeza y beligerancia.

Ayotzinapa constituye un detonante de cambio social de la misma forma que el Movimiento estudiantil de 1968, que aunque no desembocó en el derrocamiento del Estado -quien implementó la denominada “guerra sucia” contra el movimiento armado y la disidencia política-, si generó cambios económicos, políticos y educativos en los años siguientes a las movilizaciones masivas, que hoy se perciben en la cultura contemporánea.

Las imágenes de los estudiantes normalistas atacados brutalmente por las fuerzas del Estado, aglutinaron la indignación, el repudio y el enojo social que desplegó el movimiento en todas direcciones. Los normalistas rurales lograron generar una identidad plena con la clase trabajadora de la ciudad y del campo e importantes núcleos de la clase media, que vieron en los normalistas -quienes emplean un gran esfuerzo para salir adelante en condiciones adversas de vida-, un símbolo de lucha y dignidad. A ellos se suma la figura de sus padres, que buscan incansablemente a sus hijos desaparecidos, generando empatía con millones de padres dentro y fuera del país, quienes comprenden la desesperación e incertidumbre de perder a un hijo y obtener de las autoridades de los todos los niveles de gobierno: simulación y retórica populista en lugar de solucionar su demanda.  

El desprecio por los humildes, aunado a la torpeza e insensibilidad del régimen, condujo al presidente Peña a manifestar su deseo de “que realmente superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno”, el cual le redituó mayor repudio y descrédito entre la población, pues aunque se han realizado más de 70 detenciones de presuntos responsables de la desaparición de los normalistas, queda la certeza generalizada de que el principal responsable de los acontecimientos en Iguala es el Estado; y cuando se confirmó la muerte de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos, por medio de análisis realizados a restos óseos, por el Laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria -presuntamente recuperados en el basurero de Cocula, Guerrero, según la PGR-, ningún representante del gobierno federal o estatal se acercó a los padres del estudiante para informarles sobre su fallecimiento, hecho que fue tomado por ellos mismos como una humillación.

En esta situación de intensa lucha social, resulta emblemático que sean algunos de los mismos padres quienes llamen al pueblo a la revolución:

… ya se requiere que entremos en otras cosas más fuertes, porque las marchas ya no dejan nada, más que armarse e ir sobre ellos, el que sea, y quitar a las autoridades que están. Si la gente nos ayuda, hay que entrarle y quitar a todo este mal gobierno, pero hay que entrarle con una revolución; ya hay que armarse, porque ya no hay de otra. Marchas, marchas y marchas, pues ya no dejan nada… armarse para quitarlos y poner a gente honesta, que vea por el pueblo y que trabaje bien, porque el mismo gobierno solapa a todos los delincuentes y asesinos, y eso los va tirar la gente (Ocampo y Morelos, 2014).

La VII Asamblea Nacional Popular reunida en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa el pasado 20 de diciembre, se pronunció por un boicot a las elecciones federales que se llevarán a cabo en 2015, y llama a intensificar las acciones como bloqueos de puertos, aeropuertos, liberación de casetas, cierre de autopistas, tomas de gasolineras y distribución gratuita, toma de los medios de comunicación, bloqueo total al Distrito Federal como parte de las acciones a enmarcarse en las “Jornadas Acción Global por Ayotzinapa”, que buscan generar las condiciones para una Huelga Política General en el país (Sin embargo, 2014-a).

Ni las 10 medidas para fortalecer a las instituciones en materia de seguridad pública, así como de procuración e impartición de justicia, presentadas por el presidente en Mensaje a la Nación a finales de noviembre, ni las acciones anunciadas a principios de diciembre para reactivar la economía de Guerrero, que incluyen incentivos fiscales, impulso al turismo y medidas de seguridad, devolvieron al Gobierno de la República la escasa credibilidad y legitimidad que contaba antes de los hechos de Iguala. Con estas medidas -u ocurrencias-, pretende generar la imagen de que la corrupción y la delincuencia vienen de fuera, de elementos contaminantes y no desde adentro del Estado como realmente ocurre. Villanueva concluye (2014): Peña no entiende que “él forma parte de lo que se debe cambiar”.

A más de tres meses de ocurridos la desaparición de los normalistas, el proceso de Ayotzinapa ya presenta consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales relevantes en forma de una avalancha de cambios cuantitativos:

1) Ha logrado mantener el interés y la indignación de la población en el caso durante estos meses en las calles y en los medios privados de difusión masiva, aun en época de vacaciones de fin de año. Desde los primeros días, a los editorialistas y conductores de noticias no les quedó otra alternativa que “sumarse” al reclamo social de que aparezcan los estudiantes con vida. Las redes sociales han rebasado a los medios tradicionales de difusión de noticias, adelantándoseles incluso, en compartir los contenidos multimedia al momento de estar ocurriendo una movilización o un hecho represivo y no han dado tregua al sistema político, al que se han encargado de evidenciar cotidianamente su carácter corrupto, en particular, de la pareja presidencial.

2) Alentó a trabajadores, estudiantes y campesinos a profundizar sus luchas y en algunos casos, a asumir la autonomía en sus comunidades: en diciembre de 2014 pobladores del Estado de Guerrero habían tomado 35 palacios municipales, lo que representa el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la entidad. En cinco ayuntamientos se instalaron gobiernos autónomos, con concejos y asambleas populares (Goche, 2014). El Movimiento Popular de Tecoanapa, Guerrero informó que todos los municipios de la Costa Chica, de Guerrero ya habían sido tomados por los concejos municipales populares y que las movilizaciones contra el gobierno continuarían (Lara 2014).

3) La lucha por la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa se hermanó con otro movimiento de gran trascendencia histórica: el de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que generó un Paro generalizado de labores en más de 40 escuelas debido a la imposición de un reglamento autoritario y la adecuación de los planes de estudio a los requerimientos del Capital imperialista. No sucedía un hecho de esta naturaleza desde 1987 en que desarrolló una lucha contra el porrismo [2] en esa institución. A la par de su movimiento, los estudiantes politécnicos se dieron tiempo y espacio para apoyar a sus compañeros normalistas. La influencia de Ayotzinapa llevó a las autoridades federales a aceptar la mayoría de las demandas de los politécnicos y firmar acuerdos públicos en diciembre. Los políticos se dieron cuenta que la posible radicalización del movimiento estudiantil se podría articular con la lucha de las organizaciones guerrerenses, acelerando una insurrección popular de magnitudes impredecibles.

4) Consigue la renuncia del gobernador del Estado de Guerrero, quien había sido acusado de participar con el narcotráfico, siendo éste un hecho inédito en los últimos años, en que ningún mandatario había dejado su cargo por las movilizaciones sociales, aun cuando este ejemplo podría replicarse en otras entidades federativas. Asimismo, se logra la separación del cargo, como presidente municipal de Iguala, de José Luis Abarca Velázquez, quien fue posteriormente detenido al lado de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos responsables de los hechos del 26 y 27 de septiembre.

5) Opone a la imagen idílica y fantasiosa que ha promovido el gobierno de México en el extranjero, la imagen real de una nación saqueada, degradada económica y culturalmente por los mismos que hoy ven “un país de oportunidades”. En octubre del presente año 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente las partes, sea suspendido hasta poder “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos (Appel y Alcaraz 2014). Y en noviembre i ntelectuales y catedráticos de 25 universidades del mundo convocaron al Foro Global “México y la herida abierta del mundo”, con el cual invitaban a estudiantes, comunidades académicas y ciudadanía en general para que, entre noviembre y diciembre, generaran espacios de información, reflexión y diálogo sobre la crisis de ingobernabilidad y violaciones de derechos humanos que vive México y que ha sido puesta en evidencia con la desaparición de 43 estudiantes normalistas (Sinembargo 2014-b).

6) Debilita sustantivamente, a lo interno como externo de nuestro país, la imagen de Peña Nieto, quien representa la irracional embestida neoliberal en nuestro país. Apuntalado en los medios de divulgación masiva y en los partidos políticos oficiales, había impulsado y logrado que se aprobaran meses atrás en el Congreso, un conjunto de reformas que daban garantía al Imperialismo financiero para acceder sin obstáculos legales, a la producción de los principales recursos de la economía nacional, como el gas, el petróleo y la minería. Dentro de este paquete se encuentra la Reforma educativa, cuyo objetivo no explícito, era acabar con el pensamiento crítico en las escuelas, en particular con las normales rurales sobrevivientes. La presión social e internacional orilló a Peña a firmar una minuta con los padres de los desaparecidos y los representantes de la normal de Ayotzinapa, en el cual se compromete a entregar los recursos necesarios para estas escuelas (Romero y Ramírez 2014). Los principales diarios, publicaciones y cadenas de noticias internacionales, señalaron el derrumbe político del actual presidente: el diario estadounidense The New York Times dedicó su espacio editorial del 11 de noviembre a hablar del fracaso del gobierno de Peña. Por su parte The New Yorker, en su edición del 12 de noviembre señala que Peña Nieto es a menudo descrito como un “actor”, en México y en el extranjero se vendió a sí mismo como un modernizador neoliberal y reformador que iba a llevar a cabo el “Momento de México”, pero hoy su gobierno de violencia y corrupción, asola el país. The Washington Post aseguró el 19 de noviembre que el Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha tratado de dirigir la narrativa nacional lejos de la violencia del narcotráfico y hacia la Reforma Económica, se encuentra justo donde no quería estar. El Analista en seguridad Alejandro Hope comenta en BBC News de Londres que el caso se combinó con la compra de una mansión de US $7 millones por parte de su esposa, Angélica Rivera y el conflicto de interés que representa. Observa que el desempeño de la economía es uno de los temas que más críticas ha causado entre los especialistas, pues las expectativas eran muy altas y concluye que “el país está al borde de una recesión”. El influyente diario francés Le Monde publicó una nota de portada con la cabeza: “Revuelta de los mexicanos contra el Estado-mafia”. La televisión pública RT de Rusia publicó un reportaje enmarcado en el segundo aniversario de Enrique Peña en el poder y aseguró que su popularidad ha caído al nivel más bajo para un presidente mexicano desde 1995. Televisión Nacional de Chile (TVN) destacó que el crimen de Iguala es uno de los peores de la historia reciente de América Latina. TeleSUR de Venezuela realizó un reportaje titulado: Mexicanos rechazan políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto (Palestino 2014). La Revista Forbes indicó que l a crisis política y social detonada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa despertó serias dudas sobre la capacidad del gobierno de Peña Nieto para hacer frente al problema de violencia en el país (La Jornada 2014).

7) Las movilizaciones han obligado al Estado mexicano a resolver el caso pronta y satisfactoriamente. El alargamiento de las investigaciones, el montaje de hechos inverosímiles, como la versión del Procurador General de la República de que los estudiantes fueron asesinados, quemados y reducidos a cenizas por miembros de un Cártel del narcotráfico o el intento de desviar la atención con noticias escandalosas y distractores, ha abonado mayor descrédito al actual régimen.

8) Asimismo, el movimiento logró contener y evidenciar la represión del Estado, aun cuando los normalistas tomaron la sede del Congreso local e incendiaron el Palacio de Gobierno de Guerrero, el pasado 13 de octubre y teniendo como antecedente la represión sistemática a las manifestaciones contra el régimen, aumentando con ello el número de presos políticos en el país. El Gobierno Federal ha fracasado en su intento de desacreditar y aislar a los profesores de Guerrero y más recientemente a los padres de familia. Tanto padres, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa como integrantes del Movimiento Popular en Guerrero han sido amedrentados continuamente para que abandonen la lucha: los presionan para que dejen de movilizarse, los vigilan afuera de sus casas y a los papás les están ofreciendo dinero para que dejen de buscar a sus hijos (Sin embargo, 2014-c). El Gobierno Federal lleva a cabo una estrategia para desprestigiar a todas las organizaciones que apoyan el movimiento: las autoridades ya habían intentado vincular a los jóvenes normalistas con el grupo delincuencial Los Rojos; el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional “fichó” a los abogados que acompañan a los familiares de las víctimas, el Secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz afirmó que los padres de los normalistas eran “manipulados” por grupos que sólo buscan intereses particulares y el domingo 14 de diciembre, un grupo de policías en estado de ebriedad rompió las vallas del sitio donde se iba a realizar un concierto en apoyo al movimiento, provocando un enfrentamiento entre activistas solidarios y la policía (Camacho 2014). La represión alcanzó a las movilizaciones de la Ciudad de México, donde se provocaron enfrentamientos con la policía y se pudo documentar la detención arbitraria de personas, agresiones físicas y psicológicas a manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas. A 11 personas detenidas tras la Manifestación del 20 de noviembre se les intentó imputar los cargos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio. De acuerdo a versiones de funcionarios consultados por el diario La Jornada (Méndez 2014), los agentes ministeriales que tenían a cargo la investigación, recibieron la indicación de sus mandos superiores de acreditar también el delito de terrorismo a los detenidos. Y aunque se les trasladó a penales de alta seguridad fuera de la Ciudad de México, para dificultar su defensa, 9 días después fueron liberados por falta de elementos para procesarlos. En el norte del país, elementos del Ejército mexicano ingresaron a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Uno de los estudiantes denunció que entraron armados, tomaron fotografías y vídeos, además, traían nombres de alumnos que habían participado en la manifestación del 20 de noviembre (El Siglo de Torreón, 2014). El pasado 2 de diciembre, con el voto mayoritario del PRI y los partidos de derecha, se aprobó en la Cámara de Diputados una Ley de Movilidad, que consiste en reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución Política Mexicana y que puede servir al Estado para criminalizar las protestas, reprimiendo las manifestaciones con el pretexto de garantizar la movilidad de otros ciudadanos. El dictamen fue enviado al Senado, quien podrá aprobarlo en los próximos meses.

De esta manera, el Movimiento Internacional por Ayotzinapa representa una ventana abierta, que permite visualizar escenarios alternativos al de la violencia y la inseguridad institucionalizadas, el despojo de los recursos naturales y la explotación desmedida de la fuerza de trabajo mexicana.

La brutal represión a los normalistas evidenció de manera nítida que los sicarios del narcotráfico -por un lado-, y el ejército -por el otro-, constituyen los brazos armados del Estado mexicano, que donde quiera que se establecen –el segundo con el pretexto de combatir a los primeros- inhiben en las poblaciones el ejercicio de sus derechos colectivos y garantías individuales, como los de libre tránsito, libertad de expresión y manifestación; impiden también que defiendan sus recursos naturales como sucede en el Estado Guerrero, en el que las mineras trasnacionales -principalmente canadienses-, pretenden despojar y controlar amplios territorios de las comunidades campesinas y evitar que defiendan su derecho mismo a la vida.

Ayotzinapa se levanta vigorosa, renovada y digna; aportando dirección y sentido a la fragmentada lucha social, resultado de sucesivas derrotas políticas. Su fuerza radica en la justeza de sus demandas: presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos y castigo para los autores materiales e intelectuales de los hechos, renuncia de Enrique Peña Nieto porque no representa los intereses, ni aspiraciones del pueblo mexicano, que han permitido aglutinar a los trabajadores del campo y la ciudad, a estudiantes, intelectuales, amas de casa, junto a organizaciones de lucha social y política.

El principal desafío es mantener la unidad del movimiento, promoviendo la inclusión de los diversos sectores sociales en una lucha revolucionaria e imaginativa, en la que uno de sus objetivos estratégicos sea construir organizaciones permanentes, que se preparen para profundizar la lucha de clases, que confronten sus ideas y posturas políticas en debates francos y en los que se respeten los acuerdos. El movimiento debe prepararse para generar cambios políticos a su paso, a la par que evade la represión… 

 

Referencias documentales

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Notas

[1] La versión que ha sostenido el Gobierno Federal es que se trató de un hecho aislado del crimen organizado. En realidad fue una acción coordinada de las fuerzas del Estado, para hostigar a una de las Escuelas con mayor tradición de lucha social en México, que estorba a la Reforma Educativa impulsada por el gobierno en turno y a la que pretendía desaparecer. Una investigación periodística, basada en documentos oficiales (informes inéditos y declaraciones judiciales), vídeos y testimonios obtenidos por la Revista Proceso y analizados con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley, California, revela que fuerzas federales actuaron directamente en el atentado contra los normalistas. De acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI). Un informe inédito del gobierno de Guerrero –fechado en octubre y entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes– señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal (Hernández y Fisher 2014). Organizaciones de la sociedad civil expresaron en un comunicado que “testigos estudiantes y gente local, afirman que los atacantes, después del incidente recogieron los casquillos; que la calle estaba cerrada por policías encapuchados, con armas largas y uniformes oscuros (distintos de los de la policía municipal) y que estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas, y pasamontañas; que una patrulla traía soporte para ametralladora, además de que en uso de los camiones se encontraron residuos de gas lacrimógeno”. También aseguran que el Procurador General de la República miente cuando dice que los normalistas fueron asesinados y quemados. El titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Montemayor, demostró que tal como lo presentó la dependencia de gobierno a la opinión pública resulta imposible haberlo realizado: “la hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tiene ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”. (Sin embargo, 2014). Denunciaron también que el ataque en Ayotzinapa no es un hecho aislado y que las agresiones se deben a que “Guerrero es un estado que se encuentra en la franja de oro del país, tiene 705 concesiones a trasnacionales mineras vigentes que amparan una superficie de 1,317,452 hectáreas, equivalentes al 20.5% del total de su territorio y a tan sólo una hora de Iguala, se encuentra la mina de oro más importante de Latinoamérica, de la que se pretende extraer más de 60 millones de toneladas del metal áureo”.

[2] En México se les denomina porros a los jóvenes y adultos que operan en la Escuelas públicas de Educación Media Superior y Superior (bachilleratos y universidades). Suelen asistir a los partidos de futbol soccer y americano –de allí el nombre- y se comportan violentamente. Algunos de estos grupos funcionan como grupos de choque, ya que son financiados por las autoridades estatales para atacar, vejar, robar, generar miedo en las escuelas e impedir la organización estudiantil.

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