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Asunto:NoticiasdelCeHu 889/14 - México: ¿un Estado fallido? (Adrián Sotelo Valencia)
Fecha:Domingo, 28 de Diciembre, 2014  11:14:04 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <noticias @..............org>

NCeHu 889/14

México: ¿un Estado fallido?

Adrián Sotelo Valencia
CALPU
22/12/14

La reflexión sobre el Estado, no en general, sino, en particular, del Estado fallido, se entronca prioritariamente con la concepción teórico-política de Max Weber; por un lado con el método (”tipo ideal”) y, más importante aún, por otro, con el concepto teórico de Estado como monopolio “legítimo” de la violencia


Respecto al primero nos dice Weber que:

“Un tipo ideal… Se consigue a través del realce unilateral de uno o de varios puntos de vista y la reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente, en un cuadro conceptual en sí unitario. Éste en su pureza conceptual, es inhallable empíricamente en la realidad: es una utopía que plantea a la labor historiográfica la tarea de comprobar en qué medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal”.

Con este instrumento del tipo ideal se construye el par dicotómico: Estado fuerte, viable, gobernable versus Estado débil, fallido, etcétera. Por otro lado, para este autor el Estado es:

“…aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el ‘territorio’ es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del ‘derecho a la violencia”.

A lo que agrega que el Estado implica “…una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, de la que es vista como tal). Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan”.

Si bien es cierto que el Estado monopoliza y ejerce la fuerza física, psíquica y espiritual en el entorno social de clases para sustentar su dominación en la sociedad —como, por otro lado, plantea la teoría marxista del Estado— no es claro el concepto “legitimidad” como su atributo exclusivo, ya que ella implica identidad de valores e intereses entre los dominados y las clases dominantes, cuestión que, en general, no se verifica en ningún Estado capitalista hasta ahora históricamente constituido donde, por el contrario, lo que en verdad existe es el conflicto permanente y la lucha entre las clases sociales, grupos, fracciones e individuos, con una propensión permanente a la utilización, por parte del Estado, de la coerción e, incluso, del uso de la represión cuando el conflicto social es incontrolable.

La legitimidad caracteriza un conjunto de elementos de orden jurídico, político e ideológico de un sistema de valores que produce y generaliza la creencia y aceptación en la mayoría ciudadana del carácter presuntamente legítimo de las instituciones de dominación del Estado. Es decir, la legitimidad, como parte “funcional” del Estado capitalista, es un elemento sustancial de las relaciones de poder que atribuye al consenso, más que a la fuerza, la naturaleza de dichas relaciones.

En su Diccionario de Ciencia Política, Norberto Bobbio y Niccola Matteucci definen la legitimidad:

“…como el atributo del Estado que consiste en la existencia de una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder procura ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad es, pues, el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal”.

Por otra parte, como se sabe el método que se utiliza generalmente consiste en representar como “tipo ideal” al Estado emanado en el capitalismo occidental —también denominado Estado moderno— y que, paradigmáticamente, termina por cristalizar en el propio de países desarrollados como Estados Unidos, Francia o Inglaterra. El euronortecentrismo ideológico en su máxima expresión como “tipo ideal” erigido también como “método comparativo” por excelencia de formaciones sociales y Estados completamente diferentes.

En esa perspectiva teórica, se obvia que el Estado capitalista aparece, así, como una instancia superestructural de dominación de la sociedad encaminada a garantizar y perpetuar, en el plano más general y amplio, las condiciones materiales de reproducción del capital que es su fundamento. La conformación del Estado se opera a base de la integración de los siguientes procesos: de la unificación político-territorial de la población y su conversión en “nación”, de la creación y consolidación de una fuerza pública, especial, de represión, de la imposición por el Estado de una política impositiva que le provea recursos financiaros y del surgimiento y consolidación de la burocracia política como aparato del Estado.

Así estructurado, el Estado capitalista moderno, como producto de una evolución histórica , redefine, a la par, conforme evoluciona, las relaciones de dominación de la sociedad a través del aparato burocrático-represivo (gobierno, tribunales, ejército, prisiones, derecho, etc.) y del sistema de dominación que comprende, además, 1os distintos elementos en que una clase dominante fundamenta su poder (medios de comunicación masiva, prensa, iglesia, familia, etc.).

Esta redefinición, sin embargo, adquiere una extraordinaria dimensión política en la actualidad. No es ya la que nutrió los análisis del marxismo clásico y los de Lenin del Estado y la democracia y, aún, los de Max Weber sobre la burocracia, se trata ahora de un Estado capitalista infinitamente más complejo y desarrollado cuyos mecanismos de consenso y de coerción se mezclan y compenetran hasta los espacios más recónditos de los individuos y organizaciones privadas de la llamada sociedad civil.

Por lo anterior, consideramos que el análisis del “Estado fallido” debe ubicarse en una “posición intermedia”: entre el nivel global del Estado, en sentido amplio, y su concreción empírica cuando éste queda reducido al concepto de gobierno, o al régimen político, nociones que en una buena parte de los análisis políticos se confunden y empañan su comprensión.En suma, el Estado en sentido amplio, es la parte sustantiva del análisis mientras que, en nuestra perspectiva, el fallido se ubica como un adjetivo accesorio que gira en torno a los conceptos y categorías derivados del primero.

LOS ESTADOS FALLIDOS

A propósito de los acontecimientos de Ayotzinapa, ocurridos en el Municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero, México, que hemos analizado en otra oportunidad , ha cobrado fuerza la discusión sobre si el mexicano es, o no, un “Estado fallido”, a la luz de la crisis económica y, más recientemente, social y política que sacude a todo el sistema político mexicano encabezado por el PRI. Adelantamos que la respuesta, por consiguiente, depende de lo que se entienda por dicho concepto y de los parámetros utilizados. A propósito de ello, muchos se preguntan si el gobierno ha perdido la capacidad de controlar el —o partes del— territorio, donde muchas regiones están flagrantemente dominadas por los cárteles del narcotráfico como ejemplarmente muestran los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, así como el “monopolio legítimo” de la violencia y la autoridad, que también ejercen ilegalmente, pero efectivamente —totalmente o en parte— dichos cárteles, y otros grupos irregulares y paramilitares que han venido cobrando auge en los últimos años.

Conviene, pues, aunque brevemente en este artículo, indagar primeramente el origen y significado del Estado fallido para, enseguida, opinar con referencia concreta al Estado capitalista mexicano que, además, es dependiente y subdesarrollado, puesto que está estructuralmente subordinado dentro del área periférica de los países capitalistas altamente industrializados, en particular, a Estados Unidos que se ubica estratégicamente en el centro del sistema imperialista mundial.

Débiles, fallidos, frágiles, cuasi-Estados, canallas vc. Estados fuertes, gobernables, democráticos, son los adjetivos más utilizados para delimitar a los Estados políticos que cierta literatura considera como “fracasados”, la mayoría de ellos ubicados en el ámbito de los países periféricos y subdesarrollados del Sur del mundo.

La primera definición de Estado fallido” (failed state) fue obra de Gerald Herman y Steven Ratner (1993) preocupados por los Estados que se estaban volviendo incapaces de sostenerse a sí mismos como miembros de la llamada y conceptualmente manoseada “comunidad internacional”. Referían un Estado que se estaba volviendo incapaz de sostenerse a sí mismo como miembro de la comunidad internacional, poniendo, así, en riesgo a sus ciudadanos y a los países vecinos.

Sin embargo, otro origen y definición del concepto geoestratégico “Estado fallido” surge de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un Informe intitulado: “State Failure Task Force Report” fechado en 1995. El objetivo de este reporte era identificar qué países podrían considerarse “fallidos” y, por ende, como un genuino riesgo para la seguridad internacional y para la propia seguridad interna de ese país.

El momento detonante para la profundización del tema sobre los Estados fallidos, fue el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, “… Que hicieron que las agendas académicas y gubernamentales coincidieran de forma clara en que los estados débiles y fracasados son una amenaza fundamental para la seguridad global”. En las palabras del filo-neoliberal Francis Fukuyama se entiende mejor el significado de estos acontecimientos y, por ende, las causas del surgimiento de la “guerra preventiva” lanzada por Bush como doctrina de “seguridad nacional:

“…la lógica de la política exterior de Estados Unidos desde el 11-S está desembocando en una situación en la que, o bien asume la responsabilidad de la gobernanza en los Estados débiles, o bien deja el problema en manos de la comunidad internacional. A pesar de haber negado tener ambiciones imperialistas, la administración Bush ha elaborado, tanto en el discurso del presidente en West Point como en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (2002), una doctrina de anticipación o, para ser exactos, de guerra preventiva que, de hecho, situará a Estados Unidos en posición de gobernar a las poblaciones potencialmente hostiles de los países que lo amenacen con el terrorismo.”.

Posteriormente, en 2002, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres en New York, el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, dependiente del presidente de Estados Unidos, calificó a los Estados fallidos como un riesgo para la seguridad nacional de ese país y estableció una estrategia integral para la intervención y cooperación en dichos países.

La investigadora Patricia Moncada en su artículo destaca dos corrientes teóricas de los “Estados fallidos”, una que denomina “escuela conservadora” o “neocolonialista” y, otra, la escuela crítica con la que se identifica. La primera tiene como uno de sus representantes más importantes, entre otros, a Robert I. Rotberg , que sustenta tres tesis principales con fuerte contenido weberiano: el Estado capitalista moderno es el “tipo ideal” de la organización del poder y, por supuesto, representa la antípoda de todo Estado fallido “generador de desorden y anarquía”; que la causa esencial de la “falla” del Estado reposa en un ruin desempeño de sus gobernantes y, en tercer lugar, es el mercado, la liberalización económica y la reducción cuantitativa y cualitativa de la intervención del Estado lo que asegura, según esta concepción, el desarrollo económico global en la típica formulación de la ideología neoliberal.

Por su parte, la escuela crítica está fielmente representada por Susan Woodward, directora del Proyecto Fracaso Estatal del Programa en Estados y Seguridad del Instituto Ralph Bunche, y se define así, según la autora, debido a que cuestiona los postulados-fundamentos de la escuela conservadora.

Después de revisar la literatura existente sobre el tema, Moncada señala que existen, o existirían, dos líneas de coincidencia sobre lo que es —o debería ser— un Estado fallido: a) una propensión a la pérdida del control del territorio y, b) también en algún grado del monopolio de la fuerza.

Más adelante aproxima lo que es el núcleo de la causa principal del fracaso de un Estado: “… Es el comportamiento de sus gobernantes. Bajo esta premisa, hay tres factores que lo determinan: a) pérdida del monopolio de la fuerza, b) criminalización del Estado — el Estado se convierte en un actor violento— y, por último, c) decisiones económicas insensibles a reglas macroeconómicas y fiscales, esto es, irracionales.

La autora señala los siguientes indicadores del fracaso de un Estado, relativos a los económicos, políticos y de violencia. Entre los primeros figuran, por ejemplo, el aumento de la inflación, la baja de los ingresos de la población, mientras que la violación de los derechos humanos y de las libertades políticas (que por cierto ocurrió y masivamente en México), la prevalencia del ejecutivo por sobre los otros dos poderes del Estado y entre los indicadores de violencia indica el tráfico de armas, de drogas, de seres humanos y recursos naturales, pérdida de control del territorio, guerras civiles, inseguridad, entre tantos otros. Y a continuación resume que “Al articular causas e indicadores críticos aparece que los bienes afectados son la seguridad, el Estado de derecho y la democracia. Éstas circunstancias redundan, indefectiblemente, en pérdida de legitimidad del gobierno y del Estado”.

Es evidente que la definición de un Estado fallido depende de la manera concreta en que se articulan estos indicadores con el núcleo duro del fracaso en el contexto del perfil general y al respecto se resume lo siguiente: “Por lo tanto, establecidos los conceptos de perfil general y núcleo del fracaso, y evaluados los principios de análisis que acá operan, las respuestas a las preguntas ¿por qué algunos estados pasan de la debilidad al fracaso y otros — en condiciones aparentemente más complicadas— no?, y ¿por qué razón algunos estados que encajan en el perfil general del fracaso no fracasan?”.

En general la respuesta que se ofrece consiste en articular los indicadores señalados anteriormente con la función que cumplen en términos de “provisión de bienes políticos” y de “probabilidad de fracaso” y, adicionalmente, el margen “de amenaza que tolera un bien” para impedir que un Estado se precipite al fracaso. (p. 114 y ss.). Durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Santiago de Chile, en entrevista el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, a propósito de la masacre de Ayotzinapa en Iguala afirmó que “Pese al momento delicado por el que atraviesa el país, México tiene un Estado fuerte, con instituciones fuertes y sólidas, aun cuando hay algunos que no lo aceptan” y, aún, fue más enfático:

“México es un Estado fuerte que requiere reformas importantes, pero es un Estado fuerte que controla gran parte del territorio y hay gobernabilidad, donde además hay instituciones judiciales, parlamentarias y presidenciales muy fuertes y muy sólidas. Hay mucho más vigencia de un Estado de derecho en México de lo que algunos aceptan”.

Como vemos el secretario general de la OEA recurrió a dos elementos que normalmente se utilizan para decidir si un Estado es o no fallido: el control del territorio y la gobernabilidad, elementos que en México están puestos en jaque por la realidad de crisis generalizada en el plano económico, social, político, de seguridad y del propio gobierno priista enquistado en el poder.

ESTADO, SOLIDEZ DEL BLOQUE BURGUÉS Y LUCHA DE CLASES

El hecho relevante que resulta de la actual coyuntura social y política del país es la extrema y gran cohesión de la coalición gobernante con la burguesía dependiente mexicana y las empresas transnacionales que actúan como un sólido bloque contra las acciones del pueblo y las exigencias y demandas de los padres de familia de los normalistas secuestrados-desaparecidos por el Estado.

Preocupa que, conforme se incrementa y extiende el apoyo social y popular a lo largo y ancho del país a través de manifestaciones, manifiestos, mítines, tomas de alcaldías, de carreteras, de paros solidarios en las universidades públicas y privadas, entre otras acciones relevantes incluyendo las protestas internacionales en apoyo a Ayotzinapa, en esa misma proporción aumenta la sordera del régimen y la represión, cuyo objetivo es, indudablemente, sofocar dichas manifestaciones, desgastar el movimiento y a los padres de familia, tanto a los de los estudiantes desaparecidos como a los familiares de los asesinados ese día y de otras víctimas que han ido apareciendo en fosas clandestinas y en asesinatos sumarios, incluso en otros estados de la República en la medida en que se busca a los normalistas desaparecidos.

La actitud gubernamental de cerrazón ante los graves conflictos sociales y criminales que ocurren de manera cotidiana corresponde a una costumbre muy arraigada en México —hasta el hartazgo cultivada por los medios corporativos de comunicación privados y oficiales— consistente en hacer caso omiso de las múltiples y frecuentes masacres y represiones gubernamentales perpetradas por grupos irregulares y por fuerzas federales, que han ocurrido en distintos momentos contra los luchadores sociales y la población en general sin que haya castigo a los culpables, ni levantamientos significativos y permanentes de protesta frente a estas actitudes autoritarias de los representantes del régimen político del Estado. Por el contrario, más bien ha ocurrido que los movimientos opositores se van desgastando ante la cerrazón y represión gubernamental al grado de que se diluyen en el olvido y, aunque se dé seguimiento, terminan en algún archivo muerto del gobierno sin repercusiones judiciales y penales.

En el contexto de un sistema presidencialista autoritario como el mexicano —que reedita la mejor tradición represiva (y el lenguaje) del diazordacismo del 68— y de ninguna manera democrático como por ahí se predica, esto se ha convertido en costumbre arraigada a tal grado que ha llegado hasta a los propios sectores proletarios y populares que advierten, si bien con rabia e impotencia, cómo sus esfuerzos de justicia y esclarecimiento de la verdad son infructuosos ante un sistema de poder representado por un séquito de burócratas, abogados, policías y jueces que generalmente están en contubernio para cerrar el paso a la impartición de justicia. Ésta es la naturaleza de la “justicia” que prevalece en México y que ni partidos, ni diputados y senadores cuestionan, ni mucho menos denuncian, para superar estas injusticias que sí lesionan al pueblo y a muchísimos ciudadanos inocentes, cuyo único delito es manifestarse y protestar ante las infinitas injusticias y tropelías que día a día cometen los personeros del régimen autoritario mexicano.

Dado el carácter compacto y homogéneo del bloque burgués de poder en cuya cúspide aparece justamente el Presidente de la República, no se observa que, ante la gravedad de los acontecimientos expuestos por Ayotzinapa, fracciones de la burguesía, de las jerarquías eclesiásticas, de las cúpulas empresariales y militares y, aún, de los partidos políticos hayan entrado en contradicción, ni en general ante la extendida y grave corrupción e impunidad que permea todos los confines de nuestro país. Por el contrario, se detecta una alta convergencia entre estas clases y fracciones de clase respecto a una estrategia de golpeteo y desgaste del movimiento popular que ha despertado frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado mexicano, sin que hasta la fecha haya culpables, intelectuales y materiales, fehacientemente procesados, así como esclarecimiento de las causas profundas que condujeron a esta barbarie criminal.

En experiencias como la chilena, por ejemplo, podemos recordar que una de las causas, entre tantas otras, que condujeron al triunfo del candidato de la Unidad Popular (UP) fue justamente el hecho de que la burguesía se presentó dividida a la elección electoral, lo que coadyuvó al triunfo de Salvador Allende, si bien esa división era expresión de las fuertes contradicciones estructurales en el seno mismo de la acumulación del capital. Esta cuestión del blindaje del bloque burgués de poder es el que posibilita la manutención del Presidente de la República sin que haya visos, siquiera, de que éste pueda ser procesado como responsable, directo o indirecto, en su función de representante del ejecutivo, ni mucho menos —como ingenuamente plantean algunos sectores de la llamada “izquierda” electoral— su renuncia como “fórmula de solución”. Ésta, en sí misma, no solucionaría nada, si no va precedida y antecedida de un fuerte movimiento social y popular capaz de esclarecer los hechos y castigar hasta las últimas consecuencias a los culpables de este genocidio.

A diferencia de otros países y experiencias de América Latina, este sólido bloque de poder hace las veces de un fortificado dique de contención de las luchas populares y del proletariado que constituyen la mayoría de la población, respaldado por el poder de los medios de comunicación públicos y privados encaminados a introyectar en la opinión pública nacional e internacional la (falsa) idea de que el problema es de carácter local y ya ha quedado resuelto con la aprehensión de algunos responsables de rango menor como policías, miembros de bandas narcotraficantes y, en el caso más relevante, del presidente municipal del Municipio de Iguala involucrado en los crímenes de lesa humanidad y en dichos grupos delictivos. En general, podemos apuntar que el proceso de democratización formal experimentado por América latina a partir de mediados de la década de los ochenta del siglo pasado en países como los del Cono Sur (Brasil, Argentina), además de la crisis estructural del capitalismo dependiente durante ese periodo y el arribo del neoliberalismo, ocurrió justamente dadas las profundas contradicciones entre las fracciones burguesas de esos países y la casta militar. Pero, en México, desde el intento de golpe de Estado de Victoriano Huerta en lo que se conoció como la Decena Trágica (9-18 de febrero de 1913) con el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez, prácticamente no ha habido una contradicción fundamental, esencial, dentro del bloque burgués de poder que conduzca a la apertura de una crisis del sistema de dominación sustentado en el presidencialismo autoritario. De aquí la “excepcionalidad mexicana” que posibilitó la manutención de gobiernos civiles durante el ciclo latinoamericano de las dictaduras militares vigente durante el periodo que va de mediados de la década de los sesenta hasta mediados de la de los ochenta del siglo pasado, con la sola excepción de Chile que extendió su régimen militar hasta principios de la década de los noventa (11 de marzo de 1990).

Esta característica del bloque histórico conformado inmediatamente después del término de la revolución mexicana, es el eje del corporativismo y del presidencialismo autoritarios que cubre prácticamente el período de los gobiernos de la dictadura perfecta (1940-2000) y de la imperfecta (2000-2014) incluyendo, por supuesto, a las dos administraciones panistas (2000-2012), donde evidentemente no hubo, ni transición a la llamada “democracia”, ni mucho menos institucionalización de un “sistema democrático”, similar al de otras experiencias emanadas del proceso de transición de las dictaduras militares a las democracias, como en el caso de algunos países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Uruguay o Chile).

En México el Estado autoritario, que no experimentó una dictadura formal, constituye un sólido rompecabezas cuyas piezas se mantienen ensambladas a través de la represión, la persuasión enajenante de los medios de comunicación, las alianzas interclasistas e interpartidarias encementadas por la corrupción, la componenda, la impunidad y el tráfico de influencias. Elementos que, hasta ahora, han impedido que se abra una fisura que provoque, sí no una ruptura, al menos, una grieta en el sistema de dominación burgués en cuya cúspide figura el Estado y sus aparatos ideológicos y de contrainsurgencia. En el fondo, lo que a la burguesía dependiente le interesa no es tanto la justicia y el esclarecimiento de los hechos, sino el buen desempeño y seguridad de sus negocios empresariales, la manutención del régimen de superexplotación del trabajo y la obtención de cuantiosas ganancias de sus inversiones que son fehacientemente garantizada por el gobierno. En otras palabras: aprovechar las oportunidades que el capitalismo del desastre, como lo caracteriza Naomi Klein , le abre al capital frente a todo tipo de calamidades y tragedias humanas—como, por ejemplo, el ataque y la invasión a Irak por las tropas de Estados Unidos (1990); el derribo de las Torres Gemelas (2001) por presuntos terroristas, o los efectos destructores del Huracán Katrina en la ciudad y población de Nueva Orleans (2005)— para engrandecer sus negocios y expandir las oportunidades de los mercados corporativos.

En el caso que nos ocupa, es esta realidad la que hace muy difícil ponderar si la coyuntura histórica, social y política abierta por Ayotzinapa, junto con la conflictividad irradiada a los espacios sociopolíticos nacionales e internacionales, conducirá a fracturas del bloque burgués de poder y, por consiguiente, a facilitar la lucha del pueblo trabajador y de la sociedad en aras de resolver, tanto el problema inmediato de la aparición con vida de los estudiantes normalistas, como el esclarecimiento de los miles de desaparecidos en todo el territorio nacional para, finalmente, aterrizar en los graves problemas estructurales responsables de la crisis económica del patrón de reproducción capitalista dependiente vigente, de la extendida pobreza y pobreza extrema, de los bajos salarios que percibe más del 60% de la población, así como tareas esenciales que conduzcan a superar las relaciones capitalistas de producción y sus instituciones fundamentales hoy fuertemente comprometidas con los intereses estratégicos del imperialismo y de las grandes empresas trasnacionales que son sus beneficiarias.

¿ES MÉXICO UN ESTADO FALLIDO?

La violencia generalizada en México no es un flagelo de temprana data como generalmente lo presentan los medios de comunicación; sino que es un fenómeno de inseguridad sistémica instalado en el tejido social y político mexicano. Simplemente para no ir muy lejos registramos las represiones y masacres de 1968 y 1971, de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997) y, junto con Ayotzinapa, en la comunidad de San Pedro Limón del Municipio de Tlatlaya, en el de Estado de México, donde según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), efectivos militares ejecutaron a 15 de 22 muertos que fueron hallados en el suelo de una bodega el 30 de junio de 2014 y que prácticamente fueron fusilados.

Por eso decimos que la violencia organizada y el narcotráfico son un flagelo que de ninguna manera se debe atribuir a uno que otro individuo o grupo social o político, como sugirió el dirigente nacional del PRI, César Camacho, al achacarle las causas de la violencia y del crimen organizado al ex-presidente Calderón , el cual, indudablemente tiene enorme responsabilidad de más al haberle declarado la guerra en su sexenio al crimen organizado. Más bien hay que subrayar que este problema es sistémico y estructural y todos son responsables, en alguna medida, porque interactúan como autoridades en cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal) y, por tanto, es una cuestión de Estado que éste no debe —ni puede— evadir como pretende hacerlo el presidente con su “decálogo” de acciones inoperantes.

Lo grave de esta situación, que encierra sordera, desdén, prepotencia y represión por parte del gobierno federal y de las autoridades, es que parte de una premisa completamente falsa: la de que el problema derivado de los acontecimientos ocurridos en Iguala era un asunto de carácter local y que prácticamente estaba “resuelto” por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y que, debido a ello, se tomarían dichas acciones enunciadas por el presidente el mismo día en que los medios de comunicación daban la noticia de la aparición de 11 ejecutados en una carretera de la localidad de Ayahualulco perteneciente al Municipio de Chilapa, en el Estado de Guerrero, así como el hallazgo de un hombre decapitado en Acapulco en ese mismo Estado un día después con claros signos de brutalidad y de tortura.

Si nos atenemos a la nomenclatura utilizada por la literatura sobre el Estado fallido para calificar la situación del mexicano, en relación con los indicadores de pérdida del monopolio de la fuerza y del control del territorio, o parte de él, y crisis de gobernabilidad con el complemento de las implicaciones que acarrea la merma de la política oficial en la distribución de los llamados bienes políticos (seguridad, democracia, libertades políticas, derechos humanos, infraestructura, sistemas de seguridad social, jurídico políticos y electorales, entre otros), y considerando que para nosotros “fallido” es un adjetivo calificativo derivado del sustantivo Estado. En ese sentido consideramos que el mexicano no es propiamente un Estado fallido, aunque sí experimentando una profunda crisis política e institucional, que se encuentra en proceso de debilitamiento pero no solamente por las causas que indican los analistas y teóricos del Estado fallido mencionadas más arriba, sino debido a una exacerbación muy profunda de las contradicciones capitalistas del régimen dependiente de producción vigente en México que hunden sus raíces en una intensificación de la desigualdad social, de la superexplotación del trabajo como eje del proceso de acumulación de capital y de una enorme violencia que se ha extendido y configurado a lo largo y ancho del país.

Nos parece que es insuficiente colocar, mediante antípoda comparativa en un modelo dicotómico, al llamado Estado moderno vs. Estado fallido debido a la falacia que encierra cuando se comparan estas dos entidades conceptuales como si fueran pares antagónicos, cuando no lo son. Y decimos falaz porque, por ejemplo, frente a esta aseveración de Rotberg: “Los habitantes de los estados fallidos comprenden qué es lo que significa que la vida sea pobre, desagradable, brutal y breve” , se pudiera concluir, bajo una visión dominante e imperial, que los fenómenos negativos de la barbarie capitalista se circunscriben a los pueblos y países subdesarrollados y dependientes obviando, por supuesto, los graves problemas derivados del colonialismo, la dependencia y el atraso y atribuyéndole a los avanzados la “virtud” de poseer mecanismos cuasi místicos, instituciones y políticas de gobierno, encaminados a impedir su instalación, como si el sistema capitalista no tuviera la dinámica inmanente de universalizar y profundizar esos fenómenos y contradicciones, como está sucediendo justamente en la actualidad con la crisis capitalista en la Unión Europea, en Japón y en los propios Estados Unidos que ha venido desahuciado paulatinamente a los trabajadores y a las poblaciones de esos países.

Lo grave de estas concepciones dominantes es que legitiman la intervención en los lugares y Estados que se considera “fallidos” por parte de los gobiernos imperialistas que generalmente se ubican como representativos del llamado Estado moderno y en nombre de la “comunidad internacional”. Al respecto, según Fukuyama, los Estados que llama fracasados y débiles se convirtieron en el principal peligro del orden internacional inmediatamente después del término de la Guerra Fría. Según este analista, “Los Estados débiles o fracasados conculcan los derechos humanos, provocan desastres humanitarios, causando oleadas masivas de inmigración y atacan a sus vecinos. Desde el 11-S, también ha quedado claro que protegen a los terroristas internacionales que pueden ocasionar daños significativos a Estados Unidos y otros países desarrollados”.

A partir de entonces, el intervencionismo imperialista en aquéllos Estados considerados débiles, fracasados o colapsados es la estrategia esencial supuestamente encaminada a resolver estos conflictos de manera directa ya que, asegura el autor, los métodos tradicionales de disuasión o contención han dejado de ser eficaces, por lo que “los intereses de seguridad exigen introducirse dentro de los Estados y cambiar su régimen para evitar así el surgimiento de futuras amenazas”.

Se transitó, así, de la concepción de la problemática de este tipo de Estados, considerada como “cuestión humanitaria y de derechos humanos”, a un problema esencialmente estratégico de seguridad que amenaza al orden internacional. Es en función de esta (nueva) estrategia que se cometen las más flagrantes atrocidades y violaciones de la soberanía de los Estados, de los derechos humanos y se somete a los pueblos y países al imperio de la ley y de la dominación de los países y Estados que se han autoproclamado en garantes de la seguridad internacional como es paradigmáticamente el caso de Estados Unidos en la actualidad.

Como podemos apreciar, no es posible discutir los problemas de los Estados, que lo son respecto a sus sistemas de producción y reproducción capitalista, en el marco ideológico y restringido del Estado fallido con los conceptos y categorías que éste proporciona. Puesto que, permaneciendo dentro de él, necesariamente se tendrá que utilizar el método comparativo-dicotómico que aproxima a este tipo de Estados al supuesto “tipo ideal” representado por las “democracias gobernables” occidentales, las cuales presuntamente constituyen los paradigmas del modelo “promotor” de “seguridad” y “desarrollo”. De tal suerte que, en la medida en que se alejen de él, necesariamente, y bajo las circunstancias planteadas de gobernabilidad, control territorial y distribución de bienes políticos, paulatinamente irán pasando de la fase débil a la fallida, y de ésta, finalmente al colapso del Estado, sin que esta secuencia unidimensional se aplique a los Estados fuertes del imperialismo dominante.

El problema de fondo, por consiguiente, no es devolverle el estatus de Estado gobernable (¿para quién, con qué objetivo central, qué tipo de Estado?) a un Estado fallido; sino el de resolver los profundos problemas económicos y sociales en materia de salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad, dignidad, protección de los recursos naturales en condiciones de no destructividad y construir y afianzar nuevas relaciones humanas y sociales capaces de construir sistemas económicos, políticos y sociales verdaderamente acordes con los intereses mayoritarios de los trabajadores productores de la riqueza y, en general, de la población. Sin estas condiciones, es imposible que un Estado (capitalista fallido o no) funcione adecuadamente para las mayorías, aunque sí lo puede hacer para el gran capital cuya reproducción y riqueza reposan cada vez más en la intensificación de la explotación, en la generación de pobreza y en la extensión de la desigualdad social, por cierto, cada vez más aguda, incluso, en las sociedades del capitalismo avanzado, tal como está ocurriendo en países como Portugal, Grecia, España, Irlanda, Italia y, en general, en el capitalismo avanzado actualmente envuelto en una profunda crisis sistémica y estructural.

Lo obvio es que las problemáticas identificadas específicamente para los Estados fallidos (ingobernabilidad, violencia e inseguridad, guerras civiles, déficit en la distribución de la riqueza) por las agencias internacionales y los estudiosos del tema, evidentemente son realmente existentes a la luz de una crisis capitalista global que en los dos últimos lustros se viene intensificado de manera brutal al influjo de la inmisericorde aplicación de las políticas neoliberales prácticamente en todo el planeta.

Si bien es cierto que los estados occidentales del capitalismo avanzado, dada su naturaleza imperialista y colonialista, poseen instrumentos económicos, políticos y militares, de contención para no derivar en la secuela de los Estados fallidos propiamente dichos, sin embargo, ello no deriva en la imposibilidad de que elementos como la desigualdad, la crisis y la caída de los productos internos brutos de los países desarrollados, se desplieguen ampliamente afectando a las poblaciones de esos países y regiones.

Por lo que más bien, consideramos que los Estados fallidos corresponden al universo de los dependientes y subdesarrollados que operan de manera subordinada en la periferia del capitalismo avanzado, transfiriendo valor, plusvalía y ganancias hacia las burguesías imperialistas, lo que les permite a éstas acumular capital en escala ampliada en su beneficio, mientras que el proceso se revierte hacia las burguesías y países dependientes exacerbando su crisis estructural y sistémica, al mismo tiempo que provocando exacerbación de las contradicciones y de las luchas de clases con consecuencias a veces dramáticas para sus poblaciones, e incidiendo en los problemas detectados por los teóricos de los Estados fallidos en términos de ingobernabilidad, descontrol del territorio y de la crisis del monopolio de la violencia legal que el Estado termina por compartir con fuerzas y grupos irregulares (narcotraficantes, paramilitares) que, paralelamente, imponen sus intereses y demandas en los lugares donde operan, en una buena parte con la complicidad, explícita o implícita, de las autoridades locales, municipales o federales.

Por todo ello, consideramos que en México se está originando una profunda crisis, no sólo del Estado, sino del mismo sistema de dominación —en la que, por cierto, las redes sociales desempeñan un importante papel frente al gigantesco oligopolio privado y oficial que controla los medios de comunicación— colocando al país en la senda del debilitamiento estructural del gobierno federal frente a una relativa e incipiente insurgencia popular y ciudadana que se ha venido forjando y manifestando a raíz de los acontecimientos ocurridos con la masacre de Ayotzinapa y de la puesta en evidencia de una mancomunidad de intereses que cohabitan en alianza entre el narcotráfico y el Estado mexicano sin que hasta la fecha se haya esclarecido de manera fehaciente esta interrelación.

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