Atrapar a los corruptores no era el objetivo principal de la investigación cuando se inició, allá por el mes de marzo; el foco se puso en los contratistas cuando comenzaron las delaciones premiadas de los presos Costa y Yousseff y, sobre todo, de Camargo. Hasta que habló, las empresas contratistas habían mostrado una posición unánime respecto a negar su participación en el presunto pago de sobornos. Después de su testimonio se instaló un profundo malestar entre el resto de las empresas, aunque ningún representante lo afirme públicamente, y esa unanimidad se rompió, empezando cada cual a pensar en su propio pellejo. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, afirmó esta semana que ya al menos nueve personas han accedido a colaborar bajo el formato de la delación premiada.

Otro ejecutivo de Toyo-Setal, Augusto Ribeiro de Mendonça, se sumó poco después de Camargo al acuerdo de colaboración judicial. Se da la circunstancia de que Ribeiro de Mendonça es además presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Construcción Naval y Offshore (ABENAV) y vicepresidente del Sindicato Nacional de la Industria de Construcción y Reparación Naval y Offshore (SINAVAL), los dos órganos más representativas del gremio, que prefirieron no hacer declaraciones. “Están todos metidos”, afirma a este periódico un abogado relacionado con el caso que guarda su anonimato. “Puede ser una carnicería”. Entre las personas detenidas este viernes, 20 pertenecen a las mayores empresas contratistas del país. Cuatro de ellos son presidentes de grandes compañías. Según ha revelado el diario Globo, uno de los cómplices de Renato Duque (ex director de Servicios de Petrobras, apresado hoy) se embolsó, él solo, más de 100 millones de dólares. El gigante del petróleo ha contratado dos estudios de abogados para investigar los supuestos fraudes relacionados con la empresa.

Las detenciones suponen una vuelta de tuerca más en una operación que supera ampliamente a la célebre trama del Mensalao que ocupó a la prensa brasileña durante años. “Estos empresarios son los que están contando verdaderamente cómo funcionaba el esquema: si no pagaban, no había negocio. Crearon fondos específicos para pagar”, afirma a este periódico Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE): “Por primera vez está siendo examinado el funcionamiento del país, como le pasó a Italia hace algunos años con las operaciones contra la mafia. La relación entre políticos y empresas debe cambiar en el país… Todo depende de hasta dónde llegue la operación, de si alcanza al Gobierno. Es una oportunidad para refundar el país, la moral, el respeto al trabajo. La gente no sabe quién es el verdadero responsable, hasta dónde llega, quiénes son todos los implicados. Hace falta un cambio total para crear buenas prácticas”.

¿Cuál es el perfil del corruptor que aceptaba pagar cuantiosas comisiones ilegales a cambio de obtener contratos millonarios? Pocos datos se saben sobre la vida privada de Camargo, por poner un ejemplo, aunque es conocida su pasión por los caballos de raza, a quienes solía transportar en aviones climatizados cuando disputaban competiciones: una afición costosa que probablemente deba abandonar ahora, tras haber devuelto 40 millones de reales (15 millones de dólares) a las autoridades brasileñas. Es probable que restrinja también sus contribuciones económicas a políticos; en la campaña electoral de 2010 fue uno de los mayores donantes personales de todo el país: 1,12 millones de reales (430.000 dólares) en total, a siete políticos. Camargo mantenía un altísimo nivel de vida: según la revista Veja, prestó varias veces su jet privado a José Dirceu, ex jefe de Gabinete de ‘Lula’ da Silva y principal encausado de la trama ‘Mensalao’ (encarcelado entre 2013 y 2014), para cruzar Brasil después de que éste abandonase su cargo en 2005.

El origen del lubricado mecanismo de corrupción y blanqueo se remonta a 2003, cuando Dilma Rousseff accedió al Ministerio de Minas y Energía. Una de sus primeras decisiones fue establecer una política de ‘compre nacional’ en Petrobrás, con el fin de desarrollar la industria brasileña y crear nuevos empleos. Brasil amplió considerablemente su industria naval, hasta el punto de que las empresas investigadas hoy día en la Operación Lava-Jato suman contratos con Petrobras por valor de 59.000 millones de reales (22.600 millones de dólares), abarcando el periodo 2003-2014. Todavía quedan seis empresas sospechosas sobre las que las pruebas son aún poco concluyentes: no es de descartar que las próximas semanas traigan nuevas detenciones de contratistas devenidos en presuntos corruptores.

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