Este dossier consta de dos artículos:

Ayotzinapa, terror clasista. Carlos Fazio

La matanza de Tlatlaya del PRI es igual a la masacre en Iguala del PRD. Manuel Aguilar Mora

Ayotzinapa, terror clasista

Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala, donde seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados ?uno con muerte cerebral? y resultaron detenido-desaparecidos de manera forzosa 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuran crímenes de lesa humanidad.

Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes; las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Fuentes ?a quien, con la modalidad propia de la guerra sucia, le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel del rostro?, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) hacia los estudiantes normalistas. Agentes estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes del Estado, acto seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzosa.

Como tantas veces antes desde 1968, asistimos a una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte, cuya “misión” es desaparecer lo disfuncional al actual régimen de dominación. La figura de la desaparición, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente que, entre otras funciones, persigue la diseminación del terror.

Ante la gravedad de los hechos y el escrutinio mundial, autoridades estatales y federales han venido posicionando mediáticamente la hipótesis del “crimen organizado y las fosas comunes”, coartada que de manera recurrente ha sido utilizada como estrategia de desgaste, disolución de evidencias y garantía de impunidad. Una lógica perversa que, en el caso de Iguala, busca difuminar responsabilidades y encubrir complicidades oficiales, y juega con el dolor de los familiares de las víctimas y sus compañeros. Como dicen las madres y los padres de los 43 desaparecidos, “las autoridades andan buscando muertos, cuando lo que queremos es encontrar a nuestros muchachos vivos”.

No es creíble que los hechos hayan respondido a una acción inconsulta de un grupo de efectivos policiales. Resulta en extremo sospechoso que desde un principio no se contemplara la cadena de mando en el marco del Operativo Guerrero Seguro, y que incluso se facilitaran las fugas del director de seguridad pública, Francisco Salgado Valladares, y de su jefe, el alcalde con licencia José Luis Abarca.

Dieciséis de los 22 policías municipales procesados dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio ?es decir, dispararon sus armas? y podrían ser los autores materiales de los asesinatos. Falta saber quiénes son los responsables intelectuales y cuál fue el verdadero móvil de los hechos, incluidas las 43 detenciones-desapariciones forzadas.

Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las autoridades ministeriales no procedieron a practicar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar con prontitud a los jóvenes detenido-desaparecidos. Agentes del Ministerio Público actuaron con negligencia e insensibilidad y podrían resultar cómplices en la acción de manipular evidencias y enturbiar los hechos. Amnistía Internacional calificó la investigación judicial de “caótica y hostil” hacia los familiares y compañeros de las víctimas.

Hubo uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado. Hay que insistir en la cadena de mando. Los hechos ocurrieron en presencia de la policía estatal y federal y de los agentes del Cisen (la policía política del régimen). Pero también de elementos del batallón de infantería número 27, que depende de la 35 Zona Militar. En particular, del denominado Tercer Batallón, unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Ambos batallones tienen sus cuarteles en Iguala. Además de que en ese estado existen bases de operación mixtas.

Entre la primera y segunda balacera el Ejército dejó pasar tres horas. ¿Por qué? Como denunció Omar García, representante del comité estudiantil de Ayotzinapa, luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, “efectivos castrenses” sometieron a los normalistas. Narró que al hospital Cristina ?adon­de llevaron al estudiante Édgar Andrés Vargas con un balazo en la boca? “los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Édgar”.

En Guerrero, el control territorial lo tiene el Ejército. Un ejército que actúa bajo la lógica de la contrainsurgencia ?es decir, del “enemigo interno”? y vive obsesionado con la presencia de la guerrilla. Por acción u omisión, los mandos castrenses de la zona tienen responsabilidad en los hechos protagonizados por policías y paramilitares de Iguala, además de que quedó demostrada, una vez más, la delegación parcial del monopolio de la fuerza del Estado en un grupo paramilitar y/o delincuencial.

Existen indicios que sugieren el montaje de una gran provocación. Pudo tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecución extrajudicial de 22 personas por el Ejército en Tlatlaya, estado de México, y el encubrimiento de los responsables. Desde 2006 las fuerzas armadas han venido exterminando “enemigos” en el marco de un Estado de excepción permanente de facto. Los hechos de Iguala confirman la regla: fue un crimen de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional mintió en el caso Tlatlaya; todas las autoridades pueden estar mintiendo ahora. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Carlos Fazio es un periodista uruguayo radicado en México. Pertenece a la redacción del diario La Jornada y colabora con el semanario Brecha, de Uruguay.

http://www.jornada.unam.mx/2014/10/13/opinion/020a1pol

La matanza de Tlatlaya del PRI es igual a la masacre en Iguala del PRD

En los últimos meses la descomposición política y social del país se profundizó confirmando así los augurios nefastos que desde su inicio anunciaba ominosamente el presente gobierno de la restauración priista de Peña Nieto. Los tenebrosos acontecimientos ocurridos en Tlatlaya en el estado de México y después los de Iguala en el vecino estado de Guerrero vienen a corroborar por completo lo anterior.

De hecho la conmoción política producida por estos espantosos acontecimientos que sacuden y horrorizan a la opinión pública nacional en estos momentos, se ha dado en un brevísimo periodo de no más de dos semanas debido a que los fusilamientos de Tlatlaya, aunque ocurridos el pasado 30 de junio, llegaron al conocimiento de la opinión pública nacional hasta finales de septiembre, coincidiendo así con la otra masacre de decenas de estudiantes perpetrada en Iguala, Guerrero, precisamente el 26 de septiembre.

21 personas, entre ellas una muchacha menor de edad, fueron abatidas a quemarropa por el ejército en Tlatlaya, México, en la frontera con Guerrero. Tuvo que ser una información de la Associated Press la que obligó a que los medios de comunicación nacionales informaran casi tres meses después al público mexicano de lo ocurrido. La indignación de amplísimos sectores populares no se hizo esperar y se ha sumado a la conmoción producida ante el horror de la masacre de estudiantes normalistas en Iguala. Los escándalos de estas crudas y bárbaras represiones han escalado a niveles mayúsculos siendo muchísimas sus repercusiones; las que sucediéndose como una cascada, confrontan al gobierno de Peña Nieto y sus aliados del PRD en el Pacto por México a una de sus peores crisis.

La matanza de Tlatlaya

En los dos casos represivos, la información de lo ocurrido ha salido a contra corriente de los medios de información oficiales e incluso han agarrado desprevenidos a los pocos medios independientes existentes. En el caso de Tlatlaya esto tiene su explicación directa porque el protagonista principal de la represión ha sido el ejército cuya primera versión, que el gobierno estatal mexiquense de Eruviel Ávila y el federal de Peña apoyaron durante meses, era de una simplicidad rayana en lo inverosímil. Según ella los militares se enfrentaron a delincuentes que los tirotearon primero, lo cual los obligó a defenderse. Pero, extrañamente, ningún soldado se reportó como caído en el tiroteo y sólo gracias a las declaraciones de tres mujeres (una de ellas madre de la muchacha asesinada), cercanas a la escena del crimen, que contradijeron esa versión, afirmando que las víctimas se habían rendido ante los militares, quienes sádicamente los ultimaron a sangre fría, sólo así comenzó a salir a la luz pública el carácter siniestro de lo sucedido en Tlatlaya y a conocerse con más precisión lo ocurrido. Por ejemplo, fue evidente que los militares tardaron varias horas hasta que llamaron a las autoridades judiciales, horas que utilizaron para hacer el montaje de “la escena del enfrentamiento” con los cadáveres sembrados, todos ellos con un arma a su lado, en una maniobra grotesca que fue fácilmente desbaratada.

Los jóvenes ultimados, entre los 17 y 24 años, todos ellos aparecían como los típicos miembros de las bandas compuestas por desempleados del devastado medio rural mexicano, carne de cañón primaria de los cárteles de narcos, extorsionadores y secuestradores, cuyos jefes, ellos sí, están vinculados con las autoridades y son parte de las élites regionales.

La gravedad de los hechos salpicó al gobernador Ávila y a su procuraduría quienes avalaron durante meses la versión de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). Sólo hasta que las evidencias abrumadoras señalaban que el enfrentamiento era un hecho, aceptaron que había responsabilidades que fincar a los militares por la ejecución de las 21 personas efectuada después.

Muy tardíamente involucrado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia V., en vez de encargarse de investigar a fondo los hechos, también avaló la versión inicial del ejército, provocando la iracunda reacción de los organismos defensores de los derechos humanos agrupados en el Comité Ciudadano para el Rescate de la CNDH que han pedido su renuncia y se oponen rotundamente a su reelección como presidente la cual Plascencia Villanueva intenta llevar a cabo actuando más como un simple funcionario gubernamental que como un defensor de los intereses ciudadanos.

Finalmente la PGR ha “atraído” el caso y ya el procurador de la República ha declarado sobre la investigación y de la detención de una decena de militares que participaron en el crimen de Tlatlaya.

Esta matanza es la comprobación fehaciente que Peña Nieto sigue aplicando la política iniciada por el anterior presidente Calderón que consiste en llevar la violencia militar a las calles del país profundizando la represión, la corrupción y la impunidad que asuelan al territorio nacional.

La masacre de Iguala

Si en el caso de Tlatlaya la indignación fue mayúscula, la masacre de los estudiantes normalistas en Iguala ha horrorizado a todo el país: la represión ha llegado a niveles que hacen recordar los años nefastos de los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría en los 60's y 70's con su estela de masacres en Tlatelolco, San Cosme y de la llamada “guerra sucia”: todos ellos crímenes de estado que marcaron indeleblemente la historia de México en la segunda mitad del siglo XX.

Las víctimas de la masacre de Iguala son los más de 500 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa del municipio de Tixtla, la más aguerrida entre las aguerridas nueve normales rurales que existen en el estado de Guerrero. Ellos junto con miles de sus compañeros en todo México han emprendido una campaña contra la política educativa de Peña Nieto votada por las cámaras legislativa el año pasado y entre cuyas metas principales está la restricción, si no es que desaparición completa, de las escuelas normales rurales, centros de cultura y educación de las poblaciones más marginadas del país, las comunidades indígenas. Su lucha firme e intransigente provocó su criminalización por parte de los tres niveles gubernamentales en Guerrero y en todo el país, causa fundamental de la represión de que son víctimas desde siempre.

En una de sus giras por el estado el 26 de septiembre, dos camiones repletos de estudiantes fueron detenidos en Iguala, al norte del estado y balaceados impunemente por la policía resultando muertos seis personas, entre ellos tres estudiantes y un jugador de un equipo de futbol cuyo autobus pasaba por los sitios en que se daba la balacera, además de una veintena de heridos. Los policías arrestaron a 43 jóvenes los subieron a sus camionetas y se los llevaron por rumbos desconocidos. Durante diez días los estudiantes permanecieron desaparecidos, produciendo un verdadero furor de enojo en las poblaciones de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y otras poblaciones de Guerrero. Finalmente el 4 de octubre en la sierra vecina de Iguala se descubrió una fosa con una veintena de cadáveres, casi sin duda alguna pertenecientes a una parte de los estudiantes que fueron secuestrados, ultimados y luego quemados sus restos.

Tuvo que ser literalmente mundial el clamor de indignación que acompañara a las protestas nacionales para que el presidente Peña Nieto entendiera que el asunto no era “meramente local” como había declarado su secretario de Gobernación Osorio Chong y que competía por entero a la procuraduría federal (PGR). En una pieza oratoria ambigua y elusiva políticamente, reconoció el 6 de octubre, más de diez días después de ocurridos, la envergadura colosal de los hechos; siendo el procurador de la República quien se encargó de informar sobre las medidas tomadas por el gobierno federal: intervención de la gendarmería nacional y de elementos de la Marina que toman el mando en Iguala, destitución de muchos funcionarios municipales y el arresto de más de una veintena de policías participantes en los hechos, una investigación forense de los restos para su identificación y persecución del alcalde José Luis Abarca y de su jefe policíaco Francisco Salgado que se fugaron con la tácita anuencia de las autoridades al mando del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre.

El PRD en la mira

Así como en el caso de Tlatlaya ha sido el PRI y el gobernador mexiquense quienes han salido a relucir en la primera fila del escándalo, los protagonistas políticos involucrados en los crímenes de Iguala son las autoridades estatales guerrerenses encabezadas por el gobernador Aguirre y las municipales de Iguala encabezadas por José Luis Abarca Velázquez, todos ellos miembros del PRD, el partido que desde hace más de dos décadas gobierna a Guerrero.

Las investigaciones tanto oficiales como de los sectores civiles dedicados a la defensa de  los derechos humanos y en general los medios de comunicación han mostrado un panorama aterrador, el cual confirma hasta la saciedad lo que se sabía pero se trataba de ocultar o minimizar: la penetración directa y sin tapujos de los grupos delincuenciales en todos niveles de los órganos del estado. En Iguala el alcalde José Luis Abarca, así como su jefe policíaco Francisco Salgado (hoy fugados) eran personas directamente vinculadas con bandas de sicarios, algunas conocidas con los nombres de Guerreros Unidos y La Familia, muchos de cuyos miembros integraban la nómina de los policías del ayuntamiento.

Disponiendo de amplios recursos financieros Abarca logró ser el alcalde de Iguala apoyado por la corriente hegemónica en el PRD de los Chuchos formalmente llamada Nueva Izquierda. Sus trapacerías eran ya bien conocidas y denunciadas, las cuales incluían crímenes, como el cometido contra tres miembros perredistas uno de ellos fundador del partido en la ciudad Arturo Hernández Cardona, quienes fueron ultimados en marzo de 2013. La viuda del primero, Sofía Mendoza, apoyada por Raúl Vera López  el obispo de Saltillo, condujo una campaña ante las autoridades federales para que el asesinato de su esposo fuera investigado por la PGR. Se encontró ante un muro de indiferencia que la llevó a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual precisamente unos días después de la masacre emitió una advertencia con carácter vinculante al gobierno de México urgiéndole a la presentación de los 43 estudiantes desparecidos.

El 4 de octubre, el mismo día del descubrimiento de las fosas con los cadáveres de los estudiantes, en uno de los hoteles más lujosos del centro histórico de la ciudad de México se realizaba el Consejo Nacional del PRD en el que se elegiría al nuevo dirigente del partido, quien resultó ser, como era ya sabido ampliamente, Carlos Navarrete, otro de los jefes de los Chuchos. En las fotos y noticieros siempre a su lado figuraba de manera prominente, ni más ni menos, que el gobernador Ángel Aguirre, quien al día siguiente debía reconocer que “podría renunciar a la gubernatura” si dicha renuncia ayudaba al esclarecimiento de la masacre. Por su parte, Navarrete anunció que el 7 de octubre su primera acción como presidente sería ir con todos sus secretarios a Chilpancingo a realizar un acto de “apoyo a las instituciones estatales que habían realizado a cabalidad su labor”, entre ellas, por supuesto, la del gobernador Aguirre, uno de los personajes más oscuros de la política guerrerense quien hace 19 años, en esta ocasión como priista, ya había sido gobernador interino del estado sustituyendo al cacique histórico Figueroa Alcocer que debió renunciar con motivo de otra matanza de campesinos en el poblado de Aguas Blancas.

Decenas de organizaciones civiles, políticas, sindicales, estudiantiles, de colonos, de defensa de los derechos humanos, religiosas y pueblo en general anuncian su participación en la manifestación que se realizará el 8 de octubre en la ciudad de México, la cual seguramente será acompañada por otras en diversos puntos del país.

La crisis de Tlatlaya y de Iguala será un factor que afectará a la dura capa gobernante del país, a sus partidos, a sus dirigentes. También el otro partido que con el PRI y el PRD integra el trío de partidos gobernantes nacionales, el PAN confronta una crisis que se pudo apreciar en la elección de su presidente y ante todo en lo sucedido con motivo de la peor catástrofe ecológica sucedida en el país desde la del Ixtoc en los años 80’s. En Sonora paralelamente a las masacres mencionadas se produjo el peor desastre ecológico reciente al desbordarse ingentes contaminantes tóxicos de las represas de la mina Buenavista del Cobre de la región de Cananea que afectaron al río Sonora y a sus afluentes. El cinismo del gobernador Guillermo Padrés Elías, el primer gobernador panista de la entidad, fue el ingrediente político que vino a demostrar por enésima vez lo funesto de los gobernantes, ya sean priistas, panistas o perredistas, que dominan la vida política de México.

Desastres humanos consecuencias directas de la represión y las matanzas impunes, devastación del medio ambiente y destrucción de los recursos naturales, con una capa gobernante cada vez más desvergonzada y cínica en su representación y defensa de los intereses de las élites económicas y sociales en detrimento de las abrumadoras mayorías populares empobrecidas y explotadas. Ese es el panorama que se delinea atroz  y trágicamente ante nosotros en esta hora del devenir de México. Un panorama que la necesaria realización de la tarea más urgente y vigente en el seno de los sectores más conscientes y responsables de las vanguardias revolucionarias, la construcción de la organización partidaria independiente, democrática y socialista de los trabajadores y sus aliados populares.

Manuel Aguilar Mora, historiador y profesor de la UACM, es militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS) de México.

http://laizquierdadiario.org.ar/La-matanza-de-Tlatlaya-del-PRI-es-igual-a-la-masacre-en-Iguala-del-PRD