“Estamos decididos a todo, incluso a perder la vida” dijeron los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, en una conferencia de prensa realizada el viernes 24 en Chilpancingo, Guerrero. Dos días antes, el 22 de octubre, miles de manifestantes en México y en numerosas ciudades del mundo participaron del reclamo universal: “Una luz por Ayotzinapa”. Mientras se encuentran nuevas fosas con restos humanos, mochilas, zapatos, y lapiceras, toda la clase dominante de México y sus poderosos aliados al norte del Río Bravo, miran para otro lado, como si nada tuvieran que ver ni que hacer en esta nueva tragedia mexicana. Reproducimos en este dossier los artículos de Miguel Concha y Luis Hernández Navarro, que complementan los trabajos ya publicados semanas atrás sobre los crímenes de lesa humanidad en Guerrero. Redacción de SP.

A un mes de Ayotzinapa

Los dolorosos e indignos hechos que se dieron en el tan golpeado sur del país, ahora en Iguala, Guerrero, a casi un mes de acontecidos, en los que se desaparecieron forzadamente a 43 jóvenes normalistas, se ejecutaron arbitrariamente a tres, y más de una veintena padecieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, son con mucho una muestra del horror y la tragedia en la que nos encontramos. Tan sólo tratar de imaginar el terror al que fueron sometidas estas personas, uno se llena de indignación y profunda consternación por lo que sucede en México. Parecía en efecto superada una etapa de nuestra historia, pero no es así: los crímenes de Estado están todavía presentes entre nosotros, pues los casos de Ayotzinapa son un crimen de lesa humanidad.

El pasado miércoles, cuando miles y miles de personas marcharon en muchas ciudades de la República y del mundo, quedó claro que en la sociedad no entendemos este caso como aislado del resto del contexto nacional, ni mucho menos creemos que sea producto sólo de la violencia crecida del crimen organizado; por el contrario, ya sabemos que el Estado mexicano es el responsable de estos crímenes: desapareció a los estudiantes normalistas, los ejecutó, los torturó y los maltrató. Así es como deben pasar a la historia estos hechos estrujantes, que han conmovido masivamente a las personas y pueblos del mundo.

En este sentido, y por lo que hace a la desaparición forzada, puedo decir que, tal como establece la Convención Interamericana sobre el tema (artículo 2), se trata de la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Hoy conocemos las formas en que los agentes del Estado participaron directamente, junto a sus secuaces, en la desaparición de los 43 normalistas.

Con base en lo anterior, al Estado se le generan obligaciones que no puede evadir. Son su responsabilidad, y por ende debe destinar todos los recursos posibles, echar mano de manera inmediata de todos los medios a su alcance, para realizar la búsqueda y presentar con vida a quienes han sido objeto de tan graves violaciones a sus derechos humanos, o fundamentar su paradero. En primer lugar, estos hechos jamás debieron ocurrir, pues el Estado está obligado a prevenirlos mediante la realización de acciones legales e institucionales efectivas, así como a evitar que estas violaciones se cometieran por parte de autoridades relacionadas con particulares.

En todo momento debe proteger y respetar los derechos de las personas, y por tanto tiene que crear mecanismos correlacionados con las actividades que realicen sus servidores públicos, e impedir que cometan actos de desaparición forzada. Debe además contemplarlo en su marco normativo, teniendo en cuenta las probabilidades de que se den casos como estos en el ejercicio de sus funciones, y en todo momento esforzarse por erradicar estas prácticas entre instituciones coludidas con particulares.

En el caso de Ayotzinapa, muy a nuestro pesar, es evidente que a escasas horas de completarse un mes de los hechos, el Estado mexicano ha demostrado incumplimiento en su obligación de garantizar los derechos de las víctimas, pues el gobierno federal tardó hasta 10 días en asumir que se trataba de un caso que compete a los tres niveles de la administración y a los distintos poderes de la Unión.

Debo decir que es obligación explícita del Estado en su conjunto establecer un sistema integral de colaboración en todos sus niveles para la búsqueda inmediata y la localización de las personas desaparecidas, así como para la investigación de los hechos, la atención a las víctimas y la reparación integral del daño. En relación con esto, el Estado debe garantizar también que en un contexto de graves, manifiestas, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad que no puede investigar de manera aislada, tal como la comunidad internacional se lo ha venido exigiendo.

Ayotzinapa es un crimen de Estado, lo repetiremos y denunciaremos hasta el cansancio. Hasta que todo el mundo se entere de que el Estado mexicano ha configurado un aparato que comete graves violaciones a los derechos humanos. En este caso, a jóvenes normalistas y a sus familias. Estas últimas tienen el principalísimo derecho a la verdad, y podría agregar que a la verdad verdadera. Es decir, a saber cómo sucedieron en realidad los hechos. Es inaceptable que el Estado administre la información y limite el acceso de los familiares a conocer sobre los procesos de investigación y búsqueda. Es un derecho de las familias ser informadas primariamente sobre los pormenores de lo que pasó y está pasando.

Asimismo, en cuanto hace a su obligación de reparar los daños, el Estado debe proceder de manera individualizada, es decir, por cada una de las personas afectadas y por cada uno de sus familiares. Y ésta no debe depender de la investigación, de la sanción a los posibles responsables, ni del éxito o no de la búsqueda de las personas desaparecidas.

La reparación debe además proveerse de manera integral, así como estar apegada a las necesidades y exigencias de las víctimas. No debe calcularla, debe preguntar sobre los mecanismos que las víctimas establezcan en cuanto a forma y medios por los cuales consideren que podrían ver medianamente reparado el daño ocasionado. De entrada sabemos que nada puede ayudar más a las familias que la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos forzadamente. Hoy las familias y toda la sociedad somos conscientes de que en México necesitamos organizarnos pacíficamente para erradicar este sistema de muerte. Ayotzinapa debe ser un punto de quiebre en el país.

Miguel Concha es un sacerdote mexicano, veterano activista de la lucha a favor de los derechos humanos.

La Jornada  25-10-2014

Guerrero y la narcopolítica

Una narcomanta de dos metros de largo fue encontrada en la madrugada del 16 de octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala, Guerrero, a menos de un kilómetro del 27 batallón de infantería. En ella, en un mensaje escrito con letra de molde en pintura roja y negra, El Choky solicita justicia al presidente Peña Nieto. De paso, denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El Choky fue señalado en días pasados por el fiscal general del estado, Iñaky Blanco, como jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y responsable de ordenar la matanza y desaparición de los jóvenes el pasado 26 de septiembre, tras el ataque contra ellos de policías y sicarios.

La lista de los asociados al grupo delincuencial delatados en la manta es larga: ocho alcaldes, directores de Seguridad Pública, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y distintos personajes. Según el denunciante, éstas son las gentes que el gobierno deja andar libres y cometiendo tanto delito contra la población. Finalmente aclara: No toda la culpa la tengo yo. Firma: “Atte: Choky”.

El clima delincuencial denunciado por el narco mensaje no es exclusivo de Iguala y de siete alcaldías de la Tierra Caliente. El tipo de relación entre el edil José Luis Abarca, su policía local y el crimen organizado, puesto al descubierto con la masacre del pasado 26 de septiembre, está presente en muchos municipios de Guerrero. Se trata de una relación que involucra también a importantes políticos locales, legisladores estatales y federales, dirigentes partidarios, jefes de la policía y mandos militares. Es por ello que podemos caracterizar al régimen político existente en la entidad como un narcoestado.

Denuncias como la del Chokycorren de boca en boca entre los guerrerenses. Empresarios, dirigentes sociales y periodistas han documentado este nexo. Parte de la prensa local y la nacional los ha publicado. En algunos casos, como en Iguala con el asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, incluso se han presentado acusaciones formales ante las autoridades correspondientes. Todo ha sido en balde.

Quienes han alertado sobre la extensión y profundidad de la narcopolítica en la entidad han sido eliminados y amenazados. Cuando el empresario Pioquinto Damián Huato, líder de la Canaco en Chilpancigo, acusó a Mario Moreno, alcalde de la ciudad, de tener vínculos con el grupo delincuencial Los Rojos, fue víctima de un atentado en el que murió su nuera y quedó herido su hijo.

Invariablemente los políticos señalados han negado las acusaciones y las han explicado como resultado de rencillas políticas, que ellos no son responsables del comportamiento de sus familiares o amigos. Han dicho que las autoridades deben investigarlos y que están en la mejor disposición de aclarar las cosas. Pero nada se ha hecho. El pacto de impunidad que blinda a la clase política ha actuado entrado una y otra vez.

Según el obispo Raúl Vera, quien estuvo al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano entre 1988 y 1995, la impunidad es la característica más lacerante de Guerrero y su desafío más importante. Su extensión y persistencia –señala– alienta el crimen y la violación de los derechos humanos y la dignidad.

Pero la violencia no es sólo asunto de disputas entre grupos político-delincuenciales por centros de producción, rutas y plazas. Es también resultado de la decisión de los poderes fácticos de deshacerse de líderes sociales opositores y de la protección que desde el poder se les brinda a quienes los liquidan o desaparecen.

Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Ángel Aguirre son múltiples. La relación de asesinados y detenidos-desaparecidos durante su administración es enorme.

Entre otros muchos, forman parte de ella los ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle. Los normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Los dirigentes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo Velázquez y Samuel Vargas. La ambientalista Juventina Villa y a su hijo Reynaldo Santana. El síndico de Iguala, Justino Carbajal. Los integrantes de la Unión Popular Arturo Hernández, Rafael Banderas y Ángel Román. Rocío Mesino, que estaba al frente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Los campesinos Juan Lucena y José Luis Sotelo, promotores de una autodefensa en Atoyac. Los organizadores campesinos José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo.

La narcopolítica no es asunto exclusivo del viejo PRI. Integrantes de varias corrientes en el PRD han sido señalados como parte de ella. De manera reiterada, el miembro de Nueva Izquierda y presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega, ha sido señalado como jefe del grupo Los Ardillos. Su padre estuvo preso por el asesinato de dos agentes del AFI y fue ejecutado al salir libre.

Servando Gómez, La Tuta, reveló en un video que Crescencio Reyes Torres, hermano de Carlos, líder del sol azteca en la entidad y parte del Grupo Guerrero, dirigido por David Jímenez, es uno de los principales dueños de laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas, aliado del cártel Jalisco Nueva Generación.

Al mismo gobernador Aguirre se le ha relacionado reiteradamente con el cártel Independiente de Acapulco. De su líder Víctor Aguirre se dice que es primo del mandatario. Por supuesto, tanto el gobernador como el resto de los acusados han rechazado enfáticamente cualquier nexo con grupos delincuenciales.

Pese a la multitud de denuncias contra ediles y funcionarios en la entidad, los arrestos han sido escasos. Feliciano Álvarez Mesino, alcalde de Cuetzala del Progreso, fue detenido por secuestro y delincuencia organizada. Él se reivindicaba como parte del Grupo Guerrero. El oficial mayor de Chilapa, el priísta Vicente Jiménez Aranda, fue apresado por secuestro.

El asesinato y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense. Falta ver si la pueden volver a tapar.

Luis Hernández Navarro, periodista, es coordinador de opinión y editorialista del diario mexicano La Jornada

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La Jornada 21-10-2014