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NCeHu
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La Masacre de Iguala
Prensa Obrera
1336
Buenos Aires, 11/10/14
Un enorme
movimiento popular recorre México en reclamo de la aparición con vida de 43
estudiantes del magisterio rural de Ayotzinapa, un pequeño pueblo del estado de
Guerrero. "Con vida los llevaron, con vida los queremos", corean los
manifestantes. El hallazgo de fosas clandestinas, donde presumiblemente se
encuentran los cadáveres de muchos de los jóvenes desaparecidos, desató una
conmoción internacional y movilizaciones en 25 estados, incluyendo protestas de
miles en varias ciudades de Guerrero.
Los estudiantes del
combativo liceo habían arribado a fines de septiembre a la ciudad de Iguala, en
el departamento de Guerrero, con el propósito de recaudar fondos para participar
de la movilización del 2 de octubre en el Distrito Federal, donde se conmemora y
aún se exige justicia por la masacre contra cientos de estudiantes en la Plaza
de las Tres Culturas, en 1968. Como represalia por intentar protestar en un acto
político promovido por el intendente, los estudiantes fueron atacados –en un
operativo concertado de la policía y un cartel del narcotráfico- con disparos de
ametralladora, con el saldo de tres jóvenes muertos. El resto fue secuestrado y
torturado, y aparentemente fueron rematados en los montes próximos a Iguala, y
enterrados en fosas comunes.
Poder
político y narcotráfico
El alcalde de
Iguala, al que se señala como autor intelectual de las desapariciones, se fugó.
Integrante del PRD, tiene vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva y está
acusado de la tortura y posterior asesinato de al menos tres militantes de su
propio partido. Toda esta información estaba en conocimiento de los servicios
secretos federales y también de la Procuraduría General de la República. El
gobernador, Angel Aguirre (un histórico del PRI que pasó recientemente al PRD),
prometió que los 81 alcaldes de la región y sus policías serán
investigadas. Pero el propio Aguirre no es un hombre de fiar: hasta hace poco
impulsaba “colocar bajo el mando de las autoridades locales a las policías de
los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan,
Tixtla, Zihuatanejo e Iguala” (Página 12, 7/10), o sea, una consolidación del
poder de los cárteles. El centroizquierdista PRD, como se ve, no es ajeno al
régimen político narco: de hecho, su dirección nacional ratificó su apoyo
político al gobernador (La Jornada, 10/10).
Las vinculaciones
entre el narcotráfico y todos los poderes del Estado han quedado ilustradas en
la amenaza con la que los narcos de Guerreros Unidos (GU) recibieron a las
fuerzas federales: “gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban,
se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24
horas para que los suelten, si no aténganse a las consecuencias. Empezaremos a
poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra
atte: GU”. (El País, 7/10). Como si hubiera tomado nota del mensaje, la Cámara
de Diputados nacional se limitó a formar una comisión para investigar el
tema.
Desintegración
Como en Tamaulipas
y Michoacán recientemente, el Estado federal ha enviado a la policía del
Distrito Federal y a la Gendarmería a recuperar el monopolio de la violencia en
el estado de Guerrero. En Tamaulipas, estado lindante con Estados Unidos, y que
vio nacer a los carteles del Golfo y de los Zetas, se dispuso recientemente la
división del territorio en cuatro cuadrantes bajo el control del Ejército y la
Armada. En Michoacán, intervinieron en el verano para evitar que se desmadrara
por completo un enfrentamiento que involucraba a varios grupos narcos y a las
denominadas Autodefensas Unidas. En el caso de Guerrero, la intervención obedece
también al temor a la autoorganización de las masas, en un estado que es el más
pobre del país, y que en 2013 “tuvo una tasa de 63 homicidios por cada 100.000
habitantes, la más alta de México y tres veces mayor a la media nacional”. El
Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que operan
en la región, caracteriza a las fuerzas que masacraron a los estudiantes como
grupos paramilitares, y denuncian en un comunicado que “los alumnos
desaparecidos estarían siendo torturados en cuarteles de la Policía Federal, el
Ejército y la Marina” (Página 12, 8/10).
El fracaso de la
estrategia de militarización de Calderón (PAN), que dejó 60 mil muertos, no
parece haber encontrado una alternativa por parte de las fuerzas políticas
patronales. El gobierno del PRI avanza en la misma línea, con el apoyo del
centroizquierdista PRD. Su dirigente, Carlos Navarrete, ha dicho que “entendimos
que, mientras no hubiese una gendarmería capacitada, era necesaria una
intervención temporal del Ejército. Pero esto ya lleva ocho años” (El País,
6/10). Todos los partidos, cámaras empresarias y estamentos del Estado están
perforados por el narcotráfico. En los últimos ocho años se han encontrado más
de 400 fosas clandestinas por todo el país, pero la Procuraduría General de la
República hizo escasas 34 averiguaciones sobre el tema.
Respuesta
Popular
Todas las escuelas
normales rurales de México se declararon en huelga en solidaridad con sus
compañeros de Ayotzinapa. Los familiares de los estudiantes, organizaciones
políticas, sociales y de Derechos Humanos, se movilizan en reclamo de justicia.
El movimiento estudiantil, del que formaban parte los estudiantes masacrados,
vive un particular proceso de efervesencia: los estudiantes del Instituto
Politécnico frenaron con una movilización al Zócalo de 50 mil estudiantes (un
tercio de la matrícula del Instituto) los intentos del gobierno federal de
cambiar el plan de estudios, que planteaba menos horas de clase y la reducción
en la calidad de la currícula.
Exigimos la
aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, y el esclarecimiento de la
masacre. Desarrollemos la denuncia y movilización internacional por estos
objetivos.
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