NCeHu
608/14
Un fallo peligroso para la economía
mundial
Andrés
Oppenheimer
La Nación
Buenos Aires,
5//8/14
MIAMI.- Detesto tener que coincidir
con el gobierno argentino, una banda de seudoprogresistas corruptos que ha
arruinado al país pese a haberse beneficiado con una bonanza sin precedentes
gracias a los precios internacionales de las materias primas. Pero la Argentina
tiene gran parte de la razón en su disputa con los tenedores de bonos que la
llevó al default.
Sin entrar en detalles técnicos, el dictamen del
juez a favor de un pequeño grupo de tenedores de bonos argentinos sienta un
peligroso precedente para la economía mundial, porque hace casi imposible que
los países endeudados puedan renegociar sus deudas con acreedores
privados.
El juez Thomas Griesa, de 83 años, le permitió a un
pequeño porcentaje de tenedores de bonos impedir que la Argentina le pague sus
deudas a la gran mayoría de sus tenedores de bonos.
Todo empezó cuando, después de su default de 2001,
la Argentina ofreció en dos oportunidades pagar a sus acreedores una parte de su
deuda. El 93% de los acreedores aceptaron la oferta, pero el resto la rechazó y
pidió el pago completo.
El problema es que una cláusula del contrato
original establece que todos los tenedores de bonos debían ser tratados de la
misma manera. Los holdouts se aferraron a esa cláusula con el argumento
de que si la Argentina no llegaba a un acuerdo con ellos, no le podía pagar a
nadie. Griesa, en una interpretación sumamente estrecha de la ley, les dio la
razón a los holdouts y la Corte Suprema de Estados Unidos avaló esa
postura.
Es cierto que el gobierno argentino cometió todo
tipo de errores. A pesar de que el contrato original estipulaba que el país se
sometía a la jurisdicción de los Estados Unidos en caso de una disputa con los
bonistas, la presidenta Cristina Fernández dejó que pasaran años sin llegar a un
acuerdo.
Cuando la Argentina empezó a perder en las cortes
de los Estados Unidos, la Presidenta comenzó a politizar el tema para consumo
interno del país. El Gobierno culpó a los fondos buitre por la crisis económica
y comenzó a disparar contra los Estados Unidos, pese al hecho de que Barack
Obama respaldó a la Argentina y mencionó el precedente legal que podría sentar
para otras naciones endeudadas.
La Presidenta pidió la solidaridad de América
latina en una cumbre de presidentes en Venezuela. El jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, llegó a decir que el juez Griesa "es claramente un agente de los
fondos buitre", que Estados Unidos no tiene una justicia independiente y que la
responsabilidad última de la crisis es del gobierno estadounidense.
Contemplando este despliegue de demagogia
nacionalista que convirtió una disputa legal en una especie de cruzada nacional
contra el capitalismo salvaje, resulta difícil no hacer paralelos con la época
en que otro gobierno argentino celebró su invasión a las islas Malvinas o cuando
-más reciente- se declaró el default de 2001, con los legisladores saltando y
coreando eufóricamente "¡Argentina! ¡Argentina!", como si hubieran ganado un
partido de fútbol.
Como en ocasiones anteriores, todo indica que el
triunfalismo populista de Cristina Fernández terminará en otra crisis y otro
desencanto. Ahora la Argentina quedará aún más aislada del mundo, deberá emitir
más dinero para mantener su ficción de que el país progresa y la inflación, que
algunos proyectan en casi el 40% anual, aumentará aún más.
Pero, dicho todo esto, la Argentina y el gobierno
de Obama tienen razón al decir que el fallo del juez Griesa sienta un peligroso
precedente para la economía mundial.
José Antonio Ocampo, un ex ministro de Hacienda
colombiano que ahora enseña en la Universidad de Columbia, me dijo que el
dictamen de Griesa aniquila el concepto de negociaciones voluntarias entre los
países deudores y los acreedores privados. De ahora en adelante, los tenedores
de bonos ya no tendrán incentivos para negociar, porque saben que un pequeño
porcentaje de holdouts puede obligar a los países a pagar el 100% del
valor de los bonos.
Mi opinión: el gobierno argentino ha manejado este
caso con su típica arrogancia e incompetencia, pero el dictamen de Griesa puede
tener consecuencias internacionales negativas que trascenderán este
caso.
Cualquier país debería poder negociar sus deudas
con la mayoría de sus acreedores privados, sin ser rehén de un pequeño grupo.
Hay que encontrar un nuevo sistema legal para regir las deudas de los gobiernos
con inversores privados. En eso, la Argentina tiene
razón.
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