Decreto
Francia pone un
candado a sectores clave con el "patriotismo económico"
El
gobierno extendió una norma que autorizaba la limitación de inversiones
extranjeras en seguridad y defensa a otras áreas de la economía, como
transporte, energía, salud y comunicaciones
Luisa Corradini | LA
NACION
Buenos Aires, 17/5/14
PARÍS.- Francia decidió arroparse en
las banderas del "patriotismo económico" para tratar de defender las empresas
consideradas estratégicas que podrían caer en poder de capitales extranjeros. En
lenguaje militar, eso se llama "arma de disuasión masiva", mientras que para
muchos economistas es una clara medida proteccionista.
"El objetivo no es impedir una operación en el área
de los yogures o los pañales descartables, sino oponerse a toda operación hostil
en terrenos que conciernen a la soberanía nacional y que, hasta hoy, estaban
desprotegidos", argumentó el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, autor de
la iniciativa.
Con esa decisión, el gobierno de Manuel Valls
extendió a cinco nuevos sectores industriales -definidos en forma bastante
amplia- un decreto de 2005 del entonces primer ministro conservador Dominique de
Villepin, autor del concepto "patriotismo económico".
El dispositivo, que somete ciertas inversiones
extranjeras en Francia a la autorización del gobierno, se limitaba hasta la
semana pasada a la defensa y la seguridad. A partir de ahora se aplicará también
"al aprovisionamiento en electricidad, gas, hidrocarburos u otra fuente de
energía", a "la explotación de redes y servicios de transporte", al
"aprovisionamiento de agua", a "las comunicaciones electrónicas" y a la
"protección de la salud pública".
En gestación desde hacía varios meses, la adopción
del dispositivo fue brutalmente acelerada cuando se conoció la intención de la
empresa norteamericana General Electric de comprar el sector energético de
Alstom, el gigante francés privado de energía y transportes.
Totalmente opuesto a esa operación, que considera
un desmembramiento de una de las cinco empresas más importantes del país, el
gobierno llegó a la conclusión de que ese decreto podría permitirle oponerse no
sólo a esa venta en particular, sino a otras igualmente sensibles.
Para el gobierno, Alstom es un eslabón esencial de
la independencia energética: "Ya sea en el caso de nuestras centrales nucleares,
que producen el 77% de la energía del país, o de las nuevas tecnologías para la
transición energética. Con ese decreto reequilibramos la relación de fuerzas
entre los intereses de las empresas multinacionales y de los Estados, que no
siempre son los mismos", explicó Montebourg.
París propicia una solución europea con una alianza
de Alstom y la alemana Siemens. En un período de crecimiento nulo, con más de
10% de desocupación, el gobierno teme que la irrupción de General Electric
provoque una nueva ola de despidos en Alstom (18.000 empleados en Francia y
93.000 en el mundo).
Si bien la medida provocó el entusiasmo de la
opinión pública, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, no se dejó
engañar y señaló los riesgos de que "la actual política se transforme en un
proteccionismo disimulado".
"Una buena protección de la industria europea es la
inversión, no el proteccionismo", advirtió desde Bruselas el francés Michel
Barnier, comisario europeo a cargo del Mercado Interior. A pesar de esas
críticas, Francia no hace más que ponerse al nivel de otros países
industrializados, que ya disponen de instrumentos semejantes.
Primer destino de las inversiones extranjeras,
Estados Unidos cuenta desde 1975 con el llamado Committee on Foreign Investment
(Cfius), cuya función es proteger ciertas empresas del apetito externo, sobre
todo en el terreno de la seguridad nacional y las "infraestructuras cruciales".
Ese órgano, compuesto por 11 miembros, puede incluso solicitar al presidente
oponerse a una compra. Cerca de la mitad de las licitaciones de adquisición
examinadas por el Cfius terminan siendo impugnadas.
En 2008, el gobierno alemán, inquieto por la compra
eventual de empresas nacionales por fondos soberanos extranjeros, se dio los
medios para evitarlo mediante un decreto que, hasta el momento, nunca fue
aplicado. Ese texto exige la autorización del Estado cada vez que la adquisición
supera el 25% del capital. La medida concierne sobre todo a las áreas de defensa
y telecomunicaciones.
Por tradición uno de los países más abiertos, Gran
Bretaña carece prácticamente de instrumento legislativo para impedir que una
empresa extranjera tome el control de una nacional. Una ley de 2002 permite, sin
embargo, realizar un test de interés público en tres sectores: seguridad
nacional, mercados financieros y medios de comunicación.
No obstante, el gobierno británico reformó
recientemente el llamado Takeover Panel, un organismo independiente encargado de
supervisar las fusiones y adquisiciones. A partir de ahora, las promesas
realizadas en el momento de una compra (mantenimiento de una fábrica, respeto de
los puestos de trabajo, etcétera) serán una obligación legal durante cinco años.
En caso de violación, la empresa podrá ser enjuiciada ante el Tribunal Superior
de Justicia.
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