La deuda externa se reduce
en la periferia mundial y crece en el sector público de los países centrales
La creciente deuda pública en los países ricos se ha convertido en
balón de oxígeno para el capital financiero afectado por la crisis, provocando
importantes recortes en las políticas sociales. En España el incremento de la
deuda externa pública ha sido más acelerado que en los países de su entorno.
La
edición del Barómetro social de 2013 incluye por primera vez datos sobre la
deuda externa de los países “ricos”[1], una información que
resulta muy importante en el actual escenario político y que se añade a los
antiguos indicadores sobre deuda externa y servicio anual de la deuda de los
países de renta media y baja[2], que venían recogidos en
ediciones anteriores. La nueva estadística (Joint
External Debt Hub), producida conjuntamente
por el Banco de Inversiones Internacionales, el Fondo Monetario Internacional,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco
Mundial, permite obtener una visión global del alcance y características de la
deuda externa a nivel mundial[3].
Del
lado de los acreedores hay que tener en cuenta, en primer lugar, a las
personas e instituciones de otros países que prestan una enorme masa de dinero
(unos 70 billones de dólares en 2013) en busca de rentabilidad. Son la punta de
lanza del capitalismo financiero, que operan a través de centros financieros,
bancos y sociedades de inversión, brokers, etc., con frecuencia ubicados en
paraísos fiscales, y cuentan con productos cada vez más sofisticados (bolsas de
acciones, mercados de divisas, bonos de deuda pública o privada, cartera de
propiedades inmobiliarias, mercados de futuros y de mercancías, fondos de
inversión de pensiones, de alto riesgo, hedge funds, derivados, etc.) sometidos
a una regulación dispersa que casi siempre privilegia los intereses de los
prestamistas[4]. Tanto inversores
como deudores pueden ser agentes privados o públicos, lo que configura
una amplia tipología de formas de inversión y de endeudamiento.
Además
los préstamos internacionales se realizan en un contexto de importante
jerarquización económica y política entre estados y una coyuntura de
crisis a nivel mundial, iniciada en el año 2007, que afecta de manera desigual a
distintos estados y pone en cuestión en los casos más graves la arquitectura del
pacto social preexistente entre clases sociales. Todos estos elementos
configuran una cuestión compleja, que admite muchas lecturas. En estas líneas
destacamos algunas tendencias que se derivan del análisis de los datos agregados
sobre deuda externa.
Crédito y deuda en las economías capitalistas
Comencemos con algunas precisiones conceptuales. Las economías
capitalistas se basan en la movilización –por parte de los poseedores de
capital- de medios de producción y de mano de obra asalariada con el fin de
generar un valor mayor (ganancia) que el invertido inicialmente. Este proceso se
da en un marco más o menos competitivo, en el que otras empresas presionan por
acaparar cuotas crecientes de mercado, azuzando una carrera continua por
incrementar o conservar los márgenes de ganancia. Para ello es necesario
realizar inversiones crecientes y éstas no siempre pueden financiarse en base a
las ganancias obtenidas. En estas circunstancias aparece el crédito como
componente necesario de la acumulación de capital: es necesario que “alguien”
centralice y ponga a disposición del capital productivo masas de dinero que
financien las inversiones. Cuanto más grande sean los mercados mayores son las
necesidades de inversión y, por tanto, la importancia del capital
financiero.
En
resumen, un cierto nivel de endeudamiento es consustancial a la reproducción
del capitalismo. Las “finanzas” y la “economía productiva” se
necesitan mutuamente: la segunda no puede prosperar sin préstamos que
faciliten la inversión; las primeras no producen ganancias por sí mismas sino
que las obtienen en última instancia captando (mediante las tasas de interés)
una parte de lo generado en la economía “real”. Con la globalización se ha
ampliado a niveles desconocidos el volumen de los capitales movilizados,
incluido el financiero, y los niveles de deuda. Además, ésta no queda limitada a
los marcos de un estado sino que sus agentes se distribuyen de manera desigual
sobre el mapa mundial. Los acreedores y deudores internacionales se concentran
en principio en determinadas áreas geográficas; los “países centrales”
(dominantes en la economía global) controlan además ciertas instituciones
financieras (FMI, Banco Mundial, GATT) que tienen la posibilidad de imponer
políticas económicas a los deudores. Así, un nivel significativo de
endeudamiento exterior abre las puertas a la pérdida de soberanía para implantar
políticas económicas: el entramado de poder trasnacional presiona para
privilegiar los intereses del capital financiero (el pago de la deuda) sobre
otras consideraciones (la excepción es Estados Unidos, uno de los mayores
deudores pero con el poder suficiente para evitar imposiciones sobre sus
políticas económicas). Este ha sido un mecanismo de control y acumulación de
riquezas que hasta hace pocos años se aplicaba con éxito a las economías
“periféricas”. Hoy, como muestran los datos, llega con fuerza a los márgenes del
“centro” mundial, principalmente a los países del sur de Europa.
El
peso de la deuda externa se reduce en la periferia
Los
datos disponibles proceden de 35 países de renta alta, 85 de renta media y 34 de
renta baja. Una primera observación que se deriva de los mismos es que la
deuda externa de los países centrales (de renta alta) es mucho mayor que la de
la periferia (renta media y baja) y que esta diferencia se ha incrementado en la
última década (Gráfico 1).
Gráfico 1. Evolución
mundial de la deuda externa por grupos de países
(2003-2011)
● En
décadas pasadas la deuda externa supuso un problema gravísimo para los países
de renta baja, en primer lugar debido a su magnitud relativa, ya que en la
primera mitad de los años noventa del siglo pasado superaba el 100% del PIB
global de estos estados. Además, la presión de la deuda se acentuaba
debido a que los acreedores eran mayoritariamente de los países centrales, que
imponían políticas económicas restrictivas a los deudores a través del control
que ejercen sobre las entidades financieras internacionales. Así, el
endeudamiento dio lugar a severos programas de ajuste y a renegociaciones de los
plazos de devolución para poder pagar los intereses crecientes; aunque en
algunos casos se produjeron quitas o condonaciones de deuda cuando los países ya
no podían pagar, “pero las cancelaciones ofrecidas se recibían sólo después de
comprobarse la ejecución de programas de ajuste controlados por el FMI.
Privatizaciones, liberalización financiera, eliminación de subsidios, reducción
de salarios a funcionarios, recortes en sanidad y en educación, entre muchas
otras medidas, fueron impuestas a países como Mali, Haití, Camerún, Tanzania o
Bangladesh, a cambio del perdón de parte de sus deudas”[5]. Pero en la última década
se ha producido una reducción continua de la importancia de la deuda:
hasta 78% del PIB en el año 2000, 55% en 2005 y 29% en 2011.
Esta
disminución supuso también una reducción del servicio anual de la deuda en
relación al PIB, que bajó del 3,5% en 1994 al 2,6% en 2000, 1,8% en 2005
y 1,1% en 2011. Sin embargo, paralelamente han disminuido las inversiones en los
países pobres, incluida la Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que ha provocado su
relegación de los circuitos de circulación del capital global: en
2011 sólo el 0,2% de las inversiones internacionales se situaba en los 34 países
de renta baja, en su mayoría africanos, mientras en 1994 esa tasa era el doble,
del 0,4%. En definitiva, desde la lógica capitalista dominante, los países más
pobres, donde vive el 14% de la población mundial (mil millones de personas), no
ofrecen garantías para rentabilizar las inversiones del capital transnacional y
quedan sumidos en una profunda exclusión en términos de renta y de
riqueza[6].
● Los
países de renta media, donde se concentra el 70% de la población mundial,
sostienen el 7% de la deuda internacional, lo que supone el 21% de su PIB, menos
que en 2003 cuando representaba el 34%. Esta evolución está muy condicionada por
el peso determinante de tres países emergentes (China, India y Brasil), con
creciente capacidad productiva, cuya población suma más que los otros 82 países
del grupo. Excluyéndolos del cómputo, la deuda de los países intermedios en
relación al PIB subiría del 21% al 30% (cifra, no obstante, menor que hace una
década).
Países centrales: se expande la deuda pública al llegar la
crisis
Los
países de renta alta, donde vive el 15% de la población mundial, han
incrementado sustancialmente su deuda externa en la última década, pasando del
99% del PIB en 2003 al 147% en 2013. El mayor volumen de deuda exterior
corresponde a Estados Unidos (16 billones de dólares en 2013), seguido de cuatro
países europeos: Reino Unido (9,3 billones), Alemania (5,6 billones), Francia
(5,4 billones) y Luxemburgo (3 billones). España se sitúa en el puesto noveno
del ranking mundial, con 2,2 billones de dólares, por detrás de Japón (2,7
billones), Holanda (2,4 billones) e Italia (2,3 billones).
La
deuda externa de los países centrales concentra el 93% de las inversiones
internacionales. En valores monetarios constantes creció muy intensamente antes
de la crisis, para reducirse después como efecto de la caída de los valores
bursátiles e inmobiliarios que sucedieron a la gran recesión económica mundial.
Para valorar esta evolución es necesario distinguir entre la deuda privada,
mayoritariamente de bancos y empresas transnacionales, y la pública de los
Estados, o deuda soberana:
- En el caso de la deuda privada, que
constituye la mayor parte de la deuda externa de los países ricos (el 73,6% en
2013), los abultados “pasivos” en los balances representan una dependencia del
exterior pero están compensados por los “activos”, salvo en etapas de crisis
como la actual en que muchas empresas entran en pérdidas y se ven obligadas a
introducir reajustes de plantillas, suspensiones de pagos y cierres. Es decir,
la deuda privada no es problema mientras haya crecimiento pero se vuelve una
pesada carga –a veces insoportable- en etapas de crisis.
- La deuda externa pública (26,4% del total
en los países centrales) tiene, según los economistas ortodoxos, como
principal función financiar el déficit público en etapas de crisis, con la
perspectiva de reequilibrar los balances cuando lleguen etapas de bonanza. Sin
embargo, en la práctica el endeudamiento se ha vuelto una forma de
financiación fiscal no progresiva y más cara que libera de impuestos al
capital y hace recaer sobre la mayoría de la población trabajadora los costes
de la crisis (privatización y encarecimiento de servicios y prestaciones,
recortes del gasto público que se justifican con la excusa de la deuda,
etc.).
Tal como recoge el
Gráfico 2, la deuda externa privada creció entre 2003 y 2007 casi el doble que
la deuda pública en términos relativos (base 2003=100), como resultado de la
orgía especuladora desatada durante los años de crecimiento. Sin embargo, en la
etapa de crisis (2008-2013) se contrajo 35 puntos (-48 la de los bancos; y -19
la de otras empresas), mientras la de los gobiernos creció 66 puntos. La
disminución de la deuda privada se debió en parte a la venta de activos pero,
sobre todo, a diversas operaciones de “salvataje” en las que los estados
asumieron deudas privadas y activos tóxicos, pasando la carga de la deuda desde
el empresariado que las contrajo al conjunto de la ciudadanía.
Gráfico 2. Evolución de la deuda externa
pública y privada en los países centrales (2003-2007 y
2007-2013)
A todo lo anterior
habría que añadir la connivencia de los gobiernos con los paraísos fiscales y
con políticas fiscales regresivas que favorece al capital transnacional y a las
grandes fortunas, así como el papel jugado por las instituciones financieras
internacionales, los bancos centrales y los gobiernos de los países ricos en
relación a la banca, que no sólo ha conseguido rescates multimillonarios con
dinero público, así como otro tipo de ayudas indirectas, sino que ha encontrado
un balón de oxígeno de grandes dimensiones en la financiación de una deuda
pública creciente que ellos mismos habían contribuido a generar.
El caso de España:
constitucionalización del expolio
La deuda externa de
España a mediados de 2013 es de 2,23 billones de dólares, cifra que representa
el 172% del PIB anual. Se trata de una tasa bastante elevada en relación a
economías no europeas (Estados Unidos, 118%, Japón, 69%) pero relativamente baja
si se compara con la de los socios europeos más próximos (Francia, 273%;
Alemania, 189%; Portugal, 194%; Reino Unido, 421%; Grecia, 225%; Irlanda,
1.243%; Italia, 149%).
Lo peculiar de España
se encuentra en la evolución experimentada a lo largo de la última década, ya
que el cambio de tendencia al llegar la crisis (descenso de la
deuda privada y aumento de la pública) se ha producido con mucha más
aceleración que en el conjunto de los países centrales (Gráfico 3). En
los años de crecimiento económico (2003-2007) el endeudamiento exterior de las
empresas privadas españolas (deuda externa privada) creció a un ritmo casi tres
veces mayor (151 puntos porcentuales) que en la media de países centrales (61
puntos), mientras que la deuda pública aumentó menos rápidamente (24 puntos
frente a 34). En la fase de crisis (2007-2013), se produjo una fuerte
disminución del endeudamiento privado (-63 puntos en España, -35 en los países
ricos) y un incremento extraordinario de la deuda pública, tres veces superior
al promedio general (215 puntos frente a 66).
Gráfico 3. Evolución de la deuda
externa pública y privada en España y los países centrales (2003-2007 y
2007-2013)
Podemos precisar más la
distribución de la deuda externa comparando la parte correspondiente al sector
público, a la banca privada y a otros sectores (básicamente empresas no
financieras), tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2003 la mitad de la deuda
correspondía a los bancos y la otra mitad se repartía a partes casi iguales
entre el sector público y otros sectores. En 2007 se redujo ligeramente la parte
de la deuda bancaria (de 49% a 45%) y de forma más notable la pública (del 24 al
14%), mientras ganaba 14 puntos la deuda correspondiente a otros sectores
(endeudamiento ligado a la “burbuja accionarial” de aquellos años)[7].
Gráfico 4. Reparto de la deuda
externa española por sectores económicos (2003-2007-2013)
Finalmente en
2013, después de seis años de crisis, la deuda externa pública se ha puesto a la
cabeza, ganando 23 puntos, mientras perdía importancia la de las empresas no
financieras (-9 puntos) y, sobre todo, la deuda de los bancos (-15 puntos) que
se sitúa ahora en tercera posición. Esta evolución responde a una política
económica mediante la que el Estado ha incrementado sus deudas con el Banco
Central Europeo y con inversores extranjeros asumiendo el enorme endeudamiento
de los bancos en crisis[8], en lo que ha sido
un claro ejemplo de socialización de las pérdidas del sector financiero. De este
modo, se ha incrementado el déficit fiscal del Estado y una política de
contención del gasto público, con los consiguientes recortes.
La tesis de las élites
gobernantes es que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a
la capacidad económica de la hacienda pública y que, por tanto, es
imprescindible reducir las prestaciones y servicios, así como abrir procesos de
privatización que impliquen una reducción del gasto. Consecuentemente, la
deuda pública es presentada como la clave del desmantelamiento del estado de
bienestar. El acuerdo entre PSOE y PP –adoptado con urgencia en el
verano de 2011- blindó el pago anual de intereses de la deuda pública,
modificando el artículo 135 de la Constitución con el fin de garantizar a los
acreedores que dichos pagos “gozarán de prioridad absoluta”. A partir de
entonces el “mandato constitucional” legitima el abandono del Pacto de Toledo
sobre pensiones, los drásticos recortes en sanidad, educación y servicios
sociales, la marcha atrás en la ley de dependencia, los recortes de salarios del
funcionariado o la privatización de distintos servicios públicos, entre otras
medidas “de ajuste”. En suma, los mismos argumentos y políticas que han servido
durante décadas anteriores para expoliar a las clases populares de los países
“periféricos” (en África, Asia y América Latina) han llegado para mostrarnos que
en el marco del capitalismo globalizado no hay ciudadelas seguras ni derechos
garantizados para siempre. Habrá, pues, que buscar soluciones explorando nuevos
caminos. Entre ellas, sin duda, la impugnación de
buena parte de la deuda, tanto porque
resulta impagable como porque sus orígenes son fraudulentos y ajenos a las
responsabilidades de la mayoría social, así como la iniciativa de más de 50
organizaciones europeas en defensa de una nueva perspectiva frente al comercio, que sitúe a las personas y al planeta por delante de los
intereses corporativos de las empresas.
[1] En la serie de base
del indicador 5 de Relaciones Internacionales (www.barometrosocial.es) se
recogen datos de deuda externa, el servicio anual de la deuda y el PIB de 119
países de renta media y baja entre 1994 y 2011; y de la deuda externa y el PIB
de 35 países de renta alta entre 2003 y 2012. En todos los casos se sacan las
tasas de la deuda en relación al PIB.
[2] La estadística del
Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por
persona/año se sitúa por encima de 12.475 dólares de 2011; de renta media los
situados entre 1.026 y 12.475 dólares; y de renta baja los que se encuentran por
debajo de 1.026 dólares/año por persona. Para simplificar agrupamos como
“periferia” al conjunto de los países de renta media y baja, según la
clasificación establecida por el Banco Mundial.
[3] La JEDH recoge
trimestralmente (el último es del segundo trimestre de 2013) información
desagregada de la deuda externa de 70 países, de los que 35 son de renta alta
(entre ellos, todos los de la Unión Europea), que son los que incorporamos a la
serie del Barómetro. Esta fuente se complementa con la que tradicionalmente
veníamos utilizando del Banco Mundial que no incluye a los países
centrales.
[4] En los últimos
veinte años se han firmado más de 3.000 Tratados Bilaterales de Inversiones
(TBI) cuyo fin es “proteger la seguridad jurídica e los inversores, a menudo a
costa de los derechos ciudadanos y la legislación del país correspondiente. Así,
las grandes empresas pueden demandar a los Estados ante los tribunales
internacionales, que funcionan con una gran opacidad. Y con frecuencia se pasa
por encima de políticas públicas cuando colisionan los intereses de las
empresas” (RICO, L. Y KUCHARZ, T., “Tratados bilaterales de inversiones”, en
Ecologista, Nº 79, 2013-2014, pág. 18). Actualmente Estados Unidos y la
Unión Europea están negociando un nuevo tratado global de comercio e inversiones
(TTIP) que, según los autores citados, supone una “nueva huida hacia delante,
con numerosas y graves amenazas para la población, la democracia y el medio
ambiente, al concentrar más poder económico y político en las manos de las
élites comerciales y financieras a ambos lados del Atlántico” (pág.
21).
[5] PIÑERO, G. y
FRESNILLO, I., “La deuda en el mundo”, en PLATAFORMA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA
DEUDA, ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas,
Icaria, Barcelona, 2013, pág. 11.
[6] La renta por
persona producida en los países más pobres es 27 veces menor que la generada en
los de renta alta y 5 veces menor que en los de renta intermedia. A su vez, el
patrimonio o riqueza media de los hogares en los países más pobres es 198 veces
menor que en los países ricos y 11 veces menor que en los intermedios. Ver
indicadores 1 y 2 de Relaciones internacionales del Barómetro Social de España y
“Abismo de desigualdad entre países ricos y pobres”.
[7] El valor monetario
de las acciones creció en España de manera extraordinaria entre 1994 y
2007, pasando de 0,4 a 2,8 billones de euros, a precios constantes, lo que
multiplicó por siete su precio de mercado (ritmo interanual medio del 16%). En
otros términos, se produjo una “burbuja accionarial” que se infló a doble
velocidad que la burbuja inmobiliaria (tasa interanual del 8% en el mismo
periodo) y superó en cuatro veces al PIB (4,2%).
[8] Las autoridades
económicas, desde el inicio de la crisis, han ayudado a la banca de diversas
maneras: inyecciones de liquidez desde los bancos centrales, compra
temporal de bancos en crisis, garantía pública de los depósitos y de nuevas
emisiones de deuda de los bancos, creación de fondos millonarios para la compra
de activos dañados, etc. Ver un análisis de la aplicación de estas medidas en el
caso de España en SÁNCHEZ MATO, C., “Las ayudas públicas al sector bancario
español”, publicado en www.matoeconomia.blogspot.es.