La creciente deuda pública en los países ricos se ha convertido en balón de oxígeno para el capital financiero afectado por la crisis, provocando importantes recortes en las políticas sociales. En España el incremento de la deuda externa pública ha sido más acelerado que en los países de su entorno.  

La edición del Barómetro social de 2013 incluye por primera vez datos sobre la deuda externa de los países “ricos”[1], una información que resulta muy importante en el actual escenario político y que se añade a los antiguos indicadores sobre deuda externa y servicio anual de la deuda de los países de renta media y baja[2], que venían recogidos en ediciones anteriores. La nueva estadística (Joint External Debt Hub), producida conjuntamente por el Banco de Inversiones Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial, permite obtener una visión global del alcance y características de la deuda externa a nivel mundial[3].

Del lado de los acreedores hay que tener en cuenta, en primer lugar, a las personas e instituciones de otros países que prestan una enorme masa de dinero (unos 70 billones de dólares en 2013) en busca de rentabilidad. Son la punta de lanza del capitalismo financiero, que operan a través de centros financieros, bancos y sociedades de inversión, brokers, etc., con frecuencia ubicados en paraísos fiscales, y cuentan con productos cada vez más sofisticados (bolsas de acciones, mercados de divisas, bonos de deuda pública o privada, cartera de propiedades inmobiliarias, mercados de futuros y de mercancías, fondos de inversión de pensiones, de alto riesgo, hedge funds, derivados, etc.) sometidos a una regulación dispersa que casi siempre privilegia los intereses de los prestamistas^[4]. Tanto inversores como deudores pueden ser agentes privados o públicos, lo que configura una amplia tipología de formas de inversión y de endeudamiento.

Además los préstamos internacionales se realizan en un contexto de importante jerarquización económica y política entre estados y  una coyuntura de crisis a nivel mundial, iniciada en el año 2007, que afecta de manera desigual a distintos estados y pone en cuestión en los casos más graves la arquitectura del pacto social preexistente entre clases sociales. Todos estos elementos configuran una cuestión compleja, que admite muchas lecturas. En estas líneas destacamos algunas tendencias que se derivan del análisis de los datos agregados sobre deuda externa.

Crédito y deuda en las economías capitalistas

Comencemos con algunas precisiones conceptuales. Las economías capitalistas se basan en la movilización –por parte de los poseedores de capital- de medios de producción y de mano de obra asalariada con el fin de generar un valor mayor (ganancia) que el invertido inicialmente. Este proceso se da en un marco más o menos competitivo, en el que otras empresas presionan por acaparar cuotas crecientes de mercado, azuzando una carrera continua por incrementar o conservar los márgenes de ganancia. Para ello es necesario realizar inversiones crecientes y éstas no siempre pueden financiarse en base a las ganancias obtenidas. En estas circunstancias aparece el crédito como componente necesario de la acumulación de capital: es necesario que “alguien” centralice y ponga a disposición del capital productivo masas de dinero que financien las inversiones. Cuanto más grande sean los mercados mayores son las necesidades de inversión y, por tanto, la importancia del capital financiero.

En resumen, un cierto nivel de endeudamiento es consustancial a la reproducción del capitalismo. Las “finanzas” y la “economía productiva” se necesitan  mutuamente: la segunda no puede prosperar sin préstamos que faciliten la inversión; las primeras no producen ganancias por sí mismas sino que las obtienen en última instancia captando (mediante las tasas de interés) una parte de lo generado en la economía “real”. Con la globalización se ha ampliado a niveles desconocidos el volumen de los capitales movilizados, incluido el financiero, y los niveles de deuda. Además, ésta no queda limitada a los marcos de un estado sino que sus agentes se distribuyen de manera desigual sobre el mapa mundial. Los acreedores y deudores internacionales se concentran en principio en determinadas áreas geográficas; los “países centrales” (dominantes en la economía global) controlan además ciertas instituciones financieras (FMI, Banco Mundial, GATT) que tienen la posibilidad de imponer políticas económicas a los deudores. Así, un nivel significativo de endeudamiento exterior abre las puertas a la pérdida de soberanía para implantar políticas económicas: el entramado de poder trasnacional presiona para privilegiar los intereses del capital financiero (el pago de la deuda) sobre otras consideraciones (la excepción es Estados Unidos, uno de los mayores deudores pero con el poder suficiente para evitar imposiciones sobre sus políticas económicas). Este ha sido un mecanismo de control y acumulación de riquezas que hasta hace pocos años se aplicaba con éxito a las economías “periféricas”. Hoy, como muestran los datos, llega con fuerza a los márgenes del “centro” mundial, principalmente a los países del sur de Europa.

El peso de la deuda externa se reduce en la periferia

Los datos disponibles proceden de 35 países de renta alta, 85 de renta media y 34 de renta baja. Una primera observación que se deriva de los mismos es que la deuda externa de los países centrales (de renta alta) es mucho mayor que la de la periferia (renta media y baja) y que esta diferencia se ha incrementado en la última década (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución mundial de la deuda externa por grupos de países (2003-2011)

● En décadas pasadas la deuda externa supuso un problema gravísimo para los países de renta baja, en primer lugar debido a su magnitud relativa, ya que en la primera mitad de los años noventa del siglo pasado superaba el 100% del PIB global de estos estados.  Además, la presión de la deuda se acentuaba debido a que los acreedores eran mayoritariamente de los países centrales, que imponían políticas económicas restrictivas a los deudores a través del control que ejercen sobre las entidades financieras internacionales. Así, el endeudamiento dio lugar a severos programas de ajuste y a renegociaciones de los plazos de devolución para poder pagar los intereses crecientes; aunque en algunos casos se produjeron quitas o condonaciones de deuda cuando los países ya no podían pagar, “pero las cancelaciones ofrecidas se recibían sólo después de comprobarse la ejecución de programas de ajuste controlados por el FMI. Privatizaciones, liberalización financiera, eliminación de subsidios, reducción de salarios a funcionarios, recortes en sanidad y en educación, entre muchas otras medidas, fueron impuestas a países como Mali, Haití, Camerún, Tanzania o Bangladesh, a cambio del perdón de parte de sus deudas”[5]. Pero en la última década se ha producido una reducción continua de la importancia de la deuda: hasta 78% del PIB en el año 2000, 55% en 2005 y 29% en 2011.

Esta disminución supuso también una reducción del servicio anual de la deuda en relación al PIB, que bajó del 3,5% en 1994 al 2,6% en 2000, 1,8% en 2005 y 1,1% en 2011. Sin embargo, paralelamente han disminuido las inversiones en los países pobres, incluida la Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que ha provocado su relegación de los circuitos de circulación del capital global: en 2011 sólo el 0,2% de las inversiones internacionales se situaba en los 34 países de renta baja, en su mayoría africanos, mientras en 1994 esa tasa era el doble, del 0,4%. En definitiva, desde la lógica capitalista dominante, los países más pobres, donde vive el 14% de la población mundial (mil millones de personas), no ofrecen garantías para rentabilizar las inversiones del capital transnacional y quedan sumidos en una profunda exclusión en términos de renta y de riqueza[6].

● Los países de renta media, donde se concentra el 70% de la población mundial, sostienen el 7% de la deuda internacional, lo que supone el 21% de su PIB, menos que en 2003 cuando representaba el 34%. Esta evolución está muy condicionada por el peso determinante de tres países emergentes (China, India y Brasil), con creciente capacidad productiva, cuya población suma más que los otros 82 países del grupo. Excluyéndolos del cómputo, la deuda de los países intermedios en relación al PIB subiría del 21% al 30% (cifra, no obstante, menor que hace una década).

Países centrales: se expande la deuda pública al llegar la crisis

Los países de renta alta, donde vive el 15% de la población mundial, han incrementado sustancialmente su deuda externa en la última década, pasando del 99% del PIB en 2003 al 147% en 2013. El mayor volumen de deuda exterior corresponde a Estados Unidos (16 billones de dólares en 2013), seguido de cuatro países europeos: Reino Unido (9,3 billones), Alemania (5,6 billones), Francia (5,4 billones) y Luxemburgo (3 billones). España se sitúa en el puesto noveno del ranking mundial, con 2,2 billones de dólares, por detrás de Japón (2,7 billones), Holanda (2,4 billones) e Italia (2,3 billones).

La deuda externa de los países centrales concentra el 93% de las inversiones internacionales. En valores monetarios constantes creció muy intensamente antes de la crisis, para reducirse después como efecto de la caída de los valores bursátiles e inmobiliarios que sucedieron a la gran recesión económica mundial. Para valorar esta evolución es necesario distinguir entre la deuda privada, mayoritariamente de bancos y empresas transnacionales, y la pública de los Estados, o deuda soberana:

Tal como recoge el Gráfico 2, la deuda externa privada creció entre 2003 y 2007 casi el doble que la deuda pública en términos relativos (base 2003=100), como resultado de la orgía especuladora desatada durante los años de crecimiento. Sin embargo, en la etapa de crisis (2008-2013) se contrajo 35 puntos (-48 la de los bancos; y -19 la de otras empresas), mientras la de los gobiernos creció 66 puntos. La disminución de la deuda privada se debió en parte a la venta de activos pero, sobre todo, a diversas operaciones de “salvataje” en las que los estados asumieron deudas privadas y activos tóxicos, pasando la carga de la deuda desde el empresariado que las contrajo al conjunto de la ciudadanía.

Gráfico 2. Evolución de la deuda externa pública y privada en los países centrales (2003-2007 y 2007-2013)

A todo lo anterior habría que añadir la connivencia de los gobiernos con los paraísos fiscales y con políticas fiscales regresivas que favorece al capital transnacional y a las grandes fortunas, así como el papel jugado por las instituciones financieras internacionales, los bancos centrales y los gobiernos de los países ricos en relación a la banca, que no sólo ha conseguido rescates multimillonarios con dinero público, así como otro tipo de ayudas indirectas, sino que ha encontrado un balón de oxígeno de grandes dimensiones en la financiación de una deuda pública creciente que ellos mismos habían contribuido a generar.

El caso de España: constitucionalización del expolio

La deuda externa de España a mediados de 2013 es de 2,23 billones de dólares, cifra que representa el 172% del PIB anual. Se trata de una tasa bastante elevada en relación a economías no europeas (Estados Unidos, 118%, Japón, 69%) pero relativamente baja si se compara con la de los socios europeos más próximos (Francia, 273%; Alemania, 189%; Portugal, 194%; Reino Unido, 421%; Grecia, 225%; Irlanda, 1.243%; Italia, 149%).

Lo peculiar de España se encuentra en la evolución experimentada a lo largo de la última década, ya que el cambio de tendencia al llegar la crisis (descenso de la deuda privada y aumento de la pública) se ha producido con mucha más aceleración que en el conjunto de los países centrales (Gráfico 3). En los años de crecimiento económico (2003-2007) el endeudamiento exterior de las empresas privadas españolas (deuda externa privada) creció a un ritmo casi tres veces mayor (151 puntos porcentuales) que en la media de países centrales (61 puntos), mientras que la deuda pública aumentó menos rápidamente (24 puntos frente a 34). En la fase de crisis (2007-2013), se produjo una fuerte disminución del endeudamiento privado (-63 puntos en España, -35 en los países ricos) y un incremento extraordinario de la deuda pública, tres veces superior al promedio general (215 puntos frente a 66).

Gráfico 3. Evolución de la deuda externa pública y privada en España y los países centrales (2003-2007 y 2007-2013)

Podemos precisar más la distribución de la deuda externa comparando la parte correspondiente al sector público, a la banca privada y a otros sectores (básicamente empresas no financieras), tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2003 la mitad de la deuda correspondía a los bancos y la otra mitad se repartía a partes casi iguales entre el sector público y otros sectores. En 2007 se redujo ligeramente la parte de la deuda bancaria (de 49% a 45%) y de forma más notable la pública (del 24 al 14%), mientras ganaba 14 puntos la deuda correspondiente a otros sectores (endeudamiento ligado a la “burbuja accionarial” de aquellos años)^[7].

Gráfico 4. Reparto de la deuda externa española por sectores económicos (2003-2007-2013)

Finalmente en 2013, después de seis años de crisis, la deuda externa pública se ha puesto a la cabeza, ganando 23 puntos, mientras perdía importancia la de las empresas no financieras (-9 puntos) y, sobre todo, la deuda de los bancos (-15 puntos) que se sitúa ahora en tercera posición. Esta evolución responde a una política económica mediante la que el Estado ha incrementado sus deudas con el Banco Central Europeo y con inversores extranjeros asumiendo el enorme endeudamiento de los bancos en crisis^[8], en lo que ha sido un claro ejemplo de socialización de las pérdidas del sector financiero. De este modo, se ha incrementado el déficit fiscal del Estado y una política de contención del gasto público, con los consiguientes recortes.

La tesis de las élites gobernantes es que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a la capacidad económica de la hacienda pública y que, por tanto, es imprescindible reducir las prestaciones y servicios, así como abrir procesos de privatización que impliquen una reducción del gasto. Consecuentemente, la deuda pública es presentada como la clave del desmantelamiento del estado de bienestar. El acuerdo entre PSOE y PP –adoptado con urgencia en el verano de 2011- blindó el pago anual de intereses de la deuda pública, modificando el artículo 135 de la Constitución con el fin de garantizar a los acreedores que dichos pagos “gozarán de prioridad absoluta”. A partir de entonces el “mandato constitucional” legitima el abandono del Pacto de Toledo sobre pensiones, los drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, la marcha atrás en la ley de dependencia, los recortes de salarios del funcionariado o la privatización de distintos servicios públicos, entre otras medidas “de ajuste”. En suma, los mismos argumentos y políticas que han servido durante décadas anteriores para expoliar a las clases populares de los países “periféricos” (en África, Asia y América Latina) han llegado para mostrarnos que en el marco del capitalismo globalizado no hay ciudadelas seguras ni derechos garantizados para siempre. Habrá, pues, que buscar soluciones explorando nuevos caminos. Entre ellas, sin  duda, la impugnación de buena parte de la deuda, tanto porque resulta impagable como porque sus orígenes son fraudulentos y ajenos a las responsabilidades de la mayoría social, así como la iniciativa de más de 50 organizaciones europeas en defensa de una nueva perspectiva frente al comercio, que sitúe a las personas y al planeta por delante de los intereses corporativos de las empresas.