A Chile acaba de llegar de presidenta la socialista Michelle Bachelet, que ya lo fue, con una formación que la sostiene compuesta de representantes que van desde la democracia cristiana, por el centro derecha, hasta los comunistas por la izquierda. Es una de las pocas ocasiones, en la historia reciente, en que una socialdemócrata llega al poder con una prioridad tan nítida: mejorar los estándares de igualdad de su país. No, como en tantas otras ocasiones, poner en marcha lo que la derecha no hizo (la modernización del país, los equilibrios macroeconómicos, recuperar el dinamismo de la economía...). No. Ahora se trata de hacer de Chile una sociedad menos desigual, lo que está en los genes de la socialdemocracia, al mismo nivel que la libertad. En resumen, Estado de derecho y Estado de bienestar.

En este sentido, Chile se va a convertir en un laboratorio para exportar o no su práctica política. Como lo fue con Salvador Allende, cuando un marxista llegó al poder a través de los votos y fue desalojado por un golpe de Estado militar en connivencia con la Escuela de Chicago. Bachelet ha anunciado 50 medidas para los primeros 100 días y una acción basada en tres grandes reformas: la de la educación (que dará resultados a medio y largo plazo), la fiscal (de efectos casi inmediatos) y la constitucional (para la cual necesitará apoyos externos a su propia formación).

La presidenta habrá de modificar el contrato social implícito que ha estado vigente en Chile y en otros muchos países de la región: un Estado pequeño al que las élites (económicas, financieras, políticas, intelectuales...) contribuían con impuestos generalmente bajos y del que, sin embargo, se beneficiaban mediante un conjunto de beneficios como las pensiones de jubilación, las indemnizaciones por despido... a los que solo tenían acceso esas élites y los trabajadores de la economía formal del sector privado (no las inmensas bolsas de economía sumergida).

Después de gastar esos impuestos por debajo de la media de los países de la OCDE en las citadas capas sociales, quedaba poca cosa para proporcionar bienes y servicios públicos (y menos de alta calidad) en los sectores de la educación, sanidad, infraestructuras y seguridad para la gran parte de la población. Así, en medio de “una economía sana, una democracia estable y una ciudadanía empoderada y consciente de sus derechos” (Bachelet) se desarrollaba un modelo de consumo y crecimiento, con escasa justicia social, del que millones de personas se sienten excluidas.

Esto es lo que tendrá que cambiar la nueva presidenta en tan solo cuatro años.