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NCeHu
80/14
Rumbo al XVI EnHu
América Latina como geografía
Bariloche, 6 al 10 de octubre
España
Exceso de capitalismo concesional y
rentista
Antón
Costas
El País
Madrid, 23/2/14
En una de mis clases de esta semana un
alumno del programa europeo Erasmus me hizo esta pregunta: ¿cuál es la causa de
que la economía española sea la que más rescates está haciendo, no solo de
bancos, sino de empresas privadas de infraestructuras, concesionarias de
autopistas y constructoras? La pregunta tiene sentido.
En principio, la
crisis, por sí sola, no tendría por qué llevar a que el sector público tuviese
que salir al rescate de muchas de estas empresas que han entrado en situación de
insolvencia, de la misma forma que no se rescatan empresas de otros sectores que
también lo están pasando mal. Debe haber algún rasgo específico en estas
actividades.
Antes de buscar una respuesta, parémonos en las
consecuencias.
Los recursos públicos usados para esta misión no pueden
ser utilizados en usos alternativos más útiles. En la medida en que pasan a
engrosar la deuda pública, los rescates son a la vez una carga y una sanguijuela
para los ciudadanos. Una carga que pesa y pesará sobre las condiciones de vida
de muchos ciudadanos, especialmente las generaciones más jóvenes, obligados a
pagar más impuestos. Y una sanguijuela, porque drena recursos para la sanidad,
las pensiones y otros servicios sociales. Además, obstaculiza la capacidad de
innovación y crecimiento de la economía y, por tanto, la creación de
empleo.
¿Qué justificación hay para estos rescates tan onerosos para los
ciudadanos y la economía?
En este caso, la justificación de los rescates
de concesionarias de obra pública, autopistas, aeropuertos o plantas de energías
renovables no viene, como en el caso de los bancos, de la existencia de un
riesgo sistémico. ¿De dónde, entonces? De la existencia de compromisos
adquiridos por las diferentes Administraciones públicas en los contratos
público-privados para la construcción y gestión privada de infraestructuras
públicas, para la inversión en determinados activos, como energías renovables, y
la gestión de servicios públicos. Compromisos ocultos, desconocidos por los
contribuyentes, en forma de garantías de cobertura de ingresos, concesión de
avales y otro tipo.
Según me dice mi amigo y compañero de cátedra en la
Universidad de Barcelona, Germà Bel, España es uno de los países con mayor
número de acuerdos público-privados de este tipo. En este sentido, es un país
del “sur”, dado que la evidencia empírica muestra que estos países tienen, en
términos relativos, un mayor número de concesiones de este tipo que los países
del “norte”.
¿A qué se debe este exceso? A la mayor cuantía y variedad de
las garantías ofrecidas por las Administraciones públicas a los inversores,
constructores y proveedores privados de infraestructuras de uso público y a la
inversión en activos productivos como los mencionados.
En muchos casos
los contratos de concesión establecen, con diferentes métodos regulatorios, el
compromiso público de pagar toda la inversión realizada, responda o no a las
necesidades del tráfico económico y a las de los ciudadanos, o la garantía de
que si las previsiones de ingresos estipuladas en los contratos de concesión no
se cumpliesen, las Administraciones públicas saldrían al rescate.
En
estas condiciones, es lógico que el constructor, el gestor privado de
infraestructuras o el inversor en plantas de energía renovables están muy
interesados en llevar la inversión al infinito. Su negocio está en construir e
instalar. Estarían dispuestos a cubrir de cemento todo el campo español. Si
después la demanda no cubre esa inversión y no genera retornos que cubran su
coste, ya vendrá la Administración al rescate. Se origina así una situación de
sobreinversión.
Este exceso de inversión no es desconocido para los
economistas. De hecho, se le conoce como efecto Averch Johnson, dos economistas
que en los años setenta estudiaron el comportamiento inversor de empresas
públicas y monopolios privados de servicios públicos a los que la Administración
les garantizaba unos más que razonables rendimientos para la inversión.
Comprobaron que el resultado era expandir el volumen de inversión al margen de
las necesidades o la demanda de esos servicios.
Un esquema de este tipo
inevitablemente da lugar a la aparición de amistades peligrosas entre política y
negocios; entre políticos, constructores y buscadores de rentas. El resultado ha
sido la aparición de un capitalismo concesional y rentista. Un capitalismo sin
riesgo. Un ejemplo es el actual sistema eléctrico español, que en muchos
sentidos ha dejado de ser una actividad industrial para convertirse en un
negocio financiero orientado a la extracción de rentas.
Junto con la
sobreinversión, la corrupción es un daño colateral de las amistades peligrosas
que alimenta este tipo de capitalismo.
Hay que ponerle freno. Pero no
será fácil. Está muy extendido. En todo caso, sus efectos cargarán sobre
nuestras espaldas durante mucho tiempo. Las garantías públicas concedidas son
pasivos ocultos que no están contabilizados en ninguna parte, pero que irán
cayendo como gota malaya sobre las cuentas públicas a medida que el cuento de la
lechera que justificó esa sobreinversión se disuelva.
Es necesario volver
a 1999. La economía española presentaba en aquel momento una composición de la
inversión muy favorable al capitalismo industrial y de riesgo. Y la balanza
comercial presentaba signo positivo. Desgraciadamente, la entrada en el euro,
con su maná de crédito barato y abundante, desvió el rumbo hacia el capitalismo
concesional y rentista. Pero, después de 12 años, la balanza comercial ha vuelto
a ser positiva y la composición de la inversión vuelve a favorecer a las
actividades industriales. Quién sabe, a lo mejor la crisis nos vuelve a la buena
senda. Ya lo dice el refrán, no hay mal que por bien no venga.
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