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España: crisis y
geografía
¡ Rajoy, vete !
Los malhechores y Rajoy
La
democracia y los ciudadanos merecen una explicación veraz sobre Bárcenas en el
Congreso
Hace mucho tiempo que el presidente del Gobierno debería
haber dado explicaciones sobre la trama de corrupción del caso Gürtel, complicada aún
más por las imputaciones a Luis Bárcenas, gerente y tesorero de su partido desde
1989 hasta 2009. Si algo empujaba a Rajoy a aplazar esas explicaciones,
confiando en que el paso del tiempo u otras circunstancias enterrasen el
problema en el olvido, el presidente debió haber cambiado radicalmente de
actitud el 31 de enero pasado, cuando este periódico publicó las anotaciones
contables que recogen donativos presuntamente ilegales y el reparto de gran
parte de esas sumas entre cargos del PP.
Sin embargo, el presidente del Gobierno se limitó en su día
a negar que él hubiera recibido o repartido dinero negro, dejando a sus
escuderos el trabajo de desacreditar lo publicado. Cinco meses después, el
conocimiento de los mensajes intercambiados con Bárcenas, algunos de ellos
cuando ya existía constancia judicial sobre la fortuna del extesorero,
compromete seriamente la posición del jefe del Ejecutivo. Por respeto al sistema
democrático, a los ciudadanos, a su propio partido y a sus votantes, el jefe del
Gobierno tiene que dar una explicación veraz ante el Congreso. De otro modo será
imposible que recupere su credibilidad.
También debe explicaciones públicas y precisas la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, sin permitir que Carlos Floriano siga
siendo la imagen visible de su partido, si es que en algo aprecia el futuro del
mismo. Es tarde para reparar los errores cometidos desde un principio, cuando se
intenta desde hace meses esquivar el problema de fondo, jugando con
insinuaciones, haciendo declaraciones ininteligibles, sin abordar el problema de
frente y pretendiendo ahora, en el colmo de los despropósitos, que existe una
connivencia entre el extesorero del PP y la oposición política. ¿Quién ha
convencido a estos portavoces de que los españoles son idiotas? Y si no ha sido
así, ¿por qué los tratan como a tales? El señor Bárcenas es un producto genuino
del Partido Popular y de nadie más. Es preciso aclarar quién fabricó a este
malhechor, quién lo alimentó y quién compartió con él sus fechorías. Pero el
partido gobernante ha dado todas las lecciones posibles sobre lo que no se debe
hacer cuando estalla un asunto de la gravedad del que nos ocupa. Ahora está
obligado a dar un giro inmediato.
Mención aparte merece la utilización de la prensa por parte
de los presuntos delincuentes imputados. Es sabido que tanto Bárcenas como
Correa se han entrevistado en los últimos meses con decenas de periodistas de
todos los medios, tratando de colocarles su particular mercancía. Merece la pena
recordar que esas conversaciones nada tienen que ver con el periodismo de
investigación y pueden contribuir a intoxicar al máximo el proceso. Si algo ya
sabemos a ciencia cierta es que Bárcenas es un mentiroso de aúpa y es
inadmisible que los acusados en un proceso pretendan marcar ellos los tiempos de
la justicia.
No puede repetirse el espectáculo de la administración de
mensajes de correo electrónico ofrecido por Diego Torres, antiguo socio de Iñaki
Urdangarin, en el procedimiento delcaso Nóos. El juez Ruz debe exigir a
Bárcenas que entregue todo el material de que disponga y que sea relevante para
la causa, sean mensajes o registros de llamadas telefónicas, correos
electrónicos o de otro tipo. Y también alguien debería explicar por qué todavía
no se han ordenado los registros pertinentes del archivo de Bárcenas, al que por
otro lado se le permitió durante meses hacer numerosos viajes al extranjero. La
sospecha de que se han podido destruir o fabricar pruebas en ese periodo es más
que razonable. La justicia no puede trabajar a impulsos de las estrategias de
las defensas. Más aún cuando el nuevo abogado de Bárcenas es otro antiguo
malhechor, Javier Gómez de Liaño, un exjuez condenado en su día por
prevaricación, expulsado de la judicatura por ello, e indultado después por el
Gobierno de Aznar, en agradecimiento por los servicios prestados con su
prevaricación.
La situación política es extremadamente grave. Corregir la
creciente inestabilidad corresponde al PP, cuya mayoría absoluta conseguida en
las últimas elecciones le confiere la responsabilidad de evitar a este país
traumas de consecuencias impredecibles. Habrá de hacerlo con el menor coste
posible, en una sociedad castigada por una larga crisis económica, de la que
costará mucho recuperarse. Por sentido de Estado y por obligación democrática,
el PP está obligado a abordar de frente el problema político creado por su mala
gestión del caso
Bárcenas.