1) Guillermo Almeyra: Por un frente obrero-popular en defensa de los derechos sindicales

En el actual conflicto entre el sindicato de camioneros y el gobierno se juega el control de los sindicatos y de la CGT por éste y la necesidad del gobierno de impedir toda resistencia obrera a las facilidades dadas al gran capital industrial, petrolero y minero para tratar de capear las crecientes dificultades económicas resultantes precisamente de la aplicación de una política distributiva y asistencialista diseñada para aumentar las ganancias de los capitalistas (aumento de la productividad obrera, salarios bajos y controlados, fuerte porcentaje de la mano de obra en negro), dejando para la asistencia estatal las necesidades de los trabajadores y de los sectores pobres de las clases medias en servicios y viviendas y haciendo de los salarios reales una variable. Como Margaret Thatcher en su momento, cuando se lanzó contra los mineros, el sindicato inglés más fuerte, Cristina Fernández debe ajustar cuentas con sus valiosos aliados anteriores- los dirigentes sindicales burocráticos de la CGT- porque por sobre ellos y haciendo de ellos los cabeza de turco dado el desprestigio que tienen, se lanza a desmantelar la resistencia obrera.

La burocracia sindical es la expresión de la ideología y de la dominación capitalista en el movimiento obrero. Pero lo es de un modo particular, porque al mismo tiempo debe expresar deformadamente los intereses de los trabajadores de base, a los que, simultáneamente, sirve como productores y consumidores y traiciona como proletarios y ciudadanos. El fascismo y los gobiernos burgueses más duros no pueden aceptar sindicatos con cierta independencia y menos aún sindicatos democráticos. Recurren a aparatos corporativos, sometidos, intermediarios del gran capital ante los trabajadores. La debilidad del movimiento sindical reivindicativo, al mismo tiempo, radica en que en los momentos de crisis capitalista representan sólo al sector más acomodado de los obreros ocupados y no al conjunto de los trabajadores y, en particular, tampoco a los mercerizados, en negro, o a los que están dispersos en pequeños talleres. Los aparatos burocráticos, además, están desprestigiados ante sus bases por su corrupción y su autoritarismo y conservadurismo y son vulnerables al ataque gubernamental contra los bienes sindicales (obras sociales, cuentas bancarias). Para defender los sindicatos, por consiguiente, hay que ir más allá de cómo son  hoy y democratizarlos combinando movimientos de base con la afiliación masiva y con la construcción de comités de fábrica, de lucha, de empresa, o sea con organismos que agrupen afiliados y no afiliados sobre una base ágil y democrática.

Pero existe también un interés común entre esta base democrática que va más allá de los aparatos burocráticos y adopta decisiones independientes y los aparatos sindicales, frente al patrón y al Estado de los capitalistas. Ese interés reside en la defensa intransigente de la independencia de clase frente al Estado, los patrones, los partidos de éstos. Porque si enjuicia a los dirigentes camioneros por mantener una movilización durante una paritaria, el gobierno actúa como defensor de los patrones y no quiere sólo golpear a dirigentes que no le son fieles sino, sobre todo y particularmente, a la organización sindical.

Perón reprimía las huelgas de los obreros peronistas con el argumento infame que usaba también Stalin: los obreros no pueden hacer huelga contra su propio Estado. Ahora bien, mientras unos trabajen para que otros vivan bien, los que trabajan tienen intereses propios frente incluso a “su” supuesto gobierno o Estado y deben defenderse de éste. Supuesta heredera de un supuesto “Movimiento nacional y popular” que sólo existió en la imaginación de charlatanes como Laclau, Cristina Fernández cree dirigir una amalgama entre un sector obrero, la polvareda social de los sectores de las clases medias pobres, y el poderoso sector de los grandes industriales y comerciantes. Organizativamente, eso se expresa en una CGT burocratizada y progubernamental, las corporaciones empresariales e industriales y las agrupaciones políticas burocráticas (líderes locales territoriales y sus punteros y las agrupaciones tipo La Cámpora creadas y financiadas desde arriba). O sea, mediante un sistema corporativo semejante al del fascismo italiano, cuyo vértice –el Duce o la Líder- se mueve con aparente independencia según el momento y las presiones.

Néstor Kirchner, de modo clásico, gobernó con Hugo Moyano como vicepresidente del partido y negociando con los intendentes, gobernadores y otros barones. Cristina Fernández, en su soberbia, pero presionada también por la crisis, cree en cambio poder prescindir de los burócratas sindicales y de los barones territoriales y gobernar con su propio aparato pagado y dependiente de ella, La Cámpora. Quita la obra social, que es de los afiliados, al sindicato de trabajadores rurales, enjuicia a los líderes camioneros, quiere darle la CGT a los Gordos, que son felpudos del capital y de los gobiernos, va a una prueba de fuerza con el sindicato más fuerte y estratégico –camioneros- y con el líder burocrático que hasta hace poco era su aliado y puntal.

Éste, por su parte, resucita un  lenguaje clasista y los programas de Huerta Grande y La Falda y denuncia la ruptura de CFK con el peronismo histórico, tratando de superar por la izquierda a la Líder que busca una nueva reelección (que según su ideólogo Laclau debería ser por tiempo indefinido). Como parte de esta izquierdización de Moyano, que le atrae los rayos del gobierno,  figura la consigna de eliminar para los trabajadores el Impuesto a las Ganancias porque el salario no es ganancia. El gobierno responde con represión y judicialización de la lucha por un aumento salarial que al menos absorba la inflación real porque busca, precisamente, disminuir los ingresos reales aunque aumente los nominales y acabar con toda relativa independencia sindical.

La CTA- Micheli apoya ya al sindicato de camioneros y parte de la izquierda también. Esta lucha es también nuestra. Porque es una lucha contra la represión, por la liberación de los presos sociales, por paritarias libres, por aumentos por sobre la inflación, por la eliminación del Impuesto a las Ganancias que se aplica a los salarios, por una CGT independiente del Estado. Por eso hay que formar un Frente obrero-popular que derrote los intentos represivos y antisindicales del gobierno.—  BAS, 21 junio 2012

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

2) Rolando Astarita: Moyano contra el gobierno

El conflicto entre el sindicato de Camioneros y el gobierno divide aguas en la política argentina, y de manera tajante. Es que Moyano ha puesto en primer plano tres reivindicaciones que afectan al conjunto de los trabajadores, que son el impuesto a las ganancias sobre los salarios, las asignaciones familiares para los ingresos mayores a 5200 pesos, y la ruptura del tope que quiere imponer el gobierno a las discusiones salariales. Por supuesto, se puede objetar que Moyano convocó al paro y a la movilización a la plaza de Mayo de forma burocrática, y motivado en buena medida por las diferencias que mantiene con la presidenta. Sin embargo, el hecho clave es que las reivindicaciones mencionadas interesan a los trabajadores de conjunto,y por eso los esfuerzos de los defensores del gobierno para debilitar el reclamo y aislar a los camioneros. Los K-argumentos son variados. Así, se sostiene que es irresponsable poner en jaque servicios básicos por demandas salariales o condiciones de trabajo; que hay que anteponer los intereses nacionales a los sectoriales; que es necesario defender “el modelo productivo y con inclusión social”; que Moyano es funcional a los intereses de Clarín (“llama a un paro nacional desde TN”, se observa); y que ir a la Plaza de Mayo implicaría fortalecer a la burocracia sindical. Pero no son argumentos sólidos.

En primer lugar, hay que decir que la mayoría de las huelgas afectan, de una manera u otra, servicios esenciales, por la simple razón de que el trabajo asalariado es la base sobre la que se levanta la sociedad entera, con sus expresiones políticas, jurídicas, culturales e ideológicas. Pero además, en la sociedad capitalista el trabajo es explotado (un “detalle” que pasan por alto los K-revolucionarios) y en consecuencia, la manera más efectiva que tienen los explotados de defender el salario y condiciones laborales es con la huelga, con la negativa a trabajar. Por eso, incluso sectores de la derecha muy enfrentados al gobierno rechazan y critican a los trabajadores. “Afectan a la población”, “perjudican a otros trabajadores”, “los usuarios son los rehenes”, son las cantinelas que machacan sin descanso los grandes medios, y repiten como loros los funcionarios y los defensores de la presidenta. Lo mismo dicen cuando hay paros de subterráneos, o colectivos, o de cualquier otro servicio. Es la forma más efectiva que tienen siempre los reaccionarios para salir en defensa del capital, y del estado capitalista, cuando hay conflictos gremiales. Es necesario enfrentar ese discurso, ya que apunta a debilitar el derecho de huelga, y prepara el terreno ideológico y político para avanzar con medidas represivas. Entre ellas, la aplicación de la reaccionaria Ley de Abastecimiento, y sacar a la calle a la Prefectura y Gendarmería.

En segundo lugar, el argumento de que es necesario defender la unidad nacional, es el típico que antepone la conciliación entre las clases a la defensa de los intereses del trabajo frente al capital. Aquí se evidencia el abismo que separa a los marxistas de los defensores del orden establecido. También se desnuda el rol reaccionario que juega la ideología patriótica, en la que participan todas las fuerzas enemigas del socialismo. Aunque la esencia del asunto es otra, ya que la clase dominante, el gobierno y los altos funcionarios del estado, no están defendiendo a la patria, sino sus intereses de clase. Los que llaman a “deponer intereses sectoriales porque hay que pensar en el interés nacional”, son los mismos que amasan fortunas, encaramados en altos puestos del estado o explotando directamente al trabajo.

Algo similar puede decirse acerca del llamado a “defender el modelo”. La realidad es que “el modelo” hoy está avanzando sobre los salarios (como explicamos en una nota anterior). Con la inflación por arriba del 25% anual, y todas las paritarias cerrando con aumentos de entre el 20% y 25% (al pasar, los docentes universitarios cerraron con aumentos de solo el 20,5%), lo que se está operando es un “ajuste”. Para colmo, la mayoría de los aumentos son escalonados. En otras palabras, desde el gobierno, y con acuerdo de las patronales, se están bajando los salarios en términos reales. ¿Por qué los trabajadores tienen que defender esta política “del modelo”? Es natural que la defiendan los funcionarios -para eso les paga el capital-, pero los asalariados no tienen por qué consentir o aplaudir su empobrecimiento. Esto sin entrar a considerar otros aspectos del asunto, como es la distribución del ingreso extremadamente desigual (en relación a otros países capitalistas), o la pobreza y la indigencia que siguen afectando a amplios sectores de la población.

En cuanto a que Moyano ahora recibe prensa de Clarín (y posiblemente el aplauso de sectores de la derecha más recalcitrante), es absolutamente cierto. Pero nunca la lucha de clases se da de manera pura. A medida que surgen dificultades económicas, es inevitable que se agudicen los conflictos sociales, y por lo tanto las contradicciones en la misma clase dominante. ¿Por qué los trabajadores, o la izquierda, no van a aprovecharlas? En El Capital Marx señala cómo la clase obrera inglesa aprovechó en su favor las diferencias entre terratenientes e industriales para conseguir la reducción de la jornada de trabajo. En innumerables países y circunstancias, el trabajo avanzó, o defendió posiciones, aprovechándose de esas diferencias. Argentina no fue, ni es la excepción. ¿Por qué entonces la clase trabajadora, o cualquier otro sector en lucha, debería renunciar a estas posibilidades? Muchos intelectuales progres y de izquierda justifican, en aras de la “alta estrategia política”, cualquier bajeza. Pero ponen el grito en el cielo cuando esto lo hacen los trabajadores en lucha contra el gobierno.

Algo similar puede decirse sobre el argumento de que Moyano es un burócrata. “¿Están ustedes con la burocracia sindical?”, pregunta el K-progresista a la izquierda. Para algunos, el “problema” de la burocracia pasa a segundo plano cuando ésta opera a favor del gobierno y la conciliación de clases, pero se convierte en tema “de principios” cuando interviene en un sentido “no conveniente” para los intereses “patrióticos”. Sin embargo, también es posible que algún sector de izquierda ultra, teñido de infantilismo ultraizquierdista, adopte la táctica abstencionista (“no podemos participar en ningún acto convocado por la burocracia”). Frente a esto, hay que recordar lo que ya dijimos: ninguna lucha se da de manera pura, y menos en un período en que hay una profunda debilidad de las fuerzas socialistas, o simplemente “clasistas”. Por eso, lo fundamental a tener presente es que en esta pelea un triunfo de las reivindicaciones planteadas por el sindicato de Camioneros beneficiaría al conjunto de la clase trabajadora. Naturalmente, el ala de Moyano también se fortalecería (así como se fortalecerían los Barrionuevo y Lezcano si fuera derrotada). Es inevitable que sea así, dada la debilidad de los sectores antiburocráticos. Pero en la medida en que la clase obrera tenga éxito en la defensa de los salarios y condiciones laborales, mejoran las condiciones para proponerse objetivos más altos, incluyendo la democratización de los sindicatos.

Los intereses generales

Por todo lo anterior, y desde mi humilde posición, pienso que sería conveniente que las fuerzas de izquierda y progresistas, y los activistas y militantes obreros y antiburocráticos, procuren extender y levantar los intereses generales del movimiento. Hay tres reivindicaciones que son centrales, y no atañen solo a Camioneros: romper los topes salariales; suprimir la restricción de las asignaciones familiares y acabar con el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores asalariados. Son reivindicaciones elementales, referidas a la distribución entre el salario y la plusvalía. Son tan elementales, que la posición del gobierno no resiste el análisis. Por ejemplo, en este país, si una persona compra terrenos fiscales a precio vil, y los vende al año por un precio 10 veces superior, ganando en la diferencia millones de dólares, no paga impuestos a las ganancias. Pero un trabajador, padre de familia, que recibe poco más de 8000 pesos, paga impuestos a las ganancias. Hace falta mucha dialéctica parlanchina para explicar que esto “está de acuerdo con la esencia del movimiento nacional”.

Sin embargo, a lo anterior agregaría una cuarta reivindicación esencial: la lucha contra el trabajo en negro y precarizado. Casi el 40% de los trabajadores están en esta situación, ante la pasividad casi completa del Ministerio de Trabajo y de otras instituciones estatales. Hace poco una trabajadora me decía que había estado empleada en una tienda importante (una cadena), en pleno Centro porteño, sin obra social ni aportes jubilatorios, con un salario de apenas 2800 pesos mensuales a cambio de un trabajo de 66 horas semanales. Cuando se quejó, la echaron, sin indemnización. Como éste, hay decenas de miles de casos. La defensa de los intereses de los trabajadores debe ser integral. Los trabajadores en negro se han convertido en una parte importante del “modelo K”. Es necesario acabar con esta situación. Por eso, habría que incorporar la reivindicación de acabar con el trabajo en negro al reclamo anterior. Por supuesto, quedan otras cuestiones, igualmente candentes; entre ellas, el reclamo por las jubilaciones (el 70% de los jubilados recibe un ingreso literalmente de miseria). Lo importante sería unir fuerzas en torno a lo más sentido y urgente. La confluencia en una unidad de acción -como puede ser la marcha a la Plaza de Mayo, y otras acciones- sería un paso en el sentido correcto. A pesar de las diferencias que desde la izquierda sigamos teniendo con Moyano y los dirigentes burocráticos. El conflicto planteado divide aguas, y hay que saber en qué lado estar.

Rolando Astarita es un reconocido economista marxista argentino, de cuyo blog está tomado este texto

3) Julio Gambina: Argentina en la cumbre mexicana del G20

La principal decisión asumida en Los Cabos, México por el cónclave de los presidentes del G20 es la capitalización del FMI por 456.000 millones de dólares.

Como parte de ese monto, la zona del euro le aportará al organismo 200.000 millones, de los cuales, los españoles se comprometieron con 18.800 millones. Es sabido que Europa y el euro estuvieron en el centro de los debates, por la crisis y el ajuste que ella supone. Así y todo, los gobernantes de la eurozona transferirán nada menos que 200 mil millones de dólares al FMI…, para prestarle a los “países en problemas”. Suena increíble pero es verdad.

La crisis se manifiesta en crecimiento del desempleo, la marginación, el empobrecimiento, y dificultades de la población de menores ingresos; y la solución es acrecentar la capacidad de préstamos del FMI. Si hay un organismo responsable de la crisis en curso es precisamente el FMI.

Sorprende que países como Brasil e India, con inmensos bolsones de pobreza y atraso, cada uno aportará 10.000 millones de la moneda estadounidense al Fondo; igual que Rusia con una cifra similar. China, otro que concentra inmensa población empobrecida contribuirá con 43.000 millones; y Sudáfrica con 2.000 millones. Imaginemos esos fondos aplicados a políticas alternativas en beneficio de los más necesitados entre los pueblos de esos mismos países.

Todos ellos son los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los “emergentes” que están de moda; los que se supone disputan la hegemonía mundial desde su lugar ascendente en la economía; que obviamente incluye el financiamiento de la crisis.

Alguna vez mencionamos que la categoría “emergente” supone una calificación funcional a las necesidades de inversión del capital global. Se es emergente ante la vista del inversor que busca niveles adecuados de rentabilidad. En la crisis “emergen” ciertos países, donde conviene invertir.

Son emergentes para los inversores. No es una calificación que destaca virtudes sobre las condiciones de vida de la población, sino que apuntan a virtudes requeridas por los capitales en búsqueda de ganancias, precisamente en momentos de crisis, donde el eje es la dificultad para valorizar a los capitales.

Otros emergentes también aportan, tal el caso de Corea del Sur, que aportará 15.000 millones de dólares; México lo hará con 10.000 millones; Turquía con 5.000 millones; y Colombia con 1.500 millones.

Por su parte, Japón se anotó con 60.000 millones, y EEUU se abstuvo de aportar en la ocasión, en un claro acto de transferencia de los costos de la crisis mundial al resto del mundo.

El G20 recapitaliza al FMI, tal como ya hizo en ocasiones anteriores, ahora con 456.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para prestarle a los países endeudados (“países con problemas”), para que puedan cancelar sus deudas con los bancos y aportar al salvataje del sistema bancario en crisis.

La voz de los “20”, más allá de altisonantes declaraciones a favor del “crecimiento y del empleo”, volvieron a salvar a los bancos en problemas, y lo hicieron con recursos públicos.

El Estado salió nuevamente a resolver los problemas del capitalismo en crisis. ¿No era que había que evitar la participación del Estado en la Economía? ¿Dónde quedó el credo liberal, o neoliberal? ¿Son todos keynesianos? Keynes era un neoclásico, que pensó en la renovación del pensamiento hegemónico ante la crisis para salvar al capitalismo en la década del 30 del Siglo XX; que ahora se manifiesta como un modo de pensar “pragmático” en la coyuntura de la recidiva crisis del capitalismo.

Todas las fichas al crecimiento

Lo que hay que salvar es el funcionamiento del capitalismo, y por eso las llamadas a la salida de la recesión o desaceleración económica. El G20 se pronuncia por aplicar “políticas de crecimiento”, como si cualquier crecimiento fuera bueno en sí mismo.

Es algo a interrogar a los ambientalistas reunidos en Río de Janeiro a propósito de la contaminación de la “cidade maravilhosa”, con la Bahía de Guanabara “poluída” (altamente contaminada), situación similar a lo que ocurre en las grandes ciudades de nuestramérica (de la crónica de María Elena Saludas, participante de la cumbre popular en Río+20).

Vale la crónica ya que una de las propuestas del G20 se concentra en la inversión para infraestructura, que suena muy bien a los oídos “keynesianos, desarrollistas, o neo desarrollistas”, que asocian “inversión” con “crecimiento” y “bienestar”.

Así se justifica la inversión en infraestructura para saquear las riquezas naturales de nuestramérica, para lo que vale recordar la vieja “conquista”, y por qué no, la nueva aventura por la mega minería a cielo abierto, o la sojización de los países del Mercosur, proceso que entre otras cuestiones, desestabiliza al presidente paraguayo, tal como denuncia Idilio Méndez en su artículo: “Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo”.

Es Monsanto la misma empresa que enorgulleció a la presidente de la Argentina en la reciente reunión en Nueva York con los empresarios estadounidenses, donde se conocieron las inversiones de la transnacional por 150 millones de dólares en las provincias de Córdoba y Tucumán.

¿Estamos contra el crecimiento y las inversiones? No. El problema es que no se trata de cualquier crecimiento, ni de cualquier inversión. Si la inversión capitalista se define por la obtención de ganancia del inversor, resulta conveniente discutir bajo qué circunstancias se define la inversión capitalista, especialmente cuando se alude al capital global.

El G20 apunta a la búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad del capital, y no necesariamente a satisfacer necesidades de la población.

En los medios de comunicación y en la sociedad se instaló un debate donde los “buenos” son los que recomiendan políticas de crecimiento, entre los que estaría EEUU (Obama necesita un repunte económico para ganar un segundo periodo en las próximas elecciones de renovación presidencial en noviembre) y los países emergentes (recordar el significado de emergente); y los “malos” los que sostienen políticas de austeridad y ajuste, especialmente Europa, y más precisamente Alemania.

Entre los primeros están los críticos de las políticas neoliberales, aunque no tengan reparos a la hora de otorgarle 456.000 millones de dólares al FMI para facilitar créditos condicionados a los países en problemas. Son condicionamientos que incluyen la campaña electoral, como en Grecia, donde el FMI chantajeó para que la Izquierda Radical no triunfara en las elecciones recientes, claro que fue una gestión en la que estuvo acompañado por el Banco Central Europeo y las autoridades de la Eurozona.

No hay buenos y malos en la consideración de la crisis; solo matices sobre como “resolver la crisis capitalista”, y por eso el “crecimiento”, para restablecer el consumo, sí, pero especialmente la valorización, esencia del desarrollo de la sociedad capitalista. Es necesario que aparezca una voz diferenciada, con críticas al capitalismo en crisis, y que proponga superar, no solo la crisis, sino el capitalismo.

Restaurar la confianza

Junto al crecimiento buscado, se puede leer en las Declaraciones finales del G20 que superar la recesión y desaceleración, restablecerá la “confianza”.

Es bueno interrogarse ¿confianza en que qué, para qué, en quiénes?

Entre las medidas sustentadas en la Declaración del G20 se puede leer el estímulo a la búsqueda de acuerdos para una unión bancaria en Europa, para “examinar medidas concretas en vista a una arquitectura financiera más integrada, que incluya la supervisión, la reestructuración y la recapitalización bancarias, así como el aseguramiento de los depósitos”, todo a junto a promover “empleo de calidad”. Confianza en el sistema bancario.

El discurso de la regulación bancaria y la arquitectura financiera está dicho luego del salvataje de la banca española por 100.000 millones de euros; de la estafa de banqueros y ejecutivos de cuantiosos ingresos pese a la crisis, al desempleo y a la miseria. Claro, todo para salvaguardar el sistema, los depósitos y los “empleos de calidad”.

Resulta poco creíble pensar en las resoluciones del G20 como “medidas necesarias para reforzar el crecimiento mundial y restaurar la confianza”, como si en ello fuera el buen vivir de la población vulnerable. ¿Cuántos recursos públicos han sido ya canalizados al salvataje de bancos y empresas quebradas?

Parte de la búsqueda de la confianza se concentra en el llamado a una “tregua” en las acciones proteccionistas sobre el comercio mundial, por lo menos hasta el 2014. Es el eufemismo para instalar el discurso hegemónico del capital transnacional por la liberalización de la economía mundial.

Es el programa de la OMC, de los Organismos financieros internacionales, y el legado principal de lo que se llamó el Consenso de Washington: la promoción del libre comercio, del libre cambio, de la apertura de los mercados para la penetración de los capitales más concentrados.

Cada G20 termina siempre con evocación al programa de máxima: la liberalización de la economía mundial, base de sustentación del programa de salida de la crisis de los 70´, y que en la región americana se manifestara a través del ALCA, y luego en los tratados regionales o bilaterales por el libre comercio. No en vano una de las noticias que presentó Obama a los anfitriones, fue la invitación a México para ser parte del Acuerdo de Asociación Transpacífica, una negociación comercial plurilateral que involucra además del país azteca, a Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Malasia, Singapur, Viet Nam, Chile, Perú y EEUU.

Este es un proyecto que involucra a 500 millones de habitantes; un 26% del PBI mundial; un 15% de las exportaciones mundiales y un 18% de las importaciones globales. Es un acuerdo que EEUU utiliza para su proyección sobre el Pacífico en competencia con China.

La confianza buscada es para relanzar el proyecto capitalista y superar la crisis. En el próximo tramo brasileño de los debates, “Río+20”, se incorporarán los mensajes de un “capitalismo verde”, con “empleos verdes”. Es un mensaje que busca consenso social ante la conciencia ecologista vigente. Pero ese proyecto verde, de ensoñación de los ideólogos del capitalismo contemporáneo, se asocia a la explotación depredadora de los recursos naturales.

¡Ojo con la confianza a restaurar! La confianza puede hacernos cambiar nuestras riquezas naturales por espejitos de color, verde, por supuesto.

La propuesta es por otro modelo productivo y de desarrollo

En variados debates me señalan mi pesimismo en las “soluciones” que se ensayan, incluso en “gobiernos progresistas” (que no dejan de ser capitalistas).

Son los mismos que me endilgan mi optimismo por la creciente “indignación” de un movimiento social que no tiene claridad sobre el rumbo a seguir, y solo se afirma en el NO a la realidad que les toca vivir, la del ajuste y la austeridad (Grecia, Italia, Europa en general, ahora, y de Nuestramérica en las últimas dos décadas del Siglo XX).

No es menor afirmarse en el NO. A veces es un grito de dignidad, aunque no se conozcan los SI, y que sin embargo se abren paso entre nuevos desafíos que instala el constitucionalismo renovado en Bolivia, Ecuador, o Venezuela; la propia renovación socialista en Cuba, e incluso las búsquedas de expresiones organizadas del movimiento popular por un movimiento de constituyentes sociales, que emergen en Argentina, Chile, Colombia, entre otras experiencias de organización popular en la construcción de un proyecto emancipador. En ese camino se inscribe la lucha por la soberanía alimentaria, energética, financiera, ambiental.

Los NO son el modelo productivo y de desarrollo capitalista contemporáneo, sustentado a la superexplotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales. Los SI apuntan a nuevas formas de relación económica, social, política y cultural para reproducir la vida cotidiana en armonía con el conjunto social y los bienes comunes.

En definitiva, ni pesimismo, ni optimismo, sino reivindicación del NO y emergencia y difusión de nuevos SI. ¿Resulta simple? Claro que no. Es parte de la búsqueda por una nueva sociedad. El fantasma de los indignados recorre el planeta, y no se trata de “jóvenes interconectados” mediante nuevas tecnologías de comunicación y redes sociales, sino de trabajadores sin empleo, flexibilizados, precarizados, súper explotados, mayoritariamente jóvenes que rechazan el presente sin futuro y reescriben su propia historia emancipadora, liberadora.

Si el ciclo inaugurado por el Manifiesto hizo evidente el surgimiento de la práctica y teoría revolucionaria que inspiró históricas luchas de clases entre 1848 y la ruptura de la bipolaridad; el presente es un momento de imaginación creativa en la emergencia de renovadas perspectivas para la teoría y práctica de la revolución.

.