1) Guillermo Almeyra: Por un
frente obrero-popular en defensa de los derechos
sindicales
En el actual conflicto entre
el sindicato de camioneros y el gobierno se juega el control de los
sindicatos y de la CGT por éste y la necesidad del gobierno de impedir
toda resistencia obrera a las facilidades dadas al gran capital
industrial, petrolero y minero para tratar de capear las crecientes
dificultades económicas resultantes precisamente de la aplicación de una
política distributiva y asistencialista diseñada para aumentar las
ganancias de los capitalistas (aumento de la productividad obrera,
salarios bajos y controlados, fuerte porcentaje de la mano de obra en
negro), dejando para la asistencia estatal las necesidades de los
trabajadores y de los sectores pobres de las clases medias en servicios y
viviendas y haciendo de los salarios reales una variable. Como Margaret
Thatcher en su momento, cuando se lanzó contra los mineros, el sindicato
inglés más fuerte, Cristina Fernández debe ajustar cuentas con sus
valiosos aliados anteriores- los dirigentes sindicales burocráticos de la
CGT- porque por sobre ellos y haciendo de ellos los cabeza de turco dado
el desprestigio que tienen, se lanza a desmantelar la resistencia
obrera.
La burocracia sindical es la
expresión de la ideología y de la dominación capitalista en el movimiento
obrero. Pero lo es de un modo particular, porque al mismo tiempo debe
expresar deformadamente los intereses de los trabajadores de base, a los
que, simultáneamente, sirve como productores y consumidores y traiciona
como proletarios y ciudadanos. El fascismo y los gobiernos burgueses más
duros no pueden aceptar sindicatos con cierta independencia y menos aún
sindicatos democráticos. Recurren a aparatos corporativos, sometidos,
intermediarios del gran capital ante los trabajadores. La debilidad del
movimiento sindical reivindicativo, al mismo tiempo, radica en que en los
momentos de crisis capitalista representan sólo al sector más acomodado de
los obreros ocupados y no al conjunto de los trabajadores y, en
particular, tampoco a los mercerizados, en negro, o a los que están
dispersos en pequeños talleres. Los aparatos burocráticos, además, están
desprestigiados ante sus bases por su corrupción y su autoritarismo y
conservadurismo y son vulnerables al ataque gubernamental contra los
bienes sindicales (obras sociales, cuentas bancarias). Para defender los
sindicatos, por consiguiente, hay que ir más allá de cómo son hoy y
democratizarlos combinando movimientos de base con la afiliación masiva y
con la construcción de comités de fábrica, de lucha, de empresa, o sea con
organismos que agrupen afiliados y no afiliados sobre una base ágil y
democrática.
Pero existe también un interés
común entre esta base democrática que va más allá de los aparatos
burocráticos y adopta decisiones independientes y los aparatos sindicales,
frente al patrón y al Estado de los capitalistas. Ese interés reside en la
defensa intransigente de la independencia de clase frente al Estado, los
patrones, los partidos de éstos. Porque si enjuicia a los dirigentes
camioneros por mantener una movilización durante una paritaria, el
gobierno actúa como defensor de los patrones y no quiere sólo golpear a
dirigentes que no le son fieles sino, sobre todo y particularmente, a la
organización sindical.
Perón reprimía las huelgas de
los obreros peronistas con el argumento infame que usaba también Stalin:
los obreros no pueden hacer huelga contra su propio Estado. Ahora bien,
mientras unos trabajen para que otros vivan bien, los que trabajan tienen
intereses propios frente incluso a “su” supuesto gobierno o Estado y deben
defenderse de éste. Supuesta heredera de un supuesto “Movimiento nacional
y popular” que sólo existió en la imaginación de charlatanes como Laclau,
Cristina Fernández cree dirigir una amalgama entre un sector obrero, la
polvareda social de los sectores de las clases medias pobres, y el
poderoso sector de los grandes industriales y comerciantes.
Organizativamente, eso se expresa en una CGT burocratizada y
progubernamental, las corporaciones empresariales e industriales y las
agrupaciones políticas burocráticas (líderes locales territoriales y sus
punteros y las agrupaciones tipo La Cámpora creadas y financiadas desde
arriba). O sea, mediante un sistema corporativo semejante al del fascismo
italiano, cuyo vértice –el Duce o la Líder- se mueve con aparente
independencia según el momento y las presiones.
Néstor Kirchner, de modo
clásico, gobernó con Hugo Moyano como vicepresidente del partido y
negociando con los intendentes, gobernadores y otros barones. Cristina
Fernández, en su soberbia, pero presionada también por la crisis, cree en
cambio poder prescindir de los burócratas sindicales y de los barones
territoriales y gobernar con su propio aparato pagado y dependiente de
ella, La Cámpora. Quita la obra social, que es de los afiliados, al
sindicato de trabajadores rurales, enjuicia a los líderes camioneros,
quiere darle la CGT a los Gordos, que son felpudos del capital y de los
gobiernos, va a una prueba de fuerza con el sindicato más fuerte y
estratégico –camioneros- y con el líder burocrático que hasta hace poco
era su aliado y puntal.
Éste, por su parte, resucita
un lenguaje clasista y los programas de Huerta Grande y La Falda y
denuncia la ruptura de CFK con el peronismo histórico, tratando de superar
por la izquierda a la Líder que busca una nueva reelección (que según su
ideólogo Laclau debería ser por tiempo indefinido). Como parte de esta
izquierdización de Moyano, que le atrae los rayos del gobierno,
figura la consigna de eliminar para los trabajadores el Impuesto a
las Ganancias porque el salario no es ganancia. El gobierno responde con
represión y judicialización de la lucha por un aumento salarial que al
menos absorba la inflación real porque busca, precisamente, disminuir los
ingresos reales aunque aumente los nominales y acabar con toda relativa
independencia sindical.
La CTA- Micheli apoya ya al
sindicato de camioneros y parte de la izquierda también. Esta lucha es
también nuestra. Porque es una lucha contra la represión, por la
liberación de los presos sociales, por paritarias libres, por aumentos por
sobre la inflación, por la eliminación del Impuesto a las Ganancias que se
aplica a los salarios, por una CGT independiente del Estado. Por eso hay
que formar un Frente obrero-popular que derrote los intentos represivos y
antisindicales del gobierno.— BAS, 21 junio
2012
Guillermo
Almeyra es miembro del
Consejo Editorial de SinPermiso.
2) Rolando Astarita: Moyano
contra el gobierno
El conflicto entre el sindicato de Camioneros
y el gobierno divide aguas en la política argentina, y de manera tajante.
Es que Moyano ha puesto en primer plano tres reivindicaciones que afectan
al conjunto de los trabajadores, que son el impuesto a
las ganancias sobre los salarios, las asignaciones familiares para los
ingresos mayores a 5200 pesos, y la ruptura del tope que quiere
imponer el gobierno a
las discusiones salariales. Por supuesto, se puede objetar que Moyano
convocó al paro y a la movilización a
la plaza de Mayo de forma burocrática, y motivado en buena medida por las
diferencias que mantiene con la presidenta. Sin embargo, el hecho
clave es que las reivindicaciones mencionadas interesan
a los trabajadores de
conjunto,y por eso los
esfuerzos de los defensores del gobierno para debilitar el reclamo y
aislar a los camioneros. Los K-argumentos son
variados. Así, se sostiene que es irresponsable poner en jaque servicios
básicos por demandas salariales o condiciones de trabajo; que hay que
anteponer los intereses nacionales a
los sectoriales; que es necesario defender “el modelo productivo y con
inclusión social”; que Moyano es funcional a
los intereses de Clarín (“llama a
un paro nacional desde TN”, se observa); y que ir a
la Plaza de Mayo implicaría
fortalecer a la burocracia sindical. Pero no son
argumentos sólidos.
En primer lugar, hay que decir que la
mayoría de las huelgas afectan, de una manera u
otra, servicios esenciales, por la simple razón de que el trabajo
asalariado es la base sobre la que se levanta la sociedad entera, con sus
expresiones políticas, jurídicas, culturales e ideológicas. Pero además,
en la sociedad capitalista el trabajo es explotado (un “detalle” que pasan
por alto los K-revolucionarios) y en consecuencia, la manera más efectiva
que tienen los explotados de defender el salario y condiciones laborales
es con la huelga, con la negativa a
trabajar. Por eso, incluso sectores de la derecha muy enfrentados al
gobierno rechazan y critican a
los trabajadores. “Afectan a
la población”, “perjudican a
otros trabajadores”, “los usuarios son los rehenes”, son las cantinelas
que machacan sin descanso los grandes medios, y repiten como loros los
funcionarios y los defensores de la presidenta. Lo mismo dicen cuando hay
paros de subterráneos, o colectivos, o de cualquier otro servicio. Es la
forma más efectiva que tienen siempre los reaccionarios para salir en
defensa del capital, y del estado capitalista, cuando hay conflictos
gremiales. Es necesario enfrentar ese discurso, ya que apunta a
debilitar el derecho de huelga, y prepara el terreno ideológico y político
para avanzar con medidas represivas. Entre ellas, la aplicación de la
reaccionaria Ley de Abastecimiento, y sacar a
la calle a la Prefectura y Gendarmería.
En segundo lugar, el argumento de que es
necesario defender la unidad nacional, es el típico que antepone la
conciliación entre las clases a
la defensa de los intereses del trabajo frente al capital. Aquí se
evidencia el abismo que separa a
los marxistas de los defensores del orden establecido. También se desnuda
el rol reaccionario que juega la ideología
patriótica, en la que participan todas las fuerzas enemigas del
socialismo. Aunque la esencia del asunto es otra, ya que la clase
dominante, el gobierno y los altos funcionarios del estado, no están
defendiendo a la patria, sino sus intereses de clase. Los
que llaman a “deponer intereses sectoriales porque hay
que pensar en el interés nacional”, son los mismos que amasan fortunas,
encaramados en altos puestos del estado o explotando directamente al
trabajo.
Algo similar puede decirse acerca del llamado
a “defender el modelo”. La realidad es que “el
modelo” hoy está avanzando sobre los salarios (como explicamos en una nota
anterior). Con la inflación por arriba del 25% anual, y todas las
paritarias cerrando con aumentos de entre el 20% y 25% (al pasar, los
docentes universitarios cerraron con aumentos de solo el 20,5%), lo que se
está operando es un “ajuste”. Para colmo, la mayoría
de los aumentos son escalonados. En otras palabras, desde el
gobierno, y con acuerdo de las patronales, se están bajando los salarios
en términos reales. ¿Por qué los trabajadores tienen que defender esta
política “del modelo”? Es natural que la defiendan los funcionarios -para
eso les paga el capital-, pero los asalariados no tienen por qué consentir
o aplaudir su empobrecimiento. Esto sin entrar a
considerar otros aspectos del asunto, como es la distribución del ingreso
extremadamente desigual (en relación a
otros países capitalistas), o la pobreza y la indigencia que siguen
afectando a amplios sectores de la
población.
En cuanto a
que Moyano ahora recibe prensa de Clarín (y posiblemente
el aplauso de sectores de la derecha más recalcitrante), es absolutamente
cierto. Pero nunca la lucha de clases se da de manera pura. A
medida que surgen dificultades económicas, es inevitable que se agudicen
los conflictos sociales, y por lo tanto las contradicciones en la misma
clase dominante. ¿Por qué los trabajadores, o la izquierda, no van
a aprovecharlas? En El
Capital Marx señala cómo la clase obrera inglesa aprovechó en su
favor las diferencias entre terratenientes e industriales para conseguir
la reducción de la jornada de trabajo. En innumerables países y
circunstancias, el trabajo avanzó, o defendió posiciones, aprovechándose
de esas diferencias. Argentina no fue, ni es la excepción. ¿Por qué
entonces la clase trabajadora, o cualquier otro sector en lucha,
debería renunciar a
estas posibilidades? Muchos intelectuales progres y de izquierda
justifican, en aras de la “alta estrategia política”, cualquier bajeza.
Pero ponen el grito en el cielo cuando esto lo hacen los trabajadores en
lucha contra el gobierno.
Algo similar puede decirse sobre el argumento
de que Moyano es un burócrata. “¿Están ustedes con la burocracia
sindical?”, pregunta el K-progresista a
la izquierda. Para algunos, el “problema” de la burocracia pasa
a segundo plano cuando ésta opera a
favor del gobierno y la conciliación de clases, pero se convierte en tema
“de principios” cuando interviene en un sentido “no conveniente” para los
intereses “patrióticos”. Sin embargo, también es posible que algún sector
de izquierda ultra, teñido de infantilismo ultraizquierdista, adopte la
táctica abstencionista (“no podemos participar en ningún acto convocado
por la burocracia”). Frente a
esto, hay que recordar lo que ya dijimos: ninguna lucha se da de manera
pura, y menos en un período en que hay una profunda debilidad de las
fuerzas socialistas, o simplemente “clasistas”. Por eso, lo fundamental
a tener presente es que en esta pelea un
triunfo de las reivindicaciones planteadas por el sindicato de Camioneros
beneficiaría al conjunto de la clase trabajadora.
Naturalmente, el ala de Moyano también se fortalecería
(así como se fortalecerían los Barrionuevo y Lezcano si fuera derrotada).
Es inevitable que sea así, dada la debilidad de los sectores
antiburocráticos. Pero en la medida en que la clase obrera tenga éxito en
la defensa de los salarios y condiciones laborales, mejoran las
condiciones para proponerse objetivos más altos, incluyendo la
democratización de los sindicatos.
Los intereses generales
Por todo lo anterior, y desde mi humilde
posición, pienso que sería
conveniente que las fuerzas de izquierda y progresistas, y los activistas
y militantes obreros y antiburocráticos, procuren extender y
levantar los intereses generales del movimiento. Hay tres
reivindicaciones que son centrales, y no atañen solo a
Camioneros: romper los topes salariales; suprimir la restricción de las
asignaciones familiares y acabar con el impuesto a
las ganancias para todos los trabajadores asalariados. Son
reivindicaciones elementales, referidas a
la distribución entre el salario y la plusvalía.
Son tan elementales, que la posición del gobierno no resiste el análisis.
Por ejemplo, en este país, si una persona compra terrenos fiscales
a precio vil, y los vende al año
por un precio 10 veces superior, ganando en la diferencia millones de
dólares, no paga impuestos a
las ganancias. Pero un trabajador, padre de familia, que recibe poco más
de 8000 pesos, paga impuestos a
las ganancias. Hace falta mucha dialéctica parlanchina para explicar que
esto “está de acuerdo con la esencia del movimiento
nacional”.
Sin embargo, a
lo anterior agregaría
una cuarta reivindicación esencial: la lucha contra el trabajo en
negro y precarizado. Casi el 40% de los trabajadores están en esta
situación, ante la pasividad casi completa del Ministerio de Trabajo y de
otras instituciones estatales. Hace poco una trabajadora me
decía que había
estado empleada en una tienda importante (una cadena), en pleno Centro
porteño, sin obra social ni aportes jubilatorios, con un salario de apenas
2800 pesos mensuales a
cambio de un trabajo de 66 horas semanales. Cuando se quejó, la echaron,
sin indemnización. Como éste, hay decenas de miles de casos. La
defensa de los intereses de los trabajadores debe ser integral. Los
trabajadores en negro se han convertido en una parte importante del
“modelo K”. Es necesario acabar con esta situación. Por eso,
habría que incorporar la reivindicación de acabar
con el trabajo en negro al reclamo anterior. Por supuesto, quedan otras
cuestiones, igualmente candentes; entre ellas, el reclamo por las
jubilaciones (el 70% de los jubilados recibe un ingreso literalmente de
miseria). Lo importante sería
unir fuerzas en torno a
lo más sentido y urgente. La confluencia en una unidad de acción -como
puede ser la marcha a
la Plaza de Mayo, y otras acciones- sería
un paso en el sentido correcto. A
pesar de las diferencias que desde la izquierda sigamos teniendo con
Moyano y los dirigentes burocráticos. El conflicto planteado divide aguas,
y hay que saber en qué lado estar.
Rolando
Astarita es un
reconocido economista marxista argentino, de cuyo blog está tomado este
texto
3) Julio Gambina: Argentina en
la cumbre mexicana del G20
La principal decisión asumida
en Los Cabos, México por el cónclave de los presidentes del G20 es la
capitalización del FMI por 456.000 millones de dólares.
Como parte de ese monto, la
zona del euro le aportará al organismo 200.000 millones, de los cuales,
los españoles se comprometieron con 18.800 millones. Es sabido que Europa
y el euro estuvieron en el centro de los debates, por la crisis y el
ajuste que ella supone. Así y todo, los gobernantes de la eurozona
transferirán nada menos que 200 mil millones de dólares al FMI…, para
prestarle a los “países en problemas”. Suena increíble pero es verdad.
La crisis se manifiesta en
crecimiento del desempleo, la marginación, el empobrecimiento, y
dificultades de la población de menores ingresos; y la solución es
acrecentar la capacidad de préstamos del FMI. Si hay un organismo
responsable de la crisis en curso es precisamente el
FMI.
Sorprende que países como
Brasil e India, con inmensos bolsones de pobreza y atraso, cada uno
aportará 10.000 millones de la moneda estadounidense al Fondo; igual que
Rusia con una cifra similar. China, otro que concentra inmensa población
empobrecida contribuirá con 43.000 millones; y Sudáfrica con 2.000
millones. Imaginemos esos fondos aplicados a políticas alternativas en
beneficio de los más necesitados entre los pueblos de esos mismos
países.
Todos ellos son los países
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los “emergentes” que
están de moda; los que se supone disputan la hegemonía mundial desde su
lugar ascendente en la economía; que obviamente incluye el financiamiento
de la crisis.
Alguna vez mencionamos que la
categoría “emergente” supone una calificación funcional a las necesidades
de inversión del capital global. Se es emergente ante la vista del
inversor que busca niveles adecuados de rentabilidad. En la crisis
“emergen” ciertos países, donde conviene invertir.
Son emergentes para los
inversores. No es una calificación que destaca virtudes sobre las
condiciones de vida de la población, sino que apuntan a virtudes
requeridas por los capitales en búsqueda de ganancias, precisamente en
momentos de crisis, donde el eje es la dificultad para valorizar a los
capitales.
Otros emergentes también
aportan, tal el caso de Corea del Sur, que aportará 15.000 millones de
dólares; México lo hará con 10.000 millones; Turquía con 5.000 millones; y
Colombia con 1.500 millones.
Por su parte, Japón se anotó
con 60.000 millones, y EEUU se abstuvo de aportar en la ocasión, en un
claro acto de transferencia de los costos de la crisis mundial al resto
del mundo.
El G20 recapitaliza al FMI,
tal como ya hizo en ocasiones anteriores, ahora con 456.000 millones de
dólares. ¿Para qué? Para prestarle a los países endeudados (“países con
problemas”), para que puedan cancelar sus deudas con los bancos y aportar
al salvataje del sistema bancario en crisis.
La voz de los “20”, más allá
de altisonantes declaraciones a favor del “crecimiento y del empleo”,
volvieron a salvar a los bancos en problemas, y lo hicieron con recursos
públicos.
El Estado salió nuevamente a
resolver los problemas del capitalismo en crisis. ¿No era que había que
evitar la participación del Estado en la Economía? ¿Dónde quedó el credo
liberal, o neoliberal? ¿Son todos keynesianos? Keynes era un neoclásico,
que pensó en la renovación del pensamiento hegemónico ante la crisis para
salvar al capitalismo en la década del 30 del Siglo XX; que ahora se
manifiesta como un modo de pensar “pragmático” en la coyuntura de la
recidiva crisis del capitalismo.
Todas las fichas al crecimiento
Lo que hay que salvar es el
funcionamiento del capitalismo, y por eso las llamadas a la salida de la
recesión o desaceleración económica. El G20 se pronuncia por aplicar
“políticas de crecimiento”, como si cualquier crecimiento fuera bueno en
sí mismo.
Es algo a interrogar a los
ambientalistas reunidos en Río de Janeiro a propósito de la contaminación
de la “cidade maravilhosa”, con la Bahía de Guanabara “poluída” (altamente
contaminada), situación similar a lo que ocurre en las grandes ciudades de
nuestramérica (de la crónica de María Elena Saludas, participante de la
cumbre popular en Río+20).
Vale la crónica ya que una de
las propuestas del G20 se concentra en la inversión para infraestructura,
que suena muy bien a los oídos “keynesianos, desarrollistas, o neo
desarrollistas”, que asocian “inversión” con “crecimiento” y “bienestar”.
Así se justifica la inversión
en infraestructura para saquear las riquezas naturales de nuestramérica,
para lo que vale recordar la vieja “conquista”, y por qué no, la nueva
aventura por la mega minería a cielo abierto, o la sojización de los
países del Mercosur, proceso que entre otras cuestiones, desestabiliza al
presidente paraguayo, tal como denuncia Idilio Méndez en su artículo:
“Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio
político a Lugo”.
Es Monsanto la misma empresa
que enorgulleció a la presidente de la Argentina en la reciente reunión en
Nueva York con los empresarios estadounidenses, donde se conocieron las
inversiones de la transnacional por 150 millones de dólares en las
provincias de Córdoba y Tucumán.
¿Estamos contra el crecimiento
y las inversiones? No. El problema es que no se trata de cualquier
crecimiento, ni de cualquier inversión. Si la inversión capitalista se
define por la obtención de ganancia del inversor, resulta conveniente
discutir bajo qué circunstancias se define la inversión capitalista,
especialmente cuando se alude al capital global.
El G20 apunta a la búsqueda de
nuevas fuentes de rentabilidad del capital, y no necesariamente a
satisfacer necesidades de la población.
En los medios de comunicación
y en la sociedad se instaló un debate donde los “buenos” son los que
recomiendan políticas de crecimiento, entre los que estaría EEUU (Obama
necesita un repunte económico para ganar un segundo periodo en las
próximas elecciones de renovación presidencial en noviembre) y los países
emergentes (recordar el significado de emergente); y los “malos” los que
sostienen políticas de austeridad y ajuste, especialmente Europa, y más
precisamente Alemania.
Entre los primeros están los
críticos de las políticas neoliberales, aunque no tengan reparos a la hora
de otorgarle 456.000 millones de dólares al FMI para facilitar créditos
condicionados a los países en problemas. Son condicionamientos que
incluyen la campaña electoral, como en Grecia, donde el FMI chantajeó para
que la Izquierda Radical no triunfara en las elecciones recientes, claro
que fue una gestión en la que estuvo acompañado por el Banco Central
Europeo y las autoridades de la Eurozona.
No hay buenos y malos en la
consideración de la crisis; solo matices sobre como “resolver la crisis
capitalista”, y por eso el “crecimiento”, para restablecer el consumo, sí,
pero especialmente la valorización, esencia del desarrollo de la sociedad
capitalista. Es necesario que aparezca una voz diferenciada, con críticas
al capitalismo en crisis, y que proponga superar, no solo la crisis, sino
el capitalismo.
Restaurar la confianza
Junto al crecimiento buscado,
se puede leer en las Declaraciones finales del G20 que superar la recesión
y desaceleración, restablecerá la “confianza”.
Es bueno interrogarse
¿confianza en que qué, para qué, en quiénes?
Entre las medidas sustentadas
en la Declaración del G20 se puede leer el estímulo a la búsqueda de
acuerdos para una unión bancaria en Europa, para “examinar medidas
concretas en vista a una arquitectura financiera más integrada, que
incluya la supervisión, la reestructuración y la recapitalización
bancarias, así como el aseguramiento de los depósitos”, todo a junto a
promover “empleo de calidad”. Confianza en el sistema
bancario.
El discurso de la regulación
bancaria y la arquitectura financiera está dicho luego del salvataje de la
banca española por 100.000 millones de euros; de la estafa de banqueros y
ejecutivos de cuantiosos ingresos pese a la crisis, al desempleo y a la
miseria. Claro, todo para salvaguardar el sistema, los depósitos y los
“empleos de calidad”.
Resulta poco creíble pensar en
las resoluciones del G20 como “medidas necesarias para reforzar el
crecimiento mundial y restaurar la confianza”, como si en ello fuera el
buen vivir de la población vulnerable. ¿Cuántos recursos públicos han sido
ya canalizados al salvataje de bancos y empresas
quebradas?
Parte de la búsqueda de la
confianza se concentra en el llamado a una “tregua” en las acciones
proteccionistas sobre el comercio mundial, por lo menos hasta el 2014. Es
el eufemismo para instalar el discurso hegemónico del capital
transnacional por la liberalización de la economía mundial.
Es el programa de la OMC, de
los Organismos financieros internacionales, y el legado principal de lo
que se llamó el Consenso de Washington: la promoción del libre comercio,
del libre cambio, de la apertura de los mercados para la penetración de
los capitales más concentrados.
Cada G20 termina siempre con
evocación al programa de máxima: la liberalización de la economía mundial,
base de sustentación del programa de salida de la crisis de los 70´, y que
en la región americana se manifestara a través del ALCA, y luego en los
tratados regionales o bilaterales por el libre comercio. No en vano una de
las noticias que presentó Obama a los anfitriones, fue la invitación a
México para ser parte del Acuerdo de Asociación Transpacífica, una
negociación comercial plurilateral que involucra además del país azteca, a
Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Malasia, Singapur, Viet Nam, Chile, Perú
y EEUU.
Este es un proyecto que
involucra a 500 millones de habitantes; un 26% del PBI mundial; un 15% de
las exportaciones mundiales y un 18% de las importaciones globales. Es un
acuerdo que EEUU utiliza para su proyección sobre el Pacífico en
competencia con China.
La confianza buscada es para
relanzar el proyecto capitalista y superar la crisis. En el próximo tramo
brasileño de los debates, “Río+20”, se incorporarán los mensajes de un
“capitalismo verde”, con “empleos verdes”. Es un mensaje que busca
consenso social ante la conciencia ecologista vigente. Pero ese proyecto
verde, de ensoñación de los ideólogos del capitalismo contemporáneo, se
asocia a la explotación depredadora de los recursos
naturales.
¡Ojo con la confianza a
restaurar! La confianza puede hacernos cambiar nuestras riquezas naturales
por espejitos de color, verde, por supuesto.
La propuesta es por otro modelo productivo y de
desarrollo
En variados debates me señalan
mi pesimismo en las “soluciones” que se ensayan, incluso en “gobiernos
progresistas” (que no dejan de ser capitalistas).
Son los mismos que me endilgan
mi optimismo por la creciente “indignación” de un movimiento social que no
tiene claridad sobre el rumbo a seguir, y solo se afirma en el NO a la
realidad que les toca vivir, la del ajuste y la austeridad (Grecia,
Italia, Europa en general, ahora, y de Nuestramérica en las últimas dos
décadas del Siglo XX).
No es menor afirmarse en el
NO. A veces es un grito de dignidad, aunque no se conozcan los SI, y que
sin embargo se abren paso entre nuevos desafíos que instala el
constitucionalismo renovado en Bolivia, Ecuador, o Venezuela; la propia
renovación socialista en Cuba, e incluso las búsquedas de expresiones
organizadas del movimiento popular por un movimiento de constituyentes
sociales, que emergen en Argentina, Chile, Colombia, entre otras
experiencias de organización popular en la construcción de un proyecto
emancipador. En ese camino se inscribe la lucha por la soberanía
alimentaria, energética, financiera, ambiental.
Los NO son el modelo
productivo y de desarrollo capitalista contemporáneo, sustentado a la
superexplotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos
naturales. Los SI apuntan a nuevas formas de relación económica, social,
política y cultural para reproducir la vida cotidiana en armonía con el
conjunto social y los bienes comunes.
En definitiva, ni pesimismo,
ni optimismo, sino reivindicación del NO y emergencia y difusión de nuevos
SI. ¿Resulta simple? Claro que no. Es parte de la búsqueda por una nueva
sociedad. El fantasma de los indignados recorre el planeta, y no se trata
de “jóvenes interconectados” mediante nuevas tecnologías de comunicación y
redes sociales, sino de trabajadores sin empleo, flexibilizados,
precarizados, súper explotados, mayoritariamente jóvenes que rechazan el
presente sin futuro y reescriben su propia historia emancipadora,
liberadora.
Si el ciclo inaugurado por el
Manifiesto hizo evidente el surgimiento de la práctica y teoría
revolucionaria que inspiró históricas luchas de clases entre 1848 y la
ruptura de la bipolaridad; el presente es un momento de imaginación
creativa en la emergencia de renovadas perspectivas para la teoría y
práctica de la revolución.
Julio C. Gambina es Doctor en
Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la U.N. de
Rosario. Profesor de posgrado en Universidades de Nuestramérica.
Presidente de la FISYP. Integrante del Comité Directivo de CLACSO. Este
texto fue publicado originalmente en Argenpress.
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