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NCeHu 400/03
La futura gestión económica
El presidente que se
haga cargo el próximo 25 de mayo no encontrará un terreno fácil a pesar de las
apariencias favorables que han parecido evidenciarse en la economía argentina.
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Es verdad que en los últimos meses han surgido signos de reactivación en
distintos sectores económicos sin consecuencias inflacionarias; también es
cierto que el mercado cambiario se ha estabilizado. Estas señales, sin embargo,
cubren como manto la visión más realista de un terreno económico sembrado de
dificultades estructurales y desequilibrios de fondo, que se han agravado en la
medida en que no se ha actuado sobre ellos.
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El poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones se ha reducido
entre un 30 y un 50% desde la devaluación. Las tarifas de los servicios públicos
también se han retrasado en el marco de contratos incumplidos por el Estado,
aunque de todas maneras los aumentos contractuales serían inaplicables frente al
desplome de los ingresos de los usuarios de esos servicios. Ya hay más de una
docena de presentaciones de los concesionarios ante el Centro Internacional de
Arreglos de Disputas (Ciadi) que seguramente se transformarán luego en demandas
judiciales contra el Estado argentino. Mientras tanto, con el paso del tiempo,
aumenta el riesgo de un deterioro de los servicios públicos por falta de
inversiones.
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El sistema financiero no se encuentra en condiciones de dar crédito a
pesar de las mejoras en su liquidez. Su patrimonio y solvencia están duramente
afectados por la pérdida de valor de sus activos y la falta de compensación del
Gobierno por la pesificación asimétrica y los amparos. Tampoco son fácilmente
utilizables los instrumentos del mercado de capitales, que requieren un marco de
confianza y seguridad jurídica que hoy no existe. No hay, por lo tanto, crédito
en condiciones razonables, ni tampoco inversiones directas, ni los habrá
mientras no se normalicen los pagos de la deuda pública luego de su
reestructuración. La demora en iniciar esta renegociación ya está ocasionando
reclamos judiciales, sentencias adversas y embargos, en sedes judiciales de
otros países. La postergación de la negociación de la deuda pública sólo ha sido
posible por el carácter transitorio de esta gestión de gobierno, pero será
insoslayable para quien deba gobernar por cuatro años y que además se incorpore
al proceso en una etapa de agravamiento más avanzado.
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Uno de los dos candidatos, Néstor Kirchner, anunció que llevará como
ministro de Economía al mismo funcionario que ha conducido esa cartera durante
esta transición, Roberto Lavagna. Si accediera al gobierno, éste sería entonces,
paradójicamente, el heredero de su propia gestión. Su estrategia de facilitar la
evolución positiva pero precaria de las variables económicas, sin tomar medidas
de fondo, tiene un horizonte muy limitado y deberá cambiar en algún momento no
lejano.
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Tal vez el aspecto más difícil de la gestión del próximo presidente será
la obtención del superávit fiscal primario necesario para pagar los intereses de
la deuda pública reestructurada. Las estimaciones más prudentes indican que se
requerirá un superávit primario del orden de 3,5% del PBI, más del doble del
previsto en el año 2003.
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La dificultad de alcanzar esta meta se evidencia aún más al considerar la
necesidad de aplicar mayores fondos públicos para atemperar la grave situación
social. Ese superávit será responsabilidad de la Nación ya que es en ese nivel
donde se concentra fundamentalmente la deuda, tanto aquella en default
como la nueva deuda emitida en los últimos 16 meses, más la deuda con
organismos multilaterales.
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Los gobiernos provinciales presentan, salvo excepciones, una situación
menos comprometida ya que han sido asistidos y aliviados por el gobierno
nacional en el rescate de sus títulos y en la reestructuración de sus deudas.
Sin embargo, todo incremento en la recaudación impositiva debido al control de
la evasión o a la reactivación, tendrá que coparticiparse con las provincias
aunque éstas no tengan en el futuro las mismas exigencias fiscales que la
Nación. Esta es una cuestión que complica el arreglo fiscal y será difícil de
resolver. Aún no se ha avanzado hacia un sistema que aproxime la responsabilidad
federal de recaudar con la de gastar. El nuevo contexto hará imprescindible que
se canalicen a la Nación proporciones mayores de la recaudación adicional de las
que prescribe el régimen de coparticipación vigente. Se requerirá un cambio
legal que exigirá al Congreso nacional que actúe privilegiando el interés
superior de la Nación por sobre la conveniencia de cada provincia a la que cada
legislador pertenezca.
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En esta cuestión como en otras que hacen a los graves problemas que
deberá enfrentar el nuevo presidente, se pondrá en juego su capacidad para
enfrentar con seriedad las soluciones así como su liderazgo y poder de
persuasión frente a los gobernadores y a la dirigencia política. Deberá exponer
con claridad la gravedad de la situación económica y social del país y la
imperiosa necesidad de deponer intereses sectoriales o provinciales frente al
interés del país. Vuelven a tener vigencia las palabras de Nicolás Avellaneda
cuando se dirigió al Congreso en la apertura de sesiones de 1875: "Nada hay
dentro de la Nación superior a la Nación misma".
Fuente: Diario La Nación, del 8 de mayo de 2003.
Buenos Aires - ARGENTINA. | 
400/03 - La futura
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