Organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas anunciaron que se movilizarán este jueves a las 17 desde avenida de Mayo y 9 de julio hasta la Plaza de Mayo para exigir el veto de la Ley Antiterrorista.

Luego de que la presidenta Cristina Kirchner promulgara este miércoles la cuestionada norma, representantes de la CTA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa en la que expresaron sus críticas a la ley y precisaron detalles sobre la marcha.

"La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo.Tuvo en épocas recientes, en el menemismo, la Alianza, momentos de intensificación, ahora el gobierno se ufana de no reprimir pero pretende ajustar aún más la legislación represiva, para que penda como una amenaza sobre los sectores populares", advirtieron.

Según la Federación Judicial, el Gobierno "está privilegiando sus relaciones con el poder financiero internacional, por sobre elejercicio de las acciones de protesta social que puedan llevar adelante todo tipo de organizaciones sociales en nuestro país".

Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur) señaló que "esta ley anti-luchas es un quiebre para el kirchnerismo, que va a empezar a pagar el costo político por su doble discurso de los derechos humanos".

En tanto Vilma Ripoll, del mismo partido, agregó que "el gobierno endurece la criminalización porque sabe que, con la crisis que se viene, el 2012 será un año de gran conflictividad social".

La norma, sancionada la semana pasada por el Congreso controlado por el oficialismo, fue criticada por juristas, que la consideran anticonstitucional debido a su amplia definición de terrorismo.

La ley impone penas de hasta 15 años de cárcel a cualquiera que "aterrorice" a la población u obligue al Estado a abstenerse de realizar un acto.

"El problema que tiene es la ambigüedad de la expresión "terrorismo". Se podría (considerar como terrorista a) la protesta social o un titular de un diario (...) Una corrida bancaria podría ser considerada un acto de terrorismo", aseguro a Reuters el abogado constitucionalista Felix Lon.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de adaptar la legislación local a las normas antiterroristas internacionales como demanda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene a Argentina bajo observación por fallas en el combate al lavado de activos.

Sin embago, la iniciativa también despertó críticas en los organismos de derechos humanos aliados del Gobierno y en el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, de estrecha relación con la mandataria.

"El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero", aseguró el jurista citado por medios locales.

En tanto, Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se mostró "preocupada" por la nueva norma que endurece lo dispuesto por la Ley antiterrorista aprobada en el 2007 por iniciativa del Gobierno nacional, en ese entonces encabezado por Néstor Kirchner.

En un comunicado previo a la aprobación del proyecto de ley, las Abuelas señalaron que el mismo "tiene algunas deficiencias legales e imprecisiones en sus definiciones que podrían generar un impacto muy distinto al que se proclama y derivar, así, en la criminalización de la protesta social".

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia efectuó una crítica más dura contra el Gobierno por considerar que, a través del GAFI, se impulsa una ley promovida por el Departamento de Estado de EE.UU. para "castigar con penas altísimas a cualquier acto político, social o individual que bajo la decisión arbitraria de un juez".

"Es decir, que transforma en "terrorista" a cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus derechos", señaló la organización.

El espacio, integrado por la Asociación de ex detenidos y desaparecidos, Asociación de Profesionales en Lucha, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Coordinadora Antirepresiva por los Derechos del Pueblo y Liberpueblo, denunció así el carácter "represivo" de la iniciativa del Ejecutivo.

"Con una realidad actual donde cada vez son más los ciudadanos asesinados en el marco de protestas sociales que reclaman tierra para vivir o condiciones de trabajo y cuando aumentan peligrosamente los delitos imputados a quienes participan de esas protestas no es difícil imaginar a quienes está dirigido el presente proyecto de ley", concluyeron.

La norma en discusión advierte que el agravante no se aplicaría cuando "el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

Sin embargo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) alertó que "la vaguedad de los términos utilizados en la norma no impedirá la apertura de procesos penales bajo las nuevas figuras que se establecen".

"En conclusión, el proyecto representa -por lo menos- un claro retroceso en materia de legislación penal y una restricción indebida a la libertad de expresión. El hecho de que el mismo sea, además, escasamente discutido en el Congreso, sólo empeora la situación", concluyó a través de un comunicado.