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NCeHu
821/11
Ref. 817, 818,
819 y 820
El
CELS repudia los asesinatos cometidos durante un desalojo en Jujuy y reclama que
se garantice el cese de la violencia
28/7/11
El Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) condena la brutal represión que tuvo lugar hoy durante el desalojo de un
predio en la localidad de Libertador General San Martín, en la provincia de
Jujuy, como resultado de la cual se produjo la muerte de un número aún
indeterminado de personas, que oscilaría entre tres y cinco, pero que podría
crecer de acuerdo con la evolución de numerosos heridos. Tanto el gobierno y la
policía provincial como los funcionarios judiciales involucrados son
responsables por las muertes producidas a causa de la violencia del operativo
contra alrededor de 3 mil personas y por el uso de la fuerza letal. Por su
parte, el Estado nacional debe intervenir para garantizar que no se produzcan
nuevos hechos de violencia.
Luego de 28 años de gobiernos
democráticos es inadmisible que se sigan produciendo muertes por la represión de
conflictos sociales. Los Estados nacional y provincial tienen la obligación de
encontrar formas no violentas para canalizar las demandas y garantizar los
derechos de quienes reclaman.
Algunos hechos de violencia con gran
impacto socio-político han marcado el comienzo de importantes procesos de
reforma policial. Luego del homicidio de Mariano Ferreyra y las muertes de
Rosemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez en el
desalojo del Parque Indoamericano, el Ejecutivo nacional ratificó la política de
no represión pero esto resulta insuficiente mientras no se vuelque en un
protocolo obligatorio de actuación y no se involucren en este cambio cultural la
justicia y las policías provinciales. El gobierno nacional debe trabajar con las
provincias para definir protocolos que prohíban el uso de armas de fuego en
estos ámbitos de actuación, dispongan la presencia de interlocutores políticos y
contemplen situaciones de particular vulnerabilidad como las de las personas que
resisten a un desalojo.
La represión, ocurrida en tierras
pertenecientes al Ingenio Ledesma, remite a la relación promiscua de esta
empresa privada con las fuerzas políticas y represivas provinciales. Es
inevitable recordar los hechos conocidos como la Noche del Apagón, que
consistieron en sucesivos cortes de luz dispuestos por Ledesma en las
localidades de Calilegua y Libertador General San Martín entre el 20 y el 27 de
julio de 1976. Durante esas noches fueron secuestradas más de 400 personas
en camiones de la empresa de la familia Blaquier. Muchas de ellas fueron
derivadas a centros clandestinos y cárceles de todo el país y unas treinta
permanecen desaparecidas.
Expresamos nuestra solidaridad
con los familiares y compañeros de las víctimas y reiteramos nuestro reclamo de
justicia.
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