Situación contemporánea de las economías regionales.

Estrategias para incorporar a un modelo de desarrollo con equidad social

Alejandro Rofman

Victoria von Storch

Verónica Gutman

Este texto contiene un análisis de la situación actual de los principales procesos económico-sociales que promueven los actores en las distintas regiones de la Argentina, así como una descripción del impacto que las sustanciales modificaciones en la política económica nacional del último año provocaron sobre la realidad regional. Asimismo, el trabajo explicita estrategias de desarrollo compatibles con los objetivos principales del Plan Fénix, tendientes a superar las fuertes deficiencias estructurales que hoy afectan a las distintas regiones del país.

Las evidencias casuísticas surgen de los materiales aportados por los diferentes delegados de las universidades nacionales que asistieron al Taller sobre Economías Regionales realizado en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires los días 7 y 8 de octubre de 2002. Los docentes e investigadores participantes del Seminario incluyeron al Lic. Rodolfo Vázquez y al Lic. Raúl Caro, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca; al Lic. Hernán Colombo, vicegobernador de Catamarca; al Lic. Oscar Alamo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María; a la Lic. Mónica Calderón, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo; al Lic. Hipólito Fink, secretario general de la Universidad de Entre Ríos; al Lic. Andrés Sabella, secretario de Extensión e Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Entre Ríos; al Lic. Carlos Farge Collazos y a la Lic. Magdalena Reta, ambos docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad de Entre Ríos; a la Lic. Andrea Catenazzi, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento; a la Lic. Laura Golovanesky y el Lic. Humberto Quintana, ambos docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy; al Lic. Jorge Mitre Saab, secretario de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa; al Lic. Alejandro Socolovsky, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Pampa; a la Lic. Elsa Rodríguez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata; a la Lic. Ana Julia Atucha, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata; al Lic. Miguel Freaza, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones; a la Lic. Susana Gelman, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Nordeste; al Lic. Rubén Zárate, docente e investigador de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional Patagonia Austral; al Lic. Fernando Lagrave, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto; al Lic. Gustavo Busso, director del Instituto de Desarrollo Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto; a la Lic. Alicia Castagna, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario; a la Lic. Delia de la Torre, directora del IISE de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan; al Lic. Alberto Gago, docente de la Universidad Nacional de San Juan y del Centro de Estudios Regionales de Mendoza, al Prof. Mario Rojas, docente e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y a la Lic. Mabel Manzanal, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET.

Este trabajo, por lo tanto, es el resultado y el producto final del intercambio de ideas e información por demás provechoso que tuvo lugar en el marco del mencionado taller, el cual constituyó un acto fundacional de un “nuevo” Plan Fénix, del cual la universidad nacional como institución se siente parte constituyente pues comparte una vocación común: avalar un proyecto integrador de crecimiento y desarrollo con equidad social, que permita elevar la calidad de vida del conjunto de la población y consolidar la democracia en la Argentina.

I. El contexto regional en los albores del nuevo siglo

En este primer apartado nos proponemos presentar las principales conclusiones que surgen de los documentos aportados por los diversos representantes de las diferentes universidades nacionales invitados a participar del taller, y que dan cuenta de la situación contextual regional en el área de influencia de cada universidad. El texto no se propone realizar ni un diagnóstico exhaustivo de los procesos económicos, sociales y políticos que concurren a definir un perfil propio de cada espacio regional ni formular un análisis en profundidad de dichos procesos. Ello es así por cuanto el encarar una tarea altamente abarcativa exigiría un conjunto de material informativo que excede lo que fue proporcionado por cada documento regional aportado. Por otra parte, consideramos que un diagnóstico integral de los fenómenos económico-sociales y políticos de cada región de influencia del organismo universitario informante exigiría un trabajo intenso y dilatado, enmarcado en una metodología consensuada, acorde con los principios generales del Plan Fénix. Eso es precisamente a lo que apuntamos para el mediano plazo como tarea de la red de estudiosos de los problemas regionales vinculados con el Plan y asentados en las distintas universidades nacionales que se adhieran a dicha red. Por ende, en este informe nos limitaremos a puntualizar, en un breve apartado, las cuestiones más relevantes que exhibían los procesos de acumulación en escala regional al despuntar el nuevo siglo, procesos que merecen ser destacados pues a fines de 2001 y principios de 2002 fueron fuertemente afectados por cambios sustanciales en los precios relativos debido a la devaluación de nuestro peso, por la interrupción de contratos básicos vinculados con el sistema bancario y la estabilidad monetaria y por fuertes ajustes al financiamiento del sector público provincial impuestos desde el gobierno nacional.

En este apartado daremos cuenta de los principales procesos en el contexto regional a fines de la década de cierre del siglo anterior, respetando la diversidad de situaciones específicas pero reconociendo que los fenómenos respondían, en lo esencial, a la matriz del proceso de acumulación vigente en escala nacional:

1. La producción regional derivada de la agroindustria y de la minería se encontraba con serias dificultades para ofrecer niveles de rentabilidad positiva a la mayoría de los agentes económicos que eran responsables de dicho proceso de producción. Ello se originaba, principalmente, en la sobrevaluación del peso, que trababa la colocación de los productos en mercados externos al país y alentaba la incorporación al consumo y a la inversión nacional de bienes importados que se favorecían por ser de menor costo que los elaborados internamente. La desventaja generada por los precios relativos que afectaban el perfil exportador y que desplazaban producción interna por importada era más notoria en los segmentos de la pequeña producción, mayoritaria en el amplio arco de la actividad agroindustrial de las regiones periféricas. Este fenómeno, además, se trasladaba a la producción industrial urbana en los grandes conglomerados metropolitanos del país, que también sufrían ese doble proceso debilitador de la capacidad productiva sectorial. A la sobrevaluación cambiaria se agregaba el proceso de apertura externa, con la fuerte baja arancelaria, que acentuaba la permisividad para el ingreso de bienes importados sustitutivos de los nacionales.

De esta forma, en el informe de la Universidad Nacional de Misiones se consigna textualmente que “...el dólar barato impedía el desarrollo de cualquier actividad productiva...”. Igualmente, el informe preparado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario pone de relieve la fuerte caída de la actividad industrial en el último cuarto de siglo pero más profundamente en la década de los ’90, como resultado de la aplicación del modelo económico neoliberal. Así, da cuenta de que el fenómeno del agudo desempleo, que colocó a la región metropolitana de Rosario en los primeros puestos de la información sobre deterioro del mercado de trabajo en nivel de las aglomeraciones encuestadas por el INDEC, es la resultante de la falta de capacidad de la actividad industrial local de crecer. El informe también consigna que, de una encuesta reciente efectuada en el año 2001 a un conjunto numeroso de empresas industriales de la región, solamente el 5% de ellas exportaba y por un monto inferior al 25% de su producción, dada la elevada obsolescencia del parque productivo y la limitada capacidad competitiva en mercados externos debido a la ausencia de reequipamiento y a la débil incorporación de innovación tecnológica. Todos ellos son fenómenos atribuibles, en gran medida, a la desfavorable relación del tipo de cambio que desalentaba exportaciones y estimulaba importaciones de bienes sustitutos de la producción local. Similar consideración trae el documento aportado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el que se afirma que la actividad productiva regional poseía, en el año 2001, poca capacidad exportadora debido a la sobrevaluación cambiaria. Finalmente, el material de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos da cuenta de que el sector agroindustrial, hacia el final de los años ’90, estaba inmerso en una aguda crisis, especialmente por la presencia de precios relativos desfavorables que le impedían competir internacionalmente y alentaban el ingreso de bienes sustitutos, como en el caso de la producción avícola y maderera, actividades estratégicas del tejido productivo provincial. En lo que respecta a los proyectos mineros, las referencias del trabajo presentado por la Universidad Nacional de Catamarca ponen especial énfasis en las dificultades que enfrentaba la colocación de su producción en el mercado internacional.

2. Un aspecto destacable referido a la matriz del modelo de acumulación inspirado en la valorización financiera tiene que ver con la particular modalidad del sector bancario en la concesión de apoyo crediticio a la actividad productiva. La generalizada presencia de un sistema de financiamiento renuente a apoyar a la pequeña y mediana producción local –pues estaba asentado sobre la concesión de créditos a aquellos que calificaban, a tasas exageradamente elevadas– actuó como un factor adicional de estancamiento y desindustrialización. La falta de acceso al crédito barato supuso, para numerosas unidades productivas, la imposibilidad de seguir operando y de reconvertir la actividad productiva a fin de aumentar los niveles de productividad y eficiencia, lo que provocó, en no pocos casos, su expulsión del mercado.

Tales circunstancias se hacen notar en el caso de las actividades agroindustriales de San Juan y Mendoza, en el informe elevado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, en el cual se consigna el fuerte endeudamiento bancario de aquellas unidades productivas que aceptaron créditos provenientes de la banca formal y que al inicio del año 2002 se encontraban con una carga financiera imposible de abordar. El sistema de financiamiento bancario se convirtió, de esta forma, en uno de los principales responsables de la acentuada mortandad de pequeñas y medianas empresas, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

II. El impacto de las transformaciones en el marco macroeconómico de finales de 2001 y principios de 2002

Dentro del contexto de una devaluación tan marcada como la que se ha dado a partir de enero de 2002, pueden reconocerse, a grandes rasgos, tres características comunes que se manifiestan a lo largo de la múltiple diversidad que evidencian las economías regionales.

Como ya fuera señalado, el cambio abrupto en los precios relativos no impactó de la misma manera en los distintos marcos regionales, debido a que al interior de cada uno de ellos conviven actores muy heterogéneos en relación con su inserción en el sector productivo. En este sentido, puede adelantarse que la devaluación arrojó beneficios sobre aquellos actores que se encontraban previamente concentrados y en posición ventajosa para afrontar el cambio. En este punto se intenta dar cuenta de la heterogeneidad del mapa económico del territorio, reconociendo que en cada región los sectores económicos y los actores sociales reaccionan de distinta manera ante la nueva situación.

La segunda de las características que recorre todas las economías regionales es la desaparición del crédito y las fuentes de financiamiento, situación agravada por la cesación de pagos y la devaluación. Si bien durante la década de los ’90 ya existían sectores –especialmente, pequeños y medianos emprendimientos productivos– que no tenían posibilidades de acceso al crédito, la situación que se desarrolla a partir de enero de 2002 acentuó esta problemática, ya que los pequeños productores, ante el desmembramiento total del sistema financiero, perdieron toda posibilidad de financiar sus actividades productivas.

Los factores antes mencionados afectaron enormemente la distribución del ingreso, observándose, en todas las regiones, un profundo deterioro del salario real como consecuencia del impacto inflacionario provocado por la devaluación. En este sentido los asalariados, que no ven incrementados sus ingresos nominales, son quienes más sufren el costo del ajuste. Este proceso impacta más negativamente sobre los sectores de menores recursos, puesto que es en este tramo de la población donde la mayor parte de los ingresos se destina a la satisfacción de necesidades. Asimismo, estos sectores son también los más perjudicados por la situación del mercado laboral, debido a la pérdida de puestos de trabajo, al aumento del nivel de precariedad laboral y la mayor explotación.

A continuación, se desarrollan con más detalle las características recién mencionadas, dando cuenta de la diversidad que presentan las economías regionales. Puesto que las dos primeras características se encuentran estrechamente relacionadas, se las expondrá de manera conjunta, privilegiando su relación con los diferentes sectores productivos.

·        Cambios en los precios relativos y ausencia del crédito:

A primera vista puede señalarse como consecuencia fundamental del fuerte cambio acaecido en los precios relativos un aumento generalizado de las exportaciones, especialmente aquellas relacionadas con la actividad primaria, aunque todavía de magnitud relativamente reducida y por demás heterogénea. La reactivación de la actividad primaria que tal proceso exportador conlleva también se manifiesta en una recomposición de este sector en su participación en los PBG de las distintas provincias, fundamentalmente el agropecuario. Sin embargo, las estructuras productivas están basadas sobre sectores tradicionales que producen bienes poco diferenciados, muy sensibles al comportamiento de la demanda y al cambio de los precios.

En el Chaco, por ejemplo, entre los exportadores que, presuntamente, fueron beneficiados por estas medidas de política cambiaria, se destacan los productores de tanino y la industria frigorífica, que vieron incrementados los precios de sus productos. Dentro del sector primario, se pueden mencionar como favorecidas las exportaciones de girasol, soja y trigo, mientras que el algodón, producto tradicional en las exportaciones chaqueñas, se encuentra en declive. Ante las posibilidades crecientes de exportación, los granos se convirtieron en los principales productos de producción de escala, lo que significa un importante retroceso en la explotación algodonera.

Entre Ríos se caracteriza por la alta participación de las actividades agropecuarias en la economía regional, motivo por el cual se espera que la devaluación permita una recuperación de gran parte de la actividad privada de la provincia, si bien la reactivación se manifiesta, por el momento, sólo en los sectores que disponen de capacidad instalada y que poseen mecanismos de autofinanciación. A partir de la devaluación, se visualiza en el área un aumento de las exportaciones de productos como citrus –que habían disminuido a partir de 1997–, arroz, productos forestales y de la industria alimenticia (jugos cítricos, producción avícola, etc.). El sector de la molienda, por lo contrario, se ha visto perjudicado por el aumento del precio de las materias primas, juntamente con las retenciones que contrajeron los envíos de la provincia hacia el Brasil, Bolivia y el Paraguay. A pesar de que a lo largo de la década de los ’90 la actividad agrícola avanzó sobre el espacio destinado tradicionalmente a la ganadería, aumentando la superficie cultivada para la soja, el arroz, el maíz y el trigo¹, esta tendencia se revirtió en los últimos años por no poder sostenerse el esquema de precios relativos vigentes. Pero a partir de la devaluación y la pesificación se visualizan posibilidades crecientes de saneamiento del endeudamiento del sector primario y de recomposición de su participación en el PBG². Es decir que el aumento de los precios de venta de los productos en relación con la devaluación dejó, en algunos casos, márgenes que fueron canalizados a recomponer la situación con el sistema financiero. El productor agropecuario ve que se recomponen los precios relativos, pero la mejora no es sustancial si se considera que los insumos –agroquímicos y combustibles– han aumentado con la devaluación. Por otro lado, no hay financiamiento para su adquisición y deben ser abonados al contado y en dólares, en muchos casos. Al final de la presente campaña se podrá realizar un análisis sobre los márgenes de las distintas actividades. Cabe destacar que en Entre Ríos el sector agropecuario no es el único beneficiario de la devaluación, sino que lo es el sector exportador en su conjunto.

En la zona norte de la provincia de Misiones, donde predomina la producción forestal, la actividad económica se ha dinamizado luego de la devaluación, reactivando la exportación (tablas y listones) principalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, dicha bonanza no ha sido trasladada a los productores de materias primas dado que los precios de la madera nativa e implantada se redujeron sustancialmente³. En menor medida, se ve también favorecido el sector tealero, cuya producción se exporta en un 80% a los Estados Unidos, Chile y otros países. Aquí tampoco llegó de manera significativa la mejora a los trabajadores del sector ni a los productores de materia prima (brote). En el sector yerbatero, por su parte, no se sintió el efecto de la devaluación, ya que se trata de un producto destinado, fundamentalmente, al mercado interno⁴. Aunque no hay estimaciones recientes del PBG de Misiones, es probable que los efectos de la devaluación estén revirtiendo la tendencia negativa iniciada en el ’98 luego del período de expansión 1992-97. El incremento de las exportaciones se habría realizado en proporción al mejoramiento de los precios relativos de los productos exportables, pero la falta de fondos para la prefinanciación de las mismas demora el despegue y la reactivación.

Dentro del mapa regional de la provincia de Córdoba, se observa que la variación de precios relativos ha generado una mayor expectativa en la actividad relacionada con la producción primaria. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones genera perspectivas que sólo satisfacen especulaciones cortoplacistas. La falta de políticas activas en cuanto a la equitativa distribución de los ingresos provoca que la mayor parte de los recursos se concentren en los grandes operadores del rubro. En su gran mayoría, las pequeñas unidades productivas (por su volumen de producción) carecen de capacidad en el mercado local e internacional y que no poseen infraestructura conveniente. Tampoco disponen de acceso al crédito bancario ni de la consecuente posibilidad de reconvertir su actividad en términos de productividad y competitividad. En este sentido, existe una marcada y caótica intención exportadora, la cual se ve reflejada en la situación de los productores de algunos bienes primarios. En el caso del agro, se ha llegado a situaciones en las que los pequeños y medianos propietarios arriendan sus tierras a organizaciones que se encargan de todo el proceso productivo. En el caso del sector lechero, algunos productores han abandonado la actividad, transformando sus campos de pastoreo para dedicarlos a la siembra de soja. Es notorio ver cómo ha surgido una suerte de “fiebre exportadora” como producto de la devaluación, que tienta a no pocos actores.

Al sur de la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, la magnitud de la devaluación ocurrida desde principios del 2002 contribuyó a dinamizar parte importante de los encadenamientos productivos de las principales actividades de la región –carne vacuna, producción oleaginosa y miel– y se ven potencialmente beneficiados los sectores vinculados con la exportación, como los productores apícolas, ganaderos y los vinculados con los sistemas agroalimentarios de la soja y el maní. Si bien no se cuenta con mediciones fidedignas para el sur de la provincia de Córdoba, se sabe que la devaluación ha afectado la ecuación de costos de las empresas regionales y que las empresas vinculadas con el circuito oleaginoso han mejorado sus márgenes de rentabilidad. Sin embargo, las incógnitas del sistema financiero no contribuyen a brindar una respuesta rápida y adaptativa a la nueva situación posconvertibilidad.

En la provincia de La Pampa, la liquidación de cosechas a la nueva paridad del dólar, sumada a algunas mejoras relativas en las cotizaciones, así como también las nuevas perspectivas del comercio de carne que se refleja en un mayor precio del ganado, han producido en los últimos tres o cuatro meses una recuperación para el sector agrícola-ganadero, lo que se ha reflejado en la cancelación de deudas bancarias y en una moderada recuperación de las ventas de maquinarias y vehículos. La misma suerte corren otros productos primarios exportables, como es el caso de la miel, cuya calidad y volumen son sumamente importantes.

En Jujuy también hay empresas que, a partir del cambio operado en los precios relativos, han podido liquidar stocks y licuar sus deudas. Esto permitió que se limpiara la plaza financiera y que comenzara a reaparecer, tímidamente, algún crédito. De la misma forma, se empieza a percibir una diferenciación del crédito externo, que se ha abierto en algunos casos. Sin embargo, aunque se observa una leve reactivación en algunos sectores en los que el nuevo valor del tipo de cambio ha creado una suerte de protección, en general se evidencian graves dificultades financieras por falta de capital de trabajo. En esta provincia se reactivaron algunas actividades tales como la citrícola (de exportación), las hortalizas de primicia (tomates) por falta de competencia externa, y la actividad productora de papel. El sector frutihortícola en su conjunto ha sufrido la falta de crédito, por lo que sólo han podido trabajar quienes han conseguido hacerlo sin endeudarse. También aparecen exportaciones no tradicionales, como el carbón y los higos. El azúcar, por su parte, se mantuvo en un contexto más favorable, si bien su rentabilidad se vio recortada por las retenciones a las exportaciones y por el incremento en el precio de los insumos importados. Sin embargo, se alejó la amenaza de la competencia brasileña, debido a la protección provista por la devaluación, y se logró incrementar de aproximadamente 12% a 20% del total de la producción los niveles de exportación. Esto permitió otorgar un aumento de salarios en nivel nacional para el sector, aunque Ledesma y Río Grande ya habían otorgado mejoras salariales previas. En la provincia de Jujuy, la devaluación ha beneficiado más a las empresas pequeñas que a las grandes. Las PyMEs vinculadas directa o indirectamente con el mercado externo se reactivaron y aparecieron algunas perspectivas para empresas proveedoras de bienes no transables regionalmente (aquellos bienes que no pueden ser importados de otras regiones por el efecto del costo de transporte). Por otra parte, el tabaco sufrió la reducción de los precios internacionales por el bloqueo económico, a la vez que los aportes del estado a través del FET fueron muy irregulares.

Para la región de Cuyo, que incluye las provincias de Mendoza y San Juan, los sectores tradicionales favorecidos fueron también los exportadores de productos tales como el ajo, el petróleo, los vinos finos y especiales, las frutas desecadas, algunas frutas de consumo en fresco, tales como la cereza y la pera, así como el tomate y los olivos. Es decir que los sectores dinámicos están determinados por el modelo de base exportable actualmente vigente. El ajo es un cultivo de alto interés social y económico ya que ocupa mucha mano de obra (tanto en cultivo como en empaque), es una de las pocas opciones hortícolas de bajo riego durante el invierno y origina divisas por exportaciones del orden de 70 a 100 millones de dólares por año. Si bien los costos de algunos de los insumos están valuados en dólares, este sector se ha visto fuertemente favorecido por la devaluación. Por su parte, el sector vitivinícola ha tenido mejoras en las variedades finas exportables. Los mercados no tradicionales, como el Perú, la República Dominicana y Colombia, representan una buena opción para los vinos de mesa. En cuanto a las frutas desecadas, este año se ganaron mercados tales como Colombia, el Uruguay, Europa del Este y Eslovenia, destinos que se sumaron al Brasil, los Estados Unidos, España y México⁵. El nuevo tipo de cambio y la aguda recesión que soporta el mercado interno argentino impulsaron las exportaciones tradicionales, logrando mejorar su situación relativa⁶. Además, se instaló la idea de exportar productos novedosos. Sin embargo, no todas son buenas noticias⁷, dada la ya mencionada falta de crédito. De todas formas, en Mendoza hay varias empresas que comenzaron a dar sus primeros pasos en el comercio exterior a partir del año 2002. El tipo de cambio vigente amplía, además, el abanico de países de destino de las exportaciones.

En Mar del Plata, el sector hortícola se encuentra inmerso en un proceso de reciente desarrollo, que permite aprovechar los recursos naturales de la zona. Este sector ha tenido un fuerte crecimiento de especies y productos de calidad en la última década, aunque con fuerte dependencia de tecnología importada. En él predominan pequeños productores que segmentan la oferta, lo que les quita poder de negociación frente a una demanda concentrada, con escasos compradores de gran tamaño, además del creciente poder de los supermercados en las negociaciones. Este sector, excedentario en la producción de hortalizas en la región, presenta excelentes posibilidades de exportación debido a la mejora en el tipo de cambio, no obstante la inserción de los productores en el mercado externo. Algunos presentan potencial de exportación pero no cuentan con mecanismos para concretarlos. La mejora en el precio incita a la exportación pero a su vez se ve contrarrestada por las dificultades que genera la alta incidencia del costo de insumos estratégicos importados (semillas, agroquímicos) así como los incrementos en el costo del combustible.

En Santa Cruz, los actores más favorecidos han sido los productores de bienes transables, hidrocarburos, metales preciosos, lana, pesca y carne, lo que en un mercado de escasos habitantes señala la orientación de la producción al mercado extrarregional. Dada la característica de los bienes cuya producción se ha visto favorecida, los hidrocarburos y los metales preciosos han sido los bienes de más rápida respuesta a los efectos de la devaluación. La devaluación y su impacto sobre la producción de lana y carne, por las características del ciclo ganadero, se han traducido en expectativas de ingresos a futuro, sin efecto inmediato. Existen expectativas especiales para la cosecha de fruta fina y emprendimientos incipientes como los relacionados con el ajo. En lo que respecta al sector ganadero es necesario tener en cuenta que la capacidad de respuesta está definida por una multiplicidad de factores que se han generado durante la última década, en especial la fuerte disminución de unidades productivas, a lo que se hizo referencia previamente. En paralelo se ha producido una transferencia de la propiedad a capitales extrarregionales que en muchos casos no están destinados a la producción, sino que se convierten en inversión inmobiliaria o bien se destinan a otras actividades, como el turismo.

En varias de las regiones, las exportaciones orientadas hacia actividades extractivas (basadas sobre recursos naturales no renovables) no son sometidas a los controles necesarios, por lo que se corre el riesgo de sobreexplotación.

En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, estos sectores responden al patrón de especialización que la región patagónica tuvo históricamente en la producción de bienes primarios no renovables, como el petróleo y el gas. Si bien en los últimos años se han comenzado a explotar otros productos de la minería, ha cambiado la composición interna del sector pero a la vez se ha reforzado su especialización. En Mendoza, el sector petrolero mostró una mejora significativa en cuanto a la modificación de precio relativo, por estar su producción valuada en dólares. El inconveniente es que el aumento en el valor agregado del sector no se ha traducido en un mayor ingreso disponible para la provincia, por ser la actividad poco intensiva en mano de obra. Aun así, las empresas prestadoras de servicios a las petroleras han mostrado un mejoramiento, contratando personal recientemente. En Mar del Plata, el riesgo de sobreexplotación se presenta tras la reactivación del sector pesquero. Las exportaciones de productos pesqueros se expandieron a partir de la devaluación, aunque no se reflejaron en los precios de los productos, dado que la mayoría de las empresas mixtas exporta a la filial. Por otro lado, las tripulaciones pactaron los sueldos en dólares sobre producción y los operarios de la industria reciben premios también por producción, elevando así los ingresos percibidos por la mano de obra empleada en el sector. En cuanto a los costos de captura, el combustible está subsidiado por los planes de competitividad. Al estar integradas verticalmente las empresas, el costo del combustible en transporte de materia prima y de los productos tiene el mismo valor que el del barco, ya que es provisto. Por lo anterior se verifica que han mejorado las estructuras de costos industriales en planta, al perder los insumos incidencia en la composición porcentual. Respecto del mercado interno, los precios de los productos pesqueros aumentaron, en promedio, desde diciembre un 80%. Este hecho es atribuible a la variación de los precios relativos y al desabastecimiento debido a lo atractivo de las exportaciones. Muchas empresas que atendían sólo el mercado interno se asociaron después de la devaluación para exportar. En este sector deben realizarse los controles de la captura a bordo (para evitar descartes de especies de bajo valor comercial y juveniles de las especies objetivo) y control de los desembarques, para que estos no sobrepasen los límites permitidos, especialmente de aquellas especies sobreexplotadas.

En lo que respecta a la actividad minera, en Catamarca este sector ha incrementado su nivel productivo gracias a la modificación de los precios relativos, ello no ha resultado en un impacto positivo en términos de fuerza de trabajo contratada. Esta actividad presenta el problema de su creciente profesionalización y especialización. En Jujuy, el sector minero está iniciando una reactivación, con aumentos en la producción. Mina El Aguilar, por ejemplo, restituyó una reducción de salarios del 30% que había efectuado en noviembre del año pasado y continúa brindando aumentos salariales. También en Santa Cruz los emprendimientos mineros de metales preciosos de la zona centro de la provincia se han visto beneficiados por el tipo de cambio y resulta menos incierta la situación de la cuenca minera en Río Turbio con la producción de carbón.

Un aspecto muy importante en relación con el aumento de las exportaciones de productos primarios es qué sectores resultan más beneficiados con esta situación. En este sentido, a lo largo de las descripciones realizadas puede observarse que, ante la recomposición de los precios relativos, no todos los actores del sector se encontraban en las mismas condiciones como para sacar ventaja de dicha situación. Aquellos actores que habían logrado sobrevivir y reconvertirse durante los ’90, tras la devaluación vieron que sus ganancias podían más que duplicarse, lo que a su vez les permitió –en algunos casos– sanear sus deudas. En este caso se trata, en general, de empresas de capitales extrarregionales que forman parte de grupos empresarios integrados y, en muchos casos, conforman mercados oligopólicos que transfieren sus excedentes al exterior de la región. Puede hacerse extensivo, entonces, lo que se señaló para el caso de Mar del Plata, donde los grandes operadores del rubro son quienes concentran la mayor parte de los recursos. De esta forma, el ingreso regional se ve fuertemente condicionado por los grandes grupos económicos que compran producciones sin intenciones de reinvertir y distribuir en la región operada. De esta manera, puede decirse que la devaluación arroja beneficios sobre aquellos actores que se encontraban previamente concentrados y se encuentran en una posición ventajosa para afrontar el cambio en los precios relativos. Por otra parte, los pequeños productores, ante la quiebra del sistema financiero, no tienen posibilidades de acceder a créditos que permitan financiar nuevas cosechas, la compra de insumos importados, o la reconversión productiva. La situación crítica de los pequeños y medianos emprendimientos se visualiza en todos los sectores productivos, donde aquellos que presentan potencial para exportar no cuentan con los mecanismos para concretar las exportaciones. Por lo tanto, ante la falta de políticas activas que apoyen a las pequeñas y medianas empresas y les brinden información y contactos con mercados externos, la exportación se vuelve un proceso caótico y desorganizado⁸.

En relación con el sector industrial, también impacta en él la falta de financiamiento y de políticas activas que impulsen una sustitución de importaciones planificada y estable e, incluso, una exportación organizada, a lo que se suma la escasa integración de las cadenas productivas, hecho que no les permite establecer estrategias en conjunto. La incertidumbre ante las acciones de política macroeconómica dificulta las posibilidades de planificar e incrementa el riesgo de efectuar nuevas inversiones. A pesar de tener muchas empresas con potencialidad exportadora y posibilidad de sustituir importaciones, la situación pasada y la heterogeneidad en la inserción en el mercado del sector industrial muestran un sector paralizado que no logra recuperar su capacidad productiva.

En el Chaco, la devaluación puede considerarse como ventajosa para el desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones. Pero una de las principales limitaciones la constituye el hecho de que las empresas existentes, básicamente productoras de bienes que utilizan como materia prima la madera (carpinterías, aserraderos, etc.), no están adaptadas para aprovechar los beneficios de la exportación, al no producir en gran escala, no tener los patrones de producción requeridos en nivel internacional, no existir créditos para prefinanciar importaciones de maquinarias ni para financiar una expansión del tamaño de su planta.

La otrora pujante industria metalmecánica de la provincia de Córdoba, de fundamental incidencia económica en la región centro del país, se presenta en un estado de deterioro que difícilmente se pueda revertir en el corto plazo. Esta es la realidad que muestra, en particular, la órbita que enmarca el área de Córdoba capital y el denominado Gran Córdoba⁹. La producción manufacturera del Gran Córdoba ha caído aproximadamente un 40% en el período 06/2000 a 06/2002, de acuerdo con la “Encuesta Industrial” realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba¹⁰. La retracción del mercado interno, junto con un comercio exterior que se reprimariza, hacen que las manufactureras de origen industrial pierdan posiciones reales y de competitividad, afectando mucho más a aquellas con alto nivel de componentes importados. En este marco, la crisis recesiva tuvo mayor impacto en las pequeñas y medianas industrias que en los denominados “grandes manufactureros”¹¹.

En la región de Cuyo, algunos productos industriales ordenados en actividades monopólicas excluyentes, así como las empresas ligadas o asociadas con el capital transnacional, lograron responder favorablemente a la posibilidad exportadora que se abrió tras la devaluación.

En la provincia de Jujuy se presenta un panorama sumamente variado. Por un lado, la siderurgia y la construcción siguen casi paralizadas¹². Aceros Zapla se encuentra frente a una gran oportunidad, debido al incremento en su competitividad, pero la situación que atraviesa la empresa dificulta cualquier pronóstico certero. Por otro lado, Celulosa Jujuy, ahora Papelera del NOA, realizó una serie de grandes inversiones antes de la devaluación, sin endeudarse, por lo que ahora se encuentra en una situación óptima, debido a la demanda de papel kraft de origen local, con toda su producción vendida. En el caso de Palpalá, las microempresas vinculadas con la fundición y la tornería han visto duplicar su producción, pero con grandes dificultades debido a la falta de capital de trabajo.

También en Misiones, la industria celulósica-papelera ha sido uno de los sectores más beneficiados. Sin embargo, este sector industrial se encuentra, principalmente, en manos de empresas extranjeras (chilenas, norteamericanas, etc.).

El área de Rosario exhibe empresas con presencia en el exterior que pertenecen básicamente a la industria metalmecánica, especialmente maquinarias y equipos, autopartistas y alimenticias. No obstante ello, y al analizar en términos relativos cada sector en particular, surgen que las industrias de productos químicos, caucho y plásticos, metales comunes, instrumentos médicos y aparatos de medir poseen más del 10% del total de empresas de la rama con presencia en el exterior, en contraposición a las alimenticias y a las autopartistas que, si bien en valores absolutos son importantes, su presencia como industria refleja una baja performance competitiva como sector productivo (concentrada en pocas empresas). Los principales obstáculos a la exportación que estas empresas encuentran se refieren a los costos elevados, a la falta de información de mercado y a la falta de conocimiento de la operatoria para moverse en el mercado externo. La mayoría de las empresas con sendero inversionista ha realizado acciones respecto de los mercados, de la calidad y de la innovación. Este grupo, constituido por la cuarta parte de las empresas potencialmente exportadoras, se caracteriza por tener, en su gran mayoría (70%), capacidad instalada ociosa. Dado que el proceso de mejoramiento de las capacidades tecnológicas de las empresas juega un papel fundamental en su competitividad, este grupo de empresas es el que mejor posicionado está para enfrentar la salida a los mercados externos. No obstante, el nivel de incertidumbre ante las acciones de política macroeconómica dificulta las posibilidades de planificación e incrementa el riesgo de efectuar nuevas inversiones. A pesar de la existencia de potenciales empresas exportadoras y de la posibilidad de sustituir importaciones, la situación pasada y la heterogeneidad del sector industrial muestran una actividad que disminuyó y que achicó el tamaño de sus firmas, por lo que existe una tendencia al incremento de los establecimientos de subsistencia.

A partir de la modificación de los precios relativos, en Santa Cruz han surgido actividades de servicios para responder a una demanda insatisfecha; esto puede señalarse, sobre todo, en los servicios prestados a actividades mencionadas como favorecidas, fundamentalmente el petróleo. En general, se ha demostrado que, bajo condiciones favorables para sustituir importaciones, gran parte de los insumos de la industria petrolera pueden producirse localmente. Esto incluye emprendimientos en software y productos de alta tecnología.

En medio de la situación descripta, que se presenta en gran parte de los sectores productivos del país, puede percibirse el surgimiento de nuevas formas de organización que consiguieron reaccionar rápidamente. Entre ellos pueden citarse, por ejemplo, la iniciativa de los pequeños emprendimientos ganaderos en la Patagonia, que refleja la búsqueda de formas asociativas para garantizar un nivel negociador más equilibrado entre productores y frigoríficos. Los productores de fruta fina, organizados en cooperativas, también pudieron reaccionar rápidamente para aprovechar las mejores expectativas derivadas del precio relativo de los productos. En el sector pesquero también se visualiza esta capacidad de reacción, tanto en Mar del Plata como en Santa Cruz. En esta última provincia, las tripulaciones también consiguieron la sanción de una ley que obliga a las empresas a tomar personal radicado en la provincia.

En otro orden de cosas, varios informes regionales señalan el turismo como una de las actividades que se reactivó durante este último tiempo y que posee una amplia potencialidad de expansión. La capacidad ociosa de los servicios turísticos le confiere a Mar del Plata la oportunidad de beneficiarse de la disminución del turismo hacia afuera y de la posibilidad de viajar a precios accesibles en la Argentina, generando así afluencia de turistas internacionales a esa ciudad. La incidencia de la devaluación también ha repercutido en la actividad turística marplatense, a raíz de la variación de los precios nacionales versus los extranjeros. En esta ciudad, la actividad se centra sobre la modalidad masiva y estacional de sol y playa destinada a la demanda interna. Sin embargo, aún no se han podido verificar las tendencias mencionadas porque la primera temporada posdevaluación estuvo afectada por la gran incertidumbre política, social y financiera (corralito).

Para la provincia de Jujuy, el turismo también ha resultado ampliamente beneficiado por la devaluación, aunque con las dificultades de la falta de alojamiento suficiente, en variedad de precios y calidad, y con los problemas derivados de la cada vez menor frecuencia del transporte aéreo.

En Misiones, Puerto Iguazú funciona como un enclave turístico, ya que no derrama ingresos al resto de la economía provincial.

Asimismo, el turismo localizado en El Calafate, provincia de Santa Cruz, muestra perspectivas favorables ante la devaluación. Pero deben destacarse ciertas dificultades, como el deterioro de la red vial, así como la crisis de las líneas aéreas y la modificación constante de las rutas. Estas últimas amenazan con provocar una crisis adicional en la capacidad de captar turismo internacional. Por otra parte, los resultados dependerán en gran parte de las acciones de los agentes locales en cuanto a mantener los precios domésticos para los servicios prestados o dolarizarlos.

El comercio evidencia grandes dificultades a lo largo de las economías regionales, como consecuencia de la caída del salario real de los trabajadores y sus efectos sobre el consumo, si bien en algunas provincias ha acompañado el resurgimiento de los procesos exportadores.

En Jujuy, el comercio atraviesa dificultades debido también a la multiplicidad de cuasi monedas que circulan en la provincia, si bien puede observarse una reorientación del comercio fronterizo, habiendo aumentado las ventas a Bolivia y Chile, en menor medida.

En el caso de La Pampa, los productos exportables de origen agropecuario generaron mayores ingresos en pesos, lo que repercutió en el sector financiero y, secundariamente, en algunas actividades comerciales.

En Misiones, cuando debían sentirse las mejoras porque la gente ya no compraba en Paraguay, cayó en términos reales el monto de los fondos que el gobierno derramaba en la comunidad a través del gasto público provincial.

En Santa Cruz, el comercio representa una de las actividades de mayor importancia debido a la gran cantidad de mano de obra que ocupa el sector. Dada la importancia del sector público en la región, el nivel de actividad comercial está íntimamente vinculado con aquel. Por esta razón, el impacto de las políticas sobre el sector público se transmite al comercio. Entre los efectos más importantes se puede destacar la disminución de puestos de trabajo, la disminución de remuneraciones por trabajador y la disminución de horas extras y otro tipo de incentivos salariales. El sector de los grandes supermercados, que en el caso de Río Gallegos permite que tres firmas concentren el 75% de las ventas, ha sido el más afectado; sus ventas han disminuido significativamente pero comienzan a recuperarse lentamente. Inversamente, en términos relativos los pequeños comercios han sido más estables e incluso han podido incrementar levemente sus ventas. Los supermercadistas adjudican esta situación especialmente a la pérdida del poder adquisitivo y a la crisis adicional de las tarjetas de crédito.

·        El ingreso:

Como se mencionara anteriormente, en todas las regiones se observa un profundo deterioro del salario real provocado por la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación –del 50% aproximadamente– derivada de la devaluación de la moneda local. Todo esto recae, en mayor medida, sobre los deciles poblacionales de ingresos más bajos y de menores recursos, donde la mayor parte de los ingresos se destina a la satisfacción de necesidades básicas. Esta situación profundiza aún más los niveles de pobreza en las diferentes regiones del país. En esta caída del ingreso, los empleados públicos y muchos empleados del sector privado de las provincias de Chaco, Córdoba y Entre Ríos, además del efecto nocivo ejercido por el aumento de precios, sufren las consecuencias de la existencia de bonos provinciales. Estos no son recibidos del mismo modo en todas las actividades y generaron una inflación de precios en esa cuasi moneda, la que también alcanzó a los bienes y servicios pagados en pesos o Lecop. Su aceptación es diferente de acuerdo con la actividad, aunque en términos generales el aumento de los precios ronda el 20%-30%.

Los efectos directos de esta situación comprenden el aumento de la regresividad en la redistribución del ingreso y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Esto se relaciona con el hecho de que los sectores más beneficiados en materia de exportaciones fueron los grandes grupos económicos locales y extranjeros con una poderosa inserción productiva al interior de las economías regionales, que no reinvierten ni distribuyen sus ganancias en las regiones que operan. Por lo que puede decirse que se realiza una nueva transferencia al capital más concentrado a expensas del conjunto de la sociedad, fundamentalmente de los sectores populares y de las fracciones más débiles del empresariado local.

En la provincia del Chaco, los empleados provinciales reciben como parte de sus salarios los bonos provinciales denominados Quebracho, cuyo nivel de aceptación está actualmente disminuyendo¹³.

También en Córdoba la circulación de bonos provinciales Lecor, y su devaluación respecto del peso, provocaron una caída adicional del poder adquisitivo de los cordobeses¹⁴. En Río Cuarto, la capacidad real de compra de la población disminuyó por el efecto combinado de la devaluación, la inflación y el aumento de los índices de desempleo y subempleo.

Los indicadores sociales dan cuenta de que Entre Ríos tiene un nivel de vida inferior al de similares provincias como Santa Fe o Córdoba. La población por debajo de la línea de pobreza, según la última medición de la EPH, es de 70,9%, lo que la convierte en una de las cinco provincias más pobres junto con Corrientes, Formosa, Chaco y Jujuy. En tanto que la población por debajo de la línea de indigencia es de 38,2%, lo que la ubica dentro de las tres primeras. Al igual que en los dos casos anteriores, la disminución del salario nominal se suma al aumento de los precios (50%), produciendo una caída del ingreso real significativa. Esta pérdida lleva prácticamente a duplicar la cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas. La devaluación de la moneda local, sumada a la emisión del Bono Federal, recae en mayor medida sobre los sectores de ingresos más bajos: pequeños comerciantes, horticultores, jubilados y empleados provinciales (administrativos, policiales, docentes y salud). El aumento de la regresividad en la distribución del ingreso y la pérdida del poder de compra de los salarios mantiene en niveles muy bajos la demanda interna de consumo. Si bien la mejora en los precios de los productos exportables ha significado incrementos en los ingresos de los sectores con ellas relacionados (cereales y oleaginosas, faena de carnes rojas y avícolas, producción láctea), no es factible afirmar aún si ello ha significado aumento de las ofertas respectivas.

El ingreso de los asalariados en la provincia de La Pampa también ha empeorado. Los precios de los bienes de consumo han aumentado, provocando una marcada retracción en las ventas y la consecuente disminución de la calidad de los productos de la canasta familiar.

Los efectos de la devaluación sobre la distribución del ingreso han sido, asimismo, muy perjudiciales para los sectores de bajos ingresos en Mendoza, pues no solamente vieron reducidos sus ingresos en términos reales, sino que perdieron sus empleos o bien han visto aumentar sus niveles de precariedad laboral. En Mendoza, merece destacarse la profundización de la brecha entre los departamentos “pobres” y los “ricos”, brecha que se acentúa con la devaluación, puesto que los sectores favorecidos con la devaluación pertenecen a los municipios mejor posicionados tradicionalmente¹⁵. En cuanto a los incrementos de precios, los sectores que más han sufrido la devaluación son los de los bienes transables, principalmente la construcción y bienes de consumo alimentario con un alto valor nutricional. Se produjo un efecto ingreso hacia los bienes económicos denominados inferiores, con pérdidas importantes en la calidad del producto. En cuanto a la sustitución de importaciones que ha comenzado a tener lugar, la misma se caracteriza por la desatención del consumidor en cuanto a presentaciones, normas internacionales de calidad, falta de controles bromatológicos y externalidades negativas en cuanto a contaminación, entre los aspectos más relevantes.

En Misiones, los precios de la canasta familiar han subido al igual que en el resto del país, con el agravante de que en la provincia antes se compraba en el Paraguay una parte sustancial de los alimentos y la ropa, y en la actualidad ese recurso no existe porque los precios en el país vecino dejaron de ser competitivos. Asimismo, el sector público provincial perdió poder adquisitivo tanto por la reducción en términos nominales como por la devaluación.

Si bien el ingreso de los sectores favorecidos se ha visto fortalecido, su impacto en Santa Cruz aún no puede observarse debido fundamentalmente a dos razones: la mano de obra que emplean es escasa y los excedentes no quedan en la región, ya que los propietarios del capital no son residentes regionales. No es una ironía resaltar que las zonas que generan espectaculares datos del PBG son las que padecen una mayor desestructuración de la trama social, los niveles más altos de desempleo y los indicadores de precariedad social más altos.

En cuanto al nivel general de precios, puede señalarse que la canasta de bienes que compondría un índice para la región es bastante diferente de la que se utiliza para el cálculo nacional. En este sentido, puede aseverarse que los precios subieron, pero no puede saberse cuánto ni cómo impactaron. Algunos estudios preliminares ubican la suba de precios entre un 50% y 60% más que los comunicados por el INDEC para el conjunto del país.

En la provincia de Catamarca se destaca que no sólo los sectores más postergados de la población –que dependen de modos de asistencia social directa– se transforman en rehenes de un sistema político en crisis, sino que también lo hace la pequeña burguesía –que integra los mandos medios y superiores de la administración, el empresariado comercial o el ejercicio de profesiones independientes– que por su relación laboral con el Estado, o por vía del consumo social, se transforma en beneficiaria de las asignaciones presupuestarias. Esta situación atenta contra cualquier tipo de iniciativa colectiva, modelando conductas de resignación histórica, así como también encubre tensiones sociales provocadas por la contradicción central de un sistema de organización económica que no logra resolver la relación entre necesidades colectivas y generación de recursos para satisfacerlas.

No obstante, cabe recordar que en algunas actividades –como la pesquera en Mar del Plata y Santa Cruz y la azucarera en Jujuy– se han producido aumentos salariales, pero son casos aislados y no reflejan una tendencia general que abarque el conjunto de las actividades productivas. Este es también el caso de los frigoríficos cordobeses, que están desarrollando la exportación de sus productos, incorporando mano de obra y mejorando el salario de la planta de personal, pero esto se debe al levantamiento de las medidas de restricción que operaban sobre las carnes argentinas. Asimismo, la Mina El Aguilar, en Jujuy, restituyó una reducción de salarios del 30% que había efectuado en noviembre de 2001, y continúa brindando aumentos salariales.

·        El mercado de trabajo:

La mayoría de los informes señalan que no se observan importantes variaciones en el mercado laboral, a pesar de que la devaluación representa una perspectiva favorable para los sectores productivos. Desde mediados de los noventa se han registrado altas tasas de desocupación –superiores a los dos dígitos– así como también un elevado porcentaje de trabajo informal y de características precarias. La onda de la EPH de mayo de 2002 revela que se sigue contrayendo el empleo y que continúa el aumento de la desocupación.

La situación actual, en la cual aún no se ven plenamente las mejoras en los niveles de actividad, sí ha provocado mayor concentración del ingreso y aumento de los niveles de pobreza y marginalidad, incrementándose los niveles de desempleo y subempleo. Es importante aclarar que, en algunos casos, la información brindada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se releva en aglomerados donde la administración pública tiene un peso importante, que funciona como colchón amortiguador de los efectos de la desocupación generada por la contracción de otras actividades. Este tipo de empleo es también conocido como desempleo encubierto o disfrazado, puesto que supone bajos niveles remunerativos y una fuerte presencia de elementos típicos del clientelismo político.

Algunos datos generales permiten ilustrar lo dicho. Mientras que en Río Gallegos el peso de la administración pública permite mantener los índices de desempleo por debajo del 4%, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, especializada en hidrocarburos, la desocupación en algunas ciudades se ubica en el orden del 25 por ciento.

Los datos de la provincia del Chaco también reflejan esta situación, ya que es una de las provincias con mayor porcentaje de empleados públicos, especialmente en el área de Gran Resistencia.

En Catamarca, la concentración poblacional capitalina induce al crecimiento hipertrofiado de los servicios públicos y de la planta de personal estatal para atenderlos, encubriendo la acción gubernamental la tasa de desocupación real¹⁶.

Vale la pena destacar particularidades de la composición de la tasa de desocupación, como se advierte para la provincia de Jujuy. Dicha tasa alcanzó en mayo de 2002 el 21,1%, siendo la mayor parte de los desocupados nuevos ingresantes al mercado de trabajo (20%), porcentaje superior al del sector de la construcción (17%), al 13% del servicio doméstico y al 12% del comercio. Tal característica impacta negativamente en los ofertantes de empleo de más baja edad, en especial los jóvenes en la franja de 15 a 20 años.

En Chaco, como ya se mencionó, no hay modificaciones sustanciales en materia de desempleo. Tomando como parámetro de comparación el mismo mes (onda mayo) del año anterior resulta que el desempleo creció de un 13% a un 14,9% pero previamente, en octubre, muestra un porcentaje superior del 15,9%. Lo que sí se puede verificar es que la tasa de empleo cayó de un 29,4% a un 28,9% y el subempleo creció un poco más, de un 14,4% a un 18,5%. Si tomamos a los desempleados y a los subempleados, resulta que más del 30% de la población tiene problemas de empleo en la provincia.

El índice de desocupación de la zona de Córdoba es el segundo del país y supera la media nacional. La desindustrialización operada en la provincia trajo aparejadas críticas situaciones en el mercado de trabajo, que para el caso del Gran Córdoba implica que las tasas de desempleo y subempleo alcanzan al 42,8% (media nacional 40,1%). En Río Cuarto, los niveles de desempleo se ubican por encima de los dos dígitos, con aumentos importantes en los niveles de pobreza e indigencia y una disminución acelerada de la capacidad real de consumo.

La situación en La Pampa se caracteriza también por una marcada pérdida del poder adquisitivo, especialmente de los asalariados con sueldos congelados. En la provincia posee mucho peso el empleo público, si bien se han registrado despidos en el último tiempo, especialmente en el comercio, lo que se suma a la pérdida de puestos de trabajo del último decenio.

En Mar del Plata, según los datos de la EPH de mayo de 2002, no se observan importantes variaciones en la tendencia que se viene manifestando en los últimos años en el mercado laboral. En este aglomerado, desde mediados de los ’90, se han registrado unas de las más altas tasas de desocupación del total del país, así como también un elevado porcentaje de trabajo informal y de características precarias. Contribuyen para esto las especificidades locales relacionadas con su estructura productiva, donde el sector servicios es el más dinámico en la absorción y expulsión de mano de obra¹⁷.

En Mendoza, la devaluación ha tenido notables efectos sobre el mercado laboral, especialmente en lo que respecta al aumento de la informalidad, que representa el 56% del total de los trabajadores contenidos en la EPH. Aplicando la técnica de clusters a las ondas de la EPH, puede decirse que la incorporación de antiguos asalariados del sector formal, principalmente del sector público, al llamado “cluster de subsistencia”, respondió a la necesidad de integrarse a la informalidad producto de la Reforma del Estado que incluía la disminución del plantel laboral¹⁸. Un segundo grupo, denominado “cluster de subordinación”, incluye a aquellas actividades que si bien no se encuentran excluidas del sistema económico por tener un nivel de ingresos promedio por encima de la línea de la pobreza, se destacan por su alto nivel de precariedad laboral en función de las excesivas horas semanales de trabajo así como también de las magras condiciones laborales. Están orientadas hacia el logro de una mayor flexibilidad y menores costos laborales en empresas del sector formal, por medio de contrataciones no registradas y de subcontrataciones de emprendimientos informales. El tercer conjunto, denominado “cluster de crecimiento” es el menor de todos¹⁹. Se trata de pequeñas unidades productivas que por razones históricas o circunstanciales han logrado, total o parcialmente, una integración en el contexto de la globalización, ya sea a través de exportaciones de bienes o captación de turismo nacional e internacional.

·        El sector público:

La mayoría de las provincias argentinas sobrevive a una situación económica de larga data estructuralmente deprimida y presupuestariamente deficitaria. La situación recesiva ha empeorado a partir de las malas administraciones y de la incapacidad de los gobiernos provinciales de obtener ingresos propios que compensen la caída de la coparticipación. A ello se le suma que el acuerdo celebrado con la Nación no contempla una salida de largo plazo, sino un mero reacomodamiento contable para cumplir con las metas del FMI. La Nación adeuda a las provincias fondos por coparticipación, además del ajuste realizado y convenido con la Nación en el marco de la reducción del déficit fiscal de las provincias.

En este sentido, el Estado nacional impone programas de ajustes sucesivos a las provincias, incumpliendo los pactos que el propio Estado simula acordar, violando así la distribución de atribuciones fiscales fijadas por la Constitución. El gobierno nacional incurre en constantes incumplimientos en relación con la remisión de los fondos coparticipables.

Sólo en el caso de Jujuy puede afirmarse que el Estado provincial ha recompuesto su deuda pública (65% PBG, y 230% del presupuesto anual) achicando el déficit total, aunque también paralizó totalmente la inversión pública. Para el conjunto de las economías regionales surge como una característica común la grave situación en la que se encuentra la administración pública profundamente endeudada.

Las estructuras burocráticas provinciales y municipales no escapan a la crisis institucional en la que se encuentra inmersa el Estado nacional, la que se caracteriza, a grandes rasgos, por una profunda desorganización administrativa con funciones mal definidas o superpuestas, actividades no coordinadas y determinación de decisiones que responden a presiones de grupos económicos y políticos. Las acciones del sector público que no se basan sobre proyectos gubernamentales estables, el mal funcionamiento de sus instituciones y la corrupción erosionan la legitimidad y la confianza que la sociedad deposita en la administración pública.

La tendencia declinante de la actividad productiva del sector privado de la economía y, como contraparte, el crecimiento en tamaño y funciones del sector estatal, como en la provincia de Catamarca, se sostiene por la también creciente dependencia de las finanzas provinciales de los aportes del Tesoro Nacional, vía coparticipación federal y la incorporación de la provincia en los programas generales o especiales de obras públicas o desarrollo de la economía, que se canalizan en forma directa –acuerdos políticos o intervenciones federales– o a través de crédito subsidiado de la banca estatal nacional o provincial.

En Misiones, la coparticipación cayó de casi 40 millones de pesos convertibles anuales a menos de 20 millones de pesos. El impacto sobre el poder de compra de la población es muy grande en una ciudad netamente administrativa como Posadas. Esto ha provocado aumentos en los índices de desempleo y se han incrementado los problemas de inseguridad.

En el caso de Santa Cruz, a partir de las acciones de política económica nacionales y como consecuencia de la disminución general de la actividad económica, se verifica un debilitamiento en la recaudación de los impuestos, tanto nacionales como provinciales y municipales, que impactan en los presupuestos públicos. Esto se ve además acentuado por la crisis de los mecanismos de coparticipación y la relación entre la jurisdicción nacional y provincial, producto de variables que no son estrictamente económicas. Esto conduce a la reducción de gastos y de prestación de servicios, especialmente gastos sociales²⁰ y planes de obras públicas²¹ y consolida la estructura de salarios, que tiene una alta incidencia en el comercio local y que ya venía perdiendo de forma progresiva poder adquisitivo durante la última década.

·        Reflexión:

Si una de las características más relevantes del modelo de desarrollo del último cuarto del siglo XX en la Argentina era que, con sus diversas estrategias constitutivas, alentaba un creciente proceso de concentración económica y acentuaba la brecha entre quienes podían ingresar o permanecer dentro del sistema productivo y quienes eran expulsados de él, la misma no parece haberse visto revertida con el fin de la convertibilidad. A pesar de que se ha dado cierta reactivación de la actividad primaria, fundamentalmente orientada hacia la exportación, en la mayoría de los sectores productivos –agropecuario, ganadero, pesca, hidrocarburífero y minero– la actividad parece estar concentrada en aquellos actores que habían logrado reconvertirse durante la década de los ’90 y en los grandes capitales extrarregionales que operan en las distintas regiones.

Las pequeñas y medianas industrias son las más afectadas por el contexto recesivo en contrapartida con los grandes grupos económicos que sí lograron alcanzar aumentos en sus niveles de producción. Entre los pequeños productores que componen las diversas cadenas de producción, se observan grandes dificultades de comunicación, tanto en nivel vertical como transversal. Los conflictos se observan entre productores e industriales, industriales y el sector de comercio, comerciantes y consumidores, y además todos estos actores se confrontan con los Estados nacional, provincial y municipal. Tampoco se observa una actitud comunicativa entre los actores de un mismo nivel productivo. Se ha detectado, en una idéntica actividad, la incorporación de insumos similares desde distintos lugares del planeta, con los consecuentes mayores costos que se operan por cada negociación en particular. Esta visión general, con la presentación de casos precisos, da cuenta de una situación generalizada que no ofrece, todavía, signos de una reactivación sustentable producto de la devaluación, tanto por su estímulo exportador o por sus posibilidades de impulsar el proceso de sustitución de importaciones. Ni el contexto actual, por la falta de crédito, ni la estructura productiva heredada (desintegración de las cadenas de producción, presencia dominante de capital concentrado, ausencia del Estado, etc.) auguran perspectivas positivas para el corto plazo.

III. Estrategias de apoyo a la transformación productiva con equidad social en las economías regionales

Las estrategias de política que se pueden proponer en el marco nacional y regional anteriormente expuesto, si bien son aplicables para el conjunto de las regiones productivas del país, deben reconocer cierto grado de especificidad para dar cuenta de las características diferenciadas de los procesos de producción particulares de cada área. En este ámbito, las propuestas de desarrollo a largo plazo surgidas del Seminario de Economías Regionales se asientan sobre tres pilares básicos: la reconversión productiva de los agentes económicos de menor tamaño, el fomento del empleo y la reinserción social y la transformación estructural en el plano político-institucional. A continuación se desarrollan los aspectos esenciales de las propuestas presentadas.

1. Reconversión productiva de los agentes económicos de menor dimensión en el sector agrícola, agroindustrial, actividades manufactureras no tradicionales y de comercio y servicios urbanos.

El paso inicial e ineludible para relanzar el crecimiento económico con equidad es dotar a los agentes económicos que operan en el sistema regional argentino con las condiciones necesarias para asegurar su supervivencia en el corto plazo y su expansión autosostenida en el largo plazo. Para ello, es necesario diseñar un Programa Asistido de Reconversión Productiva como condición necesaria para colocar a dichos sectores sociales de la producción en capacidad de operar con niveles de eficacia y eficiencia en los mercados externos e internos. Los contenidos específicos de este Programa serían los siguientes:

1.1. Apoyo e intervención activa del estado en la puesta en marcha de programas asociativos entre los productores más débiles de las cadenas productivas.

Es preciso consolidar acuerdos para reforzar la capacidad de negociación en el mercado, distribuir con equidad los frutos del crecimiento, absorber en forma cooperativa y participativa los beneficios de los nuevos aportes en tecnología apropiada y sustentable, formalizar presentaciones nacionales e internacionales para la oferta de los productos y la venta de los servicios, integrar predios para aumentar las economías de escala en la aplicación de insumos indispensables a los efectos de incrementar la productividad y utilizar maquinaria y tecnología innovativa y negociar con los oferentes de crédito público y privado condiciones crecientemente favorables. Este cometido debe complementarse con el accionar de organizaciones de productores y entidades de apoyo a la reconversión, incluyendo el cometido fundamental de las universidades públicas, institutos de investigación estatales y privados, y organismos del sector público dedicados a la investigación científica. En este terreno, el principio central del Programa es alcanzar niveles de competitividad sistémica que fortalezcan la presencia en el mercado de tales productores y les permita alcanzar patrones de comportamiento aptos para acumular en el largo plazo, estructurando amplios procesos de producción encadenados entre sí, tanto en su dimensión horizontal como vertical. En este ámbito, debe fomentarse la instalación de empresas sociales de carácter autogestionario, solidarias y cooperativas que, vinculadas entre sí, logren cambiar gradualmente el perfil empresarial hacia iniciativas de corte asociativo que prioricen la distribución de los excedentes con criterios de igualdad social y posean un manejo participativo de su gestión.

En el marco del Seminario, las políticas de fomento a los programas asociativos fueron recomendadas por numerosos asistentes. Los representantes de la Universidad Nacional de San Juan, por ejemplo, destacaron la necesidad de fomentar mecanismos de asociatividad entre agentes productores y consumidores y de apoyar la integración de los pequeños y medianos empresarios en los diferentes eslabones de las cadenas productivas. Por su parte, desde la Universidad Nacional de La Pampa se propuso fortalecer el respaldo a las Cooperativas Agropecuarias, de Servicios y de Trabajo ya existentes, pues estas poseen una importante presencia en el interior y resultan imprescindibles para favorecer la permanencia y el crecimiento de la pequeña y mediana producción. Asimismo, la Universidad Nacional de Misiones destacó la necesidad de fomentar la estructuración de clusters productivos, mientras que los representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral priorizaron el desarrollo de redes bajo modelos asociativos en el diseño de políticas de innovación organizacional y tecnológica. En este ámbito, la Universidad Nacional de Jujuy propuso la conformación de una fuerte red de apoyo a los posibles exportadores en actividades mano de obra intensivas, informándolos sobre posibles nichos de mercado, oportunidades y trámites a seguir.

1.2. Disponibilidad de líneas de crédito para inversiones y capital de trabajo, a tasas de interés subsidiadas y con amplia flexibilidad para el ingreso de la pequeña producción a los beneficios de las mismas.

La pequeña producción no logra acceder al crédito externo o a los mercados de capitales, motivo por el cual depende en su totalidad de los préstamos domésticos. Sin embargo, es preciso revertir el rol que desde 1977 ha jugado el sistema bancario en relación con el pequeño y mediano empresariado nacional, impidiendo su acceso al crédito y cobrando tasas de interés abusivas. Por otra parte, la actual crisis del sistema financiero local ha vuelto inviable cualquier intento de restitución del crédito por los canales bancarios tradicionales.

En este ámbito, el accionar cooperativo de los productores y el respaldo estatal y privado, acompañado de la incorporación al sistema financiero de la Banca de Fomento Provincial y/o Regional, son las herramientas indispensables para acompañar el proceso de reconversión y el fortalecimiento del segmento PyME en relación con los grandes intermediarios y grupos económicos procesadores de materias primas y exportadores. Asimismo, es preciso rehabilitar el funcionamiento de las Cajas Cooperativas de Crédito de base local, capaces de posibilitar el apoyo y ayuda mutua entre los mismos productores, organizadas en formas de asociación y gestión cooperativas altamente transparentes y de manejo democrático. Por otra parte, y frente a la necesidad de explorar mecanismos de financiamiento alternativos al crédito bancario que contemplen las necesidades regionales específicas y las particularidades de cada tipo de producción, es preciso instrumentar herramientas financieras tales como el leasing, el factoring, los fideicomisos, los warrants, los fondos de capital de riesgo y las sociedades de garantías recíprocas, pues permitirían reencauzar el crédito a los productores a fin de reconvertir su actividad y financiar capital de trabajo para sus planes de expansión.

En este marco, los lineamientos financieros propuestos por los representantes de las diversas universidades comprenden diferentes estrategias y herramientas crediticias que permitirían aliviar la restricción del sector productivo. La Universidad Nacional de San Juan, por ejemplo, recomendó la instrumentación de líneas de crédito supervisadas a bajas tasas de interés para cosecha y acarreo a valor producto y la implementación de certificados de garantía real de los productores denominados “terceros”. Asimismo, la Universidad Nacional de Entre Ríos destacó el hecho de que uno de los pilares fundamentales y de complemento indispensable para encauzar a la economía argentina en el sendero del crecimiento sostenido con equidad social es el apoyo financiero a la pequeña y mediana producción, dado que el acceso al crédito constituye uno de los resortes fundamentales para integrar verticalmente las actividades económicas frente a la oligopolización y oligopsonización de los complejos productivos. Por su parte, la Universidad Nacional de La Pampa mencionó la necesidad de organizar circuitos locales de crédito bajo formas cooperativas, lo cual requeriría, claro está, la modificación de la legislación nacional. En otro orden de cosas, la Universidad Nacional de Río Cuarto destacó la necesidad de reinvertir excedentes y de acumular capital al interior de una misma región como condición necesaria para el crecimiento económico endógeno, pues ello permitiría alcanzar una mayor diversidad productiva y una mayor homogeneidad en los niveles de productividad de los recursos. En este marco, proponen la implementación de Programas de Asistencia Técnica y capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas regionales, utilizando mecanismos de financiamiento variados, tales como el crédito fiscal y los aportes de múltiples organismos públicos y privados, tanto regionales como extrarregionales. Por último, la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Económicas con sede en Mendoza, destacó la necesidad de facilitar el acceso al crédito, a las innovaciones tecnológicas y a la capacitación de las pequeñas unidades productivas y de las actividades con alta precariedad laboral, con el fin de lograr un mayor acopio de capital físico, humano y financiero que les permita una reinserción futura en el mercado laboral formal.

En lo que respecta al papel dinamizador e impulsor del desarrollo de la banca provincial, varios asistentes al Seminario destacaron el importante rol que ya vienen desempeñando los bancos regionales en las respectivas provincias. Por ejemplo, y dado que el Banco de La Pampa ha moderado considerablemente el impacto de la crisis actual en la estructura productiva de la región, la Universidad Nacional de La Pampa considera que difícilmente pueda pensarse en acciones o políticas de reactivación sin tomar decisiones sobre el papel activo que debería jugar dicho banco en el proceso, teniendo en cuenta que maneja la mayor parte del movimiento bancario. Asimismo, los analistas entrerrianos ven la necesidad impostergable de que el Banco de Entre Ríos se transforme en la herramienta fundamental del desarrollo provincial. Por su parte, la Universidad Nacional de Río Cuarto propuso la implementación de un Programa Territorial de Inversión que genere un banco de proyectos y alternativas de financiamiento en nivel regional.

En otro orden de cosas, varios delegados mencionaron el gran problema que representa la emisión de cuasimonedas tanto para la población asalariada como para la pequeña producción y el comercio. En este aspecto, Universidades como la de Entre Ríos y el Chaco destacaron la urgente necesidad de rescatar los bonos provinciales en el cortísimo plazo, con el fin de recomponer el poder adquisitivo de las familias, normalizar la actividad productiva y comercial e invertir las transferencias de ingresos desde los sectores de bajos recursos hacia el sector financiero y público.

1.3. Defensa activa de los precios de los pequeños y medianos productores frente al mayor poder negociador de los grandes intermediarios y de los grupos económicos procesadores y exportadores.

Es urgente e indispensable establecer sistemas de defensa de los precios de los actores económicos más débiles de las cadenas de producción. Este mecanismo se puede implementar a partir de la obtención de un fondo especial, fruto de aportes crediticios que se respalden con la garantía de warrants, obtenido en el ámbito financiero privado y mediante un aporte extraordinario del gobierno nacional como resultado de un adicional mínimo obtenido en la aplicación de retenciones a la exportación agropecuaria. La urgente implementación de este mecanismo de salvaguarda de los ingresos de los agentes económicos más débiles de las cadenas productivas resulta completamente necesario debido a la variación al alza de los precios de exportación producto de la devaluación del peso. Es necesario impedir que el sector exportador altamente concentrado se apropie de toda la renta diferencial que supone el aumento, en pesos, de los precios de los bienes transables de origen agrícola, ganadero, forestal y pesquero y que exista una redistribución hacia el interior de los circuitos productivos que redunde en beneficio de los actores sociales más pequeños. En este aspecto, universidades como la de Misiones destacan la necesidad de una mayor presencia de los estados nacional y provincial en la distribución de la riqueza generada en las actividades primarias, intentando compensar a los productores por los bajos precios obtenidos durante la década de los noventa.

1.4. Puesta en ejecución de un programa de capacitación y fortalecimiento de la capacidad de gestión de los pequeños productores, dotándolos de respaldo para un proceso de regularización de la situación fundiaria, de formalización de las relaciones laborales y de inserción en los sistemas previsionales y de medicina social.

Este programa tiende a colocar a los pequeños productores con inserción irregular en el sistema social y que carecen de títulos de propiedad de sus predios en una situación que los habilite a desenvolverse como actores incluidos en la trama productiva nacional. Este apoyo a los pequeños productores, tanto de productos primarios como de manufacturas, debe basarse, fundamentalmente, sobre el fácil acceso al crédito, la inserción en los mercados regionales y extrarregionales y el asesoramiento técnico, como argumentaron los representantes de la Universidad Nacional de Jujuy.

En este marco, la Universidad Nacional de Cuyo destacó la necesidad de implementar decididas políticas de estado respecto de los derechos de propiedad de la tierra, fundamentalmente en las zonas rurales de secano, acompañadas por un sustancial mejoramiento de los servicios públicos sanitarios, de educación y de telecomunicaciones. Asimismo, los representantes de la Universidad Nacional de Misiones resaltaron la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra rural, ya que muchos productores no pueden ampliar cultivos perennes o encarar proyectos de forestación debido a la precariedad del modo de ocupación de la tierra. Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba resaltó la necesidad de otorgar prioridad a los aspectos referidos a la modernización tecnológica, la formación y la capacitación de los cuadros profesionales, técnicos y operativos de las pequeñas y medianas unidades productivas regionales.

1.5. Fortalecimiento de la generación de valor agregado en las cadenas productivas urbanas (industria, comercio y servicios) sustituyendo segmentos hoy desplazados fuera del país por actividades intervinculadas al interior de los complejos industriales, alentando formas de cooperación que reduzcan costos, expresen relaciones de tipo solidario y garanticen competitividad para operar en mercados nacionales e internacionales.

Esta estrategia va dirigida a la actividad económica urbana en las grandes áreas metropolitanas que hoy cuentan con una fuerte desarticulación y externalización de encadenamientos dedicados a la provisión de partes, insumos o servicios y se presenta sin lazos solidarios ni asociativos entre los integrantes del proceso de producción. Universidades como la de San Juan hicieron explícita la necesidad de fomentar estrategias de sustitución de importaciones, fundamentalmente en actividades ligadas con cadenas productivas intensivas en recursos naturales y fuerza de trabajo, para lograr la recuperación de la industria regional.

En este aspecto, los delegados de la Universidad Nacional de Córdoba estimaron indispensable la provisión de programas de apoyo tendientes a la modernización, reconversión y reingeniería empresarial, con el objeto de alentar la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, y debido a los altos costos que implica la importación, destacaron la importancia de promover la reutilización de tecnologías disponibles, a partir de nuevos modelos tecnológicos en relación con los sistemas de información y de comunicación. Por su parte, la Universidad Nacional de Entre Ríos resaltó la importancia de implementar políticas integrales desde el sector público para sectores o actividades generadores de valor agregado y de empleo. Específicamente refiriéndose al complejo agroindustrial, propusieron acciones tendientes a lograr identidad preservada, es decir, identificación geográfica y denominaciones de origen para productos de alta calidad, con el fin de aumentar sustancialmente el valor, más aún tratándose de productos con excelente performance en el mercado internacional. En este ámbito, los representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto postularon la Modernización de la Estructura Productiva como uno de los pilares básicos sobre los que debería basarse toda estrategia de desarrollo. Ello implica diseñar políticas activas para fortalecer, completar y ampliar el valor agregado que generan las cadenas productivas presentes en las diversas regiones. En términos operativos, propusieron implementar Programas de Innovación y Transferencia Tecnológica regionales, generando instrumentos de transferencia y difusión técnica a los tejidos productivos regionales.

2. Lanzamiento de un Plan de Fomento del Empleo y la Reinserción Social para el amplio segmento de habitantes expulsados de las actividades productivas o empleados en la burocracia estatal.

Este plan de acción para el corto plazo, de urgente implementación y destinado a combatir el fenómeno generalizado de exclusión social, posibilitaría la creación de empleos genuinos, acompañando las acciones de reactivación económica y nuevo sendero productivo en el mediano y largo plazo. Los recursos de este programa provendrían del fondo que se asigne para el Seguro de Empleo y Formación Laboral incorporado en el capítulo respectivo del Plan Fénix. Las estrategias incluidas en este acápite deben implementarse con total prescindencia de toda práctica clientelística, con amplia participación social y con un manejo transparente de los fondos.

En lo que respecta al diseño de políticas sociales, la Universidad Nacional de San Juan destacó la necesidad impostergable de instrumentar un seguro de desempleo con el fin de restablecer la dignidad individual y aumentar la demanda interna. En esta misma línea, la Universidad nacional de Jujuy planteó la necesidad de conformar un programa tendiente a consolidar una red de contención social en los sectores más comprometidos y de focalizar las acciones en la revitalización del mercado interno. Por su parte, los representantes de la Universidad Nacional de Cuyo se refirieron a la importancia de la intervención asistencial en las actividades de subsistencia, puesto que resulta excesivamente difícil la reinserción de la mano de obra desplazada de este segmento en el mercado laboral formal. De esta manera, plantearon la necesidad de reestructurar la política social con el fin de asegurar la cobertura sanitaria y social de toda la familia, dada la baja posibilidad de acceso a la misma y a la inestabilidad económica de los deciles poblacionales de menores ingresos. En este sentido, propusieron estimular la construcción mediante la provisión de créditos blandos, pues éste es un sector altamente intensivo en mano de obra y ha sido uno de los más perjudicados por la crisis y la devaluación.

En otro orden de cosas, la Universidad de Entre Ríos propuso establecer un sistema de incentivos fiscales a las actividades agroindustriales que utilicen procesos de producción mano de obra intensivos y tengan por objeto la exportación. Los delegados de la Universidad Nacional de La Pampa propusieron también la promoción de actividades que impliquen la incorporación de valor agregado industrial, pues los efectos derrame que se producirían permitirían la creación de puestos de trabajo en la región. Por su parte, la Universidad Nacional de Mar del Plata destacó la necesidad de diseñar líneas estratégicas enfocadas en la mejora de la competitividad de los sectores productivos mano de obra intensivos y con predominio de PyMEs, con el objeto de promover la creación de empleo calificado y estable. Asimismo, las universidades de Entre Ríos y Mar del Plata enfatizaron al turismo como actividad generadora de empleo, y destacaron la necesidad de fomentarlo mediante, por ejemplo, una política de certificaciones, puesto que se debe aprovechar el aumento de la demanda turística interna producto de la modificación de precios relativos.

En lo que respecta a la capacitación de la mano de obra con el objeto de posibilitar su reinserción social y productiva, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral propuso instrumentar políticas de capacitación de los recursos humanos que tiendan a lograr la adquisición y el incremento de conocimientos, capacidades y habilidades de los actores locales con el fin de que estos puedan enfrentar exitosamente los objetivos de las políticas de reactivación, especialmente en los ámbitos de innovación y gestión. Por su parte, los delegados de la Universidad Nacional de Río Cuarto resaltaron como lineamiento prioritario la inversión en capital humano y social, promoviendo políticas sociales integrales que contribuyan a mejorar la equidad en la distribución del patrimonio y el ingreso y que fomenten la integración y el respeto por la diversidad cultural en nivel de los individuos, los hogares y las comunidades. En términos operativos, propusieron generar políticas que permitan elevar los niveles de eficiencia y eficacia de los sistemas de educación formal (primaria, secundaria, terciaria y universitaria) y de los sistemas de salud (desde la prevención y atención primaria hasta la medicina de alta complejidad). En este ámbito, sugirieron instrumentar programas locales y regionales de capacitación, reconversión laboral y de formación y fortalecimiento de las redes solidarias y cooperativas que mejoren la capacidad de organización de la sociedad civil para hacer frente a los impactos externos e internos que afectan la calidad y el nivel de vida de las comunidades.

3. Transformación estructural en el plano político institucional.

En este ámbito es preciso encarar tres acciones coordinadas que complementen las estrategias citadas:

3.1. Organización de un Sistema Federal de Programación del Desarrollo, respetando las particularidades de las diferentes economías regionales consagradas en la actual Constitución nacional, donde se instalarán Oficinas Regionales con una dotación reducida de personal técnico tendiente a realizar el diseño y seguimiento de las políticas de crecimiento con equidad social para cada unidad interprovincial.

Como plantearon los representantes de las universidades nacionales de Entre Ríos, Rosario y Misiones, se debe iniciar un proceso de Planeamiento Estratégico que implique una mayor programación de las actividades económicas en nivel nacional, provincial y regional, en el que confluyan las Secretarías de Producción y las organizaciones de productores y empresarios de cada provincia junto con las universidades e institutos nacionales. Esta concertación y sinergia entre los actores sociales es fundamental puesto que las dificultades que se presentan en el camino del desarrollo superan la capacidad de gestión de los gobiernos locales. Parafraseando a los representantes de la provincia de Catamarca, es necesario encarar “soluciones globales, que vayan del todo a las partes y no a la inversa, como lo postulaba Alberdi al definir a la Nación como una unidad indestructible de unidades indestructibles”.

En este ámbito, los delegados de la Universidad Nacional de Córdoba propusieron propiciar políticas activas de cooperación tecnológica a través del armado de una red nacional de gestión e información que apunte a servir de soporte a los desarrollos regionales. En esta red participarían todas las PyMEs que, en distintos niveles, reciban asistencia por parte de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa u otro órgano oficial como coordinador de la actividad así como otras organizaciones que apoyen la actividad productiva desde las universidades, institutos de investigación y organismos dedicados a la actividad científica. Asimismo, propusieron conformar centros de asistencia técnica y profesional de carácter virtual para dar asistencia a los usuarios de todo el país e instrumentar, desde el gobierno nacional, un área de participación basada sobre una plataforma de comunicación común donde confluyan las experiencias operadas por los distintos actores, produciendo los nuevos aportes un efecto de retroalimentación que dote al sistema de un creciente dinamismo. Las universidades nacionales de San Juan y Entre Ríos destacaron también la importancia de la competitividad sistémica y de los eslabonamientos, interacción y vinculación orgánica entre los sectores productivo, burocrático, científico y tecnológico. En este marco, la Universidad Nacional de Rosario destacó la necesidad de evolucionar hacia la conformación de un nuevo “mapa institucional” con nuevos espacios y canales de relaciones intra e intersectoriales, que potenciarían y ayudarían a definir automáticamente el perfil de las nuevas estrategias de desarrollo de la región. Ejemplificaron lo expuesto con la mención de las experiencias recientes de conformación de consorcios de exportaciones, del polo tecnológico y de la Agencia de Desarrollo Regional en la ciudad de Rosario, con intervención de la universidad pública y de la municipalidad de la citada ciudad.

A la vez, universidades como las de Córdoba y el Chaco destacaron la necesidad de propiciar un tratamiento diferenciado para cada sector productivo, analizando la problemática de las correspondientes cadenas y aprovechando las ventajas particulares de las regiones, las capacidades endógenas y los aprendizajes sociales locales. En este aspecto, las universidades de Mar del Plata y Río Cuarto llamaron la atención acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente y la diversidad biológica y manejar sustentablemente los recursos naturales en las diferentes regiones. Por su parte, las universidades de la Patagonia Austral y Mar del Plata consideraron prioritario mejorar la infraestructura de acuerdo con las falencias particulares de cada área, reactivando la obra pública vinculada con la función de producción regional, fundamentalmente la infraestructura vial, energética y urbana. Asimismo, propusieron replantear el papel de las ciudades en el diseño de las estrategias de desarrollo regional.

3.2. Sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal que asegure la descentralización del proceso de percepción impositiva y aporte recursos significativos –con el control respectivo– a las provincias y regiones de menor nivel de desarrollo relativo acompañada de un proceso de refundación de los estados provinciales, sobre la base de un fortalecimiento de su capacidad de regulación, niveles de profesionalización del empleo y sustancial avance en la eficacia de la administración y en el proceso de concreción del gasto público.

En este aspecto, las universidades de San Juan, Entre Ríos, Misiones, Río Cuarto y Patagonia Austral coincidieron en la necesidad de sancionar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, estableciendo la coparticipación inversa entre los distintos niveles territoriales (municipio, región, provincia y Nación), descentralizando la recaudación y coparticipando las retenciones a las exportaciones con las provincias originantes de la producción exportable. Propusieron, asimismo, modificar el sistema de relaciones financieras Nación-provincias-municipios, dándoles más atribuciones a estos últimos y, en definitiva, replanteando el sistema tributario en función de objetivos de mayor equidad tanto en la incidencia como en la recaudación.

3.3           . Transformación integral del estado.

Las iniciativas de crecimiento con equidad social que se proponen para las diferentes regiones del país suponen una intervención amplia y sistemática del estado, ya que este debe jugar un rol clave en la puesta en marcha de las políticas de transformación diseñadas. De este modo, el reconocimiento social y la idoneidad de las burocracias públicas se presentan como un factor decisivo para el éxito de cualquier tipo de iniciativa gubernamental. La transformación estructural del estado es una condición previa para encarar su presencia activa en el proceso de modificación fundamental de las condiciones de desenvolvimiento de las economías regionales.

De esta forma, se vuelve esencial afianzar en todos los niveles estatales las responsabilidades de orientación política, coordinación intra e interinstitucional, producción de información e indicadores de desempeño, evolución y control de gestión; fortalecer los equipos técnicos para colocar la gestión pública por encima de las prioridades políticas y las prácticas clientelísticas; profesionalizar la función pública, implantando sistemas de carrera administrativa basados sobre el mérito y programas de capacitación y desarrollo permanente del personal; así como lograr mayor transparencia en la gestión a través del mejoramiento de los sistemas de información y su aplicación en el análisis y toma de decisiones. Asimismo, resulta vital impulsar la participación popular, fomentando formas asociativas y de autoorganización social e imaginando nuevos canales y modalidades participativas.

Sin embargo, universidades como la de Entre Ríos y Misiones resaltaron que “reforma del estado” no significa “achicamiento” –o al menos no solamente– sino que el concepto implica la reestructuración de los modos de organización respondiendo a objetivos claros y reglas de juego perdurables, racionalizando el sector público provincial y municipal pero no con el objeto de reducir el empleo sino con el fin de hacerlo más eficiente, a través de la capacitación y la reasignación del personal. Asimismo, como resaltara la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, implica reformular las relaciones institucionales interjurisdiccionales para la formulación de políticas de desarrollo, privilegiando los ámbitos regionales y los encadenamientos productivos.

En este ámbito, la Universidad de San Juan destacó la necesidad de imponer severos mecanismos de control al poder irrestricto del Ejecutivo en lo que respecta a la sanción de políticas que afecten al futuro y al patrimonio argentino, mientras que la Universidad de Rosario priorizó la urgencia de encarar un proceso de modernización del Estado municipal así como el logro de una mayor autonomía. Por su parte, la Universidad Nacional de Río Cuarto sugirió promover un rediseño institucional integral, dotando de mayor capacidad política y económica a los municipios frente a los entes provinciales y nacionales y promoviendo el esfuerzo asociativista intermunicipal, el trabajo interinstitucional en red y una mayor participación y control democrático de la gestión por parte de las organizaciones públicas. En términos operativos, propuso implementar cuatro líneas de acción en dos etapas sucesivas: en la primera, sugirieron planificar estratégicamente las políticas en nivel municipal, con el fin de fortalecer la gestión y contribuir a redefinir objetivos y metas del proceso de desarrollo local y regional y fortalecer las instancias de coordinación interinstitucional en el ámbito municipal, regional, provincial y nacional con las organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro: en la segunda etapa, propusieron coordinar e implementar servicios sociales intermunicipales bajo el ejido municipal (salud, educación, viviendas, programas de empleo, microemprendimientos, etc.) y actuar sobre las “fallas de mercado” y las “fallas de gobiernos” regionales, con regulaciones selectivas y coordinadas intermunicipalmente, fortaleciendo los derechos formales y reales de la ciudadanía, cuidando el medio ambiente y aumentando los grados de libertad de los gobiernos democráticos municipales como actores principales del proceso de desarrollo local.

En otro orden de cosas, universidades como la de Entre Ríos y Jujuy plantearon la urgencia de ordenar las finanzas públicas provinciales y repotenciar la inversión pública local, pues el profundo desequilibrio constituye una gravosa carga para los sectores productivos y sociales.

La posibilidad de implementar estas reformas constituye, en gran medida, un requisito para que las estrategias de reconversión productiva de las economías regionales puedan implementarse, ya que estas se basan sobre un eficaz funcionamiento del aparato estatal, la credibilidad y aceptación por parte de los actores sociales y la integración y reconstitución de la organización social.

Estos tres ejes de la estrategia de desarrollo regional –la reconversión productiva de los agentes económicos de menor tamaño, el fomento del empleo y la reinserción social y la transformación estructural en el plano político-institucional– tenderían a revertir la actual ineficacia e ineficiencia económica y social del Estado y a establecer una mayor participación y control por parte de la población. Asimismo, y como destacan los delegados de la Universidad de Río Cuarto, permitirían promover y profundizar los procesos de desarrollo integral y sustentable de las comunidades de las economías regionales, a través de un sistema de gestión que organice la participación democrática y la concertación interinstitucional en acciones de nivel supramunicipal; fortalecer las identidades regionales y mejorar las condiciones de competitividad e inserción de las producciones regionales; optimizar el aprovechamiento de los recursos; ampliar la capacidad y poder de negociación de la sociedad civil y avanzar en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de todos los habitantes.

IV. Reflexiones finales

Si bien resulta demasiado prematuro extraer conclusiones definitivas acerca del impacto de los profundos cambios acaecidos sobre las economías regionales a partir del estallido del modelo económico en diciembre de 2001, sí es posible señalar las principales tendencias que se han podido percibir durante el transcurso de este año.

En principio, los aportes de los asistentes al Seminario de Economías Regionales –representantes individuales de las diferentes realidades provinciales– permitirían corroborar la hipótesis más elemental que suele formularse desde la teoría económica: la devaluación de la moneda nacional promueve la actividad exportadora y la industrialización sustitutiva de importaciones, al tiempo que afecta negativamente la calidad de vida de la población con ingresos fijos, dado el deterioro de tales ingresos –en especial, del salario real– producido por el impacto inflacionario a raíz del aumento de precios. Sin embargo, y debido fundamentalmente al hecho de que el proceso es aún muy reciente, la reactivación productiva que el impulso exportador supone entrañar aún no se vislumbra como un proceso fuerte, estable y sostenido y el esfuerzo exportador es en sí mismo caótico y desorganizado. El sector industrial urbano tradicional, por su parte, se encuentra muy dañado y no logra recuperar totalmente su capacidad productiva debido, fundamentalmente, a la caída de los ingresos reales y a la ausencia de financiamiento. En lo que respecta al proceso social, se percibe, efectivamente, un aumento en la concentración del ingreso y en la regresividad de su distribución, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y mayores niveles de pobreza, desocupación y subempleo.

En este marco, los actores sociales más beneficiados por este cambio repentino de precios relativos han sido los grupos empresarios de capital extrarregional que conforman mercados oligopólicos y transfieren sus excedentes al exterior de las regiones, que son quienes lograron reconvertirse durante la década de los noventa. Por su parte, los pequeños productores se han visto aún más desamparados frente al nuevo contexto macroeconómico, debido a su escaso poder de negociación y a la falta de políticas públicas activas de defensa y promoción de la pequeña y mediana empresa.

Las administraciones públicas provinciales, por su parte, enfrentan una grave situación tanto económica como institucional. Por un lado, el sector público se encuentra profundamente endeudado y la declinación productiva, la imposición de sucesivos ajustes fiscales por parte del gobierno nacional y el incumplimiento por parte de este último de los compromisos de remisión de fondos coparticipables imposibilitan el saneamiento definitivo de las cuentas provinciales. Por otra parte, las estructuras burocráticas no escapan a la crisis institucional de escepticismo y desconfianza por la que atraviesa el estado nacional y las decisiones administrativas responden cada vez más a presiones de los grupos de poder económicos y políticos.

En este contexto, el conjunto de propuestas presentadas se ordenan en torno de tres ejes fundamentales: la reconversión productiva de los agentes económicos de menor tamaño, el fomento del empleo y la reinserción social y la transformación estructural e integral del aparato estatal. Los lineamientos generales y las estrategias específicas propuestas comprenden, entre otras cosas, la puesta en marcha de programas asociativos al interior de las cadenas productivas; la vinculación orgánica de los sectores científico, tecnológico, productivo y público mediante una red de gestión, información y soporte a los desarrollos regionales; la instrumentación de programas de capacitación y profesionalización de los cuadros técnicos y operativos; la disponibilidad de líneas de crédito e instrumentos de financiamiento alternativos para inversiones y capital de trabajo; la organización de un Sistema Federal de Programación del Desarrollo y la descentralización del proceso de percepción impositiva. Cabe destacar que la totalidad de las estrategias propuestas se enmarca en el aprovechamiento de las ventajas y potencialidades particulares de cada región y en el tratamiento diferenciado para cada sector productivo, en un ámbito de consenso social y participación democrática que fortalezca las identidades provinciales.

Dado que, como fuera destacado a lo largo de los trabajos, la situación de las economías regionales no es sólo consecuencia de las políticas locales sino, fundamentalmente, el resultado de un estilo de desarrollo impulsado desde la Nación, se presenta, una vez más, la necesidad ineludible de reformular la senda del crecimiento nacional y de sentar las bases de una reactivación productiva y de una distribución del ingreso con equidad social que contemple e integre a la totalidad de los sectores y actores económicos y sociales, pues la solución no puede ser local sino global y debe estar instrumentada y dirigida desde el todo hacia las partes.

1. En el período 1990-1997, la superficie cultivada aumentó un 446% para la soja, un 181% para el arroz, un 132% para el maíz y un 122% para el trigo, lo que significó un incremento del 25% en la superficie agrícola total.

2. Entre Ríos aporta más de un 2% del PBI nacional. El PGB se estima en alrededor de 5.500 millones, donde la producción primaria aportaba a principios de los ’90 un 20%, porcentaje que baja al 16% en 1998. En este sentido, cabe destacar que la producción entrerriana aporta el 66% de la producción nacional de arroz, el 43% de la producción avícola, el 35% de la producción citrícola, el 30% de la producción de miel, 12% del producto forestal, 8% del ganadero, 5% del cerealero, 4% del oleaginoso y 3% de la producción láctea del país. En lo que respecta a esta última, recientemente cuatro empresas particulares y una cooperativa exportaron 162 toneladas de leche en polvo a Bolivia.

3. El valor de la materia prima necesaria para una tonelada de pasta celulósica es aproximadamente U$S 20 y el producto se vende en el mercado entre los U$S 300 y 400 por tonelada, lo que implica que la materia prima constituye sólo el 5-7% del producto final. Lo mismo ocurre con los salarios que son reducidos sustancialmente en dólares.

4. A través de la concentración en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se está tratando de recuperar los precios recibidos por el productor primario. En este sentido cabe señalar que una década atrás (en el año ’92) el precio de la yerba verde en planta ascendía a 0,12 $/Kg y en la actualidad se intenta alcanzar los 0,20 $/Kg.

5. El monto ascendería a los U$S 20 millones aproximadamente, 15% superior al año 2001.

6. En el año 2001, las exportaciones de Mendoza alcanzaron los 890 millones de dólares. Para 2002 se espera un aumento en el orden del 10%. La descomposición de las exportaciones de Mendoza es del siguiente orden: combustibles y energía (50%), manufacturas de origen agropecuario (24%), productos primarios (14%) y manufacturas de origen industrial (12%).

7. El estallido del modelo en diciembre de 2001 lleva a sectores ya alicaídos a una peor situación, puesto que continuaron cayendo sus niveles de producción. Estos son los sectores de la Construcción (-15%) y el Transporte (-6%), el sector Establecimientos Financieros y Rentas de la Propiedad Inmueble (-5%), y el Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales (-5%). Continúan en importancia los Sectores Industrias Manufactureras (-2,5%). Con crecimientos positivos están el sector de Explotación de Minas y Canteras (8%), Agropecuario (1%), Comercio, Restaurantes y Hoteles también mostró un mejoramiento por el ingreso de personas desde Chile, con una tasa de crecimiento del 0,5%.

8. A lo que se suma el hecho de que los precios de los insumos y maquinarias para la actividad productiva se encarecieron.

9. Por ejemplo, la industria automotriz y su influencia en las autopartistas, la industria aeronáutica convertida en un taller de reparaciones (de difícil y dudosa continuidad) que hoy desarrolla la empresa Lockhed, entre otras.

10. El “Estimador Mensual Industrial” (EMI) provisto por el INDEC, en igual período, indica que la merma de la actividad en todo el país alcanzó el 17% (diecisiete por ciento), lo que, en comparación, equivale a decir que la caída de la actividad en el Gran Córdoba fue 2,35 veces mayor que la media nacional. Si se compara (interanualmente) cada uno de los seis primeros meses del año 2002, se observa que en el Gran Córdoba la producción manufacturera se redujo entre un 36% y un 49%. En idéntica comparación en el orden nacional, la caída se ubica entre el 15% y el 22%. La evolución de los últimos años de la industria manufacturera, en el país y en Córdoba en particular, pone en evidencia resultados de carácter estructural más que de coyuntura.

11. La “Encuesta Industrial” ha mostrado que “las empresas de 5 a 50 trabajadores” redujeron su producción en un 62% (06/2000 a 06/2002), mientras que en “las grandes empresas” (más de 50 trabajadores) la caída observada alcanzó al 29,2% para igual período. Los distintos rubros, si bien experimentan idéntica tendencia, presentan comportamientos disímiles en los dos últimos años. Las que menos se retrajeron fueron alimentos y bebidas con 4,1%, y maquinaria eléctrica con 5,6%. En el otro extremo se encuentran automotores y autopartes, madera y muebles y papel e imprenta, con 26,4%, 28,7% y 36,7%, respectivamente.

12. Esto se refleja en la empresa Minetti cementera, que está trabajando a alrededor del 30% de su capacidad.

13. En las carnicerías y verdulerías hay precios en Quebrachos y ofertas en efectivo que se diferencian en un 30% en algunos casos. En los supermercados y almacenes no hay precios diferentes en pesos o Quebrachos; pero la aceptación varía entre un 20% y un 50% de la compra y los precios son, en algunos casos, superiores. En el rubro indumentaria sucede algo parecido y muchos locales actúan dentro del mismo establecimiento como casas de cambio. Para el transporte en general, la utilización de los Quebrachos está prácticamente vedada. Los colectivos del transporte urbano aceptan los bonos pero para la compra de chequeras con pasajes a 0,70 y no aceptan bonos para el boleto social de un peso ida y vuelta. Los remises los aceptan pero también aumentaron tarifas y reclaman un porcentaje mayoritario en pesos. En los combustibles para particulares no se aceptan, al igual que en los repuestos para automotores y en aquellas casas donde las compras para su abastecimiento se realizan fuera de la provincia aunque algunas estaciones de servicio los aceptan para el caso de remises y transporte comercial. Cabe destacar que los bonos no son perjudiciales para todos por igual, debido a que aquellos que perciben sus ingresos en pesos se benefician con la compra a una cotización que oscila entre $ 0,70 y $ 0,80 por cada Quebracho y los utilizan para pagar impuestos, teléfono, agua, luz y realizar compras en las cuales la aceptación es 1 x 1 viendo mejorado su ingreso real por esa vía.

14. A la fecha, por cada 100 pesos se entregan 114 bonos. En Córdoba se han emitido 875 millones de Lecor, lo que representa aproximadamente un 50% de la masa monetaria agregada (pesos + bonos).

15. En un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, se analizó la convergencia de los departamentos menos desarrollados y se llegó a la conclusión de que los municipios pobres de Mendoza requerirían 75 años para alcanzar los niveles de crecimiento de los departamentos mejor posicionados. A partir del análisis de las tasas de crecimiento de los departamentos de Mendoza, surge que el comportamiento de los mismos presenta desigualdades importantes en su crecimiento, influidas básicamente por el sector petrolero, la reconversión agrícola hacia cultivos no tradicionales y el alcance de las políticas nacionales.

16. Lo que coadyuva a impedir un manejo equilibrado de las finanzas públicas, y al deterioro que en términos de calidad y eficiencia muestra la prestación de servicios públicos.

17. Mayo del 2002 revela que se sigue contrayendo el empleo y que continúa el aumento de la desocupación (creció más de 5 puntos porcentuales respecto de mayo del 2001), ubicándose en el 24,6% de la PEA.

18. En el caso de Mendoza se observa que este grupo llega al 82% en la onda de mayo 2002. Se caracteriza principalmente por tener un nivel de remuneraciones iguales o inferiores a los $ 400 mensuales. Con respecto al nivel educativo, se detecta que la mayoría de los participantes de este sector informal de la economía (aproximadamente un 60%) no tiene nivel secundario.

19. Comprende sólo el 3% de la muestra y se destaca por ser un grupo de trabajadores con ingresos superiores a los $ 1.500. La distribución de la categoría ocupacional se encuentra entre los asalariados (75%) y los cuentapropistas (25%). En relación con el nivel educativo se observa que el 90% de los informales tiene al menos el secundario completo o posee estudios superiores y casi el 90% de estos trabajadores realiza tareas con alguna calificación.

20. En lo que respecta a los gastos sociales, el impacto mayor lo sufren los gastos de atención de la salud (demora en los pagos a profesionales, disminución de la provisión de medicamentos gratuitos en hospitales, suspensión de servicios vinculados con estudios que requieren la utilización de insumos importados). El tipo de cambio además ha impactado desfavorablemente en la capacidad de adquirir insumos, repuestos o renovar equipos de salud, lo que puede comenzar a deteriorar rápidamente la capacidad instalada durante estos últimos años en el sistema hospitalario provincial.

21. En relación con las obras públicas se puede señalar la suspensión de aquellas vinculadas con la construcción de viviendas, por un lado, y el gran deterioro de la red vial, por el otro, lo que ha agravado durante los últimos meses el desempleo en el sector, lo que de todos modos se compensa relativamente mediante planes de empleo subsidiados. Si bien la construcción de viviendas representa un alto impacto en el empleo y por lo tanto en el ingreso, a la vez que satisface la demanda habitacional, los efectos de la suspensión en esta actividad son relativamente menores que aquellos que produce la ausencia de actividades de mantenimiento y/o ampliación de la red vial, ya que esta afecta significativamente la función de producción. Al hablar de red vial se incluyen los caminos pavimentados y los enripiados, ya que ambos carecen de mantenimiento. En el nivel del conjunto de las localidades los gastos de infraestructura y mantenimiento han desaparecido.