Varios medios de información en España han reproducido los argumentos dados por los propios golpistas hondureños para explicar el golpe de estado en aquel país. Tales medios han señalado que el Presidente Zelaya había violado la Constitución, convocando ilegalmente un referéndum para “perpetuarse” en el poder. Se acepta así, la explicación dada por los golpistas, que señalan que la expulsión del Presidente Zelaya ocurrió para impedir que éste convocara un referéndum a fin de alargar su mandato. Un ejemplo de ello es el reportaje del corresponsal de El País en Tegucigalpa, que indicaba que “Zelaya fue derrotado y expulsado el 28 se junio pasado, después de intentar organizar un referéndum para abrir la vía a la reelección, que había sido declarada ilegal por las instancias judiciales” (04.08.09). Según tal reportaje, el golpe tenía por objetivo, pues, evitar que Zelaya se perpetuara en el poder.

Esta explicación ha aparecido en los cinco diarios de mayor tiraje del país. De todos ellos, La Vanguardia ha sido el periódico que ha promovido con más intensidad esta explicación. Su corresponsal en América Latina ha entrevistado nada menos que a Romeo Vásquez, General que realizó el golpe militar, el cual niega en la entrevista que lo que ocurrió en Honduras hubiera sido un golpe militar pues la detención y expulsión del Presidente respondía a principios constitucionales. El entrevistador, el Sr. Ibarz, de cuyos reportajes hablé ya en otro artículo (“Las falsedades sobre Honduras”, Público, 23.07.09) también entrevistó al Cardenal de Honduras, el Sr. Rodríguez Maradiaga, que alegó los mismos argumentos. Por cierto, ninguno de los dirigentes del movimiento en defensa del Presidente Zelaya ha sido entrevistado por La Vanguardia.

La causa principal del golpe, sin embargo, no fue impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. El mal llamado referéndum (en realidad fue una encuesta popular gestionada por el Instituto Nacional de Estadística) no hablaba de la reelección del Presidente. En tal encuesta se consultaba a la población si ésta creía aconsejable que se eligiera a una Asamblea Constituyente que permitiera cambiar la Constitución. Y ahí está el meollo de la cuestión. Lo que motivo el golpe fue el deseo de la oligarquía hondureña de mantener intacta la Constitución instaurada por la última dictadura militar. Tal Constitución otorga gran número de privilegios a la oligarquía del país, incluyendo a las fuerzas armadas y a sus aliados en EE.UU. Eran estos privilegios los que la oligarquía y sus fuerzas armadas querían mantener a toda costa. Existía el temor, entre la oligarquía, de que una nueva Constitución pudiese, por ejemplo, pedir la eliminación de bases militares extranjeras en territorio hondureño. Hoy, el Pentágono de EE.UU. tiene una base militar en Honduras, la única existente en Centroamérica, una región de gran importancia estratégica para las fuerzas armadas de EE.UU. Éstas y las fuerzas armadas hondureñas eran conscientes del intento de los progresistas hondureños de cerrar la base, una base que ha sido el centro de actividades militares y represivas llevadas a cabo por las fuerzas militares estadounidenses en toda la región. Las fuerzas armadas hondureñas y sus aliados estadounidenses no desean cambios en la situación actual. De ahí que una de las primeras condiciones que puso el nuevo gobierno golpista al Presidente de Costa Rica (Sr. Óscar Arias) en su mediación fue precisamente que no se cambiara la Constitución.

Las fuerzas progresistas hondureñas querían, también, el enjuiciamiento de los militares que aterrorizaron a la población durante la horrible dictadura que se estableció con el apoyo del Gobierno Federal de EE.UU. También pedían que (como en España) se encontraran a los desaparecidos durante la dictadura y periodos posteriores, en actos de represión política, cuando miles de hondureños y ciudadanos de otros países de Centroamérica fueron asesinados debido a su defensa de la libertad y de los derechos civiles y sindicales de las clases populares. El Presidente Zelaya había aprobado el inicio de tal investigación.

La respuesta de EE.UU.

En EE.UU. la administración Obama está dividida sobre como responder a esta situación. El Partido Republicano apoya a los golpistas y sus argumentos son semejantes a los propuestos por el corresponsal de La Vanguardia, el Sr. Ibarz. El Sr. Zelaya –según ellos- no es ya el Presidente de Honduras, pues, ha sido sustituido por un nuevo gobierno que es el legal. Es interesante señalar que hace setenta años, La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), propiedad de la familia Godó (que apoyó el golpe militar del General Franco en 1936 y la enormemente represiva dictadura que estableció), promovió argumentos legitimadores del golpe militar español, utilizando argumentos casi idénticos a los que su corresponsal utiliza ahora para apoyar a los golpistas hondureños. En España, el gobierno del Frente Popular, en 1936, había violado -según los golpistas- la Constitución española. Se sublevaban –según ellos- para defender la legalidad.

Este apoyo al nuevo gobierno golpista hondureño aparece también entre sectores conservadores del Partido Demócrata. La Administración Obama, sin embargo, considera al Presidente Zelaya como el Presidente legal de Honduras. Este reconocimiento es un paso positivo y marca una distancia con administraciones anteriores. Ni que decir tiene que adoptar una postura distinta habría significado enfrentarse a la gran mayoría de gobiernos de América Latina, así como a la opinión mundial. Ahora bien, la vía de la mediación, propuesta por la Administración Obama y por la OEA, y dirigida por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha abierto la posibilidad de que el Presidente Zelaya vuelva a Honduras como Presidente y a la vez se cancele el intento de cambio de la Constitución. El proceso de mediación, al reconocer a los golpistas, sentándolos en la mesa de mediación al mismo nivel que al gobierno legítimo de Honduras, dio gran poder de veto a los golpistas con lo cual, si se elimina cualquier intento de cambio de la Constitución, se habrá conseguido lo que los golpistas deseaban, es decir que no se cambie la Constitución. De ahí el gran riesgo que supone el proceso de mediación, promovido por la Administración Obama, y liderado por el Presidente de Costa Rica. Tal proceso puede conseguir lo que los golpistas deseaban. De ser así, el proceso habrá alentado a que se produzcan otros golpes de estado en América Latina, pues mostrará que dar golpes de estado es rentable, al conseguirse a través del golpe lo que no se puede obtener a través de las urnas.

Una última observación. El argumento de evitar que dirigentes políticos de América Latina “se perpetúen en el poder” se utiliza constantemente para intentar parar los intentos de aquellos presidentes latinoamericanos, democráticamente elegidos, de cambiar el sistema electoral permitiéndoles presentarse de nuevo, convirtiendo sus sistemas electorales en sistemas semejantes a los sistemas europeos. En la mayoría de países europeos no existen límites en el mandato del Presidente. En Cataluña, el Presidente Pujol gobernó durante 23 años y el Presidente Erlander en Suecia, también, 23 años, sin que los sistemas electorales catalán o sueco pudieran considerarse dictatoriales, pues siguieron las reglas del proceso democrático. El hecho de que los candidatos puedan ser elegidos tantas veces como el electorado desee, no convierte el proceso en dictatorial. Que un proceso sea democrático o no depende del proceso electoral en si y sobre todo de la pluralidad de partidos y opiniones existentes en el proceso electoral sin limitaciones en la presentación de alternativas. Y es ahí donde el centro del análisis debiera fijarse y no en que sea o no el mismo candidato el que se presente. El sistema electoral bipartidista, no proporcional, que existe en muchos países de América Latina, limita enormemente las posibilidades democráticas de aquellos países, lo cual se debe, no al número de veces que los Presidentes pueden presentarse de nuevo a las elecciones, sino a la escasa representatividad proporcional de sus sistemas electorales y limitada posibilidad de participación popular en sus sistema político. Fijarse en lo primero (la posibilidad de repetir mandato), ignorando lo segundo (la escasa diversidad de sensibilidades políticas y limitada participación ciudadana), es el punto flaco de la mayoría de críticas a la mal llamada “perpetuación en el poder”, argumentación que se hace en nombre de la defensa del sistema democrático.

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Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy Studies and Public Policy. The Johns Hopkins University.

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