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Asunto:NoticiasdelCeHu 119/03 - Guerras privatizadas
Fecha:Miercoles, 26 de Febrero, 2003  16:38:26 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

NCeHu 119/03
Guerras privatizadas

 

Por Juan Gabriel Tokatlian 


                    El resurgimiento de las actividades mercenarias viene preocupando a la comunidad mundial. La inquietud por este asunto llevó a que, en 1989, las Naciones Unidas concibieran la Convención contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, que entró en vigor en octubre de 2001 cuando veintidós Estados (Azerbaiján, Arabia Saudita, Barbados, Bielorrusia, Camerún, Costa Rica, Croacia, Chipre, Georgia, Italia, Libia, Maldivas, Mauritania, Qatar, Senegal, Seychelles, Surinam, Togo, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán) la ratificaron. Sin embargo, ni Estados Unidos ni ninguna de las potencias principales y emergentes ha suscripto o aprobado dicho acuerdo multilateral; lo cual significa que en la práctica la Convención de 1989 no se aplica.
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Durante la década del 90, la globalización en materia tecnológica, el debilitamiento del Estado en la periferia, la prolongación de las luchas armadas locales aun después del fin del conflicto Este-Oeste, el envilecimiento de las guerras civiles y la privatización de la seguridad ante el auge delincuencial en los países industrializados y en las naciones en vías de desarrollo vienen alimentando la participación de mercenarios en las confrontaciones internas. El fenómeno ha sido agudo en Africa; en particular, en Angola, Chad, Guinea-Bissau, Etiopía, Eritrea, Liberia, Mozambique, República Popular del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán y Zaire. Nicaragua en América Latina y Afganistán en Asia en los años 80, así como Yugoslavia en Europa durante los 90, se sumaron a las experiencias violentas más traumáticas con fuerte participación de ejércitos privados.
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Subcontratistas del Plan Colombia
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En este contexto, especialistas civiles y militares, y organizaciones no gubernamentales han advertido sobre el incremento de las compañías de seguridad en Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, que ofrecen servicios militares privados a empresas, gobiernos y grupos parainstitucionales. Entre las firmas más conocidas están la sudafricana Executive Outcomes (hoy desmantelada), la inglesa Sandline International y las estadounidenses Military Professional Resources Incorporated (MPRI) y DynCorp. El auge de estas compañías, la naturaleza de su vinculación con los Estados en que se encuentran establecidas, la escasez de normas internacionales en este ámbito de los negocios y los negativos efectos en los casos en que operan han despertado alarma mundial.
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Los peligros de la falta de regulación y control efectivos en este terreno han quedado elocuentemente expresados en el informe de 2002 de la Cámara de los Comunes británica sobre las private military companies , "compañías militares privadas": por lo general, no rinden cuentas a nadie, usurpan la soberanía de las naciones más débiles, se involucran en la explotación económica en los países donde intervienen, tienen un interés manifiesto (en especial, de lucro) para la perpetuación de esos conflictos, se convierten en brazos clandestinos de los gobiernos en los cuales se originan, y generan problemas morales mayúsculos al legitimar el asesinato pago por encargo en vez de la lucha por una causa justa. En las últimas dos décadas, el avance de las compañías militares privadas ha estado acompañado del incremento de lo que tradicionalmente se denominaban "conflictos de baja intensidad" y que hoy se conocen como "operaciones militares distintas de la guerra".
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En nuestro continente, el caso más reciente de injerencia de este tipo de empresas en situaciones altamente violentas se presenta en Colombia. En efecto, las dos compañías estadounidenses mencionadas actúan en ese país a modo de subcontratistas del Departamento de Estado y como parte del Plan Colombia de Washington. La importancia de las compañías militares privadas en Colombia es fundamental a la luz de la nueva estrategia de seguridad del gobierno de Estados Unidos y debe despertar inquietud en el país andino, en particular, y en América del Sur, en general.
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En efecto, en el último número de la excelente publicación del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, Parameters (invierno 2002-2003), el teniente coronel Eugene B. Smith estudia la evolución histórica y contemporánea de las compañías militares privadas y plantea que, dada su comprobada utilidad, Estados Unidos debe usarlas más como parte de su estrategia de seguridad.
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Nueva doctrina de seguridad interna
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Según Smith, muchas de las nuevas misiones militares se derivan de la expansión de los conflictos étnicos, del colapso del Estado, de los peligros transnacionales (como el narcotráfico) y de las amenazas asimétricas (como el terrorismo). Todos estos fenómenos presentan riesgos de seguridad para Estados Unidos, riesgos frente a los cuales los medios militares gubernamentales serían insuficientes. Washington debería recurrir al "uso creciente de las compañías militares privadas" para hacer frente a esos desafíos. Así, "las compañías militares privadas le brindan a Estados Unidos la posibilidad de responder al amplio espectro de conflictos" que afronta el país, en especial los ubicados operacionalmente en el nivel bajo.
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Sin duda, este tipo de sugerencia alimenta la posibilidad de privatizar aún más los conflictos armados. Colombia, en concreto, que ya conoce los horrores de una guerra interna, debería estar más atenta a la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. América del Sur, en especial, debería evitar asimilar una nueva doctrina de seguridad interna que condujera a una privatización de los asuntos militares y a una internacionalización de los problemas de inseguridad locales. La mercantilización inducida y descontrolada de los asuntos de seguridad en la región en la que se deje proliferar el fenómeno mercenario bien podría convertirse en la antesala de una nueva modalidad de guerra civil: la guerra privada internacionalizada.
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El autor es director de los Programas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.

Fuente: Diario La Nación, Buenos Aires, del 26 de febrero de 2003.