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Asunto:NoticiasdelCeHu 69/09 - Neoliberalismo y el ocaso de los derechos de los trabajadores
Fecha:Domingo, 8 de Febrero, 2009  18:44:14 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <ncehu @..................ar>

NCeHu 69/09
 

Neoliberalismo y el ocaso de los derechos de los trabajadores

                                                                  Alfredo César Dachary

 

Estos últimos días del mes de enero han sido sumamente ricos en acontecimientos, algo desusado por ser período de vacaciones en la mitad del globo o de regreso de las fiestas navideñas, en la otra mitad.

Pero la gran crisis que se inicia en el 2008 y tiende a crecer como una gran nube de tormenta en este nuevo año, le ha dado a enero un brillo inusitado, transformándolo en un escenario de grandes acontecimientos.

Davos, la capital del hoy desvalorizado neoliberalismo, cambió su rostro, antes dominado por los empresarios estrellas, hoy muchos de ellos en la banca rota o con graves problemas financieros, fueron remplazados por políticos que creen firmemente en que esta teoría deshumanizada puede sobrevivir a su muerte.

El ascenso del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue un momento muy especial por las grandes esperanzas que han puesto en él los ciudadanos de Estados Unidos y gran parte de occidente, pero ni eso detuvo la caída de las bolsas y los valores.

Dos noticias opuestas, mientras el Presidente Obama reconoce la gravedad de la crisis y su impotencia para frenarla rápidamente, el Presidente de México cree por oposición tener controlada la situación, algo que la mayoría de los analistas rechazan, incluido el propio presidente del Banco de México, que lo ha hecho público en el mismo escenario de Davos.

Todo esto podría ser nota roja política, si no fuera porque atrás de cada acierto o error hay miles de personas que pierden su empleo y, con ello, las esperanzas de vivir, algo muy difícil de rescatar y un drama que deja profundas huellas en la sociedad.

Con la crisis, los “grandes avances” del neoliberalismo, como ideología deshumanizada y sin criterio mínimo de solidaridad social, empiezan a aflorar en todas sus negras consecuencias en el mundo y mucho más en México, el más aplicado de los alumnos de las viejas teorías de Milton Friedman y sus secuaces del Banco Mundial, FMI y la propia OCDE.

Dos ejemplos muestran la perversidad del modelo y la falta de criterio moral de sus promotores, todos ellos moralistas de domingo.

La crisis ha sacado, junto con la pérdida de los empleos en el país y  Estados Unidos donde hay cerca de 15 millones de mexicanos, la carencia de instrumentos de defensa, respaldo para poder sobrevivir, ya que gran parte de los fondos de pensiones se han perdido y, con ellos, el futuro de los trabajadores, y la vivienda ha comenzado a ser un drama para el mexicano medio y pobre.

Hoy nos limitaremos al tema de la pérdida de la vivienda popular, por imposibilidad de pago, luego vendrán los temas de la pérdida de fondos de pensiones, de la incapacidad de más de la mitad de los ciudadanos de poder pagar sus tarjetas de crédito y, en general, las consecuencias del colapso a que estamos enfrentados.

El tema de la pérdida de la vivienda social es uno de los temas graves que ha entrado hoy en la agenda política, luego que el Presidente Calderón y el ex Presidente Zedillo se hayan mutuamente echado porras y hayan resaltado el FOBAPROA, al extremo que ya hoy se habla de un nuevo capítulo de este modelo de cesión de fondos públicos al sector privado, con todo descaro.

La vivienda social fue uno de los derechos que logró su reconocimiento para el pueblo mexicano a comienzos del siglo XX, en la Constitución de 1917, en cuyo artículo 123 fracción XII se estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores “viviendas cómodas e higiénicas”.

Medio siglo tuvo de espera como derecho pleno esta sentida necesidad del pueblo mexicano, ya que será en 1963 cuando el gobierno federal constituye en el Banco de México al Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario para la Vivienda (FOVI), el cual promovía la otorgación de créditos para la vivienda a través de los bancos privados.

En 1972, durante la presidencia de Luis Echeverría se reforma el artículo 123 de la Constitución Nacional y se obliga a los patrones mediante aportaciones en proporción al salario, a integrar el fondo nacional de viviendas, base para tener un fondo para poder financiar viviendas baratas para la gran mayoría de la población con esta carencia.

Esta fue la reforma constitucional que dio origen mediante el decreto de ley del 24 de abril de 1972 al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Ese mismo año se le adicionó a la Ley del     Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) la capacidad para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores de menores ingresos del sistema.

En 1983, se sintetizan todas estas leyes y acciones al lograr que se integre al articulado de la Constitución el derecho a la vivienda, como una garantía individual de todos los mexicanos.

Durante una década y media, el INFONAVIT funcionó de acuerdo al tenor como fue creado y la responsabilidad de ser el destinatario de un derecho social inalienable, la vivienda, pero a mitad de los 90’ durante la presidencia de Zedillo, se transformó de un organismo de promoción para la vivienda en un organismo eminentemente financiero, con lo cual los derechos de los trabajadores quedaron al albur del mercado y los juegos de valores.

Se trata de vender la deuda de los trabajadores a empresas privadas a fin de que cobren la misma o se queden con las casas, pero no es una venta justa, ya que las rematan a menos del 10 % del valor para hacerla más atractiva a los capitales buitres del exterior.

Así comienza a desmembrarse este sistema controlado por el Estado, que podía reaccionar con una visión social ante una crisis, pérdida de empleos o enfermedades, algo ajeno a los nuevos propietarios de las casas y de las deudas, empresas extranjeras sin ningún compromiso con el pueblo de México, sólo con sus ganancias.

En Sinaloa y Sonora, tomados como un ejemplo, alrededor de 38,000 familias están amenazadas de perder sus casas, ya que los compradores de la deuda, la empresa estadounidense Pendulum Associates y la Sociedad  Corporativa para la Resolucion de Activos (SCARP2) adquirieron la cartera de miles de viviendas, entre ellas, la vencida de 110,000 viviendas.

En Sinaloa hay 15,000 viviendas con cartera vencida y en Sonora son 23,000, en igual situación, por ello es que ambas constituyen el 33% de las carteras vencidas en INFONAVIT a nivel nacional.

Estas compañías no sólo administran las casas de interés social del INFONAVIT, sino que también tienen la cartera de 50,000 créditos hipotecarios, 10,000 créditos comerciales y más de 3,000 hipotecarios residenciales, para la zona norte del país.

Cuando el crédito lo tenía el INFONAVIT, no se le podía exigir por ley al asalariado una cuota o pago mayor al 20% de sus ingresos, hoy con los acuerdos judiciales y extrajudiciales que se logran con amenazas se llega a exigir hasta el 65% lo cual los deja a él y a su familia en una situación de hambre.

¿Cómo se llega a esta situación? ¿Dónde están los líderes obreros del INFONAVIT? El Estado mexicano ha logrado controlar gran parte de los mecanismos políticos a fin de no tener oposición y uno de ellos fueron los mal llamados representantes de los trabajadores que acompañan a los funcionarios al aprobar estas transacciones.

La corrupción de estos grupos, cuyos intereses no corresponden a la mayoría de la sociedad pero se sostienen por el apoyo ilimitado de los aparatos del Estado, juega un papel fundamental, salvo cuando las evidencias son tan notorias que los obligan cambiar de opinión, como sucedió con la actual legislatura que votó un punto de acuerdo para detener la venta de cartera vencida a las empresas privadas, mayoritariamente extranjeras.

Una vez más en ese afán inaceptable de promover el malinchismo como bandera, logramos parecernos a Estados Unidos, con la pérdida de casas por parte de empresas o bancos, la expulsión de sus ciudadanos a ello se le suma la nueva forma de cobrar por la fuerza, al estilo texano, ante un Estado reducido, la violencia de los fuertes sobre los débiles.

Pero la gente se preguntará  ¿Y por qué hay tantas casas en construcción hoy, como pega una cosa con otra? La construcción de vivienda social es un gran negocio del INFONAVIT, que no puede ser auditado por la Federación ni por ningún organismo por ser una organización “de los trabajadores”.

El INFONAVIT contrata en forma directa, sin ningún tipo de control la construcción de las casas, que antes las hacía con sus empresas, hoy son empresas privadas, que cobran rápidamente el valor de las mismas, primeras ganancias, las de las grandes constructoras.

Segunda parte, la segunda venta, la de los créditos, dos grandes negocios sin control por parte del Estado. ¿De quién es la caja chica?

El Estado no saber administrar, pero si negociar, según se ve en estos resultados, otra forma de comprender el fracaso absoluto de estas ideas deshumanizadas y que han logrado convencer a muchos pero sufrir a más, por lo que ya es hora que la sociedad comience a despertar de esta nueva pesadilla.

 

 alfredocesar7@yahoo.com.mx






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