Programa Grupos de Trabajo de CLACSO

DECLARACION DE BUENOS AIRES

POR UNA CIUDAD JUSTA

Asistimos en América Latina y en particular en Sudamérica a una circunstancia histórica inédita. Un conjunto de países con gobiernos democráticos y populares se articulan en una acción regional (UNASUR, MERCOSUR, Tratado de Río), que presupone retomar la iniciativa autónoma del destino de los pueblos. La agenda pública latinoamericana está ahora abierta, posibilitando el ingreso de temas de relevancia para el desarrollo. Es el momento en que la importancia de lo urbano, de la ciudad metropolitana, cobre un sentido mayor en la agenda de la unidad regional.

Luego de casi siete años de crecimiento estable los índices de pobreza descendieron aunque las desigualdades económicas persisten. Han surgido orientaciones de políticas alternativas con énfasis social, no adscriptas a los previos acuerdos de corte neoliberal. En algunos casos incluso, han tomado la forma de nuevas Constituciones que intentan reelaborar acuerdos nacionales con reconocimiento explicito de realidades multiétnicas y pluriculturales.

La crisis mundial derivada del fracaso de décadas de neoliberalismo reinstala la soberanía de las naciones del continente para reconfigurar el papel del Estado en la intervención  y orientación del desarrollo a través de las políticas públicas.

La desregulación financiera ha caído en el descrédito por sus nefastas consecuencias globales; los Estados asumen un papel activo y en algunos países se intenta anticipar la crisis con amplios programas de inversión pública en infraestructura y apoyo a los pequeños y medianos negocios.

Lo que dio en llamarse “el fin de las ideologías” resultó en el fin de su contrario “el pensamiento único” (un único modelo económico, un solo modelo político, una única cosmovisión, un único tipo de orden urbano) para dar lugar a un mundo multilateral, a una revalorización de las uniones regionales, a una multipolaridad que habilita las más variadas perspectivas para el devenir de los pueblos y las naciones.

Uno de los actuales desafíos enfrentados en las ciudades de América Latina es la intervención en territorios cada vez más complejos, impredecibles e inciertos. Otro desafío es aceptar el reconocimiento del protagonismo de nuevos y viejos actores sociales y políticos que están construyendo nuevas espacialidades públicas.

Por todo lo anterior:

Concebimos el desarrollo  urbano como un desarrollo social legitimo, incluyente, participativo y concertado, con una espacialidad que soporte las relaciones sociales que se establezcan en la reproducción de la vida, rechazando modelos impuestos sin relación con la historicidad de América Latina. El objetivo de este desarrollo urbano es la valorización de la vida y su reproducción en territorios concretos, respetando sus especificidades y cosmovisiones.

Necesitamos redefinir las formas de representación social en el Estado a fin de establecer institucionalidades políticas constituidas por nuevos acuerdos, normas y procedimientos adoptados colectivamente. Se trata de instituir espacios compartidos de reflexión para elaborar programas y procesos de transformación  dirigidos a configurar un proyecto de desarrollo y justicia social basado en las territorialidades populares.

Propugnamos por una globalización alternativa que supere la actual “modernización sin modernidad”  porque las ciudades latinoamericanas no pueden seguir acumulando deuda social a costa de un denodado esfuerzo por proyectar imágenes epidérmicas de “modernidad”,  relucientes sí, pero inconsecuentes o indolentes con su realidad social, política, económica, ambiental y cultural.

Abogamos por políticas de desarrollo incluyente que construyan escenarios horizontales y multiactorales para una experiencia urbana creativa e íntegra, que supere la marginalización de los sectores populares, la estigmatización y criminalización de la pobreza y las lecturas reduccionistas  y que apunten a la construcción de una economía social.

Consideramos necesario que la materialidad urbana, expresada por su dimensión física, técnica, tangible, amplifique las posibilidades de una integración social positiva en la totalidad del espacio urbano: freno a la especulación, asignación social del suelo y distribución colectiva de las plusvalías urbanas resultantes del conjunto de inversiones públicas y privadas en el territorio.

Reconocemos la multidimensionalidad (funcional, física, simbólica) del espacio público, concebido como ámbito de construcción de ciudadanía, descubrimiento y defensa de nuevos derechos, expresivos de una lucha efectiva por la libertad individual y colectiva. La concepción, manejo y administración del espacio público construido de la ciudad debe ser una responsabilidad colectiva encaminada al fortalecimiento del sentido de lo público y de la gobernabilidad.

Consideramos el conocimiento como una creación social que resulta de instrumentos tradicionales y de nuevas formas de gestión del propio conocimiento, por eso defendemos: el uso socialmente justo de redes telemáticas,  el reconocimiento de las comunidades de práctica y de las redes socio-gubernamentales como formas adecuadas para alcanzar la democratización de la producción, la apropiación de la riqueza y de los recursos concentrados en el espacio urbano.

Defendemos un proyecto pedagógico ciudadano que fortalezca las formas de organización social y política,  la formación de redes sociales como procesos que enriquecen la experiencia urbana, la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia a los lugares y el control por parte de la sociedad de las decisiones que afectan el espacio urbano.

Concebimos el  transporte como medio de movilidad y elemento material,  que por constituir condición  de accesibilidad,  garantiza el derecho a la ciudad posibilitando el uso de sus recursos materiales e inmateriales. A su vez, es un valioso instrumento para una integración social y espacial de la ciudad, constituyendo un recurso público a ser controlado por el Estado y la ciudadanía.

Entendemos que la transformación y diversidad social y cultural resultante de la movilidad y la migración, es una nota distintiva que no puede obviarse en la ciudad latinoamericana. El migrante espera y tiene derecho a ser respetado, entendido y considerado en su cultura y su identidad. La ciudad y los migrantes habrán de transcurrir el mutuo aprendizaje de compartir una ciudad transformada por una nueva integración que los incluya.

Sostenemos que la planificación y la descentralización político-administrativa, como producto de la interacción de los actores sociales, contribuye a garantizar la ciudadanía cuando se realiza a través de  procesos participativos que reconocen los saberes locales y evitan la fragmentación y guetificación. La elaboración participativa del proyecto de descentralización y la recuperación de  prácticas socio-urbanas  preexistentes configuran un marco apropiado para que el Estado descentralizado resultante no sea una mera y mala copia del que se quiere descentralizar con sus mismos vicios e ineptitudes.

Fundamentados en los posicionamientos anteriores, valoramos las siguientes direcciones en la producción de conocimiento sobre lo urbano:

·         el rescate de la historicidad y singularidad de las formaciones sociales latinoamericanas;

·         el lenguaje transdiciplinar,  las  racionalidades alternativas, la lectura activa y dialógica de la cuestión urbana; 

·         la simultaneidad de los movimientos de involución y evolución de las ciudades;

·         la inclusión de otros saberes y la valorización de contextos y lugares;

·         la resistencia a la reproducción acrítica de paradigmas y modelos, superando el economicismo y la tecnocracia, teniendo como guía una reflexión  moral  y ética de la experiencia urbana.

De esta manera, para nosotros, una ciudad justa es aquella donde:

 1. Se respeta la vida, la identidad y la dignidad  de las personas.

 2. Hay acceso igualitario y equitativo a bienes y servicios.

 3. Se garantiza la igualdad de oportunidades.

 4. Los pobladores participan en la creación de la normatividad social.

 5. Se garantiza la participación en espacios de decisión para elaborar e implementar políticas urbanas.

 6. Se reconoce la utilización de espacios públicos físicos para las prácticas democráticas, la movilización de la

     ciudadanía y su libre expresión.

 7. Coexisten los diferentes y se rechaza la discriminación, la marginación y la estigmatización.

 8. Se promueve la economía social con recursos públicos priorizando la distribución equitativa de la riqueza.

 9. Se reconoce en el espacio urbano su valor de uso sobre el valor de cambio que le otorga el mercado.

10. Permite la expresión espontánea y autónoma de la gente y la interactividad creativa, solidaria y libre de su experiencia urbana.

FIRMANTES

Ana Clara Torres Ribeiro, IPPUR/UFRJ, Brasil

Héctor Poggiese, FLACSO/PPGA, Argentina

Danilo Veiga, Fac. de Ciencias Sociales, Univ. de la República, Uruguay

Tamara Tania Cohen Egler, USP/IPPUR/UFRJ, Brasil

Luis M. Cuervo, ILPES-CEPAL, Chile

Carlos Yory, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Jorge Sáinz Cardona, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia

Max Arnsdorff, Instituto de Investigaciones Arquitectura, La Paz, Bolivia

Iliana Mignaqui, Programa Urbanismo y Ciudad  FADU/UBA,  Argentina

Pablo Ciccolella,  Facultad de Filosofía y Letras/UBA, Argentina

Juan Donato Lombardo, Univ. Nacional General Sarmiento, Argentina

Marcio Piñón de Oliveira, Universidade Federal. Fluminense,  Brasil

Jaime F Erazo Espinosa, FLACSO Ecuador

Olga L. Paredes, Inst. Investigación y Posgrado FAADU/UMSA, La Paz, Bolivia

Omar A. Urán Arenas, Universidad Nacional de Colombia- Medellín

Denise Y. Freitas Dornelles,  CES, Universidade de Coimbra, Portugal

Hernán Mamani, IPPUR/UFRJ, Brasil