Los yanquis preparan otro golpe El
Congreso autoriza a Duhalde a ejecutar la mayor estafa de la historia
Diego Diéguez
Menos de tres meses atrás, el 23 de octubre del año
pasado, por Radio Mitre, Francisco Macri fijó el eje central del programa
económico que está aplicando Duhalde: "El gobierno debe estatizar la deuda de
las empresas" (Clarín, 24/10/01). Al día siguiente, Osvaldo Cornide, de Came,
agregó algo más: "Lo que hay que hacer es cambiar drásticamente la política
económica y dentro de ese cambio, refinanciar los pasivos de las Pymes a tasas
preferenciales" (Clarín, 25/10/01). Estatizar la deuda privada y licuar los
pasivos de las empresas es el corazón del plan económico de Duhalde. Es lo que
hizo en 1982 Domingo Cavallo, desatando con ello una espectacular suba del dólar
y una galopante inflación. La estatización de la deuda capitalista hipotecó al
Estado en unos 20.000 millones de dólares, llevó a la "crisis de la deuda" en
1982/93 y provocó una brutal caída de los salarios.
El derrumbe de la "patria productiva" Detrás de
la devaluación y de la pesificación se esconde un amplio programa de rescate de
los grupos económicos que se beneficiaron con la convertibilidad, pero que con
la recesión quedaron endeudados y quebrados. Entre ellos se encuentran Macri, el
Grupo Exxel, Sociedad Comercial del Plata (Soldati), Gatic-Adidas, Acindar
(Belgo-Mineira), Techint (Siderca-Siderar) y toda la burguesía terrateniente
argentina y extranjera. La "Alianza del Capital y el Trabajo" de Duhalde no es
otra cosa que un rescate de estos grupos económicos a costa de los trabajadores,
la clase media y los pequeños productores. Sólo por el Correo Argentino, que
ya se encuentra en convocatoria de acreedores, Macri tiene una deuda de 740
millones con bancos nacionales, extranjeros y con el propio Estado. Un empleado
de Macri y de las empresas automotrices, Jorge Todesca, es viceministro de
Economía de Remes Lenicov. Según un informe de la Fundación Capital (de
Martín Redrado, asesor de Rodríguez Saá y Duhalde), el endeudamiento capitalista
no financiero era a julio pasado, de 90.000 millones, cifra que ahora debe
rondar los 100.000 millones, si se incluyen las "obligaciones negociables con el
exterior" (Cash, 19/8/01). De ese total, los préstamos hipotecarios, prendarios
y personales en dólares suman 20.000 millones y 10.000 millones en pesos. Así,
hay unos 40.000 millones en deudas en dólares de empresas con el sistema
financiero local y otros 30.000 millones en "obligaciones negociables" con el
exterior. Según Claudio Lozano, de la CTA, de este total "hay 17 empresas de
primera línea que concentran créditos por 26.000 millones de dólares". El
promedio sería de 1.500 millones de dólares por firma, un claro indicador de que
no se trata de Pymes. Además, se encuentran en convocatoria de acreedores
varias empresas del Grupo Macri (Correo); de Exxel (Navarro), como Musimundo y
Freddo; Lapa; Helados Massera; varias obras sociales sindicales (Smata, UOM) que
tienen grandes deudas con sus proveedores o el Estado. Por ejemplo, de los 740
millones que adeuda el Correo, "276 millones son con los bancos Galicia, Río,
Citi, BID, Banco Mundial y Nación" (Clarín, 24/10/01). El resto, 460 millones,
es con el Estado y otros grupos privados, lo que muestra que, en algunos casos,
las deudas privadas no financieras pueden superar a las financieras. Por
otro lado, el Banco Central estuvo auxiliando con pases y redescuentos a los
bancos Galicia, Provincia, Nación, Credicoop, Ciudad, en 9.000 millones de
pesos. Así, fácilmente, hay en juego unos 100.000 millones de dólares en deudas
privadas que los grandes grupos quieren estatizar y licuar. En México, en
1994 con el Tequila, la estatización de deudas y pérdidas de los grupos privados
tuvo un costo para el Estado que pagaron los trabajadores, de 65.000 millones de
dólares, equivalente al 25% del PBI (Clarín, 6/1/02). Para el caso argentino esa
proporción equivaldría a unos 50.000 millones de dólares, la mitad de la deuda
empresaria. Por eso es ridículo suponer que una estatización y licuación de esta
magnitud pueda ser pagada exclusivamente por un impuesto al sector petrolero,
esto siempre y cuando exista la intención real de ponerle un impuesto a sus
exportaciones por 5 años. Las petroleras podrían aportar 700 millones de dólares
por año o 3.500 millones en 5 años. Pero estas mismas petroleras tendrán el
beneficio de la licuación de pasivos, de la estatización de esas deudas, y habrá
que ver si además no recibirán otros beneficios, como la extensión gratuita de
las concesiones petroleras. Por el lado del pase 1 a 1 de las tarifas de
servicios públicos habrá que ver su aplicación. "En el caso de las tarifas que
cobran las privatizadas podría haber un tratamiento especial para las firmas
telefónicas. Así lo admitió, al menos, el ministro del Interior, Rodolfo
Gabrielli, quien justificó esa intención en el hecho de que existe competencia
entre compañías, algo que no ocurre con la provisión de otros servicios" (La
Nación, 6/1/02). Según La Nación, "las firmas de telecomunicaciones tienen
deudas con el exterior por 10.000 millones de dólares", por lo que serían
beneficiadas por la estatización de esa deuda. Remes Lenicov admitió que se
renegociarían los contratos con esas empresas y que se les ofrecería algún
sistema de actualización de los precios o una ampliación gratuita del plazo de
las concesiones.
Estatización y licuación La devaluación del peso
significa una licuación de esas deudas, en algunos casos incluso si éstas están
en dólares. Esto es evidente para todos los grupos exportadores, que ven bajar
sus costos en dólares (salarios, insumos nacionales, tarifas, combustible),
mientras pasan a recibir 1,40 pesos por la exportación. Lo mismo pasa con
Siderca, que exporta tubos, o con las exportaciones de autos. En el caso de
las empresas en convocatoria de acreedores el negocio es más espectacular aun.
Porque la convocatoria les permite pagar sus deudas con quitas, pero ahora en
pesos devaluados, "mientras obtendrán sus ingresos a pesos más altos por el
componente inflacionario de la devaluación" (Clarín, 6/1/02). Por ejemplo, el
Correo va a vender sus servicios más caros y a cancelar sus deudas en un valor
en pesos previo a la devaluación y encima con quitas. Cuanto mayor es la
inflación y mayor la devaluación, mayor es la licuación de las deudas. Así
pasó en 1982 y así volverá a pasar. Cuando en julio de ese año Cavallo estatizó
y licuó las deudas, el valor del dólar era de 15.750 pesos. Inmediatamente pasó
a 39.000 pesos; en diciembre saltó a 48.570 pesos y siguió en ascenso hasta que
en 1985 el Plan Austral lo congeló en 8.010.000 pesos o 0,801 australes. Entre
1982 y 1985 el dólar había subido el ¡¡¡50.000%!!! La ley devaluatoria
autoriza al gobierno (artículo 6), precisamente, a "disminuir el eventual
impacto" de la devaluación a "las personas físicas y jurídicas" (empresas) que
"mantuviesen con el sistema financiero deudas o créditos denominados en dólares
estadounidenses u otras divisas extranjeras". Remes Lenicov le confirmó este
propósito a Clarín: "Las empresas tendrán otro sistema de refinanciación. Se
bajarán las tasas de interés y se ampliarán los plazos de pagos. Pero también
habrá un régimen para cancelar deudas con el exterior. En principio, se
suspenderán los pagos de los privados, hasta que la Argentina refinancie su
deuda externa" (Clarín, 6/1/02). El apoyo del Grupo Clarín a Duhalde no es
gratuito. Con una deuda de 2.500 millones de dólares, la suerte de este
monopolio depende por entero de la estatización y licuación de sus deudas.
La ley devaluatoria permite al gobierno "la emisión de títulos del Gobierno
Nacional en moneda extranjera garantizados" y a recurrir "a préstamos
internacionales", es decir, a aumentar la deuda pública. No es casual,
entonces, que dos dirigentes del Frenapo, "Carlos Heller y Roberto Fe lletti,
titulares respectivamente de los bancos Credicoop y Ciudad, avalaran la decisión
del gobierno de abandonar el esquema de convertibilidad y también las medidas
que trascendieron referidas a la pesificación de las deudas en dólares y
devolución de depósitos en la moneda en que fueron hechos" (Clarín Económico,
6/1/02). En verdad, la pesificación de las deudas de menos de 100.000 dólares
es un edulcorante para la clase media, para neutralizarla frente a la
estatización y licuación de los pasivos empresarios. Pero si bien la clase media
va a pagar su deuda en pesos constantes, va a tener sus ingresos devaluados, con
lo que finalmente el balance de este zarpazo le será al final de cuentas más
gravoso. Pero el pase 1 a 1 de las deudas menores a 100.000 dólares sólo se
mantiene mientras el dólar valga 1,40 pesos. Si el dólar pasa a 1,60, 2, 3 pesos
o más, la deuda ahora pesificada se indexará por el aumento del valor del dólar.
Así la llamada pesificación de las deudas es un engaño. Heller y Felletti
apoyaron la devaluación porque quieren licuar las deudas de sus bancos con el
Banco Central, y las de sus clientes y todos los grupos económicos, tanto
nativos como extranjeros.
Pelea Pero todavía no está dicha la última por el
lado del imperialismo yanqui. Porque el apoyo del Tesoro yanqui a la devaluación
pretende, no rescatar a los Macri, sino hacer quebrar a los bancos públicos,
privados (Galicia, Credicoop) y españoles (BBV, Santander-Río) y permitir que
sean absorbidos mediante una ley de "reforma bancaria". La banca yanqui ya
se había opuesto a traer fondos del exterior porque de ningún modo quería salvar
al "sistema financiero", y ahora el FMI condiciona un préstamo al gobierno de
Duhalde a que vaya acompañado de una reestructuración bancaria. EE.UU. y el
Fondo Monetario ya le hicieron saber a Duhalde "que no se apure en pedir
ayuda" (Clarín, 7/1/02). El golpe de Estado de la Unión Industrial y el
Tesoro yanqui, interesados en romper la convertibilidad y devaluar, entra en una
fase de choque entre los autores. Esto se va a traducir en los próximos días en
cambios de funcionarios y, sobre todo, en golpes sucesivos sobre el valor del
dólar. La crisis, lejos de declinar, ahora se disparará en flecha.
Extraído de Prensa Obrera Nro 737, del 11 de enero de
2002.
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