Diego Diéguez

Menos de tres meses atrás, el 23 de octubre del año pasado, por Radio Mitre, Francisco Macri fijó el eje central del programa económico que está aplicando Duhalde: "El gobierno debe estatizar la deuda de las empresas" (Clarín, 24/10/01). Al día siguiente, Osvaldo Cornide, de Came, agregó algo más: "Lo que hay que hacer es cambiar drásticamente la política económica y dentro de ese cambio, refinanciar los pasivos de las Pymes a tasas preferenciales" (Clarín, 25/10/01).
Estatizar la deuda privada y licuar los pasivos de las empresas es el corazón del plan económico de Duhalde. Es lo que hizo en 1982 Domingo Cavallo, desatando con ello una espectacular suba del dólar y una galopante inflación. La estatización de la deuda capitalista hipotecó al Estado en unos 20.000 millones de dólares, llevó a la "crisis de la deuda" en 1982/93 y provocó una brutal caída de los salarios.

El derrumbe de la "patria productiva"
Detrás de la devaluación y de la pesificación se esconde un amplio programa de rescate de los grupos económicos que se beneficiaron con la convertibilidad, pero que con la recesión quedaron endeudados y quebrados. Entre ellos se encuentran Macri, el Grupo Exxel, Sociedad Comercial del Plata (Soldati), Gatic-Adidas, Acindar (Belgo-Mineira), Techint (Siderca-Siderar) y toda la burguesía terrateniente argentina y extranjera. La "Alianza del Capital y el Trabajo" de Duhalde no es otra cosa que un rescate de estos grupos económicos a costa de los trabajadores, la clase media y los pequeños productores.
Sólo por el Correo Argentino, que ya se encuentra en convocatoria de acreedores, Macri tiene una deuda de 740 millones con bancos nacionales, extranjeros y con el propio Estado. Un empleado de Macri y de las empresas automotrices, Jorge Todesca, es viceministro de Economía de Remes Lenicov.
Según un informe de la Fundación Capital (de Martín Redrado, asesor de Rodríguez Saá y Duhalde), el endeudamiento capitalista no financiero era a julio pasado, de 90.000 millones, cifra que ahora debe rondar los 100.000 millones, si se incluyen las "obligaciones negociables con el exterior" (Cash, 19/8/01). De ese total, los préstamos hipotecarios, prendarios y personales en dólares suman 20.000 millones y 10.000 millones en pesos. Así, hay unos 40.000 millones en deudas en dólares de empresas con el sistema financiero local y otros 30.000 millones en "obligaciones negociables" con el exterior.
Según Claudio Lozano, de la CTA, de este total "hay 17 empresas de primera línea que concentran créditos por 26.000 millones de dólares".
El promedio sería de 1.500 millones de dólares por firma, un claro indicador de que no se trata de Pymes.
Además, se encuentran en convocatoria de acreedores varias empresas del Grupo Macri (Correo); de Exxel (Navarro), como Musimundo y Freddo; Lapa; Helados Massera; varias obras sociales sindicales (Smata, UOM) que tienen grandes deudas con sus proveedores o el Estado. Por ejemplo, de los 740 millones que adeuda el Correo, "276 millones son con los bancos Galicia, Río, Citi, BID, Banco Mundial y Nación" (Clarín, 24/10/01). El resto, 460 millones, es con el Estado y otros grupos privados, lo que muestra que, en algunos casos, las deudas privadas no financieras pueden superar a las financieras.
Por otro lado, el Banco Central estuvo auxiliando con pases y redescuentos a los bancos Galicia, Provincia, Nación, Credicoop, Ciudad, en 9.000 millones de pesos. Así, fácilmente, hay en juego unos 100.000 millones de dólares en deudas privadas que los grandes grupos quieren estatizar y licuar.
En México, en 1994 con el Tequila, la estatización de deudas y pérdidas de los grupos privados tuvo un costo para el Estado que pagaron los trabajadores, de 65.000 millones de dólares, equivalente al 25% del PBI (Clarín, 6/1/02). Para el caso argentino esa proporción equivaldría a unos 50.000 millones de dólares, la mitad de la deuda empresaria. Por eso es ridículo suponer que una estatización y licuación de esta magnitud pueda ser pagada exclusivamente por un impuesto al sector petrolero, esto siempre y cuando exista la intención real de ponerle un impuesto a sus exportaciones por 5 años. Las petroleras podrían aportar 700 millones de dólares por año o 3.500 millones en 5 años. Pero estas mismas petroleras tendrán el beneficio de la licuación de pasivos, de la estatización de esas deudas, y habrá que ver si además no recibirán otros beneficios, como la extensión gratuita de las concesiones petroleras.
Por el lado del pase 1 a 1 de las tarifas de servicios públicos habrá que ver su aplicación. "En el caso de las tarifas que cobran las privatizadas podría haber un tratamiento especial para las firmas telefónicas. Así lo admitió, al menos, el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, quien justificó esa intención en el hecho de que existe competencia entre compañías, algo que no ocurre con la provisión de otros servicios" (La Nación, 6/1/02). Según La Nación, "las firmas de telecomunicaciones tienen deudas con el exterior por 10.000 millones de dólares", por lo que serían beneficiadas por la estatización de esa deuda.
Remes Lenicov admitió que se renegociarían los contratos con esas empresas y que se les ofrecería algún sistema de actualización de los precios o una ampliación gratuita del plazo de las concesiones.

Estatización y licuación
La devaluación del peso significa una licuación de esas deudas, en algunos casos incluso si éstas están en dólares. Esto es evidente para todos los grupos exportadores, que ven bajar sus costos en dólares (salarios, insumos nacionales, tarifas, combustible), mientras pasan a recibir 1,40 pesos por la exportación. Lo mismo pasa con Siderca, que exporta tubos, o con las exportaciones de autos.
En el caso de las empresas en convocatoria de acreedores el negocio es más espectacular aun. Porque la convocatoria les permite pagar sus deudas con quitas, pero ahora en pesos devaluados, "mientras obtendrán sus ingresos a pesos más altos por el componente inflacionario de la devaluación" (Clarín, 6/1/02). Por ejemplo, el Correo va a vender sus servicios más caros y a cancelar sus deudas en un valor en pesos previo a la devaluación y encima con quitas. Cuanto mayor es la inflación y mayor la devaluación, mayor es la licuación de las deudas.
Así pasó en 1982 y así volverá a pasar. Cuando en julio de ese año Cavallo estatizó y licuó las deudas, el valor del dólar era de 15.750 pesos. Inmediatamente pasó a 39.000 pesos; en diciembre saltó a 48.570 pesos y siguió en ascenso hasta que en 1985 el Plan Austral lo congeló en 8.010.000 pesos o 0,801 australes. Entre 1982 y 1985 el dólar había subido el ¡¡¡50.000%!!!
La ley devaluatoria autoriza al gobierno (artículo 6), precisamente, a "disminuir el eventual impacto" de la devaluación a "las personas físicas y jurídicas" (empresas) que "mantuviesen con el sistema financiero deudas o créditos denominados en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras". Remes Lenicov le confirmó este propósito a Clarín: "Las empresas tendrán otro sistema de refinanciación. Se bajarán las tasas de interés y se ampliarán los plazos de pagos. Pero también habrá un régimen para cancelar deudas con el exterior. En principio, se suspenderán los pagos de los privados, hasta que la Argentina refinancie su deuda externa" (Clarín, 6/1/02).
El apoyo del Grupo Clarín a Duhalde no es gratuito. Con una deuda de 2.500 millones de dólares, la suerte de este monopolio depende por entero de la estatización y licuación de sus deudas.
La ley devaluatoria permite al gobierno "la emisión de títulos del Gobierno Nacional en moneda extranjera garantizados" y a recurrir "a préstamos internacionales", es decir, a aumentar la deuda pública.
No es casual, entonces, que dos dirigentes del Frenapo, "Carlos Heller y Roberto Fe lletti, titulares respectivamente de los bancos Credicoop y Ciudad, avalaran la decisión del gobierno de abandonar el esquema de convertibilidad y también las medidas que trascendieron referidas a la pesificación de las deudas en dólares y devolución de depósitos en la moneda en que fueron hechos" (Clarín Económico, 6/1/02).
En verdad, la pesificación de las deudas de menos de 100.000 dólares es un edulcorante para la clase media, para neutralizarla frente a la estatización y licuación de los pasivos empresarios. Pero si bien la clase media va a pagar su deuda en pesos constantes, va a tener sus ingresos devaluados, con lo que finalmente el balance de este zarpazo le será al final de cuentas más gravoso.
Pero el pase 1 a 1 de las deudas menores a 100.000 dólares sólo se mantiene mientras el dólar valga 1,40 pesos. Si el dólar pasa a 1,60, 2, 3 pesos o más, la deuda ahora pesificada se indexará por el aumento del valor del dólar. Así la llamada pesificación de las deudas es un engaño.
Heller y Felletti apoyaron la devaluación porque quieren licuar las deudas de sus bancos con el Banco Central, y las de sus clientes y todos los grupos económicos, tanto nativos como extranjeros.

Pelea
Pero todavía no está dicha la última por el lado del imperialismo yanqui. Porque el apoyo del Tesoro yanqui a la devaluación pretende, no rescatar a los Macri, sino hacer quebrar a los bancos públicos, privados (Galicia, Credicoop) y españoles (BBV, Santander-Río) y permitir que sean absorbidos mediante una ley de "reforma bancaria".
La banca yanqui ya se había opuesto a traer fondos del exterior porque de ningún modo quería salvar al "sistema financiero", y ahora el FMI condiciona un préstamo al gobierno de Duhalde a que vaya acompañado de una reestructuración bancaria. EE.UU. y el Fondo Monetario ya le hicieron saber a Duhalde "que no se apure en pedir
ayuda" (Clarín, 7/1/02).
El golpe de Estado de la Unión Industrial y el Tesoro yanqui, interesados en romper la convertibilidad y devaluar, entra en una fase de choque entre los autores. Esto se va a traducir en los próximos días en cambios de funcionarios y, sobre todo, en golpes sucesivos sobre el valor del dólar.
La crisis, lejos de declinar, ahora se disparará en flecha.

 

 

Extraído de Prensa Obrera Nro 737, del 11 de enero de 2002.