Decisiones discrecionales y transparencia
Salvador I. Reding V
La hora de la transparencia en el manejo de los dineros presupuestados y
actividades de gobierno, ha llegado a México. Las primeras leyes, a nivel federal
y estatal, fueron en 2003 un primer paso en la exposición a la ciudadanía de cómo
se maneja el gobierno. No es mucho aún, pero se ha empezado.
A la legislación, se suman los compromisos y esfuerzos gubernamentales para
informar al ciudadano interesado sobre los haberes y gasto realizado. Los
procesos de licitación para el gasto público se están volviendo más claros y
expuestos al público, por lo que la sociedad civil y el ciudadano común pueden
saber cada vez más si la acción del funcionario público se apega a derecho y al
bien común.
También se ha iniciado la posibilidad de conocer el estado patrimonial e
ingresos de los funcionarios, al irse haciendo públicas, voluntariamente, sus
declaraciones patrimoniales. Para todo ello, el medio principal de acceso a la
información es, sin duda, la Internet. En los portales y páginas “web” aparece
información “transparente” para quien desee consultarla.
Por supuesto que la sola exposición pública, sobre todo de los manejos de
fondos presupuestarios y de enajenación de bienes públicos, no necesariamente
significa que tal información sea veraz, pero el país se va sujetando cada vez
más al escrutinio ciudadano, sumado al que por auditorías es realizado por
órganos oficiales.
La transparencia está llegando para quedarse, aunque aún estemos en los
pininos; pero el funcionario público se ve crecientemente sujeto a ese escrutinio
ciudadano, principalmente de la sociedad civil organizada, los medios de difusión
y las organizaciones políticas.
Decisiones discrecionales transparentes
Pero existe un aspecto en donde la trasparencia no aparece formalmente, y casi
tampoco informalmente. Es en la toma de decisiones de autoridad, cuando el
funcionario tiene legalmente un amplio margen de discrecionalidad, es decir que
toma decide conforme a su criterio, pero la mayoría de las veces sin tener que
dar cuenta de los razonamientos por los cuales decidió en un sentido u otro.
La ciudadanía tiene muchas quejas sobre decisiones que autoridades
municipales, estatales y federales toman en casos de permisos, autorizaciones,
concesiones y otras de naturaleza semejante, en que particulares ven afectados
sus derechos o consideran que se están violentado leyes, como son las sanitarias
y ecológicas.
Por qué se autorizó un fraccionamiento en zona reservada, por qué un antro de
vicio recibió permiso de operación siendo vecino de un centro escolar. Por qué se
niega al particular una autorización, cuando demuestra que tiene toda su
documentación en regla y cumple todas las disposiciones legales aplicables (pero
no “se ha portado bien” con el funcionario).
Por qué se asignó directamente una obra o compra que debió licitarse, o bien
por qué “parece” que la licitación pública se manipuló para que terminara
desierta y se hicieran asignaciones directas. Por qué se nombró funcionario a
quien tiene antecedentes delictivos públicos, o suficientes dudas razonables para
creerlo así, o que fue antes despedido por su incapacidad y/o deshonestidad. ¿Y
el nepotismo evidente?
La prensa está llena de reclamos ciudadanos sobre decisiones cuestionables de
gobierno o abiertamente contrarias a Derecho. Es cuando el funcionario que decide
hace uso de sus atribuciones en forma sospechosa. La sospecha es sobre todo mayor
cuando se le demuestra que en su decisión está violando leyes, reglamentos y/o
normas oficiales, y aún así, se niega a rendir cuentas.
Las altas autoridades gubernamentales, en los tres niveles de gobierno, deben
exigirse y exigir que, cuando una decisión tomada en uso de facultades
discrecionales es pública y razonadamente cuestionada por la ciudadanía debe dar
cuenta de cómo y por qué se tomó esa decisión. Esto sobre todo si el o los
afectados expone(n) sus razones para demostrar la violación de derechos y leyes
superiores.
Legislar transparencia en uso de facultades
En realidad, esta transparencia, ahora inexistente, es indispensable para la
defensa del derecho y el combate a la corrupción. Debe sujetarse a nuevas leyes y
reglamentos. Pero, en ausencia de legislación aplicable, lo más sano es que toda
autoridad rinda cuentas en caso de decisiones cuestionadas por la ciudadanía, y
hasta por otras esferas de gobierno, como también llega a suceder.
La única forma de reducir la corrupción de funcionarios que, en uso de sus
facultades discrecionales, toman decisiones contrarias al bienestar colectivo y a
las leyes, es que rindan públicamente cuenta de cómo llegaron a esa decisión.
Por ahora, desgraciadamente, el funcionario cuestionado se esconde detrás de
su facultad discrecional, y alega que no tiene obligación de rendir cuentas a
nadie. Por supuesto que muchas veces, esas decisiones contra derecho son tomadas
como “contraprestación” a dádivas de los beneficiarios, en perjuicio de la
sociedad o por capricho político. Esto debe cambiar.
Discrecionalidad y
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