¿Es posible un acuerdo educativo?

Alberto Lovera

Publicado en Tal Cual

01/07/2005

La educación sigue siendo un terreno de debate de posiciones encontradas. La controversia no puede ser la base de un acuerdo si no somos capaces de construir un espacio que concilie la diversidad y la pluralidad, en el marco compartido de los principios constitucionales y democráticos,  respetando todas las corrientes del pensamiento, ajenas a toda visión sectaria y excluyente.

El diputado Acuña, Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ha dicho que no cree “que un proyecto educativo en una sociedad como la venezolana pueda ser de consenso”. Mala manera de iniciar el debate de segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE). Sobre todo porque existe el precedente del acuerdo alcanzado en el 2001 con ocasión de la primera discusión de la Ley, cuando las bancadas parlamentarias de gobierno y oposición aprobaron por unanimidad un texto que más allá de las modificaciones que se le hagan para perfeccionarlo, es el resultado de un acuerdo consensuado y no sólo de un trámite burocrático del proceso legislativo.

El punto de partida de la segunda discusión del PLOE tiene que ser el acuerdo precedente, alimentado con los aportes de los más variados sectores para dotar al país de una Ley de Educación que sirva de base para una educación de calidad para todos, respetando los principios constitucionales.

Es un contrasentido que se nos proponga extender en el tiempo la versión centralista de la educación, como la de la Ley de 1980, donde la descentralización y la participación ciudadana brillan por su ausencia.

El Estado tiene el papel rector en la educación, así lo ratifica la Constitución, lo cual es además parte de la tradición constitucional y legal venezolana, pero a partir de la promulgación de la Carta Magna en 1999, esa función indeclinable del Estado debe reflejar la nueva concepción allí plasmada: un Nuevo Estado Docente Descentralizado y Participativo, lo cual es incompatible con una concepción hipercentralista, donde el poder ejecutivo central aparece monopolizando todas las funciones, como una suerte de gendarme controlador, borrando los niveles intermedios (regionales y municipales) del Estado, y dejando a la comunidad como un receptor pasivo de la iniciativas estatales.

Una versión conservadora, centralista y burocrática de la educación, como la que se nos propone, no permite un acuerdo. Pero si ponemos como punto de partida plasmar en la Ley el Nuevo Estado Docente Descentralizado y Participativo que establece la Constitución, hay un amplio terreno que nos permita que el texto legal sea el emblema de un acuerdo nacional para la educación con calidad y equidad para todos.

Sería una insensatez que se presente la segunda discusión del PLOE como una batalla para mostrar arrogantemente quién tiene la mayoría en el parlamento, ya lo sabemos. No nos cansaremos de decir que para la nueva Ley de Educación sirva de instrumento para transformar y mejorar en calidad y equidad la oferta educativa tiene que ser el producto de un acuerdo nacional. Ello es posible, pero hay que derrotar las visiones sectarias con propuestas que nos permitan darle viabilidad a esa plataforma común, capaz de albergar la diversidad.

alovera@idec.arq.ucv.ve