¿Es posible un acuerdo educativo?
Alberto Lovera
Publicado en Tal
Cual
01/07/2005
La educación sigue siendo un terreno de debate de posiciones
encontradas. La controversia no puede ser la base de un acuerdo si no somos
capaces de construir un espacio que concilie la diversidad y la pluralidad,
en el marco compartido de los principios constitucionales y
democráticos, respetando todas
las corrientes del pensamiento, ajenas a toda visión sectaria y
excluyente.
El diputado Acuña, Presidente de
la Comisión de Educación
de la Asamblea
Nacional ha dicho que no cree “que un
proyecto educativo en una sociedad como la venezolana pueda ser de
consenso”. Mala manera de iniciar el debate de segunda discusión del
Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE). Sobre todo porque existe el
precedente del acuerdo alcanzado en el 2001 con ocasión de la primera
discusión de la
Ley, cuando las bancadas parlamentarias de gobierno y
oposición aprobaron por unanimidad un texto que más allá de las
modificaciones que se le hagan para perfeccionarlo, es el resultado de un
acuerdo consensuado y no sólo de un trámite burocrático del proceso
legislativo.
El punto de partida de la segunda discusión del PLOE tiene que ser
el acuerdo precedente, alimentado con los aportes de los más variados
sectores para dotar al país de una Ley de Educación que sirva de base para
una educación de calidad para todos, respetando los principios
constitucionales.
Es un contrasentido que se nos proponga extender en el tiempo la
versión centralista de la educación, como la de la Ley de 1980, donde la
descentralización y la participación ciudadana brillan por su
ausencia.
El Estado tiene el papel rector en la
educación, así lo ratifica la Constitución, lo cual es además parte de la
tradición constitucional y legal venezolana, pero a partir de la
promulgación de la
Carta Magna en 1999, esa función indeclinable del Estado
debe reflejar la nueva concepción allí plasmada: un Nuevo Estado Docente
Descentralizado y Participativo, lo cual es incompatible con una concepción
hipercentralista, donde el poder ejecutivo
central aparece monopolizando todas las funciones, como una suerte de
gendarme controlador, borrando los niveles intermedios (regionales y
municipales) del Estado, y dejando a la comunidad como un receptor pasivo
de la iniciativas estatales.
Una versión
conservadora, centralista y burocrática de la educación, como la que se nos
propone, no permite un acuerdo. Pero si ponemos como punto de partida
plasmar en la
Ley el Nuevo Estado Docente Descentralizado y
Participativo que establece la Constitución, hay un amplio terreno que nos
permita que el texto legal sea el emblema de un acuerdo nacional para la
educación con calidad y equidad para todos.
Sería una
insensatez que se presente la segunda discusión del PLOE como una batalla
para mostrar arrogantemente quién tiene la mayoría en el parlamento, ya lo
sabemos. No nos cansaremos de decir que para la nueva Ley de Educación
sirva de instrumento para transformar y mejorar en calidad y equidad la
oferta educativa tiene que ser el producto de un acuerdo nacional. Ello es
posible, pero hay que derrotar las visiones sectarias con propuestas que
nos permitan darle viabilidad a esa plataforma común, capaz de albergar la
diversidad.
alovera@idec.arq.ucv.ve