“EL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA FRENTE A LOS DESAFÍOS

DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ERA POS-KYOTO:

vínculos entre el Foro del Buen Ayre y el gobierno argentino.”

 

Autor: M.Sc. ELDA VIVIANA TANCREDI

Departamento de Ciencias Sociales

Universidad Nacional de Luján

@ciuda

 

 

Introducción

Desde 1960 en adelante se ha desarrollado a nivel mundial un movimiento social y político basado en un cuerpo de ideas no demasiado claro ni diferenciado sobre el ambiente y su vinculación con las actividades y actitudes de la sociedad. Pudiendo ser denominado como “ambientalismo”, y oscilando de acuerdo con el grupo de que se trate entre las posturas extremas ecocéntricas y antropocéntricas, se ha ido complejizando y difundido a escala global, nacional y local, pasando a ocupar un lugar en el “sentido común” y en las prácticas cotidianas.

Sin lugar a dudas, el gran salto cualitativo y cuantitativo en los movimientos ambientalistas se da desde la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, que lleva también a la institucionalización estatal a partir de la introducción del tema ambiental en los sistemas legales y en las políticas públicas. Resulta difícil articular la diversidad de problemas ambientales enfrentados por los diferentes países del mundo. Sin embargo, y aún con una fuerte y manifiesta división entre intereses, reivindicaciones y reclamos de los países desarrollados, los países no desarrollados y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), los documentos concretos que establecen algunos lineamientos de acción futura son la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Declaración sobre Bosques, la Agenda 21 para el Desarrollo Sostenible y la Convención sobre el Cambio Climático.

La participación ciudadana y la búsqueda de consenso en la planificación y ejecución del desarrollo sostenible son uno de los temas más frecuentemente encontrados en la Declaración de Río y la Agenda 21. El Principio 10 de la Declaración de Río establece que los problemas ambientales son mejor manejados con la participación de todos los ciudadanos involucrados a los correspondientes niveles. La Sección I, Capítulo 8, de la Agenda 21 indica que los gobiernos deberían buscar una gama de participación pública más amplia en los procesos de toma de decisiones y formulación de políticas de desarrollo sostenible. La Sección III está dedicada al fortalecimiento de la función de los principales grupos sociales y a relaciones con las ONGs, gobiernos locales, asociaciones  y la comunidad científica y tecnológica. Se sostiene así que “es necesario que tanto las personas particulares como los grupos y las organizaciones participen en la evaluación de las consecuencias ambientales que puedan afectar a sus comunidades.”[1]

De la misma manera, la Declaración de Santa Cruz de la Sierra (1996) señala, en el documento técnico sobre Participación Ciudadana para el Desarrollo Sostenible de las Américas, la importancia de la participación como un hecho particularmente evidente en lo que concierne a la toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente. Se afirma así que los esfuerzos de desarrollo tienen una mayor probabilidad de éxito en el largo plazo si los actores principales, como son los gobiernos, donantes y, principalmente, la ciudadanía, tienen un interés genuino en su resultado.[2]

En el caso particular de América Latina y específicamente en Argentina, el ambientalismo toma facetas características distintas reflejando las particularidades del contexto social, político e histórico. La mayoría de los movimientos ambientales, especialmente los más nuevos, pertenecen a la categoría “movimientos de base”, que se caracterizan por ser “más pobres, más pequeños, menos profesionales, mal organizados, menos duraderos y no tan claramente ambientalistas pero seguramente más auténticos que sus similares del mundo desarrollado. Son en su mayoría antropocéntricos. En un continente donde las urgencias económicas son muchas y urgentes, parece obvio que esto suceda, y por ende las preocupaciones ambientales son parte de un conjunto de reivindicaciones más amplio, donde lo ambiental raramente es lo fundamental”.[3]

Otros movimientos son similares a los de los países del norte industrializado, sobre todos en las áreas metropolitanas más desarrolladas. Estos grupos se institucionalizan bajo la denominación de ONGs, y se focalizan sobre temas específicos vinculados a las clases medias y casi siempre a las condiciones ambientales urbanas. Algunos de ellos son “filiales nacionales” de grupos que han tomado una dimensión internacional, como Greenpeace, Earth First! Movement y Amigos de la Tierra.

Han ido apareciendo también instituciones que actúan como puente con los movimientos de base, integrados por equipos de profesionales de apoyo técnico. Desde aquí es que se organizan redes institucionales flexibles y dirigidas al intercambio de información y organización de campañas para influir sobre la opinión pública.

En este trabajo se presentan algunas de las características del movimiento ambientalista en Argentina, en especial el vinculado con la problemática del cambio climático global, conformado mayoritariamente por organizaciones pertenecientes a las últimas dos categorías mencionadas. Este movimiento se constituye en la reunión de más de sesenta ONGs del país en el denominado Foro del Buen Ayre, que surge con fuerza en el año 1998, directamente vinculado con la realización en la ciudad de Buenos Aires, de la IV Conferencia de las Partes (COP4) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La participación de este movimiento durante la conferencia es impulsado desde las mismas ONGs pero también desde el gobierno nacional, aunque limitado a la presentación de algunas ideas pero no vinculante para la toma de decisiones.

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y la integración del gobierno argentino en la discusión global

El Cambio Climático, tal como se ha definido y ubicado en la agenda internacional de los países industrializados no siempre es considerado relevante por los países en desarrollo donde este problema compite con otras prioridades. Para algunos el Cambio Climático se vincula con un problema tecnológico común causado por emisiones y por lo tanto solucionado por su reducción. Para otros, con un problema distributivo e ideológico causado por patrones de alto consumo, que debe ser resuelto a través de una reestructuración de la sociedad global.

En este marco de diferencias, sin embargo se pone en marcha desde la finalización de la Conferencia de Río la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) como el primer instrumento jurídico internacional obligatorio sobre el cambio climático, que establece principios, obligaciones generales y protocolos, como compromisos complementarios, logrados a partir de consensos internacionales durante las denominadas Conferencias de las Partes (desarrolladas anualmente desde 1995 en la COP1 de Berlín; COP 2 en Bonn; COP3 en Kyoto; COP4 en Buenos Aires; COP5 en Bonn; COP6 en La Haya; COP 6 Bonn, continuación; COP 7 en Marrakesh). Cabe recordar que esta Convención tiene como antecedentes la Primera Conferencia Internacional sobre el Clima, de 1979, donde se declara la necesidad de prever y evitar posibles cambios del clima obra del ser humano; la Convención de Ginebra de 1979 donde se acuerdan soluciones básicas a la contaminación atmosférica transfronteriza; el Protocolo de Montreal de 1987 relativo a las sustancias que afectan al ozono, obligando a la reducción de emisiones de CFC; y la Segunda Conferencia Internacional sobre el Clima realizada en Ginebra en 1990.[4]

En esta Convención se persigue el objetivo de lograr la estabilización de la concentración en la atmósfera de los denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI)[5] a un nivel que pueda prevenir las interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático, dentro de un marco temporal suficiente como para permitir a los ecosistemas a adaptarse naturalmente al cambio; asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada; y permitir el desarrollo económico sustentable. Se parte de la afirmación de que las actividades humanas por un lado incrementan la concentración atmosférica de los GEI, alterando el balance radioactivo tendiendo al calentamiento de la atmósfera (con efectos globales de larga duración), pero en algunas regiones incrementan la concentración de aerosoles produciendo el efecto opuesto de enfriamiento (con efectos continentales de corto y mediano plazo). Las actividades humanas que se vinculan con la emisión son las relacionadas con la combustión de petróleo (industrias energéticas, manufactureras y de construcción, transporte); la fugas de combustibles sólidos, gas natural y petróleo; los procesos industriales que utilizan productos minerales, químicos y metales; el uso de solventes, la agricultura y la generación de residuos.

El impacto de las emisiones de GEI se traduce entonces en un trastorno del equilibrio energético mundial, manifiesto en intercambios interconectados y complejos en la configuración de vientos, precipitaciones, calentamiento global, cambios en el nivel del mar; entrando a jugar las dimensiones humanas del cambio global entendida como las formas en que los individuos y las sociedades contribuyen, son influidas, mitigan los efectos y se adaptan al cambio.

Para el logro de los objetivos en la búsqueda de un desarrollo sustentable, se propone en el denominado Protocolo de Kyoto adoptado por la COP3 en diciembre de 1997, llegar a una reducción del 5,2% de las emisiones de GEI de los Países desarrollados para el período 2008-2012 con respecto a los niveles de 1990. Este compromiso legal produciría un cambio histórico de las tendencias crecientes de emisiones en estos países desde medianos del siglo XIX. Abierto a su firma desde marzo de 1998, sólo entrará en fuerza cuando haya sido ratificado al menos por 55 Partes de la Convención incluyendo a los países desarrollados que emitan al menos el 55% del total del CO2 emitido durante 1990. De los treinta y cuatro países listados en el Anexo I,  diez de ellos representan el 68% de las emisiones globales, encontrándose en primer lugar Estados Unidos (con el 36,1%), la Federación Rusa (con 17,5%), Japón (8,5%), Alemania (7,4%) y Gran Bretaña (4,3%)

Dentro del Protocolo, se definen Mecanismos de Flexibilidad son los que procuran flexibilizar las obligaciones de los países Anexo I dándoles la posibilidad de cumplir parte de sus obligaciones de reducción haciendo inversiones fuera de sus países o comercializando permisos de emisión con otras partes del Protocolo. Estos mecanismos son: de Comercialización (entre Partes Anexo I), de Implementación Conjunta ( entre Partes Anexo I), y Mecanismos de Desarrollo Limpio (entre Partes anexo I y no-anexo I,).[6]

La República Argentina firma su adhesión a la UNFCCC el 12 de junio de 1992, ratificándolo por aprobación por Ley Nacional n° 24295 de diciembre de 1993. Un año después, se produce la modificación del Texto Constitucional Nacional, donde se incorpora la problemática ambiental como responsabilidad del estado, a partir de la sanción del Artículo 41 de la Constitución que “garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Tal como se consigna en el Informe Nacional a la Conferencia Río +10 (Johannesburgo, agosto 2002)[7] los logros obtenidos en Argentina vinculados con el perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones relativas al cambio climático, serían los siguientes:

- creación, por Decreto presidencial Nº 2156 del 15 de septiembre de 1991, de la Comisión Nacional para el Cambio Global (CNCG) en jurisdicción de la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología. Su misión era entender en todo lo inherente a la coordinación, evaluación y generación de nuevas actividades científico–tecnológicas nacionales, relacionadas con el control y vigilancia del Cambio Global en el país;

- desarrollo del proyecto Estudio País con el apoyo del PNUD, en cumplimiento de los compromisos emergentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

- presidencia del Grupo de Valdivia, formado por Argentina, Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay, y, en el MERCOSUR, en el marco de la cooperación internacional para el perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones, relativas al cambio climático;

- apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a investigaciones científicas en la problemática del cambio climático, especialmente en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, y en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del CONICET;. En particular, ha definido acciones especiales para el desarrollo de “áreas de vacancia temática”, entre las cuales figuran: tecnología y seguridad ambiental, manejo y gestión de recursos naturales, manejo y gestión de cuencas hídricas, suelos, y cambio climático.

 - creación de la Oficina Argentina de Implementación Conjunta (OAIC), el 16 de julio de 1998, hoy denominada Oficina Argentina Del Mecanismo Para Un Desarrollo Limpio; que tiene por objeto llevar a cabo en forma más eficiente las acciones vinculadas a la UNFCCC y ha desarrollado, entre otras actividades, estudios sobre impactos del cambio climático en la Argentina, en coordinación con la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos de América;

- creación del Programa Nacional sobre Impactos del Cambio Climático, cuyo objeto es dar un marco institucional a la problemática vinculada a impactos, vulnerabilidad y adaptación frente a los efectos del cambio climático;

- cumplimiento de sus compromisos en su condición de país no Anexo I, al realizar tres inventarios de gases de efecto invernadero, para los años 1990, 1994 y 1997. Estos se llevaron a cabo con una metodología que los hace comparables entre sí, dos estudios de mitigación de gases de efecto invernadero y varios estudios innovadores en relación con el cambio climático, incluyendo, como parte de los estudios destinados a elaborar una meta doméstica de reducción de la tasa de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, las proyecciones de sus emisiones en los sectores relevantes hasta el período 2008-2012. De esta manera, la Argentina se constituyó en uno de los primeros países no Anexo I, que cumplió con esta pauta comprometida por todos los países signatarios de la Convención.

- desarrollo entre octubre 1998 y mayo de 1999 del denominado “Estudio Argentino sobre los Mecanismos de Flexibilidad”,  contando con el financiamiento del BM y el Gobierno de Canadá.

- creación en el seno de la SDSyPA de Comisiones Técnicas Ad Hoc, a fin de fijar la posición nacional ante las sucesivas Reuniones de las Partes de la Convención. Dichas Comisiones estuvieron integradas por representantes de todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional involucradas en la temática; las provincias participan a través del COFEMA.

El 20 de junio de 2001, por ley nacional 25.438 el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley la aprobación del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en Kyoto, Japón, el 11 de diciembre de 1997.

Las ONGs argentinas frente al Cambio Climático: el Foro del Buen Ayre

Convocado como reunión de alrededor de veinte ONGs argentinas y con motivo de la realización en la ciudad de Buenos Aires de la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) en noviembre de 1998, el denominado Foro del Buen Ayre surge el 4 de julio de 1998 en la Reserva Ecológica Costanera Sur de Buenos Aires.

Sus principales objetivos son:

·        Incorporar la temática del cambio climático en toda su complejidad, en las agendas de las organizaciones ambientalistas y de todo tipo de organización de la sociedad civil, así como contribuir a su difusión en la opinión pública.

·        Promover en el marco del movimiento ambientalista, el funcionamiento en red de las ONGs interesadas en la problemática del Cambio Climático

·        Facilitar la presencia y participación en la COP4, de las ONGs nacionales e internacionales

·        Promover la realización de un programa de actividades hacia y durante la COP4, con la intención de difundir la temática, con la meta de llegar también a formar parte de la Red Mundial que estudia el cambio climático: Climate Action Network (CAN).

Este Foro es impulsado y apoyado desde la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a través de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional, con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, al menos explícitamente, pretende actuar en forma independiente del gobierno argentino, funcionando como un instrumento facilitador de participación y de discusión para las ONGs en la temática vinculada al cambio climático, fortaleciendo las propuestas planteadas por cada una de ellas.

Para ello, comienza sus actividades organizando una serie de eventos en el interior del país para la difusión del tema y para permitir una amplia participación de los diferentes movimientos ambientales; y la publicación de un Boletín Informativo llegando a más de mil ONGs, Universidades y distintos ámbitos del país. Hacia el mes de septiembre, a sólo dos meses de su creación, el Foro suma sesenta (60) ONGs miembros vinculados a realidades locales su mayoría, pero con la presencia fuertemente activa de los representantes de tres ONGs pequeñas (Comisión Interdisciplinaria sobre Medio Ambiente –CIMA- de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires, que detenta la Secretaría del FORO; Fundación Biosfera de la ciudad de  La Plata; Grupo Ecológico Cabayu Cuatia, de Entre Ríos, que lucha desde 1985 en contra de la construcción de la Represa de Paraná Medio) y de grupos globalizados como Greenpeace  Argentina y Amigos de la Tierra Argentina. [8]

Se desarrollan durante este breve período cuatro Talleres del Foro; dos Reuniones Nacionales de ONGs; tres Reuniones con autoridades del Gobierno nacional como espacio de actualización informativa y de interacción conjunta; Jornadas Regionales y Talleres Nacionales (Taller Bonaerense, Taller de la Universidad Nacional del Litoral, Taller de Cuyo, Taller del NOA, Taller Patagónico). En cada uno de estos encuentros se plantean discusiones y recomendaciones.

 

Las primeras posiciones del movimiento ambiental: los Talleres de Discusión

En los diferentes talleres de discusión fueron surgiendo los principales reclamos que unificarían las posturas del Foro del Buen Ayre frente a la COP4. Las conclusiones generales de los dos talleres que se presentan a continuación reflejan los principales elementos.

a) Taller sobre Cambio Climático y Alternativas Energéticas. (realizado en la Universidad Nacional del Litoral). En este Taller se plantea como conclusiones consensuadas que:

1.      es necesario establecer un límite global cuantificado de emisiones de GEI conforme surge de las estimaciones del IPCC.

2.      se debe reconocer que los compromisos establecidos en el Protocolo de Kyoto no garantizan el cumplimiento de las metas

3.      dentro de los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), no deben ser elegidos aquellos proyectos de alto impacto tales como las Centrales Nucleares y grandes Presas Hidroeléctricas, u otros proyectos de alto impacto social, sanitario y ambiental; debiéndose promover por el contrario las energías limpias renovables y la eficiencia energética.[9]

4.      no deben ser elegidos los proyectos de sumideros hasta que no se cumpla el requisito previsto en el Protocolo, que afirma que “la reducción de emisiones resultantes de cada actividad de proyecto deberá ser certificada por las entidades operacionales que designe la COP.” (Art. 12, párrafo 5, inciso b)ya que no existe al momento uniformidad de criterio sobre la metodología a emplearse en la evaluación. Se recomienda entonces la implementación de un mecanismo que asegure la transparencia y el control de las certificaciones de reducción de emisiones.

5.      las actividades desarrolladas a través de los Mecanismos de Flexibilidad no deben atentar con los compromisos expresados en el artículo 4, como sucedería con la promoción de proyectos de reforestación con especies exóticas o nativas de crecimiento rápido, que signifique la destrucción de ecosistemas naturales.

Además de las recomendaciones, las ONGs participantes en este Taller rechazan vigorosamente los escenarios planteados en el informe argentino “Mitigación de Gases de Efecto Invernadero” (Proyecto ARG/95/6/31 PNUD- SECYT) debido al nivel de emisiones que contemplan y a las tecnologías inapropiadas que proponen.

Este rechazo es impulsado específicamente desde Greenpeace, que lanza tanto a escala global como en Argentina la “Campaña de Energía” en el mes de septiembre de 1998, en donde se discute los “agujeros en el Protocolo”. Estos agujeros son definidos como aquellos mecanismos que permitirían que existan emisiones no controladas y que minan las posibilidades de que se cumplan los objetivos del Protocolo. Así, plantea que se establezcan reglas y normas de funcionamiento claras para los Mecanismos de Flexibilidad (donde se deben excluir los “sumideros” del sistema de comercialización) y que sean prioritarias las acciones nacionales o domésticas, con reglas que garanticen la transparencia, cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades, y un serio proceso de control y de revisión.[10]

 

b) Taller Bonaerense sobre Cambio Climático.

En este Taller se consensuaron recomendaciones vinculadas más específicamente con el proceso de información y de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones frente a los desafíos planteados por el Cambio Climático, siendo el taller considerado como la instancia principal de difusión de información y de conocimiento y de toma de conciencia. Por ello debido a que no se han discutido los contenidos mínimos del Protocolo de Kyoto, los participantes sostienen que en esta instancia no corresponde presentar comentarios, objeciones o adhesiones a los distintos artículos del mismo. Las principales conclusiones, que no fueron impulsadas por ningún grupo ambientalista en particular, son:

1.      es necesario desarrollar estrategias de resolución a escala local, a través del fortalecimiento de los mecanismos de difusión de la información y de programas de educación ambiental formal y no formal, definiendo Programas de Acción que hagan efectiva la transversalidad de la problemática ambiental;

2.      es necesario que estos programas se realicen con la participación activa de todas las instancias institucionales involucradas, incluyendo a las ONGs y la comunidad en general, promoviendo los mecanismos continuos y permanentes de discusión y de consenso en un proceso participativo democrático;

3.      es preocupante la escasa respuesta y participación de los funcionarios gubernamentales y representantes de los partidos políticos a escala nacional, provincial y local, que no han considerado al Cambio Climático como una cuestión a ser incorporada a la agenda pública;

4.      es necesario que se tienda a una planificación ambiental integrada del territorio (en sus diferentes escalas) que incorpore la problemática climática;

5.      es necesario contar con apoyo financiero efectivo y eficiente por parte del Estado y organismos internacionales para llevar adelante los proyectos ambientales;

6.      es importante remarcar la importancia de las ONGs ambientalistas del Foro del Buen Ayre no sólo en la difusión de la información sino también hacia el futuro en la definición conjunta de estrategias de control y seguimiento de las políticas públicas que se diseñen e implementen frente al Cambio climático.

 

Rondas de consultas previas a la COP4: las ONGs y el Gobierno Nacional

Ante la cercanía de la realización de la COP4, el gobierno nacional convoca a las ONGs miembros del Foro del Buen Ayre para comunicarles la posición defendida por la Argentina en la UNFCCC. Los elementos centrales residen en la ratificación de su adhesión al Protocolo de Kyoto, como un paso adicional a la Convención; y en la firma de la necesidad de “compromisos voluntarios” para las Partes No-anexo I, sosteniendo la existencia de responsabilidades diferenciadas pero comunes.

Este último punto es altamente discutido, pues implica unificar al mundo en sus responsabilidades, cuando desde la Cumbre de Río se lo divide entre los países históricamente responsables de la contaminación global y los países que por su menor desarrollo relativo no alcanzan a integrar el grupo de “culpables”. El gobierno argentino presenta la postura de la necesidad de una “medida ejemplar” de comprometerse con las metas de reducción de emisiones, que sirva además “para reclamar mayores compromisos y el cumplimiento de los mismos por parte de los países desarrollados y simultáneamente limar las asperezas en las tratativas para un acuerdo final”[11],  en un claro lineamiento detrás de la postura norteamericana.

Frente a este tema, los Estados Unidos llevan la posición más extrema, considerando imprescindible para avanzar que los Países en Desarrollo “claves” o “emergentes”, tales como China, India y Brasil, adquieran compromisos que demuestren una participación significativa. Esta postura no cuenta con el apoyo del Grupo de los 77 más China, que sostiene que son los países desarrollados los que deben en primer lugar mostrar progresos con los compromisos que ellos sí accedieron a obligarse. Finalmente este punto queda fuera de Agenda al ser imposible llegar a un consenso dado el grado de enfrentamiento de las dos posturas.  En esta reunión con el gobierno argentino, nuevamente el principal reclamo del Foro del Buen Ayre es que no ha habido un adecuado proceso de consulta y de debate sobre los objetivos y modo de funcionamiento de la Oficina Argentina de Implementación Conjunta. Frente a ello, se responde a sólo una semana para la realización de la COP, que “se está viendo el armado de estrategias de participación y la forma de participación de todos los sectores. No hay todavía una estrategia de cómo comunicar al público en general.”

 

La presentación del Foro del Buen Ayre durante la COP4

Luego de este rápido proceso de organización de las ONGs ambientalistas argentinas, se logra la intervención del Foro en la Sesión Plenaria de la IV Conferencia de las Partes en el mes de noviembre de 1998, con la presentación del desafío planteado por el Cambio climático a las ONGs: el pasar a un compromiso concreto de formulación, participación y monitoreo de los proyectos.[12]

Este desafío, sostienen los miembros del Foro, sólo puede ser satisfecho con una adecuada preparación de las ONGs a través de vigorosos programas de capacitación que permita “elevar las capacidades del movimiento ambientalista climático para que sea una verdadera red con funcionamiento autónomo en cada uno de sus nodos”.

Lo más destacado de este movimiento es el hecho de haber organizado lo preexistente y dado un nuevo sentido, desde que las ONGs han incorporado en sus agendas la cuestión climática. La percepción global de la temática del Cambio Climático es que permite que cada ONG juegue de la mejor manera su Rol Local, que es donde en definitiva las negociaciones se traducen en proyectos. Evitando hegemonías que desdibujan los matices locales, y preservando por el contrario, la diversidad, como sustento de toda red participativa y democrática, las ONGs del Foro se comprometen en su contribución a un mundo globalizado, a la integración social, la inclusión y la equidad en el camino del desarrollo sustentable.

La COP4 termina con pocos logros, ya que los negociadores no logran ubicarse en el plano común durante el trabajo final de negociación habiendo soslayado el esfuerzo por reducir la emisión de GEI, sobre todo desde la falta real de compromiso ante las responsabilidad histórica que les compete a los países desarrollados respecto al cambio climático y sus consecuencias. Debe remarcarse la presión de ciertos grupos de poderosos intereses económicos, como las empresas petroleras, químicas y de la industria nuclear. Desde las ONGs se sostiene que “ellas destruyen todo intento de mejorar la calidad de vida de la gran mayoría, finalmente atentando contra la permanencia universal de la Tierra, siendo las causantes del mayor genocidio jamás pensado /.../ con pena y sin gloria finalizó en Buenos Aires la COP4.”

De todas maneras, los integrantes del Foro sostienen que se han cumplido la mayor parte de los objetivos que llevaron a su conformación. Para ello ha ayudado la concepción inicial mantenida en el transcurso del proceso de tener en cuenta la heterogeneidad del movimiento ambientalista argentino, y la necesidad de introducir en su agenda una temática novedosa e insuficientemente conocida. El impedimento auto-impuesto de “no fijar posiciones” conjuntas pero sí promover que las mismas fueran adoptadas por sus miembros, no significa que en el seno del Foro no emanaran fuertes y claras posiciones. El hecho de que el Foro funcionara como “paraguas” permite un aprovechamiento más eficiente del poco tiempo disponible, donde los resultados de la convocatoria constituyen un fenómeno organizacional en sí mismo. Así, como expresión del sector no gubernamental, logra ocupar su lugar en el ambiente específico. [13] Entre sus miembros existe consenso para su continuidad a través de una Red Climática específica que se mantenga en el movimiento ambientalista en convivencia con el resto de los temas de la agenda ambiental argentina.

 

El Foro hacia la COP5 1999

Durante el año 1999, las diferentes ONGs se mantienen agrupadas bajo el paraguas del Foro del Buen Ayre, pudiendo así participar algunos de sus miembros de la Comisión Asesora para la “Elaboración de la Meta sobre Gases de Efecto Invernadero” (COMEGEI)[14], que funcionó en el ámbito de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación, cuyo informe fuera elevado a las autoridades nacionales para ser presentado en la COP5 realizada en Bonn, en noviembre. También se participa ante la Oficina Argentina de Implementación Conjunta, durante dos meses.[15]

La postura del gobierno argentino en Bonn es de presentar nuevamente la meta voluntaria, incluyéndose los inventarios de GEI de 1990, 1994 y 1997, y la elaboración de una meta de reducciones domésticas vinculadas a la evolución del PBI para el período 2008-2010.

Finalmente, cinco ONGs del Foro son elegidas para participar en la COP5, donde elevan un documento denominado “Comunicación de las ONGs argentinas ambientalistas del Foro del Buen Ayre” (Bonn, 2 de noviembre de 1999)[16]. Esta participación es financiada por la EPA (Environmental Protection Agency) de Estados Unidos a través de la Secretaría.

En esta comunicación se manifiesta una división de posturas entre las distintas ONGs miembros: las que acuerdan con lo presentado por Greenpeace y Amigos de la Tierra, y los que adhieren a lo presentado por el gobierno argentino. Los principales puntos expresados en ella son los siguientes:

1.      recomendación de asumir una meta voluntaria de mitigación elaborada en base a las comunicaciones nacionales de los países no-anexo I, resultando importante que éstas puedan en el futuro convertirse en obligatorias. Se solicita al gobierno argentino que la incluya en su comunicación oficial.

2.      recomendación de respetar la adicionalidad de los Mecanismos de Desarrollo Limpio y la elaboración de criterios de elegibilidad. Se recomienda que las tecnologías transferidas sean de primera generación, fomentando el uso de fuentes de energía renovables y limpias (en especial eólica, solar, biomasa) así como la eficiencia energética; y la exclusión de centrales nucleares y grandes represas hidroeléctricas.

3.      recomendación de la reestructuración de una parte importante de los costos empresariales para la efectiva implementación de las medidas de mitigación, que a partir de un proceso de promoción tecnológica, asesoramiento y capacitación genere oportunidades de mayor competitividad externa y de manejo sustentable de recursos naturales

4.      recomendación para que el sector gubernamental proponga la elaboración de planes de educación formal y no formal y de intercambio cultural y científico con la participación de las ONGs.

Estos cuatro puntos son suscriptos por ocho ONGs del Foro concordando con la postura de Greenpeace argentina y Amigos de la Tierra argentina, ambas miembros activos del mismo. Ellas no acuerdan con el punto 5 siguiente, que es firmado por el resto de las ONGs que acuerdan con la totalidad de las recomendaciones.

5.      Argentina tiene una pequeña incidencia en las emisiones globales, por lo que debe dar prioridad a la sustitución de fuentes energéticas contaminantes y a su vez asegurar la sustentabilidad de los bosques naturales, las praderas y manejo del suelo a través de una gestión integral preservando la diversidad biológica. Los bosques nativos e implantados son una importante fuente de captura de CO2. En consonancia con una política forestal activa, se los debe incluir dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Como puede deducirse éste resulta ser uno de los temas más conflictivos. Argentina ha venido sosteniendo que como fruto de las inversiones ya realizadas, se tiene una matriz energética relativamente limpia, por lo que los “sumideros” serían la única alternativa para captar fondos provenientes de los MDL. Greenpeace, por su parte, denuncia que estas negociaciones han sido fuertemente influidas por la participación casi excluyente de los sectores vinculados a la forestación y la agricultura, mientras que las opciones energéticas en diferentes sectores, como transporte, industria, electricidad, no han sido debidamente analizadas. Esta tendencia a favor de los sumideros habría sido influida por la vinculación que Argentina ha mantenido con los Estados Unidos, uno de los principales promotores de los sumideros. Reclama entonces que se apoye la implementación en base a proyectos de energías limpias y renovables, con eficiencia energética, tal como lo viene manifestando desde los primeros talleres del Foro.[17]

Sin llegar a ningún consenso internacional, el tema de los sumideros sigue siendo uno de los más conflictivos que se debaten en la COP6 realizada en La Haya entre el 13 y el 25 de noviembre del 2000.

 

El Foro del Buen Ayre hacia la COP6 2000

El 10 de diciembre de 1999 se produce el cambio del gobierno luego de las elecciones democráticas en la República Argentina. Entre los cambios más importantes por Ley de Ministerios n° 22.520, el nuevo Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente pasa a detentar las atribuciones que se encontraban a cargo de la Ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Se crea dentro de este nuevo ministerio la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.[18]

Esta Secretaría es la encargada de tomar las medidas conducentes a la puesta en marcha de una nueva Oficina de Implementación Conjunta,[19] como órgano del gobierno nacional para la gestión de proyectos que se encuadren como “Actividades Implementadas Conjuntamente” (decisión 5/CP.1) o que estén referidos a los mecanismos del Protocolo de Kyoto, que sigue sin vigencia. Su función principal es entonces, ser el órgano de recepción, evaluación y seguimiento de proyectos de mitigación de GEI en el marco de los convenios internacionales vigentes.

Frente a estos cambios políticos, el Foro del Buen Ayre (ahora más influido por la postura de Greenpeace y Amigos de la Tierra) pierde sus principales contactos a nivel gubernamental logrados desde 1998 y su posibilidad real de participación. Algunas ONGs miembros envían una serie de cartas[20] a las principales autoridades motivadas en la preocupación por algunas de las decisiones adoptadas por el gobierno en las últimas negociaciones de la UNFCCC, sobre todo referidas a la inclusión de los “sumideros”. Como antes, el planteo sostiene que se canalizarán fondos hacia proyectos de baja confiabilidad, reforzando el rol diferenciado entre países emisores y países sumideros o mitigadores, con consecuencias negativas desde el punto de vista climático y social, tanto global como local. Así, afirman que la Argentina se encuentra facilitando una nueva vía de escape a los países industrializados para no cumplir con las metas del Protocolo. Proponen la necesidad de una discusión profunda sobre la materia. La respuesta es nula, sin que se retome el diálogo con las ONGs del Foro.

Mientras tanto, avanza en la Provincia de Chubut (en la Patagonia argentina) el primer proyecto de sumidero, ignorándose las normas vigentes al obviarse la aprobación de la OAIC y dejando a las ONGs y a la sociedad civil en general sin oportunidad de discutir sobre esta iniciativa. Este es el caso de “Prima Klima”, fundación alemana que en noviembre de 1999 firma una serie de convenios con la provincia de Chubut, un organismo provincial y la Secretaría de Recursos Naturales (días antes de dejar el poder por el cambio de gobierno) que plantean la ejecución de un proyecto de conservación, manejo forestal, ecoturismo, aprovechamiento de madera de Lenga y forestación en cuencas lacustres, en un área total de 125.000 Ha, de las cuales 50.000 Ha son de bosques nativos. El objetivo ulterior es su presentación como Proyecto MDL y generar certificados de carbono durante cincuenta años. En contra de este proyecto y sus impactos negativos (como la intensificación del uso de la lenga y la pérdida de dominio público sobre un área sujeta a un compromiso internacional por cinco décadas) se movilizan las ONGs de Chubut y la población, con la adhesión de otras 40 ONGs del Foro del Buen Ayre.

Greenpeace continúa denunciando su preocupación por la ausencia de una definición clara del gobierno argentino sobre estos temas clave, producto de un alineamiento con las posiciones de los Estados Unidos durante el anterior gobierno nacional que el actual gobierno mantiene, aún cuando muestra débiles señales de cambio.[21]

La Cumbre de La Haya de la COP6 no logra, una vez más, consensuar los acuerdos internacionales sobre los aspectos más controvertidos. “Los Estados Unidos continúan hablando de la necesidad de incluir los sumideros dentro de los MDL y la Unión Europea de los problemas de permanencia, incertidumbre, riesgo y escala. Pareciera que el último año de negociaciones ha transcurrido en vano. Sin embargo, pareciera que Estados Unidos, Canadá y Japón parecen estar cada día más solos en la batalla por incluir TODOS los sumideros”. (Nota para el Foro Latinoamericano de ONG Ambientalistas. Desde La Haya, Holanda) En la segunda parte de la COP6 llevada a cabo en Bonn (2001), se acuerda conservar las metas y croogramas de Kyoto; se consolida un marco para la participación de proyectos de MDL, donde los proyectos de sumideros se limitan a forestación y reforestación y los proyectos nucleares quedan formalmente excluidos, permitiéndose un tratamiento más flexible para los proyectos de pequeña escala; pero aún quedan elementos de incertidumbre que no hacen posible completar el trabajo redactando un texto legal plenamente elaborado.

Al finalizar la COP 6 en Bonn, un documento distribuido por Greenpeace y reproducido por el Foro del Buen Ayre, calculaba que de acuerdo a los resultados de aquella cumbre, el compromiso de reducción de un 5,2% se había convertido en un permiso de emisión de un 0,3%.

La reunión de Marrakesh o COP 7 (29 de octubre al 10 de noviembre 2001)  no ha mejorado la performance del acuerdo de Bonn: un mercado de carbono va a comenzar a funcionar en el 2008 moviendo miles de millones de dólares cada año y los sumideros se van a llevar buena parte de los "certificados de reducción de emisiones" o de las "unidades de remoción". “Toda la negociación del PK ha estado basada en la convicción de que la única vía para lograr algún compromiso con relación al cambio climático es a través del comercio y los beneficios económicos que los estados y los particulares podían obtener. Según esta lógica el dinero es el motor de la política y si no hay dinero no hay movimiento. No hay política que se sostenga por el puro argumento de qué es lo mejor, qué es lo justo, qué es lo seguro. Sólo es útil el mecanismo que logra mover el mundo picaneando los intereses económicos, la miserable moneda de más o de menos que alguien se va a echar al bolsillo, el pobre pedazo de PBI que va a subir o caer cuando la regla se ponga en práctica. Sólo aceptando esta encerrona, esta hecatombe moral de la política internacional, puede decirse que hemos dado un paso adelante.”(afirmaciones en página web del FBA)

En los primeros días el mes de marzo de 2002, el Consejo de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) alcanzó en Bruselas un acuerdo para ratificar en nombre de los Quince el Protocolo de Kyoto y ponerlo en marcha antes de la celebración de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Rio+10), Johannesburgo, que se desarrollará entre el 26 de agosto (día elegido para la entrada en vigor del PK) y el 4 de septiembre en Sudáfrica. A pesar de las dificultades planteadas por Alemania, Dinamarca y Portugal, países que han levantado sus objeciones al admitir las “soluciones técnicas” ofrecidas por la presidencia española, se ha alcanzado el acuerdo anunciado. En Greenpeace la alegría es palpable; en sus primeras palabras califican la decisión de “victoria para el medio ambiente”, y, por supuesto, de “momento histórico”. Michel Raquet, asesor de Greenpeace sobre Cambio Climático ha destacado la relevancia de la ratificación. Si bien la ratificación de Rusia y Japón es también crucial para la entrada en vigor del Protocolo, el gran talón de Aquiles es Estados Unidos, responsable del 25% de las emisiones mundiales de CO2. La prioridad, por tanto, para los movimientos ecologistas es que EE.UU. vuelva al Protocolo luego de que su presidente George W. Bush enfureciera al mundo al rechazarlo argumentado que perjudica al crecimiento del PIB y los estadounidenses perderían empleos y negándose a limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal responsable del efecto invernadero.  

 

Conclusiones

La incorporación del problema del cambio climático en la agenda pública argentina hasta el año 1998 no trae consigo la idea de una gestión participativa y asociada entre el gobierno y la sociedad civil, no haciéndose responsable de la difusión de conocimiento y de información ni llevando adelante un proceso profundo y real de consulta. Sin embargo, se apoya e incentiva el funcionamiento del Foro, al que de alguna manera le delega esta tarea a ser realizada en el corto plazo, sobre todo debido a la necesidad de involucrar al movimiento ambiental frente a la realización de la COP4 en Buenos Aires. No quedan muy en claro cuales son las intenciones verdaderas que impulsa al gobierno a este apoyo. ¿Será sólo para evitar que se produzcan en Buenos Aires “acciones violentas” tales como el copamiento de los escenarios y de los palcos por parte de activistas (algunos representantes de Greenpeace Internacional y de Climate Action Network) que durante la COP6 de la La Haya 2000 denuncian la falta de transparencia, la pasividad de los gobiernos ante el cambio climático y la voracidad lucrativa de las empresas? 

Más allá de ello, es importante remarcar que luego de dos años intensos de funcionamiento el Foro del Buen Ayre, aún con sus limitaciones, ha logrado introducir la problemática del cambio climático en las diferentes organizaciones ambientalistas nacionales, y permitiendo la participación activa de las ONGs acercándolas a las estructuras políticas de toma de decisiones. Algunas de ellas, tal como queda manifiesto durante la COP5, sostienen un claro alineamiento con respecto a las posturas del gobierno argentino, vinculado en algunos casos con un real convencimiento de que es la postura adecuada frente a los desafíos planteados y en otros, a cierto compromiso de apoyo político debido a la dependencia del movimiento del apoyo financiero brindado desde la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la presidencia de la Nación. Otras, relacionadas con el movimiento ambientalista internacional como Greenpeace y Amigos de la Tierra, se mantienen firme en apoyo de la postura presentada por sus grupos respectivos a escala mundial.

Durante el año 2000, se ha producido un distanciamiento entre este movimiento y el gobierno nacional, diluyéndose así un canal abierto de participación del público en la toma de decisiones, que conlleva también la disminución en el grado de difusión activa de información y de conocimiento acerca del Cambio Climático, que queda reservada a los profesionales y equipos técnicos y a la capacidad operativa de las diferentes ONGs. Sin embargo, a principios del 2002 se visualiza un avance en este sentido ante la convocatoria al Taller: “La contribución de las ONGs al proceso preparatorio para RIO+10” organizado por la Dirección de Relaciones Institucionales y Promoción Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, donde, con la participación de 48 ONG´s ambientalistas, se ha discutido y analizado el Informe Nacional de la República Argentina a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable Rio + 10, contribuyéndose al proceso preparatorio y a la construcción de lineamientos sustanciales “para el diseño de nuestra propia Agenda 21 Nacional”.

El gobierno argentino reconoce hoy, entre sus limitaciones:

q       que la percepción de la problemática del cambio climático es aún difusa y existen dificultades para incluirla entre las acciones prioritarias en las diferentes áreas y niveles de gobierno y en la sociedad en su conjunto;

q       que han prevalecido acciones asistemáticas, efímeras y oportunistas impidiendo el tratamiento del tema como parte de una  política de estado, a largo plazo, con equipos estables y una amplia participación de la sociedad civil en la determinación de los objetivos estratégicos y en la creación de consenso respecto de los medios para lograrlo;

q       que es complejo el proceso para involucrar a los ámbitos públicos, en los diferentes niveles de gobierno, y a las ONGs, a los sectores privados y el sector científico – técnico, especialmente cuando existe insuficiencia de recursos financieros y procesos reiterados de cambios en la estructura del Estado.

El movimiento ambientalista argentino seguirá entonces reclamando que se construya un verdadero sistema de participación y de acceso a la información ambiental nacional, por ahora posible solamente a privilegiados usuarios de Internet (a través de la página web SIAN), que facilite “la comunicación e intercambio de información entre instituciones ambientales y de éstas con la comunidad en general, proveyendo de un conjunto de aplicaciones que faciliten los procesos de toma de decisiones en materia de gestión ambiental.”[22]