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Asunto:[encuentrohumboldt] 307/04 - Notas sobre la organización político-territorial del Territorio Nacional del Chaco (1884-1951)
Fecha:Viernes, 30 de Julio, 2004  20:39:01 (-0300)
Autor:humboldt <humboldt @...............ar>

Notas sobre la organización político-territorial del Territorio Nacional del
Chaco (1884-1951)

 

Carla Lois[1]

 

Abstract
En 1962 se sancionó una ley que proporcionó un status jurídico a una extensa
superficie de territorios que, aunque se encontraban dentro de los límites del
Estado, no formaban parte de ninguna de las catorce provincias existentes.

Así fue que entre 1872 y 1900 se crearon diez “territorios nacionales”, que
entre 1951 y 1991 se transformarían en provincias. Los territorios nacionales no
tenían representación parlamentaria y sus habitantes ejercían en forma limitada
sus derechos políticos.

El Territorio Nacional del Chaco fue el primero en ser creado (1872) y de
algunas peculiaridades de su organización política y territorial nos ocuparemos
en este trabajo. Aquí se ensayará una repaso crítica sobre las leyes, los
límites, las jurisdicciones, las instituciones y las prácticas políticas que
definieron las formas de organización política y territorial del territorio
nacional del Chaco, el diseño de su mapa político-administrativo y prácticas
políticas que tuvieron lugar en el territorio nacional del Chaco.

Nuestras reflexiones procurarán vincular estas cuestiones con ciertas visiones
que existían respecto de los territorios de los Territorios Nacionales: en
diferentes ámbitos y contextos estos fueron pensados como espacios vacíos,
pasibles de modificaciones de diverso tipo (de límites, de jurisdicciones, etc.)
sin más repercusiones que las previstas en el diseño técnico. El territorio como
espacio físico y escenario de la sociedad ya había sido pensado como desierto
desde la época de la conquista militar, contribuyendo a su apropiación simbólica
y material. Como veremos, gran parte de los debates sobre la provincialización
del Chaco, los proyectos de límites y jurisdicciones territoriales parecen
retomar y resignificar estas imágenes territoriales.

 

 

 

Introducción
 

El proceso de formación y consolidación del Estado nación argentino, originado
con el acuerdo de catorce provincias, requirió de un proceso de definición
territorial. La definición territorial no sólo implicó la delimitación de las
fronteras exteriores sino que también consistió en la organización de vastos
territorios existentes fuera de los límites o posesión de las provincias. En
1862, la ley Nº 28, sancionada durante la presidencia de B. Mitre, definió esas
áreas como territorios nacionales.

Nacidos como restos o residuos territoriales, resultados de las sobras que
quedaron tras la definición de los límites interprovinciales[2], entre 1972 y
1900 se crearon diez territorios nacionales[3], que, desde 1884 se organizaron
según lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Territorios Nacionales Nº 1.532.

En principio, la figura de “territorio nacional” era un status territorial
transitorio que proporcionaba una figura jurídica para las tierras que formaban
parte del territorio del Estado pero no integraban el territorio de ninguna
provincia. Los territorios nacionales, naturalmente, se transformarían en
provincias.

En términos generales, conviene recordar que las formas de la organización
político-administrativa de los territorios nacionales eran diferentes de las de
las provincias. Un reconocido jurista especificó que los territorios nacionales
no eran entidades políticas autónomas, como lo eran las provincias, sino que
simplemente eran divisiones administrativas del territorio de la Nación[4], dado
que no tenían constitución propia ni ejercían poder alguno; por el contrario, se
sometían a un régimen legal uniforme, la ley 1.532. Los territorios nacionales
estaban a cargo de gobernadores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, es
decir, no tenían autoridades electivas, ni representación en el Congreso
Nacional, ni podían elaborar leyes.

El hecho de que constituyeran unidades de menor jerarquía que las provincias fue
ampliamente abordado por diversos especialistas desde el punto de vista jurídico.
Los tópicos que han concentrado la atención de abogados, juristas y otros
estudiosos vinculados al derecho público fueron el status jurídico de los
territorios, la figura del representante parlamentario o delegado ante el
Parlamento, los fundamentos legales por la provincialización y los aspectos
territoriales y limítrofes. En repetidas ocasiones, muchos juristas recurrieron
al caso de “territory” de Estados Unidos (“porción del  país no incluida dentro
de los límites de ningún Estado y no admitida  tampoco como un Estado de la
Unión, pero organizada bajo las leyes de los Estados Unidos, con una legislatura
separada, bajo un gobernador territorial y otros funcionarios nombrados por el
Presidente y el Senado de los Estados Unidos”[5]) para organizar y legislar los
territorios nacionales. Al caso estadounidense tambié
 n se remitía para explicar la transitoriedad del status de territorio nacional,
ya que en él se había explicitado que “el propósito esencial es que cada porción
de territorio, tan pronto como fuese practicable, sea organizada en Estados, los
cuales ocuparán igual lugar y parte en la Unión”[6].

 

En la Argentina, para la transformación de un territorio nacional en provincia,
la ley 1.532 exigía que el territorio nacional alcanzara una población mínima de
60.000 habitantes. Pero esta ley también suponía que el status provincial
coincidiría con el cumplimiento de otras condiciones muy difíciles de
cuantificar, como la maduración cívica de los habitantes territorianos.

Para “entrenar” a los territorianos en el ejercicio de prácticas políticas
democrático-representatitvas, esta ley preveía la constitución de formas locales
de gobierno (municipios y legislaturas) según umbrales mínimos de población
residente en el Territorio Nacional. De esta manera, la organización de los
territorios nacionales supuso la organización de nuevas formas de ejercicio y
legitimidad del poder: a partir de la calificación y la organización jurídica del
territorio se definieron los mecanismos de representación política y se
organizaron las prácticas de sufragio, específicos para los territorios
nacionales. Es decir, los residentes en un territorio nacional no tenían derecho
a elegir autoridades nacionales, pero si cambiaban su lugar de residencia a
cualquiera de las provincias o a la capital federal, adquirían, automáticamente,
plenos derechos ciudadanos.

El hecho, entonces, de los argentinos tuvieran o no la capacidad jurídica de
ejercer los derechos ciudadanos de los argentinos según el lugar de residencia
(es decir, según el status jurídico del territorio de residencia), nos lleva a
interesarnos por las normas territoriales, las prácticas políticas y la
configuración del mapa político que caracterizaron la organización política del
territorio nacional del Chaco, que fue el primero de los diez territorios
nacionales de la Argentina en ser creado (1872) y uno de los dos primeros en ser
provincializado (1951).

 

 

2. La creación del Territorio Nacional del Chaco

 

El primer territorio nacional fue creado en 1872, por un decreto del presidente
Sarmiento, que luego fue sancionado como la ley Nº 576. Era el Territorio
Nacional del Chaco.

Al finalizar la guerra con el Paraguay, se consideró necesario instalar un
gobierno, de manera que la administración efectiva del territorio sentara un
precedente favorable al Estado argentino frente a eventuales litigios con
terceros países. Pero el conflicto internacional no era el único asunto
problemático que debía enfrentar la administración de este territorio nacional.
Cabe mencionar, aunque no se desarrollarán en este trabajo, que la lucha contra
el dominio indígena de los territorios chaqueños y la preocupación por poblar
esas tierras con colonos blancos fueron dos aspectos centrales en la organización
del territorio nacional chaqueño. En efecto, la creación de la Gobernación
pretendía lograr y sostener el traslado hacia el norte de la línea de fortines
para avanzar sobre las tierras dominadas por los aborígenes. Otro de los
objetivos de esa gobernación era la fundación de nuevos asentamientos,
preferentemente colonias agrícolas ocupadas por inmigrantes europeos.

En torno a estas dos cuestiones se desarrollaron las campañas militares, los
planes de infraestructura vial y ferroviaria, las políticas de colonización, y
los estímulos de diverso tipo a iniciativas privadas para la instalación de
empresas dedicadas a actividades primarias.

En 1872, el gobernador del territorio nacional del Chaco tenía su sede en Villa
Occidental[7], quien era, a la vez, el Comandante de Villa Occidental.

Sucesivas reorganizaciones de este Territorio Nacional involucraron
modificaciones de la superficie territorial, cambios de nombre y transformaciones
de la subdivisión interna.

En el siguiente apartado repasaremos brevemente esas transformaciones.

 

 

3. Reseña de las principales modificaciones de límites del Territorio Nacional
del Chaco

 

Después de la fundación del territorio nacional del Chaco, en 1874, la ley 686
creó la Jefatura Política del Chaco austral. En rigor, se trataba de una
administración militar que afectaba sólo a una parte del territorio nacional del
Chaco, la situada sobre la margen derecha de los ríos Paraguay y Paraná, entre el
río Bermejo y el Arroyo del Rey: el límite oeste no quedaba fijado con precisión.
Esta falta de precisión estaría poniendo de manifiesto la falta de control
efectivo que tenían las autoridades estatales y llevaría implícita la idea de
expansión hacia las “tierras impenetrables”.

 

En 1878, el fallo del laudo del presidente norteamericano Rutherford Hayes
determinó la cesión de una porción territorial de la superficie que estaba
incluido en el territorio nacional del Chaco. Como la ciudad que por ese entonces
era la capital del territorio nacional, Villa Occidental, se emplazaba en esos
territorios, fue necesario trasladar la capital a un nuevo sitio: la nueva
capital fue, entonces, Formosa.

En 1884, la ley de Organización de los Territorios Nacionales Nº 1.532 separó el
Territorio Nacional del Chaco en dos partes: la comprendida entre el límite sur y
el río Bermejo, Territorio Nacional del Chaco; y la comprendida entre el río
Bermejo y el río Pilcomayo, Territorio Nacional de Formosa.

En 1886 se modificó el límite sur del territorio nacional del Chaco, que quedó
fijado en el paralelo 28º latitud sur, y una parte de territorio pasó a formar
parte de la provincia de Santa Fe[8]. La ley que estableció este límite (la Nº
1.894) hizo lugar a los reclamos sostenidos y a la presión ejercidos por
empresarios dedicados a la explotación de los bosques (López Piacentini, 1968).

En 1902, por un decreto presidencial, el territorio nacional del Chaco cedió
territorios a la provincia de Santiago del Estero. En ese mismo año, la ley 4.141
estableció los límites que, prácticamente, perdurarían hasta la actualidad[9],
aunque algunas leyes posteriores ajustaron los límites interprovinciales[10].

 

 

En la organización político-administrativa del Territorio Nacional del Chaco, el
diseño del mapa político fue una cuestión central. Muchas personas hicieron
diversas propuestas y participaron de las discusiones respecto de la delimitación
territorial de las provincias y de los territorios nacionales. En el caso del
Chaco, no fueron pocas las pretensiones de las provincias linderas[11]. Además,
distintas personalidades elaboraron proyectos para modificar los límites
interprovinciales que modificarían los del Chaco, algunos de ellos muy curiosos.
Por ejemplo, el señor Alberto de Bary publicó en La Prensa de Buenos Aires[12] en
1912 una propuesta de “distribuir las gobernaciones entre las provincias
aumentando éstas no sólo su capacidad económica sino también su población y
representación en el Congreso Nacional”. Entonces dibujaba un prolijo mapa, en el
que los límites “están trazados en principio sobre meridianos y paralelos. Estas
líneas limítrofes sufrirán necesariamente peq
 ueñas alteraciones desde que existen insalvables accidentes geográficos.
Algunas provincias extenderán sus territorios hasta llegar a los ríos navegables
o susceptibles de serlo en el porvenir; otras sólo aumentarán su superficie
porque es imposible modificar su situación, mientras unas agregarán a su
producción nuevas fuentes de diversas industrias, las demás ampliarían solamente
su riqueza actual; pero todas ellas se beneficiarían (La Prensa, 24 de junio de
1912).

Por otra parte, en su libro La Argentina. Nueva Geografía Política, Alfredo
Hudson propuso modificar los límites interprovinciales para dotar a todas las
provincias del norte salida a los ríos, fundamentando que de esa manera podría
resolverse la “artificialidad de los límites”. Así daba por supuesto que los
límites están inscriptos en la naturaleza y que su proyecto sólo restituiría algo
que ya existía. No obstante, también recurría a argumentos anclados en la
política para justificar su propuesta: “los límites actuales de las provincias
tiene su origen en un régimen diametralmente opuesto al federal” (Hudson, 1925:
75), entendiendo que la herencia de ciertos límites provinciales mantenían
características asignadas en la época de la colonia “con desconocimiento absoluto
del territorio que adjudicaban, casi todo él aún no explorado” (Hudson, 1925:
75).

 
De estos ejemplos puede inferirse que, en contextos muy variados y con
argumentos muy diferentes, los territorios de los territorios nacionales eran
pensados como espacios vacíos, pasibles de modificaciones de diverso tipo (de
límites, de jurisdicciones, etc.) sin repercusiones sociales. El territorio como
espacio físico, natural y escenario de la sociedad ya había sido pensado como
desierto desde los tiempos de la conquista militar, contribuyendo así a su
apropiación simbólica y a la legitimación de prácticas políticas y militares
orientadas a efectivizar su apropiación material (Lois, 1999).
Un breve análisis de las sucesivas subdivisiones departamentales del territorio
nacional del Chaco puede permitirnos avanzar en esta línea.
 

 

4. Los límites intraprovinciales, la organización departamental y el ejercicio
de prácticas políticas
 

Se ha mencionado que la Ley de Organización de los Territorios Nacionales
establecía como requisito para la constitución de un Concejo Municipal una
población residente de 10.000 personas y para la conformación de una Legislatura,
un mínimo de 30.000 habitantes. Pero lo que no quedaba claro era dentro de qué
límites debía contabilizarse esa cantidad de población.

La ley nº 1532 era sumamente imprecisa a la hora de definir los ámbitos
territoriales que, al interior del Territorio Nacional determinarían, según su
población, las prácticas políticas. Vapñarsky (1983) analiza en detalle las
ambiguas interpretaciones que pueden hacerse de los recortes territoriales que
definirían conceptos tales como departamento, distrito o sección, según aparecen
tanto en la Ley 1.532 como en posteriores leyes y decretos que pretendieron
especificarlos mejor. Apunta que al igual que en todas las leyes y decretos que
pretendieron enmendar la Ley 1.532, en el Decreto del 19 de mayo de 1904 “se
confunde la idea de subdivisión política –la jurisdicción de alguna autoridad-
con la de subdivisión catastral –artefacto jurídico identificatorio de la
ubicación de tierras en leyes, escrituras y mapas” (Vapñarsky, 1983: 35).También
repara en que la extensión adjudicada al “distrito electoral municipal” podía dar
lugar a manipulaciones políticas, en tanto que dependí
 a de la extensión de los límites que se fijara al distrito para que ese poblado
quedara (o no) habilitado para elegir un Concejo Municipal o una Legislatura.

La aplicabilidad de la Ley requería interpretar la terminología usada, pero,
sobretodo, definir ámbitos de competencias políticas para el ejercicio de la
soberanía. La posibilidad de constituir órganos de gobierno local quedaba
supeditada a la demarcación territorial dentro de cuyos límites debía
contabilizarse la población con residencia estable. En este contexto se
sucedieron modificaciones de los límites de los departamentos, los distritos y
las secciones, así como surgimientos y/o desapariciones de esas particiones. Hubo
cambios en las divisiones departamentales en los años 1885[13], 1887[14],
1888[15], 1890[16], 1894[17], 1904[18], 1915[19], y también luego de la
provincialización, en 1953[20].

Según los vistos de la ley que en 1915 modificó la división departamental “la
nueva división departamental debe ajustarse a las exigencias del medio
geográfico, y tener en cuenta los factores domésticos, económicos y
agrarios”[21]. Eso parecía justificar la profunda innovación de la nueva
partición departamental: a pesar de mantener algunos nombres de departamentos ya
existentes, el nuevo diseño del mapa político desechaba cualquier herencia de las
formas y las extensiones de los departamentos anteriores: mientras que entre 1904
cinco de los seis departamentos eran adyacentes y perpendiculares al río Paraná,
en la zona donde se concentraban los asentamientos urbanos, en 1915 los
departamentos configuraron una superficie más homogénea, por lo menos desde la
impresión visual de la cartografía resultante.

 

 

La participación política y la construcción de la ciudadanía
 

En términos estrictos, la provincialización del Chaco (1951) implicó ampliar el
ejercicio de los deberes ciudadanos a una considerable masa de habitantes[22],
que de esta manera pasaron a ser formalmente ciudadanos del Estado argentino.

No obstante, antes del momento de la provincialización coexistieron una variedad
de prácticas de participación política. Algunas de ellas se inscriben dentro del
sistema político territoriano definido por la Ley Orgánica de Territorios
Nacionales de 1884 (ley nº 1.532). En esa ley se establecieron los principios
para la organización de Consejos Municipales y de Legislaturas, tomando como
referencia la cantidad de habitantes: en el primer caso el distrito debía contar
con mil habitantes y en el segundo, con treinta mil.

Esto era entendido como el primer paso para la autonomía política del Territorio
Nacional, aunque en rigor sólo concernía a la población urbana. Según lo
expresado en el Primer Plan Quinquenal (1946-1951), la autonomía política de los
territorios nacionales debería ser gradual, y empezaría por el perfeccionamiento
del poder local, más tarde del régimen municipal y finalmente de las legislaturas
(Ajón, 1999: 39).

 

La ley 1.532 estipulaba que las secciones de más de mil habitantes tendrían
derecho a elegir un Concejo Municipal, compuesto de cinco miembros, mayores de
edad y domiciliados en el distrito, entre quienes se nombraría a un presidente.
Asimismo, los municipales durarían dos años en el ejercicio de sus funciones y se
renovarían por mitades cada año[23]. La inauguración de esta nueva forma de
gobierno en Resistencia, en 1884, tuvo rasgos muy peculiares: los primeros cinco
integrantes del Concejo no fueron electos –y esto no es insignificante, si se
considera que esa era la novedad de esta nueva forma de administración del poder-
y fueron todos extranjeros[24]. La primera elección de Municipales tuvo lugar dos
años después, el 1º de enero de 1886, y de ella resultó electa una nueva mayoría
de extranjeros[25]. 

Múltiples irregularidades dan cuenta del inestable y precario desarrollo de esas
prácticas políticas: a la aleatoria periodicidad de las sesiones[26] se agrega el
incumplimiento de lo regulado por la ley correspondiente, ya que desde el 4 de
julio de 1887 el Concejo sesionó con seis miembros aunque la Ley 1532 admitía
sólo cinco. 

Para el resto del Territorio, recién en 1923 el gobernador del territorio
decretó la creación de municipalidades electivas en las localidades de Sáenz
Peña, Quitilipi, Villa Ángela y General Pinedo, aunque en 1926 debido a cambios
de categoría jurídica o a disoluciones sólo funcionaban las municipalidades de
Resistencia y Roque Sáenz Peña. Entre 1928 y 1929 reaparecieron las
municipalidades de Villa Ángela y Quitilipi y se constituyó un municipio en
Charata. Asimismo funcionaron Comisiones de Fomento en los pueblos de Ministro
Ramón Gómez, La Sabana, Puerto Bermejo, Tirol, Presidente de la Plaza, Machagay,
Zapallar y Makallé (Ajón: 1999: 26).

Si bien puede sostenerse que “en resumen, en todos los territorios [nacionales]
por retaceada que fuese, el gobierno municipal fue la única experiencia política
representativa anterior a la provincialización” (Vapñarsky, 1983: 44), no pueden
ignorarse otras formas de participación política que contribuyeron a la formación
de una esfera pública, expresadas, en la expansión de la prensa escrita y el
surgimiento de la actividad asociativa (Sábato, 1994: 73).

El periódico bimestral El Chaco, fundado en 1875 por el gobernador Napoleón
Uriburu, es considerado el antecedente de todos los diarios y periódicos del
Territorio Nacional del Chaco. En 1940 circulaban en Resistencia tres diarios (La
voz del Chaco, El Territorio y El Pueblo), cuatro periódicos (La Verdad, La
Acción, Acción Chaqueña y Chaco Austral) y una revista (Estampa Chaqueña); en
Sáenz Peña existían dos diarios (La Mañana y Tribuna Chaqueña) y un periódico de
la colectividad checoslovaca (Verkor Cakeñsky “Campaña Chaqueña"); en Quitilipi,
dos periódicos (Heraldo del Chaco y El Orden); en Villa Ángela, un periódico (Los
Principios) y en Presidencia de la Plaza, otro (Prédica).

 

En estos diarios y periódicos se expresaron opiniones a favor de la
provincialización o a favor de la representación ante el Congreso Nacional. Eran
temas que, sin duda, concentraban las preocupaciones y las expectativas entre los
territorianos. En estas fuentes puede encontrarse las tensiones que producía la
cuestión de la provincialización y algunas dudas que generaba, como es el caso de
la carta que Enrique Lynch Arribálzaga enviara al diputado nacional Nicolás
Repetto y que fuera publicada en la Revista Estampa Chaqueña, Año III Nº 141-42
en 1932:

 

“Son muy pocos los que opinan aquí que nos convenga dar ese paso [el de la
provincialización], mientras no tengamos el goce de la representación
parlamentaria que venimos reclamando desde 1918 y el pueblo no se haya adiestrado
en el uso del sufragio y del gobierno municipales, sumamente reducidos hasta hoy
”

“Yo creo, además, que, para ‘provincializarnos’, convendría consultar
democráticamente al pueblo interesado si quiere o no aceptar tal régimen,
mediante un plebiscito” 

 

La influencia de la prensa en la vida política del Territorio Nacional del Chaco
fue muy importante. Por ejemplo, el repudio y la consecuente destitución del
gobernador Dr. Enrique Cáceres en 1920[27] fueron atribuidos a la “ciudadanía
chaqueña, que se manifestaba ampliamente en contra, con el apoyo de diarios y
revistas” (López Piacentini, 1979: 50) de Resistencia. Y, más importante aún, la
prensa fue constitutiva de la opinión pública y solía estar vinculada a la
formación de las tantas asociaciones así como a la divulgación de sus actividades
y opiniones, como es el caso del diario El Colono y la Liga para la
Representación en el Congreso (Ajón, 1999: 33).

En efecto, las actividades asociativas fueron otras formas de participación
política que, en su mayoría, apuntaron a impulsar la inclusión de los habitantes
de los territorios nacionales a la ciudadanía política. Se multiplicaron las
asociaciones, las asambleas, las comisiones y las corporaciones de diverso tipo
que enarbolaron diversas propuestas para la ampliación de los deberes y derechos
ciudadanos a los habitantes de los territorios nacionales. 

La Liga Territorial para la Representación en el Congreso y la Junta Permanente
Pro Representación de los Territorios[28] son ejemplos de una modalidad de
intervención típica no sólo de habitantes de los territorios nacionales sino
también de personas que tenían diversos intereses (por ejemplo, relativos a
propiedad de la tierra o vínculos comerciales) en los territorios nacionales. En
palabras de Favaro y Bucciarelli eran “formas de organización
político-corporativas que se expresan en la conformación de ligas, comisiones,
petitorios y prensa” (Favaro y Bucciarelli, 1995: 12).

En el seno de estos movimientos comenzaron a construirse lazos identitarios cuya
justificación remitía a asumir el ámbito geográfico del Chaco como un lugar de
origen común. Un universo heterogéneo de imaginarios anclaban sus raíces en el
territorio chaqueño, de cuyas entrañas parecía emerger la legitimidad de los
reclamos por la integración de sus habitantes al cuerpo político de la nación
argentina.

En ese contexto surgió la Alianza Civil Territorial, que organizó, desde 1936,
las demandas de un “grupo de ciudadanos chaqueños y residentes arraigados en el
territorio”[29] interesados en “crear un espíritu cívico chaqueño y capacitar a
los habitantes del territorio para la defensa de sus derechos civiles y
políticos, como ciudadanos de la República Argentina, a cuya vida integral
institucional deben incorporarse, de acuerdo a las prescripciones legales
vigentes” y en “obtener que, mientras no se conceda la autonomía, los
funcionarios públicos, sin excepción, sean personas nacidas, radicadas o con una
vinculación efectiva en el territorio” (del Acta Fundacional de la ACT, citado en
López Piacentini, 1979: 128-131; los destacados son nuestros).

La construcción de lazos indentitarios también era utilizada como argumento para
reforzar las posturas a favor de la provincialización[30], y así se pretendía
recrear la mística de las tradiciones y de un pasado común, emulando la
experiencia de las provincias tradicionales.

 

 

5. La provincialización del Chaco

 

La mencionada ley 1.532 establecía que para que un territorio nacional fue
provincializado se requería que existiera un mínimo de población, fijado en
60.000 habitantes.

Sin embargo, salta a la vista que la cantidad de población no fue la clave para
decidir la provincialización del Territorio, ya que en 1919 el Chaco tenía
60.064[31] habitantes, en 1922,  60.564[32], en 1936, 312.874[33] y en 1947 los
habitantes chaqueños alcanzaban la cifra de 430.555[34]. Incluso, diputados que
impulsaban propuestas de provincialización, se detuvieron en el análisis de
estadísticas para probar que algunas provincias tradicionales tenían una densidad
de población varias veces inferior a la de algunos territorios nacionales[35] y
eso no impedía ni interfería en el habitual desarrollo de prácticas políticas.

Pero si la cantidad de habitantes era una condición necesaria (y en rigor, la
única definida explícita y jurídicamente), resulta llamativo que durante treinta
tres años, entre 1914 y 1947, no se hubieran efectuado censos nacionales de
población, aun cuando se contaba con datos que indicaban o sugerían que varios
territorios nacionales habrían estado en condiciones de ser provincializados.
Esto ha dado lugar a diversas interpretaciones, entre ellas, que la postergación
de los levantamientos censales se vinculaba con que los resultados redundarían en
una evidente alteración de la composición de la Cámara de Diputados y de las
legislaturas provinciales, así como también en la actualización de los debates
por la provincialización según el umbral de población fijado en la ley nº
1.532[36].

No obstante, pese a la falta de relevamientos censales nacionales, existían
datos sobre la cantidad de población del Chaco: en 1920 se hizo un censo de
Territorios Nacionales y también otras fuentes de información[37] publicaron
estadísticas demográficas. Pero el hecho de que los datos no coincidieran
plenamente entre sí[38] permitía que los números fueran, a veces, esgrimidos con
la autoridad de la estadística, pero, otras tantas veces, descalificados por no
considerárseles confiables.

Las cifras que mensuraban el crecimiento demográfico y económico, y que
permitían establecer comparaciones con la situación demográfica y económica[39]
de otras provincias, formaron recurrentemente, parte de las argumentaciones.

El Chaco, con un coeficiente de crecimiento demográfico de 9,06 entre 1914 y
1947, se ubicaba a la cabeza de los índices de crecimiento de población de todos
los territorios nacionales.

Los cálculos de superficie cultivada y de la superficie dedicada a la actividad
forestal, la cantidad de cabezas de ganado, la relevancia de la producción
algodonera en la economía nacional eran presentados como datos concluyentes
acerca de la suficiencia económica del Chaco. Con esas cifras se pretendía dar
cuenta de la potencialidad económica del Chaco, basada en la “sólida capacidad
agrícola, sólida capacidad ganadera y su sólida y creciente capacidad
industrial”[40]. En los debates parlamentarios, esos datos y las conclusiones
lineales derivadas de ellos eran ponderadas, sobretodo por diputados
justicialistas “en el marco de un gobierno que tomó como eje económico básico el
aumento de la productividad agraria e industrial” (Ajón, 1999: 40).

Si se recurría tanto a las cifras que estarían expresando el desarrollo
económico, era, en gran parte, porque se suponía que la autonomía política que
implicaba la constitución de una provincia nueva debía ser acompañada de la
autonomía económica.

Es cierto que las estrategias de planificación y ordenamiento territorial
implicadas en la provincialización de los Territorios Nacionales incluían entre
sus propósitos optimizar la explotación económica y administración de los
recursos de esos territorios. Pero también tenían por objetivo la redistribución
del poder.

En los debates parlamentarios que trataban el proyecto de provincialización del
Chaco y de La Pampa, la situación de los territorios nacionales ha sido
interpretada por algunos legisladores como “sistema de verdadero coloniaje”[41];
también, que “se había establecido en la República doble gobierno: federal para
las provincias, unitario para los territorios nacionales”[42]. Esos legisladores,
en sus argumentos, han relativizado las implicancias que la reforma
constitucional de 1949 tendría al ampliar los derechos de los habitantes
territorianos para los sufragios presidenciales, porque consideraban que el
ejercicio de sólo algunos derechos ciudadanos (y no de todos) era, todavía, una
situación injusta, inequitativa y deficiente.

 

“El señor ministro de Asuntos Políticos, al referirse al estupor que causó a sus
alumnos de la Facultad de Derecho el análisis de la situación jurídica de los
territorios, dice que era de esclavitud política. No se refiere a determinado
territorio sino a todos. Yo afirmo que esa esclavitud sigue subsistiendo, porque
la esclavitud no es parcial: se es o no se es ciudadano, se tienen o no se tienen
derechos políticos; se es argentino en la plenitud del concepto o no se es. El
hecho de que se les haya acordado habilitación para elegir presidente y
vicepresidente de la República, no significa que los territorianos estén en
paridad de condiciones con los demás argentinos, que pueden participar en la vida
del país con todos los derechos inherentes a su condición de ciudadanos”
(Diputado Monjardin, Congreso Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados,
19 y 20 de julio de 1951: 1156).

 

De los efectos que la provincialización tendría sobre el sistema político
solían, en efecto, destacarse aquellos aspectos que podían vehiculizar valores
positivos (uno muy recurrente era que la provincialización de los territorios
nacionales afirmaría las bases del federalismo). En cambio, rara vez había alguna
alusión a las alteraciones en la composición de la representación política en los
parlamentos que la provincialización de nueve territorios nacionales tendría en
el Poder Legislativo nacional. Expresiones tales como “la provincialización
vigorizaría el equilibrio del sistema federal; por eso los hombres de las
provincias anhelamos vivamente esa provincialización, porque con ella se hará
sentir en forma más efectiva nuestro federalismo”[43] se combinan con otras que,
casi inocentemente, pretendían purgar de intencionalidad política a los proyectos
políticos de provincialización.

 

En 1951, la ley nº 14.037 declaró provincias a los territorios nacionales del
Chaco y de La Pampa, con los límites que tenían como territorio nacional. Estos
dos casos fueron los pioneros de un largo proceso de provincialización, que
recién culminó cuarenta años más tarde, con la provincialización de Tierra del
Fuego. La provincialización del Chaco y de La Pampa se dio en el contexto de la
administración peronista, que impregnó de simbologías cada una de las instancias
asociadas a la provincialización. Mencionaremos sólo las más destacadas: a) el
territorio nacional del Chaco, cuando se transformó en una nueva provincia, pasó
a llamarse “Presidente Perón”; b) la Constitución provincial prescribía
mecanismos de representación corporativa; c) una nueva subdivisión departamental
bautizó a algunos departamentos con nombres que aludían explícitamente a la
iconografía y tradición peronista[44].

 

 

6. Algunas consideraciones finales

 

Hemos intentado abordar algunas cuestiones relativas a la organización político
territorial de los territorios nacionales y, especialmente, aquellas vinculadas
con la creación, organización y provincialización del Chaco.

En este sentido, la exploración de la legislación que prescribió la existencia,
extensión y organización del territorio nacional constituye un útil y necesario
camino de entrada. En este punto, resulta muy oportuno y sintético traer una
expresión que Oriz y Vapñarsky manifestaron tras analizar detalladamente la
delimitación y la subdivisión oficial de los ex-territorios nacionales: “Desde
que poco después de 1870 se lo creó como territorio nacional hasta que poco
después de 1950 se lo convirtió en provincia, la organización
político-administrativa del Chaco plasmada en leyes y decretos fue confusa,
ambigua, incompleta y hasta internamente contradictoria” (Oriz y Vapñarsky: 1994:
45).

En efecto, la administración y la gestión del territorio nacional del Chaco
estuvieron organizadas por una legislación deficiente, que además, una vez
entrado el siglo XX, quedó desactualizada y no contribuía a resolver las
cuestiones que surgían de la multiplicación de nuevos asentamientos urbanos ni
del desarrollo económico. Incluso, se ha mencionado que, aún cumpliendo con el
requisito del umbral de población (el Chaco alcanzaba la cantidad de habitantes
requeridos por la ley orgánica para la provincialización desde hacía más de 30
años antes de ser provincializado), la ley tampoco era aplicada.

Por otra parte, el diseño del mapa político (tanto sus límites como su
subdivisión departamental) parece reafirmar la existencia, en funcionarios y
legisladores nacionales, de imaginarios e ideas que pensaban al Chaco como un
espacio vacío. Especialmente, se ha señalado que la partición departamental en
dos oportunidades (1904 y 1915) ignoró por completo la partición anterior. Ello
no es un detalle si se consideran los obstáculos que eso impone al seguimiento
histórico de la información estadística, habitualmente relevada por
departamentos, y a la gestión catastral.

Las escasas repercusiones que tuvieron en el ámbito nacional los movimientos
locales que impulsaban la provincialización también pueden sugerirnos algún matiz
del carácter marginal que los territorios nacionales tuvieron en la escena
política nacional.

Las dificultades que enfrentó la implementación de mecanismos de representación
política en el nivel municipal (pese a la voluntad de encarnar en la instancia
municipal el aprendizaje cívico) y la ausencia de autoridades específicas en el
nivel departamental desde 1915 (Vapñarsky, 1994) también nos permite poner en
cuestión la “función” del status territoriano, que debería haber logrado educar a
sus habitantes como ciudadanos.

Llegados a este punto, habiendo punteado algunas características del mapa
político del territorio nacional del Chaco, de la aplicabilidad de la legislación
que organizaba la vida política territoriana, y del desarrollo demográfico y
económico en el Chaco entre el momento en que fue creado como territorio y el de
la provincialización, también se intuye que la situación específica del
territorio nacional no fue determinante al momento de instalar la decisión
política de provincializar el territorio.

La decisión política de provincializar los territorios nacionales incluyó
ciertos cálculos de aritmética electoral en relación con la ampliación de la
cantidad de electores, cuyos efectos repercutieron en las elecciones nacionales y
en la distribución de la representación parlamentaria. Así, “la tendencia, ya
manifiesta desde los 40´, se verá concretada por el peronismo que, en el contexto
de una ampliación sustantiva en la dimensión social de la ciudadanía, y su
estrategia de expansión del mercado interno con la intensificación de la
sustitución de importaciones, tomará la decisión política de integrar los
territorios al sistema federal argentino” (Favaro y Bucciarelli, 1995: 22).

Finalmente, interesa señalar que la ampliación de los derechos ciudadanos para
los habitantes de los territorios nacionales no estuvo necesariamente ligada a la
provincialización.

La reforma constitucional de 1949 incluyó, en su artículo 82, como distritos
electorales a los territorios nacionales: mediante la elección directa y a simple
pluralidad de sufragios, las provincias, la Capital Federal y los territorios
nacionales funcionarían como distritos únicos para la elección de Presidente y
Vicepresidente de la nación

Más tarde, la ley sobre régimen electoral 14.032, del 11 de julio  de 1951,
reglamentaría la elección de delegados territoriales ante el Congreso Nacional.
Según el artículo 182, cada gobernación mandaría un delegado (nativo o residente
por más de 5 años) por cada 100.000 habitantes o fracción que no bajara de
50.000. Los delegados tendrían voz para todos los asuntos que tratara la Cámara,
con excepción de los juicios políticos; además, podrían proponer mociones y
proyectos de leyes, pero no tendrían voto ni integrarían el quórum. (Morinelli de
Cava, 1983).

Sin embargo, el impacto de esta reforma rápidamente perdió vigor, ya que en los
primeros años de la década del 50, varios cientos de miles de territorianos
alcanzaron los derechos ciudadanos en el marco del impulsivo proceso de
provincialización de los territorios nacionales: en 1953 se provincializó el
territorio nacional de Misiones (ley nº 14.294) y en 1955 se provincializaron los
territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (ley
nº 14.408), de manera que sólo restaba el de Tierra de Fuego. El turno de éste
llegará sólo varias décadas después.

 

 

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Fuentes
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Comisión Organizadora de la Primera Gran Exposición del Territorio Nacional del
Chaco en la Capital Federal (1941) El Chaco de 1940, Buenos Aires

Congreso Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 19 y 20 de julio de
1951

Diario La Prensa, 24 de junio de 1912

Hechos e Ideas, a. XII, t. XXI, Nº 88, julio de 1951

Hudson (1925) La Argentina. Nueva Geografía Política. Editores Juan Roldán y
Cía., Buenos Aires.

 

 



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[1] Instituto de Geografía y Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires – CONICET.

[2] “Fijados los límites interprovinciales, que hasta esa época eran vagos e
imprecisos en gran parte [...] quedaron, como lo preveía la citada cláusula
constitucional, territorios fuera de las fronteras legales” (Linares Quintana,
1933: 5).

[3] Los territorios nacionales que se crearon en ese periodo fueron: Territorio
Nacional del Chaco, Territorio Nacional de Formosa, Territorio Nacional del
Neuquén, Territorio Nacional de Misiones, Territorio Nacional de La Pampa,
Territorio Nacional de los Andes, Territorio Nacional de Chubut, Territorio
Nacional de Santa Cruz, Territorio Nacional de Tierra del Fuego y Territorio
Nacional de Río Negro. Con excepción del Territorio Nacional de Los Andes (cuyo
territorio fue repartido entre Jujuy, Catamarca y Salta en 1943), todos los
territorios nacionales fueron provincializados entre 1951 y 1991.

[4] Bielsa, Rafael, Derecho administrativo, citado en Linares Quintana,
1936:51.

[5] John Bouvier, citado en Linares Quintana, 1936:49.

[6] Fallo del litigio territorio de Dakota vs Scott, citado en Linares Quintana,
1936:49.

[7] Tras el laudo del presidente estadounidense Rutherford Hayes (1878) la
capital se trasladó a Formosa. A partir de 1884, según lo dispuesto en la ley
1.532, la capital se instaló en Resistencia.

[8] Esta cesión de tierras significó que los departamentos chaqueños Las Toscas,
San Antonio de Obligado, Ocampo y Presidente Avellaneda quedaran incluidos en la
provincia de Santa Fe.

[9] El artículo 1º de la ley 4.141 de 1902 dice que el límite se trazaría: “a)
Desde la intersección del Paralelo 28º con la línea que forma el límite oeste de
Santa Fe (...), una línea recta hacia el norte siguiendo el meridiano que le
corresponda, hasta encontrar el paralelo que pasa por San Miguel, sobre el río
Salado. b) Desde el meridiano hacia el oeste, el paralelo que pasa por San Miguel
hasta el lugar de este nombre, sobre el río Salado”.

[10] En 1907, un decreto de septiembre de 1907 impuso, como límite oeste entre
Chaco-Formosa y Salta, la línea planificada por el ingeniero geógrafo Mariano S.
Barilari. En 1909, se deslindaron los territorios entre Salta y Chaco, con la ley
5.121. En 1913, la Constitución de la provincia de Corrientes fijó que las islas
existentes en entre el canal principal del río Paraná y la ribera chaqueña eran
de jurisdicción chaqueña.

[11] En la Convención Provincial Constituyente en septiembre de 1957 los
socialistas presentaron un proyecto para la demarcación de los límites del Chaco.
En los fundamentos del proyecto se refieren a las pretensiones territoriales de
las provincias adyacentes en los siguientes términos:

“El Ministro del Interior, Dr. Bernardo de Irigoyen asumió la defensa de los
derechos de la Nación, es decir, de la comunidad humana que años más tarde habría
de forjar el Chaco, oponiéndose con energía, rectitud y elocuencia admirable a
las pretensiones de Santa Fe, cuyo representante abrió el debate proponiendo que
el límite norte e dicha provincia fuese establecido en la línea del paralelo 28
grados. Salta exigió que el lindero estuviese fijado por una línea recta que
uniera San Miguel sobre el río Saldo con La Cangayé sobre el Río Bermejo y
Santiago del Estero señaló que sus poblaciones se extendían hasta cincuenta
leguas de la línea propuesta por el Poder Ejecutivo. No estaba exenta de
aspiraciones territoriales Corrientes, pero no se manifestó en ese extraordinario
debate” (en López Piacentini, 1979; T V 110-113).

[12] Diario La Prensa, edición del 24 de junio de 1912, página 13.

[13] El decreto presidencial 14.203 creó nueve departamentos: Resistencia,
Florencia, Las Toscas, San Antonio de Obligado, Ocampo, Presidente Avellaneda,
Guaycurú, Solalinde y Coronel Martínez de Hoz.

[14] Cuando el Poder Ejecutivo nacional cedió tierras a Santa Fe (1886), pasaron
a esa provincia cuatro departamentos enteros y una parte del departamento de
Florencia. En 1887, la parte del departamento de Florencia que había quedado en
el Chaco se anexó al departamento de Resistencia.

[15] En 1888 las tierras que habían formado parte del departamento de Florencia
y luego fueran anexadas al de Resistencia, volvieron a constituir un
departamento, el de Florencia al Norte.

Por otra parte, decretos del gobernador modificaron algunos nombres
departamentales: Solalinde por Cambaceres y Gauycurú por Florida.

[16] Los departamentos definidos por la reforma de 1890 fueron: Florencia,
Resistencia, Gauuaycurú, Solalinde y Timbó.

[17] Los departamentos existentes en 1894 eran: Resistencia, Florida,
Cambaceres, Martínez de Hoz, Florencia al Norte, Caaguazú y San Bernardo. Esta
división departamental es la que consta en el Censo Nacional de Población 1895.

[18] En 1904 los departamentos en que se subdividía el Chaco eran: Martínez de
Hoz, Solalinde, Guaycurú, Resistencia, La Sabana y Caaguazú. En esta reforma se
incorporó la subdivisión en distritos, que eran subdivisiones de los
departamentos. En el caso el Chaco, fueron particionados en distritos cinco de
los seis departamentos que existían. 

[19] Los departamentos en que fue particionado el Territorio Nacional del Chaco
en 1915 son Río Teuco, Río Bermejo, Napalpí, Martínez de Hoz, Campo del Cielo,
Tapenaga, Tobas y Resistencia. Esta subdivisión perduró entre 1915 y 1953.

[20] La división departamental de 1953 creó veinticuatro departamentos.

[21] Texto de la Ley, en López Piacentini, 1979: 78.

[22] Según el Censo Nacional de 1947, el Chaco tenía 430.555 habitantes y el
diputado nacional Vanasco afirma que, al momento de la provincialización (1951),
el padrón electoral del Chaco arroja 141.000 inscritos (Congreso Nacional, Diario
de Sesiones, Cámara de Diputados, 19 de julio de 1951: 1179).

[23] Sobre la regulación de las prácticas políticas que darían lugar a esta
forma de gobierno versa el Capítulo “De las elecciones Municipales y Jueces de
Paz”: 

“Art. 27: Las elecciones se practicarán con arreglo a un padrón que el Concejo
Municipal mandará formar, designando al efecto una comisión de tres vecinos de
cada distrito, propietarios, mayores de edad, los que deberán inscribir a todos
los habitantes domiciliados en la sección respectiva, mayores de dieciocho años,
expresando la nacionalidad, estado, profesión y si sabe leer y escribir”.

Renuncias, fallecimientos y destituciones eran causa de nuevos llamados a
comicios pero algunos llamados “no tenían eco y se anulaban” (López Piacentini,
1979: 28).

[24] En 1884 “el gobernador del Territorio Coronel Ignacio Fotheringham designó
a cinco colonos, todos extranjeros, para integrar el consejo Municipal de
Resistencia. La presidencia la desempeño el entonces Juez de Paz don Lorenzo
Borrini, actuando como secretario don Miguel Z. Delfino y la integraban ‘Giuseppe
del Negro’, José Barbetti, Gallas Cose, Svriz Michele y Ezechiele Motter” (López
Piacentini, 1979: 25).

[25] Los integrantes del Concejo Municipal que resultaron electos fueron: Carlos
Boggio, Manuel Zamora, Lorenzo Borrini, Tristán Castro y Julio Tort (López
Piacentini, 1979: 27).

[26] Son muchas las expresiones del funcionamiento irregular del Concejo
Municipal de Resistencia: la frecuencia de las sesiones osciló entre 4 reuniones
en 1884 y 27 en 1888. En 1888 los miembros de este Concejo renunciaron todos a la
vez (el 13 de agosto) y fueron reemplazados por decreto de la gobernación (López
Piacentini, 1979: 28). También el diputado nacional Bagnasco recuerda que “sabido
es [...] que cuando un territorio [nacional] llegara a los 30.000 habitantes se
podía establecer una legislatura [y que] esta disposición nunca se respetó en la
historia política del país” (Congreso Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de
Diputados, 19 de julio de 1951: 1167). Y en la misma sesión, el diputado Vanasco
afirmó que “desde 1943 ninguno de los territorios nacionales pudo organizar las
municipalidades electivas” (Congreso Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de
Diputados, 19 de julio de 1951: 1178).

[27] El Dr. Enrique Cáceres era un santiagüeño designado por el presidente
Hipólito Yrigoyen para el cargo de Gobernador del Chaco y desempeñó esas
funciones entre el 28 de abril de 1917 y el 1º de octubre de 1920.

[28] Esta Junta, formada por delegados territorianos, se reunió en Asamblea 14 y
15 de septiembre de 1922 en Buenos Aires.

[29] Según el Acta Nº 1 de esta corporación, citada en López Piacentini, 1976:
129.

[30] En efecto, las asociaciones y ligas que asumían las voces a favor de la
ampliación de los derechos ciudadanos de los territorianos gustaban de los
discursos emotivos que apelaban a sentimientos de arraigo e identidades locales.
A modo ilustrativo, incluimos una cita de las expresiones realizadas por un
diputado nacional en una sesión del Congreso: 

“Cada territorio tiene una personalidad definida: geográfica, humana,
tradicional. Cuando un pueblo tiene expresiones artísticas en sus letras, en su
música, en su pintura, en su escultura, es porque hay un alma. [A estos hombres]
los han inspirado las emociones de esas tierras [...] y las emociones íntimas que
traducen el amor al pago en que se ha nacido y en el que se vive” (Diputado
Monjardin, Congreso Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 19 y 20 de
julio de 1951: 1163).

[31] Hechos e Ideas XII t. XXI, Nº 88, julio de 1951, p. 389.

[32] Favaro y Bucciarelli, 1995: 8.

[33] Memoria de la Gobernación, citado en Comisión Organizadora de la Primera
Gran Exposición del Territorio Nacional del Chaco en la Capital Federal (1941) El
Chaco de 1940, Buenos Aires. P. 35.

[34] Censo Nacional 1947, citado en Hechos e Ideas a. XII t. XXI, Nº 88, julio
de 1951, p. 389.

[35] El diputado Monjardín expresa que “la densidad de población de la provincia
de La Rioja es de 3.9; la de San Juan es de 3.3; la de San Luis es de 2.8” y que,
en cambio, la de Mendoza era de 12.9. (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados,
19 y 20 de julio de 1951: 1151). También, los datos sobre población eran usados
por algunos diputados para proponer la provincialización de todos los territorios
nacionales, en contra de aquellos que preferían una “provincialización gradual”.
Para más detalles ver Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 19 y 20 de julio
de 1951.

[36] Estos argumentos fueron desarrollados por el Dr. César Vapñarsky (1983: 44)
en un análisis específico de los pueblos del norte de la Patagonia.

[37] Diversos organismos publicaron datos estadísticos de población. Entre los
más citados cabe destacar: Dirección General del Servicio Estadístico Nacional
dependiente del Ministerio de Asuntos Técnicos, y Dirección de Territorios
Nacionales dependiente del Ministerio del Interior. También las gobernaciones
publicaban datos de población en sus Memorias anuales.

[38] Es ilustrativo de este discenso el siguiente extracto de El Chaco de 1940,
publicación a cargo de la Comisión Organizadora de la Primera Gran Exposición del
Territorio Nacional del Chaco en la Capital Federal (1941): “Es importante, para
calcular en sus términos reales la población del Chaco –a falta de censos
recientes- la consideración de algunos factores no apreciados debidamente por la
estadística oficial, que explica las diferencias entre las cifras que suministra
la Dirección General de Estadística de la Nación y las que dan las autoridades
del Territorio” (p. 35).

[39] Las estadísticas económicas más utilizadas en los debates parlamentarios
eran las de las Memorias del Banco de la Nación Argentina de 1947. De esta fuente
se extrajeron los datos arriba citados.

[40] Extraído de la argumentación del diputado nacional Sr. Beretta en la
Conferencia sobre la provincialización del Chaco y de la Pampa (Congreso
Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 20 de julio de 1951: 1185.)

[41] Diputado Monjardin, Congreso Nacional,  Diario de Sesiones, Cámara de
Diputados, 19 y 20 de julio de 1951: 1155.

[42] Diputado Vanasco, Congreso Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de
Diputados, 19 y 20 de julio de 1951: 1178.

[43] Diputado Monjardin, Congreso Nacional, Diario de Sesiones, Cámara de
Diputados, 19 y 20 de julio de 1951: 1155.

[44] La subdivisión departamental definía veinticuatro departamentos. Algunos de
los nuevos nombres departamentales eran: 4 de junio, Justicialista, 12 de abril,
Eva Perón, 17 de octubre, 24 de febrero y Cabo Mayor Fariña.






Ponencia presentada en el Cuarto Encuentro Internacional Humboldt. Puerto
Iguazú, Argentina. Setiembre de 2002.




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