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Asunto:[encuentrohumboldt] 230/04 - LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVALUACIÓN DE IMP ACTO AMBIENTAL
Fecha:Sabado, 26 de Junio, 2004  12:21:39 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

De la Teoría a la Realidad

 

Lic. Adriana B. Pereyra *

Lic. María Lidia Soria *-

*División Geografía.

 Departamento de Ciencias Sociales

Universidad Nacional de Luján

 

1. Introducción

Las Evaluaciones Ambientales de proyectos han sido diseñadas con el objetivo que en la faz de planificación del territorio permitan orientar las políticas a seguir, optimizar el aprovechamiento del suelo, disminuir las disfuncionalidades sociales, económicas y regionales con el fin de alcanzar un equilibrio en el desarrollo espacial. Por lo tanto, existe la  necesidad de incorporar la dimensión ambiental  desde la gestión de gobierno, es por ello que las políticas territoriales deben estar asociadas o coordinadas con las políticas sectoriales.

Durante la década del '90 varias transformaciones político institucionales a escala planetaria, regional y local configuraron un escenario propicio para la introducción y desarrollo de la EIA, aún cuando en algunos países esta propuesta data de la década del '70 y los '80. Algunos hechos que orientaron el contexto internacional para la EIA que podemos enunciar son el conocido Informe Brundtland divulgado a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972, la realización de la Conferencia de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro 1992, antecedentes en materia ambiental tanto de países como de bloques económicos. También se han sumado  el movimiento de capitales y las grandes inversiones hacia los países en desarrollo como también los requerimientos de los organismos de financiamiento en materia ambiental para otorgar créditos. Se agregan a los enunciados la competencia internacional, el origen, crecimiento y expansión de los movimientos sociales tanto de organismos no gubernamentales, de población y/o grupos frágiles y en otro orden también complejo el reconocimiento de la existencia de los problemas ambientales globales  con incidencia local.

Desde el ámbito local y a modo de resumen se puede identificar el proceso de reforma del estado, las modificaciones de normas legales e institucionales, la apertura económica, el carácter creciente de nuestra deuda externa, el desembarco de capitales extranjeros atraídos por la fertilidad territorial y la creación de organismos ambientales asociados a este proceso y a los requerimientos internacionales como los organismos de financiamiento. Toda esta trama presenta un rediseño de la nueva lógica espacial con sus consecuentes transformaciones territoriales que a su vez generan impactos ambientales.

Es, en este ámbito donde el tratamiento de la dimensión social ciertas veces resulta minimizado, tardío o ausente. Por lo que la parcialización en el análisis ambiental ha resultado, según Partridge, 1994 en el fracaso de varios proyectos que han tenido fuerte incidencia ambiental en los componentes sociales. Por ello este trabajo plantea en su eje de análisis la importancia de la conceptualización de las variables sociales utilizadas habitualmente en los aportes teóricos y empíricos, los aspectos que podrían incluirse en el marco social  y los riesgos de fragmentación de la variable  social. Para ello se visualiza brevemente el tratamiento legal en Argentina sobre las cuestiones sociales y los aportes conceptuales para su  construcción.

 

2. Territorio, ambiente y sociedad

La interrelación entre el territorio y la sociedad configura un escenario ambiental de características complejas, en donde diversos factores ambientales y acciones derivadas de los diferentes proyectos y/o emprendimientos constituyen un marco único   de análisis. Sin embargo, a pesar de la singularidad de los proyectos, existen efectos comunes en las distintas obras tales como el efecto barrera, la ocupación espacial[1], la interrupción de la vida cotidiana, los ruidos, tanto en la faz de construcción como de operación y los efectos inducidos. Este último permite abrir un abanico de efectos puntuales que modifican las conductas sociales preexistentes a la obra.

En un abordaje técnico, teórico y legal podemos afirmar que los contenidos más comunes de análisis que aparecen completamente descriptos  en los proyectos corresponden a la composición y distribución de la población en algunos casos y en otros se ha observado  que sólo la variable ocupación de mano de obra es la que define la factibilidad de un proyecto, mientras tanto otros aspectos quedan minimizados o en el olvido.

Desde los organismos de financiamiento los términos generales de referencia establecidos presentan por un lado el marco social y en otro apartado las actividades antrópicas realizadas. En el caso de la Directiva Operacional 4.0 del Banco Mundial, 1989, introduce la participación de los grupos afectados y organizaciones no gubernamentales. En la descripción  de los potenciales problemas para una evaluación ambiental entre otros incorpora patrimonio cultural, desarrollo inducido y otros aspectos socioculturales, reasentamiento involuntario, peligros naturales, salud y seguridad ocupacional y pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de ser una preocupación central en este organismo de financiamiento, pocas veces aparece manifestado en las legislaciones locales ya sean de jurisdicción provincial y/o municipal como también en alguna específica o sectorial de orden nacional, a pesar de que su inclusión legal está asociada a las exigencias de estos organismos.

 

3. La Dimensión Social - Enfoques teóricos

La dimensión ambiental plantea un nuevo marco que favorece la producción de nuevos conocimientos para el aprovechamiento social y contempla la articulación de los componentes del ambiente debiendo tender a superar la inequidad social. Varios autores interpretan la dinámica de esta dimensión e incorporan variables sociales en sus marcos de análisis.

Desde la dinámica espacio - temporal la década del '70 se caracterizó por la vigencia del paradigma fisicalista en el cual se manifestaba el medio físico como causal de distintas situaciones, como desastres y catástrofes, por lo cual el aporte a la investigación estuvo sesgado hacia estas temáticas y de la misma manera se buscaron soluciones ingenieriles, técnicas a las problemáticas vigentes que en cierto modo fueron cortoplacistas dado que la cuestión de fondo no era atacada directamente. Si bien en la década de los '80 se advierte una evolución en el tema y la incorporación de otros especialistas a la cuestión ambiental, la vigencia de este paradigma es un hecho, y en particular el tratar de encontrar respuesta a las inquietudes y problemas que afectaban y aún afectan a la población. En los '90 como se enunciara en la introducción, cuestiones internacionales como locales configuran un escenario particular para la introducción de la EIA en los países en desarrollo y si bien aún se está lejos del ideal, la dimensión social en función del contexto internacional hoy tiene otro lugar en este tema. El paradigma fisicalista sigue aún vigente pero frente a él se encuentra el paradigma sociológico que incorpora el concepto de vulnerabilidad de la población frente al análisis de programas, políticas, proyectos, normativas. Esto genera a su vez la incorporación de especialistas de las Ciencias Sociales en el tratamiento de las cuestiones ambientales con una visión sistémica que da lugar a  otro marco de acción que va más allá de las técnicas de evaluación ambiental de proyectos y que hacen al tratamiento integral de la problemática ambiental.

Desde los aportes teóricos generales referidos a la Evaluación Ambiental de Proyectos, Soriano Moyano, 1992 enuncia aspectos socioeconómicos considerando

a) el análisis territorial a partir del uso del suelo, núcleos e infraestructuras como equipamientos docentes, vivienda, tamaños, núcleos, densidad, dispersión concentración, instalaciones recreativas y deportivas, equipamientos sanitarios, planeamiento urbano, comunicaciones, caminos rurales, carreteras, etc.

 

b) Desde el análisis demográfico plantea la necesidad de realizar un relevamiento de la estructura poblacional (censos, índices de fecundidad, envejecimiento, etc),   como también de los movimientos migratorios y el nivel de instrucción con el objetivo de obtener datos acerca de la calificación laboral.

 

c) El análisis económico y laboral, las variables son empleo y actividades económicas por sectores (tamaño de explotación, régimen de tenencia de la tierra, modo de cultivo, número de establecimientos según rama, período de actividad, producción, rentas generadas, área de mercado y  distribución;

 

d) El análisis sociocultural comprende signos culturales, puntos de interés sociológico, patrimonio histórico artístico y yacimientos arqueológicos.

Por su parte, Conesa Fernández, 1995, presenta al tema como calidad de vida tomando como punto de partida el patrón universal de valores abarcando entre estos: salud, riqueza material, seguridad y orden, conocimiento (educación, lectura e investigación), libertad (política, social y religiosa), justicia distributiva (género, raza y procedencia social) como también toma en cuenta conservación de la naturaleza, y autorrealización (empleo, participación, turismo, ocio e indicadores de prestigio). Más allá de la enumeración sólo se detiene a presentar una propuesta en demografía y nivel de empleo.

Canter, 1998, considera como factores socioeconómicos más utilizados en los estudios de impacto ambiental: los aspectos demográficos (estructura, movilidad), aspectos económicos y de empleo (usos del suelo, precio e impuestos), aspectos sociales y de servicios públicos (vivienda, salud, servicios sociales, educación y transporte). Por otra parte, menciona los aspectos variados haciendo referencia al turismo, características religiosas, y enfatiza en algunos de los temas socioeconómicos que se enfocan desde un análisis costo - beneficio.

Este autor, ejemplifica el flujo de información en la predicción y evaluación de impactos socioeconómicos al tener en cuenta que los impactos económicos demográficos proporcionan la información básica para abordar los impactos sobre los servicios públicos, los impactos sociales y los impactos fiscales. Establece que estos impactos (económicos, demográficos, de servicios públicos, sociales y fiscales) se constituyen en indicadores aglomerados de la calidad de vida.

También  realiza un avance con respecto a los otros autores  al considerar alteraciones de la población  no habituales en los estudios de EIA como cohesión de la comunidad, bienestar psicológico y respuestas de comportamiento de individuos, grupos y comunidades, movilidad de la vida diaria, ruptura de redes sociales, etc. En otro apartado especifica las variables de la evaluación de impacto social a tener en cuenta en los estudios en la siguiente tabla[2]:

Variables de la evaluación de impacto social (EIS)[3]

Impactos sobre la población: alteraciones en la población, entrada o salida de trabajadores temporales, presencia de residentes estacionales (ocio), desplazamiento de individuos y de familias, desigualdades en la composición por edades, sexo o raza.

Adaptación institucional y de la comunidad: formación de actitudes frente al proyecto, actividad de grupos de interés, alteración en el tamaño y la estructura del gobierno local, planeamiento y zonificación, diversificación industrial, incremento de las desigualdades económicas, alteración de la igualdad de oportunidades en el empleo de grupos minoritario y alteración de las oportunidades de empleo.

Conflictos entre los residentes locales y los forasteros: presencia de un organismo exterior, introducción de nuevas clases sociales, cambio de los focos comerciales/industriales de la comunidad, presencia de residentes de fines de semana (ocio).

Impactos a nivel individual y familiar: trastornos en la vida diaria y en las pautas de movilidad, diferencias en las costumbres religiosas, alteración de la estructura familiar,  ruptura de las redes sociales, percepciones acerca de la salud y seguridad públicas y alteración de las oportunidades de ocio.

Necesidades infraestructurales de la comunidad: alteraciones en la infraestructura de la comunidad, disponibilidad y adquisición de tierra y efectos sobre recursos culturales, históricos y arqueológicos conocidos.

 

Otros autores como Basterrechea et al, 1996 en su documento escrito para el BID estima como fundamentales variables socioeconómicas para proyectos de manejo integrado de cuencas la estructura y el tamaño poblacional, los movimientos migratorios, los niveles de ingreso y empleo, reasentamientos de población, aspectos étnicos, cuestiones de género, patrimonio cultural, efectos regionales, participación de los beneficiarios, salud pública (agua y saneamiento, habitación, servicios de salud, nutrición, de enfermedades y otros riesgos), áreas urbanas y de infraestructura, importación de tecnologías e insumos y tenencia de la tierra.

Zimmermann, 1983 a través de la propuesta realizada a la FAO para proyectos forestales aspectos de interés socioeconómico considera el rol de los cultivos tradicionales y la economía de subsistencia, la economía monetaria y demografía, epidemiología y conservación.

Por su parte el MOPU de España (1989)[4] tiene en cuenta el medio socioeconómico desde la demografía, volumen de la población, evolución, estructura, distribución espacial, movilidad (migraciones transitorias y permanentes), Población activa en el sector primario, sector secundario, sector terciario y sus principales alteraciones tales como modos de vida, accesibilidad transversal y cohesión de la comunidad, entre otras

Respecto de los organismos de financiamiento la política del Banco Mundial[5] establece en referencia a los pueblos indígenas considerar los derechos de uso formales, legales y habituales, el modelo de uso de los recursos, uso del área por lo no residentes, participación comunitaria, la identificación, demarcación y registro del área, inventario de flora y fauna como también análisis de la infraestructura social, las condiciones de salud pública y la evaluación institucional. Entre los temas relevantes derivados de la construcción de la obra vial cuatro constituyen los ejes claves uno de ellos es el desplazamiento involuntario considerando esencial evitarlo; la administración de áreas protegidas implica la necesidad de establecer arreglos de la coparticipación, medidas compensatorias por expropiaciones ya sea en especies o en efectivo y en el caso de que el proyecto integre el componente turístico esto debe trabajarse en conjunto con la población afectada.

El Banco Interamericano de Desarrollo[6]  identifica los principales temas y demandas de los pueblos indígenas siendo estos: derechos, participación en los beneficios del desarrollo, conservación y gestión sostenible del ambiente, desarrollo culturalmente adecuado. Entre los derechos más importantes se enuncian: tierra y recursos naturales, idioma, origen étnico, patrimonio cultural, autonomía y participación.  La respuesta del BID ha sido gradual, en primera instancia se buscó la elaboración de estrategias que tuvieran por fin mitigar y evitar impactos desfavorables en los temas de interés y demandas mencionadas. En cuanto a hechos concretos "El octavo aumento general de recursos" fue un  marco institucional destinado a reducir la pobreza y los problemas de equidad social incorporando en los grupos de riesgos a las poblaciones indígenas. En 1994 se creó la Unidad de Pueblos indígenas y desarrollo comunitario que se ocupa de los reasentamientos involuntarios, la consulta con la comunidad y la participación de esta como también del análisis de la adecuación sociocultural. Finalmente la Estrategia del Banco para el Desarrollo Indígena se centra en tener en cuanta las necesidades, preocupaciones y demandas indígenas en las operaciones regulares del Banco, la formulación de iniciativas específicas para abordar los asuntos indígenas y reforzar los procedimientos y actividades de la institución en un esfuerzo por evitar, mitigar y compensar los impactos negativos sobre estos grupos sociales.

El Fondo Indígena creado en 1992 es una organización tripartita en la que están igualmente representados los gobiernos y los pueblos indígenas de la región, así como también los países donantes fuera de la región.

Algunos ejemplos que hacen a la cuestión indígena en nuestro país y que integran a dos instituciones: Administración de Parques Nacionales y Asociación civil Pro Patagonia en el Parque Nacional Lanín[7] revelan experiencias de manejo sustentable con las comunidades en los últimos 10 años: manejo agroganadero con la comunidad Mapuche Aigo, Proyecto Veranadas Huaca Mamuil, Gestión forestal con la comunidad mapuche Curruhuinca, planes de manejo forestal participativo, proyecto rural sustentable y plan de viviendas en la comunidad mapuche Cayún., etc.

 

El Banco Mundial también incorpora el tratamiento del Patrimonio cultural referido a sitios, estructuras y restos de valor arqueológico, histórico, arquitectónico, religioso, cultural o estético debe ser protegido, mejorado y por lo tanto prevenir o reducir su deterioro. Al respecto en nuestro país varias provincias poseen legislación sobre la materia.

El desplazamiento involuntario constituye otro tema de singular importancia dado que muchos proyectos pueden afectar asentamientos de población y por lo tanto requerir su traslado definitivo. Esto implica cambios en los modos de producción, en las relaciones sociales, y por ende en la funcionalidad del área.   La conceptualización del ambiente como sistema complejo se ve reflejada en estos impactos que representan un alto riesgo social si no se tienen en cuenta: la capacidad organizativa para el restablecimiento y desarrollo, la participación de la gente afectada, la política de desplazamiento y el  marco legal, el plan de desarrollo de nuevos sitios que a su vez debe contemplar tanto los aspectos ingenieriles, como los planes de desarrollo, los paquetes de empleo, monitoreo y protección ambiental. Otras de las  cuestiones trascendentes se vinculan con todos los arreglos para la transferencia y el programa de implementación.

El análisis del Desarrollo Inducido es necesariamente válido al ejecutar un proyecto dado que este puede constituir una vía de accesibilidad a lugares que carecían de ella y/o la mejoras, alteraciones en la infraestructura existente. En consecuencia el aumento de la accesibilidad, cambios en la funcionalidad ocasionan un incremento en la frecuentación presentando ciertas veces impactos ambientales que derivan en mayor presión: de los recursos e infraestructura existente, sobre las instituciones, sobre las instalaciones sanitarias, colapso de los métodos tradicionales de control y disciplina social y mayor marginación de las minorías de la población local.

Es necesario al reconsiderar las variables sociales apuntar no sólo a una descripción de la estructura demográfica de un momento dado, que casi nunca coincide con el momento de la ejecución del proyecto derivando en meras estimaciones sino centrarnos en la dinámica de la población afectada por la obra. Aspectos tales como la movilidad diaria son de fundamental importancia para las poblaciones que realizan migraciones pendulares en función de trabajo o educación, también los flujos derivados de las actividades productivas y su impacto. Los riesgos de la fragmentación se centran en una visión parcial con consecuencias imprevistas y derivadas de la ausencia de un análisis transectorial.

Además de tener en cuenta estas variables sociales se debería considerar la educación ambiental, la concientización y percepción de la población acerca del proyecto minimizando los riesgos y atendiendo a la vulnerabilidad de la sociedad.

 Estos aspectos sociales constituyen algunos de los más relevantes a considerar en una evaluación ambiental de proyectos, cada caso es único e irrepetible por ello deben articularse todos los esfuerzos necesarios que permitan interpretar al ambiente como un sistema complejo desde un enfoque integral y multidisciplinario. En ciertas ocasiones la parcialización del enfoque y la mirada exclusiva proyecto y ambiente y viceversa, puede llegar a recortar el análisis de la dimensión temporal y de los procesos que ello implica. Existen fenómenos naturales y antrópicos cuyas representaciones poseen ciclos extensos, décadas, lustros, años y que también deben ser considerados en el proceso de evaluación ambiental del  proyecto porque contribuyen a la construcción social de la vulnerabilidad y por lo tanto del riesgo, tema que trataremos en el próximo apartado.

 

4. El riesgo como construcción  social

La inserción de un proyecto en el territorio representa impactos ambientales propios de su instrumentación, puesta en marcha, obra o funcionamiento según de cual proyecto se trate,  así como también la respuesta del ambiente sobre el mismo. La fragmentación en el tratamiento de algunos componentes del ambiente así como de la dimensión espacial y temporal puede derivar en consecuencias no deseadas tales como la destrucción de la obra, acceso de nuevas plagas y/o enfermedades como dispersión de las mismas, pérdidas económicas y en casos de extrema gravedad pérdida de vidas. Algunos conceptos que hemos considerado pertinentes para un abordaje integral son aquellos que hacen a la gestión del riesgo que deben ser incorporados en una evaluación ambiental de proyectos con un objetivo claro predecir, evitar,  prevenir y mitigar. Estos comprenden el concepto de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y  desastre. Quizás pareciera lejano hacer referencia a cuestiones vinculadas a desastres, sin embargo un fenómeno natural   es parte de un sistema ambiental y ciertas veces se encuentra en un escenario potenciado por la vulnerabilidad dando lugar a lo que conocemos como desastre. Podemos afirmar que desde la gestión del riesgo el accionar de los organismos de defensa civil o quienes corresponda muestra la concepción del mismo como impredecible, inmanejable, imprevisible actuando sólo en la emergencia, este modelo es denominado por Lavell, 1996 como ventana de oportunidad y concibe al desastre como producto.

Al analizar el evento y evaluar las condiciones ambientales evidentemente se advierte sobre condiciones que forman parte de un proceso extendido en el tiempo y en el espacio. Por ello se interpreta que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. El riesgo es entendido "como cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un cambio en el ambiente que ocupa una comunidad determinada que sea vulnerable a ese fenómeno", definimos la amenaza como "la probabilidad  de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado"[8] mientras que la Vulnerabilidad es definida por Wilches Chaux, 1996 como la incapacidad de una comunidad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su ambiente." Ciertas veces la incorporación de un proyecto  al territorio no sólo deriva en modificaciones sustanciales en el modo de vida sino que cambia totalmente y potencia la vulnerabilidad de la comunidad. Es aquí donde el concepto de Comunidad cobra valor porque en los procesos de evaluación ambiental es representativo el grado de cohesión que esta tenga y los vínculos construidos sean formales o no formales, institucionales y de hecho, previstos o casuales, expresos o tácitos que articulan la comunidad, el territorio y la infraestructura. Estos conceptos que parecieran estar aislados de nuestro eje temático constituyen desde el ciclo de evaluación ambiental la posibilidad de construir un marco de análisis y evitar la sustentación de un proceso que puede desencadenar en un desastre. Por lo tanto, desde un enfoque  ambiental en la relación sociedad, ambiente  y territorio es preciso integrar el análisis de las causas de fondo, las presiones dinámicas, las condiciones inseguras, los elementos que pueden constituir la amenaza y la vulnerabilidad con el objetivo de integrar en el concepto de ambiente como sistema complejo los elementos del medio físico, biológico, social, cultural, económico y el sistema construido, sus relaciones, sus interacciones, jerarquías y autoorganización.

 

5. De la teoría a la realidad

Desde la práctica en ciertas ocasiones la parcialización del enfoque y la mirada exclusiva “proyecto-ambiente” y viceversa, puede  llegar a recortar el análisis de la dimensión social y de los procesos que ello implica. Sumado esto a los problemas comunes de los países latinoamericanos, problemas que Cabrera (1986) clasifica de la siguiente manera:

a)_ Los de naturaleza socio-política están representados por la ausencia de voluntad, la falta de autoridad ambiental, limitaciones en la participación popular, población pasiva y exceso de confidencialidad.

b)_ Los problemas de naturaleza científica recalan en la ausencia de información básica, escaso conocimiento sobre el ambiente y sus múltiples relaciones, falta de infraestructura técnica y recursos humanos especializados y necesidad de contratar consultores extranjeros.

c)  Entre los problemas administrativos se hallan la ausencia de transectorialidad, ausencia de legislación específica sobre el tema o de su reglamentación, falta de consideración de la participación pública en los marcos normativos, departamentalismo o fragmentación de los organismos de gestión y entre otros problemas se incluyen la escasez de recursos financieros, legislación dispersa, ausente y anacrónica.

Se agrega a lo dicho por Cabrera que se replican leyes y decretos ambientales, mas o menos similares en todo el territorio regional, coexistiendo llamativas similitudes en sus contenidos. Las similitudes que se pueden encontrar en las propuestas latinoamericanas se detectan cuando se analiza su contenido: definiciones de evaluación de impacto ambiental, enumeraciones detalladas de obras, condiciones de carácter previo de los estudios, descripciones sobre la revisión de la autoridad gubernamental, etc.

 Los inconvenientes derivados de la ausencia de las particularidades sociales y ambientales en la evaluación de los proyectos o la minimización de las variables sociales han llevado a una revisión de las experiencias desarrolladas en la región y a un replanteo de las metodologías abordadas en este contexto social. Existe en los países en desarrollo una profunda brecha entre las metodologías propuestas y los procedimientos ejecutados. Estos muchas veces subordinados a una política de ajuste y al discurso neoliberal en donde la EIA se adapta a los criterios de rentabilidad dejando de  lado sus aspectos sociales.

A pesar de estas dificultades mencionadas se ha instalado en las sociedades, un marco explicativo más complejo del ambiente, donde se reconocen tanto a los sectores productivos como a los sociales como parte de un mismo sistema.. De allí que los problemas ambientales son percibidos, cada vez más, no como una consecuencia “natural” sino social.

La situación argentina no es ajena a esta problemática descripta anteriormente a esto se agrega la carencia de un marco legal integral de EIA que armonice los procedimientos, la escasa experiencia, la dificultad en el acceso a la información básica ambiental, las debilidades en la formación profesional y la falta de una visión interdisciplinaria.

Desde lo legal es común en este sentido que las legislaciones ambientales generales o de EIA en particular se centren en los aspectos físicos del ambiente especificando apartados tales como "del suelo", "de la atmósfera", "de las aguas", "de la flora", "de la fauna" etc, sin tener la misma consideración o minimizando  "las cuestiones sociales". Aunque estas leyes declaman siempre en un principio que los habitantes de las jurisdicciones respectivas  son los principales beneficiarios de las mismas. A modo de  ejemplo la Provincia de Buenos Aires en su Ley integral de Medio Ambiente (11.723/95) tiene disposiciones especiales para las aguas, suelo, atmósfera, energía, flora, fauna y residuos y no para la población. Sin embargo en el art.2 se garantiza a los habitantes a gozar de un ambiente sano...a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales...pero a su vez de manera ambigua considera que "cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno se convocará a  audiencia pública..."[9]·

En cuanto a los organismos de aplicación en Argentina de la legislación vigente como la Administración de Parques Nacionales, Dirección Nacional de vialidad, Secretaria de Minería, Secretaria de Energía, Ente Nacional de Obras hídricas de saneamiento y la Secretaria de Programación Económica incorporar la dimensión social en los procedimientos de EIA pero con limitaciones heredadas de las primeras experiencias internacionales.

En el caso de un organismo de jurisdicción nacional como es Parques Nacionales en su  Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establece en el título II normas para la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Allí teniendo en cuenta el ambiente socio-cultural dice que el estudio deberá referirse a los siguientes aspectos: población residente y migratoria, actividades y costumbres de la población, recursos culturales (sitios históricos, arqueológicos) sin aclarar mayores especificaciones al respecto.

La Dirección Nacional de Vialidad centra sus consideraciones en los aspectos demográficos: tamaño, estructura, distribución, crecimiento y tendencias, flujos de población, PEA (distribución y características), efectos sobre las condiciones de vida producidos por el sistema actual (salud, transportes, etc), conflictos sociales y económicos derivados del sistema actual.

Las transformaciones reales de la dimensión social la relacionamos con  la participación ciudadana, aspecto central en el proceso de EIA. Desde lo legal, coexiste en Argentina  una amplia legislación ambiental que colocan a la participación con diferentes niveles de intervención.  Por ejemplo, algunas jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza o Chubut prevén que con el Dictamen Técnico, se  realice la Audiencia Pública, condición necesaria para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental. En otras provincias simplemente se enuncia a  la participación pero no se especifica el mecanismo de aplicación como es el caso Santiago del Estero y Tucumán. Otros ejemplos como Corrientes, Misiones y Córdoba no  mencionan la audiencia pública. Finalmente  Río Negro y la provincia de Buenos Aires ya citada, expresan una ambigüedad en el mecanismo de aplicación de la participación ciudadana.

Desde la perspectiva de lo social es importante detenerse en el proceso de identificación de los actores sociales que intervienen en estos procesos, políticos, estatales-políticos, burocráticos, técnicos-comunitarios tanto individuales, familiares u organizaciones y actores económicos, públicos o privados. La articulación de los intereses que movilizan a cada uno de ellos y la pertenencia o superposición de jurisdicciones frente a una decisión permite comprender que ciertas veces sin escuchar todas las voces y lograr la participación de la población proceso que en el presente se halla en vías de cambio.

 

6.Algunas consideraciones finales

La evaluación de impacto ambiental como instrumento y procedimiento es digno de ser aplicado con la finalidad de mejorar la calidad de vida en pos del Desarrollo Sustentable. El marco ideal es el trabajo Inter y  multidisciplinario que permita abordar la totalidad del ambiente comprendido como sistema para poder prevenir, mitigar y controlar los efectos derivados de la ejecución del proyecto.

La EIA coexiste con visiones economicistas de corto plazo que actúan como obstáculos y limitaciones en el momento de su aplicación e inserción en la sociedad e instituciones. Entre las limitaciones mas significativas podemos mencionar el hecho de poder acceder a la información ambiental y, otra no menos importante, la participación ciudadana en el proceso de la EIA.

Desde lo teórico nos encontramos con autores (Canter, Soriano Moyano, Conesa Fernández y otros) y organismos de financiamiento (BID, BM) que logran hacer un aporte al profundizar en las variables sociales a considerar en las E.A. de proyectos. Sin embargo, desde lo práctico sabemos que los aspectos centrales de la EIA desde el punto de vista social, solamente se consideran fundamentales algunos ítems tales como los demográficos, atendiendo a aspectos cuantitativos como cantidad y densidad de población, o espaciales como distribución de la población, actividades económicas, etc.

La EIA debe tener evaluación permanente, son numerosos los casos en que se desprecia alguna variable en el estudio ambiental pero que luego a corto o mediano plazo toma otra dimensión y debe ser incluída en el análisis. Por otra parte se suele explicar en detalle las cuestiones físicas del ambiente, es decir, suelo, clima, vegetación, fauna, agua, etc. Minimizando las situaciones sociales cotidianas, no por ello menos importante, como pueden ser movilidad diaria, ruptura de relaciones, entre otras.

Desde la dimensión social, es importante superar el estado de declamación de los marcos regulatorios, ya que si la sociedad no los puede interpretar y apropiar, difícilmente, se pueda hacer pleno ejercicio de ellos. En este punto es donde consideramos central a la participación ciudadana para una profunda consolidación entre proyecto, ciudadanía y sustentabilidad ambiental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Según Ludueña en 1998 en el AMBA se abarcaba el 50 % de la superficie.

[2] Canter, Larry, op.cit. pág.608

[3] Canter op.cit. 1998, define la EIS como "un esfuerzo sistemático para identificar, analizar y evaluar los impactos sociales de un proyecto o las alteraciones sobre los individuos y sobre los grupos sociales de una comunidad, con antelación al proceso de decisión, de forma que la información derivada de la EIS pueda realmente influir en las decisiones...incluye un procedimiento para mitigar o aliviar los posibles impactos que aparecerán si la actuación es admitida por la comunidad afectada", pág.608

[4] Guías Metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental, Carreteras y Ferrocarriles.

[5] Banco Mundial. 1989. Libro de consulta para la Evaluación Ambiental. Volumen I. Washington, D.C.

[6] Deruyttere, A. 1997. Pueblos indígenas y desarrollo sostenible: El papel del Banco Interamericano de Desarrollo. BID. Presentación hecha ante el Foro de las Américas del Banco Interamericano de Desarrollo 8 de abril de 1997.

[7] Osidala, N. Y Fernández, M. 2000. Comunidades indígenas y áreas protegidas. En:  Tercer Encuentro Nacional de Unidades Ambientales del Sector Vial. ASAGAI. San Martín de los Andes, Neuquén. Octubre 2000.

[8] Cardona, 1996. Los desastres no son naturales. Las Red de Estudios sociales.

[9] Art.18. Ley 11723/95


Ponencia presentada en el Tercer Encuentro Internacional Humboldt. Salta, Argentina. Octubre de 2001.