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Asunto:[encuentrohumboldt] 152/04 - LAS TELECOMUNICACIONES EN LA ARGENTINA
Fecha:Miercoles, 2 de Junio, 2004  21:32:16 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

LAS TELECOMUNICACIONES EN LA ARGENTINA ¿DESREGULACIÓN Y COMPETENCIA PERFECTA O RE-REGULACIÓN OLIGOPÓLICA DE LAS ESTRUCTURAS DE MERCADO? UN ANÁLISIS TEÓRICO.

 

Por  Sebastián  Gómez  Lende.* 

 

RESUMEN

 

       En el siguiente trabajo se intenta analizar una de las principales reformas estructurales que han sido llevadas a cabo en la Argentina: la desregulación. Para ello se toma a la dimensión tecnológica como fundamental en el proceso de desarrollo de nuestro país, no sólo económico sino también social, analizándose uno de los fenómenos más recientes e incipientes: la desregulación de las compañías de teléfonos, suceso de no sólo consecuencias sociales y económicas, sino también entendido como un proceso estructural de fuertes implicancias espaciales y connotaciones territoriales.

       En primer lugar, se desarrolla un breve debate conceptual acerca de las interacciones existentes entre las estructuras de mercado y la innovación tecnológica, tomando primeramente el rol que a través de su teoría Schumpeter le asigna a los monopolios, siempre y cuando éstos se encuentren ligados a la innovación tecnológica y sean transitorios. Así se pretende avanzar hacia un enfoque teórico de tales cuestiones, abordando las diversas maneras de concebir la innovación tecnológica, sean éstas tradicionales o modernas, provenientes de la escuela neoschumpeteriana.

       En segundo lugar, se realiza un análisis crítico del proceso de Reforma del Estado, apuntando a sus mismas bases estructurales; de esta manera, se intenta visualizar cómo los procesos de privatizaciones y desregulación se relacionan con la innovación tecnológica y, retomando la noción schumpeteriana de monopolio, cuál es el carácter que adquieren éstos en la Argentina. De esta manera, hacen su aparición dos formas de beneficios extraordinarios: las cuasi rentas de privilegio y las cuasi rentas naturales, factores importantes en el análisis si tenemos en cuenta que en gran medida guían el comportamiento de la élite económica y limitan el papel de la innovación tecnológica y, por ende, los procesos de desarrollo económico y social.

       En tercer lugar, se discute acerca del caso de las empresas telefónicas en Argentina durante la década de los 90´ y sus relaciones con los conceptos de innovación, monopolio y cuasi rentas de privilegio. Se hace especial énfasis en el esquema de competencia de libre mercado que tendrán a partir de la implementación efectiva de la desregulación y cómo influiría dicho proceso en la prestación del servicio. Este apartado es el eje temático del presente trabajo, por lo tanto aborda de lleno las características y consecuencias intrínsecas del proceso de desregulación de las prestadoras del servicio de telefonía fija en nuestro país.

       En cuarto y último lugar, se realiza un análisis crítico de las reformas estructurales implementadas en la década de los 90´ cuyos efectos no sólo se encuentran presentes por la inercia característica de estos procesos, sino porque también estas medidas se han profundizado y acentuado en los tiempos actuales. Medidas que tienen como único beneficiario a la élite económica, materializada en grupos económicos y compañías multinacionales,  que se encuentran estrechamente ligadas a la obtención de cuasi rentas de privilegio y que postergan el desarrollo.

  

 

 

*Técnico en Sistemas de Información Geográfica. Carrera de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas.   Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

 

ESTRUCTURAS DE MERCADO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

       Si bien las interacciones existentes entre las estructuras de mercado y la innovación tecnológica son importantes, su complejidad excede el propósito de este trabajo; han sido exploradas por una vasta literatura, pero pueden simplificarse colocando en un extremo a la hipótesis enunciada por Schumpeter que afirma que existe una relación sustancialmente positiva entre innovación y poder monopólico, y en el extremo opuesto, la visión sostenida por la escuela neoclásica, estrechamente ligada a la optimización de la innovación tecnológica en contextos de competencia perfecta y maximización de la tasa de ganancia capitalista.

       Una de las discusiones tradicionales referidas al cambio tecnológico plantea una falta de certeza acerca de cómo éste se produce: si es el resultado del impulso propio de carácter endógeno de la misma tecnología, o no es más que el producto o reflejo de la articulación del patrón tecnológico a las señales que provienen del mercado. Creemos que ambos modelos no son alternativos sino complementarios; en todo caso las empresas pueden generar la “necesidad” en la demanda de la adquisición de algún bien nuevo o del aprendizaje de algún proceso innovativo a través del proceso conocido como aculturación, caracterizado por la imposición de pautas culturales de consumo que actúan simplemente como motivaciones sociológicas que hacen un especial énfasis en el status social, más que en los beneficios que traería aparejados dicha innovación tecnológica sobre la demanda. Como señala Carassai (1999) “las actividades tecnológicas son fuertemente selectivas, encaminadas en direcciones precisas, y son acumulativas (...) el cambio tecnológico, entonces, no es una simple reacción a determinadas condiciones del mercado”...

       En lo que respecta a la opinión de la escuela ortodoxa, ésta afirma que las formas monopólicas obstaculizan y entorpecen el desarrollo de la economía, alejándola del esquema de competencia perfecta vía precios y distorsionando los mercados. Schumpeter se opone a estos argumentos sosteniendo que es la gran empresa la que ha dinamizado la economía capitalista en su proceso evolutivo, compitiendo no vía precios, sino vía innovación, concebida ésta como hecho aislado y fuente de desenvolvimiento. En sus propias palabras “...significa combinar en forma diferente (...) materiales y fuerzas”... (Schumpeter, 1912). Para Schumpeter, el concepto de innovación puede ser aplicado a cualquiera de los casos siguientes:

 

  •        La introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad de un bien.

 

  •        La introducción de un nuevo método de producción.

 

  •        La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materia primas o de bienes semimanufacturados.

 

  •        La apertura de un nuevo mercado, un mercado en el que no se haya entrado todavía.

 

  •        La creación de una nueva organización.[1]

       De esta manera, Schumpeter dotó a los monopolios de una función social, en la que la posesión por parte de una empresa de un mercado asegurado temporariamente era un mecanismo para incentivar la inversión y la innovación, que más tarde se traduciría en beneficios para toda la sociedad. Dicha posición monopólica durará el tiempo que transcurra hasta que un potencial competidor logre imitar dicha innovación o genere una nueva, erosionando al monopolio anterior y ocupando su lugar; entonces, la existencia de dicho monopolio será temporaria a no ser que el monopolio recomience un nuevo proceso de innovación para mantener su carácter de tal.

       Notables son las discrepancias que se observan entre las distintas opiniones vertidas en cuanto a la innovación tecnológica; la escuela neoclásica la interpreta como mera información, transmisible y al alcance de todos, siendo el nivel tecnológico desarrollado de importancia crucial para el crecimiento económico y de carácter exógeno, incorporado al capital. Sin embargo, Giovanni Dosi (1988) señala que “...la tecnología no debe ser entendida como un conjunto de información que es generalmente aplicable y fácil de reproducir y usar”... A su vez, Rosenberg (1982) afirma que la tecnología  “no es la mera aplicación de un conocimiento extraído de otras esferas”.

       Consideramos a la dimensión tecnológica como fundamental en la conformación de los sistemas espaciales, razón por la cual observamos tal aspecto como un proceso de características relevantes útil para el estudio y análisis de las distintas dinámicas territoriales que se reflejan en el espacio y que, por ende, son fruto de los procesos de diferenciación socio-espacial. Siguiendo a Furió (1996), nos encontramos con que el sistema territorial está compuesto por una serie de siete subsistemas, cuyo engarce y urdimbre es complejo y debe ser entendido dentro de los parámetros de la interacción y la totalidad; así observamos la existencia de un subsistema natural (que suministra la materia y la energía necesarias para el funcionamiento del sistema socio económico), un subsistema espacial (compuesto por nodos o lugares centrales, flujos y el conjunto de las áreas intersticiales), un subsistema económico (encargado de la producción, distribución, intercambio y acumulación de bienes y servicios, funciones éstas desarrolladas a través de su constante interacción con el subsistema natural y con la sociedad, de la cual extrae sus recursos humanos y técnicas), un subsistema cultural (la reserva de saber simbólico que orienta y modifica el accionar de los hombres), un subsistema humano (que abarca e integra todas las relaciones humanas y territoriales), un subsistema político (materializado en el conjunto de instituciones que regulan las contradicciones y conflictos existentes entre los distintos actores sociales), y un subsistema tecnológico (que fomenta el descubrimiento, desarrollo y consolidación de nuevas externalidades positivas).

       De esta manera, podemos afirmar que un proceso innovativo debe ser entendido como un proceso de constante interacción entre ciencia, tecnología y los diversos actores e instituciones socio económicos. Innovar significa crear algo nuevo de manera tal que sus condiciones comerciales, organizacionales, financieras y técnicas lo posicionen exitosamente en el mercado; como señala Furió (1996) “la innovación es una actividad social con una orientación económica y caracterizada por un elevado grado de complejidad”. Exige el dominio paralelo de una enorme cantidad de recursos que deben articularse entre sí; estos recursos son tanto humanos como materiales y son movilizados y combinados por el mercado y las relaciones jerárquicas que se encuentran implícitas. Así, “toda innovación técnica tiene una doble cara: una tecnológica, la más aparente y que permite dar cuenta de las técnicas utilizadas para su construcción, y otra organizacional, generalmente desconocida y que permite describir las relaciones y conexiones que han sido necesarias para su producción o que lo serán para su consumo”.[2] Esta última es la faceta que nos interesa de la innovación tecnológica, y que tiene una estrecha relación con los procesos de privatizaciones y desregulación que se abordarán más adelante. Es por ello que consideramos importante abordar en la siguiente sección los temas de la reforma del Estado, los monopolios, las privatizaciones y la desregulación, y sus efectos sobre los mercados, así como también los beneficios extraordinarios que estos procesos traen aparejados.

 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LAS PRIVATIZACIONES Y LA DESREGULACIÓN COMO MECANISMOS DE MERCADO. LOS MONOPOLIOS EN LA ARGENTINA Y EL COMPORTAMIENTO DE LA ÉLITE ECONÓMICA.

 

La reforma del Estado.

       Siguiendo a Oszlack (1994) nos encontramos con que el resurgimiento del neoliberalismo avanzada la década de los 70´ ha involucrado un rediseño del aparato estatal como estrategia adaptativa ante las amenazas que trae implícitas el proceso de globalización y las necesidades de la dinámica de acumulación del capitalismo a escala internacional. Es por ello que Oszlack afirma que “...la redefinición de las reglas del juego no debe exigir la desaparición del Estado, aunque su transformación cualitativa y cuantitativa será inevitable”. Es a estos procesos estructurales que involucran el “achicamiento” del Estado (y de la enorme masa de recursos de la cual éste dispone) y el aumento de su “eficiencia” y “eficacia” a los que queremos referirnos como fenómenos relevantes que han modificado sustancialmente la estructura del aparato estatal y su accionar sobre el espacio. Un accionar que ha marcado y modificado radicalmente la geografía social y económica argentinas acentuando los procesos de diferenciación socio espacial: “desocupación, subempleo (subutilización de la mano de obra), descenso de las condiciones de vida de la población; aumento del número de habitantes bajo la línea de pobreza y expulsión de empleos estables; concentración económica y polarización social”. (Rofman, 1997).

      El rediseño del Estado involucraba una transición paulatina, no el desmantelamiento total de instituciones y entes regulatorios ni la drástica disminución de la esfera de actuación del aparato estatal, ambos procesos que, no hace falta decirlo, fueron protagonistas en Latinoamérica y a los cuales la Argentina no fue la excepción. Como señala Oszlack, “...la reforma del Estado no es sólo administrativa, sino que implica la transformación externalizada de las relaciones sociedad - Estado”.

       Cuatro son las medidas propuestas por Oszlack para lograr la reforma del Estado: privatización, descentralización, desmonopolización y desregulación; las expondremos brevemente para luego hacer hincapié en los dos procesos que nos interesan: privatizaciones y desregulación.

       La privatización involucra el paso a manos de otros agentes socio económicos de empresas e instituciones propiedad del Estado, generalmente con el apoyo de organismos financieros internacionales a las instancias de obtener un superávit económico con el cual afrontar los compromisos derivados del endeudamiento externo, lo cual es generalmente complementado con la implementación de una estructura fiscal regresiva que pone especial énfasis en el cobro de los impuestos indirectos. A través de estos procesos se “limita el papel del Estado en la gestión de los asuntos sociales” (Oszlack, 1994). Nuestro país no ha resultado ajeno a estas medidas; para muestra basta con algunos ejemplos:

       “Se reprivatizaron (a finales de la década del 70´) más de 120 empresas que el Estado había adquirido entre 1967 y 1973 (...) Se llevaron a cabo privatizaciones periféricas de las grandes empresas públicas, transfiriéndose los eslabones más rentables de los procesos productivos y de la prestación de servicios al sector privado para su control y explotación” (Gejo, Morina y Velázquez, 2000).

       Durante la década de los 90´ las privatizaciones también estuvieron presentes; como señala Rofman (1997) “el gobierno entrante en 1989 (...) llevó a cabo un confuso y acelerado proceso de privatizaciones (...) que buscaba congraciarse con los grupos económicos y las multinacionales (...) y restaurar la confianza de los acreedores internacionales”.

       La descentralización involucra “un achicamiento de lo nacional y la expansión de lo local” (Oszlack, 1994); esto implica que muchas veces el Estado delegue funciones, atribuciones y competencias en los gobiernos provinciales o comunales en el marco de su achicamiento como aparato. En otras palabras, “tira la crisis hacia abajo”, muchas veces sin la transferencia de fondos correspondiente y necesaria.

       La desmonopolización se encuentra íntimamente vinculada a los procesos de privatizaciones; implica una reducción del alcance del Estado, en aquellos asuntos que fueron históricamente tratados y solucionados en la esfera de lo público. Al transferirse empresas estatales a manos privadas, también se trasladaron a ese sector ciertas actividades y funciones (sobre todo en lo que hace a la prestación de servicios a la población) que eran monopolio y patrimonio exclusivo del aparato estatal.

       Por último, la desregulación: proceso que en las palabras de Oszlack implicaría “la supresión de funciones y organismos con la finalidad de ampliar la libertad de los actores sociales”. De esta manera, se asiste a un proceso en el cual el Estado se convierte teóricamente en un actor pasivo y neutral (que, como veremos más adelante, no es tal) y a través de dicho proceso se intenta restaurar el libre juego de las fuerzas del mercado, suprimiéndose entes regulatorios a los cuales las críticas neoliberales acusan de constituir “nichos de corrupción y burocracia” que debilitan la eficiencia global del sistema económico. Varios son los ejemplos que pueden observarse en nuestro país: la desregulación de los cultivos regionales, la desregulación del mercado de transportes y de seguros, y en la actualidad, la desregulación de las obras sociales y de las compañías de teléfonos, sólo para citar algunos casos.

       A continuación, se explicará como reaccionan los mecanismos del mercado ante los procesos de privatizaciones y desregulación, y cuál es la relación estructural que éstos guardan con la innovación tecnológica y los monopolios u oligopolios, para más adelante abordar el tema de los beneficios extraordinarios que son percibidos por la élite económica como resultado de tales actividades oligopólicas.

 

Privatizaciones y desregulación: su relación con los monopolios no schumpeterianos.

       Como afirma Carassai (1999), “el proceso de privatizaciones se inicia con el cuestionamiento a las empresas públicas (...) hacia mediados de la década del 70´, (...) continúa con la instalación en la opinión pública de la necesidad de las privatizaciones, (...) y desemboca en el proceso efectivo de transferencia de los activos estatales al sector privado...”.

       Esto puede visualizarse claramente, ya que hacia los fines de 1990 ya se encontraban privatizados canales de televisión, teléfonos, petroquímicas, áreas petroleras, transporte aéreo, ramales ferroviarios y las concesiones de rutas de mayor tránsito; en suma, se cedieron monopolios y oligopolios a empresas privadas a través de “argumentos poco claros e irreales” (Morina y Velázquez, 1999). El mensaje oficial lo justificaba a  través de la búsqueda de una desmonopolización y competencia perfecta, pero en realidad no fue más que una transformación cualitativa de las estructuras estatales para volverse funcionales ante el avance del capital global, un cambio de dueños de los monopolios preexistentes.

       Las privatizaciones realizadas produjeron profundas transformaciones en la estructura socio económica nacional en beneficio exclusivo de los principales grupos económicos, transfiriéndoles un enorme poder decisorio sobre las mismas bases estructurales de la economía y sociedad argentinas; así se adueñaron en inmejorables condiciones de empresas estatales, utilizando intensamente los diversos mecanismos del Estado para incrementar sus beneficios de manera ilimitada.

       Y estos cambios no significaron aumentar la eficiencia de aquellas empresas otrora pertenecientes al Estado, así como tampoco una mayor inversión y predisposición al cambio tecnológico; es más, ni siquiera estos procesos poseen una relación causal con la privatización de empresas. Como aseveran Azpiazu y Basualdo (1995) “nada indica la existencia de niveles de inversión significativos en los servicios privatizados ni tampoco se prevé un nivel de inversión considerable en los próximos años”. Es decir, no es esperable un cambio en la lógica de acumulación llevadas adelante por las empresas privatizadas en la actualidad. Por lo tanto, podemos decir que las privatizaciones han gestado monopolios de carácter no schumpeteriano, que no muestran signos de transitoriedad ni de innovación tecnológica; el hecho de tener el mercado asegurado no ha estimulado la inversión, sino que por el contrario, ésta no ha sido necesaria para la obtención de cuasi rentas monopólicas, porque este mercado no ha sido asegurado en forma transitoria sino permanente. Si a esto le sumamos que en la mayoría de los casos la deuda total de las empresas privatizadas fue transferida al Tesoro Nacional (activos en manos privadas y pasivos en manos del Estado), podemos observar que el proceso de privatizaciones no ha hecho más que impulsar “un perfil productivo social y territorialmente excluyente” (Morina y Velázquez, 1999).

       La desregulación en sí no es tal: es tan sólo una forma particular de regulación que consiste en “transferir a determinados agentes económicos el poder de regulación del funcionamiento de los mercados” (Carassai, 1999). Como señala Azpiazu (1994), se trata de una re-regulación que no sólo no deja actuar a las fuerzas del mercado en un contexto de competencia libre y perfecta, sino que además no es más que un mecanismo para legitimar la existencia de determinados monopolios u oligopolios en sentido inverso al anterior. Así se crean, fortalecen y consolidan monopolios no schumpeterianos que operan, no en mercados desregulados, sino en mercados controlados con firmeza por capitales concentrados a los que se les cedió el poder de influir sobre la estructura de precios relativa de la economía, alejando y contrarrestando los mecanismos del mercado, llevando a una concentración, centralización y transnacionalización crecientes del capital, no sólo en términos económicos, sino también espaciales.

       De esta manera, en un contexto de economía cerrada y deprimida, los procesos de privatizaciones y desregulación no sólo no incrementaron la competencia y la erosionaron notablemente, sino que además trabaron los mecanismos del mercado, con los consiguientes impactos a nivel nacional y regional, llevando a mayores imperfecciones de mercado[3] y a una tendencia cada vez mayor de la economía a cerrarse y a oligopolizarse, mostrando una clara divergencia entre los beneficios sociales obtenidos y los beneficios privados.

      Sin embargo, en el momento de su implementación y pese a incrementar la diferenciación de oportunidades y de condiciones de vida de la población y la incertidumbre acerca del empleo y el nivel del ingreso, los programas de privatizaciones y desregulación ganaron (y ganan aún) la aprobación y el consenso de sectores medios y populares en clara disconformidad con la calidad de los servicios públicos y los bienes de consumo suministrados por las empresas del Estado.

       Por lo tanto, puede decirse que estas reformas estructurales que derivaron en procesos de privatizaciones y desregulación no estuvieron asociadas en ningún momento a la innovación tecnológica ni a la inversión; más bien puede vinculárselas al comportamiento claramente direccionado que manifiesta la élite económica en pos de la obtención de los beneficios extraordinarios que conlleva la posesión de monopolios no schumpeterianos que gozan de la protección estatal, protección que no elimina costos, sino que los externaliza al conjunto de la sociedad en general, particularmente al segmento del mercado (los consumidores) que se ve perjudicado por encontrarse en una posición poco cómoda: ser demanda cautiva de pocos o de un único oferente.

 

Los beneficios extraordinarios de los monopolios: las cuasi rentas naturales y las cuasi rentas de privilegio.

      Para introducirnos en el análisis de los beneficios extraordinarios percibidos por la élite económica, debemos en primer lugar clarificar algunos conceptos, tales como cuasi renta, cuasi renta monopólica, cuasi renta natural y cuasi renta de privilegio. Estos elementos, términos económicos todos ellos, son fundamentales para el análisis de los monopolios en la Argentina y del carácter restrictivo de éstos para con el desarrollo, razón por la cual consideramos apropiada una breve referencia a cada uno de ellos.

       En primer lugar, podemos decir que la cuasi renta es análoga a la renta diferencial planteada por David Ricardo; éste afirmaba que las condiciones que posee un sitio para el emplazamiento de una determinada actividad económica se hallan en función de sus características naturales, las cuales se combinan interactuando estrechamente, de manera tal que el sitio en cuestión lograba una mayor o menor productividad por unidad de superficie; la analogía ya mencionada existente entre la cuasi renta y la renta ricardiana radica en que esta última adquiere el carácter de la primera cuando la renta derivada de la escasez de un recurso natural es erosionada por la innovación tecnológica. De esta manera, la renta ricardiana suele ser una cuasi renta en la medida en que su percepción está sostenida por instituciones que crean rigideces en la oferta.

       En segundo lugar, estamos en condiciones de afirmar que la cuasi renta monopólica es aquella obtenida por el desarrollo de actividades monopólicas u oligopólicas y está ligada a los conceptos schumpeterianos de transitoriedad e innovación tecnológica. Cuando estos preceptos  de temporalidad y constante innovación se cumplen (siendo los monopolios erosionados desde el principio por la competencia y la innovación), se obtiene una cuasi renta de desarrollo; caso contrario, nos encontramos ante los beneficios extraordinarios a los que hacíamos referencia: las cuasi rentas naturales y las cuasi rentas de privilegio, siendo estas últimas las de especial interés para nosotros.

       Las cuasi rentas naturales son aquellos beneficios extraordinarios que se basan en la explotación simple de recursos naturales; las cuasi rentas de privilegio son los beneficios captados debido a la consolidación de una posición monopólica que no es ni transitoria ni innovadora.

       Estas últimas son las buscadas por la élite económica, ya que, como señala Nochteff (1998) “todo empresario busca aumentar sus ganancias con el mínimo de riesgo (...) con el mínimo de inversión y de cambio tecnológico (...) no buscará cuasi rentas schumpeterianas o tecnológicas”.

       Nochteff (1998) también afirma que “...el desarrollo depende de que la élite económica cumpla eficientemente su función (...) la obtención de cuasi rentas tecnológicas, las cuales crean, mediante innovación, posiciones monopólicas que la imitación creativa, la competencia y la difusión tecnológica erosionan permanentemente y convierten en necesariamente transitorias”. Esta es una opción que carece de atractivo para la élite económica, sobre todo en términos de riesgo e inversión; por lo tanto, actúa al amparo del Estado, que vuelve permanentes sus posiciones monopólicas y los protege de la competencia: en una palabra, los monopolios gozaron de su legitimación por parte del accionar del aparato estatal.

       Pero una cosa lleva a la otra, y legitimar a los monopolios por un lado llevó a postergar y condenar el desarrollo económico y social por el otro, creando “burbujas” de falso desarrollo, lo cual no hizo más que crear un perfil productivo que, territorial y socialmente fue el “...producto de la peculiar forma de acomodamiento de los grupos hegemónicos locales que, a través de las diferentes etapas de la historia económica y social, han logrado subalternizar a vastos sectores “populares” en función de modelos de desarrollo, generalmente liderados desde los países centrales”. (Velázquez, 2000).

       Nochteff es bien claro en este sentido, al considerar que existieron tres “burbujas” de aparente desarrollo en la historia socio económica argentina, que concuerdan claramente con Velázquez al tener una fuerte correlación con los modelos de desarrollo impuestos desde el centro económico mundial.

       “La primera opción blanda para la élite económica argentina fue el ciclo de expansión (...) liderada por la exportación primaria y la expansión de la frontera agropecuaria (...) esta formación social permitió (...) la obtención de rentas ricardianas combinadas por -y ampliadas por- cuasi rentas de privilegio (...) la I.S.I.[4] constituyó la segunda gran opción blanda (...) que llevó a una segunda “gran burbuja” (...) y creó nuevas restricciones al desarrollo”. (Nochteff, 1998).

       Y la tercera burbuja comenzó luego del Golpe de Estado de 1976, dividiéndose en tres fases: la primera abarcó desde 1976 hasta 1983 (especialmente el período en el que la deuda externa se consolidó como herramienta de subordinación, es decir, desde 1977 hasta 1981); la segunda alcanza desde la restauración de la democracia hasta finales de la década de los 80´; y la tercera fase la constituyó el período 1991-1995.

       Nuestra opinión es que actualmente se está ingresando a la cuarta fase de esta tercera burbuja; si la anterior estuvo liderada por las privatizaciones y el endeudamiento externo, ésta lo estará por la creciente desregulación y el “blindaje” financiero[5]. La inercia de los procesos de privatizaciones que motivaron la tercera fase de la burbuja que finalizó en 1995 (luego del alboroto del efecto “tequila”), se mantuvo hasta el final de los 90´; ahora estamos asistiendo al período de reacomodamiento de la élite económica nacional, es decir, de redefinición de sus estrategias adaptativas de articulación a la sociedad global, a través de la analogía y convergencia de los intereses de la clase dominante de la periferia con los intereses de la clase dominante del centro. Y parte importante de este proceso de reacomodamiento lo constituye la desregulación, obviamente entendida como una re-regulación en favor de determinados agentes económicos que ampliará y profundizará las condiciones y rasgos característicos del modelo económico y social implementado, como el desempleo, la exclusión y polarización sociales y la concentración económica asentada en el privilegio.

       Signos inequívocos del comienzo de esta cuarta fase de la tercera burbuja lo constituyen los intentos de puesta en vigencia de la desregulación de las obras sociales y de las compañías telefónicas (por citar los más relevantes), siendo este último el caso que nos ocupa. Para ello abordaremos en primer lugar la privatización de la empresa estatal ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), para luego proseguir con el análisis de los monopolios que se gestaron en torno al servicio y finalizar con las condiciones, implicancias y consecuencias intrínsecas que traería aparejadas el proceso de desregulación (o, en este caso, de re-regulación) como proceso estructural que distorsiona los mecanismos del mercado por un lado y que limita la innovación tecnológica (y, por ende, el desarrollo del país) por el otro, y que no es más que un producto parcial del reacomodamiento global que realiza la élite económica para continuar con su particular obtención de benéficos extraordinarios. Beneficios que no son más que la externalización a la sociedad de los costos que implica el mantenimiento de monopolios y oligopolios centrales, por su conexión privilegiada al espacio de redes en el que detentan el poder económico y político sobre las actividades rectoras de la economía y la sociedad.

 

 

PRIVATIZACIÓN Y DESREGULACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ARGENTINA. ¿COMPETENCIA PERFECTA Y MEJORA DEL SERVICIO O MERCADO RE-REGULADO POR MONOPOLIOS NO SCHUMPETERIANOS?

 

Del monopolio estatal al monopolio privado.

       A excepción de un corto período que abarcó parte de la década del 50´, en el que las redes de comunicación e información pertenecían casi en forma exclusiva al sector público (es decir, los servicios de radio, televisión abierta, telefonía, etc), en general el sistema fue mixto hasta la década de los 90´. El empate técnico que existía hasta el momento entre el sector público y el sector privado se quebró a los pocos años de iniciada la mencionada década con la acelerada y confusa privatización de diversas empresas estatales, cuya gestión y eficiencia fue cuestionada y puesta en tela de juicio en reiteradas oportunidades. No solamente se privatizaron ramales ferroviarios, áreas petroleras, se otorgaron concesiones al capital privado en las rutas de mayor tránsito, etc, sino que igual suerte corrieron las redes y medios de comunicación e información; canales estatales que se volvieron privados, la vertiginosa expansión de la televisión por cable, grupos económicos que se hicieron con el control de paquetes diversos (grupos multimedios que poseen cadenas de cable, diarios nacionales y radios AM y FM)[6], y el caso que nos ocupa en este apartado: la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).

       ENTel constituyó hasta mediados de 1990 la empresa que monopólicamente asignaba y distribuía entre la población los servicios de telefonía básica que facilitaran la comunicación de sus habitantes por todo el territorio nacional; sin embargo, el tiempo de acceso era bastante holgado, ya que acceder a una línea particular (es decir, transformarse en usuario) podía demorar años y representaba un costo exageradamente alto.

       Sin embargo, en el mercado negro era posible acelerar dichos tiempos, ante lo cual podemos decir que, por un lado se reflejaba una fiel imagen y un aspecto significativo del modelo de gestión de la empresa pública y, por el otro, la multiplicidad de conflictos que la prestación del servicio traía aparejada. De una u otra manera, describir el modo en que operaba la empresa estatal excede el propósito de este apartado, que no intenta más que brindar un simple bosquejo de las circunstancias en las que se llevó a cabo la privatización de ENTel y las consecuencias que dicho proceso involucró para la prestación del servicio.

       La empresa estatal fue duramente cuestionada por su gestión y sufrió numerosas intervenciones; bajo estas condiciones se llevó a cabo su privatización, la cual, por cierto, careció de la transparencia necesaria para llevar adelante dicho proceso de la forma adecuada. Durante la gestión de una conocida funcionaria como interventora de la empresa[7] el servicio de telefonía fue adjudicado monopólicamente a dos empresas, dos consorcios internacionales: Telefónica de España y France Telecom/STET de Italia. Este paso (confuso, por cierto) de la empresa de manos estatales a manos privadas se hizo efectivo en 1991, quedando los activos en poder del sector privado y los pasivos a cargo del Estado.

      Los dos consorcios internacionales se dividieron el territorio nacional a partir de la ciudad de Buenos Aires, definiendo espacial y económicamente sus mercados. La empresa Telefónica de España se apropió del mayor mercado (desde el punto de vista potencial y territorial), que abarcaba las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La empresa France Telecom se adjudicó con el control monopólico del servicio sobre las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. A su vez, el A.M.B.A (Área Metropolitana Buenos Aires) y la ciudad autónoma de Buenos Aires fueron también divididas a los fines de dejar claramente delimitados los mercados que le corresponderían a cada una de las empresas.

       Este fue, a grandes rasgos, el proceso de gestación de estos oligopolios en el sector de la telefonía básica; oligopolios que pueden ser considerados como monopolios si únicamente consideramos el mercado económico y espacial abarcado por cada uno. Para evitar confusiones, nos referiremos genéricamente a este fenómeno con el nombre de monopolios.

       Obviamente, las premisas para llevar adelante dicho proceso y acelerar la privatización de ENTel se basaron en la ineficacia de la empresa estatal y en la imperiosa búsqueda de innovaciones tecnológicas para llevar a cabo una mejor y más efectiva distribución del servicio a la población. El Boletín Oficial de la República Argentina Nro. 27.622 del año 1993 expresaba que “la prestación del servicio se brindará en base a los principios de (...) regularidad e igualdad (...) las licenciatarias del servicio básico telefónico están obligadas a proporcionar al publico un sistema de comunicaciones unificado y eficiente, de acuerdo a los adelantos de la técnica. A tal efecto adoptarán las nuevas tecnologías, aumentarán el número de circuitos, la capacidad de sus instalaciones y procederán al perfeccionamiento de las mismas, de manera que las comunicaciones a su cargo respondan a las exigencias de un buen servicio público”.

       Como vemos, claramente se insta a que estos monopolios se ubiquen dentro de por lo menos uno de los parámetros fundamentales considerados por Schumpeter: la innovación tecnológica. Entonces ¿nos encontramos ante monopolios shumpeterianos, dotados de una función social beneficiosa para la sociedad en su conjunto? La respuesta es no. Si bien en su momento la prestación del servicio se volvió innovadora y eficiente, el ritmo de innovación tecnológica sufrió un importante desfase con la duración y consolidación de los monopolios en su condición de tales. Como señala Schiavo (1998) “...implicó una mejora sustancial en los servicios de telefonía (...) nuevas prestaciones para las conexiones particulares (...) nuevas prestaciones públicas”. Sin embargo, por razones que creemos vinculadas a la lógica de acumulación de las empresas en cuestión, el ritmo de innovación se detuvo; después del “boom” de la telefonía móvil que se dio en nuestro país hace unos cinco años (y cuya inercia continúa en la actualidad), el ritmo de consumo aumentó desmedidamente, dejando muy atrás al ritmo tecnológico. Sin tener competidores ni imitadores que erosionaran su posición monopólica, estas empresas se estancaron tecnológicamente, aunque no puede decirse lo mismo desde el punto de vista económico. Las proveedoras de telefonía móvil pertenecientes tanto a Telefónica como a Telecom comenzaron a competir vía precios (no innovación) para hacerse con el mayor mercado de la telefonía celular, mientras las empresas matrices mantenían sus monopolios basados en la obtención de cuasi rentas de privilegio cuyas regalías tenían como destino final el exterior.

       Movicom Bellsouth fue la primera empresa en introducir la telefonía móvil en nuestro país; en este caso se dio una fuerte competencia con Telefónica y Telecom (que a través de Unifón y Personal respectivamente)[8] ingresaron en forma tardía al mercado de los celulares[9]. Para decirlo en términos schumpeterianos, Telefónica y Telecom no innovaron, sólo imitaron al nuevo producto, generalizando así el consumo de la telefonía celular como estrategia adaptativa ante la imperiosa necesidad de proteger sus intereses y de explorar un nuevo e interesante nicho del mercado que dinamizaría su patrón de acumulación. El mercado de la telefonía fija o básica seguía siendo patrimonio exclusivo de los monopolios gestados recién iniciada la década de los 90´; de esta manera, podemos decir que las innovaciones (imitaciones en el primer caso, para ser más precisos) introducidas por los dos consorcios internacionales se reducen básicamente a dos: la aparición de la telefonía móvil y el surgimiento de locutorios aptos tanto para llamadas locales, de larga distancia o internacionales, innovación esta última entendida dentro del mercado de la telefonía básica. Los costos de instalación de una línea fija disminuyeron sensiblemente, al igual que las tarifas, en relación al anterior monopolio estatal. Entonces, cabe hacernos otra pregunta: la privatización de ENTel ¿resultó beneficiosa? Sí y no. Por un lado, la privatización llevó a ciertas mejoras en el servicio, tanto en lo relativo a los costos como a la innovación tecnológica; es decir, el modelo de gestión de la empresa privada fue más eficiente que el de la empresa pública. ¿Esto implicó continuidad? Tampoco. Como ya se mencionó, avanzada la década de los 90´, el ritmo de innovación tecnológica se estancó y sufrió un doble desfase: con respecto al incremento del consumo y con respecto a la transitoriedad del monopolio; es decir, estimamos que para mantener dicha posición monopólica durante un holgado lapso de tiempo, los niveles de inversión e innovación debieron ser mayores que los observados en relación al tiempo durante el cual el monopolio mantuvo su carácter de tal. En realidad, las innovaciones manifiestas a principios de los 90´ no fueron más que un intento (exitoso, por cierto) de legitimar el paso de la empresa estatal a manos privadas y demostrar los beneficios y bondades para con la población de la intervención del capital privado en territorios otrora pertenecientes al ámbito de lo público. ¿Por qué el nivel / ritmo de inversión / innovación se detuvo? Schumpeter afirmaba que el hecho de tener un mercado asegurado temporalmente era una condición que estimulaba la necesidad de inversión por parte de la gran empresa para mantener dicho mercado; en este caso no resultó así. El monopolio redujo considerablemente el ritmo de innovación, ya que su continuidad estaba garantizada por el Estado; su mercado era demanda cautiva, y por lo tanto (para decirlo de alguna manera) debería “conformarse” con el servicio tal y como su prestación era llevada a cabo por los monopolios. El “boom” de la telefonía móvil enmascaró el proceso; la privatización trabó los mecanismos del mercado, no erosionando la competencia, sino eliminándola por completo en el campo del servicio telefónico básico. Por lo tanto, no existía la necesidad de competir vía precios o vía innovación para hacerse con el control del mercado; las innovaciones realizadas fueron circunstancias coyunturales y no procesos estructurales, si bien es cierto que la inercia de tales cambios tecnológicos se mantiene en la actualidad. Recordemos la afirmación de Azpiazu y Basualdo (1995) que aseveran que “nada indica la existencia de niveles de inversión significativos en los servicios privatizados ni tampoco se prevé un nivel de inversión considerable en los próximos años”. Asociemos inversión a innovación y obtendremos una visión más clara de la cuestión.

       Estructuras de mercado oligopolizadas, demanda cautiva, innovaciones que responden a coyunturas y no a procesos estructurales de mejora del servicio[10], etc, son todos factores que se conjugan para ampliar la brecha y la nítida divergencia existente entre los beneficios sociales y los obtenidos por el capital privado. Divergencia que, como se mencionó en párrafos anteriores, se traduce en un falso desarrollo materializado en la tercera fase de la tercera “burbuja” correspondiente al período 1991-1995. El mercado no elige; consume. Y el Estado no defiende al consumidor sino que fortalece la posición monopólica de las empresas, las cuales, al ser únicos oferentes del servicio dentro de un ámbito territorial y económicamente delimitado, no poseen la función social que les asignó Schumpeter. En todo caso sólo poseen una racionalidad económica que busca eliminar riesgos (y por ende, minimizar los niveles de inversión e innovación) y maximizar beneficios.

       En el siguiente apartado abordaremos el proceso desregulatorio como reforma que, a nuestro entender, constituiría el ingreso de la economía y sociedad argentinas a la cuarta fase de la tercera “burbuja” iniciada a mediados de la década de los 70´. De esta manera se intentará analizar sus implicancias geográficas como producto de los procesos sociales y económicos que tienen como eje al Estado y su permisibilidad por un lado, y a las empresas monopólicas y su lógica de acumulación por el otro.

       Es por esto que Rofman y Romero (1997) señalan que “el agente decisional más importante es el núcleo empresarial (...) se guía por los incentivos del mercado y el criterio costo-beneficio (...) el Estado cumple con la función de constituir los niveles de formación social y de conformar el marco propicio para los objetivos de acumulación por parte de las empresas”.

       Así se conforma una estructura espacial de inversiones, que en función a la mano de obra que demanda y a la población que abarca como sector de consumo, configura economías de aglomeración que atraen a economías externas, que dan lugar a su vez a un monopolio técnico, económico y espacial adscrito a las estructuras de poder.

       Dado que consideramos al monopolio que nos ocupa como poseedor de tales condiciones, nos abocaremos a la tarea de explicar qué efectos traería aparejados la inminente desregulación en las estructuras del mercado y en la prestación del servicio. La competencia libre y perfecta es un ideal por el cual aboga la desregulación, argumento con el cual ésta se justifica a sí misma, buscando en teoría una desmonopolización; desmonopolización irónica, que no hará más que fortalecer los monopolios preexistentes y re-regular el mercado. La premisa de la competencia como factor de estímulo a la inversión y al cambio tecnológico en el servicio se contrapondrá a nuestra opinión: que no será el mercado de consumo el que se verá beneficiado por la innovación, sino que ésta sólo tendrá como destinatario al núcleo empresarial.

       

 

¿Desregulación y competencia perfecta o re-regulación monopólica?

       Al hablar de desregulación, nos estamos refiriendo (como ya quedó suficientemente expuesto en apartados anteriores) a un proceso estructural que le otorga el poder a determinados agentes económicos de re-regular los mercados; dicho en otras palabras y abocándonos al tema que nos ocupa, la desregulación no es para el usuario o el consumidor, sino para los capitales que ocupan el centro del modelo de acumulación actual y que se consolidaron bajo la protección estatal. De esta manera, las élites económicas aumentaron su capacidad de control y distorsión de los mercados en aras de dinamizar su propio proceso de acumulación, siendo el proceso socio económico liderado por las empresas y no por el Estado, quienes se escudan tras una globalización utilizada como recurso ideológico. Y una de las excusas más empleada por el mensaje oficial es la búsqueda de competitividad; la competencia perfecta pasa a ser un óptimo alcanzable que legitima las cuotas de poder cedidas al capital privado, “adornado” con las premisas de beneficio del usuario, servicio más eficiente e innovador, desarrollo social y económico, etc.

       Si hablamos de la desregulación sólo en el campo de las comunicaciones, creemos conveniente citar el siguiente párrafo para ejemplificar y profundizar lo anteriormente expuesto, extraído del Boletín Oficial Nro. 29.544 1ra Sección, del martes 12 de diciembre de 2000.

       “Que ha operado la apertura total a la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, tal como estuviera establecido en las normas que rigieron la privatización de la ex ENTel (...) que así como la transición de la prestación estatal monopólica a la prestación privada (...) requirió en su momento de un marco regulatorio propicio al escenario que se inauguraba, la plena competencia exige también que se establezcan reglas flexibles y evolutivas que hagan del modelo competitivo elegido un factor que beneficie al usuario, permitiéndole acceder a mayor calidad de servicios a un precio menor, aumente la participación de las telecomunicaciones en el producto bruto nacional, mejore la competitividad del conjunto de los sectores sociales argentinos y contribuya al crecimiento económico y humano del país (...) que una apertura exitosa requiere de la actualización y adaptación de algunas de las pautas establecidas por el marco regulatorio vigente, a fin de que no se constituyan en trabas que obstaculicen la dinámica de servicios y la incorporación de tecnologías que son requeridas, si se desea que esta apertura potencie a todos sus actores y favorezca a nuestra sociedad”.

       Como vemos, se insta a la constitución de lo que se considera ser un marco regulatorio adaptado a las condiciones actuales de prestación del servicio; sin embargo, cabe hacer notar algunas contradicciones, a saber:

 

  •        En primer lugar, se pone un marcado énfasis en el logro de un mayor grado de competitividad y del desarrollo del país: dolorosa ironía si recordamos que, dada la forma en que se han llevado a cabo en nuestro país las privatizaciones, las desregulaciones y los procesos de transferencia de activos públicos a manos privadas y de pasivos empresarios y públicos a manos estatales, no se ha hecho otra cosa más que afectar la competitividad sistémica de la economía argentina y penalizar el desarrollo.

  •        En segundo lugar, se sostiene que la desregulación sería un mecanismo cuya implementación beneficiaría al usuario, con una mayor calidad del servicio y un menor costo del mismo; ¿cómo es posible tal cosa, cuando el Estado no sólo ha transferido al capital privado los activos sino también el poder de regulación de los precios? Los monopolios re-regulan el mercado, distorsionando sus mecanismos e influyendo deliberadamente en la estructura de precios; por lo tanto, si antes el accionar regulatorio del Estado era pobre e ineficiente ¿qué impediría ahora que las empresas monopólicas u oligopólicas, guiadas por su racionalidad  económica y la obtención de beneficios extraordinarios, tuvieran total y completa libertad para fijar sus precios?

  •        En tercer lugar, se afirma que el proceso de desregulación en cuestión tiene como una de sus finalidades aumentar la participación de las telecomunicaciones en el producto bruto nacional. Otra vez la ironía se hace presente: el ingreso de capitales que originó la ola de privatizaciones no tuvo un efecto multiplicador ni de “derrame” sobre la economía, sino que se observó un fuerte proceso de remisión de utilidades y dividendos al exterior por parte de los consorcios internacionales que se adjudicaron el monopolio de las comunicaciones en nuestro país; el efecto multiplicador sólo se trasladó al exterior. La empresa Telefónica de España es un buen ejemplo, al transferir regalías al exterior a través de la importación de equipos.

 

       Pese a lo expuesto anteriormente, no podemos afirmar que la inminente desregulación esté exenta de innovación tecnológica o de beneficios para el usuario; aparecen nuevas modalidades del servicio, que involucran paquetes en los que coexisten conexiones del servicio básico con conexiones a Internet, las tarifas de instalación de una línea fija descendieron aún más, se instaura un sistema de elección por marcación para las llamadas de larga distancia o internacionales (en el que el usuario debe marcar el número o código de identificación de la compañía elegida), etc. Esto parecería oponerse a lo planteado hasta el momento; sin embargo, no es así. No nos engañemos. Así como las empresas realizaron modificaciones sustanciales (pero coyunturales) en el servicio para justificar el paso de ENTel a manos privadas, el mismo proceso se repetirá ante la inminencia de la desregulación; la apertura total del mercado de las telecomunicaciones estimulará a las empresas monopólicas a innovar, pero sólo para captar el grueso del mercado antes que sus competidores.                   Beneficios coyunturales y en el corto plazo sí, mejoras estructurales y en el largo plazo no: se observará la faceta tecnológica de la innovación técnica, pero no su faceta organizacional; una vez que cada empresa tenga su mercado asegurado, el ritmo de innovación sufrirá un nuevo desfase. Se asemeja a una suerte de vaivén entre privatización y desregulación-innovación coyuntural y monopolio no schumpeteriano-estancamiento estructural. ¿La competencia no erosionaría los monopolios? Es poco probable. La desregulación (o la re-regulación, para hablar con propiedad) consolidará a los monopolios como tales y les dará aún más poder para influir en la estructura de precios; ninguna de las empresas competidoras (CTI, Movicom BellSouth) logrará una posición firme en el mercado de la telefonía básica ni debilitará a los monopolios preexistentes. Como señala Minsburg (1995), refiriéndose al mito del libre mercado, “en la supuesta tranquilidad prevaleciente, se impone la “ley” del más fuerte, del más organizado, de aquellos que tienen mejores posibilidades financieras (...) y se combinan o se asocian con miembros de la red transnacional y que además, gozan de las facilidades que le brinda el Estado complaciente, y ello conduce a una concentración y centralización cada vez mayor del poder económico y de la riqueza en torno a las clases dominantes (grandes grupos económicos diversificados, vinculados directamente con las tradicionales oligarquías, las corporaciones transnacionales y el capital financiero)”. El ideal de la competencia perfecta se desmorona cuando empresas ingresan a un mercado que es controlado en forma oligopólica por la permisibilidad del Estado, siendo sus mecanismos distorsionados por una “mano invisible” que ya hace tiempo que perdió su carácter de tal. Los ejemplos sobran, incluso a nivel internacional; en 1980, se implementó la desregulación de las aerolíneas comerciales en los Estados Unidos. Resultado: la obstinación ideológica del gobierno norteamericano derivó no sólo en que la industria de la aeronáutica civil quedara concentrada en manos de pocas y grandes empresas (con la consiguiente disminución de la competencia), sino que también la estructura de precios se modificara a través del aumento de las tarifas de los pasajes[11]. El mercado seguirá siendo el mejor mecanismo para la asignación de los recursos, pero sólo para las empresas; son claros los ejemplos, esta vez a nivel nacional. Las empresas Unifón y Personal (pertenecientes a los grupos Telefónica y Telecom., respectivamente) prevén un aumento de hasta el 300% en la tarifa de los teléfonos celulares, además del cobro de las llamadas ingresantes, mecanismo este último que ya fue implementado. Si tales medidas ya fueron impuestas por las empresas al poco tiempo de ponerse en vigencia la desregulación, ¿qué les impediría a las empresas en un futuro no muy lejano aumentar sus beneficios extraordinarios a través del aumento de la tarifa de la telefonía fija? Dicho en otras palabras, la estrategia de los monopolios será competir vía innovación y vía precios paralelamente para asegurar el mercado; una vez “eliminada” la competencia, influirán deliberadamente en la estructura de precios del servicio, aumentando las tarifas e innovando en menor proporción para disminuir los riesgos. Como señala Mancebo (1999), es notable “la insuficiencia de inversión pública y de políticas activas de desarrollo y competitividad, y los altos precios y tarifas de los sectores privatizados que no se explican por sus altos costos, sino por sus ganancias extraordinarias”.

       Sin embargo, nos vemos obligados a efectuar una aclaración: la competencia no es eliminada, sólo es controlada; es decir, en un futuro no muy lejano se asistiría a un proceso de coexistencia de empresas cuasi o semi monopólicas (Telefónica, Telecom) con otras más pequeñas o con acceso restringido al mercado de la telefonía básica (CTI, Movicom), cuyos nichos de mercado se verían reducidos y absorbidos por las primeras[12]. Los monopolios obtendrían el mayor volumen de las ganancias, mientras que sus competidores situados en una situación no tan favorable se contentarían con la mera subsistencia, renunciando a la expansión; así, la supervivencia de unos se traduce en los beneficios extraordinarios de otros. Por lo tanto, nos encontramos ante un válido justificativo de lo afirmado en párrafos anteriores: la desregulación no desestructura los monopolios; los consolida como tales, pero eliminando su pretendida transitoriedad, legitimándolos por ley del mercado y no por el accionar del aparato estatal. Los niveles de inversión descenderán, y por ende, también lo harán los niveles de innovación técnica; así se eliminarán riesgos para profundizar el proceso de obtención de las cuasi rentas de privilegio.

       El resto de las implicancias estructurales que traerá aparejadas el proceso de desregulación podrán ser abordadas y analizadas por futuros trabajos; creemos que lo expuesto hasta ahora es un enfoque teórico válido a la hora de analizar el monopolio de las telecomunicaciones en la Argentina, monopolio que tiene como único beneficiario a la élite económica que lo sustenta bajo el amparo de un Estado que delega funciones en manos de grupos económicos y multinacionales. Pero vale efectuar una aclaración: anteriormente afirmamos que la élite económica materializada en los grupos empresarios no sólo sería beneficiada por la obtención de cuasi rentas de privilegio, sino también por la innovación.

        ¿Cuál es la innovación de carácter estructural que beneficiará a los monopolios (ni transitorios ni innovadores) que operan en el campo de las telecomunicaciones a través de la distorsión de los mecanismos del mercado y la búsqueda de beneficios extraordinarios?

        Nuevamente, Schumpeter tiene la respuesta. Cuando nos referimos en un apartado anterior a la relaciones existentes entre las estructuras de mercado y el concepto de innovación, mencionamos brevemente el significado que a este concepto le brinda la teoría schumpeteriana; ésta enumeraba las diversas formas que toma el concepto de innovación dentro de la economía y la sociedad. Y entre estas facetas, se encuentra una cuyo carácter estructural nos obliga a considerarla de especial relevancia para el análisis acerca de la desregulación de las compañías telefónicas que en este trabajo se intenta llevar a cabo: la apertura de un nuevo mercado, de un mercado en el cual no se haya penetrado aún.

       Esta es la innovación que trae aparejada la ejecución del actual proceso desregulatorio; es una consecuencia socio territorial que se materializa en el espacio como resultado o reflejo de la permisibilidad con la que cuenta la élite económica para operar en aras de su propio beneficio, de su propio patrón de acumulación.

       Y el mercado se diversifica; no sólo espacialmente sino también desde el punto de vista económico. Los monopolios en cuestión (Telefónica y Telecom) pueden manejar a su antojo un mercado totalmente desregulado, en el que se han eliminado (vía acción estatal) todas las restricciones territoriales, situación que les permite operar libremente en el espacio nacional; no hay transitoriedad, no hay innovación en el servicio, no hay reglas salvo las del propio mercado, las cuales son distorsionadas en función de los requerimientos de la élite económica. La restricción temporal que regulaba anteriormente a los monopolios también fue suprimida; a su vez, estas empresas poseen la libertad de operar económicamente como suministradores del servicio de televisión por cable, otro nicho más del mercado (potencial otorgador de cuasi rentas de privilegio) que afirmará a los monopolios a través de una cada vez mayor concentración y centralización del capital en manos de los grupos empresarios. Otro ejemplo más de cómo el Estado ha optado (y nada parece demostrar un cambio de rumbo) unilateralmente por la vía del mercado, pero no como el mecanismo de mejor asignación de los recursos (como siguen sosteniendo estérilmente los economistas neoclásicos), sino como el auto reflejo de la propia distorsión ante la consolidación de la alianza entre Estado y élite económica.

       Como señalan Azpiazu y Nochteff (1994) “cabe preguntarse si menos políticas estatales y más mercado no se transforma (...) en más coacción a través de las grandes empresas (...) si privatizar (...) y desregular es ceder la capacidad de regulación –de coacción- al mercado o termina siendo ceder la capacidad de regulación -de coacción- a la élite económica”.

       La concentración en manos de unos pocos (bajo las premisas del falso desarrollo y el asistencialismo) es el producto de un aparato decisor cuyos intereses son análogos a la intencionalidad manifiesta de la élite; es por ello que la economía argentina (y por qué no la sociedad) es una economía de adaptación que se expande en forma de “burbujas” en función de modelos de “desarrollo” trasplantados desde el exterior, y que por lo tanto, responden a los estímulos exógenos derivados de la convergencia de los intereses de la clase dominante del centro con los intereses de la clase dominante nacional, y no a un verdadero desarrollo que solucione los problemas de regresividad económica y desigualdades sociales. De esta manera, la Argentina ingresa a la cuarta fase de una tercera burbuja propiciada por el núcleo empresarial; fase cuya duración y término aún no es posible visualizar.

La innovación tecnológica es fundamental para el desarrollo socio económico de un país, una región, una ciudad o cualesquiera sean las formas en las que el espacio geográfico se encuentre desagregado; y los mecanismos necesarios para lograr niveles significativos de inversión e innovación no residen en monopolios o en contextos de competencia perfecta con mercados desregulados, sino en el quebranto de la alianza entre la élite económica y el aparato estatal, donde este último vigile de cerca el accionar de la primera, generando las condiciones necesarias para la obtención de cuasi rentas tecnológicas (y por ende, de desarrollo) y no la acumulación de beneficios extraordinarios.

 

 

CONSIDERACIONES FINALES

       En las últimas décadas se ha hecho especial énfasis en la necesidad de implementar diversos modelos de desarrollo que pongan fin a las distintas crisis socio económicas que afectan a nuestro país; pero las propuestas no pasan de ser meras recomendaciones que aluden concretamente a las restricciones del desarrollo y no a proyectos firmes con objetivos en el largo y el mediano plazo, y que en algunos casos manifiestan severas contradicciones.

       En primer lugar, se confunde crecimiento económico con desarrollo; se toma a ambos conceptos erróneamente como sinónimos, en forma indistinta, omitiendo el particular significado del desarrollo como herramienta indispensable para lograr una mejora en la calidad de vida de la población. Se hace hincapié en abultadas cifras numéricas y no en cuestiones más fundamentales como la progresividad de la distribución de las mismas.

       En segundo lugar, se identifica a las restricciones del desarrollo como aquellas que impiden el libre funcionamiento de los mercados; por lo tanto se intenta eliminar dichas restricciones restaurando la libertad de las fuerzas del mercado a través del fuerte apoyo estatal a la iniciativa privada. En una palabra: privatizaciones y menos Estado, más mercado y desregulación; asimismo, se concibe al capital privado como el medio imprescindible para lograr el tan ansiado desarrollo, y por lo tanto, se generan las condiciones necesarias para el proceso de acumulación del mismo, proceso que el discurso oficial sostiene que se hará extensivo a la sociedad civil toda.

       Dicho de esta manera, parecería que la postura oficial peca de un exceso de ingenuidad al suponer que el crecimiento económico privado provocaría un “derrame” sobre la población, con más y mejores empleos, menos pobreza y regresividad; al desconocer las fuerzas de concentración y periferización selectivas que consolidan las desigualdades socio espaciales, creyendo absurdamente que un mercado que puede operar libremente compensa los desequilibrios en lugar de acentuarlos; al implementar, finalmente, modelos de “desarrollo” transplantados desde el exterior o seguir a rajatabla los lineamientos de acreedores internacionales.

       Sin embargo, el Estado es consciente de las consecuencias de su accionar y de su permisibilidad; conoce las nefastas consecuencias de optar por la vía del mercado en forma unilateral y padece la inercia de los fracasos de estrategias similares anteriores. El mercado no es la solución; puede compensar desequilibrios coyunturales, no desigualdades estructurales. Y aunque poseyera la capacidad y los mecanismos para hacerlo, éstos serían contrarrestados y distorsionados por desequilibrios internos del propio mercado generados por las estrategias de acumulación del núcleo empresarial, o mejor dicho, por el accionar de un Estado que promueve las condiciones necesarias para que monopolios no innovadores se hagan con un volumen cada vez mayor de cuasi rentas de privilegio, en lugar de satisfacer los requerimientos y demandas de la población.

       Creemos que ya ha quedado suficientemente expuesto el conjunto de externalidades negativas que traería aparejadas el proceso desregulatorio y la consolidación de los monopolios. Sin embargo, consideramos útil desarrollar un bosquejo de las condiciones en las cuales intenta implementar modelos de desarrollo que, por demás, no se adecuan a la realidad social y territorial argentina y que responden a los intereses y objetivos de acumulación de la clase económica y políticamente dominante.

       El proceso de privatizaciones se desató a mediados de la década del 70´ y culminó a finales de los 90´; posee una fuerte correlación con el período al que mencionamos como las tres primeras fases de la tercera “burbuja” de la economía argentina. El Estado cedió ante las presiones de sus acreedores internacionales, quienes exigían la venta de empresas nacionales consideradas “deficitarias e ineficientes”, estimulaban la implementación de una estructura fiscal regresiva y promovían severos ajustes económicos sobre la población. Con activos en manos privadas y pasivos en poder del aparato estatal, los ajustes se volvieron recurrentes y se recrudecieron de tal manera que nos obliga a darle la razón a Oszlack cuando afirmaba que “el proceso de la reforma del Estado debe ser llevado a cabo en forma prudente (...) ya que es preferible una sobreestatización a una sobreprivatización (...) una sobreprivatización sólo beneficiaría a la sociedad mercantil, no a la civil”. (Oszlack, 1994). Una sobredesregulación no estaría exenta de consecuencias y efectos similares. 

      Ahora el Estado está cediendo nuevamente, pero esta vez frente a las exigencias de los grupos económicos, otorgándoles el poder de re-regular los mercados y sacrificando (una vez más) el objetivo del desarrollo económico y social. Su papel y esfera de actuación como dinamizador y agente activo en los procesos de acumulación a escala nacional y regional se están empequeñeciendo de manera tal que parece volverse un actor pasivo y neutral; sin embargo, sabemos que no es tal. Dinamiza (a través de privatizaciones y desregulación) a una minoría compuesta por ciertos sectores del capital privado adscritos a las estructuras del poder público y estanca a las mayorías; transfiere y externaliza los costos de unos a otros, de manera sutil pero inequívoca. Así se gesta la cuarta fase de una “burbuja” cuyas consecuencias sólo apuntan a una mayor exclusión y a una mayor concentración / centralización del capital.

0       La Argentina se caracteriza por ser un país en transición, es decir un país que muestra con claridad estar signado por las máximas condiciones de inestabilidad en todas sus estructuras, con desequilibrios internos autogenerados por la codicia de ciertos sectores de la estructura económica y la complicidad de la estructura política, con severas desigualdades y ninguna solución. Es el esquema de un proceso que se retroalimenta a sí mismo y que se materializa en una economía y sociedad cuyo patrón de articulación a las estructuras de la sociedad global parece ser el de una periferia que se desenvuelve en el caótico proceso de un pretendido desarrollo,  simulado por períodos de expansión (las “burbujas”) que responden a los intereses de unas minorías escasas en número, pero centrales al poder, y no al logro de un desarrollo equitativo para la mayor parte de la población.

        Así se manipula a la opinión pública, ya no con las promesas de un “derrame” de los beneficios obtenidos por el capital privado a la sociedad, sino con la premisa de que una competencia desregulada (re-regulada en este caso) obligaría a sustanciales innovaciones y mejoras en el servicio y que el principal beneficiado en última instancia sería el consumidor.

       La vía del mercado no parece ser la más adecuada cuando afecta la competitividad sistémica de la economía nacional; sin embargo, el sesgo neoliberal que caracteriza al discurso oficial sigue insistiendo en la idoneidad de sus mecanismos.

        Como señala Velázquez (2000), refiriéndose a los procesos macroeconómicos que tuvieron lugar durante buena parte de la década de los 90´:

       “También se produce un incremento de la concentración económica, con tendencia a la oligopolización de las actividades clave, todo ello con creciente polarización y conflictividad social. A pesar de haber enajenado casi la totalidad de las empresas estatales, la deuda externa se incrementó a más de 100.000 millones de U$S...”

       La deuda externa; otra herramienta de subordinación de la economía y sociedad argentinas. Si a su volumen le sumamos los pasivos de las empresas privatizadas (que no son pocos) y el déficit en la balanza comercial, la situación financiera no deja de ser débil, endeble y preocupante.

       La asimétrica distribución del ingreso es un dato a tener en cuenta; más del 51% de la riqueza generada en el país es percibida por el 20% más rico de la población. Vinculemos a este 20% con los sectores empresarios adscritos a las estructuras de poder que materializan a la élite económica argentina (y que manejan monopolios no innovadores ni transitorios a los que el Estado les ha cedido el poder de re-regular los mercados), sumémosle que gran parte de esa riqueza es remitida a casas matrices sitas en el exterior, añadiendo las características de la estructura social vigente a nivel nacional y sus articulaciones a escala regional y local, y obtendremos un panorama más claro (y menos alentador) de la situación.

       Hasta aquí se ha desarrollado una breve síntesis de las condiciones que constituyen las limitantes o restricciones más relevantes para con el desarrollo; creemos que la implementación efectiva de una desregulación que profundice los procesos de concentración del capital asentada en el privilegio influiría en forma más negativa aún sobre la situación expuesta. Un desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico (aunque reconocemos a este factor como importante y enormemente participativo en el proceso), o en “burbujas” que dejan enormes excedentes en manos de la élite económica y pauperización y precarización en vastos sectores de la sociedad, no puede ser considerado como tal; menos aún si agregamos que la ausencia de innovación tecnológica (dimensión fundamental para el desarrollo) es una característica intrínseca de los procesos de oligopolización de las actividades clave de la economía argentina.

 

 

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[1] J. A. Schumpeter (1912): “Teoría del desenvolvimiento económico. Una investigación sobre ganancias, capital, interés y ciclo económico”. Extracto presente en I. Furió (1996): “Evolución y cambio en la economía regional”.

[2] I. Furió (1996): “Evolución y cambio en la economía regional”.

[3] En realidad las imperfecciones no eran naturales del mercado, sino inducidas a éste a través del accionar de grupos económicos y compañías multinacionales que operan al amparo del Estado.

[4] La Industrialización Sustitutiva de Importaciones (I.S.I.) fue un proceso liderado e impuesto desde el centro económico mundial que involucró la progresiva industrialización la periferia, otorgándole un nuevo papel en la División Internacional del Trabajo. Los grupos hegemónicos locales que lideraron el modelo agroexportador se reestructuraron de manera tal que asumieron el liderazgo de las nuevas actividades industriales.

[5] El Estado argentino recibió hacia finales del 2000 un blindaje financiero que ascendió a los 39.700 millones de dólares, en cuyo otorgamiento participó activamente el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). La condición sine qua non para la recepción de tal préstamo involucró la firma de un Pacto Fiscal por parte de los gobernadores de las distintas provincias, cuyas posteriores y futuras implicancias sociales y territoriales podrían ser abordadas y analizadas por un trabajo de Calidad de Vida regional.

[6] El surgimiento de grupos multimedios da lugar a que se verifique un nuevo modelo y proceso de concentración de los servicios de comunicación e información  por parte de los grupos empresarios, fenómeno que, como veremos más adelante, podría acentuarse con el proceso de desregulación de las compañías telefónicas.

[7] La funcionaria María Julia Alsogaray se desempeñó como interventora de ENTel hasta mediados de 1990; la forma en que se llevó a cabo la privatización fue confusa durante su gestión, la cual careció de transparencia y estuvo signada por las irregularidades que fueron (y son) objeto de una investigación judicial. Resulta irónico, hoy en día, cuando ya prácticamente la desregulación de las compañías de teléfonos es un hecho, que la causa judicial no esté resuelta y aún falte constatar cierta documentación del paso de la empresa estatal a manos privadas.

[8] En un principio, la primera en competir con Movicom fue Miniphone (cuyo nombre real era Movistar SA) en el año 1993, empresa en la que Telefónica y Telecom compartían el 50 por ciento respectivamente. Años más tarde, Miniphone se disolvió dando lugar a Unifón y a Personal.

[9] Movicom introdujo la telefonía móvil en noviembre de 1989, en base a l o dispuesto en la licitación correspondiente a 1988 (cuando ENTel aún no había sido privatizada), manteniendo una posición monopólica firme. El ingreso al mercado por parte de Unifón, Personal, y más tarde CTI, desató una feroz competencia.

[10] La única innovación de carácter estructural realizada corresponde al surgimiento de la telefonía móvil (entendida dentro de los parámetros de innovación manejados por Schumpeter, como la introducción de un nuevo bien). La telefonía celular, sin embargo, siempre estuvo expuesta a la competencia, por lo tanto no se ajusta a la inminente desregulación que nos ocupa; por otra parte, entendemos a la aparición de la telefonía móvil como una nueva estrategia de acumulación del capital privado más que como una innovación que pretende una mejora sustancial del servicio. Es un claro ejemplo del mecanismo de aculturación al que hacíamos referencia al comienzo de este trabajo.

[11] Consultar, al respecto, “El trabajo de las naciones” de R. Reich. 1993. Javier Vergara Editor S.A. Pág. 185-186.

[12] Esto no significa en absoluto que las empresas CTI o Movicom sean poco competitivas; esta última, perteneciente al grupo Bellsouth (principal proveedor de telefonía básica en los Estados Unidos), fue el mayor rival de los monopolios gestados en los 90´ al hacerse efectiva la privatización de ENTel. Por lo tanto, al referirnos a la absorción de sus nichos de mercado por parte de Telefónica de España y France Telecom, hacemos énfasis en la protección estatal de la que gozaron estos últimos, proceso que derivó naturalmente en la oligopolización y consolidación en las estructuras del mercado. Dicho de otra manera, existirá una estructura dual: competencia formal-monopolio real.


Ponencia presentada en el Tercer Encuentro Internacional Humboldt. Salta, Argentina. Octubre de 2001.