“LAS SOCIEDADES DE FOMENTO Y LOS MOVIMIENTOS VECINALES ESPONTANEOS EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA. EL CASO DE LOS CONFLICTOS GENERADOS A PARTIR DE LA INSTALACION DEL PREDIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS.”

 

PEREZ, Mariana Alicia

Grupo de Investigación Ambientes Costeros

Facultad de Humanidades

Universidad Nacional de Mar del Plata

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Surge un conflicto a nivel territorial cuando existen diversos agentes que están interesados en producir espacios sociales distintos sobre un mismo territorio (Sanchez, 1996). Estos conflictos por incompatibilidad de funciones entre espacios tienen un lugar en múltiples situaciones, como por ejemplo: la instalación de un parque industrial, la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales, o la disposición final de los residuos sólidos, entre otros.

Cuando las decisiones se toman unilateralmente (sin implementar una gestión participativa) y a contramarcha de ciertos intereses de la sociedad, suelen presentarse conflictos y tensiones que pueden impulsar el surgimiento de modalidades organizativas minoritarias ligadas a la búsqueda de soluciones inmediatas. Sumado a esto, las crisis en distintas entidades públicas y el paralelo aumento de formas básicas de solidaridad[1], están acompañadas por una creciente discusión acerca de las posibilidades reales de protagonismo del ciudadano común.

De esta forma, la afectación directa a partir de determinado problema implica una participación de la minoría, en instancias de organización comunitaria o en movimientos activistas. Estos “movimientos” suponen fenómenos históricamente contingentes, creaciones sociales que salen a confrontar, normalmente, presuntos efectos críticos para los intereses del grupo o de quienes estos pretenden representar (Fernandez,1998).

Por lo antedicho, el objetivo del presente trabajo es el de analizar las recientes formas organizativas e intervenciones de los movimientos vecinales, del Sudoeste de la ciudad de Mar del Plata, en torno a la localización del predio de disposición final de residuos del distrito de General Pueyrredón, y sus repercusiones en el ámbito municipal.

 

EL PREDIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

En palabras de E. Leff[2]: “Hasta qué punto la problemática ambiental, que incide en forma desigual a diferentes grupos sociales, al generar una nueva percepción sobre la globalidad y complejidad de los problemas del desarrollo, incorpora principios y objetivos capaces de dar cohesión a los diferentes grupos afectados, para generar demandas comunes y una estrategia eficaz de transformación social?”.

Para este caso, y haciendo referencia a los vecinos de los barrios del sur de la ciudad; hasta qué punto la problemática de la instalación del nuevo predio de disposición final de los residuos, generadora de una nueva percepción de la complejidad de los problemas potenciales, incorpora objetivos capaces de dar cohesión a los diferentes vecinos afectados, para generar demandas comunes y una estrategia eficaz de transformación socioterritorial?. Contestar este interrogante conlleva a la realización de una breve introducción a esta problemática.

Hacia fines del año 1998 la empresa Coarco-Austral Fueguina gana de la licitación del predio de disposición final. Proponiendo la instalación del mismo en un predio de alrededor de 80 hectáreas ubicado al sur de la ciudad, sobre la avenida Antártida Argentina hacia el oeste, por el llamado camino viejo a Miramar, y a cuatro kilómetros al sur de la avenida Mario Bravo. El terreno ofrecido por la empresa adjudicataria se ubica entre los barrios Parque Hermoso, Santa Rosa y Antártida Argentina.

La propuesta de esta empresa es la instalación de un relleno sanitario que contempla el enterramiento, a no mucha profundidad, de las distintas capas de residuos que se van a ir tratando; también se plantea la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados, la cual enviaría los líquidos tratados a la Tercera Cloaca Máxima.

El pliego de licitación del predio indica que éste debe estar, como mínimo, a 2500 metros de un centro urbano con 50 habitantes por manzana; sin embargo, a 500 metros del lugar se encuentran la Escuela nº 44 y el Jardín de infantes nº 930 que reciben alrededor de 400 niños por día. Por otra parte, el sector cuenta con la granja educativa “La Pilarica” y con diversos campos polideportivos de colegios privados, los cuales son visitados diariamente por contingentes escolares.

El planteo de los vecinos es el siguiente: en un radio de 5 kilómetros del actual predio, lindante con el propuesto por Coarco, viven cerca de 40000 personas, las cuales están en contacto directo con las problemáticas[3] asociadas a los rellenos sanitarios.

Los vecinos se oponen al basural por varias razones, puntualmente detalladas: “a) enormes cavas se rellenan a cielo abierto, contaminando el aire (olor pútrido), el suelo y las napas de agua; b) ausencia absoluta de cualquier tipo de reciclado, selección o tratamiento de los residuos; y c) quema periódica[4] para reducir el volumen de desperdicios que produce un humo altamente tóxico e irritante a los ojos y mucosas. Además, el área posee numerosas quintas y establecimientos productores de animales de granja y derivados.” 

Asimismo, la mitad de esta zona está categorizada, según el Código de Ordenamiento Territorial, como residencial (R7) y rural extensivo (RE); de instalarse un nuevo relleno sanitario en el lugar se reduciría considerablemente la calidad y el valor inmobiliario, tanto de los lotes como de las viviendas.

Además, según la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Consejo Deliberante, el predio elegido no resultaría apto de acuerdo a informes geológicos[5] que indican que “se presenta en un bajo que se transforma en laguna y se encuentra en la divisoria de aguas entre la laguna de Ponce, cabecera del arroyo Las Chacras y la divisoria hacia el sudeste de la ciudad” a partir de las cuales se obtiene el agua que abastece a la ciudad.

Es a partir de esta problemática que se observa el “resurgimiento” y “afianzamiento” de las Sociedades de Fomento de los barrios afectados, directa e indirectamente, entre las que se destacan las de los barrios: El Martillo, Las Canteras, Santa Celina, Antártida Argentina, Parque Hermoso, Valle Hermoso, General Pueyrredón, Las Heras, Florencio Sanchez, Santa Rosa del Mar, Bosque Peralta Ramos, San Patricio, Los Acantilados, SOIP, Jardín de Peralta Ramos y Jardín Stella Maris.

Estas asociaciones de fomento plantearon la problemática ante las autoridades municipales, proponiendo la no instalación y/o reubicación del predio de disposición final, en otro sector del Partido de General Pueyrredón; planteo efectuado en base a estudios realizados por la Universidad local[6], en los cuales se proponen áreas más aptas para tal fin.

Sin embargo, el Ente Municipal de Servicio Urbano y otros organismos municipales siguieron adelante con lo previsto en el pliego de licitación. Por esta razón, “cuando el Ejecutivo toma decisiones que los vecinos consideran arbitrarias, y cuando el legislativo no puede responder a ellas, queda el Poder Judicial al que el vecino puede recurrir”[7], así las distintas entidades barriales comenzaron a realizar gestiones, a nivel judicial, tendientes a frenar las propuestas del gobierno local. “Los vecinos al no tener respuestas del poder político deben recurrir al poder judicial” [8]

Los vecinalistas reclamaron, en el ámbito judicial, cuatro puntos fundamentales, a saber: una nueva licitación, un predio de transferencia, el trabajo para la gente (recicladores), y la provisión de agua potable para la zona. Estos puntos son la base de los continuos pedidos realizados por la comunidad; a partir de ellos se logró la obtención de cuatro recursos de amparo, y el “no” otorgamiento, por parte de la Secretaría de Política Ambiental, del certificado de aptitud ambiental que es necesario para cualquier obra de infraestructura. 

Resulta importante mencionar que se logró anular la preadjudicación con la empresa que había ganado la licitación, y que se dio inicio a un nuevo camino administrativo, el cual conduce a la confección y reformulación de un pliego licitatorio más abierto; la adjudicación de un nuevo predio, a determinar mediante estudios específicos para tal fin; el llamado a audiencia pública, para tratar de resolver la temática entre todos los actores intervinientes; y la formación de una comisión evaluadora, integrada por distintas organizaciones y entidades vecinales, con el fin de seleccionar las ofertas más aptas y de controlar el funcionamiento de la seleccionada. 

 

REFLEXIONES FINALES

A lo largo de este trabajo se demostró la motivación y el accionar de los vecinos, al objetar la instalación de un predio de disposición de residuos en el sur de la ciudad, en pos del mejoramiento de su calidad de vida y de la no desvalorización del sector. También se dejaron en claro las marchas y contramarchas realizadas dentro del ámbito municipal, el juego de los actores políticos y sus intencionalidades.

Las formas asociativas que asumió la sociedad local, ya sea en la persona de las Sociedades de Fomento, de las Cooperativas escolares, o de las distintas entidades vecinales preocupadas por el tema, lograron, por la vía judicial, el cambio en el tipo de material que recibirá el relleno sanitario y la reformulación de los pliegos licitatorios.

Aunque la comunidad en su totalidad debería preocuparse por la temática de los desechos urbanos, solo los grupos, diréctamente afectados, salen al “enfrentamiento” con las autoridades responsables. Cabe destacar que si el Municipio incorporara los diferentes puntos de vista de la comunidad, desde el inicio del proceso o de la gestión de los residuos sólidos -cuando aún se encuentra evaluando alternativas de lugar y/o de tecnología- podría evitar potenciales contratiempos y esto, le permitiría focalizar el estudio sólo de los aspectos conflictivos.

Para finalizar, nos remitimos a segmentos extraídos de trabajos de Leff (1995) y de Bustos Cara (1997) respectivamente: “la emergencia de múltiples procesos de inequidad social y degradación del ambiente genera grandes desigualdades sociales” y “la sustentabilidad territorial puede describirse en términos de reproducción o reapropiación identitataria”. Con estas palabras, dejamos expuesta la necesidad de llegar a una “democracia participativa”[9], a partir de la cual las inquietudes, necesidades, problemáticas y propuestas de los vecinos, individuales o colectivos, se concreten dentro de todo ámbito municipal, y viceversa.

 

BIBLIOGRAFIA

î     Sanchez, J. “Espacio, economía y sociedad” Siglo XXI. Madrid. 1991.

î     Reboratti, C. “Teoría ambiental del territorio” Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. CIAM. UNMdP. Mar del Plata. 1996.

î     Fernández, R. “La ciudad verde. Manual de gestión ambiental urbana” CIAM. FAUD. UNMdP. Mar del Plata. 1998.

î     Pereyra, A. y Soria, L. “Los municipios y el desarrollo local hacia fines del milenio”. En  CD I Encuentro Internacional Humboldt. CEHU. Buenos Aires. 1999.

î     Pírez, P. y Gamallo, G. “Basura privada, servicio público. Los residuos en dos ciudades argentinas”. Centro Editro de América Latina. Buenos Aires. 1994.

î     Benencia, R. y Flood, C. “Las ONGs y sus relaciones con el Estado” Revista Realidad Económica nº 159. IADE. Buenos Aires. 1998.

î     Bustos Cara, R. “Mediaciones territoriales y desarrollo local”. Contribuciones Científicas de la 60º Semana de la Geografía. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. San Juan. 1999.

“Capacidad de acción comunal ante emergencias y calidad de vida urbana (vulnerabilidad institucional)”. En CD IV Seminario Latinoamericano de Calidad de Vida Urbana. CIG-FCH. UNCPBA. Tandil. 1998.