José María Julio Araya
(*)
(*) Prof. y Lic. en Historia;
Msc. en Relaciones Internacionales;
Facultad de Ciencias Humanas /
C.E.I.P.I. / U.N.C.P.B.A.
Caracterización
de la Revolución Científico – Tecnológica Mundial y sus efectos a nivel de la
economía y la política mundial.
Son escasos, en
Argentina, los trabajos que hacen del problema científico – tecnológico el nudo
central de análisis de las relaciones internacionales contemporáneas. Situación
paradójica pues en el ámbito académico internacional, y desde las más diversas
perspectivas conceptuales, el tema del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(CyT) se ha vuelto uno de los más importantes en los estudios de la economía y
la política internacional.
Así, por
ejemplo, R. Gilpin postula que el desarrollo de la tecnología industrial y el de
la ciencia moderna han sido definitorios en la configuración de la economía
mundial moderna, y que la existencia de un mercado caracterizado por una demanda
de mayor eficiencia y nuevos productos incentivó la materialización de esos
adelantos (Gilpin, 1990). Para Krippendorf la característica especial de nuestra
época, que la distingue de toda la historia que la precede, es el apareamiento
extraordinario de la ciencia y la tecnología, y el aprovechamiento consciente
del saber y los descubrimientos científicos para fines económicos. Sostiene,
entonces, que las relaciones internacionales se caracterizan por las
modificaciones sin precedentes históricos en la distribución del poder,
resultado de la amalgama de la ciencia, la tecnología y la economía, que
provocaron que el crecimiento económico, la movilización de los recursos y el
aprovechamiento de la tecnología en el campo del armamento, el poder económico y
el relativo a la política exterior progresivamente llegaran a significar lo
mismo (Krippendorf, 1985).
Rosenau postula una
dimensión tecnológica de la globalización con dinámica propia, la cual explica
el paso de la política regida nacional-estatalmente a la política policéntrica,
evidenciando en sus estudios sobre la ciencia política que el enorme y
perdurable auge de las tecnologías de la información y de la comunicación ha
otorgado nuevas cualidades a las dependencias internacionales.. Para él, el
advenimiento de la sociedad de la información y de la ciencia ha eliminado
distancias y fronteras, y ha determinado el surgimiento de nuevas comunidades
transnacionales fundadas, por ejemplo, en la ciencia (expertos) y también
estructuras transnacionales, como modos de trabajo, producción y cooperación,
que crean y estabilizan relaciones de cooperación o de crisis por encima y más
allá de las fronteras (Rosenau,1990).
Desde otros campos se
sostienen similares argumentaciones: para Lyotard, por ejemplo, el saber se ha
convertido en la principal fuerza de producción de lo que denomina sociedad
postindustrial y postmoderna, argumentando que el control del saber, en cuanto
mercancía informacional estratégica, será clave en la competencia mundial por el
poder, y también el más difícil escollo a superar para los países no
industrializados (Lyotard, 1986).
Más aún, algunos
autores han abonado la tesis que la crisis y disolución de la U.R.S.S., y el
bloque por ella liderado, se produjo porque su economía, estructurada de acuerdo
con los moldes más estrictos de la industria pesada que era clave en el
paradigma anterior, no pudo competir frente a los países que realizaron la
transformación productiva derivada de la Revolución Científico – Tecnológica
Mundial (Mires, 1996), situación que pudo tener su raíz en la carrera
armamentística a la que la U.R.S.S. se vio sometida desde fin de la Segunda
Guerra Mundial, que la llevó a aumentar en forma desproporcionada su presupuesto
para financiar su poderoso complejo militar – científico – industrial, con las
consecuencias ya conocidas (Araya, 1999).
En Argentina, ha sido
Aldo Ferrer el único que sistemáticamente ha señalado el impacto de la
tecnología y del conocimiento en el comportamiento del orden mundial, y también
dentro de cada realidad nacional. Para él la vinculación entre Tecnología y
Orden Mundial ha provocado el avance de las relaciones internacionales en todos
los planos, estrechando los vínculos de cada país con el entorno mundial (por el
desarrollo de los sistemas de transporte y de comunicaciones, la integración de
los mercados financieros, y la multiplicación del comercio y las inversiones),
reorientando asimismo la composición del comercio y las inversiones a escala
mundial.
La revolución
tecnológica y la circulación internacional de conocimientos en todas sus formas,
al impulsar nuevas tendencias en la producción y comercio mundiales, modificó
profundamente las relaciones internacionales, generando una decreciente
gravitación de los países menos desarrollados en el plano político y económico
mundial, lo que se visualiza en el funcionamiento de los foros y organismos
multilaterales (GATT, OCDE, FMI), en los cuales los problemas del mundo en
desarrollo son objeto de una atención marginal. Ferrer sostiene que esta
revolución modificó cada realidad nacional al transformar sus estructuras
productivas, las relaciones sociales y la distribución de la producción, proceso
que repercutió en la estructura de sus relaciones internacionales al alterar la
composición de la demanda y de la oferta de bienes y servicios, variando la
participación de cada país en el sistema económico internacional (Ferrer,
1986).
En efecto, se asiste
en el período actual a una era / revolución simultánea de la energía nuclear, la
electrónica, el desarrollo espacial, la informática, las telecomunicaciones, la
biogenética y los nuevos materiales, áreas en las cuales los profundos cambios
ocurridos encuentran una de sus causas determinantes en la articulación estrecha
y orgánica entre desarrollo científico, avances tecnológicos y su aplicación en
la esfera de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
(Martínez, 1994). Este espectacular crecimiento y desarrollo simultáneo de
varias ramas del conocimiento científico, y la inmediata aplicación de sus
resultados en la esfera de la producción, permite afirmar que estamos en
presencia de un verdadero proceso revolucionario: la Revolución Científico –
Tecnológica Mundial, con profundas
repercusiones en los diversos planos del sistema internacional.
El proceso transformador se
fundamenta en que el valor agregado de los nuevos bienes y servicios, productos
de esta Revolución, está en los conocimientos incorporados a ellos, más que en
sus materias primas, energía, capital o mano de obra.
Ahora bien, debe
señalarse que esta Revolución Productiva y Científico – Tecnológica ha tenido
lugar, centralmente, en los países industrializados, ya que el 85 % del esfuerzo
mundial en la materia se ha concentrado en tres actores: los Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea (UE), quienes ostentan la supremacía en el campo de la
innovación tecnológica . Fenómeno que se
refleja en los mercados mundiales por medio de una intensa competencia
internacional, en la que también irrumpieron en la década del ´80 los países
asiáticos de reciente industrialización, como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur
y Taiwán.
Esta creciente
competencia – y también cooperación
– ha influido en la globalización de los mercados y en la constitución de
bloques regionales, ya que se ha configurado un nuevo sistema de división
internacional del trabajo, conformado alrededor de economías con estructuras
comparables, integradas y complejas, capaces de asimilar el progreso en un ancho
frente, resultando de ello que el núcleo dinámico del comercio internacional sea
el intercambio de manufacturas intensivas en tecnología entre los países
industrializados.
Las nuevas
tecnologías requieren operar a escala mundial superando los límites estrechos de
los mercados nacionales; este proceso de globalización de las actividades
científico – tecnológicas se observa en que las empresas que producen bienes de
alta tecnología son fuertemente exportadoras, con un alto porcentaje de su
producción destinado al mercado mundial, lo que las convierte en fuertes
incentivadoras de una nueva ola de liberalización comercial e integración
productiva de la economía mundial: he aquí la arista globalizadora del avance
tecnológico.
S.
Gaveglio destaca el rol de las transnacionales en el proceso de globalización,
al indicar que la movilidad que ofrecen los avances tecnológicos transforma las
filiales de las empresas transnacionales, antes geográficamente dispersas y con
estructuras de producción fragmentadas, en redes de producción y distribución
integradas a nivel regional y global. Las 40.000 casas matrices y 250.000
sucursales en el extranjero, generan las 2/3 partes de todo el comercio mundial
a través de transacciones intrafirmas e interfirmas (Gaveglio, 1998).
Pero, dado que el
acceso y control de las tecnologías claves es indispensable para la
participación exitosa de un país o grupo de países en la economía mundial, y,
teniendo en cuenta el grado de competencia internacional – al que antes aludía –
entre los países industrializados, los pactos regionales (UE, NAFTA) permiten a
los estados miembros alcanzar los beneficios de la ampliación del mercado junto
con el reaseguro de un marco limitado para la competencia. Por ello, la manera
de compatibilizar la necesidad de proteger ciertos sectores y garantizar
mercados ampliados es a través de la integración económica regional. De esta
manera, los pactos regionales son la vía por la cual los países operan para
llevar a cabo la transformación productiva sin perjuicio para los grandes
sectores de su aparato productivo (Tussie y Casaburi, 1990).
Otro
evidente efecto generado por este fenómeno ha sido la pérdida de significación
de la producción y el comercio de productos primarios a nivel mundial, situación
que afecta directamente a la economía latinoamericana en su conjunto –y a la
Argentina en particular - , lo que obedece a la convergencia de una serie de
factores directamente relacionados con la Revolución Científico – Tecnológica:
la sustitución de productos naturales por sintéticos, y la disminución en la
intensidad de uso de materias primas por unidad de producción final.
Podría entonces
afirmarse que la Revolución Científico – Tecnológica Mundial, ha consolidado una
nueva división internacional del trabajo, que sustentada en un paradigma que combina la revolución
microelectrónica originada en los EE.UU. con el modelo flexible de organización
y gestión desarrollado en Japón, ha provocado una profunda reasignación de
recursos en favor de los países industrializados que lograron ingresar en esta
Tercera Revolución Industrial.
Cabría concluir
que, si uno de los efectos evidentes de la Revolución Científico – Tecnológica
Mundial ha sido la incorporación sistemática de los conocimientos científicos y
tecnológicos a todas las actividades humanas, también es cierto que al
convertirse el conocimiento en un factor estratégico y la investigación
científica en un proceso clave en el desarrollo económico, las Políticas en CyT
se han constituido en un resorte clave del mundo actual.
Los cambios en la agenda
internacional.
La visión tradicional sobre la función de los servicios
exteriores de los estados,
percibidos históricamente como organismos encargados de velar por la
defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial, el mantenimiento de
la paz, la solución de los conflictos con otros Estados, el mantenimiento de las
relaciones diplomáticas con terceros países, y el cumplimiento de las normas y
compromisos vigentes dentro del marco del derecho internacional (Gana, 1996) se
ha modificado en forma sustancial en el contexto actual, ya que ahora se debe
priorizar la resolución de los problemas derivados del profundo cambio provocado
por la Revolución Científico – Tecnológica, y sus múltiples efectos en el campo
de la economía y la política mundial.
En efecto, a partir de
mediados de la década del ´70 se ha perfilado un mundo que se caracteriza por
una acelerada diversificación de la agenda internacional y una multiplicación de
los temas y de los actores nacionales y transnacionales que entran a ocupar el
escenario internacional: la Revolución Productiva y Científico – Tecnológica
Mundial sitúa hoy a los países en una nueva perspectiva de su gestión
internacional, planteando a la política exterior nuevos desafíos.
Para E. Gana hay
numerosos y nuevos desafíos que los países deben afrontar, situando en una nueva
perspectiva a su gestión internacional, producto del proceso de globalización de
la economía y del cambio tecnológico asociado, entre los que identifica como
prioritarios (y asociados unos con otros) a la modernización de sus aparatos
productivos, la expansión y diversificación de sus exportaciones, la adquisición
de tecnologías externas y el proceso de desarrollo científico y tecnológico, la
articulación económica y física con otros países, la participación en los
avances en materia de educación y formación de recursos humanos, y el manejo de
la cooperación internacional (Gana, 1996).
Algunas de estas
cuestiones vienen siendo tratadas por D. Tussie, quien ha señalado que la
especialización y las ventajas comparativas son cada vez más centralmente
determinadas por la capacidad dinámica de un país de innovar, adoptar, imitar o
mejorar tecnologías, por lo cual sus capacidades en CyT son parte integral de su
política de desarrollo y un componente estructural de su sistema productivo, y,
por lo tanto, un determinante fundamental de su inserción internacional. A
partir de estas definiciones, Tussie acertadamente incluye como una cuestión
clave, en el debate sobre el diseño de la política exterior de los estados, el
problema del desarrollo científico – tecnológico (Tussie y Casaburi, 1990).
LA POLITICA EXTERIOR
ARGENTINA DURANTE EL PERIODO DEL DR. RAUL ALFONSIN (1983-1989).
La restauración de la
democracia en la Argentina, con la
llegada al poder del radical Raúl Alfonsín, coincidió con la
consolidación y expansión de los fenómenos internacionales ya analizados, los que sin duda fueron
tenidos en cuenta a la hora de formular algunos aspectos centrales de su
política exterior, entre ellos, la integración con Brasil.
En este sentido, el
Presidente Alfonsín profundizó y amplió este proceso, que se venía gestando
desde fines de la década del ´70, concretándolo en una serie de acuerdos que
alcanzaron su máxima expresión con
la firma del Programa de Integración y Cooperación Económica entre la
República Argentina y la República Federativa del Brasil (PICAB), firmado en
Brasilia el 10 de Diciembre de 1986 . Los Protocolos
suscritos señalan la importancia estratégica que se le otorgó a la Cooperación e
Integración Científico – Tecnológica como herramienta clave para la superación
de las causas estructurales de la falta de desarrollo, de modernización de sus
sociedades y a fin de acortar la brecha que en el campo de CyT separaba a ambos
países de los industrializados. Así los Protocolos firmados en las áreas de
Bienes de Capital, Energía, Biotecnología, Aeronáutica, Comunicaciones y
Cooperación Nuclear, reflejan la acertada percepción política de cuales eran los
núcleos dinámicos del cambio tecno-económico a nivel mundial. Analizaré, a
continuación, algunos de ellos.
En el Area de Bienes
de Capital se consideró que la modernización, expansión y desarrollo de este
sector resultaba de “importancia estratégica” para el crecimiento de ambas
economías y que la integración intrasectorial era “la forma más adecuada para la
expansión eficiente de la industria y el progreso tecnológico” . Definiciones que
señalan la creencia que la modernización sólo era posible a través de un
desarrollo industrial apuntalado en el afianzamiento de este sector. Idea luego
corroborada en el Protocolo de Fondo de Inversiones, fijado con el objetivo
general de “garantizar la asignación de recursos que estimule el crecimiento
equilibrado del comercio”, y especialmente del sector “bienes de capital”.
En Biotecnología se
estableció la necesidad de perfeccionar los recursos humanos y científicos de
los dos países, creando a tal efecto el Centro Argentino – Brasileño de
Biotecnología (CABBIO), destacando que la coordinación y realización conjunta de
actividades permitiría “el volumen de las inversiones necesarias para alcanzar
una escala adecuada de investigación y la reducción de costos” para impulsar el
área . En los anexos se apuntó que las
temáticas prioritarias serán Salud – Agropecuaria / Industria agroalimentaria –
Energía, donde se insta a la decidida participación del Sector Privado, al que
los respectivos gobiernos deben asegurar canales que la viabilicen.
En el Area Nuclear se alcanzó un alto grado de
especificidad, indicio del desarrollo existente en la materia en ambos países,
como así también de los contactos previos existentes entre sus comunidades
científicas. La cooperación se centró en el desarrollo conjunto o complementario
de elementos combustibles de alta densidad para reactores de investigación; en
materia de detectores, electrónica e instrumentación nuclear; de enriquecimiento
de isótopos estables; de investigaciones sobre física nuclear y física del
plasma; de técnicas de salvaguardias; y, a largo plazo, para la construcción de
un reactor rápido de demostración. Cabe mencionar que también se firmó un
Protocolo específico sobre Información inmediata y asistencia recíproca en casos
de acciones nucleares y emergencias radiológicas.
Los principios puestos en marcha con el PICAB reflejan la visión del
“alfonsinismo” –compartida por el gobierno brasileño- de que era necesario
adecuar la economía argentina y regional a las nuevas exigencias planteadas por
la producción y el comercio mundial a través de un proceso de reconversión
industrial, el cual permitiría un aumento del comercio industrial bilateral,
como así también de las exportaciones industriales a terceros países, aumentando
la competitividad internacional de su economía. Sustentado en el sector bienes de
capital, al que se consideraba un instrumento decisivo para generar y difundir
el cambio técnico en toda la estructura económica, permitiría al empresariado
argentino beneficiarse de los adelantos brasileños en la materia, y a estos
enfrentar la recesión que los afectaba, responsable de la capacidad ociosa y de
los problemas financieros que afrontaba.
Si el sector
bienes de capital fue considerado la pieza fundamental del programa, por sus
conocidos efectos de derrame sobre el resto de la economía, el proceso de
modernización económico y tecnológico debía completarse con el desarrollo de
otras industrias que, como la biotecnológica y la energética, tenían un
desarrollo relativo en la Argentina, pero afrontaban problemas en cuanto a la
escala del mercado o a la falta de formación de recursos humanos altamente
calificados.
Por ello,
considero que el otro elemento clave para la interpretación del PICAB es la
permanente referencia, en los protocolos sobre tecnologías de “punta”, a la
participación conjunta del sector empresarial privado con el sector académico
público, incorporando como estrategia central del programa la vinculación
Universidad – Empresa, cuestión que la Revolución Científico – Tecnológica
Mundial había colocado en el centro de la escena.
Resulta llamativa la
omisión de un Protocolo específico en el área de la Informática, clave en el
nuevo paradigma global, e imprescindible en un proyecto de reconversión y
modernización tecnológica como era, conceptualmente, el PICAB. Quizás la
explicación a esta omisión pueda encontrarse en la postura del gobierno y
empresariado brasileño, que estableció una serie de restricciones y reserva de
mercado en relación a la industria informática.
Por otra parte, merece
destacarse que si se firmaron Protocolos en los sectores Siderúrgico y
Automotriz, en los que se propiciaban desde acuerdos entre empresas siderúrgicas
de ambos países – con el objetivo de maximizar el uso de las respectivas
capacidades instaladas – hasta el aumento de los índices de nacionalización, en
especial de los componentes de elevado valor agregado o de elevado contenido
tecnológico, respectivamente. En relación a estos Protocolos – que corresponden
a industrias claves del anterior paradigma global – estarían indicando la
importancia que mantenían en la economía argentina, en la que convivían grandes
empresas de capital nacional y multinacionales que no querían quedar marginadas
de los posibles beneficios del proceso de ampliación del mercado.
Por último,
resaltar que en la concreción del PICAB, resultó decisiva la notable
comunicación entre las comunidades científicas de Argentina y Brasil, la
formación en el exterior de un influyente sector de la misma, el apego a las
escuelas económicas estructuralistas en técnicos y funcionarios, y la
aparición pública de prestigiosos
intelectuales que fundamentaban la necesidad de un eje estratégico Brasilia –
Buenos Aires a partir de una precisa lectura de las tendencias políticas,
económicas y tecnológicas mundiales.
LA POLITICA EXTERIOR
ARGENTINA DURANTE EL MANDATO DEL DR. CARLOS S. MENEM
(1989-1999).
La aguda crisis
político- económica que sufrió el radicalismo en el último tramo de su mandato,
provocó no sólo el triunfo electoral del Partido Justicialista, sino también la
adelantada llegada al poder del Dr. Carlos S. Menem, quien pronto mostró sus
preferencias por los mecanismos de mercado y por una profunda reorientación de
la Política Exterior Argentina.
Se sostuvo la
necesidad de abandonar posturas doctrinarias que habían llevado al país al
aislamiento y a la confrontación con los países occidentales industrializados,
jerarquizando en cambio un sentido más pragmático de la realidad basado en la
cooperación con las naciones del Primer Mundo; acercamiento y búsqueda de
alianzas con EE.UU. y la Unión Europea; profundización del proceso de
integración con Brasil como plataforma de construcción del MERCOSUR, y
permanentes intentos de ampliación del mismo (Chile y Bolivia), ya que la
globalización de la economía sólo permitiría negociar espacios a través de
grandes bloques o espacios semicontinentales o continentales; fomento de una
estrategia que haga del comercio, de los negocios, de las inversiones y de los
préstamos uno de los ejes de la política exterior argentina
Postulados que
tuvieron su correlato interno en la preeminencia de una ideología liberal que
tuvo como objetivo llevar a cabo el proceso de ajuste y reforma del estado a
través de la privatización de las más importantes empresas públicas, principales
usuarios del sistema de CyT argentino. Asimismo, se inició una profunda apertura
de la economía local a los flujos del comercio, el capital y la tecnología
internacional.
En cuanto a los
lineamientos de política exterior vinculados a los aspectos científico –
tecnológicos se llevó a cabo una profunda reforma del proyecto de desarrollo
nuclear autónomo y la desactivación de los planes de construcción de armas de
destrucción masiva, tal el caso del misil Cóndor. Este proceso, junto con
la adhesión a los acuerdos
internacionales en dichas materias, consideraba el “menemismo” que serían el
fundamento para que Argentina dejara de ser visualizado por las potencias
occidentales como un país imprevisible y peligroso, y lograr, entonces,
nuevamente acceso a tecnologías claves de punta que permitieran la modernización
del país.
Las reformas
implementadas, a fin de adecuarse a las exigencias de seguridad, técnicas y
financieras de los organismos internacionales significaron de hecho el abandono
de un modelo propio de desarrollo.
Situación que se desprende de las palabras del canciller Di Tella cuando
señaló que la reforma implementada “implica que no queremos seguir con un
desarrollo tecnológico autárquico”.
Paralelamente a estas
cuestiones, se reorientó el proceso de integración con Brasil en un doble
sentido: se lo direccionó hacia formas más comercialistas – si el parámetro es
el PICAB - y se lo amplió a los países vecinos más ligados histórica y
económicamente a ambos: Uruguay y Paraguay. Así, en marzo de 1991 nace el
MERCOSUR, mediante la firma del Tratado de Asunción.
En el mismo se
estableció “la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico y de
modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los bienes
disponibles” . Un año después
se resolvió “Crear la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología cuyo objeto
será promover el estudio de los aspectos vinculados a esta materia, con vistas a
la integración de las instituciones de investigación y a la formulación de
lineamientos básicos para las políticas científicas y tecnológicas del
MERCOSUR”..
Entonces, el
nuevo camino abierto en el proceso de integración regional contempló también la
importancia del desarrollo científico – tecnológico para una inserción exitosa
del país y la región en el nuevo contexto global, si bien no se ubicó
conceptualmente a este campo como prioritario, tal como si había sucedido con el
PICAB.
No obstante,
algunas iniciativas que comenzaron a gestarse en la segunda mitad del primer
mandato de Menem, como así también una serie de cambios en la dirección de los
principales organismos de CyT indicarían que en los últimos años se generó un
profundo debate sobre la validez y adecuación de las políticas implementadas en
el área.
Es indudable que al
consolidarse un nuevo modelo de funcionamiento de la economía mundial, los
sectores gobernantes percibieron la necesidad de replantear las políticas e
instituciones de CyT, al considerar que las mismas habían quedado obsoletas en
relación a la realidad interna e internacional actual, puesto que el modelo
tecnológico implementado se asociaba a la sustitución de importaciones que había
imperado décadas atrás (Bisang, 1995).
Como resultado de ese
debate puede observarse la puesta en práctica de una reestructuración
institucional del sistema de CyT de Argentina, que si bien tiene algunos
antecedentes en los años previos, es lanzado decididamente en 1996, en el marco
de la Segunda Reforma del Estado, y como parte de la reestructuración del
Ministerio de Cultura y Educación (Decreto 1274). Se aprueba una nueva
estructura para la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT), que derivó en la
creación del Gabinete Científico – Tecnológico (GACTEC) y de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica (la Agencia). La importancia del GACTEC
está dada por su conformación al más alto nivel político: el Jefe del Gabinete
de Ministros, los Ministros de Cultura y Educación, de Economía, de Salud y
Acción Social, de Relaciones Exteriores, y de Defensa, y tres Secretarios de
Estado: de Recursos Naturales, de Control Estratégico y de Ciencia y
Tecnología.
En dicho documento se
explícita que el marco conceptual del mismo ha sido elaborado y orientado en
base al debate internacional sobre políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
y a las peculiaridades de la situación argentina. Asimismo que la Cooperación
Internacional en Ciencia y Tecnología constituye un instrumento estratégico a
fin de posesionar adecuadamente al país en el nuevo contexto internacional
globalizado y, al mismo tiempo, regionalizado, y aprovechar mejor las
oportunidades que el mismo ofrece para reducir la brecha que separa a la
Argentina de los países industrializados. En tal sentido se han iniciado
acciones comunes, entre la SECyT y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, a fin de otorgarle continuidad e impulso a las
políticas de Cooperación Internacional en la materia.
Esto indica la
existencia de una visión acorde a los nuevos desafíos que ha planteado a la
Política Exterior de los estados la expansión del fenómeno de la Revolución
Científico – Tecnológica Mundial.
En cuanto a los
aspectos estratégicos de la cooperación internacional en CyT, se indica la
necesidad de extender la integración política y comercial en marcha desarrollada
en el marco del MERCOSUR, con gestiones tendientes a una política de CyT con
elementos comunes que permitan potenciar la actividad de los países signatarios
, especialmente con Brasil. Al respecto, los proyectos INFOVIA / MERCOSUR, y
SIGMA aparecen como los de mayor relevancia en dicha estrategia.
La política en
relación a la Informática, es la que ha registrado mayores contradicciones y
vaivenes en el proceso de cooperación. En sus orígenes se tendió a la
investigación académica y formación de recursos humanos conjuntos, alcanzando
algunos acuerdos interempresarios, si bien no se formalizó esa cooperación en el
marco oficial, ya que no se la incluyó en los Protocolos suscritos en el PICAB.
Recién en 1987 se suscribió un Acuerdo Complementario cuyo desarrollo
pareció convertirlo en un punto de referencia a nivel mundial, pero se diluyó
rápidamente, entrando en crisis a partir de 1989.
El Proyecto de Plan
Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000 presentado parte del
reconocimiento del rol central de las Actividades Científico – Tecnológicas
(ACT) para el desarrollo económico y social sustentable, para la construcción de
un estado moderno y eficiente, para la reducción de los desequilibrios
regionales, y para la inserción competitiva del país en la economía mundial.
Asimismo postula el desarrollo de políticas regionales, sectoriales y sobre
temas específicos, vinculadas a la reducción de los desequilibrios regionales y
sociales, al fortalecimiento de los sectores con mayor potencial de inserción
internacional, y a la consolidación y desarrollo de actividades estratégicas
consideradas prioritarias.
Las Políticas
Sectoriales consideradas prioritarias son la Producción Agroalimentaria, la
Minería, la Educación, la Salud, y los Recursos Naturales y Medio Ambiente. En relación a las Políticas sobre temas
específicos que se busca potenciar, se mencionan la Biotecnología y el Mar
Argentino.
Ahora bien, estos
enunciados explícitos debemos analizarlos desde el punto de vista de las
políticas implícitas, cuyo mejor parámetro son los Indicadores de Ciencia y
Tecnología, que permiten efectuar un diagnóstico global de las ACT en general, y
de la I+D, en particular.
En la Argentina la
inversión en CyT en relación al PBI alcanza al 0,37 % del mismo; si esa
inversión es analizada en relación al origen Público o Privado del
financiamiento, puede observarse que el 85 % es otorgado por organismos
públicos, los que a su vez representan el 86 % de los investigadores. El total
de investigadores censados es de 20.825, y el personal técnico de 9.380
personas. Si se considera el total de Patentes concedidas para el período
1990-1994, puede observarse que a la Argentina corresponde un total de 7.460, de
las cuales el 20 % (1512) fueron otorgadas a titulares locales, mientras que el
80 % restante (5.948) concedidas a titulares extranjeros. Más allá de estas
cifras, la evolución del período muestra un claro proceso de extranjerización,
ya que para 1990 un 32,37 % de las patentes se había otorgado a titulares
locales, número que descendió al 21,03 % para 1994 (Araya et al., 1998).
Un análisis del
Crédito Presupuestario otorgado por el Gobierno Nacional en 1997, discriminado
por Organismo de CyT, y de lo proyectado para 1998, revela algunas cuestiones
centrales sobre la concepción imperante para el desarrollo científico –
tecnológico de la Argentina: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) representaba el 16,41 % del presupuesto global para 1997, proyectándose
un aumento para 1998 que lo acercaba al 18 %, constituyéndose de esa manera en
el segundo organismo con mayor dotación presupuestaria del país, por encima del
conjunto de las Universidades Nacionales.
El objetivo del INTA es
contribuir a asegurar una mayor competitividad del sector agropecuario, forestal
y agroindustrial, siendo su clientela las grandes, medianas y pequeñas empresas
rurales a las que se busca otorgar asistencia técnica acorde a los
requerimientos de la frontera internacional en la materia. Cuestión vinculada al
modelo de desarrollo económico vigente, sostenido en la Producción
Agroalimentaria, donde se focaliza
el esfuerzo de investigación y desarrollo en ocho cadenas productivas de mayor
potencial en términos de dimensión, potencial de crecimiento e impacto regional:
algodón, carne vacuna, frutas de pepita, lácteos, miel, oleaginosas, aceites,
trigo y vinos.
Ahora bien, en el
Programa para la Producción Agroindustrial el Gobierno sostiene que el país
desde la década del ´70 asiste a un
proceso de cambio técnico en el sector agropecuario, que se aceleró en los ´80 y
se consolidó en los ´90, favorecido por los cambios en las políticas económicas
y la instalación de empresas transnacionales – dotadas de tecnologías de “punta”
-, situación que determinó una verdadera revolución tecnológica en el sector.
En ese proceso de
cambio resultó crucial el rol de las empresas privadas – transnacionales – que
proveen los insumos tecnológicos (tecnologías apropiables), y del sector público
– a través del INTA – que provee las tecnologías agronómicas (tecnologías no
apropiables) necesarias para la correcta utilización de los insumos.
Un detenido análisis
de los documentos oficiales indica que no sólo el INTA realiza actividades de
innovación tecnológica en el ámbito agropecuario, sino que además el 53 % de
investigadores y becarios del sector corresponden a las Universidades
Nacionales, las que ejecutan un 44 % del total de 2.600 proyectos de
investigación en el área, de lo que resultaría que el sistema universitario
aporta en el orden de los 24 millones de pesos. Similar monto de su presupuesto
destina el CONICET a las investigaciones agroindustriales (24,8 millones de
pesos), mientras que de su escasos fondos, el INTI dirige 7 millones a esta
finalidad. Resulta, entonces, que
el sector agropecuario es el prioritario en la Argentina desde el punto de vista
de las políticas explícitas e implícitas.
Además, la SECyT y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina se han mostrado muy activos en
la concreción de diversos acuerdos internacionales que incluyen al INTA, entre
ellos, el logrado con su símil brasileño, EMBRAPA, y empresas privadas de ambos
países, vinculado a mejorar la productividad del sector papero, teniendo en
cuenta que este producto ocupa por su volumen de colocaciones el cuarto lugar en
el mundo con una producción de 250 millones de toneladas, de la cual el MERCOSUR
apenas representa el 2,5 %.
Así, las políticas en CyT a nivel
interno e internacional, parecen encaminarse decididamente a “actualizar” un
modelo de relación económica con los países industrializados que ya ofrece pocas
ventajas, puesto que el rol de proveedor de alimentos va a contramarcha de las
tendencias imperantes en la producción y el comercio mundial.
CONCLUSIONES.
La modificación sin
precedentes del orden mundial que se observa en las últimas décadas es producto
del advenimiento de la sociedad de la información y de la ciencia, que impulsó
nuevos núcleos dinámicos en la producción y el comercio internacional,
convirtiendo al saber en la principal fuerza de producción, y marginando a
aquellos países que no pudieron adecuar su estructura productiva a la nueva
situación.
Este fenómeno también
ha impactado en cada realidad nacional, a nivel interno y de sus relaciones
internacionales, al variar su participación en el sistema económico mundial.
Proceso que se visualiza en la Argentina a partir de mediados de los años ´70 en
que entra definitivamente en crisis el modelo de industrialización sustitutivo
imperante.
Situación que
cristalizó, en la década del ´90, en que la economía argentina evolucionó hacia
un modelo tecno –productivo que tiende a delinear una nueva forma de acumulación
y distribución de la riqueza, en la cual se observa la pérdida de hegemonía de
la industria como factor de crecimiento y de ocupación, y el eventual
resurgimiento de actividades “recursos naturales – intensivas”, haciendo
referencia con ello a que se trata de funciones de producción intensivas en el
uso de algunos de los recursos naturales abundantes en el país (tierra, gas,
petróleo, etc.). Actividades que tienen como sustento común cierta ampliación de
las fronteras de recursos naturales, tal el caso de la producción
agroindustrial, la pesca, la extracción de petróleo, la forestación o la
minería.
Ello explicaría el
desmoronamiento de algunos ejes centrales de la política exterior argentina
durante la década del ´80, en los que el PICAB fue un caso paradigmático, ya que
apuntaba claramente a una profundización y diversificación del proceso
industrializador de la Argentina, en el cual tenía un rol central su
apuntalamiento a través de las tareas de I+D a nivel interno y también de la
cooperación internacional. También que el peso político-económico de algunos
complejos industriales propios del paradigma anterior no favorecieron la
reconversión industrial que se pretendió poner en marcha.
Por el contrario, como
ya se ha visto, las prioridades de inversión en el área científico-tecnológica
durante los años noventa parecen haberse volcado decididamente a la
modernización de las actividades “recursos naturales – intensivas”, en
particular las vinculadas a la producción agroindustrial. Cuestión que se ve sustentada, además,
en la omisión de planes específicos referidos a las producciones más dinámicas
del nuevo paradigma tecnológico, como la informática o los nuevos
materiales.
Asimismo, la inversión
en CyT que realiza la Argentina no sólo está muy por debajo de los parámetros
internacionales en términos de porcentaje sobre el PBI, sino también en relación
al aporte del sector privado, cuestión que dificulta seriamente cualquier
intento de acercamiento a la frontera internacional en la materia.
Si bien los sectores
políticos hegemónicos en las dos últimas décadas han comprendido el peso
decisivo del conocimiento y la investigación científica en el desarrollo
económico, y que las políticas en CyT se han constituido en un resorte clave del
mundo actual, las políticas que han impulsado o fracasaron o sólo buscan
“modernizar” la estructura productiva argentina en un sistema de relacionamiento
con los países industrializados cuyas ventajas ya no son tan obvias.
Desde el punto de
vista teórico, quiero señalar que el presente trabajo pretende ser un aporte
dirigido a validar la estrecha existente en el sistema internacional
contemporáneo entre los aspectos políticos – económicos y los científicos –
tecnológicos.
También, reafirmar que el análisis del desarrollo
científico – tecnológico debe efectuarse a través de la asociación de dos
tradiciones analíticas: la economía política y el análisis de las políticas
públicas, enfoques complementarios que postulan la relevancia de lo político en
general, y del rol del estado en particular.
Asimismo, postular que
las variables internacionales son un factor de crucial importancia en la
adopción de las políticas públicas,
punto de partida para introducir las variables nacionales como elementos
decisivos en la comprensión de los procesos de construcción de las políticas
científico – tecnológicas, las que resultan una dimensión decisiva en la
formulación actual de las políticas exteriores, dado que la Revolución en CyT ha
colocado esta cuestión como problema prioritario a resolver.
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