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Asunto:[encuentrohumboldt] 56/04 - LA REVOLUCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA MUNDIAL Y LAS NUEVAS FORMAS DE DESARROLLO DE LA POLITICA EXTERIOR
Fecha:Martes, 9 de Marzo, 2004  20:02:12 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

“ LA REVOLUCION CIENTIFICO – TECNOLOGICA MUNDIAL Y LAS NUEVAS FORMAS DE DESARROLLO DE LA POLITICA EXTERIOR. EL CASO DE LA ARGENTINA” (1983-1999).

 

José María Julio Araya (*)

(*) Prof. y Lic. en Historia; Msc. en Relaciones Internacionales;

Facultad de Ciencias Humanas / C.E.I.P.I. / U.N.C.P.B.A.

 

Caracterización de la Revolución Científico – Tecnológica Mundial y sus efectos a nivel de la economía y la política mundial.

     Son escasos, en Argentina, los trabajos que hacen del problema científico – tecnológico el nudo central de análisis de las relaciones internacionales contemporáneas. Situación paradójica pues en el ámbito académico internacional, y desde las más diversas perspectivas conceptuales, el tema del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (CyT) se ha vuelto uno de los más importantes en los estudios de la economía y la política internacional.

 

       Así, por ejemplo, R. Gilpin postula que el desarrollo de la tecnología industrial y el de la ciencia moderna han sido definitorios en la configuración de la economía mundial moderna, y que la existencia de un mercado caracterizado por una demanda de mayor eficiencia y nuevos productos incentivó la materialización de esos adelantos (Gilpin, 1990). Para Krippendorf la característica especial de nuestra época, que la distingue de toda la historia que la precede, es el apareamiento extraordinario de la ciencia y la tecnología, y el aprovechamiento consciente del saber y los descubrimientos científicos para fines económicos. Sostiene, entonces, que las relaciones internacionales se caracterizan por las modificaciones sin precedentes históricos en la distribución del poder, resultado de la amalgama de la ciencia, la tecnología y la economía, que provocaron que el crecimiento económico, la movilización de los recursos y el aprovechamiento de la tecnología en el campo del armamento, el poder económico y el relativo a la política exterior progresivamente llegaran a significar lo mismo (Krippendorf, 1985).    

 

     Rosenau postula una dimensión tecnológica de la globalización con dinámica propia, la cual explica el paso de la política regida nacional-estatalmente a la política policéntrica, evidenciando en sus estudios sobre la ciencia política que el enorme y perdurable auge de las tecnologías de la información y de la comunicación ha otorgado nuevas cualidades a las dependencias internacionales.. Para él, el advenimiento de la sociedad de la información y de la ciencia ha eliminado distancias y fronteras, y ha determinado el surgimiento de nuevas comunidades transnacionales fundadas, por ejemplo, en la ciencia (expertos) y también estructuras transnacionales, como modos de trabajo, producción y cooperación, que crean y estabilizan relaciones de cooperación o de crisis por encima y más allá de las fronteras (Rosenau,1990).

 

     Desde otros campos se sostienen similares argumentaciones: para Lyotard, por ejemplo, el saber se ha convertido en la principal fuerza de producción de lo que denomina sociedad postindustrial y postmoderna, argumentando que el control del saber, en cuanto mercancía informacional estratégica, será clave en la competencia mundial por el poder, y también el más difícil escollo a superar para los países no industrializados (Lyotard, 1986).

 

      Más aún, algunos autores han abonado la tesis que la crisis y disolución de la U.R.S.S., y el bloque por ella liderado, se produjo porque su economía, estructurada de acuerdo con los moldes más estrictos de la industria pesada que era clave en el paradigma anterior, no pudo competir frente a los países que realizaron la transformación productiva derivada de la Revolución Científico – Tecnológica Mundial (Mires, 1996), situación que pudo tener su raíz en la carrera armamentística a la que la U.R.S.S. se vio sometida desde fin de la Segunda Guerra Mundial, que la llevó a aumentar en forma desproporcionada su presupuesto para financiar su poderoso complejo militar – científico – industrial, con las consecuencias ya conocidas (Araya, 1999).     

 

     En Argentina, ha sido Aldo Ferrer el único que sistemáticamente ha señalado el impacto de la tecnología y del conocimiento en el comportamiento del orden mundial, y también dentro de cada realidad nacional. Para él la vinculación entre Tecnología y Orden Mundial ha provocado el avance de las relaciones internacionales en todos los planos, estrechando los vínculos de cada país con el entorno mundial (por el desarrollo de los sistemas de transporte y de comunicaciones, la integración de los mercados financieros, y la multiplicación del comercio y las inversiones), reorientando asimismo la composición del comercio y las inversiones a escala mundial.  

 

     La revolución tecnológica y la circulación internacional de conocimientos en todas sus formas, al impulsar nuevas tendencias en la producción y comercio mundiales, modificó profundamente las relaciones internacionales, generando una decreciente gravitación de los países menos desarrollados en el plano político y económico mundial, lo que se visualiza en el funcionamiento de los foros y organismos multilaterales (GATT, OCDE, FMI), en los cuales los problemas del mundo en desarrollo son objeto de una atención marginal. Ferrer sostiene que esta revolución modificó cada realidad nacional al transformar sus estructuras productivas, las relaciones sociales y la distribución de la producción, proceso que repercutió en la estructura de sus relaciones internacionales al alterar la composición de la demanda y de la oferta de bienes y servicios, variando la participación de cada país en el sistema económico internacional (Ferrer, 1986).

 

     En efecto, se asiste en el período actual a una era / revolución simultánea de la energía nuclear, la electrónica, el desarrollo espacial, la informática, las telecomunicaciones, la biogenética y los nuevos materiales, áreas en las cuales los profundos cambios ocurridos encuentran una de sus causas determinantes en la articulación estrecha y orgánica entre desarrollo científico, avances tecnológicos y su aplicación en la esfera de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Martínez, 1994). Este espectacular crecimiento y desarrollo simultáneo de varias ramas del conocimiento científico, y la inmediata aplicación de sus resultados en la esfera de la producción, permite afirmar que estamos en presencia de un verdadero proceso revolucionario: la Revolución Científico – Tecnológica Mundial,[1] con profundas repercusiones en los diversos planos del sistema internacional.           

 

    El proceso transformador se fundamenta en que el valor agregado de los nuevos bienes y servicios, productos de esta Revolución, está en los conocimientos incorporados a ellos, más que en sus materias primas, energía, capital o mano de obra.

 

     Ahora bien, debe señalarse que esta Revolución Productiva y Científico – Tecnológica ha tenido lugar, centralmente, en los países industrializados, ya que el 85 % del esfuerzo mundial en la materia se ha concentrado en tres actores: los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (UE), quienes ostentan la supremacía en el campo de la innovación tecnológica[2] . Fenómeno que se refleja en los mercados mundiales por medio de una intensa competencia internacional, en la que también irrumpieron en la década del ´80 los países asiáticos de reciente industrialización, como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán.  

 

     Esta creciente competencia – y  también cooperación – ha influido en la globalización de los mercados y en la constitución de bloques regionales, ya que se ha configurado un nuevo sistema de división internacional del trabajo, conformado alrededor de economías con estructuras comparables, integradas y complejas, capaces de asimilar el progreso en un ancho frente, resultando de ello que el núcleo dinámico del comercio internacional sea el intercambio de manufacturas intensivas en tecnología entre los países industrializados.

 

      Las nuevas tecnologías requieren operar a escala mundial superando los límites estrechos de los mercados nacionales; este proceso de globalización de las actividades científico – tecnológicas se observa en que las empresas que producen bienes de alta tecnología son fuertemente exportadoras, con un alto porcentaje de su producción destinado al mercado mundial, lo que las convierte en fuertes incentivadoras de una nueva ola de liberalización comercial e integración productiva de la economía mundial: he aquí la arista globalizadora del avance tecnológico.

 

        S. Gaveglio destaca el rol de las transnacionales en el proceso de globalización, al indicar que la movilidad que ofrecen los avances tecnológicos transforma las filiales de las empresas transnacionales, antes geográficamente dispersas y con estructuras de producción fragmentadas, en redes de producción y distribución integradas a nivel regional y global. Las 40.000 casas matrices y 250.000 sucursales en el extranjero, generan las 2/3 partes de todo el comercio mundial a través de transacciones intrafirmas e interfirmas (Gaveglio, 1998).

 

     Pero, dado que el acceso y control de las tecnologías claves es indispensable para la participación exitosa de un país o grupo de países en la economía mundial, y, teniendo en cuenta el grado de competencia internacional – al que antes aludía – entre los países industrializados, los pactos regionales (UE, NAFTA) permiten a los estados miembros alcanzar los beneficios de la ampliación del mercado junto con el reaseguro de un marco limitado para la competencia. Por ello, la manera de compatibilizar la necesidad de proteger ciertos sectores y garantizar mercados ampliados es a través de la integración económica regional. De esta manera, los pactos regionales son la vía por la cual los países operan para llevar a cabo la transformación productiva sin perjuicio para los grandes sectores de su aparato productivo (Tussie y Casaburi, 1990).

 

       Otro evidente efecto generado por este fenómeno ha sido la pérdida de significación de la producción y el comercio de productos primarios a nivel mundial, situación que afecta directamente a la economía latinoamericana en su conjunto –y a la Argentina en particular - , lo que obedece a la convergencia de una serie de factores directamente relacionados con la Revolución Científico – Tecnológica: la sustitución de productos naturales por sintéticos, y la disminución en la intensidad de uso de materias primas por unidad de producción final. 

 

      Podría entonces afirmarse que la Revolución Científico – Tecnológica Mundial, ha consolidado una nueva división internacional del trabajo, que sustentada en un  paradigma que combina la revolución microelectrónica originada en los EE.UU. con el modelo flexible de organización y gestión desarrollado en Japón, ha provocado una profunda reasignación de recursos en favor de los países industrializados que lograron ingresar en esta Tercera Revolución Industrial.

 

 

      Cabría concluir que, si uno de los efectos evidentes de la Revolución Científico – Tecnológica Mundial ha sido la incorporación sistemática de los conocimientos científicos y tecnológicos a todas las actividades humanas, también es cierto que al convertirse el conocimiento en un factor estratégico y la investigación científica en un proceso clave en el desarrollo económico, las Políticas en CyT se han constituido en un resorte clave del mundo actual.

 

Los cambios en la agenda internacional.

 

       La  visión tradicional  sobre la función de los servicios exteriores de los estados,  percibidos históricamente como organismos encargados de velar por la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial, el mantenimiento de la paz, la solución de los conflictos con otros Estados, el mantenimiento de las relaciones diplomáticas con terceros países, y el cumplimiento de las normas y compromisos vigentes dentro del marco del derecho internacional (Gana, 1996) se ha modificado en forma sustancial en el contexto actual, ya que ahora se debe priorizar la resolución de los problemas derivados del profundo cambio provocado por la Revolución Científico – Tecnológica, y sus múltiples efectos en el campo de la economía y la política mundial.     

 

     En efecto, a partir de mediados de la década del ´70 se ha perfilado un mundo que se caracteriza por una acelerada diversificación de la agenda internacional y una multiplicación de los temas y de los actores nacionales y transnacionales que entran a ocupar el escenario internacional: la Revolución Productiva y Científico – Tecnológica Mundial sitúa hoy a los países en una nueva perspectiva de su gestión internacional, planteando a la política exterior nuevos desafíos.

 

      Para E. Gana hay numerosos y nuevos desafíos que los países deben afrontar, situando en una nueva perspectiva a su gestión internacional, producto del proceso de globalización de la economía y del cambio tecnológico asociado, entre los que identifica como prioritarios (y asociados unos con otros) a la modernización de sus aparatos productivos, la expansión y diversificación de sus exportaciones, la adquisición de tecnologías externas y el proceso de desarrollo científico y tecnológico, la articulación económica y física con otros países, la participación en los avances en materia de educación y formación de recursos humanos, y el manejo de la cooperación internacional (Gana, 1996).

 

     Algunas de estas cuestiones vienen siendo tratadas por D. Tussie, quien ha señalado que la especialización y las ventajas comparativas son cada vez más centralmente determinadas por la capacidad dinámica de un país de innovar, adoptar, imitar o mejorar tecnologías, por lo cual sus capacidades en CyT son parte integral de su política de desarrollo y un componente estructural de su sistema productivo, y, por lo tanto, un determinante fundamental de su inserción internacional. A partir de estas definiciones, Tussie acertadamente incluye como una cuestión clave, en el debate sobre el diseño de la política exterior de los estados, el problema del desarrollo científico – tecnológico  (Tussie y Casaburi, 1990).

    

 

LA POLITICA EXTERIOR ARGENTINA DURANTE EL PERIODO DEL DR. RAUL ALFONSIN (1983-1989).

 

     La restauración de la democracia en la Argentina, con la  llegada al poder del radical Raúl Alfonsín, coincidió con la consolidación y expansión de los fenómenos internacionales  ya analizados, los que sin duda fueron tenidos en cuenta a la hora de formular algunos aspectos centrales de su política exterior, entre ellos, la integración con Brasil.

 

     En este sentido, el Presidente Alfonsín profundizó y amplió este proceso, que se venía gestando desde fines de la década del ´70, concretándolo en una serie de acuerdos que alcanzaron su máxima expresión con  la firma del Programa de Integración y Cooperación Económica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil (PICAB), firmado en Brasilia el 10 de Diciembre de 1986 [3]. Los Protocolos suscritos señalan la importancia estratégica que se le otorgó a la Cooperación e Integración Científico – Tecnológica como herramienta clave para la superación de las causas estructurales de la falta de desarrollo, de modernización de sus sociedades y a fin de acortar la brecha que en el campo de CyT separaba a ambos países de los industrializados. Así los Protocolos firmados en las áreas de Bienes de Capital, Energía, Biotecnología, Aeronáutica, Comunicaciones y Cooperación Nuclear, reflejan la acertada percepción política de cuales eran los núcleos dinámicos del cambio tecno-económico a nivel mundial. Analizaré, a continuación, algunos de ellos.

 

     En el Area de Bienes de Capital se consideró que la modernización, expansión y desarrollo de este sector resultaba de “importancia estratégica” para el crecimiento de ambas economías y que la integración intrasectorial era “la forma más adecuada para la expansión eficiente de la industria y el progreso tecnológico” [4]. Definiciones que señalan la creencia que la modernización sólo era posible a través de un desarrollo industrial apuntalado en el afianzamiento de este sector. Idea luego corroborada en el Protocolo de Fondo de Inversiones, fijado con el objetivo general de “garantizar la asignación de recursos que estimule el crecimiento equilibrado del comercio”, y especialmente del sector “bienes de capital”.  [5]    

 

     En Biotecnología se estableció la necesidad de perfeccionar los recursos humanos y científicos de los dos países, creando a tal efecto el Centro Argentino – Brasileño de Biotecnología (CABBIO), destacando que la coordinación y realización conjunta de actividades permitiría “el volumen de las inversiones necesarias para alcanzar una escala adecuada de investigación y la reducción de costos” para impulsar el área [6].  En los anexos se apuntó que las temáticas prioritarias serán Salud – Agropecuaria / Industria agroalimentaria – Energía, donde se insta a la decidida participación del Sector Privado, al que los respectivos gobiernos deben asegurar canales que la viabilicen.

 

     En el  Area Nuclear se alcanzó un alto grado de especificidad, indicio del desarrollo existente en la materia en ambos países, como así también de los contactos previos existentes entre sus comunidades científicas. La cooperación se centró en el desarrollo conjunto o complementario de elementos combustibles de alta densidad para reactores de investigación; en materia de detectores, electrónica e instrumentación nuclear; de enriquecimiento de isótopos estables; de investigaciones sobre física nuclear y física del plasma; de técnicas de salvaguardias; y, a largo plazo, para la construcción de un reactor rápido de demostración.[7]  Cabe mencionar que también se firmó un Protocolo específico sobre Información inmediata y asistencia recíproca en casos de acciones nucleares y emergencias radiológicas.

 

         Los principios puestos en marcha con el PICAB reflejan la visión del “alfonsinismo” –compartida por el gobierno brasileño- de que era necesario adecuar la economía argentina y regional a las nuevas exigencias planteadas por la producción y el comercio mundial a través de un proceso de reconversión industrial, el cual permitiría un aumento del comercio industrial bilateral, como así también de las exportaciones industriales a terceros países, aumentando la competitividad internacional de su economía.  Sustentado en el sector bienes de capital, al que se consideraba un instrumento decisivo para generar y difundir el cambio técnico en toda la estructura económica, permitiría al empresariado argentino beneficiarse de los adelantos brasileños en la materia, y a estos enfrentar la recesión que los afectaba, responsable de la capacidad ociosa y de los problemas financieros que afrontaba.[8]    

    

       Si el sector bienes de capital fue considerado la pieza fundamental del programa, por sus conocidos efectos de derrame sobre el resto de la economía, el proceso de modernización económico y tecnológico debía completarse con el desarrollo de otras industrias que, como la biotecnológica y la energética, tenían un desarrollo relativo en la Argentina, pero afrontaban problemas en cuanto a la escala del mercado o a la falta de formación de recursos humanos altamente calificados.

 

      Por ello, considero que el otro elemento clave para la interpretación del PICAB es la permanente referencia, en los protocolos sobre tecnologías de “punta”, a la participación conjunta del sector empresarial privado con el sector académico público, incorporando como estrategia central del programa la vinculación Universidad – Empresa, cuestión que la Revolución Científico – Tecnológica Mundial había colocado en el centro de la escena.

 

     Resulta llamativa la omisión de un Protocolo específico en el área de la Informática, clave en el nuevo paradigma global, e imprescindible en un proyecto de reconversión y modernización tecnológica como era, conceptualmente, el PICAB. Quizás la explicación a esta omisión pueda encontrarse en la postura del gobierno y empresariado brasileño, que estableció una serie de restricciones y reserva de mercado en relación a la industria informática.

 

     Por otra parte, merece destacarse que si se firmaron Protocolos en los sectores Siderúrgico y Automotriz, en los que se propiciaban desde acuerdos entre empresas siderúrgicas de ambos países – con el objetivo de maximizar el uso de las respectivas capacidades instaladas – hasta el aumento de los índices de nacionalización, en especial de los componentes de elevado valor agregado o de elevado contenido tecnológico, respectivamente. En relación a estos Protocolos – que corresponden a industrias claves del anterior paradigma global – estarían indicando la importancia que mantenían en la economía argentina, en la que convivían grandes empresas de capital nacional y multinacionales que no querían quedar marginadas de los posibles beneficios del proceso de ampliación del mercado.

 

      Por último, resaltar que en la concreción del PICAB, resultó decisiva la notable comunicación entre las comunidades científicas de Argentina y Brasil, la formación en el exterior de un influyente sector de la misma, el apego a las escuelas económicas estructuralistas en técnicos y funcionarios, y la aparición  pública de prestigiosos intelectuales que fundamentaban la necesidad de un eje estratégico Brasilia – Buenos Aires a partir de una precisa lectura de las tendencias políticas, económicas y tecnológicas mundiales. [9]

 

LA POLITICA EXTERIOR ARGENTINA DURANTE EL MANDATO DEL DR. CARLOS S. MENEM (1989-1999).

 

      La aguda crisis político- económica que sufrió el radicalismo en el último tramo de su mandato, provocó no sólo el triunfo electoral del Partido Justicialista, sino también la adelantada llegada al poder del Dr. Carlos S. Menem, quien pronto mostró sus preferencias por los mecanismos de mercado y por una profunda reorientación de la Política Exterior Argentina.

 

     Se sostuvo la necesidad de abandonar posturas doctrinarias que habían llevado al país al aislamiento y a la confrontación con los países occidentales industrializados, jerarquizando en cambio un sentido más pragmático de la realidad basado en la cooperación con las naciones del Primer Mundo; acercamiento y búsqueda de alianzas con EE.UU. y la Unión Europea; profundización del proceso de integración con Brasil como plataforma de construcción del MERCOSUR, y permanentes intentos de ampliación del mismo (Chile y Bolivia), ya que la globalización de la economía sólo permitiría negociar espacios a través de grandes bloques o espacios semicontinentales o continentales; fomento de una estrategia que haga del comercio, de los negocios, de las inversiones y de los préstamos uno de los ejes de la política exterior argentina [10]    

 

     Postulados que tuvieron su correlato interno en la preeminencia de una ideología liberal que tuvo como objetivo llevar a cabo el proceso de ajuste y reforma del estado a través de la privatización de las más importantes empresas públicas, principales usuarios del sistema de CyT argentino. Asimismo, se inició una profunda apertura de la economía local a los flujos del comercio, el capital y la tecnología internacional.

 

     En cuanto a los lineamientos de política exterior vinculados a los aspectos científico – tecnológicos se llevó a cabo una profunda reforma del proyecto de desarrollo nuclear autónomo y la desactivación de los planes de construcción de armas de destrucción masiva, tal el caso del misil Cóndor. Este proceso, junto con la  adhesión a los acuerdos internacionales en dichas materias, consideraba el “menemismo” que serían el fundamento para que Argentina dejara de ser visualizado por las potencias occidentales como un país imprevisible y peligroso, y lograr, entonces, nuevamente acceso a tecnologías claves de punta que permitieran la modernización del país.

 

      Las reformas implementadas, a fin de adecuarse a las exigencias de seguridad, técnicas y financieras de los organismos internacionales significaron de hecho el abandono de un modelo propio de desarrollo.  Situación que se desprende de las palabras del canciller Di Tella cuando señaló que la reforma implementada “implica que no queremos seguir con un desarrollo tecnológico autárquico”. [11]

 

     Paralelamente a estas cuestiones, se reorientó el proceso de integración con Brasil en un doble sentido: se lo direccionó hacia formas más comercialistas – si el parámetro es el PICAB - y se lo amplió a los países vecinos más ligados histórica y económicamente a ambos: Uruguay y Paraguay. Así, en marzo de 1991 nace el MERCOSUR, mediante la firma del Tratado de Asunción.

 

     En el mismo se estableció “la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico y de modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los bienes disponibles”[12] . Un año después se resolvió “Crear la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología cuyo objeto será promover el estudio de los aspectos vinculados a esta materia, con vistas a la integración de las instituciones de investigación y a la formulación de lineamientos básicos para las políticas científicas y tecnológicas del MERCOSUR”.[13].

 

      Entonces, el nuevo camino abierto en el proceso de integración regional contempló también la importancia del desarrollo científico – tecnológico para una inserción exitosa del país y la región en el nuevo contexto global, si bien no se ubicó conceptualmente a este campo como prioritario, tal como si había sucedido con el PICAB.

 

      No obstante, algunas iniciativas que comenzaron a gestarse en la segunda mitad del primer mandato de Menem, como así también una serie de cambios en la dirección de los principales organismos de CyT indicarían que en los últimos años se generó un profundo debate sobre la validez y adecuación de las políticas implementadas en el área.

 

     Es indudable que al consolidarse un nuevo modelo de funcionamiento de la economía mundial, los sectores gobernantes percibieron la necesidad de replantear las políticas e instituciones de CyT, al considerar que las mismas habían quedado obsoletas en relación a la realidad interna e internacional actual, puesto que el modelo tecnológico implementado se asociaba a la sustitución de importaciones que había imperado décadas atrás (Bisang, 1995).

 

     Como resultado de ese debate puede observarse la puesta en práctica de una reestructuración institucional del sistema de CyT de Argentina, que si bien tiene algunos antecedentes en los años previos, es lanzado decididamente en 1996, en el marco de la Segunda Reforma del Estado, y como parte de la reestructuración del Ministerio de Cultura y Educación (Decreto 1274). Se aprueba una nueva estructura para la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT), que derivó en la creación del Gabinete Científico – Tecnológico (GACTEC) y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (la Agencia). La importancia del GACTEC está dada por su conformación al más alto nivel político: el Jefe del Gabinete de Ministros, los Ministros de Cultura y Educación, de Economía, de Salud y Acción Social, de Relaciones Exteriores, y de Defensa, y tres Secretarios de Estado: de Recursos Naturales, de Control Estratégico y de Ciencia y Tecnología.[14]  

 

     En dicho documento se explícita que el marco conceptual del mismo ha sido elaborado y orientado en base al debate internacional sobre políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y a las peculiaridades de la situación argentina. Asimismo que la Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología constituye un instrumento estratégico a fin de posesionar adecuadamente al país en el nuevo contexto internacional globalizado y, al mismo tiempo, regionalizado, y aprovechar mejor las oportunidades que el mismo ofrece para reducir la brecha que separa a la Argentina de los países industrializados. En tal sentido se han iniciado acciones comunes, entre la SECyT y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de otorgarle continuidad e impulso a las políticas de Cooperación Internacional en la materia.

 

     Esto indica la existencia de una visión acorde a los nuevos desafíos que ha planteado a la Política Exterior de los estados la expansión del fenómeno de la Revolución Científico – Tecnológica Mundial.

 

     En cuanto a los aspectos estratégicos de la cooperación internacional en CyT, se indica la necesidad de extender la integración política y comercial en marcha desarrollada en el marco del MERCOSUR, con gestiones tendientes a una política de CyT con elementos comunes que permitan potenciar la actividad de los países signatarios , especialmente con Brasil. Al respecto, los proyectos INFOVIA / MERCOSUR, y SIGMA aparecen como los de mayor relevancia en dicha estrategia. [15] 

 

     La política en relación a la Informática, es la que ha registrado mayores contradicciones y vaivenes en el proceso de cooperación. En sus orígenes se tendió a la investigación académica y formación de recursos humanos conjuntos, alcanzando algunos acuerdos interempresarios, si bien no se formalizó esa cooperación en el marco oficial, ya que no se la incluyó en los Protocolos suscritos en el PICAB. Recién en 1987 se suscribió un Acuerdo Complementario [16] cuyo desarrollo pareció convertirlo en un punto de referencia a nivel mundial, pero se diluyó rápidamente, entrando en crisis a partir de 1989.

 

     El Proyecto de Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000 presentado parte del reconocimiento del rol central de las Actividades Científico – Tecnológicas (ACT) para el desarrollo económico y social sustentable, para la construcción de un estado moderno y eficiente, para la reducción de los desequilibrios regionales, y para la inserción competitiva del país en la economía mundial. Asimismo postula el desarrollo de políticas regionales, sectoriales y sobre temas específicos, vinculadas a la reducción de los desequilibrios regionales y sociales, al fortalecimiento de los sectores con mayor potencial de inserción internacional, y a la consolidación y desarrollo de actividades estratégicas consideradas prioritarias. 

 

      Las Políticas Sectoriales consideradas prioritarias son la Producción Agroalimentaria, la Minería, la Educación, la Salud, y los Recursos Naturales y Medio Ambiente.  En relación a las Políticas sobre temas específicos que se busca potenciar, se mencionan la Biotecnología y el Mar Argentino.

 

     Ahora bien, estos enunciados explícitos debemos analizarlos desde el punto de vista de las políticas implícitas, cuyo mejor parámetro son los Indicadores de Ciencia y Tecnología, que permiten efectuar un diagnóstico global de las ACT en general, y de la I+D, en particular.[17]

 

     En la Argentina la inversión en CyT en relación al PBI alcanza al 0,37 % del mismo; si esa inversión es analizada en relación al origen Público o Privado del financiamiento, puede observarse que el 85 % es otorgado por organismos públicos, los que a su vez representan el 86 % de los investigadores. El total de investigadores censados es de 20.825, y el personal técnico de 9.380 personas. Si se considera el total de Patentes concedidas para el período 1990-1994, puede observarse que a la Argentina corresponde un total de 7.460, de las cuales el 20 % (1512) fueron otorgadas a titulares locales, mientras que el 80 % restante (5.948) concedidas a titulares extranjeros. Más allá de estas cifras, la evolución del período muestra un claro proceso de extranjerización, ya que para 1990 un 32,37 % de las patentes se había otorgado a titulares locales, número que descendió al 21,03 % para 1994 (Araya et al., 1998). 

   

      Un análisis del Crédito Presupuestario otorgado por el Gobierno Nacional en 1997, discriminado por Organismo de CyT, y de lo proyectado para 1998, revela algunas cuestiones centrales sobre la concepción imperante para el desarrollo científico – tecnológico de la Argentina: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) representaba el 16,41 % del presupuesto global para 1997, proyectándose un aumento para 1998 que lo acercaba al 18 %, constituyéndose de esa manera en el segundo organismo con mayor dotación presupuestaria del país, por encima del conjunto de las Universidades Nacionales.

 

     El objetivo del INTA es contribuir a asegurar una mayor competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial, siendo su clientela las grandes, medianas y pequeñas empresas rurales a las que se busca otorgar asistencia técnica acorde a los requerimientos de la frontera internacional en la materia. Cuestión vinculada al modelo de desarrollo económico vigente, sostenido en la Producción Agroalimentaria,[18] donde se focaliza el esfuerzo de investigación y desarrollo en ocho cadenas productivas de mayor potencial en términos de dimensión, potencial de crecimiento e impacto regional: algodón, carne vacuna, frutas de pepita, lácteos, miel, oleaginosas, aceites, trigo y vinos.    

 

     Ahora bien, en el Programa para la Producción Agroindustrial el Gobierno sostiene que el país desde la década del ´70  asiste a un proceso de cambio técnico en el sector agropecuario, que se aceleró en los ´80 y se consolidó en los ´90, favorecido por los cambios en las políticas económicas y la instalación de empresas transnacionales – dotadas de tecnologías de “punta” -, situación que determinó una verdadera revolución tecnológica en el sector.

 

     En ese proceso de cambio resultó crucial el rol de las empresas privadas – transnacionales – que proveen los insumos tecnológicos (tecnologías apropiables), y del sector público – a través del INTA – que provee las tecnologías agronómicas (tecnologías no apropiables) necesarias para la correcta utilización de los insumos.

 

     Un detenido análisis de los documentos oficiales indica que no sólo el INTA realiza actividades de innovación tecnológica en el ámbito agropecuario, sino que además el 53 % de investigadores y becarios del sector corresponden a las Universidades Nacionales, las que ejecutan un 44 % del total de 2.600 proyectos de investigación en el área, de lo que resultaría que el sistema universitario aporta en el orden de los 24 millones de pesos. Similar monto de su presupuesto destina el CONICET a las investigaciones agroindustriales (24,8 millones de pesos), mientras que de su escasos fondos, el INTI dirige 7 millones a esta finalidad.  Resulta, entonces, que el sector agropecuario es el prioritario en la Argentina desde el punto de vista de las políticas explícitas e implícitas.

 

     Además, la SECyT y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina se han mostrado muy activos en la concreción de diversos acuerdos internacionales que incluyen al INTA, entre ellos, el logrado con su símil brasileño, EMBRAPA, y empresas privadas de ambos países, vinculado a mejorar la productividad del sector papero, teniendo en cuenta que este producto ocupa por su volumen de colocaciones el cuarto lugar en el mundo con una producción de 250 millones de toneladas, de la cual el MERCOSUR apenas representa el 2,5 %. [19]

 

      Así, las políticas en CyT a nivel interno e internacional, parecen encaminarse decididamente a “actualizar” un modelo de relación económica con los países industrializados que ya ofrece pocas ventajas, puesto que el rol de proveedor de alimentos va a contramarcha de las tendencias imperantes en la producción y el comercio mundial.

 

 

CONCLUSIONES.

 

     La modificación sin precedentes del orden mundial que se observa en las últimas décadas es producto del advenimiento de la sociedad de la información y de la ciencia, que impulsó nuevos núcleos dinámicos en la producción y el comercio internacional, convirtiendo al saber en la principal fuerza de producción, y marginando a aquellos países que no pudieron adecuar su estructura productiva a la nueva situación.

 

     Este fenómeno también ha impactado en cada realidad nacional, a nivel interno y de sus relaciones internacionales, al variar su participación en el sistema económico mundial. Proceso que se visualiza en la Argentina a partir de mediados de los años ´70 en que entra definitivamente en crisis el modelo de industrialización sustitutivo imperante.

 

     Situación que cristalizó, en la década del ´90, en que la economía argentina evolucionó hacia un modelo tecno –productivo que tiende a delinear una nueva forma de acumulación y distribución de la riqueza, en la cual se observa la pérdida de hegemonía de la industria como factor de crecimiento y de ocupación, y el eventual resurgimiento de actividades “recursos naturales – intensivas”, haciendo referencia con ello a que se trata de funciones de producción intensivas en el uso de algunos de los recursos naturales abundantes en el país (tierra, gas, petróleo, etc.). Actividades que tienen como sustento común cierta ampliación de las fronteras de recursos naturales, tal el caso de la producción agroindustrial, la pesca, la extracción de petróleo, la forestación o la minería.

 

     Ello explicaría el desmoronamiento de algunos ejes centrales de la política exterior argentina durante la década del ´80, en los que el PICAB fue un caso paradigmático, ya que apuntaba claramente a una profundización y diversificación del proceso industrializador de la Argentina, en el cual tenía un rol central su apuntalamiento a través de las tareas de I+D a nivel interno y también de la cooperación internacional. También que el peso político-económico de algunos complejos industriales propios del paradigma anterior no favorecieron la reconversión industrial que se pretendió poner en marcha.  

 

     Por el contrario, como ya se ha visto, las prioridades de inversión en el área científico-tecnológica durante los años noventa parecen haberse volcado decididamente a la modernización de las actividades “recursos naturales – intensivas”, en particular las vinculadas a la producción agroindustrial.  Cuestión que se ve sustentada, además, en la omisión de planes específicos referidos a las producciones más dinámicas del nuevo paradigma tecnológico, como la informática o los nuevos materiales.     

 

     Asimismo, la inversión en CyT que realiza la Argentina no sólo está muy por debajo de los parámetros internacionales en términos de porcentaje sobre el PBI, sino también en relación al aporte del sector privado, cuestión que dificulta seriamente cualquier intento de acercamiento a la frontera internacional en la materia.

          

     Si bien los sectores políticos hegemónicos en las dos últimas décadas han comprendido el peso decisivo del conocimiento y la investigación científica en el desarrollo económico, y que las políticas en CyT se han constituido en un resorte clave del mundo actual, las políticas que han impulsado o fracasaron o sólo buscan “modernizar” la estructura productiva argentina en un sistema de relacionamiento con los países industrializados cuyas ventajas ya no son tan obvias.

 

 

     Desde el punto de vista teórico, quiero señalar que el presente trabajo pretende ser un aporte dirigido a validar la estrecha existente en el sistema internacional contemporáneo entre los aspectos políticos – económicos y los científicos – tecnológicos.

 

     También,  reafirmar que el análisis del desarrollo científico – tecnológico debe efectuarse a través de la asociación de dos tradiciones analíticas: la economía política y el análisis de las políticas públicas, enfoques complementarios que postulan la relevancia de lo político en general, y del rol del estado en particular.

 

     Asimismo, postular que las variables internacionales son un factor de crucial importancia en la adopción de las políticas públicas,  punto de partida para introducir las variables nacionales como elementos decisivos en la comprensión de los procesos de construcción de las políticas científico – tecnológicas, las que resultan una dimensión decisiva en la formulación actual de las políticas exteriores, dado que la Revolución en CyT ha colocado esta cuestión como problema prioritario a resolver.  

 

 

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[1] El conocimiento científico acumulado en los últimos 30 años se ha estimado que alcanza al 90 % del total, y que podría duplicarse para los primeros años del siglo XXI (Ensink y Salatino, 1989).

[2] Para 1993 EE.UU. destinaba el 2,66 % de su PBI a las actividades científico – tecnológicas, Japón el 2,73 %, y los tres grandes de la UE: Alemania el 2,48 %, Francia el 2,45 % y Gran Bretaña el 2,19 %.

[3] Comprendía 24 Protocolos referidos a diversos aspectos de la integración bilateral, abarcando desde aspectos financieros y comerciales hasta otros vinculados a cuestiones culturales y de planeamiento económico-social.

[4] PICAB. Protocolo Nº 1 – Bienes de Capital, pag. 69.

[5] PICAB. Protocolo Nº 7 – Fondo de Inversiones, pag. 273.

[6] PICAB. Protocolo Nº 9 – Biotecnología, pag. 319.

[7] PICAB. Protocolo Nº 17 – Cooperación Nuclear, pp. 407-408.

[8] La industria brasileña de bienes de capital era, por esos años, la segunda entre los países “en desarrollo” en términos del producto bruto. Entre 1970-1980, antes de ser afectada por la recesión, su producción aumentó en casi siete veces. Una descripción detallada puede verse en Daniel Chudnovsky y Masafumi Nagao (1987): Bienes de Capital y Tecnología en el Tercer Mundo, Centro Editor de América Latina, Bs.As.  

[9] . Dante Caputo, Jorge Sábato y Helio Jaguaribe entre otros destacados.

[10] Estos principios fueron enunciados por Domingo F. Cavallo y Guido Di Tella, Ministros de Relaciones Exteriores del Dr. Carlos S. Menem. 

[11] Di Tella, Guido (1996): “Política Exterior Argentina: Actualidad y perspectivas, 1991-1995”, en Silvia R. Jalabe, comp. La Política Exterior Argentina y sus protagonistas 1880-1995, CARI, Nuevo Hacer, GEL, Bs. As., Argentina, pp. 383-384.

[12]  Tratado de Asunción, 1991, para la constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay (Mercosur).

[13] Resolución Nº 24/92, Art. 1º, Reunión del Consejo del Mercado Común, 26 y 27 de Junio de 1992, Las Leñas, Argentina, en Mercosur. Resoluciones y Decisiones 1991-1995, Cámara de Comercio Argentino-Brasileña, Argentina, 1996. 

[14] Gabinete Científico – Tecnológico – Argentina (1997): Proyecto de Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000, Argentina.

[15] El INFOVIA/MERCOSUR busca implementar una red Internet con fines científicos, tecnológicos, educativos y para uso de Organismos Gubernamentales a fin de interconectar a los países del Mercosur, Chile y Bolivia y generar una superautopista de la información. A través del SIGMA se acordaron acciones conjuntas entre Argentina y Brasil en información de CyT, evaluación de organismos y programas, a fin de explotar las potencialidades y complementariedades de la estructura científico – tecnológica de ambos países.

[16] En el marco del Acuerdo Complementario de Cooperación en el Area de la Informática  se desarrollaron dos proyectos: el ETHOS y las EEBAI.

[17] Los datos presentados a continuación han sido extraídos de dos documentos: el Relevamiento de entidades que realizan actividades científicas y tecnológicas, 1993/1994/1995, efectuado en 1996 por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación (1996), y del Anexo Estadístico del Plan Plurianual 1998-2000. 

[18] El sector es caracterizado como pilar del crecimiento argentino, representando alrededor del 16 % del PBI, del 60 % de las exportaciones y del 17 % del empleo total, en Programa para la Producción Agroalimentaria, Doc. Nº 2, Argentina, Gabinete Científico – Tecnológico, Pcia. de la Nación, 1997.

[19] Ver Noticias CyT (1998): “La necesidad de exportar a Brasil semilla de papa de calidad superior”, Boletín de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Argentina, Año 2, Nº 3, pp. 6-9.


Ponencia enviada al Segundo Encuentro Internacional Humboldt. Mar del Plata, Argentina. Octubre de 2000.