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Asunto:[encuentrohumboldt] 109/04 - Sierras o Canteras?
Fecha:Lunes, 2 de Febrero, 2004  14:32:35 (-0300)
Autor:Humboldt <humboldt @............ar>

SIERRAS O CANTERAS ? TANDIL, UNA SOCIEDAD EN CONFLICTO

 

Prof. Ana María Fernández

Centro de Investigaciones Geográficas. UNICEN.

Tandil.

Resumen

La explotación de piedra granítica es una actividad de larga data en el partido de Tandil. En los últimos años se han generado intensos conflictos en torno al funcionamiento de las canteras.

En el presente trabajo se intenta reunir antecedentes y sistematizar datos que permitan identificar y caracterizar los conflictos implicados en la problemática generada en torno a la explotación canteril en la ciudad de Tandil. También se busca reconocer los criterios de evaluación implícitos o explícitos de las políticas públicas al respecto. La delimitación de los conflictos principales y la revisión de algunas de las respuestas promovidas desde la administración municipal intentan aportar elementos útiles para explorar alternativas de solución a los conflictos identificados.

 


Introducción

La explotación de piedra granítica es una actividad de larga data en el partido de Tandil. En los últimos años se han generado intensos conflictos en torno al funcionamiento de las canteras. Particularmente, aquellas ubicadas en las zonas urbanas y suburbanas son objeto de fuertes cuestionamientos por lo vecinos damnificados por contaminación sonora, voladuras de piedras y fisuras en las casas, entre otros perjuicios. Las políticas del municipio respecto del problema consisten básicamente en un intento de regulación de la actividad vía determinación de una "Zona de Conservación del Paisaje" y la búsqueda de la radicación de las canteras fuera de la misma con el manejo de tasas municipales diferenciales.

No obstante la continuidad de las políticas y el amplio consenso social, las canteras desconocen el poder regulatorio del municipio, no pagan las tasas y siguen con su actividad argumentando que el poder de policía lo tiene el poder ejecutivo provincial a través de la Dirección de Minería. Esta se arroga ese poder pero lo ejerce de una manera que genera profundas controversias.

Los objetivos del presente trabajo son: a) identificar y caracterizar los conflictos implicados en la problemática generada en torno a la explotación canteril en la ciudad de Tandil b) identificar los criterios de evaluación implícitos o explícitos de las políticas públicas al respecto. c) explorar algunos elementos de posibles alternativas de solución a los conflictos identificados.

En primer lugar se presentan cronológicamente algunos antecedentes significativos producto de la revisión del marco jurídico existente y documentación pertinente.

En segundo término se propone una delimitación de los conflictos principales. Luego se intentan caracterizar las políticas públicas respecto al problema estudiado, a partir del análisis de los criterios implícitos o explícitos de evaluación. Por último se reseñan algunas elementos que podrían constituir los ejes de una propuesta de solución que compatibilice los intereses en juego y minimice el impacto social y ambiental de la actividad minera.

.

La tradición canteril en el municipio de Tandil

La explotación de la piedra es una actividad de larga historia en el partido de Tandil. Habiendo constituido en las primeras décadas del siglo una actividad sumamente relevante para la economía local, su auge se basó en la excelente calidad del material granítico, en la cercanía relativa a los centros demandantes (acentuada por el desarrollo del ferrocarril) y al afincamiento en la ciudad de Tandil de población inmigrante (del norte italiano y yugoslava, entre otras procedencias) que llegaba con una larga tradición en el oficio de la piedra. La tecnología de producción utilizada determinaba que la actividad fuera intensiva en mano de obra y que la capacidad de extracción fuera relativamente baja. Lo cual no impidió que se acabará con sierras importantes. La virtual desaparición del relieve que le dio el nombre al Cerro de los Leones, demandó mucho más de medio siglo de explotación artesanal. No obstante la "lentitud" de la depredación, el impacto paisajístico es irreversible.

La explotación de granito ha estado fuertemente asociada a la obra pública, desde la producción de adoquines y cordones en la primera mitad del siglo hasta la provisión de piedra molida para la construcción de rutas y otras obras en la actualidad. Debido a esto, la actividad ha presentado un comportamiento cíclico que combina períodos de auge con otros en que la producción se reduce al mínimo. El impacto de los ciclos en el empleo ha tenido efectos diferenciales en distintas épocas dado el nivel tecnológico, la intensidad de utilización de mano de obra y los grados de especialización de la misma. Así, a fines de la década del 30, la crisis de la producción en Tandil provocó el desplazamiento de parte de los trabajadores calificados a la explotación de la piedra "Mar del Plata", en dicha ciudad. En las últimas décadas, la actividad no sólo requiere de un número relativamente pequeño de trabajadores, sino que los mismos, al menos en gran proporción, requieren una especialización menor a la que requerían los productores artesanales.

En los últimos años la actividad ha sido el centro de una gran polémica en la ciudad de Tandil. Por una parte la evolución y diversificación de la economía tandilense implica que la explotación de las canteras, aún siendo una actividad importante, no constituye el centro de la dinámica local.

Por otra parte, las nuevas tecnologías utilizadas han significado que la actividad antes relativamente intensiva en mano de obra, hoy sea relativamente intensiva en capital y recursos naturales. La ocupación de miles de obreros y artesanos canteristas que caracterizaron los movimientos sociales y gremiales de Tandil en la primera mitad del siglo, hoy, cuando se procesan por día varias centenas de veces el tonelaje de piedra que se hacía entonces, se ha convertido en una fuente de trabajo con menos de doscientos empleos directos.

Paralelamente, el crecimiento de la ciudad determinó que las canteras inicialmente ubicadas en zonas suburbanas o rurales hoy aparezcan como enclaves dentro de espacios destinados a otros usos. Particularmente conflictivo resulta la continuidad de la explotación canteril en aquellas zonas de uso residencial, dado el alto impacto de las explosiones, tanto en lo que se refiere a contaminación sonora como al efecto sobre las construcciones (fisuras, roturas de vidrios, etc.) y las voladuras de piedras.

El aumento de la conciencia ambiental de la población y la convicción generalizada acerca de la importancia del turismo como actividad relevante para la economía tandilense se suman a la serie de razones que sustentan un amplio consenso social respecto a la necesidad de regular la actividad canteril de forma que se asegure la preservación del paisaje y la utilización sostenible de las Sierras de Tandil.

Breve reseña de antecedentes

A inicios de la década del 70, a través del decreto municipal 348/72 se establece un área de "Conservación del Paisaje", delimitada por la poligonal trazada por la parte posterior y a mil metros de las rutas 30, 74 y 226. Impide habilitar explotaciones que modifiquen el perfil de los cerros y puedan observarse desde cualquier punto al interior de la poligonal, o que afecten al tercio superior de las sierras.

El decreto municipal 1085/79 establece directamente la prohibición para la instalación de nuevas explotaciones dentro del área delimitada por la poligonal y fija un plazo de 10 años para la erradicación definitiva de las preexistentes en dicha área.

En 1980, el decreto ordenanza 2563 reglamentó los horarios para las voladuras. En 1987, la ordenanza 4133 deroga los dos decretos mencionados anteriormente y ratifica la prohibición de instalación de canteras en el área y el impedimento de llevar los frentes de cantera a alturas que alcancen el tercio superior.

En 1994 la ordenanza 6543 aumenta diferencialmente la tasa a la piedra dentro del polígono (antes de 0,10$/Tn, a partir de esta norma 0,17 fuera del polígono y 0,30 dentro del mismo). Ante esta medida las canteras dejan de pagar la tasa a la piedra.

Las empresas dedicadas a la explotación canteril en Tandil aducen la incompetencia del municipio en la regulación de la actividad, y reconocen las leyes nacionales 24.196 y 24228, ratificadas por las leyes provinciales nro. 11842 y nro. 11481. Sin embargo esas leyes requerían la adhesión de los municipios ( art. 4 de la Ley 24196), estando Tandil entre los que no lo han hecho.

Este conflicto de competencias ha merecido de la Asesoría General de Gobierno (Exp. 2113-3436/94) un dictamen que afirma la competencia del Municipio para incrementar los valores de la tasa fijados por ordenanza impositiva (fundamentado en el art. 226 inc. 5 del decreto ley 6769/58).En concordancia con este dictamen se expresó la sentencia del juicio en primera instancia, estando a la fecha en curso una apelación.

El Defensor del Pueblo, a instancias de una presentación del Concejo Deliberante de Tandil, se expidió en diciembre de 1997 (Resolución Nro 06832/97), exhortando a la Dirección de Minería a: a) exigir informes de impacto ambiental a las empresas comprendidas en el área de exclusión, b) dictar normas operativas y de explotación que minimicen impacto visual y paisajístico c) búsqueda de alternativas consensuadas que permitan continuar la actividad económica en la región y preservar las particularidades topográficas en riesgo.

El Director Provincial de Minería, Dr. Enrique Loustau respondió, en marzo de 1998, que cumpliría con lo exhortado, habiendo solicitado ya los informes de impacto ambiental correspondientes a las empresas canteristas.

En septiembre de 1998 el Defensor del Pueblo, a instancias de la presentación realizada por la "Comisión Abierta de Ciudadanos por la Preservación de las Sierras de Tandilia, quien acompaña más de 6000 firmas, responde reiterando los términos de su intervención anterior e informando que la Dirección de Minería había hecho saber: a) que los informes de impacto ambiental presentados por las empresas se encontraban para su evaluación en la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Bs. As. y b) que la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAM) tendría a su cargo controlar los respectivos planes de gestión ambiental. El Defensor del Pueblo (resolución 04342/98) exhorta a la Dirección Provincial de Minería a: a) brindar amplia publicidad a los estudios de impacto ambiental (y a sus evaluaciones) de las canteras ubicadas en el área de exclusión y a poner a disposición de los interesados toda la documentación relativa a los mismos, b) Convocar a la mayor brevedad a autoridades municipales, agrupaciones vecinales y a las empresas involucradas a celebrar reuniones para conciliar posiciones.

El conflicto también dio lugar en junio de 1998 al proyecto de Declaración de Interes Legislativo la Preservación de las Sierras de Tandil (Diputados Nacionales G. Cardesa, J. Gonzalez Gaviola y M. Stolbizer) y al Proyecto de Solicitud de Informes en la Cámara de Diputados Provincial que recaba informes sobre estudios de impacto ambiental de las canteras de Tandil. (Dip. C. Nivio y Ots)

A fines de 1998 la Dirección Provincial de Minería contrata los servicios de una mediación privada. Ese proceso dio por resultado un convenio entre el titular de esa dirección y el Intendente Municipal, por el cual se acuerda concretar un servicio Permanente de Inspección y Asesoramiento en el Partido de Tandil, el cual dependerá en forma exclusiva de la Autoridad Minera Provincial. La Municipalidad de Tandil debe proveer una oficina, un profesional y los gastos de servicio, y la dependencia provincial un móvil y los gastos por su mantenimiento. Los firmantes pueden denunciar el acuerdo con notificación previa de treinta días y se comprometen a someter las divergencias por la interpretación a un proceso de mediación privado.

En Abril de 1999 el Defensor del Pueblo se expide a instancias de la Comisión Abierta de Ciudadanos por la Preservación de las Sierras del Sistema de Tandilia ( Resolución 01019/99) exhortando a la Secretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires a la rápida conclusión de la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas mineras radicadas en el partido de Tandil y a brindar amplia publicidad tanto a aquellos como de las respectivas evaluaciones.

En el mismo mes de 1999, ante denuncias de los vecinos por la voladura de piedras por explosiones realizadas en la Cantera El Trincante, la Inspección General del Municipio clausura preventivamente la misma con resistencia de sus dueños y personal. El procedimiento es avalado en primera instancia por la Jueza de Faltas Cecilia Pasos.

El Intendente y todos los bloques del Concejo Deliberante se expresan ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, quien ya había escuchado a los representantes empresariales. Se analiza una vez más la posibilidad de establecer uno o varios parques mineros en lugares del partido aptos para la explotación, pero fuera de la poligonal.

En segunda instancia la Jueza Deosefe, del Tribunal de Faltas Nro. 1 de Tandil hace lugar a la apelación de la empresa y levanta la clausura antendiendo a los argumentos que sostienen la incompetencia del municipio en tanto no se le reconoce al mismo el poder de policía. El Director de Minería avala la posición empresaria y, de hecho, desconoce lo acordado en el marco de la mediación.

Un consenso, varios conflictos

Los antecedentes mencionados anteriormente permiten observar que el alto nivel de consenso existente en contra de la explotación canteril responde a más de una razón. Al menos convergen los siguientes conflictos: a) el relacionado con la forma de utilización de las Sierras, b) el derivado de la localización de las canteras y c) el referido a las controversias entre distinto niveles estatales respecto a las competencias en cuanto a la regulación de la actividad.

- El conflicto por la utilización de las Sierras

Podríamos definirlo como el conflicto entre la consideración de las Sierras como recurso no renovable o como recurso estable o renovable. Esto supone evaluar y comparar alternativas entre distintos tipos de producción, extractiva o no extractivas, sustentables o no. También este conflicto implica una contraposición entre dos dimensiones temporales, una acotada al presente y otra proyectada hacia el futuro.

Este conflicto expresa una percepción social del costo de oportunidad de utilizar las Sierras en un actividad extractiva indiscriminada. Dicho costo sólo se revela a la sociedad en la medida en que las Sierras son crecientemente valoradas, tanto en función del aumento de la conciencia ambiental de la población como en su carácter de recurso estratégico para el turismo, actividad percibida como altamente dinamizadora.

No es extraño que la actividad minera no despertara la misma reacción en otras épocas, dado que entonces no sólo el ritmo de depredación era más lento por la tecnología utilizada, sino que las Sierras no eran percibidas en la dimensión ambiental y económica (como recurso de actividades sostenibles) con las que hoy se las considera.

El costo de oportunidad de utilizar recursos, de cierta manera es la alternativa más altamente valorada en la cual se habría podido invertir estos recursos y a la cual la sociedad tendría que renunciar cuando los recursos se utilizan de otra forma específica. Field Barry C., p 187

Ante una actividad extractiva de un recurso no renovable, una alternativa de actividad sostenible en el tiempo es superior a condición de tomar un período los suficientemente largo. Por lo tanto la comparación entre ambas actividades dependerá del período de tiempo que se considere para su evaluación. Si se adopta un criterio de evaluación económico-social, es decir si se consideran costos y beneficios indirectos para la sociedad como un todo, el costo de oportunidad de utilizar las sierras tal como se lo hace actualmente es extremadamente alto.

En el marco de este conflicto pueden diferenciarse algunos matices entre a) una posición conservacionista a ultranza para la cual la solución sería el cese de las canteras y la preservación en estado natural de las Sierras b) Una postura que propugna la transformación de un tipo de producción no sostenible a otros que si lo sean, c) una línea argumentativa que centra la crítica en el proceso actual de extracción y propone la modernización del sector en aras de una explotación de mínimo impacto ambiental y d) una que considera viable la combinación de las tres anteriores en el marco de un adecuado ordenamiento territorial.

- Conflicto por la localización de canteras

Este conflicto expresa la incompatibilidad de usos del suelo y remite, necesariamente, al ordenamiento territorial por acción u omisión que ha determinado la situación actual.

La localización de canteras en áreas de uso residencial genera perjuicios a los vecinos por efectos de las explosiones, voladuras de piedras, roturas de vidrios, fisuras en las construcciones, contaminación del aire por polvo de piedra, entre otros. Esto ha dado lugar al reclamo de los damnificados y a presentaciones judiciales, en curso.

Dado que es competencia indelegable del municipio la seguridad de los ciudadanos es ante este que se realizan los reclamos. La labor municipal en este aspecto se ha visto dificultada porque en el marco del conflicto de competencias con la provincia las empresas han extendido el desconocimiento de la autoridad municipal como policía minera al desconocimiento de su capacidad para realizar medidas que intentan prevenir daños a la seguridad de los habitantes.

Si bien tanto los vecinos como los empresarios canteristas aducen derechos adquiridos, la resolución de este conflicto supone un reordenamiento territorial con la consiguiente relocalización de actividades. Sin dudas, cualquier cálculo que se haga le daría la razón al sentido común de los vecinos que sostienen que "es más fácil relocalizar las canteras que la ciudad".

Según el estudio de Diaz, Tomassi y Franzese, existen cinco áreas potencialmente aptas para la explotación de granito triturado en el partido de Tandil, fuera de la poligonal de "Conservación del Paisaje". De estas, los autores suguieren dos como las más factibles: la Zona de la Sierra Alta de Vela y la Zona Cerro Federación-Gardey, sitios que reúnen varios requisitos a saber: buena calidad de la piedra, infraestructura vial y provisión de energía.

- El conflicto de competencias por la regulación de la actividad

Este se produce entre los niveles nacional y provincial y el municipal, en el marco de las actuales administraciones. En los primeros, principalmente, en los poderes ejecutivos, predominan objetivos sectoriales, la promoción de la minería y el incentivo a las inversiones extranjeras en la actividad, razón por la cual se enrolan detrás de los intereses empresarios. En el nivel local predomina el objetivo de atemperar el reclamo constante de la sociedad y disminuir el nivel de conflicto, cuyo costo político se percibe casi exclusivamente en la esfera del municipio. A este nivel se intenta conciliar intereses entre los involucrados en la actividad minera, los vecinos damnificados directamente y la sociedad sensibilizada ante el progresivo daño ambiental. En términos generales existe consenso entre los distintos partidos políticos

En el nivel nacional, inscripta en el marco de las políticas macroeconómicas vigentes en la última década, se destaca la promoción de la minería. Con este objetivo se dictaron entre otras normas legales las siguientes: a) el Decreto 815/92 de Promoción de Inversiones, que iguala al capital extranjero y al nacional, b) la ley 24.228 (B.O.2/8/93) Acuerdo Federal Minero, entre cuyos objetivos se destacan la promoción sectorial, consensuar acciones para atraer capitales extranjeros, afianzar el federalismo y la descentralización y la protección del medio ambiente a través de "una racional actividad productiva". Este Acuerdo promueve la desgravación de la actividad minera, instando a provincias y municipios a hacer lo mismo (claúsulas séptima, novena, décima y décima primera). En lo referente a la protección ambiental establece la necesidad de cumplimentar una declaración de impacto ambiental desde la etapa de prospección hasta la de comercialización, incluyendo transporte, industrialización y almacenamiento (claúsula décima cuarta). c) La Ley 24.196 de Inversiones Mineras (BO 24/5/93), reglamentada por el Decreto 2686/93 y su modificatorio Decreto 1403/97, que facilita las importanciones de bienes de capital e insumos y determina las condiciones bajo las cuales los emprendimientos mineros gozan de estabilidad fiscal. Establece en su art. 4 que este régimen es de aplicación exclusivamente en las provincias que hayan adherido mediante ley al efecto y por la cual inviten expresamente a las municipalidades de su jurisdicción a hacer lo mismo. d) La protección ambiental para la actividad minera queda sujeta según el artículo 233 del Código de Minería al art. 41 de la Constitución Nacional y los art. 246 a 268 del mismo código

El municipio no adhirió a la Ley de Inversiones Mineras (art. 4 de ley 24.196) El decreto 2686/93 aclara que la estabilidad fiscal corresponde

para nuevos empredimientos o para ampliaciones que presenten estudio de factibilidad (art. 8). En el art. 6 inc. d) excluye la explotación de piedra partida.

Este marco jurídico político es interpretado de manera diferente por los actores en juego.

El ejecutivo provincial y los empresarios argumentan que la actividad goza de estabilidad fiscal y que el poder de policía es competencia provincial.

El municipio sostiene que no adhirió a las leyes que esgrimen los empresarios y por lo tanto retiene competencias regulatorias como el manejo de las tasas. También propicia la descentralización del poder de policía minera y la cooperación en ese sentido entre los niveles local y provincial.

Aunque este conflicto se instrumentaliza como una controversia jurídica es esencialmente de orden político. Expresa las limitaciones de políticas sectoriales, concebidas a escala nacional y supranacional que al materializarse en el plano local y contextualizarse, dan lugar a la emergencia de las contradicciones generadas por la yuxtaposición de políticas activas y/o pasivas, pero siempre fragmentarias. Es en el conflicto social expresado en el ámbito del municipio, donde se construyen ejes transversales que intentan compatibilizar e integrar lo sectorial en un concepción más o menos deliberada, pero incipiente de desarrollo local.

Criterios de evaluación implícitos en las políticas públicas implementadas

Las políticas implementadas y las respuestas públicas a los conflictos señalados contienen criterios de evaluación implícitos o explícitos.

Utilizando como referencia teórica la conceptualización del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica Social, de CEPAL podríamos distinguir dos grandes criterios, el de evaluación privada y el de evaluación económica-social.

Un proyecto de inversión implica la utilización de insumos, una "succión" de recursos productivos de la economía, cuyo valor representará los costos. Su implementación generará resultados cuya valoración representará los beneficios del proyecto. La evaluación consiste en determinar si la corriente de beneficios a generar es mayor que la corriente de costos que provocará. De este conjunto de costos y beneficios generados por un proyecto la evaluación privada sólo considera los directos, es decir aquellos que efectivamente deben ser pagados o cobrados por el empresario. Por el contrario la evaluación económica-social considera todos los costos y beneficios, directos e indirectos, que puede identificar, cuantificar y valorar. Un ejemplo de costo indirecto es para el caso de la evaluación de una explotación canteril el deterioro de las casas aledañas por fisuras por detonaciones, roturas de vidrios, la rotura de caminos por el transporte de la piedra y las pérdidas por el daño ambiental .

Actualmente estos costos no están considerados. Si bien a nivel local el conflicto ha logrado que socialmente empiecen a identificarse los costos indirectos, la mayor parte de las propuestas de resolución del conflicto suponen la internalización por parte de la sociedad de los mismos.

A modo de ejemplo tomamos una respuesta para cada uno de los conflictos delimitados:

- I) Creación de un Fondo de Recuperación del Patrimonio Serrano, constituido con fondos obtenidos por el aumento de la carga fiscal municipal general (plus en tasas existentes) y por lo obtenido mediante el cobro de la tasa específica (a la piedra) incluyendo los montos del juicio por cobro de esa tasa contra canteristas (aprobado en primera instancia y en la primer apelación). Con lo obtenido se comprarían las canteras existentes dentro de la poligonal para luego venderlas con fines turísticos. Esto constituiría una forma particular de regulación del uso del suelo y transformaría la utilización de las sierras.

De concretarse significaría a) el aumento de la carga fiscal sobre los contribuyentes locales b) comprar una explotación canteril supone pagar el precio de la tierra más el de la mina, mientras que la venta con fines turísticos se haría por el precio del terreno a valores de mercado. La diferencia más los gastos de compra-venta constituyen un costo indirecto a solventar por el municipio para lo cual debería aumentar el presupuesto o reasignar partidas.

- II) Implementación de Parque Mineros para relocalizar la actividad canteril en el partido de Tandil. El gobierno municipal ofrece reducir o eximir tasas y solicita a la provincia que desgrave impuestos y facilite el traslado con créditos blandos.

Esta opción supone que la sociedad internalice los costos devenidos de la eventual disminución de los ingresos fiscales, lo cual podría implicar aumento de otros gravámenes o reasignación de partidas en otras áreas.

En la medida en que no se garantice la reconversión tecnológica de la actividad hacia formas de explotación que minimicen el impacto ambiental, también podría constituir una relocalización del costo indirecto generado por el mismo.

Además, es necesario considerar que el plazo para el traslado de las canteras podría incentivar la aceleración de la extracción de piedra en los emplazamientos actuales, agravando la depredación.

- III) La búsqueda de una solución al conflicto de competencias a través de la participación en el proceso de mediación. Las autoridades municipales consideraron que los acuerdos alcanzados en el marco de la misma, descentralizaban el poder de policia minera. Sin embargo los resultados de la mediación establecen más que una delegación de competencias provinciales, en este caso el poder de policía para monitorear la actividad minera, la mera delegación en el nivel local de los costos de ejecución de las normativas existentes.

Esto es un buen ejemplo de una forma particular de entender la descentralización, que transfiere de los niveles nacionales y provinciales a los locales costos y responsabilidad de gestión pero no decisiones y recursos. El primer caso concreto, ya citado, de la Cantera El Trincante S.A. puso en evidencia que la Dirección de Minería no delega competencias que considera propias y por el contrario es capaz de litigar con el gobierno municipal para conservarlas.

En este caso existe un costo indirecto transferido de la órbita provincial a la local sin que el beneficio, que en este caso sería el ejercicio de la competencia regulatoria, se transfiera también.

Ninguna de las tres alternativas prosperaron y más allá del respaldo político del ejecutivo provincial que pueden esgrimir los empresarios canteriles, su principal argumento es que en otras condiciones de explotación aumentarían sus costos y no podrían competir. Si el argumento empresario fuera falaz, el costo ambiental transferido al resto de la sociedad sería la base de una renta extraordinaria. Si por el contrario fuera verdadero, quedaría en evidencia que la competitividad de la producción de piedra granítica molida del partido de Tandil, en este momento, esta basada en el subsidio ambiental, cuyo costo internaliza el resto de la sociedad en el presente y en el futuro.

Se podría concluir que la viabilidad de los proyectos mineros en curso esta sujeta a un "recorte" de costos y beneficios directos que posibilita su rentabilidad, mediante la socialización de una gran parte de los costos indirectos, particularmente del daño ambiental.

Algunos elementos para construir alternativas de soluciones

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos pueden identificarse algunos elementos a contemplar en la elaboración de alternativas de solución a los conflictos planteados. La reconversión productiva de las sierras en las zonas urbanas y suburbanas, la relocalización y reconversión tecnológica de la explotación minera y la delimitación de competencias entre distintos niveles estatales. Esto supone llevar a cabo un proceso de reordenamiento territorial asociado a formas de regulación del uso del suelo y de las actividades en general. Por lo tanto, remite a la necesidad de establecer consensos sociales que permitan diseñar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, que superen concepciones sectoriales fragmentarias y puedan integrarse en un proyecto de desarrollo local. Para ello, sería relevante utilizar criterios de evaluación económico-social y enmarcar la búsqueda de alternativas de solución a la problemática analizada en un proceso más amplio, de construcción de un proyecto de ciudad. El planeamiento participativo y el fortalecimiento de las competencias municipales contribuirían a encontrar y viabilizar alternativas basadas en consensos construidos a partir de un mayor protagonismo ciudadano y en la ampliación de los grados de autonomía del gobierno local.

Bibliografía

DIAZ G., TOMMASI C., FRANZESE J. "Preselección de áreas graníticas aptas para la abertura de canteras y el emplazamiento de plantas de trituración en el partido de Tandil". Informe 31. CIC- Pcia. Bs. As., La Plata,1986

Field Barry C. "Economía Ambiental. Una introducción". Ed. Mc Graw Hill, Colombia, 1995.

Municipalidad de Tandil. Listado de Canteras. Actividad Minera en Tandil Documento de Trabajo, Tandil, 1998.

Schalamuk I., Sablo D. y Mendía J.- "Incidencia de la actividad minera sobre el medio ambiente" Asociación Argentina de Geólogos Economistas. Rev. Nro 9, Argentina, 1992, pp25 a 36

SILVA LIRA, IVAN "Preparación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Local" ILPES, CEPAL, Santiago de Chile, 1996

 


Ponencia presentada en el Primer Encuentro Internacional Humboldt. Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 1999.