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Asunto:[encuentrohumboldt] 304/10 - Recursos Mineros en el Valle Calchaquí: ¿P royecto de desarrollo?
Fecha:Viernes, 10 de Diciembre, 2010  23:55:45 (-0300)
Autor:Encuentro Humboldt <encuentro @..............org>

 Recursos Mineros en el Valle Calchaquí: ¿Proyecto de desarrollo?

 

Ana Laura Berardi

 

 

Resumen

 

La minería en nuestro país no ha estado exenta de conflictos. Hoy con casi 13 años de experiencia de funcionamiento del primer mega emprendimiento: Bajo La Alumbrera, las consecuencias de esta actividad son observables y con ello es factible analizar el impacto que ha tenido sobre el territorio.

Mientras se incrementa la protesta social en contra de la minería, el Estado Nacional la considera como “política de estado”, y por lo tanto se incentiva el arribo de más inversiones.

En este sentido, el Valle Calchaquí se ha convertido en un lugar en donde la confrontación ha adquirido niveles de relevancia, no sólo por la presencia de Minera Alumbrera sino por la intención de poner en explotación nuevos yacimientos como es el caso de Minera Agua Rica.

Este trabajo apuntará analizar, el impacto que un nuevo emprendimiento como es Agua Rica tendría sobre una región que ya se ha visto afectada por Minera Alumbrera.

 

 Abstract

Mining in our country has not been without conflict. After 12 years of experience of operation of the first mega project: Bajo La Alumbrera, the consequences of this activity are observable on the territory.

While increasing social protests against mining, the National Government regards it as “state policy”, therefore encourage the arrival of more investment.

In this sense, the Calchaquí Valley has become a place where the confrontation has taken on levels of significance, not only by the presence of Minera Alumbrera but also by the intention to use new sources such as Minera Agua Rica.

This study will aim to analyze the impact that a new project as Agua Rica would have on a region already affected by Minera Alumbrera.

 

 

Introducción

 

Transcurrida una década y media de la modificación de las leyes mineras, la actividad ha tomado una dimensión no conocida en épocas anteriores.

El incremento de las inversiones, principalmente en el rubro metalífero, ha generado que desde el gobierno nacional y desde los gobiernos de las provincias “mineras” se incentive la actividad prácticamente como prioritaria.

Sin embargo, tras casi 13 años de la puesta en funcionamiento del primer mega emprendimiento en el país, las consecuencias comienzan a observarse. Para ciertos sectores estas consecuencias son muy favorables, ya que la actividad ha traído desarrollo económico. Para otros, los pueblos que conviven con la minería, la misma ha generado contaminación, enfermedades, destrucción de actividades tradicionales, entre otras consecuencias.

En este contexto, el Valle Calchaquí, en general y puntualmente el oeste de la provincia de Catamarca resulta un caso ejemplificador de este tipo de fenómenos, no sólo por tener el primer antecedente de minería a cielo abierto del país (Minera Alumbrera), sino porque a pesar de las consecuencias que la misma ha ocasionado, los daños no se intentan remediar sino por el contrario se redobla la apuesta, con el proyecto Agua Rica entre otros que se encuentran en carpeta.

En el caso de Agua Rica, no sólo produce resistencias, a raíz de las consecuencias ya percibidas por la actividad en general y en particular por la experiencia de Alumbrera, sino también por las particularidades del área de explotación. Por su parte, la oposición por parte de la población ha ocasionado que el Estado provincial haya desplegado una serie de mecanismos, que van desde la implementación de planes para cooptar a los gobiernos municipales hasta la criminalización de la protesta para sortear la barrera que la propia población está poniendo. 

Para intentar abordar sucintamente esta compleja problemática, en una primera instancia se abordará un acotado marco sobre las condiciones internas y externas que han conducido a la expansión de esta actividad y a la promoción por parte del Estado.

En una segunda parte, se presentarán los principales inconvenientes que son producto de más de una década de actividad de Yacimiento Bajo La Alumbrera, el “emblema” minero del país. Para ello se hará referencia a testimonios recogidos durante el trabajo de campo, en varios lugares del noroeste argentino, así como también se incorporarán documentos y material periodístico que da cuenta de estos conflictos. Pero a su vez, el marco de situación creado por Alumbrera, posibilitará contextualizar la notable efervescencia que adquirido el conflicto en torno a la minería y que tiene como protagonistas a Agua Rica, el nuevo proyecto estrella en el noroeste argentino y a la pobladores de Andalgalá[1] que se encuentran resistiendo a la posibiloidad que este proyecto se consume, por lo que han sido ferozmente reprimidos a comienzos del año 2010.

 

 

 La minería: una Política de Estado:

 

Desde la reforma de las leyes mineras, a mediados de los ´90, Argentina ha tenido gobiernos nacionales de diversos extractos partidarios, que incluso discursivamente intentaron diferenciarse unos de otros. No obstante ello, la ponderación de esta actividad, entre otras, ha sido una constante. Muestra de ello es que las legislaciones inherentes al sector, especialmente la Ley 24.198 de Inversiones Mineras[2] no se han modificado en su esencia, incluso cuando vastos sectores de la sociedad y una minoría de de poder político han cuestionado dicha ley, por cuanto establece garantías y beneficios impositivos, además de controles extremadamente laxos para las empresas.

Resulta evidente que tanto al momento de sancionarse las mencionadas leyes, como así también en los sucesivos gobiernos no consideraron que los beneficios son sumamente favorables para el capital transnacional mientras que para las arcas nacionales y provinciales los márgenes de ganancias son ínfimos, incluso existen algunos casos en donde el reembolso por exportación – en los puertos patagónicos – es superior a las regalías pagadas, siendo un claro ejemplo de la subvención que tiene la actividad en el país. En este sentido, las palabras del entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner – en el marco de la presentación del Plan Minero Nacional en el año 2004 – muestran claramente cuál es la línea que se ha seguido en torno al desarrollo de la minería:

 

“ (…) el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. Nosotros lo pudimos ir percibiendo en distintos lugares de la Argentina y hasta la profundización del proceso de recesión, de depresión en la Argentina, el sector minero fue mostrando en sus distintos aspectos un crecimiento casi permanente. Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse  adelante en  este sector  el  trabajo  promocional  o de  inducción que  el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina (…)”[3]

Si duda alguna, no existen objeciones en cuanto al accionar de las empresas, sino que por el contrario, desde el Estado Nacional se reafirma el compromiso de consolidar la actividad bajo las condiciones que han sido impuestas a finales de la segunda centuria.

Si bien no es objeto de este trabajo efectuar un análisis exhaustivo de la historia minera en el país, es importante establecer brevemente algunas consideraciones al respecto, que permiten entender por qué, una legislación que es cuestionada por vastos sectores sociales, ya sea por los impactos socioeconómicos y ambientales que produce (cómo se analizará en los apartados siguientes), sea reafirmada e incluso se haya transformado en política estatal.

La economía mundial se encuentra transitando una etapa turbulenta en término del proceso de acumulación. En este sentido, los estados más poderosos, de la mano de sus empresas transnacionales han encontrado en los recursos naturales de los países periféricos, un nicho para reactivar sus perimidas tasas de rentabilidad, así como también el control de dichos bienes naturales se han convertido en estratégicos en la lucha interimperialista. Para cumplimentar su objetivo, tienen como intermediarios a los organismos multilaterales de crédito, quiénes han girado empréstitos para posibilitar la reestructuración de los sectores inherentes a la extracción y /o producción de bienes primarios[4].

En el caso específico de los metales, además de las razones ya planteadas, también se presenta una situación particular, ya que el agotamiento de los yacimientos de alta ley, generó que las empresas vinculadas al sector, bajo la utilización de nuevas tecnologías (extracción a cielo abierto con lixiviación química o flotación), volcaran sus inversiones hacia países que anteriormente no habían sido considerados como plausibles a ser considerados como rentables y ese es el caso de Argentina. Pero para que ello fuera posible, se debía garantizar un marco jurídico acorde a los intereses del capital transnacional. Así lo manifiesta Julián Rooney, vicepresidente de Minera Alumbrera:

“La minería tiene que ser una política de Estado, como tal debe perpetuarse y debe garantizar a los inversores el marco adecuado y necesario para llevar adelante este tipo de inversiones a largo plazo”[5]

Pero no solamente las “condiciones” van a ser solicitadas desde el capital externo, sino que por su parte, las burguesías locales, en una muestra más de su debilitada capacidad de generar proyectos competitivos fuera del amparo del Estado también convalidan esta idea. Así lo plantea la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM):

La seguridad jurídica es condición insustituible para el desarrollo de la minería, fundamentalmente debido a que se trata de inversiones de riesgo a largo plazo. El desarrollo del actual marco normativo ha resultado fundamental para dar impulso a la actividad (…)”[6]

En última instancia, tanto las empresas transnacionales como los empresarios nacionales, tienen fundamentos para solicitar garantías en lo que respecta a las inversiones ya que están defendiendo su negocio. Resulta interesante observar cuáles han sido los argumentos esgrime el Estado, tanto nacional como los provinciales para continuar con dicho respaldo.

El discurso estatal se ha sustentado en el éxito que ha tenido la actividad durante los últimos años, haciendo hincapié al incremento de las inversiones, que crecieron un 1014% entre 2003 y 2008, ascendiendo en este último año a 7.350 millones de pesos,  a su vez se destaca la confiabilidad de la política económica nacional por cuando se han incrementado un 302% las exploraciones. Estas inversiones están distribuidas en  los 403 proyectos (en diferente instancias productivas) que estaban funcionando para el año 2008 en el país, lo que significó un incremento de 907% respecto del año 2003.[7] Este balance que se efectúa desde la Secretaría de Minería, sobre la gestión de gobierno, respecto de la política minera, de Néstor Kirchner y la actual de Cristina Fernández, toman como estandarte del éxito estos números que si bien son una realidad y que parecerían sumamente beneficiosos, especialmente si se suma los datos sobre generación de empleos (256 mil puestos de trabajo en 2008) o la evolución salarial, pero no tienen en cuenta ciertas consideraciones que son centrales a la hora de analizar la problemática minera en su conjunto.

Al respecto brevemente se plantearán aquí algunos cuestionamientos que serán profundizados al analizar el caso de Minera Alumbrera en el apartado siguiente.

En primer lugar, si bien el mayor arribo de las inversiones mineras es una realidad, lo que se debe cuestionar es cuánto queda al país en términos de regalías, es decir menos de un 3% luego de deducidos costos de producción  e impuestos, y la ganancia que obtienen en función del incremento del valor de los metales en el mercado internacional – especialmente cobre y oro – que supera sobradamente las inversiones efectuadas. De la misma forma se pondera la creación de puestos de trabajos, que incentivan el fortalecimiento de las economías históricamente desplazadas. Ahora bien, los puestos  laborales son temporarios, en la etapa de construcción y luego nuevamente quedan en condición de desempleados.

Tampoco se ha tenido en cuenta los pasivos ambientales que esta actividad genera, como así tampoco el consumo de millones de litros de agua diarios y la energía que utilizan. Por el contrario se habla de una minería con responsabilidad, que tenga estrictos controles  procurando la sostenibilidad ambiental y social (Secretaría de Minería, 2009: 4)

Resulta evidente que estas condiciones en las que se ha enmarcado la política minera parecen satisfacer ampliamente al gobierno nacional, ya que durante el mes de junio de 2010, en el marco de la reunión del G20 efectuada en Canadá, la presidenta, acompañada de los gobernadores de las principales provincias mineras, se reunió con los empresarios del sector, asegurando que las reglas de juego establecidas durante los 90 no serán modificadas.[8]

Hasta el momento se ha analizado sucintamente el papel que ha tenido el gobierno nacional. Pero también resulta importante destacar el rol de los gobiernos provinciales, ya que en última instancia son quiénes van a aceptar o no el desarrollo y la forma que va a adoptar la actividad. Esta “provincialización de los recursos”[9] que fue posible con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, ha generado un proceso de descentralización de las decisiones, que resulta sumamente estratégico en función de la resistencia social. En este sentido, son las provincias quienes aprueban los informes de impacto ambiental, quienes establecen los controles de la producción. Pero lo más importante, son quienes administran los fondos provenientes de de las regalías. Ese ingreso del dinero les ha permitido tanto a los gobiernos provinciales como municipales utilizar esos fondos para generar mecanismos de cooptación, a través de la implementación de planes sociales, y cuando eso no es suficiente la coerción aparece como instrumento para contrarrestar la resistencia popular.

Esta relación que se establece entre las empresas y el poder político, por un lado posibilita la legitimación de una actividad que no es vista con buenos ojos por un sector importante de la sociedad, en tanto el Estado deja de cumplir funciones que son su responsabilidad, como es el caso del sostenimiento de los servicios de salud, de educación o el desarrollo cultural y deportivo. Este papel que debería asumir el Estado es reemplazado por las empresas para tratar de construir una imagen de benefactor con la cual obtener la licencia social que toda actividad de tal magnitud necesita.

En contrapartida, las empresas mineras se convierten en el sostén económico de las campañas de los sectores afines a ellas. Pero este compromiso mutuo debe revalidarse constantemente, para que esta relación de reciprocidad se sostenga en el tiempo. Ello incluye ausencia o deficiencia en los controles de la producción, represión y criminalización de quiénes se oponen, en definitiva legislar y actuar en función de los intereses del capital transnacional y de los grupos económicos locales asociados a éste. Ejemplos en este sentido se analizarán a continuación.

 

 

Alumbrera: mucho más que un antecedente

 

La provincia de Catamarca tiene el antecedente de ser la primera provincia en donde se dio inicio al proyecto de una “Argentina minera”.

Yacimiento Bajo La Alumbrera, ubicado en el departamento de Belén, al noroeste de la mencionada provincia, fue el primer emprendimiento que se puso en explotación en el país en el año 1997. Este “privilegio” además supone un antecedente sobre los impactos que esta forma de explotación genera para el resto de los proyectos que le sucedieron, siempre teniendo en cuenta las condiciones estructurales y las singularidades de cada territorio. No obstante existen ciertas tendencias que suponen un comportamiento similar tanto en el país como en diferentes espacios periféricos del mundo donde estas empresas operan.

Catamarca se ha caracterizado históricamente, al menos desde la conformación del Estado Nación, por ser una provincia de inserción periférica. La llegada de un mega emprendimiento, de millonaria inversión, supuso un momento de expectativa para una población que se veía sumamente castigada por lo niveles de desempleo y marginalidad. Es relevante destacar, que en los años en que Alumbrera comienza a operar la economía nacional estaba sufriendo la debacle del modelo aperturista que se había intensificado desde comienzos de los 90, durante el gobierno de Carlos Menem. Con las economías regionales devastadas, el Estado en pleno retroceso en cuanto a lo relacionado con sus funciones de asistencia social, el anuncio de una empresa que iba a ocupar miles de trabajadores era más que prometedor. A su vez, por aquellos años, hasta se prometió que el tren iba a volver a funcionar. Para los más jóvenes, que nacieron y crecieron con una estructura ferroviaria desmantelada posiblemente esto no significara demasiado, pero para quienes han vivido y experimentado lo que este medio de transporte significó para los pueblos del interior, la expectativa no podía ser menor, sobre todo si se tiene en cuenta las paupérrimas condiciones socio económicas que se vivían por aquellos años. 

 El testimonio de uno de los vecinos de la ciudad de Andalgalá, refleja cuál era el sentimiento de aquel momento:

“Nosotros éramos pro – mineros (…) porque venían y nos decían Alumbrera va a tomar 6 mil tipos y 4 mil van a ser de Andalgalá. (…) El ferrocarril. Yo me acuerdo ese día, llorábamos todos. Bajaron la locomotora a 5 km. de acá.[10]Todo el pueblo llegó. La locomotora con banderas argentinas. Vos no te das una idea del llanto. Porque los que tuvimos memoria de lo que fue el ferrocarril en los pueblos.”[11]

Por aquellos tiempos no se tenía demasiado en cuenta, al menos para gran parte de los sectores sociales, la magnitud del impacto y del insumo de recursos básicos para la vida como es el caso del agua y la energía, la esperanza de que la minería trajera progreso estaba latente.

Sin embargo, en la otra ladera del Sistema del Aconquija, ya se avizoraban los primeros problemas. La necesidad de un importante abastecimiento energético, hizo necesario la construcción de una línea de alta tensión[12], que se extiende desde El Bracho (provincia de Tucumán) hasta el yacimiento.  Este tendido, trajo inconvenientes, ya que por un lado, las torres debían ser situadas sobre yacimientos arqueológicos de gran importancia en las cercanías de Tafí del Valle (Manasse, 1995). A su vez, esta localidad tiene un gran valor turístico, por lo que el cableado significaría  un deterioro de las características paisajísticas de la villa veraniega norteña, que además se vería afectada por la deforestación y la consecuente pérdida de biodiversidad, atractivo principal de turistas. Ello llevó a que a partir de ese año, la comunidad de Tafí del Valle efectuara innumerables manifestaciones, como así también una audiencia pública en donde participaron todos los actores intervinientes en la problemática, incluso con la intervención de una misión de la UNESCO en defensa del patrimonio arqueológico y biológico de la zona.

Pero la ilusión rápidamente dejó lugar a la decepción. Los hechos comenzaron a mostrar las verdaderas implicancias de la forma de explotación minera a cielo abierto. Estos impactos pueden ser analizados desde diferentes ópticas. Sin duda una primera aproximación al respecto está relacionada con la forma de producción y sus consecuencias sobre el medio ambiente.

El proceso de explotación a cielo abierto implica la voladura de cerros, la trituración de roca y la separación de las rocas estériles de los minerales a través de la lixiviación con cianuro o ácido sulfúrico entre otros químicos, y en otros casos a través del proceso de “flotación”, con flocuantes y detergentes tóxicos no biodegradables. Los metales extraídos son conducidos mediante un mineraloducto hacia la planta de secado que se encuentra a 316 Km. en la localidad de Ranchillos (provincia de Tucumán) en donde posteriormente son trasladados, a través del ferrocarril, hacia el Puerto de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe).

En cada una de las etapas que comprende todo el proceso se pueden observar innumerables impactos. Como punto de partida esta forma de explotación requiere de enormes cantidades de agua, en una zona semiárida, aproximadamente 100 millones de litros de  diarios, que son extraídos del Campo de Arenal. Esta reserva es una cuenca fósil que tardó miles de años en conformarse, y es la principal fuente de abastecimiento de agua dulce de toda la región, que hoy además se encuentra seriamente comprometida, especialmente  para las comunidades agrícolas ganaderas de la zona que ven como las pasturas, principalmente de altura, desaparecen y con ellas el alimento para sus animales. Así  lo manifiesta el ingeniero Roque Chaile, habitante del Departamento Santan María, donde se encuentra ubicado el mencionado acuífero:[13]

 

“El Campo del Arenal tenía humedales, ciénagas, (…), donde estaba floreciendo el agua y donde  los animales iban a tomar  agua en este campo que era un lugar de pastoreo hace 15 años, donde era de muchos dueños, se usaba comunitariamente para alimentar muchísimo ganado. Este miércoles, unos amigos fueron a buscar el último ganado que quedaba ahí para llevarlo a donde puedan tener pasto y no sabían sí iban a poder cagarlos en los camiones de la debilidad que tenían, porque no existe más pasto; y el gobernador quiere que vayamos a probar que ha bajado el nivel del agua en el Campo del Arenal (…)” (Ingeniero Roque Chaile)

 

En este sentido, especialmente teniendo en cuenta que el área dónde se emplaza el yacimiento es una zona árida, es sumamente importante y grave que en su momento no se haya analizado el impacto sobre el Campo del Arenal, como así tampoco se confeccionara una línea de base, por lo que se desconoce efectivamente cuánta agua han utilizado, ni cuál es la situación en la que se encuentra el acuífero en la actualidad. 

La contaminación del aire, muchas veces no demasiado discutida ni tenida en cuenta, es sumamente importante, ya que la voladura diaria de roca significa que constantemente se encuentren partículas en suspensión con contenidos de nitrato y amoníaco[14], que se depositan tanto en las fuentes de agua, como también afecta a zonas alejadas de la zona de explotación, consecuencia de los vientos predominantes, poniendo en riesgo la salud[15] y las actividades económicas de un extensa área del Valle Calchaquí.

Pero el agua dulce (tanto superficial como subterránea) no sólo se ve afectada por las inmensas cantidades utilizadas, así como por la contaminación productos de las voladuras, sino que mucho más se va a encontrar comprometida por las filtraciones que el dique de cola y las escombreras tienen (Lixiviado Metálico/Drenaje Ácido de Roca – LM/DAR)[16]. Con la gravedad que el dique de cola está emplazado en las cuencas altas de los ríos. Como resultado de ello, los pobladores de los distritos cercanos han tenido que migrar por perder su fuente de sustento (pérdida de animales y cultivos) y por encontrarse comprometida su salud[17].

Por su parte, el mineraloducto, que transporta el concentrado de cobre y otros minerales (alrededor de 60), por éstos últimos no tienen permiso de extracción y por ello no paga un solo peso, en gran parte de su recorrido están ubicado por el lecho de los ríos. Este ducto ha sufrido una serie de roturas contaminando las fuentes de agua dulce, transformando el agua no apta para el consumo humano.[18] La mayoría de estos casos han sido desestimados por la justicia, argumentando que no se trata de roturas, sino de actividades de mantenimiento del ducto. Pero tampoco ante hechos concretos, como el ocurrido en las localidades de Las Estancias y Aconquija (Catamarca) en donde se denunciaron casos de personas enfermas por la concentración de metales pesados provenientes de la Mina y que fueron denunciados por el entonces defensor del Pueblo de Tucumàn[19], han tomado medidas en para remediar la situación.

Sin duda, el punto más destacado de toda esta situación está centrado en los efectos de contaminación que ocurren en la planta de secado a donde llega el concentrado desde el yacimiento. Allí se extrae parte del agua que es necesaria para el transporte en el mineraloducto. Estos residuos son vertidos en el canal DP2, que desemboca en el lago de las Termas de Río Hondo. Estas aguas son la fuente de abastecimiento no sólo de la ciudad de Termas, sino de todo el sistema que es alimentado por el río Dulce (que desemboca en la Laguna de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba). Por este hecho se ha iniciado la causa, que ha llevado al procesamiento del Vicepresidente de Minera Alumbrera Julián Rooney. Este es el primer caso en la historia de América Latina, en donde una empresa minera es llevada a la justicia por delitos penales de Contaminación y Contrabando  de Minerales y Evasión Impositiva[20].

Si bien, existen los instrumentos jurídicos que legislan respecto al control ambiental (Ley 24498 de Minería y Medio Ambiente, 24.585 sobre requerimientos de la Normativa complementaria de la Ley Argentina de Protección Ambiental para la Actividad Minera, 24051 de Residuos Peligrosos), y también abunda un discurso – tanto de los organismos de control estatal como de las propias empresas, que impulsan una minería responsable y comprometida con el resguardo del medio ambiente, todos estos hechos mencionados no sólo que no se han subsanado, sino que por el contrario han quedado impunes y se han ido exacerbando.

En este sentido se puede observar éste como uno de los ejemplos de asociación entre el Estado y las empresas, impulsando esta idea de minería como el único mecanismo viable de progreso. Y es en este punto en donde se entrecruzan otras variables que exceden a lo meramente ambiental y que conducen a componer el intrincado entramado sociopolítico y económico que tiene a la minería como eje central. 

Transcurridos algunos años del inicio de las actividades en muchos sectores de la población continuaba arraigada esta idea de Minería como promotora de desarrollo. Pero no sólo no se veían los resultados de ese progreso, sino que a su vez comenzaban a emerger las serias consecuencias ambientales y que tenían repercusiones sobre las actividades económicas tradicionales y sobre todo sobre las condiciones sanitarias.

Nuevamente se recurre al caso de Andalgalá como muestra de lo que ha ocurrido en gran parte del oeste catamarqueño. La realidad distaba del guión ficcional al que un pueblo esperanzado había sido sometido. Los barrios que se iban a construir para los miles de trabajadores que iban a arribar de otros lares nunca se hicieron, porque no hubo tales trabajadores, pero tampoco estaban los puestos de trabajo para la población local[21].

De la misma forma, las obras que iban a modernizar a la ciudad brillan por su ausencia. El manejo discrecional del que han hecho usos los intendentes de los municipios mineros[22], de las regalías recibidas, ha llevado incluso a que a varios de ellos se les haya iniciado causas e investigaciones por parte del tribunal de cuentas. A modo de ejemplo algunos de los hechos que por los que ha sido investigado el intendente de Andalgalá José Perea, están vinculados a la contratación sin licitación pública para obras de infraestructura en la ciudad como también por excesivos gastos  en actividades oficiales relacionadas con conmemoraciones locales.[23]  Pero el inconveniente no sólo radica en los oprobiosos e irregulares manejos de los fondos públicos, sino que además ello no se ve redituado en obras que beneficien al bien común local.  En una entrevista efectuada[24] al  mencionado intendente Perea, expresó que  no puede ser que la ciudad no tenga un hospital con todo el equipamiento y con las condiciones necesarias para su funcionamiento, que no puede ser que el Instituto de formación superior no tenga un edificio propio, “que los chicos del instituto tengan que estar mendigando un espacio” (sic), que las delegaciones municipales no tengan un espacio adecuado.

Andalgalá, como otros departamentos de la provincia, tenía vida antes de la llegada de la mega minería. Históricamente se ha sostenido económicamente a través de la agricultura, pero en los últimos años los rendimientos de los cultivos han disminuido considerablemente e incluso se han perdido una importante cantidad de plantaciones y los animales domésticos han muerto por envenenamiento o por falta de alimento, como mencionaba previamente el Ing. Chaile. Sin embargo este no es el único problema que atraviesa el sector.

El recuerdo común, muestra un departamento en donde cada casa, en mayor o en menor medida según la extensión del terreno, tenía variedad de frutales y animales domésticos. Como lo plantea la Ingeniera Nora Brizuela, haciendo alusión a su propia historia pero también como un elemento distintivo a una práctica común de las familias andalgalenses, comenta:

“cuando niña, esta finca en donde vivo, prácticamente era autosuficiente. Teníamos plantas de frutales, huerta y criábamos animales. Con el tiempo gran parte de ello se fue perdiendo. Hoy prácticamente el 70% de los alimentos que consumimos se produce fuera de Catamarca”.[25]

Este testimonio es recurrente entre los vecinos. Ahora bien ¿qué condujo a qué este comportamiento fuera en aumento? En general se apunta a un complejo abanico de situaciones.

 En primer lugar, la falta de una política estatal concerniente a apuntalar al sector agrícola también ha influido ostensiblemente. Con respecto a este punto, es importante destacar que la municipalidad de Andalgalá tiene una planta pulpadora que posibilitaría generar productos con valor agregado, incentivando el incremento de la producción y un incremento de la rentabilidad. Dicha planta, luego de numerosos hechos de corrupción, que incluyó una intervención por parte del Estado provincial, hoy está desmantelada en un depósito municipal. A su vez, los precios de comercialización se deterioran año a año. En este sentido, los productores demandan una mayor intervención de municipio propia de etapas anteriores, así lo menciona Ramona C., productora del distrito de Potreros: “antes se debatía en la municipalidad con las empresas que venían a comprar y se acordaba el precio y si no se tiraba o se consumía localmente”[26]. Resulta evidente la imperiosa necesidad de organización colectiva que posibilite establecer una posición fortalecida ante los sectores intermediarios.

En segundo lugar, además de los problemas estructurales, en el último decenio la compleja situación se ha exacerbado como consecuencia de la irrupción de la actividad minera. El consumo desmesurado de agua y la contaminación no sólo han provocado un deterioro de las condiciones de producción, sino esencialmente de la calidad de vida de los pobladores, especialmente de los distritos más cercanos al yacimiento, como es el caso de Amanao, Vis Vis o Villa Vil. En estos casos los procesos de emigración han sido sumamente importantes, que a su vez han generado el abandono de sus fincas - su fuente de sustento – para ir a engrosar los barrios marginales aledaños al área céntrica de Andalgalá. 

Resulta evidente que la ausencia de políticas estatales tendientes a consolidar las actividades que son tradicionales y que incluso ocupan mucha más mano de obra que la actividad minera, están relacionada con la estrategia de imponer a la actividad minera como la “única salida” laboral. Esto a su vez se ratifica con los testimonios de algunos directores y profesores quienes sostienen que durante estos años se han bloqueado sistemáticamente todo tipo de subsidios o proyectos de emprendimientos que posibiliten capacitaciones o salidas laborales que no estén relacionadas con la actividad minera.

A los ya mencionados impactos sobre el medio natural, sobre las actividades económicas, que en definitiva cercenan las otras opciones de vida deferentes, además se debe incluir otro elemento de especial importancia: el avasallamiento ideológico y cultural.

Minera Alumbrera, como otras empresas, ha querido construir una imagen de empresa responsable y comprometida con el cuidado del medio ambiente y proveedora de desarrollo para los pueblos. Para obtener la tan mentada “licencia social” ha adoptado numerosas estrategias, como donativos a escuelas y centros de salud, en las cuales el Estado es cómplice por transferirle esas funciones por las que debería hacerse responsable. Estos donativos no son gratuitos, muy por el contrario son deducidos de los magros impuestos que ya pagan las mismas, pero que paradójicamente contribuyen a crear una imagen benefactora.

Entre sus acciones se pueden mencionar el desarrollo cursos de capacitación docente en varias provincias, promovidos por el Ministerio de Educación y por la Universidad Nacional de General San Martín, inculcando conceptos a favor de la minería, y en donde quiénes disienten con tal corriente de pensamiento son discriminados. Al respecto resulta importante la reflexión de la Lic. Patricia Álvarez, docente de la ciudad de Andalgalá, en alusión a lo que sucede en el ámbito educativo en general y en particular a raíz de un hecho como fue la donación, con el logo de la empresa, de las medallas para los alumnos de 4 grado que juraron la bandera:

“En una Argentina que se llama democrática, donde vivimos situaciones que son paralelas y propias de la época de la dictadura, donde hay un discurso hegemónico, que no se puede pensar que ámbitos académicos sean corresponsables de situaciones como las que vivimos, donde son opacadas, ahogadas y asfixiadas todas las voces que quieren denunciar situaciones de falta de libertad de conciencia. Aquí se están violando diferentes leyes, pero especialmente en el ámbito educativo dos o tres fundamentales. Se está trabajando en base a una homogeneización ideológica, se está faltando a situaciones de derechos humanos del niño, de libertad de conciencia. En dos décadas anteriores, los partidos políticos no podían entrar en las escuelas andalgalenses a repartir absolutamente nada. El terreno de la educación era algo altamente valorado y altamente protegido, pero eso no ha sucedido, y los entes que figuran en esta medalla son responsables de haber roto el entramado social, de haber roto un entramado educativo valorado por años, sostenido por años, por generaciones y generaciones”. [27]

Otro hecho que pinta claramente lo que está sucediendo con respecto al deterioro al manejo (o desmanejo) por parte del sector político, y las soluciones que encuentran para resolver los problemas sociales y económicos y que a pesar de lo dicho, la minería tampoco ha podido subsanar, se encuadra en este ejemplo. El Diputado Nacional por la Provincia de Tucumán Gerónimo Vargas Aignasse ha presentado un proyecto por el cual las sobras de comida de Minera Alumbrera sean donadas a los comedores de las escuelas carenciadas de Catamarca y Tucumán[28].

Hasta aquí se han presentado brevemente algunos lineamientos sobre las consecuencias de más de 12 años de explotación minera. Pero parece que no todos comparten o ponderan estos acontecimientos como importantes. Cómo se mencionó en el primer apartado, el gobierno nacional considera a la minería como política de Estado, hecho que ha sido ratificado por el gobernador de Catamarca el 1 de mayo de 2010[29]. Estas manifestaciones han producido un recrudecimiento del conflicto, ya que no sólo no se solucionan los inconvenientes, sino que por el contrario se redobla la apuesta. Y Andalgalá (como centro del conflicto) nuevamente es el ejemplo, como se desarrollará a continuación.

 

 

Agua Rica: el nuevo foco de conflicto:

 

Si bien el proyecto para explotar Agua Rica tiene ya varios años de vigencia algunos acontecimientos hicieron que la posibilitad efectiva de consumar la explotación sea reciente. Por un lado, la crisis económica internacional y la consecuente baja en el precio de los metales, generó que la empresa que tiene permiso de explotación Yamana Gold, pospusiera sus planes, aunque en ningún momento fueron desestimados.

Otro de los inconvenientes y que adquiere particular importancia, está vinculado con específicamente con la factibilidad en cuanto a la operación.

Para comprender la importancia de este punto es necesario efectuar algunas consideraciones.

El Proyecto Agua Rica, se encuentra situado a aproximadamente una altura de 4200 msnm, a 17 Km de la ciudad[30] y emplazado sobre la cuenca del Río Andalgalá, del cual se abastece de agua a todo el departamento. Se trata de un yacimiento que es prácticamente tres veces más grande que Alumbrera, con lo que ello implica en función de los impactos que ya se han mencionado aquí.

Se puede plantear que la resistencia social está fundada en cuestiones ideológicas, de desinformación, infundadadas o incluso por intereses mezquinos de “extraños” hacia el desarrollo de los pueblos del interior, pero lo grave es que las objeciones en este caso han venido de los propios técnicos[31] contratados por el gobierno para analizar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) proporcionado por la empresa.

Entre las primeras consideraciones que éstos técnicos observan, sobre las generalidades del informe que se analizado establecen que hay temas que no son tratados con la profundidad acorde a un proyecto de tamaña envergadura, como así también hay impactos que no son considerados  o se asignan categorías más bajas, sin que dicha asignación sea respaldada correctamente (Unidad de Negocios UNT, 2008: 14).

Como primera instancia, esto marca las imprecisiones con las que estos emprendimientos se aprueban, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de las transformaciones que producen.

Entre las objeciones puntuales se destacan algunas que deben ser tomadas muy en cuenta por las consecuencias que ello podría acarrear:

-        Con respecto al área de mina plantean que se encuentra situada en un área inestable debido al relieve escarpado, que sumado a factores naturales como tipo de lluvias, sedimentos o posible ocurrencia de sismos, que propenden a la generación de procesos de remoción en masa de forma natural, que se verían incrementados de forma artificial por la localización de la escombrera de Melcho. En este sentido no fueron considerados eventos históricos de este tipo, que generaron serias repercusiones. 

-        El tipo de lluvias, y la dirección del agua posibilitarán la migración de lixiviados y el avance de la pluma, afectando acuíferos subterráneos.

-        No hay estudios sobre las escombreras ubicadas en el Campo del Arenal

-        No se han definido claramente las condiciones para la etapa de cierre en el Campo del Arenal.

-        Se plantea un cronograma de monitoreo para la etapa de cierre (10 años), escaso si se tiene en cuenta el periodo prolongado de los procesos y reacciones sinérgicas del dique de colas. Y especifican: “Con un pasivo ambiental que quedará por generaciones” [32]

-        En cuanto al análisis del agua, platean la posibilidad de deterioro en la calidad del agua superficial y subterránea. A su vez se hace referencia al excesivo uso que provoca un serio desbalance hídrico que provocará un importante impacto de disponibilidad de agua en el Campo del Arenal, que afectará no sólo al mencionado acuífero, sino también los caudales de los ríos Santa María y Nacimientos y los humedales. Por tratarse de aguas fósiles las recargas se tornan inciertas.  

-        Se minimizan los impactos visuales y de las vibraciones como elementos que puedan afectar a las poblaciones.

Estas son algunas de las muchas objeciones que este informe presenta. A pesar de ello, y bajo la amenaza de la empresa concesionaria de retirarse, en marzo de 2009 se aprobó el IIA presentado por la empresa. La prensa especializada así anunciaba este hecho:

“Un punto destacable dentro de la Declaración de Impacto Ambiental es que se incluye obligaciones y compromisos que deberá asumir la empresa tanto en la fase técnica como en los aspectos socioeconómicos como culturales, algo que Yamana maneja con claridad, focalizando el trabajo en la región para garantizar el desarrollo sustentable de las comunidades y el medio ambiente, garantizando además un negocio rentable”.[33]

Queda claro, que tanto para quienes tienen que aprobar este tipo de actividades, como para quienes tienen intereses en el sector – en este caso ha promulgado a través de la prensa- las serias objeciones que anteriormente fueron descriptas son detalles menores proclives a ajustes con el transcurso del tiempo.

Casi 12 años de experiencia les han permitido a los ciudadanos de Andalgalá conocer personalmente las consecuencias del arribo de una empresa minera. Esta contundente realidad le ha posibilitado que una gran mayoría de la ciudad no quiera que esta historia vuelva a repetirse.

Nuevamente comenzaron a escucharse las promesas de un progreso de la mano de la minería. Nuevamente se habla de las 5000 personas que ocuparía Agua Rica y que una vez finalizada su labor allí serían ocupadas por el municipio para realizar obras con el dinero de las regalías[34]. La ciudadanía ya no cree en esas palabras, cuando el ejemplo mostró todo lo contrario, si de los 6 mil que iban a trabajar en Alumbrera, sólo trabajan 80, si las obras que iban a hacer no están y tampoco se sabe a ciencia cierta en que se gastaron los 65 millones que recibió el municipio, si el municipio se encuentra constantemente en conflicto con los trabajadores porque no puede hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores que ya se encuentran efectivos.

Pero además, la comunidad hoy se encuentra fracturada socialmente por viejos enfrentamientos entre quienes nunca  creyeron en esos discursos y quiénes apostaron a la ilusión o tienen algún familiar trabajando.

Todos estos hechos, sumado a las inapelables objeciones de los técnicos sobre los riesgos de poner en marcha este proyecto y la posibilidad concreta que la principal fuente de vida: el agua, se vea seriamente comprometida, han conducido a que la movilización social vaya in crescendo, nace así el 14 de diciembre de 2009 la Asamblea El Algarrobo. Como medida de protesta, esta asamblea se constituyó a la vera del camino comunal que une los distritos de Chaquiago y Potreros para impedir solamente el paso a maquinarias o transporte que lleven insumos hacia el yacimiento. Se debe destacar que la misma está compuesta no sólo por los vecinos que desde siempre lucharon por la defensa del agua, sino que a su vez se fueron sumando aquellas personas que ante la gravedad del hecho, se aprestaron a participar más activamente y también por aquellos que encontraron que su ilusión se había hecho añicos por la realidad.

Frente a la contundencia de un reclamo que se hacía cada vez más fuerte, primero comenzó la descalificación como mecanismo para contrarrestar una voz que se hacía oir cada vez más fuerte. Y aparecieron términos como “hippies”, “drogadictos”, “extranjeros que no quieren el progreso de Andalgalá”, “terroristas”, “fundamentalistas”. Si bien algunos de ellos pueden sonar risibles, es importante destacar que exceden a la ciudad en cuestión y que se han tornado comunes en todos los lugares en donde existen conflictos y luchas por el derecho no sólo a un ambiente sano, sino también en otras causas como la lucha por la tierra o los derechos civiles en general.[35]

Como esta envestida ideológica y mediática no surtió el efecto esperado, los sectores interesados en que Agua Rica se ponga en marcha ejercieron una constante presión para que la protesta fuera acallada. Es así que el 15 de febrero de 2010, el Juez de Garantías Rodolfo Cecenarro[36], en anuencia con el gobierno provincial y municipal ordenó el desalojo de la Asamblea mediante una brutal represión nunca antes vivida en la historia de Andalgalá. A raíz de la gravedad de los hechos, el juez de Minas Guillermo Cerda ordenó el cese provisorio de las actividades de la empresa hasta tanto se reestablezca la paz social. Ahora bien, resulta confuso que se entiende por reestablecer la paz social cuando desde aquel fatídico día, se han sucedido innumerables causas judiciales en contra de miembros de la Asamblea, a las que se les da demanda efectiva, mientras que las denuncias presentadas por los vecinos que no quieren la actividad minera en su localidad no son tenidas en cuenta o se pierden en el camino burocrático.

Existió una real posibilidad de que ese “deseo” del juez de minas se concrete. El proyecto de una consulta popular, impulsado por concejales de la ciudad fue desestimado tanto por el poder ejecutivo municipal así como también por el provincial. Pero tampoco se quiere dar curso a la aprobación de una ordenanza municipal que prohíba la minería a cielo, que ha sido redactada por la Asamblea El Algarrobo e impulsada por los mismos concejales. En ambos casos se esgrime el argumento que por ley es la provincia la encargada de decidir sobre el manejo y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, estos argumentos no son válidos si se tiene en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional que especifica:

“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección  y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las decisiones locales.”

Es evidente que cuando la ley favorece a los sectores dominantes debe ser respetada, mientras que cuando les es adversa, sencillamente se omite.

 

 

A modo de Epílogo:

 

Palabras como crecimiento y progreso han tratado de ser asociadas sistemáticamente a la  minería. Por el contrario, la realidad ha mostrado la cara opuesta.

Con la explotación de los recursos naturales, el capital transnacional, con anuencia del Estado, ha encontrado una veta para apropiarse de una extraordinaria renta y esto se ha difundido como un verdadero éxito para el país.

Sin embargo, todo emprendimiento económico, toda medida política tiene su costo. En el caso de la actividad minera, la idea parece ser la de declarar “zonas sacrificables” en pos de un crecimiento productivo del país. Un crecimiento que sólo puede tomarse como real sí se tiene en cuenta el incremento en los volúmenes de explotación, pero que definitivamente no contribuye satisfactoriamente ni a la población ni a las arcas argentinas, si se quisiera efectuar un análisis meramente contable. Si se complejiza el análisis hay pasivos que no se pueden cuantificar. De qué manera se puede medir o recomponer un daño al ambiente, cómo se pueden monetarizar bienes que son comunes, no sólo para esta generación sino también para las siguientes. Bajo qué criterio se le puede asignar un valor a la destrucción cultural e histórica de un pueblo.

El final de esta historia aún está abierto. Pero existen algunas certezas. En el título de este trabajo se plantea un interrogante. Bajo las condiciones actuales no hay interrogante posible.  Cuando se producen daños irreversibles, cuando la forma de conducir el destino de un pueblo es a través de la violencia y de generar miedo, cuando sólo unos pocos se benefician, no se puede hablar de desarrollo.  

 

 

Bibliografía

·         Berardi, A., “Minería Argentina: de ganancias macroeconómicas y pérdidas socioambientales”. En Liberali, A. y Gejo O. La Argentina como Geografía. Procesos productivos e Impacto Social (1990 – 2008). UNMDP – UNLu – Centro de Estudios Alexander von Humboldt – UGAL – Red Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI, Bs. As. 2010

·         de Moori K., M. Reformas económicas y la inversión en el sector minero argentino. CEPAL. Serie Reformas Económicas Nº 50. Santiago de Chile, 1999.

·         de Olivera, D. “Se aprobó el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica”. En revista Panorama Minero, Año XXXII, Edición Nº 354, Abril 2009

·         Mannasse, B. “Prospección arqueológica en áreas afectadas por la colocación de la línea de alta tensión en la zona de los Cuartos y la Costa, Tafí del Valle, Tucumán. UNT,  Octubre 1995

·          Secretaría de Minería de la Nación, Minería en números 2009. www.mineria.gov.ar

·         Svampa, M. y Antonelli, M., Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, Bs. As., 2009.

·         Unidad de Negocios de la UNT. Análisis del Informe de Impacto Ambiental de Mina Agua Rica. UNT, Julio de 2008.

Archivos Digitales

·         Archivo Diario El Ancasti www.elancasti.com.ar

·         Archivo Diario Nuevo Día  www.nuevodiarioweb.com.ar

·         Boletín de la Movida Ambiental http://boletinmovidaambiental.blogspot.com

·         Cámara Argentina de Empresarios Mineros www.caem.com.ar

·         Secretaría de Minería de la Nación www.minería.gov.ar

 

 

Ponencia presentada en el XII Encuentro Internacional Humboldt "El Capitalismo como Geografía", La Rioja, Argentina - 20 al 24 de setiembre de 2010.

 



[1] Es importante destacar que si bien se pone en el centro de la disputa a la ciudad de Andalgalá, todas las organizaciones sociales y ambientalistas a lo largo del Valle Calchaquí se han sumado a esta lucha por defender sus derechos.

[2] Se debe destacar que además de la mencionada ley existen otras que fueron claves en la transformación como es el caso  24.224/93 (creación del Consejo Federal de Minería), 24.228/93 (Acuerdo Federal Minero), 24.198/93 (de Inversiones Mineras) y 24.466/95 (creación del Banco Nacional de información geológica). Para ampliar sobre el tema ver: de Moori K., M. Reformas económicas y la inversión en el sector minero argentino. CEPAL. Serie Reformas Económicas Nº 50. Santiago de Chile, 1999. Svampa M.; Bottaro, L. y Sola Álvarez, M.; “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”. En: Svampa, M. y Antonelli, M., Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, Bs. As., 2009.; Berardi, A., “Minería Argentina: de ganancias macroeconómicas y pérdidas socioambientales”. En Liberali, A. y Gejo O. La Argentina como Geografía. Procesos productivos e Impacto Social (1990 – 2008). UNMDP – UNLu – Centro de Estudios Alexander von Humboldt – UGAL – Red Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI, Bs. As. 2010 

 [3]  http://www.mineria.gov.ar/planmineronac.htm

[4] Dos aclaraciones se deben realizar al respecto. Por un lado, la actividad minera no ha sido la única que ha sufrido cambios en cuanto al marco legal durante el periodo citado, sino que también por aquellos años, se modificaron la ley de pesca, la ley de bosques, se privatizó YPF.  En el caso específico de la actividad minera, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 39,5 millones de dólares al Estado Argentino destinado a la conformación del Segundo Proyecto de Asistencia al Sector Minero Argentino. (Berardi, A, 2010: 88)

[5] Julián Rooney. Panorama Minero. N° 277, Noviembre de 2002, citado en Svampa, M y Antonelli, M. Op. Cit. Pág. 33

[6] CAEM, “Por una minería responsable”.

http://www.caem.com.ar/index4.php?IDM=7&IDSM=14&IDN=16

[7] Datos aportados por la Secretaría de Minería de la Nación. Minería en números 2009. www.mineria.gov.ar

[9] Svampa, M. y Antonelli, M. Op. Cit. Pág. 33

 

[10] Varios de los vecinos de la ciudad recuerdan este hecho de forma paradigmática y casi representativa del comportamiento que Alumbrera y el poder político han tenido. Años después se supo que la locomotora que habían hecho llegar a la estación de Huaco, prácticamente estaba en desuso y había sido transportada en un camión hasta unos escasos kilómetros de la estación para luego colocarla en los rieles y que recorriera algunos metros.

[11] Entrevista a León Cecenarro. Ex concejal de la ciudad de Andalgalá. 21 de enero de 2010.

[12] Incluso cuando comenzó a operar en 1997, se anunció que era el mayor consumidor energético del país, consumiendo el 170% de la energía de toda la provincia de Catamarca y el 87% de la provincia de Tucumán.

[13]  Dicho testimonio fue recogido en la sesión especial que se llevó a cabo en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, en donde las comunidades afectadas por Minera Alumbrera expusieron sus vivencias al respecto (01 – 12 – 2009)

[14] Si bien no se establece esta aclaración para el IIA, en un análisis que efectúa la Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán para el IIA de Minera Agua Rica (proyecto de similares características), plantean esta observación como un foco importante de contaminación de las fuentes de aguas superficiales.

[15] Lamentablemente no existen estadísticas oficiales sobre el incremento de enfermedades relacionadas o en la mejor de las situaciones, en cuando las cifras sobre casos de cáncer, enfermedades respiratorias, alergias o dermatológicas comenzaron a ser muy evidentes, estás estadísticas se dejaron de confeccionar. En la actualidad, a raíz de la voluntad de algunos profesionales de la salud, que de forma independiente, y preocupados por los efectos causados por esta actividad, están efectuando un seguimiento de las patologías. Tal es el caso del Dr. Flores médico del hospital de Andalgalá, que conjuntamente con profesionales de los Hospitales de la Ciudad de Córdoba están dando a conocer una realidad más que evidente. En Andalgalá, los casos de cáncer han aumentado un 800%, como así también han aparecido patologías nuevas que no se condicen con la historia de la región.

[17] La Familia Casas Flores, que vivía en las nacientes del Río Vis Vis (a 2 Km. aproximadamente de donde se encuentra ubicado el open pit) desde tiempos inmemoriales, tuvo que abandonar su finca, cuando sus animales comenzaron a morirse y su salud se deterioró. Hoy se encuentran en litigio con la empresa.

[18] Por esta situación, hay una causa iniciada por Carlos Aranda, habitante de la localidad de Alpachiri (Provincia de Tucumán) contra MAA, a raíz del perjuicio económico ocasionado por la contaminación del agua, producto de un enterramiento clandestino de una de las tantas roturas del mineraloducto.

[21] Sobre una población de aproximadamente 18 mil habitantes que tiene el departamento, alrededor de 80 están trabajando actualmente en Minera Alumbrera. Cabe destacar  que una parte considerable de esos trabajadores fueron ocupados con posterioridad a la rotura del mineraloducto en la localidad de Villa Vil, siendo además en ese momento habitantes de tal lugar. Con esta estrategia la empresa trató de minimizar el descontento y la preocupación que la población tenía por observar como el río de donde obtiene agua para consumo humano y para riego se contaminaba.

[22]Diario El Ancasti, “Más intendentes en jaque por el uso de las regalías mineras” Política y Economía, 01 - 12 – 09 www.elancasti.com.ar

[23]El TC también objetó el uso de 400 mil pesos para gastos de la Semana de Andalgalá en 2008, pese a las advertencias contrarias del tribunal” Fuente: Diario el Ancasti, “Auditoría del TC compromete la gestión de intendentes del Oeste”, Política y Economía, 30 – 09 – 09 www.elancasti.com.ar

[24] Testimonio recogido el 26 – 01 – 2010 

[25] Entrevista realizada el 17 – 02 – 2010

[26] Testimonio recogido durante el Encuentro de Economía Solidaria realizado en la ciudad de Andalgalá el día 20 – 02 - 2010

[27] Testimonio ofrecido en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, en una sesión extraordinaria en donde los pueblos de Valle calchaquí afectados por Alumbrera expusieron. 01 – 12- 09

[29] Diario el Ancasti, “El gobernador ratificó la condición minera de la provincia”, Política y Economía, 01 – 05 – 2010 www.elancasti.com.ar

[30] A diferencia de Alumbrera, que se encuentra a 40 km. de la ciudad, sin posibilidad de visualización por la disposición de los cordones montañosos, en este caso la cercanía como la visualización generan un fuerte impacto.

[31] El Intendente José Perea contrató a técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de su Unidad de Negocios, para que estudiaran el informe.

[32] Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán. Análisis del Informe de Impacto Ambiental de Mina Agua Rica. Universidad Nacional de Tucumán, Julio de 2008. Pág. 19

[33] de Olivera, D. “Se aprobó el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica”. En revista Panorama Minero, Año XXXII, Edición Nº 354, Abril 2009, Pág. 79

[34] Declaraciones del intendente Perea, en la entrevista que ya ha sido citada.

[35] Posiblemente los casos más ejemplicadores al respecto son los de Perú y Chile. En el caso de Perú, el gobierno de Alan García ha procesado a centenares de activistas por causas de terrorismo de Estado. Mientras que en el caso de Chile, aún se sigue procesando a los miembros de la Nación Mapuche bajo la ley de Terrorismo impulsada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

[36] Este mismo juez tenía en su poder, el recurso de amparo presentado por la asamblea, que solicitaba la medida de no innovar hasta tanto no se efectuara una seria discusión sobre los impactos del emprendimiento. Ante estas dos opciones se decidió por firmar la represión.






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