Recursos Mineros en el Valle Calchaquí:
¿Proyecto de desarrollo?
Ana Laura Berardi
Resumen
La
minería en nuestro país no ha estado exenta de conflictos. Hoy con casi 13 años
de experiencia de funcionamiento del primer mega emprendimiento: Bajo La
Alumbrera, las consecuencias de esta actividad son observables y con ello es
factible analizar el impacto que ha tenido sobre el territorio.
Mientras se incrementa la protesta social en contra de la minería,
el Estado Nacional la considera como “política de estado”, y por lo tanto se
incentiva el arribo de más inversiones.
En este
sentido, el Valle Calchaquí se ha convertido en un lugar en donde la
confrontación ha adquirido niveles de relevancia, no sólo por la presencia de
Minera Alumbrera sino por la intención de poner en explotación nuevos
yacimientos como es el caso de Minera Agua Rica.
Este
trabajo apuntará analizar, el impacto que un nuevo emprendimiento como es Agua
Rica tendría sobre una región que ya se ha visto afectada por Minera
Alumbrera.
Abstract
Mining in our country has not been without conflict. After 12
years of experience of operation of the first mega project: Bajo La Alumbrera,
the consequences of this activity are observable on the
territory.
While increasing social protests against mining, the National
Government regards it as “state policy”, therefore encourage the arrival of more
investment.
In this sense, the Calchaquí Valley has become a place where the
confrontation has taken on levels of significance, not only by the presence of
Minera Alumbrera but also by the intention to use new sources such as Minera
Agua Rica.
This study will aim to analyze the impact that a new project as
Agua Rica would have on a region already affected by Minera Alumbrera.
Introducción
Transcurrida una década y media de la modificación de las leyes
mineras, la actividad ha tomado una dimensión no conocida en épocas anteriores.
El
incremento de las inversiones, principalmente en el rubro metalífero, ha
generado que desde el gobierno nacional y desde los gobiernos de las provincias
“mineras” se incentive la actividad prácticamente como prioritaria.
Sin
embargo, tras casi 13 años de la puesta en funcionamiento del primer mega
emprendimiento en el país, las consecuencias comienzan a observarse. Para
ciertos sectores estas consecuencias son muy favorables, ya que la actividad ha
traído desarrollo económico. Para otros, los pueblos que conviven con la
minería, la misma ha generado contaminación, enfermedades, destrucción de
actividades tradicionales, entre otras
consecuencias.
En este
contexto, el Valle Calchaquí, en general y puntualmente el oeste de la provincia
de Catamarca resulta un caso ejemplificador de este tipo de fenómenos, no sólo
por tener el primer antecedente de minería a cielo abierto del país (Minera
Alumbrera), sino porque a pesar de las consecuencias que la misma ha ocasionado,
los daños no se intentan remediar sino por el contrario se redobla la apuesta,
con el proyecto Agua Rica entre otros que se encuentran en
carpeta.
En el
caso de Agua Rica, no sólo produce resistencias, a raíz de las consecuencias ya
percibidas por la actividad en general y en particular por la experiencia de
Alumbrera, sino también por las particularidades del área de explotación. Por su
parte, la oposición por parte de la población ha ocasionado que el Estado
provincial haya desplegado una serie de mecanismos, que van desde la
implementación de planes para cooptar a los gobiernos municipales hasta la
criminalización de la protesta para sortear la barrera que la propia población
está poniendo.
Para
intentar abordar sucintamente esta compleja problemática, en una primera
instancia se abordará un acotado marco sobre las condiciones internas y externas
que han conducido a la expansión de esta actividad y a la promoción por parte
del Estado.
En una
segunda parte, se presentarán los principales inconvenientes que son producto de
más de una década de actividad de Yacimiento Bajo La Alumbrera, el “emblema”
minero del país. Para ello se hará referencia a testimonios recogidos durante el
trabajo de campo, en varios lugares del noroeste argentino, así como también se
incorporarán documentos y material periodístico que da cuenta de estos
conflictos. Pero a su vez, el marco de situación creado por Alumbrera,
posibilitará contextualizar la notable efervescencia que adquirido el conflicto
en torno a la minería y que tiene como protagonistas a Agua Rica, el nuevo
proyecto estrella en el noroeste argentino y a la pobladores de
Andalgalá que se
encuentran resistiendo a la posibiloidad que este proyecto se consume, por lo
que han sido ferozmente reprimidos a comienzos del año 2010.
La minería: una Política de
Estado:
Desde
la reforma de las leyes mineras, a mediados de los ´90, Argentina ha tenido
gobiernos nacionales de diversos extractos partidarios, que incluso
discursivamente intentaron diferenciarse unos de otros. No obstante ello, la
ponderación de esta actividad, entre otras, ha sido una constante. Muestra de
ello es que las legislaciones inherentes al sector, especialmente la Ley 24.198
de Inversiones Mineras no se han modificado en su esencia, incluso cuando vastos
sectores de la sociedad y una minoría de de poder político han cuestionado dicha
ley, por cuanto establece garantías y beneficios impositivos, además de
controles extremadamente laxos para las empresas.
Resulta
evidente que tanto al momento de sancionarse las mencionadas leyes, como así
también en los sucesivos gobiernos no consideraron que los beneficios son
sumamente favorables para el capital transnacional mientras que para las arcas
nacionales y provinciales los márgenes de ganancias son ínfimos, incluso existen
algunos casos en donde el reembolso por exportación – en los puertos patagónicos
– es superior a las regalías pagadas, siendo un claro ejemplo de la subvención
que tiene la actividad en el país. En este sentido, las palabras del entonces
Presidente de la Nación Néstor Kirchner – en el marco de la presentación del
Plan Minero Nacional en el año 2004 – muestran claramente cuál es la línea que
se ha seguido en torno al desarrollo de la minería:
“ (…)
el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90,
con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un
punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente.
Nosotros lo pudimos ir percibiendo en distintos lugares de la Argentina y hasta
la profundización del proceso de recesión, de depresión en la Argentina, el
sector minero fue mostrando en sus distintos aspectos un crecimiento casi
permanente. Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en
muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias
provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse adelante
en este sector el trabajo promocional o de
inducción que el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y
llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue
positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad
concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la
Argentina (…)”
Si duda
alguna, no existen objeciones en cuanto al accionar de las empresas, sino que
por el contrario, desde el Estado Nacional se reafirma el compromiso de
consolidar la actividad bajo las condiciones que han sido impuestas a finales de
la segunda centuria.
Si bien
no es objeto de este trabajo efectuar un análisis exhaustivo de la historia
minera en el país, es importante establecer brevemente algunas consideraciones
al respecto, que permiten entender por qué, una legislación que es cuestionada
por vastos sectores sociales, ya sea por los impactos socioeconómicos y
ambientales que produce (cómo se analizará en los apartados siguientes), sea
reafirmada e incluso se haya transformado en política
estatal.
La
economía mundial se encuentra transitando una etapa turbulenta en término del
proceso de acumulación. En este sentido, los estados más poderosos, de la mano
de sus empresas transnacionales han encontrado en los recursos naturales de los
países periféricos, un nicho para reactivar sus perimidas tasas de rentabilidad,
así como también el control de dichos bienes naturales se han convertido en
estratégicos en la lucha interimperialista. Para cumplimentar su objetivo,
tienen como intermediarios a los organismos multilaterales de crédito, quiénes
han girado empréstitos para posibilitar la reestructuración de los sectores
inherentes a la extracción y /o producción de bienes primarios.
En el
caso específico de los metales, además de las razones ya planteadas, también se
presenta una situación particular, ya que el agotamiento de los yacimientos de
alta ley, generó que las empresas vinculadas al sector, bajo la utilización de
nuevas tecnologías (extracción a cielo abierto con lixiviación química o
flotación), volcaran sus inversiones hacia países que anteriormente no habían
sido considerados como plausibles a ser considerados como rentables y ese es el
caso de Argentina. Pero para que ello fuera posible, se debía garantizar un
marco jurídico acorde a los intereses del capital transnacional. Así lo
manifiesta Julián Rooney, vicepresidente de Minera
Alumbrera:
“La
minería tiene que ser una política de Estado, como tal debe perpetuarse y debe
garantizar a los inversores el marco adecuado y necesario para llevar adelante
este tipo de inversiones a largo plazo”
Pero no
solamente las “condiciones” van a ser solicitadas desde el capital externo, sino
que por su parte, las burguesías locales, en una muestra más de su debilitada
capacidad de generar proyectos competitivos fuera del amparo del Estado también
convalidan esta idea. Así lo plantea la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
(CAEM):
La
seguridad jurídica es condición insustituible para el desarrollo de la minería,
fundamentalmente debido a que se trata de inversiones de riesgo a largo plazo.
El desarrollo del actual marco normativo ha resultado fundamental para dar
impulso a la actividad (…)”
En
última instancia, tanto las empresas transnacionales como los empresarios
nacionales, tienen fundamentos para solicitar garantías en lo que respecta a las
inversiones ya que están defendiendo su negocio. Resulta interesante observar
cuáles han sido los argumentos esgrime el Estado, tanto nacional como los
provinciales para continuar con dicho respaldo.
El
discurso estatal se ha sustentado en el éxito que ha tenido la actividad durante
los últimos años, haciendo hincapié al incremento de las inversiones, que
crecieron un 1014% entre 2003 y 2008, ascendiendo en este último año a 7.350
millones de pesos, a su vez se
destaca la confiabilidad de la política económica nacional por cuando se han
incrementado un 302% las exploraciones. Estas inversiones están distribuidas
en los 403 proyectos (en diferente
instancias productivas) que estaban funcionando para el año 2008 en el país, lo
que significó un incremento de 907% respecto del año 2003. Este balance que se efectúa desde la Secretaría de Minería, sobre
la gestión de gobierno, respecto de la política minera, de Néstor Kirchner y la
actual de Cristina Fernández, toman como estandarte del éxito estos números que
si bien son una realidad y que parecerían sumamente beneficiosos, especialmente
si se suma los datos sobre generación de empleos (256 mil puestos de trabajo en
2008) o la evolución salarial, pero no tienen en cuenta ciertas consideraciones
que son centrales a la hora de analizar la problemática minera en su
conjunto.
Al
respecto brevemente se plantearán aquí algunos cuestionamientos que serán
profundizados al analizar el caso de Minera Alumbrera en el apartado
siguiente.
En
primer lugar, si bien el mayor arribo de las inversiones mineras es una
realidad, lo que se debe cuestionar es cuánto queda al país en términos de
regalías, es decir menos de un 3% luego de deducidos costos de producción e impuestos, y la ganancia que obtienen
en función del incremento del valor de los metales en el mercado internacional –
especialmente cobre y oro – que supera sobradamente las inversiones efectuadas.
De la misma forma se pondera la creación de puestos de trabajos, que incentivan
el fortalecimiento de las economías históricamente desplazadas. Ahora bien, los
puestos laborales son temporarios,
en la etapa de construcción y luego nuevamente quedan en condición de
desempleados.
Tampoco
se ha tenido en cuenta los pasivos ambientales que esta actividad genera, como
así tampoco el consumo de millones de litros de agua diarios y la energía que
utilizan. Por el contrario se habla de una minería con responsabilidad, que
tenga estrictos controles
procurando la sostenibilidad ambiental y social (Secretaría de Minería,
2009: 4)
Resulta
evidente que estas condiciones en las que se ha enmarcado la política minera
parecen satisfacer ampliamente al gobierno nacional, ya que durante el mes de
junio de 2010, en el marco de la reunión del G20 efectuada en Canadá, la
presidenta, acompañada de los gobernadores de las principales provincias
mineras, se reunió con los empresarios del sector, asegurando que las reglas de
juego establecidas durante los 90 no serán modificadas.
Hasta
el momento se ha analizado sucintamente el papel que ha tenido el gobierno
nacional. Pero también resulta importante destacar el rol de los gobiernos
provinciales, ya que en última instancia son quiénes van a aceptar o no el
desarrollo y la forma que va a adoptar la actividad. Esta “provincialización de
los recursos” que fue posible con la reforma de la Constitución Nacional en el
año 1994, ha generado un proceso de descentralización de las decisiones, que
resulta sumamente estratégico en función de la resistencia social. En este
sentido, son las provincias quienes aprueban los informes de impacto ambiental,
quienes establecen los controles de la producción. Pero lo más importante, son
quienes administran los fondos provenientes de de las regalías. Ese ingreso del
dinero les ha permitido tanto a los gobiernos provinciales como municipales
utilizar esos fondos para generar mecanismos de cooptación, a través de la
implementación de planes sociales, y cuando eso no es suficiente la coerción
aparece como instrumento para contrarrestar la resistencia popular.
Esta
relación que se establece entre las empresas y el poder político, por un lado
posibilita la legitimación de una actividad que no es vista con buenos ojos por
un sector importante de la sociedad, en tanto el Estado deja de cumplir
funciones que son su responsabilidad, como es el caso del sostenimiento de los
servicios de salud, de educación o el desarrollo cultural y deportivo. Este
papel que debería asumir el Estado es reemplazado por las empresas para tratar
de construir una imagen de benefactor con la cual obtener la licencia social que
toda actividad de tal magnitud necesita.
En
contrapartida, las empresas mineras se convierten en el sostén económico de las
campañas de los sectores afines a ellas. Pero este compromiso mutuo debe
revalidarse constantemente, para que esta relación de reciprocidad se sostenga
en el tiempo. Ello incluye ausencia o deficiencia en los controles de la
producción, represión y criminalización de quiénes se oponen, en definitiva
legislar y actuar en función de los intereses del capital transnacional y de los
grupos económicos locales asociados a éste. Ejemplos en este sentido se
analizarán a continuación.
Alumbrera: mucho más que un
antecedente
La
provincia de Catamarca tiene el antecedente de ser la primera provincia en donde
se dio inicio al proyecto de una “Argentina
minera”.
Yacimiento Bajo La Alumbrera, ubicado en el departamento de Belén,
al noroeste de la mencionada provincia, fue el primer emprendimiento que se puso
en explotación en el país en el año 1997. Este “privilegio” además supone un
antecedente sobre los impactos que esta forma de explotación genera para el
resto de los proyectos que le sucedieron, siempre teniendo en cuenta las
condiciones estructurales y las singularidades de cada territorio. No obstante
existen ciertas tendencias que suponen un comportamiento similar tanto en el
país como en diferentes espacios periféricos del mundo donde estas empresas
operan.
Catamarca se ha caracterizado históricamente, al menos desde la
conformación del Estado Nación, por ser una provincia de inserción periférica.
La llegada de un mega emprendimiento, de millonaria inversión, supuso un momento
de expectativa para una población que se veía sumamente castigada por lo niveles
de desempleo y marginalidad. Es relevante destacar, que en los años en que
Alumbrera comienza a operar la economía nacional estaba sufriendo la debacle del
modelo aperturista que se había intensificado desde comienzos de los 90, durante
el gobierno de Carlos Menem. Con las economías regionales devastadas, el Estado
en pleno retroceso en cuanto a lo relacionado con sus funciones de asistencia
social, el anuncio de una empresa que iba a ocupar miles de trabajadores era más
que prometedor. A su vez, por aquellos años, hasta se prometió que el tren iba a
volver a funcionar. Para los más jóvenes, que nacieron y crecieron con una
estructura ferroviaria desmantelada posiblemente esto no significara demasiado,
pero para quienes han vivido y experimentado lo que este medio de transporte
significó para los pueblos del interior, la expectativa no podía ser menor,
sobre todo si se tiene en cuenta las paupérrimas condiciones socio económicas
que se vivían por aquellos años.
El testimonio de uno de los vecinos de la
ciudad de Andalgalá, refleja cuál era el sentimiento de aquel
momento:
“Nosotros éramos pro – mineros (…) porque venían y nos decían
Alumbrera va a tomar 6 mil tipos y 4 mil van a ser de Andalgalá. (…) El
ferrocarril. Yo me acuerdo ese día, llorábamos todos. Bajaron la locomotora a 5
km. de acá.Todo el pueblo llegó. La locomotora con banderas argentinas. Vos
no te das una idea del llanto. Porque los que tuvimos memoria de lo que fue el
ferrocarril en los pueblos.”
Por
aquellos tiempos no se tenía demasiado en cuenta, al menos para gran parte de
los sectores sociales, la magnitud del impacto y del insumo de recursos básicos
para la vida como es el caso del agua y la energía, la esperanza de que la
minería trajera progreso estaba latente.
Sin
embargo, en la otra ladera del Sistema del Aconquija, ya se avizoraban los
primeros problemas. La necesidad de un importante abastecimiento energético,
hizo necesario la construcción de una línea de alta tensión, que se extiende desde El Bracho (provincia de Tucumán) hasta el
yacimiento. Este tendido, trajo
inconvenientes, ya que por un lado, las torres debían ser situadas sobre
yacimientos arqueológicos de gran importancia en las cercanías de Tafí del Valle
(Manasse, 1995). A su vez, esta localidad tiene un gran valor turístico, por lo
que el cableado significaría un
deterioro de las características paisajísticas de la villa veraniega norteña,
que además se vería afectada por la deforestación y la consecuente pérdida de
biodiversidad, atractivo principal de turistas. Ello llevó a que a partir de ese
año, la comunidad de Tafí del Valle efectuara innumerables manifestaciones, como
así también una audiencia pública en donde participaron todos los actores
intervinientes en la problemática, incluso con la intervención de una misión de
la UNESCO en defensa del patrimonio arqueológico y biológico de la
zona.
Pero la
ilusión rápidamente dejó lugar a la decepción. Los hechos comenzaron a mostrar
las verdaderas implicancias de la forma de explotación minera a cielo abierto.
Estos impactos pueden ser analizados desde diferentes ópticas. Sin duda una
primera aproximación al respecto está relacionada con la forma de producción y
sus consecuencias sobre el medio ambiente.
El
proceso de explotación a cielo abierto implica la voladura de cerros, la
trituración de roca y la separación de las rocas estériles de los minerales a
través de la lixiviación con cianuro o ácido sulfúrico entre otros químicos, y
en otros casos a través del proceso de “flotación”, con flocuantes y detergentes
tóxicos no biodegradables. Los metales extraídos son conducidos mediante un
mineraloducto hacia la planta de secado que se encuentra a 316 Km. en la
localidad de Ranchillos (provincia de Tucumán) en donde posteriormente son
trasladados, a través del ferrocarril, hacia el Puerto de San Lorenzo (Provincia
de Santa Fe).
En cada
una de las etapas que comprende todo el proceso se pueden observar innumerables
impactos. Como punto de partida esta forma de explotación requiere de enormes
cantidades de agua, en una zona semiárida, aproximadamente 100 millones de
litros de diarios, que son
extraídos del Campo de Arenal. Esta reserva es una cuenca fósil que tardó miles
de años en conformarse, y es la principal fuente de abastecimiento de agua dulce
de toda la región, que hoy además se encuentra seriamente comprometida,
especialmente para las comunidades
agrícolas ganaderas de la zona que ven como las pasturas, principalmente de
altura, desaparecen y con ellas el alimento para sus animales. Así lo manifiesta el ingeniero Roque Chaile,
habitante del Departamento Santan María, donde se encuentra ubicado el
mencionado acuífero:
“El Campo del Arenal tenía humedales, ciénagas, (…), donde estaba
floreciendo el agua y donde los
animales iban a tomar agua en este
campo que era un lugar de pastoreo hace 15 años, donde era de muchos dueños, se
usaba comunitariamente para alimentar muchísimo ganado. Este miércoles, unos
amigos fueron a buscar el último ganado que quedaba ahí para llevarlo a donde
puedan tener pasto y no sabían sí iban a poder cagarlos en los camiones de la
debilidad que tenían, porque no existe más pasto; y el gobernador quiere que
vayamos a probar que ha bajado el nivel del agua en el Campo del Arenal (…)”
(Ingeniero Roque Chaile)
En este
sentido, especialmente teniendo en cuenta que el área dónde se emplaza el
yacimiento es una zona árida, es sumamente importante y grave que en su momento
no se haya analizado el impacto sobre el Campo del Arenal, como así tampoco se
confeccionara una línea de base, por lo que se desconoce efectivamente cuánta
agua han utilizado, ni cuál es la situación en la que se encuentra el acuífero
en la actualidad.
La
contaminación del aire, muchas veces no demasiado discutida ni tenida en cuenta,
es sumamente importante, ya que la voladura diaria de roca significa que
constantemente se encuentren partículas en suspensión con contenidos de nitrato
y amoníaco, que se depositan tanto en las fuentes de agua, como también
afecta a zonas alejadas de la zona de explotación, consecuencia de los vientos
predominantes, poniendo en riesgo la salud y las actividades económicas de un extensa área del Valle
Calchaquí.
Pero el
agua dulce (tanto superficial como subterránea) no sólo se ve afectada por las
inmensas cantidades utilizadas, así como por la contaminación productos de las
voladuras, sino que mucho más se va a encontrar comprometida por las
filtraciones que el dique de cola y las escombreras tienen (Lixiviado
Metálico/Drenaje Ácido de Roca – LM/DAR). Con la gravedad que el dique de cola está emplazado en las
cuencas altas de los ríos. Como resultado de ello, los pobladores de los
distritos cercanos han tenido que migrar por perder su fuente de sustento
(pérdida de animales y cultivos) y por encontrarse comprometida su
salud.
Por su
parte, el mineraloducto, que transporta el concentrado de cobre y otros
minerales (alrededor de 60), por éstos últimos no tienen permiso de extracción y
por ello no paga un solo peso, en gran parte de su recorrido están ubicado por
el lecho de los ríos. Este ducto ha sufrido una serie de roturas contaminando
las fuentes de agua dulce, transformando el agua no apta para el consumo
humano. La mayoría de estos casos han sido desestimados por la justicia,
argumentando que no se trata de roturas, sino de actividades de mantenimiento
del ducto. Pero tampoco ante hechos concretos, como el ocurrido en las
localidades de Las Estancias y Aconquija (Catamarca) en donde se denunciaron
casos de personas enfermas por la concentración de metales pesados provenientes
de la Mina y que fueron denunciados por el entonces defensor del Pueblo de
Tucumàn, han
tomado medidas en para remediar la situación.
Sin
duda, el punto más destacado de toda esta situación está centrado en los efectos
de contaminación que ocurren en la planta de secado a donde llega el concentrado
desde el yacimiento. Allí se extrae parte del agua que es necesaria para el
transporte en el mineraloducto. Estos residuos son vertidos en el canal DP2, que
desemboca en el lago de las Termas de Río Hondo. Estas aguas son la fuente de
abastecimiento no sólo de la ciudad de Termas, sino de todo el sistema que es
alimentado por el río Dulce (que desemboca en la Laguna de Mar Chiquita en la
provincia de Córdoba). Por este hecho se ha iniciado la causa, que ha llevado al
procesamiento del Vicepresidente de Minera Alumbrera Julián Rooney. Este es el
primer caso en la historia de América Latina, en donde una empresa minera es
llevada a la justicia por delitos penales de Contaminación y Contrabando de Minerales y Evasión
Impositiva.
Si
bien, existen los instrumentos jurídicos que legislan respecto al control
ambiental (Ley 24498 de Minería y Medio Ambiente, 24.585 sobre requerimientos de
la Normativa complementaria de la Ley Argentina de Protección Ambiental para la
Actividad Minera, 24051 de Residuos Peligrosos), y también abunda un discurso –
tanto de los organismos de control estatal como de las propias empresas, que
impulsan una minería responsable y comprometida con el resguardo del medio
ambiente, todos estos hechos mencionados no sólo que no se han subsanado, sino
que por el contrario han quedado impunes y se han ido
exacerbando.
En este
sentido se puede observar éste como uno de los ejemplos de asociación entre el
Estado y las empresas, impulsando esta idea de minería como el único mecanismo
viable de progreso. Y es en este punto en donde se entrecruzan otras variables
que exceden a lo meramente ambiental y que conducen a componer el intrincado
entramado sociopolítico y económico que tiene a la minería como eje
central.
Transcurridos algunos años del inicio de las actividades en muchos
sectores de la población continuaba arraigada esta idea de Minería como
promotora de desarrollo. Pero no sólo no se veían los resultados de ese
progreso, sino que a su vez comenzaban a emerger las serias consecuencias
ambientales y que tenían repercusiones sobre las actividades económicas
tradicionales y sobre todo sobre las condiciones
sanitarias.
Nuevamente se recurre al caso de Andalgalá como muestra de lo que
ha ocurrido en gran parte del oeste catamarqueño. La realidad distaba del guión
ficcional al que un pueblo esperanzado había sido sometido. Los barrios que se
iban a construir para los miles de trabajadores que iban a arribar de otros
lares nunca se hicieron, porque no hubo tales trabajadores, pero tampoco estaban
los puestos de trabajo para la población local.
De la
misma forma, las obras que iban a modernizar a la ciudad brillan por su
ausencia. El manejo discrecional del que han hecho usos los intendentes de los
municipios mineros, de
las regalías recibidas, ha llevado incluso a que a varios de ellos se les haya
iniciado causas e investigaciones por parte del tribunal de cuentas. A modo de
ejemplo algunos de los hechos que por los que ha sido investigado el intendente
de Andalgalá José Perea, están vinculados a la contratación sin licitación
pública para obras de infraestructura en la ciudad como también por excesivos
gastos en actividades oficiales
relacionadas con conmemoraciones locales. Pero el
inconveniente no sólo radica en los oprobiosos e irregulares manejos de los
fondos públicos, sino que además ello no se ve redituado en obras que beneficien
al bien común local. En una
entrevista efectuada al
mencionado intendente Perea,
expresó que no puede ser que la
ciudad no tenga un hospital con todo el equipamiento y con las condiciones
necesarias para su funcionamiento, que no puede ser que el Instituto de
formación superior no tenga un edificio propio, “que los chicos del instituto
tengan que estar mendigando un espacio” (sic), que las delegaciones municipales
no tengan un espacio adecuado.
Andalgalá, como otros departamentos de la provincia, tenía vida
antes de la llegada de la mega minería. Históricamente se ha sostenido
económicamente a través de la agricultura, pero en los últimos años los
rendimientos de los cultivos han disminuido considerablemente e incluso se han
perdido una importante cantidad de plantaciones y los animales domésticos han
muerto por envenenamiento o por falta de alimento, como mencionaba previamente
el Ing. Chaile. Sin embargo este no es el único problema que atraviesa el
sector.
El
recuerdo común, muestra un departamento en donde cada casa, en mayor o en menor
medida según la extensión del terreno, tenía variedad de frutales y animales
domésticos. Como lo plantea la Ingeniera Nora Brizuela, haciendo alusión a su
propia historia pero también como un elemento distintivo a una práctica común de
las familias andalgalenses, comenta:
“cuando niña, esta finca en donde vivo, prácticamente era
autosuficiente. Teníamos plantas de frutales, huerta y criábamos animales. Con
el tiempo gran parte de ello se fue perdiendo. Hoy prácticamente el 70% de los
alimentos que consumimos se produce fuera de Catamarca”.
Este
testimonio es recurrente entre los vecinos. Ahora bien ¿qué condujo a qué este
comportamiento fuera en aumento? En general se apunta a un complejo abanico de
situaciones.
En primer lugar, la falta de una política
estatal concerniente a apuntalar al sector agrícola también ha influido
ostensiblemente. Con respecto a este punto, es importante destacar que la
municipalidad de Andalgalá tiene una planta pulpadora que posibilitaría generar
productos con valor agregado, incentivando el incremento de la producción y un
incremento de la rentabilidad. Dicha planta, luego de numerosos hechos de
corrupción, que incluyó una intervención por parte del Estado provincial, hoy
está desmantelada en un depósito municipal. A su vez, los precios de
comercialización se deterioran año a año. En este sentido, los productores
demandan una mayor intervención de municipio propia de etapas anteriores, así lo
menciona Ramona C., productora del distrito de Potreros: “antes se debatía en la
municipalidad con las empresas que venían a comprar y se acordaba el precio y si
no se tiraba o se consumía localmente”.
Resulta evidente la imperiosa necesidad de organización colectiva que posibilite
establecer una posición fortalecida ante los sectores
intermediarios.
En
segundo lugar, además de los problemas estructurales, en el último decenio la
compleja situación se ha exacerbado como consecuencia de la irrupción de la
actividad minera. El consumo desmesurado de agua y la contaminación no sólo han
provocado un deterioro de las condiciones de producción, sino esencialmente de
la calidad de vida de los pobladores, especialmente de los distritos más
cercanos al yacimiento, como es el caso de Amanao, Vis Vis o Villa Vil. En estos
casos los procesos de emigración han sido sumamente importantes, que a su vez
han generado el abandono de sus fincas - su fuente de sustento – para ir a
engrosar los barrios marginales aledaños al área céntrica de Andalgalá.
Resulta
evidente que la ausencia de políticas estatales tendientes a consolidar las
actividades que son tradicionales y que incluso ocupan mucha más mano de obra
que la actividad minera, están relacionada con la estrategia de imponer a la
actividad minera como la “única salida” laboral. Esto a su vez se ratifica con
los testimonios de algunos directores y profesores quienes sostienen que durante
estos años se han bloqueado sistemáticamente todo tipo de subsidios o proyectos
de emprendimientos que posibiliten capacitaciones o salidas laborales que no
estén relacionadas con la actividad minera.
A los
ya mencionados impactos sobre el medio natural, sobre las actividades
económicas, que en definitiva cercenan las otras opciones de vida deferentes,
además se debe incluir otro elemento de especial importancia: el avasallamiento
ideológico y cultural.
Minera
Alumbrera, como otras empresas, ha querido construir una imagen de empresa
responsable y comprometida con el cuidado del medio ambiente y proveedora de
desarrollo para los pueblos. Para obtener la tan mentada “licencia social” ha
adoptado numerosas estrategias, como donativos a escuelas y centros de salud, en
las cuales el Estado es cómplice por transferirle esas funciones por las que
debería hacerse responsable. Estos donativos no son gratuitos, muy por el
contrario son deducidos de los magros impuestos que ya pagan las mismas, pero
que paradójicamente contribuyen a crear una imagen
benefactora.
Entre
sus acciones se pueden mencionar el desarrollo cursos de capacitación docente en
varias provincias, promovidos por el Ministerio de Educación y por la
Universidad Nacional de General San Martín, inculcando conceptos a favor de la
minería, y en donde quiénes disienten con tal corriente de pensamiento son
discriminados. Al respecto resulta importante la reflexión de la Lic. Patricia
Álvarez, docente de la ciudad de Andalgalá, en alusión a lo que sucede en el
ámbito educativo en general y en particular a raíz de un hecho como fue la
donación, con el logo de la empresa, de las medallas para los alumnos de 4 grado
que juraron la bandera:
“En una
Argentina que se llama democrática, donde vivimos situaciones que son paralelas
y propias de la época de la dictadura, donde hay un discurso hegemónico, que no
se puede pensar que ámbitos académicos sean corresponsables de situaciones como
las que vivimos, donde son opacadas, ahogadas y asfixiadas todas las voces que
quieren denunciar situaciones de falta de libertad de conciencia. Aquí se están
violando diferentes leyes, pero especialmente en el ámbito educativo dos o tres
fundamentales. Se está trabajando en base a una homogeneización ideológica, se
está faltando a situaciones de derechos humanos del niño, de libertad de
conciencia. En dos décadas anteriores, los partidos políticos no podían entrar
en las escuelas andalgalenses a repartir absolutamente nada. El terreno de la
educación era algo altamente valorado y altamente protegido, pero eso no ha
sucedido, y los entes que figuran en esta medalla son responsables de haber roto
el entramado social, de haber roto un entramado educativo valorado por años,
sostenido por años, por generaciones y generaciones”.
Otro
hecho que pinta claramente lo que está sucediendo con respecto al deterioro al
manejo (o desmanejo) por parte del sector político, y las soluciones que
encuentran para resolver los problemas sociales y económicos y que a pesar de lo
dicho, la minería tampoco ha podido subsanar, se encuadra en este ejemplo. El
Diputado Nacional por la Provincia de Tucumán Gerónimo Vargas Aignasse ha
presentado un proyecto por el cual las sobras de comida de Minera Alumbrera sean
donadas a los comedores de las escuelas carenciadas de Catamarca y
Tucumán.
Hasta
aquí se han presentado brevemente algunos lineamientos sobre las consecuencias
de más de 12 años de explotación minera. Pero parece que no todos comparten o
ponderan estos acontecimientos como importantes. Cómo se mencionó en el primer
apartado, el gobierno nacional considera a la minería como política de Estado,
hecho que ha sido ratificado por el gobernador de Catamarca el 1 de mayo de
2010. Estas
manifestaciones han producido un recrudecimiento del conflicto, ya que no sólo
no se solucionan los inconvenientes, sino que por el contrario se redobla la
apuesta. Y Andalgalá (como centro del conflicto) nuevamente es el ejemplo, como
se desarrollará a continuación.
Agua
Rica: el nuevo foco de conflicto:
Si bien
el proyecto para explotar Agua Rica tiene ya varios años de vigencia algunos
acontecimientos hicieron que la posibilitad efectiva de consumar la explotación
sea reciente. Por un lado, la crisis económica internacional y la consecuente
baja en el precio de los metales, generó que la empresa que tiene permiso de
explotación Yamana Gold, pospusiera sus planes, aunque en ningún momento fueron
desestimados.
Otro de
los inconvenientes y que adquiere particular importancia, está vinculado con
específicamente con la factibilidad en cuanto a la
operación.
Para
comprender la importancia de este punto es necesario efectuar algunas
consideraciones.
El
Proyecto Agua Rica, se encuentra situado a aproximadamente una altura de 4200
msnm, a 17 Km de la ciudad y
emplazado sobre la cuenca del Río Andalgalá, del cual se abastece de agua a todo
el departamento. Se trata de un yacimiento que es prácticamente tres veces más
grande que Alumbrera, con lo que ello implica en función de los impactos que ya
se han mencionado aquí.
Se
puede plantear que la resistencia social está fundada en cuestiones ideológicas,
de desinformación, infundadadas o incluso por intereses mezquinos de “extraños”
hacia el desarrollo de los pueblos del interior, pero lo grave es que las
objeciones en este caso han venido de los propios técnicos
contratados por el gobierno para analizar el Informe de Impacto Ambiental (IIA)
proporcionado por la empresa.
Entre
las primeras consideraciones que éstos técnicos observan, sobre las
generalidades del informe que se analizado establecen que hay temas que no son
tratados con la profundidad acorde a un proyecto de tamaña envergadura, como así
también hay impactos que no son considerados o se asignan categorías más bajas, sin
que dicha asignación sea respaldada correctamente (Unidad de Negocios UNT, 2008:
14).
Como
primera instancia, esto marca las imprecisiones con las que estos
emprendimientos se aprueban, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de las
transformaciones que producen.
Entre
las objeciones puntuales se destacan algunas que deben ser tomadas muy en cuenta
por las consecuencias que ello podría acarrear:
-
Con respecto al área de mina plantean
que se encuentra situada en un área inestable debido al relieve escarpado, que
sumado a factores naturales como tipo de lluvias, sedimentos o posible
ocurrencia de sismos, que propenden a la generación de procesos de remoción en
masa de forma natural, que se verían incrementados de forma artificial por la
localización de la escombrera de Melcho. En este sentido no fueron considerados
eventos históricos de este tipo, que generaron serias repercusiones.
-
El tipo de lluvias, y la dirección del
agua posibilitarán la migración de lixiviados y el avance de la pluma, afectando
acuíferos subterráneos.
-
No hay estudios sobre las escombreras
ubicadas en el Campo del Arenal
-
No se han definido claramente las
condiciones para la etapa de cierre en el Campo del Arenal.
-
Se plantea un cronograma de monitoreo
para la etapa de cierre (10 años), escaso si se tiene en cuenta el periodo
prolongado de los procesos y reacciones sinérgicas del dique de colas. Y
especifican: “Con un pasivo ambiental que quedará por generaciones”
-
En cuanto al análisis del agua,
platean la posibilidad de deterioro en la calidad del agua superficial y
subterránea. A su vez se hace referencia al excesivo uso que provoca un serio
desbalance hídrico que provocará un importante impacto de disponibilidad de agua
en el Campo del Arenal, que afectará no sólo al mencionado acuífero, sino
también los caudales de los ríos Santa María y Nacimientos y los humedales. Por
tratarse de aguas fósiles las recargas se tornan inciertas.
-
Se minimizan los impactos visuales y
de las vibraciones como elementos que puedan afectar a las
poblaciones.
Estas
son algunas de las muchas objeciones que este informe presenta. A pesar de ello,
y bajo la amenaza de la empresa concesionaria de retirarse, en marzo de 2009 se
aprobó el IIA presentado por la empresa. La prensa especializada así anunciaba
este hecho:
“Un
punto destacable dentro de la Declaración de Impacto Ambiental es que se incluye
obligaciones y compromisos que deberá asumir la empresa tanto en la fase técnica
como en los aspectos socioeconómicos como culturales, algo que Yamana maneja con
claridad, focalizando el trabajo en la región para garantizar el desarrollo
sustentable de las comunidades y el medio ambiente, garantizando además un
negocio rentable”.
Queda
claro, que tanto para quienes tienen que aprobar este tipo de actividades, como
para quienes tienen intereses en el sector – en este caso ha promulgado a través
de la prensa- las serias objeciones que anteriormente fueron descriptas son
detalles menores proclives a ajustes con el transcurso del
tiempo.
Casi 12
años de experiencia les han permitido a los ciudadanos de Andalgalá conocer
personalmente las consecuencias del arribo de una empresa minera. Esta
contundente realidad le ha posibilitado que una gran mayoría de la ciudad no
quiera que esta historia vuelva a repetirse.
Nuevamente comenzaron a escucharse las promesas de un progreso de
la mano de la minería. Nuevamente se habla de las 5000 personas que ocuparía
Agua Rica y que una vez finalizada su labor allí serían ocupadas por el
municipio para realizar obras con el dinero de las regalías. La
ciudadanía ya no cree en esas palabras, cuando el ejemplo mostró todo lo
contrario, si de los 6 mil que iban a trabajar en Alumbrera, sólo trabajan 80,
si las obras que iban a hacer no están y tampoco se sabe a ciencia cierta en que
se gastaron los 65 millones que recibió el municipio, si el municipio se
encuentra constantemente en conflicto con los trabajadores porque no puede hacer
frente al pago de los salarios de los trabajadores que ya se encuentran
efectivos.
Pero
además, la comunidad hoy se encuentra fracturada socialmente por viejos
enfrentamientos entre quienes nunca
creyeron en esos discursos y quiénes apostaron a la ilusión o tienen
algún familiar trabajando.
Todos
estos hechos, sumado a las inapelables objeciones de los técnicos sobre los
riesgos de poner en marcha este proyecto y la posibilidad concreta que la
principal fuente de vida: el agua, se vea seriamente comprometida, han conducido
a que la movilización social vaya in crescendo, nace así el 14 de diciembre de
2009 la Asamblea El Algarrobo. Como medida de protesta, esta asamblea se
constituyó a la vera del camino comunal que une los distritos de Chaquiago y
Potreros para impedir solamente el paso a maquinarias o transporte que lleven
insumos hacia el yacimiento. Se debe destacar que la misma está compuesta no
sólo por los vecinos que desde siempre lucharon por la defensa del agua, sino
que a su vez se fueron sumando aquellas personas que ante la gravedad del hecho,
se aprestaron a participar más activamente y también por aquellos que
encontraron que su ilusión se había hecho añicos por la realidad.
Frente
a la contundencia de un reclamo que se hacía cada vez más fuerte, primero
comenzó la descalificación como mecanismo para contrarrestar una voz que se
hacía oir cada vez más fuerte. Y aparecieron términos como “hippies”,
“drogadictos”, “extranjeros que no quieren el progreso de Andalgalá”,
“terroristas”, “fundamentalistas”. Si bien algunos de ellos pueden sonar
risibles, es importante destacar que exceden a la ciudad en cuestión y que se
han tornado comunes en todos los lugares en donde existen conflictos y luchas
por el derecho no sólo a un ambiente sano, sino también en otras causas como la
lucha por la tierra o los derechos civiles en general.
Como
esta envestida ideológica y mediática no surtió el efecto esperado, los sectores
interesados en que Agua Rica se ponga en marcha ejercieron una constante presión
para que la protesta fuera acallada. Es así que el 15 de febrero de 2010, el
Juez de Garantías Rodolfo Cecenarro, en
anuencia con el gobierno provincial y municipal ordenó el desalojo de la
Asamblea mediante una brutal represión nunca antes vivida en la historia de
Andalgalá. A raíz de la gravedad de los hechos, el juez de Minas Guillermo Cerda
ordenó el cese provisorio de las actividades de la empresa hasta tanto se
reestablezca la paz social. Ahora bien, resulta confuso que se entiende por
reestablecer la paz social cuando desde aquel fatídico día, se han sucedido
innumerables causas judiciales en contra de miembros de la Asamblea, a las que
se les da demanda efectiva, mientras que las denuncias presentadas por los
vecinos que no quieren la actividad minera en su localidad no son tenidas en
cuenta o se pierden en el camino burocrático.
Existió
una real posibilidad de que ese “deseo” del juez de minas se concrete. El
proyecto de una consulta popular, impulsado por concejales de la ciudad fue
desestimado tanto por el poder ejecutivo municipal así como también por el
provincial. Pero tampoco se quiere dar curso a la aprobación de una ordenanza
municipal que prohíba la minería a cielo, que ha sido redactada por la Asamblea
El Algarrobo e impulsada por los mismos concejales. En ambos casos se esgrime el
argumento que por ley es la provincia la encargada de decidir sobre el manejo y
la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, estos argumentos no son
válidos si se tiene en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional que
especifica:
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las decisiones
locales.”
Es
evidente que cuando la ley favorece a los sectores dominantes debe ser
respetada, mientras que cuando les es adversa, sencillamente se omite.
A modo
de Epílogo:
Palabras como crecimiento y progreso han tratado de ser asociadas
sistemáticamente a la minería. Por
el contrario, la realidad ha mostrado la cara
opuesta.
Con la
explotación de los recursos naturales, el capital transnacional, con anuencia
del Estado, ha encontrado una veta para apropiarse de una extraordinaria renta y
esto se ha difundido como un verdadero éxito para el país.
Sin
embargo, todo emprendimiento económico, toda medida política tiene su costo. En
el caso de la actividad minera, la idea parece ser la de declarar “zonas
sacrificables” en pos de un crecimiento productivo del país. Un crecimiento que
sólo puede tomarse como real sí se tiene en cuenta el incremento en los
volúmenes de explotación, pero que definitivamente no contribuye
satisfactoriamente ni a la población ni a las arcas argentinas, si se quisiera
efectuar un análisis meramente contable. Si se complejiza el análisis hay
pasivos que no se pueden cuantificar. De qué manera se puede medir o recomponer
un daño al ambiente, cómo se pueden monetarizar bienes que son comunes, no sólo
para esta generación sino también para las siguientes. Bajo qué criterio se le
puede asignar un valor a la destrucción cultural e histórica de un pueblo.
El
final de esta historia aún está abierto. Pero existen algunas certezas. En el
título de este trabajo se plantea un interrogante. Bajo las condiciones actuales
no hay interrogante posible. Cuando
se producen daños irreversibles, cuando la forma de conducir el destino de un
pueblo es a través de la violencia y de generar miedo, cuando sólo unos pocos se
benefician, no se puede hablar de desarrollo.
Bibliografía
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Berardi, A., “Minería
Argentina: de ganancias macroeconómicas y pérdidas socioambientales”. En
Liberali, A. y Gejo O. La Argentina como Geografía. Procesos productivos e
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la UNT. Análisis del Informe de Impacto Ambiental de Mina Agua Rica. UNT, Julio
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Archivos Digitales
·
Archivo Diario El
Ancasti www.elancasti.com.ar
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Archivo Diario Nuevo
Día www.nuevodiarioweb.com.ar
·
Boletín de la Movida
Ambiental http://boletinmovidaambiental.blogspot.com
·
Cámara Argentina de
Empresarios Mineros www.caem.com.ar
Ponencia
presentada en el XII Encuentro Internacional Humboldt "El Capitalismo como
Geografía", La Rioja, Argentina - 20 al 24 de setiembre de 2010.
Se debe destacar que
además de la mencionada ley existen otras que fueron claves en la transformación
como es el caso 24.224/93 (creación
del Consejo Federal de Minería), 24.228/93 (Acuerdo Federal Minero), 24.198/93
(de Inversiones Mineras) y 24.466/95 (creación del Banco Nacional de información
geológica). Para ampliar sobre el tema ver: de Moori K., M. Reformas económicas
y la inversión en el sector minero argentino. CEPAL. Serie Reformas Económicas
Nº 50. Santiago de Chile, 1999. Svampa M.; Bottaro, L. y Sola Álvarez, M.; “La
problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo,
territorio y discursos dominantes”. En: Svampa, M. y Antonelli, M., Minería
transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial
Biblos, Bs. As., 2009.; Berardi, A., “Minería Argentina: de ganancias
macroeconómicas y pérdidas socioambientales”. En Liberali, A. y Gejo O. La
Argentina como Geografía. Procesos productivos e Impacto Social (1990 – 2008).
UNMDP – UNLu – Centro de Estudios Alexander von Humboldt – UGAL – Red
Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI, Bs. As.
2010
http://www.mineria.gov.ar/planmineronac.htm
Diario El Ancasti,
“Más intendentes en jaque por el uso de las regalías mineras” Política
y Economía, 01 - 12 – 09 www.elancasti.com.ar
“El
TC también objetó el uso de 400 mil pesos para gastos de la Semana de Andalgalá
en 2008, pese a las advertencias contrarias del tribunal” Fuente: Diario el
Ancasti, “Auditoría del TC compromete la gestión de intendentes del Oeste”,
Política y Economía, 30 – 09 – 09 www.elancasti.com.ar
Testimonio recogido
el 26 – 01 – 2010
Unidad de Negocios de
la Universidad Nacional de Tucumán. Análisis del Informe de Impacto Ambiental de
Mina Agua Rica. Universidad Nacional de Tucumán, Julio de 2008. Pág.
19
304/10 - Recursos
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