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Asunto:[encuentrohumboldt] 266/10 - EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA AGENDA MUNICIP AL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
Fecha:Domingo, 17 de Octubre, 2010  10:18:53 (-0300)
Autor:Encuentro Humboldt <encuentro @..............org>

 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA AGENDA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN.

 UNA MIRADA DESDE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTADAS

 

Gabriela Ana Pérez

Dpto. de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue

 

 

 

Resumen

 

La solución del denominado “problema de la vivienda” se reposiciona desde fines del siglo XX como un eje estratégico en la agenda gubernamental en dirección a alcanzar la superación de la pobreza y precariedad del hábitat urbano.

En ese contexto, el trabajo muestra parte de los avances del proyecto de investigación “Orientaciones actuales de las políticas sociales y sus efectos en el desarrollo socio-territorial. El caso del municipio de Neuquén” el cual tiene entre sus objetivos generales identificar las estrategias de intervención pública municipal en el campo de la vivienda social y sus implicancias para los habitantes y en el desarrollo urbano de la ciudad. El marco teórico parte de considerar al tema de la vivienda como objeto de acciones institucionales, lo que implica su abordaje en cuanto objeto de las políticas sociales. Desde esta dimensión, los parámetros de análisis considerados en una primera etapa fueron marco normativo-institucional y universo de programas, abordados a partir del relevamiento y procesamiento de información secundaria de orden político-legislativo y de la realización de entrevistas a informantes claves.

Los resultados alcanzados a la fecha permiten señalar: -el municipio, históricamente posicionado como actor secundario en la atención del problema habitacional, asume ahora un papel protagónico en la implementación de estrategias para la superación del mismo; -responder a la demanda social de acceso a la tierra urbana y a la vivienda, ordenar y mejorar los asentamientos irregulares y desalentar el fenómeno de la ocupación ilegal del suelo constituyen los pilares de la intervención municipal.

 

 

 

 

 

 

El problema de la vivienda en la agenda municipal

 

La incorporación del tema habitacional a la agenda del gobierno local de la ciudad de Neuquén es un hecho concretado hace apenas algunos años. El contexto que impulsara dicha incorporación comenzó a gestarse a partir de la década de 1990 cuando los principios rectores de la política provincial de vivienda son reformulados en sintonía con las tendencias que se imponían en los escenarios nacional e internacional. Entonces, por un lado, se plantea la necesidad de cambios respecto a la toma de decisiones en los distintos niveles del Estado, insistiéndose en procesos descentralizadores y participativos que posibilitasen a los municipios la puesta en marcha de programas habitacionales acordes a las reales demandas de cada lugar.

Paralelamente, se irá produciendo el abandono del viejo esquema de Estado constructor de conjuntos habitacionales a la vez que las intervenciones asistenciales y focalizadas cobrarán mayor presencia [1]. Así en la ciudad de Neuquén durante el periodo 1999-2001 se cierra el ciclo de casi 30 años de construcción de planes de vivienda a cargo del Estado Provincial[2], durante el cual la ciudad fue destinataria del 45% de las viviendas construidas en la provincia.

El cambio de paradigma queda consolidado con la creación  -en 2005- de la Agencia Provincial de Desarrollo Urbano Sustentable. El surgimiento de este actor implicará el desplazamiento del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo[3] de su posición de organismo rector de la construcción de planes de vivienda “llave en mano” y encarnará el nuevo rol del Estado provincial frente al problema habitacional como facilitador del financiamiento hipotecario de vivienda.

Tal redireccionamiento de la política provincial de vivienda condujo, a medida que avanzaba la primera década de esta siglo, al Estado municipal a incorporar el tema habitacional como una de las prioridades de la acción pública en un territorio “caliente” en cuanto al reclamo social de viviendas y a la ocupación ilegal de tierras[4].

Sobre la base de un discurso que plantea la necesidad de revisión de los esquemas de intervención pública dominantes durante las décadas anteriores y que se identifica con enfoques y conceptos que han ido ganado espacio en foros internacionales -esencialmente bajo el impulso de organismos bi y multilaterales de crédito- comienza la configuración de la actual política habitacional del Estado municipal cuyas ideas esenciales son:

i) La necesidad de un abordaje integral de la problemática del hábitat que considere el tema vivienda en relación a usos y ocupación del suelo; expansión de la planta urbana; inversión en infraestructura; espacios verdes y reservas fiscales.

ii) El vínculo entre acceso a la tierra, vivienda, servicios  e infraestructura básica y la construcción de ciudadanía. La extensión de derechos urbanos a amplios sectores sociales excluidos de acceder a los bienes y servicios de la ciudad es observada como un elemento que contribuiría a una menor conflictividad urbana.

En este sentido, las acciones tendientes a reducir la pobreza urbana y la precariedad habitacional aparecen como una herramienta destacada en la mejora del espacio público, contribuyendo, en consecuencia, a la gobernabilidad de la ciudad.

iii) Avanzar en la apertura de espacios para la discusión, negociación y concertación con distintos actores institucionales y sociales a fin de definir respuestas diversificadas acordes a las variadas características y necesidades de los grupos demandantes en oposición a soluciones uniformes e inadecuadas.

 

En este contexto, responder a la demanda social de acceso a la tierra urbana y a la vivienda, ordenar y mejorar los asentamientos irregulares y desalentar el fenómeno de la ocupación ilegal del suelo surgen como objetivos primordiales de la política habitacional que el Municipio lleva adelante a través de la intervención en dos áreas:

-          Regularización de asentamientos y dotación de loteos sociales.

-          Provisión de nueva vivienda.

En este camino, el organigrama municipal relacionado al tema habitacional se ha visto afectado por una dinámica de creación, supresión y superposición de áreas, direcciones y subsecretarías, lo que refleja las dificultades del Estado local en torno a la gestión urbano-habitacional de la ciudad. Actualmente es la Unidad de Gestión del Hábitat -creada en 2009- el organismo responsable de aplicar la política municipal de tierras, vivienda y hábitat[5].

 

 

Ordenando la “ciudad informal”

 

Las políticas públicas de regularización de dominio y de dotación de servicios básicos destinados a los asentamientos informales constituyen el instrumento fundamental como respuesta al problema habitacional de los sectores pobres (Coulomb, citado por Arriaga, 2000).

La implementación de este tipo de políticas en los países de la región data desde mediados del siglo pasado. En algunos casos, atendiendo articuladamente tanto la informalidad dominial como la desde el punto de vista de las condiciones urbanas para el asentamiento de la población[6]. En otros, las experiencias tienen que ver con políticas de mejoras de la situación urbano-ambiental de los barrios aplicadas independientemente de la legalización dominial de la tierra[7]. A partir de los años noventa, este tipo de respuesta cobrará protagonismo creciente en el marco de lo que se ha considerado una nueva generación de políticas habitacionales. Siguiendo a Fernández Wagner (2001) y a Clichevsky (2006) el cambio se relaciona con:

 

1. El posicionamiento de las ciudades como el ámbito económico y cultural más adecuado para la nueva economía. Paralelamente, en ellas también se observa el incremento de la magnitud de la población que reside en asentamientos informales.

2. Los magros resultados de las políticas tradicionales en su objetivo de brindar un hábitat adecuado.

3. La instalación del concepto de facilitación  como principio rector de las políticas habitacionales. Impulsado por el Banco Mundial (1992) en el marco de los procesos de reforma del Estado, se recomienda el abandono de la intervención  directa estatal -vía construcción/regulación del mercado- y se estimula:

-          El desarrollo de los derechos de propiedad vinculados al suelo y a la vivienda.

-          Racionalizar y/o transparentar los subsidios. Focalizar el financiamiento en los sectores más pobres.

-          Suministrar infraestructura con recupero de costos.

-          Flexibilización de las normas urbanas y eliminación de la escasez artificial del suelo.

4. La declaración durante la II Conferencia de HABITAT (1996) de la tenencia segura como uno de los dos objetivos  esenciales en el cual deben insistir los gobiernos.

5. La creación de Cities Alliance (1999), una asociación que agrupa a instituciones y organismos de desarrollo con el propósito de asistir a las ciudades a abordar los desafíos urbanos del siglo XXI, entre ellos la eliminación de tugurios y el mejoramiento de los barrios marginales.

6. Las ideas del economista De Soto en referencia a que la tierra ilegalmente ocupada es un capital que hay que movilizar, de ese modo podrá pagar impuestos y ser objeto de crédito.

7. La reorientación del destino de los créditos otorgados por los organismos internacionales de financiamiento: del crédito para construcción de vivienda -grandes conjuntos llave en mano durante las décadas de 1970 y 1980- se pasa al financiamiento concedido al fomento de lotes con servicios, regularización y mejoramiento de barrios.

 

En la ciudad de Neuquén los procesos de regularización de asentamientos no son recientes, pues en el transcurso de sus historia la producción del espacio urbano local se dio vinculada al surgimiento de asentamientos que paulatinamente eran incorporados a la ciudad formal.  No obstante, recién desde 2002 el Municipio lleva a cabo en forma sistemática y sostenida un plan de regularización de asentamientos (PRA).

El punto de partida del PRA es el reconocimiento de la situación ambiental[8]  de los asentamientos a partir de los cual se resuelve la:

 

- Regularización de las tierras que reúnen las condiciones de seguridad para ser habitadas.

- Consolidación de asentamientos cuando se realiza la reubicación de familias dentro del mismo asentamiento.

- Relocalización, hacia otros sectores de la ciudad, de familias que ocupan áreas de riesgo o espacios verdes.

En algunas situaciones la evaluación de parámetros ambientales se ha concretado en un marco de flexibilización de los términos de referencia para el uso del suelo urbano, lo que ha posibilitado la reformulación de las condiciones urbano-ambiental de algunas áreas a regularizar y la habilitación del asentamiento de la población.

 

Resuelta la etapa de reconocimiento de las condiciones ambientales,  el PRA , que en su formulación incorpora tanto aspectos dominiales como de infraestructura, avanza organizado en tres etapas:

- Delimitación y trazado de cuadras, lotes y calles.

-  Entrega de certificados de ocupación en áreas de suelo urbanizable[9]. Esta etapa se sustenta en un instrumento legal sancionado por el Concejo Deliberante Municipal en 1984 y cuya esencia habilita la intervención del municipio a fin de que prevalezca el interés general sobre el particular y el suelo cumpla una función social mínima. Además, que las familias cuenten con su certificado de ocupación es condición  para acceder a los programas de mejoramiento barrial financiados por Nación.

- Proyección y dotación de vivienda y de servicios e infraestructura básica. El avance de esta etapa se encuentra esencialmente sujeta a los acuerdos firmados con los gobiernos nacional y provincial para el financiamiento de distintos programas que posibilitan la ejecución de soluciones habitacionales y mejoramiento de los barrios. En este sentido, una de las limitaciones observadas es el desfasaje de los tiempos transcurridos entre la entrega de los certificados de ocupación y el comienzo de las obras planificadas, debido esencialmente a la demora del envío de los recursos financieros comprometidos  por los niveles extralocales del Estado.

Estos programas -diseñados y financiados desde fuera de la órbita del gobierno local- los que, al incorporar distintos componentes de intervención, le otorgan cierto nivel de integración al plan de regularización de asentamientos. Tal es el caso de los programas de Mejoramiento de  Barrios (PROMEBA) considerados como el paradigma de las políticas de reducción de la pobreza centrada en el hábitat.

 En asociación con la regularización en marcha se desarrolla el PROMEBA II cuyos componentes son:

- Componente de intervención física: ejecución de obras de infraestructura pública, de equipamiento comunitario y de saneamiento ambiental.

- Componente de intervención institucional: fortalecimiento institucional mediante asistencia técnica y capacitación.

- Componente de intervención social: promoción de las capacidades de organización y participación de la comunidad.

 

Suele señalarse que en este tipo de experiencias existen espacios reales de participación comunitaria muy limitados, a través de los cuales el poder político y económico  pretenden justificar y legitimar las intervenciones. Sin embargo en el caso que nos ocupa, hay que destacar que los organismos corresponsales del Programa han estimulado el desarrollo de este componente, que específicamente se encuentra orientado a la intervención de los beneficiarios en las etapas de selección de las obras (por medio de las llamadas Mesa de Gestión y Audiencias Públicas) y de seguimiento de la incorporación de las sugerencias de la comunidad (a través de la Mesa de Concertación).

Desde mediados de 2009 la asistencia nacional para dotar de infraestructura a los asentamientos de la ciudad se complementa a partir de los proyectos financiados a través de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social. Se trata de intervenciones con un nivel de focalización aún mayor que los PROMEBA y que requieren como contraparte local la elaboración del proyecto de infraestructura  de servicios básicos -responsabilidad del municipio- y la conformación de cooperativas de trabajo para realizar las obras   -a cargo  de las familias localizadas en los asentamientos a intervenir-; condición esta última con la que además de aportar mano de obra del lugar se pretende estimular el arraigo y el fortalecimiento de las redes sociales barriales.

El proceso de sistematización de tierras municipales (mediante la labor realizada por la Dirección de Catastro Municipal) es un complemento clave del PRA  a partir de que permite poner en conocimiento de las autoridades locales el cuadro de situación dominial y de uso de suelo urbano de la ciudad[10].  Ello ha permitido por un lado la venta de tierra urbana bajo la forma de loteos sociales a:

- Familias de escasos recursos inscriptas en el Registro de Postulantes a Tierras Fiscales.

- Familias de asentamientos irregulares que deben ser relocalizadas.

- Familias inscriptas en el registro organizado por instituciones intermedias, cooperativas y mutuales.

La venta de los lotes se realiza sobre un precio promocional de la tierra, acordado recientemente por el Concejo Deliberante. En tanto el orden de prioridades para las adjudicaciones se determina en base al cuadro social de la familia[11] y de riesgo ambiental.

En algunos casos la dotación de tierra destinada a vivienda aparece integrada al desarrollo de programas de capacitación y de generación de empleo, como ha ocurrido con los loteos sociales designados al Programa Huertas Comunitarias.

Por otro lado, posibilita también la venta de tierras municipales pero a través del circuito inmobiliario privado ya que las mismas, por estar ubicadas en áreas de la ciudad consideradas estratégicas, poseen una alta cotización. El propósito es obtener recursos financieros para la compra de otras tierras destinadas a nuevos loteos sociales y para la construcción de redes de servicios públicos en loteos sociales y asentamientos regularizados.

 

 

Urbanizando la meseta

 

            Hace tres años el Municipio dio a conocer el Proyecto de Urbanización de la Meseta que plantea como idea central la construcción de un conjunto de barrios en una área de 600 hectáreas en la zona de mesetas ubicadas al norte de la ciudad.

El proyecto, al que el gobierno local considera la principal línea de acción para dar solución al problema habitacional de unas 10 mil familias, pretende diferenciarse sustancialmente de los anteriores esquemas de intervención estatal. En esa dirección reconoce como elementos articuladores los principios de:

 

Ø  Gestión participativa, por medio del cual se estableció un modelo de participación y concertación interinstitucional e interactoral para la toma de decisiones en las distintas etapas del proyecto. A tal fin se conformó:

 

a)    La Unidad de Gestión Territorial Urbanización de la Meseta (UGTUM), conformada por decisores políticos del gobierno local y representantes de instituciones vinculadas a la temática urbana con el objeto de “desarrollar un proyecto urbanístico que posibilite la habilitación del suelo para usos predominantes residenciales y complementarios de servicios, recreación y productivos, para atender la demanda generada por el constante crecimiento de la población, y facilitar el acceso a la vivienda a los sectores sociales excluidos del mercado inmobiliario en forma preferencial”[12]. Son funciones de la UGTUM:

-          Desarrollar una propuesta de prefiguración urbana y de ordenamiento territorial que asegure un desarrollo por etapas del sector, en función, por un lado, de las factibilidades de servicios, accesibilidad y conectividad con el resto de la ciudad. Por el otro, de los estudios ambientales incorporando todos los factores susceptibles de recibir impactos.

-          Fijar criterios para la localización y ejecución de infraestructura y equipamiento comunitario.

-          Establecer normas urbanísticas de usos u ocupación del suelo, proponer las adecuaciones normativas para el fraccionamiento de la tierra, establecer características y exigencias en materia de infraestructuras de servicios.

b)    El Foro de la Meseta, integrado por representantes de los gobiernos local y provincial, de universidades de la región, del Colegio de Arquitectos, de asociaciones civiles, gremiales y profesionales.

El objetivo del Foro es generar un ámbito para la discusión de propuestas que promuevan la construcción colectiva de diagnósticos, la integración social, un desarrollo territorial y ambiental que articule los distintos usos del suelo, la promoción de créditos a la vivienda acorde a las variadas situaciones socioeconómicas y la transparencia en la información.

 

Ø  Urbanismo sustentable, respecto de cuya aplicación el proyecto no realiza precisiones, solo la formulación general que relaciona sustentabilidad con las dimensiones ambiental, socioeconómica y cultural.

 

Respecto al avance en la definición de algunos aspectos del proyecto se pueden mencionar los siguientes aspectos:

•Tierras afectadas: 593 hectáreas propiedad del Municipio.

•Beneficiarios: 10 mil familias. Considera la demanda de distintos sectores socioeconómicos y tipos de hogares (incorpora a los hogares unipersonales generalmente excluidos o no priorizados en otros programas habitacionales).

•Asignación de cupos: para una primera etapa se consideran 5 mil cupos, de los cuales 2.500 corresponden a familias inscriptas en el Registro Municipal de Tierras (1.000 se encuentran por debajo de la línea de indigencia; 1.000 por debajo de la de pobreza y 500 con ingresos de nivel medio-bajo) y otros 2.500 están asociados a cooperativas, gremios y otras entidades.

•Avance del proyecto: hasta el momento se organiza considerando la urbanización de los barrios Alta Barda Oeste y Balcón del Valle.

 

 

Reflexiones finales

 

Hasta aquí han sido planteados los principales lineamientos y acciones del municipio neuquino en relación al tema habitacional. Un análisis respecto a la coherencia y articulación en el corto, mediano y largo plazo entre el discurso político y lo planificado -por un lado- y las acciones realizadas -por el otro- es una tarea intelectual ineludible pero, por tratarse de procesos recientemente puestos en marcha, es necesario esperar que la evolución de los mismos brinde más elementos de análisis.

Por otro lado debe reconocerse que el municipio neuquino asume un papel protagónico en la resolución del llamado problema habitacional más por verse en una situación de acorralamiento -frente a la retirada del Estado provincial y el aumento de una demanda insatisfecha que reclama básicamente ante la autoridad local- que por convencimiento de que dicha resolución en una función que debe desarrollar.

 

No obstante ello, cabe señalar que:

- Las líneas de acción implementadas por el Estado local constituyen una señal favorable para que sectores pobres y empobrecidos tengan acceso a la tierra y a una vivienda digna, las cuales contemplan a su vez la seguridad de la tenencia y la dotación de servicios e infraestructura básicas.

- Las intervenciones convencionales -tenencia, vivienda y saneamiento- sobre asentamientos irregulares tienen efectos altamente positivos sobre el hábitat y son un elemento a favor en el ideario de alcanzar una ciudad más integrada, justa e inclusiva. Pero también son un proceso lento, complejo y conflictivo debido esencialmente a:

a) La superposición de intereses y conflictos en torno al dominio del suelo urbano protagonizados tanto por actores públicos como privados.

b) La marcada dependencia financiera del municipio respecto a los aportes estatales nacionales y provinciales.

Por otro lado, por tratarse de intervenciones centradas en conjuntos poblacionales con atributos propios de la marginalidad o pobreza extrema, se hace imprescindible desarrollar y profundizar la integración con políticas destinadas a la mejora del capital humano y a la generación de empleo e ingresos suficientes.

- El Proyecto de Urbanización de la Meseta constituye una experiencia sin antecedentes en la provincia y en la región. Representa una valiosa oportunidad para generar espacios de participación y de elaboración de propuestas integrales de desarrollo del hábitat. Desviarse de las ideas primarias del proyecto contribuiría a que desde la gestión pública, en este caso local, se continúe “haciendo ciudad” bajo esquemas segregadores de desarrollo urbano.

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Arriagada, C. (2000) Pobreza en América Latina: nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano, Documento de la CEPAL, Santiago de Chile.

Clichevsky, N. (2000) Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación, Documento de la CEPAL, Santiago de Chile.

Clichevsky, N. (2006) “Supuestos y resultados de las políticas de regularización del hábitat informal en América Latina” en IX Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Inveswtigadores sobre Globalización y Territorio (RII), Bahía Blanca

Coulomb, R. (1992) México: la política habitacional en crisis, viejas contradicciones, nuevas estrategias y actores emergentes, El Colegio de México, México.

Fernández Wagner, R. (2001) “ La agenda global y la gestión local del hábitat”, en http://www.urbared.ungs.edu.ar

Pérez, G. (2007) “Paradigmas dominantes y territorialidad en la politica de vivienda en la provincia de Neuquén, Argentina” en Papeles de Coyuntura Nº 25 , Universidad Piloto de Colombia, Bogotá.

Provincia del Neuquén, D.G.E.C. y D. Anuario Estadístico de la Provincia del Neuquén 2001, Neuquén.

______ Anuario Estadístico de la Provincia del Neuquén 1999. Neuquén.

______ Anuario Estadístico de la Provincia del Neuquén 1997. Neuquén.

______ Anuario Estadístico de la Provincia del Neuquén 1995. Neuquén.

______ Anuario Estadístico de la Provincia del Neuquén 1993. Neuquén

Taranda, D. Y Ocaña, M. (1993) “El Estado de la provincia del Neuquén, sus políticas públicas: un ejemplo de mediación “, en Estado, capital y régimen económico. Neuquén.

Ziccardi, A. (2001) “Las ciudades y la cuestión social”, en Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina. CLACSO, Buenos Aires.

 

 

Ponencia presentada en el XII Encuentro Internacional Humboldt "El Capitalismo como Geografía", La Rioja, Argentina - 20 al 24 de setiembre de 2010.

 

 



[1] Los programas más relevantes fueron “Planes para la población en situación de extremas condiciones socio-habitacional” y “Programa Provincial de Ayuda  Habitacional”.

[2] En aquellos años la provincia construye y adjudica los dos últimos planes de vivienda localizados en la ciudad.

[3] Desde entonces el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, creado en 1977, opera como organismo de recupero financiero (mediante el cobro de las cuotas adeudadas por los adjudicatarios) y de viviendas (cuando éstas no están en manos de sus propietarios originales, puesto que rige una norma que prohíbe la venta o alquiler del inmueble hasta que no se concrete la escrituración del mismo).

[4] La primera ocupación ilegal de tierras ocurre en 1977 y si bien con posterioridad se producen otros hechos similares, hasta avanzada la década del  ’90 constituyeron acciones aisladas en un contexto  en el que la construcción de planes habitacionales masivos cubría en buena medida la demanda social de vivienda. A partir de la década de 2000 el desajuste entre la disminuida oferta pública de vivienda y la creciente demanda de sectores pobres y excluidos impulsa la multiplicación de ocupaciones de tierras y el surgimiento de asentamientos informales: según datos del Municipio la ciudad registraba 33 asentamientos informales hasta 2003, los que se incrementaron a 48 en 2005 y a más de 70 hacia mediados de 2009.

[5] Son objetivos específicos de la Unidad aumentar la oferta de suelo urbano en forma sostenible, mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda, promover la regularización dominial de los asentamientos y fomentar la participación ciudadana en el mejoramiento del hábitat (Decreto 397/09).

[6] El primer tipo refiere a una amplia y compleja gama de situaciones de ocupación de tierra pública o privada y/o  de vivienda, en áreas urbanas o rurales. El segundo tipo, a la ocupación de tierras que no reúnen las condiciones ambientales, de infraestructura, de accesibilidad urbana/laboral y de servicios básicos (Clichevsky, 2000).

[7] Ejemplos del primer caso son Perú (1961); Colombia (1963) y México (1971). Venezuela (década de 1950) suele citarse como el caso paradigmático del segundo grupo.

[8] Estudios referidos esencialmente a características topográficas, procesos y riesgos asociados y tipos de suelos.

[9] “La Municipalidad promoverá el cumplimiento Social de la tierra fiscal mediante el otorgamiento de permiso de ocupación precaria con o sin opción a compra a pobladores de escasos recursos” (Ordenanza 2080/84).

[10] Recientemente se ha logrado el cruce de la información generada tanto por la Dirección de Catastro Municipal como por el Sistema de Información Territorial Urbano de Neuquén, lo que le permitiría al municipio contar con un panorama georreferenciado completo de los lotes vacantes y ocupados formal e informalmente que integran la reserva inmobiliaria municipal; tierras vacantes y ocupadas informalmente de propiedad del Estado provincial y tierras vacantes y ocupadas informalmente de propiedad del Estado nacional.

[11] Considera numero de miembros del grupo familiar, composición etaria, situación sanitaria, situación laboral, hacinamiento, entre otros.

[12] Ordenanza 9836/03, Anexo I.






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