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Asunto:[encuentrohumboldt] 254/10 - POLÍTICAS PÚBLICAS ENERGÉTICAS Y RELACIONES EXTERIORES EN MÉXICO
Fecha:Lunes, 4 de Octubre, 2010  11:50:16 (-0300)
Autor:Encuentro Humboldt <encuentro @..............org>

POLÍTICAS PÚBLICAS ENERGÉTICAS Y RELACIONES EXTERIORES EN MÉXICO

 

Mónica Romegialli[1]

 

 

 

RESUMEN:

 

La política exterior de México ha experimentado una transformación significativa a partir de los años 80. La posición de México frente al exterior pasó de ser una política con bases progresistas a una más conservadora y más alineada al vecino del Norte con una acentuada dependencia comercial, tecnológica y financiera  que se analizará en esta ponencia a partir del abordaje de las políticas públicas energéticas y las relaciones exteriores en México.

El presente trabajo destacará el rol que cumple México como aliado estratégico clave en garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, abordando para tal fin, el proceso de integración subordinado con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) también llamado Tratado de Libre Comercio Plus o integración profunda y el Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM) en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a su vez una de las líneas de acción del Plan Puebla Panamá (PPP).

 

 

ABSTRACT:

 

 The exterior politic of Mexico has experimented a significative transformation since the 80´s. The position of Mexico to the exterior turned from being a politic with a progressive background into another more conservative, and more aligned to his neighbour of the North with a pronounced commercial, technological and finance dependence that is going to be analyzed in this work from the boarding of the energetic public’s politics and the exterior relations in Mexico.

This work will highlight the role played by Mexico as a key strategic partner in ensuring U.S. energy security, using for this purpose, the integration process subordinated with the Alliance for Security and Prosperity Partnership of North America (ASPAN) also called Free Commerce Treatment or Deep Integration, and the Integrity Mesoamerican Energetic Program (PIEM) under the American Center System Integration (SICA), at the same time, one of Panamá Puebla Plan (PPP) action lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, el Estado mexicano es el único dueño de los yacimientos de petróleo y gas natural del país[2] y su producción la controla la compañía petrolera estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), la legislación aprobada en 1995 enmendó la Constitución mexicana para permitir que compañías privadas, tanto nacionales como extranjeras, construyan y operen gasoductos, y adquieran y operen sistemas de distribución de gas para proveer a los consumidores[3]

La privatización del sector energético, la creación de mercados regionales de energía, la desregulación y la reforma jurídica acordes a las necesidades de las firmas petroleras involucradas han sido las políticas diseñadas en las Reuniones de Ministros de Energía de las Américas.

El petróleo es motivo de fondo del TLCAN que Bush saca a la luz en 2005 con la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) también llamado TLCAN Plus o integración profunda y su Consejo para la Competitividad de la América del Norte, que incluye grandes empresas y cabildos.

Los presidentes de los respectivos países acordaron avanzar en los siguientes aspectos: la homologación regulatoria, la eficiencia energética, el comercio del gas natural, la energía nuclear, el gas natural licuado, la confiabilidad de las redes de transmisión eléctrica y la producción petrolera a partir de las arenas bituminosas, al tiempo que se incorporaron los dispositivos de defensa.

Fue durante la Reunión realizada en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005, que los presidentes Vicente Fox Quesada, de México, George W. Bush, de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Paul Martin dejaron formalizada la ASPAN, esfuerzo trilateral cuya finalidad sería aumentar la seguridad y prosperidad común, bajo el principio de que son mutuamente dependientes y complementarias en los tres países. Si bien en la historia reciente de los mismos se han dado numerosas iniciativas a fin de fortalecer el proceso de integración, lo novedoso de la propuesta es la integración de las tres economías en una zona o comunidad de América del Norte (Hernández Arana, 2005).

“En el ámbito de la energía se propuso el fortalecimiento de los mercados, colaborando se dijo, con apego a los respectivos marcos jurídicos en el incremento de la oferta confiable de energía para satisfacer las necesidades de la región y de su desarrollo; en esencia las primeras propuestas en materia de energía que se presentaron como parte de la agenda para la seguridad y prosperidad fue fortalecer los mercados energéticos de Norteamérica facilitando las inversiones para la infraestructura energética, promover mejoras tecnológicas, la producción y distribución confiable de energía, alentando la cooperación para identificar las mejores prácticas, actualizando regulaciones y promoviendo tanto la eficiencia energética como el ahorro de energía, así como impulsar tecnologías como el carbón limpio, la captura y el confinamiento de carbono, el hidrógeno y la energías renovables (White House, 2005). También se avanzó en la idea de una coordinación o armonización regulatoria. El Council on Foreign Relations de Estados Unidos especificó sus objetivos en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, aunque esto no ocurrió en el caso de los otros dos consejos empresariales.

La verdadera propuesta en materia de energía es la conformación de un mercado energético para América del Norte, a través de ampliar lo negociado en el TLCAN, es decir, incorporar lo que se conoce como TLCAN plus. La particularidad de la negociación fue que se inscribió la agenda energética (la propuesta históricamente añorada por los Estados Unidos) y quedó fuera de la negociación la iniciativa correspondiente a la inmigración mexicana a Estados Unidos”. Rosío Vargas – Víctor Rodríguez Padilla (2006).

Tres son los ejes básicos de la Agenda energética. El primero es la apertura del comercio y la inversión en el protegido sector energético, como preámbulo al establecimiento de negociaciones que lleven a la liberación total en el plazo más corto posible. El segundo eje es la garantía de abasto, conocida en Canadá como la <cláusula del abuelo>, que apunta a que los consumidores de Estados Unidos reciban tratamiento como canadienses en tiempos de escasez derivada de bajas en la producción. El tercer objetivo de la agenda energética de la Aspan es lograr que México rechace cuotas de exportación y precios mínimos de acuerdo con los lineamientos de la OPEP. Saxe-Fernández (2005, pp. 197-198).

Así, el Gobierno de Estados Unidos, incitado por el poderoso lobby petrolero impulsa un mercado energético integrado a través de la ASPAN con el objetivo de garantizar su seguridad energética.

El 31 de marzo de 2006 se anuncia, desde Cancún, México, la formación del Consejo de Competitividad de América del Norte (CCAN) como uno de los ejes operativos de la ASPAN, se trata de una instancia creada por las corporaciones privadas de México, Canadá y Estados Unidos para hacer avanzar sus particulares intereses, está integrado por 35 grandes empresas de la región, entre las que se destacan la petrolera Chevron, las empresas militares Lockheed Martin, General Electric, la ferroviaria Kansas City Southern, Merck, Power Corporation of Canadá, Suncor Energy, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, entre otras. Es de destacar que tanto las empresas estadounidenses como las de Canadá y México están vinculadas al sector energía, a la explotación de minerales, biodiversidad, hidroelectricidad y recursos forestales.

“Dentro de las recomendaciones públicas que han hecho las empresas transnacionales de la región agrupadas en el CCAN, mediante el documento conocido como “Prioridades del Sector Privado para la ASPAN”, en su apartado de “integración energética”, se encuentran dos que es muy importante revisar: 1) reforzar la colaboración trilateral en materia de distribución de energía transfronteriza; y 2) permitir al Consejo Federal de Energía (CFE) incursionar en contrataciones a largo plazo con productores de Estados Unidos para la compra de electricidad. Otras exigencias del CCAN, que se han puesto en la mesa de negociaciones de los Ejecutivos de la región, pero que no se encuentran en los documentos públicos, tienen que ver con el “desmantelamiento parcelar de Pemex, que sería privatizado tangencialmente en su segmento gasero mediante la creación de Gasmex, a más tardar en el año 2010; la construcción, propiedad y operación de gasoductos y oleoductos en el que las transnacionales privadas de Estados Unidos jugarían papel determinante para finalmente desembocar en la creación del CEAN: Consejo de Energía de América del Norte” Jalife-Rahme, Alfredo (2007).

En la medida que Estados Unidos fue aumentando su dependencia estratégica del abastecimiento petrolero y de gas de ultramar, y frente a los signos de agotamiento de sus campos a  principios de la década de 1970, se acentuaron las presiones sobre México para que ajustara su política a las necesidades de su gigante vecino. Se presionaba para que este país abriera su sector energético –incluido el eléctrico- , constitucionalmente reservado al Estado, Y aunque México mostró reticencia a formalizar un apartado sobre energía en el TLCAN, el resultado se acercó a lo buscado: un estudio de la Comisión de Comercio Internacional para el Congreso de Estados Unidos sostuvo que, si bien México, “por razones de seguridad nacional” excluyó el petróleo del acuerdo de libre comercio, en los hechos puso en marcha “mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para PEMEX el control nominal sobre el hidrocarburo”, permitieron “la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios”. Esta agenda fue impulsada en silencio, para evitar costos político-electorales, desde mediados de la década de 1970; y durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se llevó adelante de manera más intensa y abierta. Saxe-Fernández (2005, p. 191).

Estados Unidos y México mantienen  una relación comercial muy activa en lo que se refiere al petróleo crudo. México es uno de los principales proveedores de petróleo para Estados Unidos, que al presente importa un total de 10 millones de barriles por día, de los cuales el 14 % proviene de México.

La estatal Pemex trabaja con empresas estadounidenses para desarrollar y modernizar sus refinerías, las redes nacionales de distribución de gas y el desarrollo de yacimientos de gas y yacimientos marinos de petróleo. Con el gobierno de Felipe Calderón se lleva a cabo la Reforma Energética, propuesta que llega al Congreso en abril del 2008, con el argumento de que había que maximizar la riqueza a favor de la nación y asegurar el aprovechamiento de los hidrocarburos en territorio nacional, sin embargo esta reforma significó una gran concesión al actor privado, sobre todo trasnacional y un fuerte impulso para concretar la seguridad energética de su vecino del Norte.

El papel de México como sitio de relocalización geográfica de infraestructura energética que se realiza en la frontera se  observa en las obras para regasificar el gas procedente de otros países a fin de ser exportado al mercado estadounidense. La crisis de energía eléctrica que ocurrió en California reactivó el interés de invertir en gasoductos, en febrero de 2002, los gobiernos de Estados Unidos y México aprobaron realizar las obras de construcción de lo que se considera el mayor gasoducto entre ambos países. Sempra y Pacific Gas & Electric se encargarán de construirlo en Baja California con una capacidad de unos cinco millones de pies cúbicos de gas natural diarios que abastecerá a las plantas Termoeléctricas de Mexicali y de La Rosita. También en Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, el gobierno mexicano otorgó el permiso a una empresa norteamericana para que se construya un gasoducto.

De modo que, del presente al 2020, el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene programada la construcción de entre 1300 y 1900 plantas de electricidad, muchas de las cuales serán ubicadas en la frontera, por lo que México cobrará importancia como maquilador de electricidad o de plataforma de exportación al mercado del país del Norte junto con la construcción de al menos 25 plantas de regasificación, de las cuales ocho se instalarán en México.

México también lleva adelante una política energética que mira hacia el Sur con el Programa de Integración Energética Mesoamericana en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), centrado en el ámbito eléctrico; los primeros pasos para la construcción de un mercado eléctrico integrado regional se han dado mediante la construcción de interconexiones eléctricas con países vecinos, así como también en la ejecución de contratos de interconexión o acuerdos para el manejo de transacciones entre dichos países.

A iniciativa de México, los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá,  junto a otros países como Belice, Colombia, y República Dominicana adoptaron el Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM). En diciembre de 2005, estos países suscribieron la Declaración de Cancún en la que se comprometieron a sumar esfuerzos para avanzar en la integración energética mesoamericana, buscando fortalecer mercados integrados de productos petrolíferos, gas natural y electricidad, bajo una óptica de aumentar el uso de las fuentes renovables y de este modo lograr la eficiencia energética. El programa incluye siete grandes proyectos en el tema energético que implican la construcción de una refinería; una planta de generación de electricidad; una red de gasolineras de Petróleos Mexicanos; la integración eléctrica México-Centroamérica-Colombia; la gasificación de la región; el impulso de energías renovables; y la eficiencia energética. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) son las principales fuentes de financiamiento para los proyectos.

          El 13 de diciembre de 2005 se adopta el Programa de Integración Energética Mesoamericana, PIEM. Este programa abarca 18 proyectos:

 

1.  Evaluación del Potencial Geotérmico Mesoamericano.

2.  SIEPAC; Sistema de Integración Eléctrica para América Central, se cuenta con financiamiento y con institución regional para la operativización del mismo. Proyecto en ejecución.

3.  Conexión Eléctrica México-Guatemala. Existe Memorando de entendimiento entre ambos países.

4.  Electrificación Rural para Guatemala.

5.  Programa para la Explotación de Recursos Geotérmicos de Guatemala para Proyectos de Energía Eléctrica.

6.  Exploración de condiciones de producción del campo Geotérmico de Tecuamburro.

7.  Apoyo al programa de desarrollo de la FNT (GVEP).

8.  Refuerzo al Sistema de Transmisión Nacional de El Salvador.

9.  Electrificación Rural para Honduras.

 10. Centro de Adiestramiento Regional Geotérmico.

 11. Interconexión Eléctrica Panamá – Colombia.

12.  Interconexión Eléctrica Guatemala – Belice.

 

            Dentro de las acciones y proyectos que se llevan a cabo en el Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM), el más relevante se relaciona con la construcción de una refinería de alta conversión de petróleo crudo en territorio centroamericano, siendo Panamá, Costa Rica y Honduras los posibles países de localización. Su objetivo es el de garantizar el abastecimiento de productos petroleros en Centroamérica, además de reducir los costos de producción por economías de escala, y minimizar las importaciones derivadas del petróleo.

           La refinería tendría la capacidad para procesar por lo menos 230 mil barriles diarios del crudo producido por México conocido como “crudo maya”. Producirá al día 120 mil barriles de gasolina, 72 mil de diesel, 17 mil de combustóleo, 15 mil de turbosina y 7 mil de gas licuado de petróleo. El valor de su construcción se estima entre 3 mil y 4 mil millones de dólares y se calcula que entraría en operación este año, se complementaría con la instalación de un sistema de distribución de petróleo.

Otro de los proyectos del PIEM consiste en impulsar el consumo de gas natural en Centroamérica, mediante la construcción de un gasoducto que uniría México y Colombia, con una extensión de casi 3 mil Km. y un costo cercano a los 2 mil millones de dólares, que incluye además la construcción de una regasificadora para integrar un sistema de distribución de gas natural en la región. El gasoducto impulsaría la generación de electricidad en Centroamérica, y podría permitir el desarrollo de sectores industriales que usen el gas natural. Con el gasoducto se podrá disminuir las importaciones de gas de Estados Unidos, las cuales provendrían de Colombia,  diversificar sus fuentes de suministro y adquirir gas natural a precios más competitivos. Habría interés de Chevron, Shell, Mitsui y Misubichi por participar en el emprendimiento.

Además de este gasoducto, se prevé la construcción de una planta de generación de energía eléctrica con la que se pretende aumentar la oferta de electricidad. La planta generará electricidad para el istmo con el coque de petróleo producido por la refinería (1500 toneladas diarias), que generaría al menos 350 megawats de potencia. Su construcción demandará tres años y medio y requerirá una inversión de entre 250 y 300 millones de dólares.

 El programa energético contempla también el establecimiento de una Red de Franquicias de PEMEX, orientada a ofrecer derivados del petróleo de calidad.

Es importante destacar que, el impulso al desarrollo del mercado regional de electricidad, se hará a través de la consolidación de los proyectos de interconexión eléctrica y el mercado eléctrico regional definidos en el PPP, hoy Proyecto Mesoamérica. En ese marco se construirán las líneas de transmisión de electricidad entre México y Guatemala y se culminarán los estudios pendientes entre Panamá y Colombia para poder integrar la red de transmisión eléctrica México-Centroamérica-Colombia.

El Plan Puebla Panamá, hoy rebautizado Proyecto Mesoamérica [4],  fue puesto en marcha a iniciativa del mandatario mexicano Vicente Fox. El plan busca la promoción del desarrollo entre el centro sur de México y el istmo centroamericano. La cancillería mexicana lo define como un “instrumento de cooperación que busca integrar a la región mesoamericana, en la perspectiva de promover el desarrollo integral” del área.

El 12 de marzo de 2001 el presidente de México Vicente Fox anunció oficialmente la ejecución del PPP, con el fin de buscar el desarrollo al Sur del país y lograr la integración regional mesoamericana. Desde el punto de vista del Documento Oficial, el PPP es la propuesta de 8 países mesoamericanos para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los estados del Sur-Sureste de México y el Istmo Centroamericano, se llama Puebla Panamá porque en los límites de la región donde se va a desarrollar se encuentran la ciudades de Puebla en México al Noroeste y Panamá, capital del país con el mismo nombre al Sudeste.

Participan Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y los nueve estados del Sur y Sureste de México: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Cubre más de 1.000.000 de km2 y tiene 64.000.000 de habitantes. A finales de 2004 Colombia fue admitida como observador en el PPP, y desde el 11 de julio de 2006  pasa a integrar el PPP como miembro pleno, según lo establece la Declaración de la Octava Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en la ciudad de Panamá, el 11 de julio de 2006.

El PPP está destinado para los 116 millones de habitantes, que constituyen un vínculo común en historia, cultura, tradiciones y valores que habitan un mismo espacio geográfico y poseen aspiraciones e intereses comunes.

El PPP es administrado por una Comisión Ejecutiva, integrada por un delegado de cada uno de los nueve países participantes, y un grupo Técnico Interinstitucional que provee apoyo técnico  y financiero en diversas áreas del desarrollo regional. El grupo lo forman representantes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe), del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y la CAF (Corporación Andina de Fomento). El rol del Estado es el de la regulación, la planificación y el financiamiento de la infraestructura y el de sus servicios coordinando así, su acción con el sector empresarial privado.

El Plan reúne una serie de iniciativas para el control de recursos y bienes en la región, propone llevar a cabo ocho diferentes iniciativas con sus proyectos correspondientes. Las iniciativas son: de integración vial,  de facilitación del intercambio comercial, de interconexión energética, de integración de los servicios de telecomunicaciones, de desarrollo sustentable, de promoción del turismo, de desarrollo humano, y de prevención y mitigación de desastres naturales.

El PPP actualmente tiene una cartera de 99 proyectos con una inversión total de 8.079,89 millones de dólares (8 ejecutados, 50 en ejecución y 41 en proceso de financiamiento). Contempla proyectos de integración de infraestructura energética, comercio, telecomunicaciones y transporte.

En el área energética contempla gasoductos, oleoductos, refinerías y represas hidroeléctricas.

En la agenda energética el Plan Puebla Panamá y el Programa de Integración Energética Mesoamericana trabajan de manera coordinada.

En el sector energético uno de los proyectos que está en ejecución es el “megaproyecto” eléctrico para crear un Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC), coordinado por Guatemala y compuesto por 1800 kilómetros de líneas de transmisión y 15 subestaciones.

La infraestrutura del proyecto SIEPAC consiste en la ejecución del Primer Sistema de Transmisión Eléctrica Regional que reforzará la red eléctrica de América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá el proyecto tendrá un costo de US$ 385 millones y su construcción aunada a los proyectos de interconexión Guatemala-México, Guatemala-Belice y Panamá-Colombia, permitirá hablar de una amplia interconexión eléctrica entre los países de la región.

 El Proyecto SIEPAC se compone de dos pilares: un componente de infraestructura y un componente legal y regulatorio. El primero consiste en integrar las redes de los nueve países del PPP y está financiando la creación de un mercado regional de energía con una nueva línea de transmisión  eléctrica de 1867 km. de extensión.

El segundo pilar consiste en apoyar la formación y consolidación progresiva de un Mercado Eléctrico Regional (MER) mediante la creación y establecimiento de los mecanismos legales, institucionales y técnicos apropiados, que facilite la participación del sector privado en el desarrollo de las adiciones de generación eléctrica. Este componente reglamentario e institucional lo realiza el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC).

El Mercado Eléctrico Regional está encaminado a atender la demanda eléctrica regional que en algunos casos es insuficiente y no responde a las necesidades de las comunidades apartadas, así como a desarrollar la infraestructura de interconexión que permita el intercambio de energía entre los países de la región. Este mercado impulsará la competitividad de la región al establecer esquemas de libre competencia, incrementar la transparencia y fortalecer los vínculos interinstitucionales regionales.

Las organizaciones creadas por el Tratado Marco para el funcionamiento del Mercado Eléctrico Regional son: la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) con sede en Guatemala, el Ente Operador de la Red (EOR) y la Empresa Propietaria de la Red (EPR).

La creación del Mercado Eléctrico Regional y la construcción de la Línea SIEPAC constituyen una unidad que atraerá la inversión privada en centrales generadoras de mayor tamaño y orientadas al mercado regional, con tecnologías modernas y alimentadas por combustibles más eficientes y baratos. Se estima que durante la próxima década, sólo en generación,  la región centroamericana necesitará inversiones por US$ 700 millones anuales.

Entre los principales beneficios que tendrá la integración eléctrica en el corto plazo están: el aumento del acceso a los recursos energéticos, el mejoramiento de la confiabilidad del sistema de transmisión, la implementación de economías de escala, el aumento de la seguridad en el suministro a los mercados nacionales y la asistencia en situaciones de emergencia, la generación de mayores niveles de competencia en los mercados nacionales, la atracción de la inversión extranjera y la consolidación del Mercado Eléctrico Regional.

Con esta iniciativa, se espera un sostenido aumento de los costos energéticos para financiar los grandes proyectos, lo que muy probablemente será trasladado a los usuarios a través de alzas de tarifas. Además, la construcción de la línea de interconexión significará deforestación a lo largo de todo el tendido eléctrico, afectando ecosistemas y comunidades locales no beneficiarias de dicha infraestructura.

La agenda energética del Proyecto Mesoamérica contempla también proyectos regionales encaminados a la producción de energías renovables como el Programa Mesoamericano de Biocombustibles con la instalación de plantas piloto de biodiesel en Guatemala, El Salvador y Honduras; la investigación y transferencia de tecnología a través de una red de universidades, así como el apoyo en los ajustes de normatividad entre los países de la región.

 

Consideraciones finales:

Del análisis anterior podemos concluir que en la región existen múltiples iniciativas de integración energética de las que México forma parte.

            México se consolida como un aliado estratégico que garantiza la seguridad energética del país del Norte, apunta al libre comercio y representa en Centroamérica los intereses norteamericanos, lleva adelante la tarea de concretar las interconexiones físicas en el ámbito energético para con los países de América del Norte y para con los países de Mesoamérica.

 Desde la denominada Iniciativa Energética Hemisférica, presentada en la Primera Cumbre Presidencial de las Américas (1994) se avala una serie de reformas en el sector de la energía, reformas que consistieron en la eliminación de los obstáculos a las operaciones de las empresas privadas nacionales y extranjeras en todas las ramas de la industria energética, desde la exploración y producción de gas y petróleo, hasta la distribución y venta de productos petroleros en el mercado final.

Sin duda el proceso de integración energética es el contexto para concluir las reformas estructurales pendientes. Para llevar adelante dicho proceso se proponen lograr la armonización regulatoria (directivas, normas, determinación de precios de mercado) como un aspecto de los cambios a la regulación secundaria, de modo que se gestarán las reformas estructurales sin efectuar cambios radicales en el sistema jurídico como llegar a modificar la Constitución.

Pero, casi todos los estudios asociados al proceso de ASPAN concluyen con recomendaciones para ir hacia  la privatización de PEMEX.

Dentro de las recomendaciones públicas que han hecho las empresas transnacionales de la región agrupadas en el CCAN (Consejo para la Competitividad de la América del Norte), mediante el documento conocido como “Prioridades del Sector Privado para la ASPAN” , en su apartado de “integración energética”, se encuentran dos recomendaciones prioritarias, una de ellas se refiere a la importancia de reforzar la colaboración trilateral en materia de distribución de energía transfronteriza, y la otra es la de permitir al CFE (Consejo Federal de Energía) incursionar en contrataciones a largo plazo con productores de Estados Unidos para la compra de electricidad.

Otras exigencias del CCAN (Consejo para la Competitividad de América del Norte), que se han puesto en la mesa de negociaciones de los Ejecutivos de la región tiene que ver con el “desmantelamiento parcelar de PEMEX, que sería privatizado tangencialmente en su segmento gasero mediante la creación de Gasmex, a más tardar en el año 2010; la construcción, propiedad y operación de gasoductos y oleoductos, en el que las transnacionales privadas de Estados Unidos jugarían papel determinante para finalmente desembocar en la creación del CEAN: Consejo de Energía de América del Norte”. Jalife-Rahme (2007).

Estados Unidos pretende adueñarse de las reservas petroleras mexicanas por la vía del llamado “libre comercio” y los pactos tipo TLC  o sea el de una integración comercial[5].

 La reforma energética mexicana materializa las demandas de las corporaciones privadas nacionales y trasnacionales que forman parte de la integración profunda y en este sentido sería la forma de acceder a los recursos energéticos y abrir las oportunidades de privatización.

Para los estrategas del libre comercio la región Mesoamericana también juega un papel central por su ubicación geográfica en los circuitos del mercado global, donde el PPP (Proyecto Mesoamérica) y el libre comercio van de la mano. Efectivamente, un aspecto esencial de este plan es su íntima relación con el desarrollo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos[6]

De modo que, “Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas antes inexistentes”. Gilly, Adolfo (2009; p.2)

 

 

 

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VARGAS, Rosío. “Integración energética de América del Norte”. http://prdleg.diputados.gob.mx/publicaciones/libros/patrimonioenergético/PARTES/PE-81-86.pdf

 

VARGAS, ROSÍO – RODRÍGUEZ PADILLA, VICTOR (2006) “La energía en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte” en Norteamérica. Año 1. número 1, enero-junio de 2006. Pp 145 a 160. http://www.cisam.mx/Norteamérica/nbum1/htm/varpadi3.html

 

VARGAS, ROSÍO – HICKMAN SANDOVAL, ALFONSO (2009). “La Integración energética en América del Norte y la reforma energética (mexicana)”. Pp. 232 a 252.

http://www.vocesdelperiodista.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=456&Itemid=

 

 



[1] Profesora de Geografía. Docente de la Licenciatura de Relaciones Internacionales y Licenciatura y Profesorado de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

[2]  La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminado por los campos de Morelos por dos generales de Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917:Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos- la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria. Gilly, Adolfo (2009, p. 1).

[3] El 11 de mayo de 1995 se reformó la Ley Orgánica de Pemex para dar sustento legal a la privatización de dichas actividades, pese al hecho de ser un cambio anticonstitucional. El aliento a la integración en materia de gas se plasmó no sólo en términos de impulsar las importaciones procedentes de Estados Unidos hacia el mercado mexicano, sino también institucionalizando la cooperación energética en el marco del Grupo de Trabajo de Energía de América del Norte, durante la gestión del presidente George W. Bush. Vargas, R. – Hickman Sandoval, A. (2009).

[4] Proyecto Mesoamérica (PM antes PPP) Es un espacio político de alto nivel que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de nueve países (Bélice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá) facilitando la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

[5] Con los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2007- hasta la fecha) se combina lo económico empresarial con lo policial militar, según dos diseños de la Casa Blanca: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida. La ASPAN comporta una integración profunda (saqueo) de recursos naturales, un apartheid laboral y la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional. La Iniciativa Mérida consta de una estructura empresarial puesta en marcha por Bush (h), desde Waco, Texas, en 2005, que excluye a los parlamentos y a las respectivas sociedades de EUA, Canadá y México. La Iniciativa Mérida es un émulo del Plan Colombia, planteado por el gobierno de Bush por medio de Felipe Calderón bajo la pantalla de la “guerra antiterrorista” y contra el narcotráfico. Saxe-Fernández, John (2009 Pp 22 y 25).

 

[6] El objetivo del PPP es allanar el camino para el ingreso masivo de gran capital creando un marco regulatorio eléctrico único para toda la región, con un solo administrador, una sola empresa, una sola red integrada y asegurar el acceso a los recursos hídricos y el gas natural. Contempla un mercado regional petrolífero (incluye establecer una refinería en Centroamérica); un mercado regional de gas natural (incluye un gasoducto centroamericano); un mercado regional de electricidad, MER (plantas térmicas, hidroeléctricas e interconexión); fomento de energías renovables y eficiencia energética (incluye agrocombustibles); y un marco regulatorio regional (homologación de normas energéticas y regulaciones ambientales). Larraín, Sara y Aedo, María Paz (2008. p. 30)

 


Ponencia presentada en el XII Encuentro Internacional Humboldt "El Capitalismo como Geografía", La Rioja, Argentina - 20 al 24 de setiembre de 2010.




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