EL SECTOR ENERGETICO EN LA INICIATIVA

PARA LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA (IIRSA).

ROL Y PERSPECTIVAS COMPARADAS DE LOS PAISES SUDAMERICANOS[1].

 

Rodolfo López.[2]

Mónica Romegialli.[3]

 

 

ABSTRACT

 

En el año 2000 a solicitud de Brasil el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elabora un documento sobre la integración de infraestructura regional para la región sudamericana. En el mismo, entre otros temas, sienta el modelo que deberá regirse el sector energético. Los proyectos de energía de la IIRSA buscan crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una interconectividad eficiente de energía regional, dentro de un marco reglamentario que promueva la competitividad y el libre comercio. El objetivo subyacente de dichos proyectos es el de crear una agenda unida entre los gobiernos participantes en torno a las estrategias de mercado para la organización de la generación y transmisión de energía en Sudamérica. Los países sudamericanos respondieron con distintos énfasis a ese modelo energético de integración energética impulsado por Brasil.

Entre ellos merece una mención especial la perspectiva del gobierno venezolano de Hugo Chávez quién en el 2004 impulsó la iniciativa de Pretroamérica, una propuesta energética de los pueblos del continente, basada en los principios de solidaridad y complementariedad de los países en el uso justo y democrático de los recursos en el desarrollo de los pueblos.

El objetivo de este trabajo es analizar el rol y las perspectivas comparadas de la integración energética entre los países sudamericanos, con especial referencia a la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

 

 

I La energía en Sudamérica

 

En la región sudamericana cuenta con vastas reservas energéticas de distinto tipo, pero al no encontrarse distribuidas de manera uniforme en el territorio, determina que, como señala Sennes (2007), al mismo tiempo, casi todos los países tienen niveles superavitarios o deficitarios, ya sea en el rubro del petróleo, del gas o de la energía eléctrica. Esto significa que son importadores o exportadores potenciales de esos insumos. Así tenemos que la República Bolivariana de Venezuela es el país que posee las mayores reservas de petróleo y gas de la región (aunque todavía sea un importador neto de gas al no explotar sus ingentes recursos gasíferos), Bolivia posee la segunda reserva de gas natural, que exporta a Brasil, y en menor medida a Argentina. La Argentina tiene la tercera reserva más grande de gas natural, y la cuarta de petróleo. Chile es un importador neto de insumos energéticos, sobre todo de gas de Argentina. Brasil por su parte, posee la tercera reserva de petróleo de la región, pero es un importador neto de gas, principalmente de Bolivia y en menor medida de Argentina. Colombia es autosuficiente en petróleo y exporta el excedente de su producción. Paraguay no posee reservas de petróleo ni gas natural para su consumo interno, pero cuenta con un gran superávit de energía hidroeléctrica que exporta a Brasil y Argentina. Ecuador es un importante exportador de petróleo y Uruguay, por su parte, no posee reservas de petróleo ni de gas, e importa esos insumos para su consumo interno.

A mediados de la década de los noventa, según el informe elaborado por Wieger (2996, p. 1) para el Banco Interamericano de Desarrollo, expresa que Argentina y Bolivia presentan situaciones energéticas equilibradas ya que se abastecen y tienen recursos exportables, mientras que Chile muestra una situación deficitaria en general puesto que, disponiendo de una variedad de recursos básico, los mismos no son suficientes o su explotación es antieconómica lo que hace conveniente su importación; mientras que Brasil, a pesar de producir y contar con petróleo y gas, sus recursos no cubren los requerimientos de la demanda, sólo es superavitario en materia de energía hidroeléctrica. Perú, por su parte, cuenta con una importante reserva de energéticos, siendo la más abundante la hidroeléctrica, y dispone también de reservas de gas natural aún sin explotar como es el yacimiento de Camisea. Venezuela es un exportador neto de hidrocarburos, sobre todo petróleo al mercado internacional[4].

 

II Las interconexiones energéticas

 

Las primeras interconexiones energéticas en Sudamérica correspondieron al sector gasífero, conectando a través de gasoducto Bolivia-Argentina desde 1975 a 1993, reanudando en forma reciente la importación por parte de la Argentina del gas proveniente de Bolivia. Este sector tuvo especial dinamismo a mediados y fines de la década de los noventa, cuando se produce la reforma estructural del sector energético[5]. En la actualidad la República Argentina cuenta con 10 conexiones a través de gasoductos, discriminándose 7 con Chile, 2 con Uruguay y 1 con destino a Brasil[6]. Por su parte Bolivia está unida entre San Cruz de la Sierra-San Pablo por el gasoducto Bolivia-Brasil, que opera a partir del año 1999, y el Cuibá que entró en operación en el año 2000.

Como señala Kozulj (2004, p. 51) la región se presentan considerables asimetrías tanto en la producción de gas como en los respectivos países importadores, siendo Bolivia y Argentina el principal proveedor del energético en el ámbito del Cono Sur, aunque con dispares oportunidades, hacia fines de la década de los 90´; mientras que Chile y Uruguay son grandes deficitarios del recurso gasífero. Brasil, que si bien cuenta con reservas probadas, por características técnicas y económicas, siguió dependiendo de la importación del gas boliviano.

Con respecto a la interconexión eléctrica, los mayores vínculos se han concretado mediante la construcción de dos aprovechamientos hidráulicos compartidos, como son la represa de Salto Grande, entre Argentina y Uruguay, situada sobre el río Uruguay, entrando en operaciones en 1979, y la presa de Yaciretá, entre Argentina y Paraguay, que entró en funcionamiento en 1985, contraída sobre el río Paraná. En el alto Paraná, un emprendimiento compartido entre Paraguay y Brasil, dio lugar a la construcción de la represa más grande del mundo Itaipú, que en entró en funcionamiento en mayo de 1984, culminando su producción al 100% de sus generadores en abril de 1991.

Cabe destacar que los emprendimientos e interconexiones energéticas entre los distintos estados sudamericanos se enmarcaron en proyectos promovidos por los gobiernos de los países involucrados, hasta la década de los años ochenta del siglo pasado.

 

III Del Estado empresario al Estado regulador

 

Desde principios del siglo pasado, el sector energético fue una cuestión de estado. La exploración, explotación y distribución de los recursos energéticos hidrocarburíferos y eléctrico estaban en manos de empresas estatales monopólicas, la participación privada era marginal en con conjunto del negocio. Esto modelo estatal obedecía a dos principios, por una parte, la energía era considerado un recurso estratégico para el desarrollo de los países y un tema de “seguridad nacional”, por lo cual no podía estar en manos del sector privado; y por lado, las grandes obras de infraestructura que el sector energético demandaban, desalentaba en buena medida al capital privado por los altos costos de inversión que requerían y la incertidumbre política y económica que envolvieron a los países sudamericanos a lo largo del siglo XX, que le asegurara obtener una rentabilidad a mediano y largo plazo.

La banca multilateral, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eran los agentes financieros que posibilitaban la construcción de la infraestructura y los activos energéticos que quedaban bajo el control estatal (HONTY, 2006, p. 123).

El modelo de empresa estatal de energía en los países sudamericanos comienza a modificarse en el año 1982 con la experiencia chilena en el sector eléctrico. En esta instancia los promotores de la reforma aducían que representó una transformación profunda que cambió de manera fundamental el modo de mirar el sector y su regulación. De hecho, el modelo chileno sirvió de inspiración para las reformas seguidas en otros países de América Latina, tales como Argentina en 1992, Perú en 1993, Bolivia y Colombia en 1994 y posteriormente países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica en 1997 (SANCHEZ, p.236). Esta nuevo modelo emergente prometía “eficiencia” “competencia” y cobertura universal del servicio eléctrico. Por otra parte implicaba una comercialización a precios “reales”, la corporatización, desconcentración y desintegración del sector y por último su privatización. Pero hay que destacar que en los basamentos corría un nuevo paradigma económico denominado comúnmente como “neoliberalismo” que se emergió en la región en la década de los noventa. Los bancos multilaterales acogieron y ponderaron el experimento chileno y los diseñadores originales se convirtieron en los consultores más buscados por los países que pensaban reformar el sistema.

No es hasta el año 1993 cuando el Banco Mundial en el documento oficial The World Bank´s role in the electric power sector: policies for effective institucional, regulatory, and financial reform, sienta las directrices que impulsarán para las reformas del sector eléctrico, y luego es tomado como base para todos los sectores energéticos. En su informe el BM señala que la situación macroeconómica se ha deteriorado en los países envías de desarrollo y el pago de la deuda externa de la década de los 80” exacerbó los problemas financieros. En los noventa, los problemas macroeconómicos continuos en muchos de los países en vías de desarrollo reducirán la disponibilidad de fondos públicos para financiar programas de inversión planificados en el sector eléctrico. Además, el ambiente global ha cambiado en los noventa y habrá una competencia por el acceso a los recursos financieros, los que se destinarán prioritariamente para la adquisición de alimentos. Por lo tanto dadas las circunstancias, ni los países en vías de desarrollo ni las políticas del banco pueden seguir con el antiguo enfoque de otorgamiento de créditos al sector energético.

El informe se concentra en los temas de la reforma institucional, reguladora y financiera, de manera interrelacionados que son la esencia para mejorar el rendimiento del sector eléctrico.

El doble papel de los gobiernos como operador y propietario de los servicios energéticos, ha provocado que las administraciones realicen permanentes intervenciones en el sector. Por lo tanto hay necesidad de formar un cuerpo regulador como parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para redefinir los roles respectivos del gobierno, los servicios públicos y los consumidores. Esto implica un cambio del control monopólico del estado hacia un sistema descentralizado y de mercado. El gobierno conservará la responsabilidad para fijar los objetivos y articular las políticas en conjunto y para planear y coordinar el desarrollo del sector. También establecerá la base legislativa y legal para proteger los intereses públicos y privados. Pero los enfoques reguladores debe establecer une equilibrio entre la protección del interés público con la necesidad de interpretar la autonomía apropiadamente. Esto podría requerir cuerpos reguladores independientes tanto de los ministerios de gobierno como de las mismas empresas. Con un cuerpo más independiente y transparente, los consumidores, inversionistas y ambientalistas podrán ser escuchados en determinadas políticas relacionadas con los programas de inversión, la fijación de precios, el acceso para los servicios, la conservación de la energía, la ubicación de las plantas y los asuntos de desarrollo. Las características esenciales para un marco regulador sano incluyen: transparencia y franqueza; articulación clara de los objetivos de la reforma, incluyendo las políticas arancelarias; una estructura legal que define las reglas y los procedimientos para reducir el nivel de participación del gobierno e incrementar la autonomía y la rendición de cuentas por parte de los directores de las empresas. Tal marco regulador debe inculcar la confianza al inversionista y facilitar por lo menos la competencia entre los proveedores. También destaca que la efectividad de las instituciones reguladoras de los países en vías de desarrollo tomarán tiempo, y existen preocupaciones por las interferencias políticas y la corrupción que entorpecen la eficiencia del proceso. Pero los beneficios de abandonar las prácticas ineficientes actuales, superan ampliamente los gastos de de implementar las reformas estructurales.

En el documento, también se expresan las condiciones que deben cumplir los gobiernos para recibir nueva financiación al sector energético, quedando condicionado éste a que la privatización de las empresas estatales. Por lo tanto, el sector privado debe participar en la comercialización y corporatización del sector energético en los países en vías de desarrollo. Las empresas privadas deben ganar tasas de rentabilidad comercialmente competitivas sobre el capital social; deben tener la autonomía para dirigir sus propios presupuestos, préstamos, la adquisición, los sueldos y las condiciones en relación con su personal. El BM, puede facilitar la comercialización y la corporatización del sector energético vinculando el apoyo para la reforma del sector financiero con la financiación del sector energético. Esto podrá ser hecho canalizando alguna parte de la concesión de préstamos del banco a las empresas del sector a través de intermediarios financieros de conformidad con las pautas del banco existentes. Teniendo en cuenta la importancia potencial del sector energético para el desarrollo del mercado de capitales y la estabilidad de los precios y ganancias comparativas, que sobrevivirá a las reglas más transparentes y a la comercialización, el sector energético podrá estar mejor posicionado para canalizar los ahorros internos hacia los bancos y fondo de pensiones e inversiones en bonos a largo plazo, y las emisiones patrimoniales de las compañías de energía eléctrica. La competencia en el suministro de energía dependerá de las presiones sobre el mercado de capitales, para poder ampliar su financiamiento, y ésta puede proveerse de la mayor participación del sector privado solamente. Esto puede incluir la participación de compañías privadas y la privatización completa del sector. Por lo tanto el compromiso de financiar nuevos emprendimientos para la generación de energía eléctrica por parte del BM se concentrará en países con un claro compromiso para mejorar la performance del sector de acuerdo con los principios ya enunciados. El BM ha dejado de financiar los emprendimientos del sector energético en varios países debido al incumplimiento persistentes con la fijación de precios y los acuerdos financieros acordados (Brasil desde 1986, Egipto entre 1980-89, México entre 1972-88, entre otros). El BM brindará créditos solamente cuando los gobiernos hayan realizado las reformas institucionales y estructurales del sector energético.

De este modo el BM decidió que no iba a seguir sustentando las inversiones energéticas de la región y que los países debían atraer fondos privados para financiar las obras del sector.

Este modelo de inversión de la banca multilateral, se adapta al nuevo “paradigma” para la triunfadora economía capitalista, comúnmente denominado “consenso de Washington”, cuya primera formulación se debe a John Williamson, y data de 1990. “Washington” significa el complejo político-económico-intelectual integrado por los organismo internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Congreso de los Estados Unidos, La reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los grupos de expertos, cuyos temas centrales sobre los cuales existiría acuerdo eran: disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructura, liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés, búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, liberalización comercial, apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas, privatizaciones, desregulaciones, garantía de los derechos de propiedad.

Bajo el nuevo paradigma del denominado “consenso de Washington”, y el documento oficial del Banco Mundial que condicionaba los préstamos a los países en “vías de desarrollo” a la adopción de medidas impuestas por los organismo internacionales, sumado al aumento del consumo y producción de petróleo en América Latina y el resto del mundo en desarrollo, ha venido de la mano de un proceso de reestructuración del sector energético que significó la desmonopolización, y en la mayoría de los casos la privatización de las empresas del sector.

 

Este nuevo modelo de desarrollo energético está basado en la integración regional, la extensión del uso del gas natural y el ingreso de compañías privadas en todas las áreas del negocio energético. Este fenómeno no es casual, sino que responde a las nuevas tendencias económicas e ideológicas de la globalización, y a condiciones establecidas por la banca multilateral de desarrollo para financiar las necedades del sector. (…) A partir de la década de 1990, los bancos multilaterales de desarrollo percibieron que las necesidades energéticas del Tercer Mundo eran crecientes, y que las grandes empresas de energía encontrarían excelentes oportunidades de ganancias que las llevaría a invertir en esos países. La lógica de los bancos fue entonces, cortar el estilo de financiamiento impulsado hasta ese momento, que tenía a las monopólicas empresas estatales de energía como destinatarias de sus proyectos, y promover una reforma del sector que le fuera atractiva a las grandes empresas de energía. (HONTY, 2002, pp. 28-29).

 

En algunos países de la región, sobre todo Bolivia, Argentina primero al que se le suma Perú, adoptaron acríticamente este modelo atraídos por la idea de que la inversión extranjera directa era beneficiosa para el desarrollo del sector y quedaron a merced del mercado el desarrollo del sector energético. Como señala Honty (2002), el primer resultado de esta política es que de cada 10 proyectos que financia el Banco Mundial es el sector energía, 9 benefician a grandes corporaciones de los países industrializados. Las alianzas empresariales dentro del sector son muchas y variadas. Gasoductos y termoeléctricas son construidas por holdings de varias empresas en los cuales algunas veces participan empresas estatales. El centro de las preocupaciones de los dirigentes de éstos países dejó de ser el aumento de viviendas con servicio eléctrico o la autosuficiencia energética y pasó a concentrarse en la atracción de la inversión privada.

Cabe destacar que no todos los Estados adhirieron fervientemente a los lineamientos de la nueva política, así en Colombia y Ecuador el sector energético, más precisamente el hidrocarburífero presenta una gestión mixta con predominio estatal. La República Bolivariana de Venezuela sigue el modelo estatal; Brasil, a través de PETROBRAS sigue controlando el sector energético de gas y petróleo en manos del Estado, a pesar que dicha empresa cuenta con capitales privados.

 

IV La Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana

 

En el marco de las transformaciones globales, y en una nueva reconfiguración espacial de la región el presidente brasileño Fernando Enrique Cardozo, le encomienda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio sobre la viabilidad y factibilidad de la Integración Física en Sudamérica.

El documento del BID señala la importancia de la integración y del desarrollo de la infraestructura física para la formación del espacio económico ampliado sudamericano fue destacada por los gobernantes de los 12 países de la subregión en la primera reunión de Presidentes de América del Sur realizada en el 2000, en Brasilia convocada por el presidente de dicho país. En esa oportunidad, los presidentes consideraron prioritaria la identificación de obras de interés bilateral y subregional y señalaron la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento públicas, privadas y de instituciones financieras multilaterales, entre las cuales se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y al que luego se incorporaría el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Reconocieron igualmente, la importancia de la iniciativa del BID para elaborar lo que más tarde configuraría el “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”, el cual contiene propuestas para la ampliación y la modernización de la infraestructura de la región en un plazo de diez años, especialmente en las áreas de energía, transportes y telecomunicaciones, con el objetivo de configurar ejes de integración y desarrollo económico y social para la región.

Para facilitar el reordenamiento territorial de América del Sur, la IIRSA divide el continente en 10 Ejes de Integración y Desarrollo (EID), mediante los cuales se diseñan y arman tramos o franjas que unen varios países y sectores productivos. Además de estas transformaciones geográficas, IIRSA impulsa transformaciones en los sistemas regulatorios y normativos de los países, lo que constituye el segundo pilar de la iniciativa, son los Procesos Sectoriales de Integración, que tienen como fin la armonización de políticas, planes y marcos legales e institucionales referentes al uso de la infraestructura, ellos son: los instrumentos de financiamiento, la facilitación de pasos de frontera, los sistemas operativos de transporte aéreo, los sistemas operativos de transporte marítimo, los sistemas operativos de transporte multimodal, las tecnologías de la información y las comunicaciones y la integración energética.

La integración energética indicada como plan de trabajo de la Iniciativa persigue la interconexión de ductos y redes a fin de facilitar la fluidez de los hidrocarburos hacia los grandes centros de consumo, lo que permitirá hacer funcionales los corredores, y sobre todo movilizará los sistemas de producción: petróleo, gas y electricidad (plantas nucleares, termoeléctricas/geotérmicas, hidroeléctricas, tendido e interconexión eléctrica, gasoductos/oleoductos, etc.).

Esta Iniciativa tiene a la energía como uno de los mayores desafíos a partir de la importante influencia que la misma representa para el desarrollo de las economías y el bienestar de las poblaciones.

El objetivo de largo plazo de la Iniciativa es desarrollar un mercado energético regional por medio de un proceso gradual. En principio se busca el aumento de la eficiencia de la infraestructura de interconexión internacional existente por medio de la armonización de la normativa que regula a las transacciones internacionales. En el mediano plazo se busca que las transacciones se basen en el incremento en mecanismos de mercado y que las regulaciones disminuyan progresivamente las distinciones entre actores locales y otros actores de la región para lograr finalmente la apertura total de los mercados, tanto de electricidad como de gas natural.

La integración energética constituye un importante proceso sectorial dentro del marco general de IIRSA. Los proyectos en energía de IIRSA buscan de este modo crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una interconectividad eficiente de energía regional, dentro de un marco reglamentario que promueva la competitividad y el libre comercio. Por consiguiente, el objetivo subyacente de dichos proyectos es el de crear una agenda unida entre los gobiernos participantes en torno a las estrategias de mercado para la optimización de la generación y la transmisión de energía en Sudamérica.

 

En los últimos años, el sector de energía se ha constituido en uno de los principales inductores de la integración económica, especialmente en el ámbito de los países del Cono Sur, dado que las reformas estructurales y la privatización de las empresas públicas que en él actúan contribuyeron en el desarrollo del mercado interno de energía eléctrica. No obstante, muchos países aún carecen de una mejor percepción acerca de la importancia del desarrollo de una estrategia de integración de los mercados nacionales en este sector. En consecuencia, la mayoría de las conexiones de los sistemas eléctricos entre los países de la región deriva de acuerdos bilaterales que involucran la construcción de interconexiones y la provisión de energía, hecho que implica el uso de un operador específico para cada interconexión.

La concepción de proyectos de ámbito regional, a su vez, permite la exportación de economías de escala y un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales, al viabilizar obras importantes, como el Gasoducto Brasil-Bolivia y aquellas interconexiones eléctricas que solamente se tornan económicamente viables bajo la óptica de dos o más países y contribuyen a la construcción de verdaderos mercados regionales de energía. Wiegers, M. (1996, p. 72).

 

En el contexto de la construcción de mercados regionales de energía, se destacan dos iniciativas. La primera está relacionada con la visita a Brasil en julio de 2001 de una misión de alto nivel del gobierno argentino integrada por los Ministros de Infraestructura y de Relaciones Exteriores, con el objetivo de ofrecer 650 MW de energía eléctrica, adicionales a los 2000 MW ya contratados por la Compañía de Interconexión Energética, que opera una usina conversora en Garabí en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

La segunda iniciativa se relaciona también con Argentina, quien está discutiendo con Brasil el proyecto de construcción de una usina termoeléctrica, alimentada con gas natural, en la provincia de Misiones.

En el caso de la energía eléctrica, en particular, el desarrollo de mercados regionales posibilitará un mejor aprovechamiento de las interconexiones existentes a través del comercio de energía secundaria, así como el aumento de la confiabilidad de los sistemas nacionales mediante la ampliación de la base de recursos disponibles a nivel regional, aunque aún existen fuertes asimetrías estructurales a superarse.

La generación hidroeléctrica es responsable por más del 80 % de la oferta total de energía de la mayoría de los países de América del Sur. La elevada dependencia sobre esta fuente de energía aumenta el grado de vulnerabilidad de las matrices energéticas e impone la necesidad de grandes volúmenes de reserva excedente para atender la demanda durante los períodos más secos. En América del Sur la demanda se concentra básicamente en tres países: con más del 50% Brasil, seguido por Venezuela y por Argentina, que juntos consumen el 25 %.

Según un informe del INTAL (Instituto para la Integración de América Latina y El Caribe) la creciente participación del sector privado en el sector energético, en particular en materia de instalaciones de distribución, requiere una reformulación de las relaciones entre gobiernos e iniciativa privada en lo que respeta a la viabilidad de las inversiones en el sector, desde la evaluación de los proyectos de inversión pasando por el financiamiento, la construcción y hasta su operación. En la escala regional, será aún necesario garantizar una mayor coordinación entre los gobiernos en lo concerniente a la planificación y ejecución de los proyectos regionales de inversión. El desafío actual es avanzar hacia acuerdos regionales más amplios lo cual implica mayores niveles de compromisos por parte de cada uno de los países.

Las eficiencias que aporta la integración de los mercados de energía, en términos de una visión regional, son de una magnitud tal que viabilizan y hacen rentable la construcción de obras de infraestructura necesarias para esa integración. Analizada desde una óptica regional, la integración aporta varios elementos positivos tales como la optimización del stock de capital dedicado al suministro energético; la disminución del precio marginal de largo plazo promedio para el abastecimiento del mercado global como consecuencia de un uso óptimo de los recursos energéticos primarios; la mejora de la calidad y seguridad del abastecimiento; la reducción de los impactos ambientales por mejor uso y ubicación de los centros de producción y el incremento del tamaño de los mercados facilitando la competencia y la participación de inversores privados.

Ahora bien, la IIRSA identifica dos caminos para alcanzar los objetivos de integración regional y mercados únicos de energía, uno es a través de una transformación profunda en lo regulatorio y en lo físico (instalaciones para transportar energía), que tienda a un marco regulatorio (casi) único y una fuerte capacidad de intercambio y el otro camino sería posibilitando el comercio, el cual por un crecimiento eficiente tiende a largo plazo a integrar los mercados.

La Iniciativa reconoce que existen dos factores que constituyen los drivers naturales de la integración energética: la diversidad de reservas de gas natural y la importante participación de la hidroelectricidad en la mayoría de los países de la región. El aprovechamiento de estas características se logra a través de las interconexiones que permiten que se mejore el uso de los recursos existentes incrementando la eficiencia de producción y que se obtengan beneficios de las ventajas relativas de cada país.

Así, los proyectos del sector energético de la IIRSA se dividen en dos amplias categorías: “Interconexión” y “Generación”. Los proyectos relacionados con la primera categoría tienen que ver en su mayoría con la extensión o el mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica, aunque también existen algunos proyectos de construcción de gasoductos y cañerías para el transporte de petróleo. Los proyectos relacionados con la segunda categoría enfocan principalmente la generación de energía hidroeléctrica.

Para que se desarrolle un proceso de integración energética regional eficiente se debe tratar e impulsar la existencia de una serie de condiciones básicas, tal lo acordado en la Reunión de Trabajo con Organismos Especializados de energía que se realizó en diciembre de 2002:

Un ambiente político y económico favorable, que promueva la concurrencia de inversiones para el desarrollo de infraestructura dedicada al comercio de energéticos por redese en la región y que a su vez permita sostener los compromisos de los países con el proceso de integración.

Una institucionalidad regional adecuada, que permita que las decisiones de Gobierno se apoyen en decisiones de Estado, dotándolas de alcance regional o supranacional y, por lo tanto, de estabilidad

La no discriminación entre agentes del mercado interno y los internacionales, que asegure la igualdad de tratamiento de los agentes externos respecto de los nacionales, tanto para la demanda como para la oferta,

Mecanismos que permitan el uso eficiente de las interconexiones, respetando los derechos que se otorguen a quienes las desarrollen y asegurando que el flujo que se produzca por las mismas converja al despacho óptimo del conjunto.

Precios de energía eficientes, que deriven de asegurar condiciones competitivas en el mercado del gas natural y de generación de energía eléctrica y metodologías de formación de precios que respondan a costos económicos. Debe evitarse la asignación de cargos a las exportaciones e importaciones de energía por costos no atribuibles a ellas.

Libre acceso al sistema de transporte, respetando el acceso abierto a la capacidad no asignada como firme y sin discriminaciones que tengan relaciones con la nacionalidad y el destino (interno o externo) de la energía.

Tarificación y expansión del transporte eficiente, que evite la superposición de peajes por uso de las instalaciones de transportes, propendiendo a una tarifación representativa de los requerimientos que introduce el intercambio internacional.

Fortalecer la existencia de compromisos comerciales de largo plazo, que permitan disponer de garantía de suministro que los agentes compradores requieren de los agentes vendedores de otro país.

Asegurar la confiabilidad de suministro establecida en cada país, que significa respetar los criterios generales de seguridad y calidad del abastecimiento de cada país definidos para la operación de sus propias redes y sistemas.

De esta manera, la IIRSA se enmarca en la “era del nuevo regionalismo”, propuesta desarrollada y promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo que impulsa la formación de mercados regionales para avanzar hacia un sistema integrado de libre mercado, la promoción de la iniciativa privada  y el repliegue del Estado de la actividad económica directa.

“La IIRSA obedece al modelo de liberalización de los mercados, privatización y extracción de recursos. El objetivo es el de acelerar la exportación de materias primas”, opinión de la mexicana Paulina Novo, coordinadora del Proyecto Biceca (Construyendo Consciencia Cívica Informada para la Incidencia y la Conservación en la Amazonia Andina).

Para el sociólogo, Luis Fernando Novoa, de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, la Iniciativa representa la etapa final de las reformas neoliberales llevadas a cabo desde 1990. “Los sectores económicos que sobreviven a los procesos de reestructuración son absolutamente dependientes de los mercados internacionales como proveedores, intermediarios o distribuidores. A contrapelo del trípode desarrollista de los años 1960/1970 (Estado, capital nacional y capital extranjero), lo que se prefigura en este tipo de proyectos es un organismo público-privado que operacionaliza y naturaliza la lógica del capital financiero y de los sectores privatistas, en nombre de la competitividad, de la productividad y del crecimiento”.

Un proyecto a medida de las transnacionales brasileñas, efectivamente Brasil aprovecha. La IIRSA si bien ha sido concebida para beneficiar a los mercados de ciertos países, esta siendo ejecutada, sobre todo, para favorecer a los sectores económicos brasileños.

“El BNDES y las empresas transnacionales brasileñas son algunos de los principales actores en la implementación de la IIRSA”, analiza Ricardo Verdum, del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), para quien el país busca “el desfogue de su producción y el acceso a los recursos que son de interés de su sector industrial”.

“La internacionalización subordinada del continente suramericano se entrecruza con una regionalización activa de los capitales de origen nacional o asentados en Brasil, con hegemonía del agronegocio y sectores de servicios bajo control o con fuerte participación del capital extranjero”, explica el sociólogo Luis Fernando Novoa, de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales.

 

Brasil está en condiciones muy similares a los países del primer mundo a la hora de sacar provecho de la IIRSA. En los hechos, Brasil tiene una relación con los demás países sudamericanos –con la parcial excepción de Argentina– similar a la que tienen los países del centro con los de la periferia. En primer lugar, Brasil  es el más interesado en la región en poder sacar su producción industrial y del agrobusiness por el Pacífico. En segundo lugar, son brasileñas algunas de las empresas que construyen parte de la infraestructura, como la Constructora Norberto Odebrecht, que tiene inversiones en casi todos los países de la región, o como la petrolera Petrobrás. En tercer lugar, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es uno de los principales financiadores de la IIRSA. (Zibechi, R. 2006).

 

El Complejo Río Madera, que es uno de los núcleos del Eje Perú-Brasil-Bolivia, es quizá el mejor ejemplo. El complejo incluye dos hidroeléctricas en Brasil, esclusas para hacer navegable el río, lo que supone la eliminación de una zona de cachelas que interrumpen la navegación, una hidroeléctrica en el Río Beni (Bolivia) y puertos para la hidrovía de los ríos Madera-Guaporé-Beni-Madre de Dios (Brasil-Bolivia-Perú). El proyecto permite la generación de energía en cantidades significativas y a bajo costo y para la consolidación del polo de desarrollo del agronegocios en la región oeste de Brasil pero inundará enormes áreas del territorio de la amazonia boliviana. Pero el proyecto permitirá la reducción de los costos de transporte de granos y otros commodities, es el proyecto más grande de la Iniciativa, y cuenta con un presupuesto oficial de $10.500 millones.

Observando en perspectiva, proyectos como el Complejo Río Madera forman parte de la geopolítica brasileña de expansión hacia el oeste y de ocupación de territorios “vacíos”, de control de recursos estratégicos como los hidrocarburos bolivianos, y confirma la impresión de que “los gobernantes brasileños parecen haber llegado a la conclusión de que el aumento de la competitividad brasileña en el mercado internacional depende, en gran medida, de la integración sudamericana. Se trata de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y al empresariado mundial[7].

En realidad la IIRSA en el sector energético se constituye en un instrumento de la consolidación de las reformas estructurales y reguladoras emprendidas en los años noventa.

Es un proyecto a la medida de los intereses brasileños. Prepara el escenario para profundizar la regionalización activa de los capitales brasileños o los capitales extranjeros asentados en Brasil. Son brasileñas algunas empresas que construyen la infraestructura como la constructora Odebrecht, la minera Vale Do Río Doce, la siderurgia Gerdau o PETROBRAS, la Furnas Centrais Elétricas y al grupo Tudesco Maggi (el mayor exportador de soya de Brasil); mientras que el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) se convirtió en uno de los principales financiadotes de los proyectos IIRSA.

La IIRSA delinea una integración doblemente subordinada: de los países sudamericanos a Brasil y del conjunto de la región al mercado y al empresariado global.

 

V Análisis comparado del sector energético entre Brasil y Venezuela

 

Con respecto a la estrategia empresarial de PETROBRAS, se registra que en los años 90 aprovechó la apertura y desregulaciones de los países sudamericanos. Realizó inversiones en el exterior con el fin de garantizarse reservas operando en otros países que contaran con hidrocarburos suficientes y a precios baratos para exportar a Brasil, en especial gas para abastecer a sus centros industriales. Más que asociarse compró empresas e integró sus operaciones en toda la cadena energética.

Se transformó en una gran transnacional, la más importante del sector en la región, superando a REPSOL y a las grandes petroleras internacionales.

Su estrategia central es no descuidar el autoabastecimiento (en el año 2006 llegó a la autosuficiencia petrolera pero mantiene la dependencia del suministro externo de gas natural).

Su actuación no dista mucho del resto de las transnacionales que funcionan en cada país.

 

Ø  Acumula utilidades.

Ø  Aumenta la extracción de las reservas existentes.

Ø  Apenas perfora pozos de exploración para buscar nuevas reservas.

Ø  Adeuda impuesto y se apone a pagar más en concepto de regalías y precios de los productos que importa (gas boliviano).

Ø  Exige garantía de inversiones.

 

Por su parte el esquema ideado por el presidente venezolano Chávez, al igual del de Brasil trasciende las fronteras de su país, no encuadra y entró necesariamente en tensión con el propuesto por Brasil y aceptado sin discusión por los mandatarios sudamericanos.

Cuando asumió en 1999 Chávez se propuso dos objetivos: el control de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y la recuperación de los precios internacionales del crudo (que representa casi el 78% del valor de las exportaciones) que al momento de asumir estaba por debajo de los 9 dólares el barril de crudo.

Fue un actor clave en relanzamiento de la OPEP (Sólo en parte los precios internacionales del petróleo subieron por ello).

No sin pocas vicisitudes, incluido un fallido golpe de estado contra él y el llamado sabotaje petrolero de fines del 2002 y principios del 2003, consiguió el control de PDVSA y la transformó en el eje de su política exterior.

El deseo del gobierno venezolano es definir la agenda energética latinoamericana y liderar, de acuerdo con sus propios criterios un proceso de integración regional basado en la energía. En su visión esencialmente bolivariana la soberanía nacional y la idea latinoamericanista constituyen factores cruciales.

La disponibilidad de recursos le posibilitó una agresiva diplomacia petrolera que ha ido desarrollando progresivamente una crítica a los postulados del Consenso de Washington y a las iniciativas de Estados Unidos en la región.

Su concepción geopolítica difiere de la de Brasil. Para Brasil su espacio de proyección es Sudamérica (recientemente ha cambiado, en virtud de la estrategia brasilera de fomentar la producción de agrocombustibles en países centroamericanos, y utilizando el marco regulatorio del CAFTA, poderlos exportar a los Estados Unidos. De esta manera se amplia el área geográfica de influencia de Brasilia) para Venezuela importa el Caribe y Centroamérica.

Cuando el presidente Chávez concurre a Brasilia para el lanzamiento de la IIRSA, apoya la idea impulsada por el país anfitrión y al mismo tiempo realiza una insistente llamada en pos de la idea de PETROAMERICA en plena maduración:

 

v  la creación de una empresa multinacional que estaría integrada por el conjunto de empresas estatales de la región, destinada a atender inversiones conjuntas en exploración, explotación y comercialización, en proyectos que promuevan la integración energética de la región. En realidad después fue variando y se asocian dos empresas estatales, manteniendo la mayoría el país receptor de la inversión conjunta.

v  Coordinación y articulación de las políticas de energía..

v  Dicha iniciativa asume que la integración energética regional es un asunto estratégico, de Estados, lo cual no implica la exclusión de los sectores empresariales privados

v  El esfuerzo tiene que estar acompañado por voluntad política y visión económica pero con vocación social. No puede evaluarse sólo con criterios comerciales y de eficiencia empresarial

v  Rescata un papel más activo del Estado en la actividad empresarial lo que no implica monopolio estatal de la actividad. Los acuerdos con las empresas privadas deben alinearse con las necesidades de los estados. No se aceptan imposiciones del sector privado. Se aceptan socios no dueños.

v  la valorización justa y razonable de los recursos energéticos y el derecho soberano de los países a definir el ritmo de explotación de sus recursos.

v  El último objetivo plateado por Chávez es la firma de un Tratado de Seguridad Energética que se discute en el seno del Consejo Energético Sudamericano para acoplarse a la UNASUR. Implica un compromiso para intercambio de energía, sobre una base doctrinal que esté fundado en la solidaridad, la complementariedad, la cooperación y la asistencia técnica, para que la energía se convierta en un eje fundamental para la integración y la unión de nuestros pueblos. Debe contribuir a eliminar las asimetrías.

 

Chávez va a aproximarse a su propósito de creación de PETROAMERICA en forma gradual, a medida que se ha ido concretando se fue diversificando en mecanismo de alcance subregional, cada uno de ellos de características propias: PETROCARIBE, PETROSUR y PETROANDINA. Ha empezado a concretarse bajo el impulso venezolano a través de acciones subregionales y bilaterales.

El lanzamiento de PETROCARIBE en 2005 sentó sus bases en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas del que participan varios países del Caribe y Centroamérica y el Acuerdo de Cooperación Integral con Cuba, ambos del año 2000.

Es una organización que coordina y gesta las acciones con una plataforma institucional, Secretaría que se radica en Venezuela y Consejo Ministerial compuesta por los ministros de energía de los países firmantes.

La mayoría de estos países son consumidores de energía y no tienen el control estatal del suministro.

 

• Implica acuerdos de suministro de petróleo.
• Su aplicación es exclusiva para entes públicos (condiciona su creación).
• Ahorra en costos de transporte para los países destinatarios. Transporte en buques venezolanos a precio de costo.
• Evita costos de intermediación.
• Da financiación a largo plazo a precios de mercado pero a bajas tasas de interés (salvo el caso de Cuba que es subsidiado).
• El ahorro en la factura energética crea el fondo ALBA de ayuda al desarrollo económico y social.
• Venezuela construye terminales de almacenamiento, una red de refinerías Cienfuegos, Jamaica y Nicaragua) y proyecta polos petroquímicos.
• Prevé la exportación de gas (gasoducto o regasificación) y desarrollo de energías alternativas.
• Ahorro energético.

 

PETROCARIBE a la fecha es una realidad. Se han realizado varias cumbres de Jefes de Estado y ha sumado miembros. En la actualidad 17.

Han firmado un Tratado de Seguridad Energética que contribuye a eliminar las asimetrías económicas y sociales de la región. Esto se concibe como una alianza política y estratégica para un mundo multipolar. Se adhesión política al ALBA se enmarca en la flexibilidad con la que Chávez lo impulsa.

Esto determina que aumenta la influencia política venezolana en él área y disminuye la de Méjico y EEUU.

Aunque en forma muy limitada asegura demanda para los petróleos pesados y extra-pesados que se planea extraer de la faja del Orinoco, a través de la construcción de la red de refinerías.

En conversaciones desde el año 2004 en el año 2005 los ministros de Energía de Venezuela, Brasil y Argentina (luego Uruguay) constituyen PETROSUR con un Secretariado rotativo. En PETROSUR coexisten los dos gigantes energéticos y a su vez rivales Venezuela y Brasil. El grado de avance subregional o multilateral no ha sido el mismo. Venezuela ha avanzado en acuerdos bilaterales en los que han participado las empresas estatales de estos países. Ha habido avances con Uruguay (ANCAP, Refinería La Teja) y Paraguay, aunque no integra formalmente PETROSUR, (PETROPAR, Refinería Villa Elisa).

El gesto de Argentina con PETROSUR fue la creación de ENARSA convirtiéndola en la contraparte estatal necesaria de la organización. Esta acción permitió a Argentina establecer una agenda de intercambio, inversiones conjuntas y cooperación con Venezuela.

La relación entre Venezuela y Brasil se enrareció y avanza o retrocede al ritmo de los acontecimientos.

PETROANDINA tuvo similares dificultades que PETROSUR, pero en este caso por la falta de coincidencia entre las visiones geopolíticas de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que desencadenaron incluso en el retiro de Venezuela de la organización. La CAN quiere inserción en mercados internacionales, discutir la energía en la OMC, desarrollo empresarial privado, clusters energéticos.

No obstante Venezuela logró fundar en agosto de 2007 PETROANDINA con la asociación de PDVSA y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), habiendo cambiado el escenario con Evo Morales. Hay buena cooperación entre Ecuador y Venezuela e incluso con Colombia y Chile (obviamente sólo considerando el sector energético).

En el ámbito regional:

Lanzada como idea en Brasilia en el año 2000 y comenzada a concretarse como PETROCARIBE y PETROSUR desde el año 2005 PETROAMERICA va a dejar de ser el proyecto del presidente Chávez para adquirir adhesión regional en el mismo año en la reunión preparatoria de Ministros de Energía de la Primera Reunión de Presidentes de la Comunidad de Naciones Sudamericanas realizada en Brasilia.

Es recogida en la Declaración de Brasilia en delicado equilibrio con la IIRSA. Pero Brasil y Venezuela comienzan sus roces por la nacionalización de Morales a partir del 2006 y en la Segunda Reunión de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones realizada en Cochabamba a fines de 2006. Chávez y Morales se enfrentaron abiertamente a la IIRSA, mientras que Lula la defendió abiertamente.

En este contexto de enfrentamiento del gran proyecto integrador impulsado por Brasil se produjo la gira de Bush por América Latina y el entendimiento por el etanol en marzo de 2007.

Aumentó la fricción entre Venezuela y Brasil y pretendió disminuir la dependencia de Centroamérica y el Caribe de Chávez.

Guardaron las apariencias en la Cumbre de Margarita de abril de 2007, pero Brasil rechazó OPPEGASUR y no se mencionó el Gasoducto del Sur.

Luego vinieron las giras competitivas de Lula y Chávez por América Latina en el mes de agosto de 2007. Lula va Centroamérica y Méjico rivalizando en el área de interés de Chávez. Luego tras meses de desavenencias limaron diferencias en la reunión bilateral de Manaos en septiembre de 2007.

Algo cambió luego de la crisis política entre Colombia y Ecuador a comienzos de este año.

PETROAMERICA e IIRSA avanzan simultáneamente y en tensión. Brasil si desea posicionarse globalmente necesita distanciarse de la zona TLCAN y de las aventuras militaristas de EEUU.

No puede seguir confrontando con Chávez, necesita de él para conformar el Consejo de Defensa Sudamericano y la integración de la industria militar que lleva implícita. Va a dejar el liderazgo en hidrocarburos y va a quedarse con la hidroelectricidad, los biocombustibles y la energía nuclear.

La intención de Chávez es que los países que promuevan políticas privatizadoras queden aislados.

En cuanto a sus intereses nacionales disminuir la dependencia del mercado norteamericano y dar salida segura a sus petróleos extra-pesados

 

VI Conclusiones

 

La integración económica en Sudamérica data de una larga tradición, pero cuya característica ha sido los continuos fracasos en alcanzar las ambiciosas metas que se proponían. Los procesos como la ALAC, ALADI, MERCOSUR, siempre privilegiaron el modelo integracionista de tipo comercial, pero en general, siempre colisionaron con los intereses particulares de los estados miembros en dichos procesos integratorios. A esto coadyuvó las tradiciones geopolíticas expresadas en durante muchos años en las hipótesis de conflicto, los grandes espacios “vacíos” al interior sudamericano, la desigual distribución de la población y centros de producción y consumo localizados sobre la costa atlántica y pacífica, las grandes barreras naturales como la cordillera de los andes, la selva amazónica o los desiertos, hacían muy elevados los costos de transporte; además de las asimetrías económicos dentro de la región y la nula voluntad por parte de los gobiernos para articular y consensuar políticas macroeconómicas que brindaran un horizonte de previsibilidad a cualquier proceso de integración económico basado en el libre comercio como punto de partida. A esto se le debe sumar la inestabilidad política, la región ha sufrido continuas interrupciones de los procesos democráticos, produciendo cambios radicales en sus políticas económicas.

En la década de los ochenta, con la re-democratización, que continúa hasta la actualidad, sembró las bases para un nuevo proceso de integración, dando el primer paso los gobiernos de Argentina y Brasil conformando el PICAB, para en los noventa dar paso al MERCOSUR con la incorporación de sus vecinos Uruguay y Paraguay. Pero como consecuencia de las crisis económicas producto de las crisis de la deuda, procesos inflacionarios e hiperinflacionarios consideró desde el punto de vista económico a la región sudamericana como la “década perdida”. Para subsanar los problemas de la década anterior, la banca multilateral de crédito, el gobierno de Estados Unidos y académicos de los países desarrollados y sus adherentes en nuestros países (escuela de Chicago) diseñaron un nuevo paradigma a ser implementado en los países subdesarrollados, denominado comúnmente como el “Consenso de Washington” promovido por John Williamson en 1990.

El Banco Mundial, parte formulante de las nuevas políticas a implementarse, diseñó una serie de estrategias para el sector energético que debía implementarse por parte de los Estados subdesarrollados a los fines de continuar solicitando financiamiento externo preferencial. Los países de la región recibieron con beneplácito el nuevo modelo para el “desarrollo” e impulsaron los cambios radicales en el sector energético, tradicionalmente en manos de empresas monopólicas estatales. Si bien el acatamiento a las nuevas premisas no fue uniforme, países como Argentina, Bolivia, Perú impulsaron reformas de la legislación para permitir el ingreso del capital privado a las firmas dedicadas a la exploración, explotación y distribución de recursos energéticos. Chile había sido pionero en la década de los ochenta en el sector eléctrico, que también se tomó como modelo. Brasil también permitió el ingreso de capitales externos, pero su burguesía nacional, más que a trasnacionalizar el sector, apuntó a consolidarla y asociarse con el capital privado. Distintos fueron las políticas en el sector petrolero de Venezuela y Ecuador, que siguieron manteniendo el monopolio del sector, pero lo abrieron para el sector gasífero.

Un cambio tecnológico como el desarrollo de las termoeléctricas de ciclo combinado, acercaron al sector eléctrico con el gasífero como combustible, lo que determinó una nueva dimensión para el negocio energético, que por las sucesivas crisis económicas-financieras y la propia ineficiencia de las empresas estatales, hacían ineficiente al sector, según los dictados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

A esto se le sumó un nuevo potencial para el negocio energético, pero se requería una economía de escala, por lo cual era necesario interconectar a través de ductos las reservas de gas con los centros de consumo, sean éstos para la generación de electricidad, o para la demanda domiciliaria e industrial. Pero ante la reticencia de los organismos de crédito internacional a otorgar a los estados nacionales los fondos para el desarrollo de la infraestructura necesaria, los gobiernos decidieron privatizar sus empresas estatales de energía y de esa forma obtener las ganarías de la exportación en el ámbito regional e internacional de energéticos

Esto originó que muchas empresas transnacionales del sector energético pasaran a controlar de manera oligopólica, la exploración, explotación, transporte y distribución del gas en los países del Cono Sur sudamericano, si bien se computa como inversión extranjera directa en las cuentas nacionales, lo que hicieron las grandes empresas transnacionales no hicieron más que comprar por valores, en muchos casos irrisorios, los activos de las empresas estatales, y se dedicaron a la explotación de los yacimientos existentes, sin realizar mayores inversiones en la exploración de nuevos depósitos de hidrocarburo. Las mayores inversiones que realizaron apuntaron a la construcción de gasoductos como los que se construyeron entre Argentina y Chile y entre Bolivia y Brasil, países con superávit energético a países con déficit. La consecuencia es que ante la falta de inversión directa en exploración provocó que los yacimientos se fueran agotando, lo que provocó las fuertes crisis en el sector energético en muchos países de la región, como es el caso de la Argentina, Chile, Brasil e incluso Bolivia. Estas crisis impactaron fuertemente en las distintas administraciones e incluso fuertes tensiones políticas entre los países.

Pero a pesar de las políticas diseñadas en los noventa, cuyo impacto se proyectó en el actual siglo, otros elementos fueron dando una nueva reconfiguración del sector energético Sudamericano y la entrada en escena regional de las políticas de “renacionalización” de los recursos energéticos por parte del gobierno de Evo Morales en Bolivia, le quitó a la IIRSA uno de los pilares esenciales que era la de formar un mercado energético regional. Por otra parte el cuestionamiento del modelo IIRSA por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, y la disputa política por la influencia en la región, determinó que se configuraran dos modelos energéticos antagónicos, por un lado Brasil a través de la IIRSA cuyo brazo ejecutor es PETROBRAS, y Venezuela con PETROSUR/PETROANDINA apoyada como núcleo operante en PDVESA. El modelo brasilero se estructura a través del modelo de libre comercio, comportándose PETROBRAS como una trasnacional más, mientras que el modelo venezolano se organiza a través de la asociación de empresas estatales de energía. Pero de todas maneras no impide que exista asociaciones entre ambas empresas energéticas para realizar actividades en común en Sudamérica.

 

 

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