¿Para qué y para quién?:

Integración Regional en Sudamérica.  El caso de la minería metalífera

 

 

Ana Laura Berardi

CONICET – Centro Humboldt

 

 

 Resumen

 

Luego de más de dos décadas en las cuáles América Latina había entrado en un abismo económico, dejando con ello una deuda social gigantesca, mediadas por supuesto, por  etapas de crecimiento macroeconómico en algunos países, el cambio de siglo estuvo marcado por tumultuosas revueltas sociales en la región. Era una verdadera señal de que el modelo neoliberal estaba agotado. Es así que la región parece dividirse en dos grandes líneas políticas: los que intentan aferrarse al viejo modelo económico, y los que apuntan a una política de cambio progresista.

El giro de la política latinoamericana se encuentra colmado de discursos de cambio, de progreso y por sobre todo, se plantea un proyecto de unidad.

Esta dicotomía que se plantea entre estos dos modelos de gobierno, parecer ser solamente una apariencia a raíz de las medidas que unos y otros llevan a la práctica. Por esta razón cabe preguntarse ¿hasta qué punto se diferencian estos dos modelos de gestión? ¿Es posible establecer un proyecto de integración solidario en el marco de la economía capitalista?

Si bien estos interrogantes parecen complejos de resolver, se intentará marcar un punto de partida a través del análisis de caso de la actividad minera. Esta actividad ha tenido un cambio significativo durante la década de los ´90, a partir  de la profundización de la actividad y el incremento de inversión de empresas multinacionales. De esta forma, parece existir una discordancia entre lo que se plantea en el discurso “integración e independencia” de las naciones sudamericanas y la práctica que tiende a una creciente extranjerización de la economía. Esta disyuntiva es lo que intentará abordar este trabajo.

 

Abstract

 

After but of two decades witch Latin American had entered an economic abyss, leaving in this way a great debt social, with stages of macro – economics growth in some countries, the change of the century was marked by boisterous social revolts in the region. It was a true signal that the neoliberal model was exhausted. It is so the region seems to be divided in two great political lines: those try to cling to the old economic model, and those that aim at a policy progressive change.

The turn of the Latin American policy is overwhelmed, with change speeches, of the progress and by mainly, a project a  unit considers.

This difference that considers between these two models of government, to seem to be only one appearance as a result of the measures that everyone take to the practice.  Therefore it is possible to ask itself exist different between these two models of management? It is possible within the framework to establish a shared in common model of integration of the capitalism economy?

Although these questions seem complex to solve, will be tried to mark a departure point through analysis of case of the mining activity. This activity has had a significant change during the decade of ´90, from the deepening of the activity and the increase of investment of multinational companies. Os this from, it seem to a discordance between which one considers in the speech “integration and independence” of the South American nations and the practice that lends to an increasing presence of foreign capitals. This dilemma is what will try to approach this paper.

 

Introducción

Los vaivenes que ha sufrido la economía mundial en las últimas décadas, han dejado su huella en las economías latinoamericanas[1]. Desde la “década perdida”, signada por el aumento de la deuda externa, continuando con la implementación del modelo aperturista y de desmantelamiento del Estado en los ´90.

Con la llegada del nuevo siglo, el camino hacia el desastre socioeconómico parecía inevitable: manifestaciones sociales a lo largo de toda la región hacían ver que el modelo estaba agotado. Pero si el modelo ya no era funcional ¿qué surgiría de ello?

Vientos de Esperanza emergían desde las entrañas del continente, bajo las figuras y los discursos, que algunos con desdén y otros con optimismo, caracterizaban como progresistas. Por otra parte, algunos países de la región intentaban aferrarse al viejo modelo.

Bajo el discurso de refundar las naciones a partir de la ruptura del yugo que las mantenía atadas al poder hegemónico, especialmente de EEUU, se plantea la idea de una integración regional “libre” y “popular”.

Sin embargo, resulta imprescindible preguntarse, ¿hasta que punto dichos objetivos planteados pueden ser viables bajo las reglas de juego impuestas por el sistema capitalista? De este interrogante se desprende la idea sí efectivamente se esta poniendo en marcha una nueva concepción política en la región o en su defecto gobiernos que en apariencia se encuentran en las antípodas tienen una misma lógica.

Si bien, el tema es muy complejo de analizar y excedería a la extensión de este trabajo, resulta interesante como punto de partida, observar como ejemplo, el caso de la actividad minera en Sudamèrica.

Esta actividad  ha sufrido grandes transformaciones, especialmente a partir de la década de los ´90 y  fundamentalmente en lo que respecta a su forma de producción,  hecho que se ha ido intensificando desde entonces. Por lo desarrollado hasta el momento podría parecer como un acontecimiento beneficioso, especialmente sí se tiene en cuenta que la valorización de los recursos naturales ha adquirido una gran significación en el mercado mundial, mucho más sí se trata de recursos no renovables. Ahora bien, al momento de analizar bajo que condiciones se esta desarrollando esa actividad (legislaciones permisivas, incremento de la extranjerización de las inversiones, entre otros factores) emergen las contradicciones entre el planteo político  expresado y la materialización concreta de las acciones llevadas adelante.

A partir de lo planteado hasta aquí, este trabajo intentará explicar las contradicciones que emergen de la idea de integración, en términos discursivos y simbólicos, pero que no tiene correlación con las políticas llevadas adelante.

Retomando la idea esbozada anteriormente, en una economía global que se encuentra en crisis y en donde las deudas han sido y son transferidas a las economías periféricas ¿es posible  concretar y consolidar proyectos que tengan como principales beneficiarios a los pueblos  (ideas expuestas por varios gobernantes) sin “patear el tablero” del statu quo establecido por el poder hegemónico capitalista? ¿Hasta qué punto existe tal dicotomía entre las posturas de aquellos gobiernos que promulgan la idea pro – mercado y siguen sin reservas los designios de los países más poderosos y las de aquellos que dicen combatir todo lo que vaya en contra del desarrollo de los pueblos?

Los interrogantes están planteados.

 

¿La reconfiguración de la región? ¿O el cambio para que nada cambie?

El fin del siglo XX y el comienzo de la nueva centuria encontraron a América Latina sumergida en una profunda crisis económico social con la consecuente debacle institucional y pérdida de legitimidad del poder político.

Innumerables revueltas populares emergían para hacer oír sus voces de descontento. ¿Qué devendría de ello? Resultaba evidente que las viejas recetas neoliberales que habían imperado desde los ´70 y que habían mostrado su cara más cruda durante los ´90 habían llegado a su fin, al menos en apariencia.

 Los ojos de la escena política mundial apuntaban nuevamente a América Latina, pues desde el corazón del continente emergían las ideas “esperanzadoras” de que era posible el cambio.

De esta forma, el mapa político regional parecía dividirse claramente en dos grupos que, a priori, resultan ideológicamente en las antípodas: la derecha neoliberal de los 90, reducida a unos pocos remanentes, y la ola progresista cubriendo ampliamente el espectro geográfico latinoamericano. (Beinstein, 2006:2).

Sobre el modelo neoliberal mucho se ha dicho y se ha escrito, ahora resulta imprescindible establecer una tipificación acerca de esta nueva forma política que estaba naciendo en Sudamèrica, tarea para nada fácil, por cierto. En palabras de Jorge Beinstein “… pululan señales híbridas, contradictorias, discursos opuestos a los hechos, promesas incumplidas. Sus fronteras son borrosas, en ciertos casos difíciles de establecer si algunos de sus integrantes realmente pertenecen o no al espacio, su heterogeneidad ideológica y de origen político es desconcertante”.[2]

Ante esta descripción, en principio supondría un futuro incierto, por lo que resulta interesante observar ciertas características que ha adoptado el derrotero reciente de la política regional a fin de establecer ciertas pautas que permitan avizorar, al menos, el futuro cercano de estas naciones.

Como punto de partida, para emprender dicho análisis, resulta relevante poner de manifiesto los tipos de alianzas y posicionamientos de los diferentes gobiernos, situación que al menos, aparentemente, podría esclarecer el panorama en cuanto a las medidas que llevan adelante en función del desarrollo de la región, las economías nacionales y fundamentalmente de los pueblos.

Claudio Katz, en la introducción de su libro “El rediseño de América Latina” comienza diciendo que los acuerdos de integración latinoamericanos han despertado un gran interés como nunca antes había sucedido. (Katz, 2006:9).

Ahora bien, ¿de dónde proviene tal repentino interés?

Si bien el objetivo de este trabajo no es efectuar un análisis histórico del camino político recorrido por Latinoamérica, resulta fundamental poner de relevancia ciertos acontecimientos del pasado que parecen emerger nuevamente en la palestra política regional.

Es sabido que los intereses del imperialismo sobre este espacio así como también, por otros espacios periféricos no es algo nuevo. Ya con la Doctrina Monroe y el establecimiento de la “Alianza para el progreso” quedaba claramente expuesto el futuro que le era deparado a la región por parte del poder hegemónico estadounidense proclamándose para si, en una clara puja con el imperialismo europeo, el privilegio de un espacio dotado de recursos naturales y mercados para la colocación de sus capitales y mercancías. En este contexto, EEUU como potencia emergente estaba plantando bandera ante el poder europeo que comenzaba a demostrar ciertas flaquezas. Esta disputa interimperialista no es el resultado de un fenómeno azaroso, sino la puja de los intereses de las burguesías respaldadas por los Estados, pos de convalidar su poder.

Desde ese momento la presencia de los EEUU en Latinoamérica cobró cada vez más fuerza, oscilando entre la acción coercitiva a través de intervenciones militares directas, como en el caso de Centroamérica, apoyando los regimenes dictatoriales a lo largo de la región y, cuando la fuerza no fue funcional, la estrategia se redireccionó hacia una presión económica comandada por las empresas multinacionales y los organismos multilaterales de crédito, “aconsejados” no solamente por los gobiernos del país del norte, sino que también, contó con la anuencia de sus pares europeos.

El agotamiento del modelo fordista, a finales de la década del `60 va a establecer una nueva etapa dentro de la economía capitalista. El proceso de sobreacumulación que amenazaba seriamente a tasa de rentabilidad que hasta el momento había gozado la economía central. En estos momentos críticos, el poder imperialista pone en práctica las más crudas estrategias. Como explica David Harvey[3], cuando la reproducción ampliada de capital ya no genera la rentabilidad esperada, aparecen mecanismos ajustes que dicho autor denomina “acumulación por desposesión”. Éste término hace referencia a las características, que Marx había definido como acumulación primitiva, pero si bien, esto se creía una instancia superada en el desarrollo capitalista, éstas vuelven cuando se convierten en vitales para reencausar el proceso de acumulación.

“Todas las características de la acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía histórica del capitalismo hasta el día de hoy”.[4]

Cómo continua explicando el autor la acumulación por desposesión se profundizó aún más desde 1973, en donde EEUU va a tener un papel predominante en la implementación de un sistema financiero a escala internacional que permitiera severos ajustes, en determinados momentos, generando procesos devaluatorios que permitieran la apropiación de activos en las economías afectadas.  (Harvey, 2003:124)

 Esta situación de debilidad frente al poder hegemónico, conllevó y conlleva a la aceptación de las reglas de juego impuestas por el poder dominante.

De esta forma, desde la irrupción de estos mecanismos, América Latina se ha visto condicionada a seguir las reglas de juego.

Durante las décadas de los 70 y 80, incluso años antes, el imperialismo en alianza con las burguesías locales llevaron adelante un plan sistemático para desmantelar las estructuras productivas y la destrucción de la clase trabajadora. Escudado en el terror y la violencia del Estado, bajo las dictaduras militares, el capitalismo central puso en funcionamiento su plan.

La necesidad de colocar el exceso de capitales que resultaban improductivos, condujo inevitablemente a forzar la apertura de las economías. Este hecho tuvo dos efectos, contraproducentes. Por un lado, la imposibilidad de la producción regional de competir con los productos importados provocó la destrucción de la industria y el amedrentamiento de la clase obrera que se resistía a perder las conquistas obtenidas en etapas anteriores. Por otra parte, y consecuencia de lo expresado previamente, los capitales invertidos en la región fueron direccionados hacia el sector financiero, altamente improductivo y especulativo, en una palabra rapaz.

La primera parte del objetivo se había cumplido. Las bases económicas latinoamericanas destruidas, la resistencia aniquilada y un cuantioso endeudamiento externo, además del interno, al que en muy pocas ocasiones se hace referencia. Este fue el momento en donde las dictaduras dejaron de ser funcionales. Era el tiempo de la transición democrática.

Con la llegada de los gobiernos, elegidos por vía de las urnas, la situación no se modificó, sino muy por el contrario. La herencia dejada por las dictaduras, el siempre omnipresente poder hegemónico y las burguesías locales beneficiadas por las políticas en vigencia no iban a permitir que el cambio fuera posible.

La década de los ’90 fue coronada por la ortodoxia liberal, con una crisis que volvía a arremeter contra el sistema económico mundial. Bajo el eslogan de la globalización, de la oportunidad de un futuro promisorio, se imponía la libertad de mercado como condición excluyente para lograr el tan ansiado progreso. Pero a esta medida, además debían agregarse otras más, como la reestructuración del aparato estatal y leyes laborales que permitieran el proceso de flexibilización de los trabajadores, que entre otros factores, posibilitara el  incremento de las ganancias de las burguesías a través de una competencia feroz, a escala mundial, que afecta directamente los ingresos de los obreros que son utilizados como uno de los mecanismos para atraer las inversiones, cada vez más volátiles.

El saldo de la implementación de las políticas neoliberales fue más que negativo. El incremento del desempleo, deterioro de las asistencias básicas del Estado, el desplazamiento de los campesinos de sus tierras, el aumento de la pobreza y de la marginalidad, sumado a un deterioro en los términos del intercambio fueron muestras más que suficientes para demostrar que las recetas hacia el éxito económico que propugnaban los organismos multilaterales de crédito y los gurúes del establishment, habían cumplido el objetivo intrínseco que tenían estas medidas que no era otra cosa que profundizar las asimetrías económicas y asegurar el proceso de acumulación capitalista.

Ahora bien, ante la situación crítica que atravesaba la región, los pueblos mostraron su descontento y plantearon la necesidad de cambio. Manifestaciones populares se hicieron sentir en toda la geografía latinoamericana.

Producto de este contexto de crisis emergen en la política regional la necesidad de un cambio y de una mayor inclusión social. El progresismo estaba resurgiendo, apoyado en una carga simbólica muy fuerte y apelando a discursos y a medidas de dudosa efectividad, pero que han generado una gran esperanza y expectativa, aunque también una gran incertidumbre.

En el apartado sucesivo se intentará caracterizar el mapa político sudamericano y los alcances de las políticas implementadas por cada uno de ellos.

Las alianzas y los proyectos de nación que se intentan configurar, a simple vista, parecen  disímiles y hasta contrapuestos. Por esta razón, resulta de vital relevancia poner el acento sobre los acuerdos económicos, los alcances de éstos, y por sobre todo, en beneficio de quién sean estos acuerdos. De las decisiones tomadas se podrá visualizar el delineamiento de la región en el principio de este nuevo siglo.  

 

¿Hacia una Unidad Sudamericana?

La conformación de bloques económicos no es algo novedoso en América Latina. Desde la conformación de la ALAC y la ALADI, muchos acuerdos se han puesto en marcha, aunque los alcances de éstos no han quedado más que en proyectos o en el mejor de los casos, las políticas que se implementaron tuvieron un alcance limitado, al menos para las expectativas populares.

A partir de la década de los ’90, se observa un giro de la política imperialista hacia  la periferia, en donde la idea de democracia y la de libertad de mercado son utilizados prácticamente como sinónimos.

Cómo lo expresa Osvaldo Coggiola: “en la virada del siglo, la política norteamericana para América Latina navegaba en medio de las iniciativas destinadas a profundizar la colonización económica, con vistas a profundizar una hegemonía política continental que los EEUU, pudiesen utilizar como un arma decisiva en la disputa mundial Inter. -  monopolista, principalmente contra el bloque europeo y Japón”.[5]

De esta forma, se retomaba la vieja idea de la Alianza para el Progreso, en su nueva versión denominada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es decir un área de libre comercio que abarcara todo el continente (excepto Cuba). Con este objetivo, se aseguraba por un lado la apertura de los mercados latinoamericanos para colocar sus mercancías en países que no ofrecen competencia alguna y, por otro el aprovisionamiento de recursos naturales a bajo costo y una mano de obra con salarios depreciados. Con ello, el capitalismo norteamericano aseguraría el control de su periferia frente a los embates, principalmente del capitalismo europeo, especialmente en Sudamérica, en un momento de flaquezas de la economía mundial.

El proyecto a lo largo de la década del `90 tuvo marchas y contramarchas, especialmente por las fuertes presiones que impuso EEUU en las negociaciones y las escasas o nulas concesiones que ofreció a los países latinoamericanos, todo ello a fin de favorecer las exigencias de sus grupos empresarios. (Katz, 2006: 17). Por otra parte, los grupos económicos vinculados al mercado interno o con un cierto grado de penetración en el mercado regional, tampoco veían con buenos ojos un acuerdo de este tipo, en donde se verían arrasados por las inversiones de los grandes “pulpos” multinacionales.

Ahora bien, no necesariamente el decreto de defunción que tan enfervorizadamente anunciaba Hugo Chávez en la Cumbre de los Pueblos[6], se iba a concretar. Sí EEUU no podía llegar a cabo su estrategia de control continental, todavía contaba con una estrategia que le permitiría llevar adelante sus objetivos: los tratados de libre comercio.

Cómo afirma Claudio Katz, “El imperialismo ya lanzó un programa sustituto. Esta contraofensiva promueve el reforzamiento de los tratados de libre comercio ya existentes (México y Chile, la ratificación de nuevos convenios (Centroamérica y República Dominicana) y la negociación de otros acuerdos (Panamá, Perú,Colombia, [hoy ya corporizados][7] y Ecuador).[8]

De esta forma, por medio de tratados bilaterales, se intentaba imponer los acuerdos, que de conjunto habían resultado infructuosos, especialmente por la oposición del bloque más fuerte de Sudamérica que anteponía los intereses de los grupos locales y, por sobre todas las cosas, porque una decisión favorable hacia el ALCA hubiera supuesto una resistencia popular muy fuerte, factor no menor en una región que había sufrido los embates sociales y que habían conducido a la inestabilidad y el desprestigio de las corrientes políticas tradicionales.

Con la firma de los tratados de libre comercio (TLC), comenzaba a reconfigurarse el mapa político latinoamericano, entre aliados y opositores, al menos en apariencia, al imperialismo norteamericano.

No obstante, esta diferenciación que a primera vista resulta taxativa, a la hora de analizar ciertos procesos no parece tan evidente. Lo que hace mucho más complejo el panorama político.

Sin lugar a dudas dentro del grupo que apoyan abiertamente el proyecto impulsado desde los EEUU, están por un lado sus aliados incondicionales, como México quien es miembro junto a sus vecinos del norte del NAFTA, también la mayoría de los países centroamericanos. Pero donde se complejiza y se vuelven más difusos los caminos a seguir es en Sudamérica. El giro de la política regional, sumado a la idea de conformar proyectos propios, que por un lado favorezcan a los grupos económicos locales, o en su defecto que permitan construir una posición de negociación más consolidada ante los EEUU, ha complicado mucho más los intereses norteamericanos.

Sin embargo, éste país cuenta con aliados, a los cuáles la Casa Blanca considera fundamentales, el principal es Colombia, a quién amparado en la lucha contra el narcotráfico ha permitido la presencia imperialista tanto desde el punto de vista militar, así como también desde el punto de vista económico. Pero como plantea Claudio Katz, aunque se podría esperar mayor benevolencia con “el amigo” sudamericano, los resultados obtenidos hasta el momento apuntan a lo contrario, especialmente para los agricultores colombianos. (Katz, 2006:23)

Pero el gobierno de Álvaro Uribe no es el único que ha entablado acuerdos de este tipo, tanto Perú como Chile también se han embarcado en acuerdos comerciales con EEUU. En ambos casos, resultan de vital relevancia analizar los convenios bilaterales, ya que el interés fundamental radica en la exportación de recursos naturales, fundamentalmente de recursos mineros, aspecto que se trata en este trabajo.

A esta embestida norteamericana que ha opuesto no solamente los proyectos sudamericanos, sino también tanto el capitalismo europeo como el asiático, que ven la oportunidad de realizar inversiones propias del capitalismo central en los países periféricos, como así también utilizar a los mercados latinoamericanos como plataformas de exportación hacia los EEUU. Como plantea Katz “las empresas europeas buscan sacar rédito del clima hostil que existe en América Latina hacia su concurrente del hemisferio norte”. Pero esto no significa que los acuerdos con los grupos económicos del viejo continente sean más atractivos que los que ofrece su contrincante americano. Como el autor continúa explicando: “al igual que Estados Unidos, Europa no esta dispuesta a otorgar concesiones comerciales, y ofrece acuerdos con fuertes exigencias de protección jurídica a las compañías, pocas normas de cooperación y reducidos reconocimientos de asimetrías”[9]

 Con esto resulta evidente, en un contexto de sobreacumulación de la economía mundial, el capitalismo central no esta dispuesto a otorgar ningún tipo de beneficios al capitalismo periférico.

En oposición a las alternativas impuestas desde el poder hegemónico, el progresismo surgido en los últimos años ha intentado construir, en un caso y reconstruir, en otro sus propuestas.

De esta forma, en una alianza algo difusa y con algunos vaivenes se ha intentado crear un bloque que aparentemente, tenga objetivos comunes. Para lograr estas aspiraciones, dos proyectos se encuentran en pugna.

El primero de ellos, no es nuevo, sino que ya lleva más de una década desde su conformación.

 El MERCOSUR, surge del acuerdo bilateral entre los dos países con mayor peso de América del Sur. Desde su constitución, en un contexto de crisis económica  y con una deuda externa exorbitante, el bloque tuvo como estrategia ampliar los mercados nacionales deprimidos y saturados. Ahora bien, esta proyección de una integración comercial entre los vecinos sudamericanos no necesariamente apuntaba a un proceso de verdadera integración y cooperación económica. Ya desde su concepción, el bloque apuntó a favorecer a los grupos capitalistas locales y por sobre todo favorecer a las empresas transnacionales que encontraban como atractivo las concesiones a la hora de invertir, especulando con los vaivenes de los tipos de cambio y un mercado ampliado que permitiría generar economías de escalas. Esta estructura productiva permitía generar a estos grupos económicos una mayor acumulación gracias a los nulos o bajos aranceles y al proceso de división del trabajo Inter.- regional, lo que implica un competencia voraz por atraer las inversiones para cada uno de los países, generando medidas regresivas en térmicos sociales y en beneficio del capital transnacional que era el que lograba los beneficios. (Katz, 2006: 36 – Coggiola, 2007: 49).

Por esta razón la idea de un proyecto de verdadera integración quedo descartado desde el comienzo. Las asimetrías entre los países miembros, y el peso de los grupos de las burguesías brasileña y argentina, han conducido a que el bloque no haya podido sortear su estadio inicial. A esos contratiempos hay que sumarle la debilidad de cada una de las naciones, frente a las debacles económicas de los países miembros que fueron arrastrando al resto de los socios.

Según Osvaldo Coggiola, “El MERCOSUR, el bloque comercial de las burguesías del Cono Sur, se fue muriendo de muerte natural, como consecuencia de la quiebra de cada uno de sus integrantes. Su crónica inestabilidad demostró su inviabilidad, su incapacidad para hacer frente a una crisis mundial en forma autónoma y unida. (…) es una unidad parcial de ciertos grupos de monopolios (…)”[10]

Sin embargo, la llegada al poder de la corriente progresista, sumado a los proyectos, algunos de ellos consumados, de ampliar el bloque hacia otros países sembró cierta ilusión de una renovación de un verdadero proyecto de integración. Con la anexión de Chile y Bolivia como socios adherentes, y la de Venezuela, en carácter de socio pleno,   muchos se ilusionaban con pensar en una construcción que condujera hacia la unidad sudamericana.

Ahora bien, cuando se ponen en superficie las contradicciones existentes entre estos países, la realidad de un proceso de integración se transforma en un espejismo en el desierto.

Por un lado, teniendo en cuenta los inconvenientes no saldados entre los países miembros en lo que respecta a la eliminación de aranceles y los problemas sobre subsidios a ciertos productos, muy difícilmente se puede pensar que esto pueda revertirse con un bloque ampliado. Incluso si se tiene en cuenta que tanto Uruguay como Paraguay amenazaron con retirarse del bloque para establecer acuerdos de libre comercio con EEUU como consecuencia de los pocos dividendos obtenidos hasta el momento.

Por otro lado, la participación de Chile genera, al interior del bloque, ciertas reticencias, especialmente por los acuerdos de libre comercio que éste país tiene con EEUU. Esto implicaría por un lado, que efectivamente lo planteado en el párrafo anterior se convierta en realidad, además que el país trasandino sería una plataforma de exportación del país norteamericano, con lo que progresivamente iría erigiendo su proyecto de expansión territorial.

En lo que respecta al caso Venezolano, ha resultado relativamente sorpresiva la aceleración del proceso de incorporación de este país al MERCOSUR.

Es indudable, que por varias razones, Venezuela ha adquirido, en los últimos años, una relevancia inusitada a escala mundial. Apoyado en un recurso estratégico como el petróleo, le ha permitido al gobierno de dicho país una retórica discursiva populista que ha desatado controversias. El enfrentamiento con la política de los EEUU y las alianzas con Cuba y Bolivia y más recientemente con Ecuador, luego de la llegada al poder en 2006 de Rafael Correa, han suscitado por un lado anhelos de esperanza para ciertos sectores y de preocupación para otros.

Una de las causas, de la rápida entrada al MERCOSUR de Venezuela estaría fundamentada en una estrategia conjunta de los gobiernos de Lula Da Silva y Néstor Kirchner para intentar frenar la impronta nacionalista y antiimperialista (al menos discursiva) que promueve Chávez y sus nuevos socios. (Katz, 2006:113).

En efecto los mandatarios de los dos países con mayor peso en la región se encuentran en una cruzada dual. Por un lado, consolidar la alianza sudamericana y de esta forma defender los intereses de las burguesías locales, contando con el apoyo estratégico de Venezuela pero por otro, controlando a dicho país a fin de que efectivamente la política regional no se radicalice de tal forma que implique romper las relaciones con el imperialismo, situación que se da en la práctica, aunque discursivamente se propugne por la unidad e independencia.

Ahora bien, aunque soslayadamente se ha mencionado aquí lo que efectivamente desvela tanto a los gobiernos argentino y brasileño como así también al capital transnacional es el tercer proyecto que ha entrado en pugna entre los dos analizados anteriormente: El ALBA.

La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) fue impulsada en un momento en donde se planteaba el revés sufrido por el ALCA en Latinoamérica. La denominación del proyecto como bolivariano, hace alusión al perfil que intenta darle Hugo Chávez a su país como así también sienta las bases para una expansión a nivel regional basada en lazos de solidaridad y en una clara oposición al proyecto mercantil establecido por el ALCA. (Katz, 2006: 65). De esta forma, se entabla una oposición abierta al imperialismo norteamericano.

Si bien es un proyecto incipiente, existen varios interrogantes y dilemas que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la viabilidad o no de dicho proyecto.

Cómo punto de partida si bien quedaron establecidos los lineamientos generales, las políticas que conducirían a llevar a cabo la tan prometida y ansiada “unidad” aún son muy difusas.

En primer lugar, ¿hasta que punto, la integración bajo vínculos solidarios o “ventajas cooperativas” pueden prevalecer por encima de la integración basada en las ventajas comparativas? Resulta evidente que el objetivo de establecer alianzas con locales, como ha sido manifestado, a fin de tejer redes que permitan construir desde abajo un proceso en pos de los más desprotegidos, choca no sólo con la estructura política tradicional, que más allá de ciertos cambios aparentes en la coyuntura de los gobiernos nacionales, sigue presente, sino que también, propugna ciertos cambios que el resto de los gobiernos sudamericanos no estarían dispuestos a modificar. Como plantea Claudio Katz: “una acumulación de albitas[11]  junto a Lula, Kirchner o Tabaré  bloquearía cualquier avance emancipador, ya que excluiría tres medidas básicas de ese camino, la reforma agraria, la redistribución del ingreso y la nacionalización de los recursos básicos”.[12]

Como segundo punto, aparecen ciertas contradicciones en cuanto a los proyectos que se han puesto en marcha o han sido presentados como próximos a ejecutarse. Los mismos, bajo el argumento de sentar las bases con la aspiración de integración independiente tendiente a crear lazos de progreso, han tenido la venia de gran parte de los mandatarios de la región.  

Es una realidad que el contexto mundial, el abastecimiento energético se ha convertido en una cuestión primordial, y Sudamérica no escapa a ese dilema. En los últimos años, a partir del proceso de enajenación de los recursos naturales, bajo el capital monopólico, algunos países de la región han tenido dificultades para lograr la autosuficiencia energética. Pero además la región cuenta con importantes reservas tanto de petróleo como de gas. Por esta razón, se han puesto en marcha megaproyectos como la construcción del gasoducto sudamericano, el anillo energético o incluso, Venezuela ha tenido una activa participación en la creación de la empresa estatal ENARSA en Argentina. Ahora bien, a simple vista, este estas acciones llevadas a cabo parecerían conducir a un verdadero proyecto de integración y autonomía. Pero lo cierto es que se deben poner en relevancia ciertos aspectos que definirán claramente hacia donde apuntan tales propósitos. Por un lado es evidente que tanto las empresas transnacionales, como así también las burguesías locales son las que se apropian de la renta de la explotación de tales recursos. Entonces ¿cómo se puede convivir este mecanismo de acumulación con la reducción de las desigualdades y la creación de lazos solidarios?

Resulta evidente que la aceptación de estos grandes proyectos esta relacionada con los beneficios que las burguesías locales, sostenidas por el aparato estatal, pueden lograr y por otro lado porque la rentabilidad del capital hegemónico no se encuentra amenazada.

 De esta manera, la idea de la unidad regional, que tanto se promueve, conduce más a la unidad de las corporaciones que a la verdadera unidad de los pueblos.

 

Explotación minera en Sudamérica. La antítesis de la integración

La discusión sobre la importancia y la apropiación de los recursos naturales ha adquirido nuevamente una significación, que se había dejado de lado en etapas anteriores.

En un contexto de crisis de capitalismo mundial, el poder hegemónico, a través de su política expansiva, ha arremetido con notable virulencia, para tener en control sobre los mismos.

Es en este marco, donde la actividad minera, especialmente la metálica, ha tenido cambios de gran significatividad en Sudamérica.

Si bien, los países de la región andina han tenido una larga tradición en el desarrollo de la minería, en las últimas décadas se han producido transformaciones en el sector que requieren ser analizadas.

La década del ’90, estuvo signada por la implementación de políticas conducentes al proceso de enajenación. De esta forma, durante dichos años se preparó el escenario que permitió la transformación y un fuerte proceso de extranjerización de la minería. Como expone Oscar Prado: “el incremento de la presencia del capitalismo extranjero en la actividad minera en Argentina, ocurre también en países como Chile, México, Perú y Brasil y son parte de un proceso que condujo a una acelerada relocalización de la producción minera mundial durante los ’90, en el que América del Sur ha tenido un rol determinante”.[13]  

Como punto de partida se puede observar que estas transformaciones no parten de un proyecto de consolidación de la actividad y que la misma esté concatenada con el circuito productivo interno, sino todo lo contrario. En la última década del siglo XX se va a observar un incremento de la demanda mundial de minerales, fundamentalmente a partir de los requerimientos de los países del sudeste asiático que comenzaban a expandir su actividad industrial. (Prado, 2005:5, Luna Quevedo, 2004:27)

Pero no necesariamente estas condiciones favorables de la demanda mundial explican por sí sola la importancia que empezaba a adquirir la región para el capital transnacional. Por un lado, el potencial geológico de la región, con concentración de minerales de alta ley, hacen de la región un lugar atractivo a la hora de invertir.

Sin embargo, el potencial natural de la región no parecía ser razón suficiente, al menos desde los discursos de los gobiernos sudamericanos. Las políticas de “brazos abiertos” a las inversiones que prevalecieron durante la mencionada década, debían ir acompañadas de una reestructuración legislativa que hiciera viable un proceso de acumulación mayor y que brindara beneficios acordes a lo que las empresas multinacionales requerían.

De esta manera, como punto de partida de esta reconversión de los marcos regulatorios de los países del Cono Sur, las empresas extranjeras tienen un tratamiento igualitario a las empresas de capital nacional, además que no existe restricción para las primeras en la participación en la actividad (Pardo, 2005, 9). Pero este beneficio no resultó lo suficientemente favorable para atraer masivamente las inversiones.

Por esta razón, la mayoría de los países que posteriormente lograron tener una participación activa dentro de la minería a escala internacional, crearon legislaciones flexibles que hicieron aflorar masivamente la llegada de capitales. Entre las medidas que se pusieron en marcha se pueden destacar la estabilidad cambiaria, que en el caso argentino llega al extremo de sostenerla por 30 años, reducción o eliminación de impuestos, libre importación de maquinarias e insumos, deducción en gastos de prospección, exploración, etc., pago de regalías bajo declaración jurada. Pero la situación aún se complejiza más si a todos los beneficios impositivos se suman otro tipo de facilidades. Sí bien en reiteradas ocasiones tanto las empresas, como los diferentes gobiernos han hecho hincapié en que las explotaciones se rigen bajo estrictas normas ambientales, los resultados vistos a lo largo de todo el subcontinente suponen lo contrario. De esta manera se pueden encontrar innumerables denuncias por parte de los pobladores locales, que ven deteriorarse su salud, a través de la contaminación de los cursos de agua y el aire por las sustancias tóxicas utilizadas para la producción y que no tienen un manejo adecuado, que efectivamente demuestran que los controles por parte de los organismos estatales son extremadamente laxos o inexistentes.

Si bien, tipo de políticas resultaba esperable bajo los gobiernos neoliberales que dominaron la escena política desde el retorno a la democracia en la región y que tuvieron su punto culminante en los ’90, con la llegada de los gobiernos progresistas, de discursos nacionalistas y de integración social y productiva, este tipo de modelo de explotación resulta inviable.

En contraposición a la lógica discursiva, los gobiernos sudamericanos, no solamente no revocaron las medidas implementadas por sus antecesores, sino que redoblaron la apuesta en pos de seguir siendo mercados atractivos bajo los términos preexistentes. Clara muestra de ello lo expresaba Néstor Kirchner durante la presentación del plan minero nacional en el año 2004: “El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. Nosotros lo pudimos ir percibiendo en distintos lugares de la Argentina y hasta la profundización del proceso de recesión, de depresión en la Argentina, el sector minero fue mostrando en sus distintos aspectos un crecimiento casi permanente.

Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina con todas las calidades que marcaba con toda exactitud recién el responsable del área minera.”[14]
  Resulta evidente que el gobierno argentino no estaba dispuesto a perder el carácter de país modelo de la nueva minería. Bajo la justificación del crecimiento de las inversiones y la creación de fuentes de trabajo se ha encubierto los negocios fabulosos de las empresas mineras.

Si bien es cierto que han crecido exponencialmente los emprendimientos en este sector, estas empresas pagan 3% en conceptos de regalías, pero sí esto no es suficiente, Argentina se ha convertido en el sexto país a nivel mundial entre los países con mayores recursos mineros, pero además de ello ocupa un tercer puesto en concepto de rentabilidad de cobre y oro, los dos metales con mayor cotización en el mercado mundial actualmente. (Prado, 2005: 35 - 36). De esta forma, el capital transnacional no esta dispuesto a renunciar a los beneficios que de los que esta gozando. Pero tampoco el gobierno argentino, a pesar de lo que se expresa tienen intenciones de desarrollar políticas tendientes a generar un proceso de crecimiento interno y redistributivo.

Allende la cordillera, la situación no es diferente a lo que sucede en Argentina. Chile un país con una gran tradición minera, ha visto crecer su economía, especialmente en los últimos años a partir del incremento de la cotización internacional de su principal recurso dentro del sector: el cobre.

Como todos los países que han tenido una larga historia sustentada en la explotación minera en Sudamérica, dicha actividad estuvo manejada por el capital transnacional desde su comienzo, si bien es cierto que la participación estatal en general aparecía cuando los niveles de rentabilidad no eran óptimos para las empresas extranjeras. Pero, durante el gobierno de Salvador Allende se va a producir en hito en la historia de ese país, a partir de la nacionalización de los recursos y la creación de la empresa estatal CODELCO.  Este acontecimiento permitió al gobierno de la Unidad Popular tomar el control y la administración de un recurso considerado estratégico para la economía del país trasandino.

Pero tras el golpe de estado, si bien la empresa siguió estando bajo el control estatal, se comenzaron a sentar las bases para la “devolución” de los beneficios al capital extranjero, gran aliado del gobierno de Pinochet.

Si bien este acontecimiento es esperable de los gobiernos dictatoriales, ya que fueron el instrumento necesario del imperialismo para imponer los procesos de apertura y desestructurar la resistencia, nuevamente con la llegada a la democracia no se evidencian cambios que reviertan tales medidas, sino que las profundizan.

Como punto de partida para analizar la política que ha llevado adelante la Concertación, partido que gobierna Chile desde la llegada de la democracia en 1990, hay que tener en cuenta que retoma la idea del gobierno de Pinochet de conducir a Chile a un proceso de modernización y crecimiento económico, ¿pero a qué costos?

La minería chilena ha tenido un cambio sustancial desde 1990, cuando se comienza a observar la irrupción acelerada de empresas extranjeras, especialmente canadienses. Esta presencia ha sido fuertemente cuestionada ya que, se consolida un proceso de enajenación de los recursos, pero por sobre todas las cosas éstas adquieren mayor protagonismo por tener una fuerte injerencia en las políticas estatales del sector, generando la pérdida de control por parte del estado en la producción de su mayor fuente de recursos. (Luna Quevedo, 2004: 4)

Si bien las inversiones se han enfocado en metales como la plata y el oro, el punto de atención esta centrado en el cobre. Chile cuenta con la mayores reservas a nivel mundial de dicho metal, algo que con un fuerte control estatal le permitiría incluso controlar los niveles de precios en el mercado mundial.

Los costos del proceso de extranjerización han sido muy altos, ya que la mayor fuente de divisas del país le permitía al estado chileno reinvertir en proyectos, educativos, de salud y de promoción social. Se estima que desde 1971 a 1999, la explotación le ha aportado a las arcas fiscales más de 25 mil millones de dólares.  En contraposición  a ello, la apertura del mercado minero ha generado que la población chilena pierda entre 1996 al 2000 más de 6.287 millones de dólares que podrían ser invertidos en su propio desarrollo. (Luna Quevedo 2004: 4).

Pero si toda esta situación ya de por sí sola es un gran inconveniente, el Estado chileno ha tenido que afrontar un proceso de sobreproducción, generando pérdidas para la empresa estatal.

No sólo el Estado chileno no hizo nada para revertir esta situación, sino que muy por el contrario redobló la apuesta en beneficio de las empresas extranjeras. Bajo el lema de la integración de los pueblos en el año 2000 se firma el Tratado Minero Argentino Chileno. Este acuerdo no es una estrategia nueva, sino que tiene sus bases en el Tratado de Paz y Amistad firmado por ambos países en el año 1984, y que se da como corolario al conflicto que ambos países habían tenido por problemas fronterizos en el canal de Beagle. Resulta llamativo que luego de un conflicto que incluso había tenido amenazas bélicas, surja un tratado con la intención de consolidar los lazos entre pueblos hermanos para intensificar la cooperación económica y la integración física, incluyendo la exploración de los recursos naturales. De esta forma, este tratado sentó las bases para todos los acuerdos económicos que sucesivamente se firmaron entre ambos países.

Pero sí debía existir una muestra más de la autoría de este acuerdo del capital hegemónico, fue que en los tratados de cooperación y desarrollo económico que se fueron firmando previamente[15] se habían incorporado dentro del área de operaciones mineras al sur chileno, zona eminentemente agrícola y sin tradición en la actividad. En una sesión de la Comisión Unida de Relaciones Exteriores y Minería de la Cámara Alta de Chile, solicitaron explicaciones al entonces Presidente de la República Eduardo Frei y a funcionarios del Ministerio de Minería y ninguno supo dar explicaciones ni detalles técnicos que la inclusión de esta área. Como explica Luna Quevedo: “ello es un claro indicio que no son las autoridades chilenas las que incluyeron el área sur en el Área de Operaciones del Tratado, sino las grandes transnacionales mineras. Estas empresas, gracias a los sofisticados satélites, incluidos  los satélites militares de sus respectivos gobiernos, habrían permitido encontrar en el sur de la Cordillera chileno – argentina, recursos mineros que ambos países desconocían”[16]

Resulta evidente que, como en otros sectores de la economía, el capitalismo central ha ido sentando las bases progresivamente para el proceso de apropiación de los recursos. Con el Tratado Minero Argentino – Chileno se ha consolidado el proyecto  de uno de los complejos más grandes del mundo Veladero- Pascua Lama.  Dicho complejo esta asentado sobre ambos lados de la Cordillera en áreas inestables desde el punto de vista ambiental y marginales desde el punto de vista socioeconómico.

Desde el punto de vista ambiental, Chile tiene una legislación laxa. Como explica César Padilla: “Chile posee una legislación permisiva y carece de control una vez aprobados los estudios de impacto ambiental. Las empresas mineras transnacionales (…) han convencido al estado que la mejor regulación es la auto –regulación”[17] . Esta flexibilidad por parte del estado chileno ha generado un creciente grado de contaminación producto de la actividad.

El proceso de extranjerización de la minería chilena no ha venido acompañado del crecimiento económico para el país, que usualmente se usa como pretexto a la hora de permitir tales emprendimientos. Al contrario de esta situación, si bien Chile es el mayor exportador mundial de cobre y uno de los principales productores mineros del mundo, el gobierno de ese país ha visto mermar sus ingresos de la misma forma que ve emigrar sus recursos. Con una tradición de una actividad controlada por el estado y que le permitía generar riquezas y empleos tanto directos como indirectos, hoy la estado ha dejado de recaudar millones de dólares para destinar al proceso de crecimiento de su mercado interno. Pero además, las nuevas formas de explotación de la minería requieren de una complejidad tecnológica que el país no puede proveer, lo que implica una mayor dependencia, con respecto a este rubro, del mercado externo. Pero como si esto no fuera suficiente, esta “nueva minería” como se denomina a la explotación a cielo abierto, no sólo trae aparejados problemas desde el punto de vista ambiental, sino que ha destruido la estructura de la minería artesanal, dejando gran cantidad de mano de obra desocupada, que se suma a la población ya marginada y a los campesinos expulsados de sus tierras, muchas veces por estas mismas empresas para poner en funcionamientos sus megaproyectos.

Estas situaciones descriptas tanto para Chile como anteriormente para Argentina no están asociadas a la casualidad sino a la causalidad.

 Otros de los países, de larga tradición minera, pero que ha visto incrementadas las inversiones extranjeras en ese sector es Perú.

Como el resto de los países de la región ha visto con buenos ojos la llegada de capitales para el desarrollo de minería. Coincidiendo con la dinámica de apertura de la economía acaecida en los países periféricos, Perú generó las condiciones que permitieran el proceso de apertura de su economía en los años ’90. Durante esta década, el gobierno de Alberto Fujimori, privatizó las empresas mineras que habían sido nacionalizadas durante el gobierno de Velazco Alvarado en la década del ’60, sentando las bases para la llegada de las grandes corporaciones del sector.

Hoy el país se encuentra entre los principales productores del mundo y junto con Argentina y Chile esta catalogado como uno de los países en donde se prevén mayores inversiones en el mediano plazo.

En este sentido, este país se encuentra a la vanguardia del resto de los países sudamericanos, ya que fue el primero en donde se puso en marcha la explotación a cielo abierto. De esta forma, la minera Yanacocha, de capitales estadounidenses, se ha convertido en una de las minas a cielo abierto más grande del mundo. Ubicada en la provincia de Cajarmarca, al norte del país, esta explotación ha generado serios inconvenientes desde su puesta en funcionamiento.

Pero, sí este país no fue la excepción en seguir las políticas surgidas del Consenso de Washington, que garantizaban altas rentabilidades para el capital transnacional y la enajenación de los recursos, tampoco es la excepción en las prebendas ofrecidas para convertirse en un mercado atractivo.

Desde la llegada de las mineras extranjeras al país, los conflictos sociales como ambientales han ido en aumento. Las poblaciones campesinas han sufrido el hostigamiento por parte de estas empresas, debiendo dejar sus tierras porque eran ocupadas o en su defecto porque los altos niveles de contaminación han generado problemas de salud y la infertilidad de los suelos.

Paradójicamente las provincias mineras son hoy las que mayores ganancias generan, pero no para el Estado peruano, y son las que a su vez gozan de los peores indicadores sociales. El incremento de la pobreza y de la marginalidad ha sido exponencial, ya que a las poblaciones campesinas desplazadas de su lugar de vida y de trabajo se debe sumar a los trabajadores que  realizan su labor en condiciones de precarización absoluta bajo las órdenes de las mineras.

Siendo uno de los principales productores mineros del mundo, dicha actividad sólo representa bajo porcentaje del PBI nacional, producto del escaso proceso de industrialización que tiene en el país, pero además, esta relevancia en el mercado mundial no representa tampoco un importante aporte a la generación de empleo.

Pero el gobierno de Alan García va por más. En función del Tratado de Libre Comercio firmado con EEUU, se ha modificado la legislación acorde con los acuerdos previsto por éste. De esta forma, con la firma del Decreto Legislativo 1064, que permite a las empresas mineras sortear el requisito, que previamente tenían, de entablar un acuerdo con las comunidades para poner en funcionamiento sus emprendimientos. De ahora en más sólo bastará con el consentimiento de Estado nacional, lo que evidentemente allana el camino y ya siquiera se necesita incorporar a los proyectos ni a los discursos palabras bonitas que avalen el proceso de expoliación. (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina)

Por lo expuesto hasta aquí, resulta evidente que el notable crecimiento de la actividad minera en Sudamérica, acompañado por un fuerte proceso de extranjerización son la antítesis de un proyecto de integración regional que involucre el desarrollo de los pueblos.

 

Palabras finales …

Si hay un elemento que puede caracterizar al actual progresismo sudamericano, es la divergencia entre la retórica discursiva y la acción concreta.

Se han presentado aquí tres formas de integración, que a priori responderían a tres modelos diferentes de desarrollo regional, pero a la hora de observar los hechos, si bien existen ciertas diferencias no resultan ser tan taxativas.

La actividad minera ha resultado un buen ejemplo de esas divergencias entre discurso y la práctica. El desconcierto que Jorge Beisntein plantea de este progresismo, emanado de la profunda crisis social que dejó el neoliberalismo, es absoluto. Resulta sorprendente que gobiernos que se apoyan en las banderas de sus antecesores políticos, como Simón Bolívar, Salvador Allende o Haya de la Torre,lleven adelante tales polítcas. Palabras como unidad, desarrollo y bienestar de los pueblos, resultan vacías cuando posteriormente se aplican medidas que benefician al capitalismo hegemónico y les permite sortear sus propias crisis a costa de los pueblos que dicen defender.

A tal efecto se podría decir que la esperanza esta centrada en que efectivamente el ALBA, sea el proyecto que verdaderamente permita a los pueblos de América aspirar  a una verdadera integración. Si bien es cierto que se han llevado a cabo ciertas medidas en pos del beneficio popular, no se debe dejar de lado que, bajo esta idea de ayuda y cooperación también se han puesto en marcha proyectos que convalidan el proceso de acumulación de los grandes grupos económicos. Proyectos como el IRSA, apoyado por todos los países de la región no es más que una reestructuración regional pensada en beneficios del gran capitalismo y no en pos de que prevalezcan las potencialidades regionales. Sí se aboga por un proceso regionalista ¿porqué se proyecta un Banco Sudamericano, siendo su primera transacción el préstamo de dinero a Argentina para que cumpla los requerimientos el FMI?

El capitalismo esta en crisis y ha puesto en funcionamiento todo su arsenal para sortear sus conflictos, para ello se ha volcado ferozmente sobre el patrimonio de los países más pobres y los gobiernos de éstos se lo han permitido.

  Resulta interesante la idea expuesta por A. Roy:”La privatización, (…) consiste esencialmente en la transferencia de activos públicos productivos a empresas privadas. Entre éstos activos se encuentran los recursos naturales (…) Éstos son activos que el Estado posee en nombre del pueblo al que representa (…) Arrebatárselos, para venderlos a empresas privadas representa un proceso de desposesión bárbaro, a una escala sin precedentes en la historia.”[18]

Tanto los gobiernos de derecha, como los progresistas hoy están implementando un proceso de privatización y enajenación de los bienes públicos. Resulta evidente que para aspirar a la conformación de la Patria Grande que aspiraban Bolívar y San Martín se debe romper con esta estructura dependiente del imperialismo. La solución a ello es que sean los pueblos de Sudamérica los que impulsen la integración y no que prime por sobre ellos la integración burguesa.

 

“La unidad regional nunca fue una meta de las oligarquías y continúa siendo un objetivo ajeno a las clases dominantes contemporáneas”[19]

 

Bibliografía

 

·         Beisntein, J. “El reinado del poder confuso”. En Revista Enfoques Críticos. Bs. As. Año 1, Nº 2, Abril – Mayo 2006.

·         Campodónico, H. y Ortiz, G. Características de la inversión y del mercado de la minería a principios de la década de 2000. CEPAL. Serie Recursos naturales e infraestructura Nº 49. Santiago de Chile, 2002.

·         Coggiola, O. Rojo Amanecer. Ediciones r y r. Bs. As. 2007.

·         Katz, C. El rediseño de América Latina. ALCA, MERCOSUR y ALBA. Ediciones Luxemburg, Bs. As. 2006

·         Harvey, D. El nuevo imperialismo. Akal. Madrid, 2003

·         Luna Quevedo, D.; Padilla Ormeño, C. y Alcayaga Olivares, J. El exilio del Cóndor: Hegemonía transnacional en la frontera. El Tratado Minero entre Chile y Argentina. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Santiago de Chile, 2004.

·         Prado, O. Situación y perspectivas de la minería metálica en Argentina. CEPAL. Serie Recursos naturales e infraestructura Nº 91. Santiago de Chile, 2005.

 

En Internet:

Ministerio de Energía y Minas del Perú: www.minem.gob.pe

Ministerio de Minería de Chile: www.minmineria.cl

No a la mina: www.noalamina.org.ar

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina: www.conflictosmineros.net

Secretaría de Minería de la República Argentina: www.mineria.gov.ar