Inicio > Mis eListas > encuentrohumboldt > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 2005 al 2024 
AsuntoAutor
496/06 - La falta Encuentr
497/06 - Condolenc Encuentr
498/06 - ESCAPE DE Encuentr
499/06 - CIUDADES Encuentr
500/06 - HACIA LA Encuentr
501/06 - CIUDADES Encuentr
502/06 - A 700 km. Encuentr
503/06 - APORTES P Encuentr
504/06 - No quedan Encuentr
505/06 - Ciudades Encuentr
506/06 - HACE 20 A Encuentr
507/06 - LA MEDICI Encuentr
508/06 - President Encuentr
509/06 - UN PERIOD Encuentr
511/06 - ¡PARÁ DE Encuentr
510/06 - VIDEO/ DE Encuentr
01/07 - feliz 2007 Encuentr
2/07 - NOVENO ENCU Encuentr
3/07 - IX ENCONTRO Encuentr
4/07 - PANEL PASTE Encuentr
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
ENCUENTRO HUMBOLDT
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 2059     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[encuentrohumboldt] 499/06 - CIUDADES Y TERRITORIOS: Hacia nuevas política s de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Fecha:Sabado, 23 de Diciembre, 2006  10:58:53 (-0300)
Autor:Encuentro Humboldt <encuentrohumboldt @..................ar>

 
CIUDADES Y TERRITORIOS:

Hacia nuevas políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

 

Arq. MPUR. RAQUEL PERAHIA

Facultad de Arquitectura; Diseño y Urbanismo (UBA)

Arq. MPUR. SONIA VIDAL-KOPPMANN

DIGEO/IMHICIHU/CONICET – UN Mar del Plata

 

1. Introducción.

La evolución de las ciudades latinoamericanas y sus probables tendencias han sido tratadas a través de gran cantidad de trabajos, poniendo énfasis en los procesos políticos y socio-económicos que subyacen detrás de la configuración territorial de las mismas.

A la luz de estos estudios, en general, los pronósticos no resultan alentadores para nuestras ciudades pues la crisis mundial iniciada a mediados de la década del 70 las ha afectado particularmente. Los conflictos que deben afrontar se manifiestan principalmente en un sostenido proceso de urbanización, con un crecimiento urbano acelerado, descontrolado; en la instalación de la pobreza en las ciudades, en un fuerte compromiso del medio ambiente por las limitaciones de la dotación de infraestructura, y en la dificultad de implementar políticas publicas que orienten el desarrollo territorial.

En la década de los 90, a los problemas urbanos mencionados se sumaron:

a) una mayor concentración de la población en pocos centros urbanos grandes e intermedios,

b) una disminución de la capacidad económica de la población y un aumento de la economía informal (subempleo y desempleo), y

c) un descenso generalizado de la calidad de vida y/ o deterioro de la infraestructura de servicios, problema éste vinculado entre otros al descenso de la capacidad financiera y la crisis fiscal.

También en esta década, se acentuó la fragilidad de los sistemas universales de educación y salud, y emergió una creciente tendencia al asistencialismo de las políticas públicas, reforzando la ruptura de la solidaridad en los regímenes reformados de seguridad social.

Las condiciones mencionadas precedentemente fueron conformando el actual paradigma de desarrollo que supone grados anteriormente desconocidos de heterogeneidad socioeconómica, tanto dentro de un país como entre países. En este contexto, se está dando un grave aumento de la injusticia con fenómenos claros de pobreza y exclusión social. A esta situación le corresponden necesidades crecientes y diversificadas que tienen como resultado una sobrecarga de la demanda de los programas sociales que no están diseñados ni preparados para afrontarla.

Entre nosotros podríamos señalar como origen y estímulo de estos conflictos la desigual distribución del ingreso, la falta de idoneidad y transparencia en la gestión pública, el abandono del Estado de sus funciones; etc. De tal forma que algunas investigaciones dan cuenta de cómo ciertos componentes no visibles pero presentes en las prácticas cotidianas, inciden en las posibilidades de crecimiento y desarrollo. (Basualdo, 2001; Svampa, 2005; García Delgado, 2003; Coraggio, 2004).

Damos por sentado que las dimensiones económica, política y social están inextricablemente ligadas y que lo que suceda en cada una de ellas va a condicionar de manera severa a las otras. Por lo tanto, se ha impuesto una reevaluación integral de las relaciones entre crecimiento económico y desarrollo social.

En la visión convencional se suponía que, alcanzando tasas significativa de crecimiento económico, éste se “derramaría” hacia los sectores más desfavorecidos y los sacaría de la pobreza. El crecimiento sería al mismo tiempo, desarrollo social. Sin embargo, la realidad de muchos países latinoamericanos demostró lo contrario; el crecimiento económico sirvió para profundizar aún más la brecha entre ricos y pobres.

Cuando estas tres dimensiones se relacionan con la dimensión territorial, comienzan a vislumbrarse los grandes desequilibrios en la configuración espacial. De tal manera que no deberíamos sorprendernos de las formas que adopta el desarrollo urbano en gran parte de las ciudades latinoamericanas, resaltando la aparición de ghettos de riqueza y de pobreza y poniendo en evidencia la enorme brecha que separa a sus moradores. La configuración espacial expresa en estos casos no sólo la falta de directrices en el desarrollo de las ciudades, sino también la ausencia de políticas sociales, que deberían proporcionar un apoyo eficaz para cubrir las necesidades de la población menos privilegiada.

En consecuencia, dichas políticas tendrían que ser:

  • políticas de compensación social, dirigidas a las necesidades que surgen de los cambios y ajustes económicos y tecnológicos, o de las situaciones de crisis de una sociedad incluyendo los fenómenos de pobreza y miseria; y
  • políticas de integración social dirigidas a superar la marginalización y la exclusión producida por la discriminación a un determinado grupo étnico, raza, sexo, etc.

Esta temática ha sido tratada por la CEPAL en su documento Alojar el desarrollo: una tarea para los asentamientos humanos[1]  Sus contenidos principales se sintetizan en la Tabla que sigue a continuación:

TEMÁTICA

PRINCIPALES ASPECTOS

CONSOLIDACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

Crecimiento índice de urbanización: 57,2% (1970); 73,4% (1995); 85% (estimado al 2025)

Argentina: 88%

 POBREZA EN LAS CIUDADES

La proporción de hogares pobres aumentó desde 1970.

Creciente desigualdad entre ricos y pobres por concentración del ingreso en los niveles socio-económicos más altos.

LIMITACIONES EN LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Drástica reducción de la inversión en la infraestructura de redes de las ciudades en los 80.

Factor limitante del desarrollo urbano.

ACUMULACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL

El déficit cuantitativo y cualitativo afecta a 2 de cada 5 hogares.

Producción de viviendas por debajo de las necesidades.

Precariedad y hacinamiento en los hogares de menores recursos.

Dentro de este panorama es objeto de este documento analizar las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la actualidad, en nuestro país.

Con este objeto se realiza una breve reseña del contexto histórico en el que se dieron las acciones de planeamiento en las ultimas décadas, destacando la evolución del rol del Estado y de los actores privados.

2. Las políticas reordenamiento urbano y el contexto histórico.

La década de los 70 y los 80.

En la década de los 70 los problemas urbanos se dieron  en un contexto en el que el Estado cumplía un importante rol: era el mejor guardián de los intereses públicos, era quien debía velar por los intereses de los habitantes, era quien tenia la capacidad de conocer e interpretar las necesidades de la población en especial en las formas de vida y su relación con el desarrollo de las ciudades.

El Estado, en sus diversas escalas de incumbencias, como administrador de los intereses públicos utilizó instrumentos de planificación tales como los planes reguladores luego llamados planes de ordenamiento urbano y por ultimo planes urbano ambientales.

Dentro de esta óptica, el desarrollo regional se identificó con la búsqueda de una estructura espacial del desarrollo nacional que asegurara, entre otros objetivos, los siguientes: a) el nivel adecuado y creciente de eficiencia basada en la incorporación orgánica de todos los recursos naturales y humanos y en un manejo estratégico del espacio económico y social; b) la distribución territorial adecuada de los esfuerzos y beneficios del desarrollo, en busca de la eliminación de los contrastes regionales adversos; c) la concreción de relaciones interregionales orgánicas y justas; d) las condiciones reales de un desarrollo interior autónomo y creciente; e) la ocupación y acondicionamiento metódico del territorio para orientar y facilitar el desarrollo de los asentamientos humanos y de la vida en comunidad; f) la incorporación sistematizada de la iniciativa  y de la participación popular y local.(Utria, 1972:53)

El Plan era concebido casi como el principal elemento fundamentador de las acciones de planeamiento, con capacidad de orientar los factores intervinientes en la promoción del desarrollo urbano. Su sanción permitía concretar el resultado final propuesto aunque muchas veces dichos planes fueron concebidos  en un sistema cerrado, como un plan acabado , desligado del contexto social cambiante y de los posibles canales de gestión y ejecución.

Como deficiencia debemos acotar que en gran parte de los casos, el análisis de las propuestas no se realizaba desde el punto de vista de la factibilidad técnico-económica pues los recursos económicos requeridos provenían, en la mayoría de los casos del Estado y en general del Estado Nacional. Estas propuestas enfatizaban los aspectos ligados al crecimiento y transformación de los asentamientos humanos, la regulación del suelo; el control de los usos del suelo urbano y las condiciones de habitabilidad.

La  planificación así planteada respondía a pocas expectativas y necesidades sentidas de la población especialmente en las grandes conurbaciones aunque debemos mencionar, tal vez como excepción, la actitud de algunas provincias y algunos municipios que mantuvieron una continuidad en las propuestas urbanas, fomentaron la participación comunitaria y que, además de enunciar una normativa de regulación y control, supieron  plasmar los planes en programas de acción y proyectos concretos visibles a los ojos de los contribuyentes.

Durante la década de los 80 comenzó una crisis de la economía que se manifestó en una política de ajuste en cuyo contexto se privilegió lo local y la gestión a nivel privado. Muchos autores la han calificado como “la década perdida”, aunque otros señalan la importancia creciente de las organizaciones de la comunidad, la Iglesia, las ONG en la producción del hábitat. Conviene destacar que en los 80 comienza el “urbanismo de los proyectos urbanos” y en materia de políticas de desarrollo se incorpora el concepto de desarrollo social.

Sobre todo este último concepto fue tomando cuerpo en Latinoamérica en la década del 70, en respuesta a los conflictos derivados del paradigma económico de sustitución de importaciones e industrialización; puesto que dichas políticas, si bien en algunos aspectos económicos fueron beneficiosas, trajeron aparejados el afianzamiento y la agudización en cada país de los desequilibrios regionales internos, con los consecuentes desajustes socioeconómicos, tales como la urbanización y la marginación aceleradas.

A partir de 1980, en gran parte de los países del Cono Sur las políticas nacionales de planificación se centraron en la temática regional. En algunos casos, como el argentino, los programas propuestos se quedaron en los discursos, sin trascender a los hechos. También en esta época en el AMBA se inició un proceso de suburbanización de los grupos de altos ingresos hacia los clubes de campo. Este proceso impulsado por desarrolladores privados, se acentuará en la década siguiente manteniéndose hasta nuestros días (Vidal, 2005; Torres, 1998; Perahia, 2004, 2005)

La década del 90

En la década de los 90 en la Argentina, con la entrada a la globalización, se producen grandes cambios demográficos y ambientales: la aparición de nuevas formas de consumo, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos canales de comunicación y transporte.

El predominio de las actividades de servicios y el avance de la tecnología cuyo proceso ya se había iniciado, comienzan a producir una nueva lógica de distribución y calificación de los espacios urbanos y del hábitat.

A partir del Consenso de Washington el neoliberalismo ofreció una receta sobre qué hacer respecto a la cuestión social. Sus tres ideas-fuerza fueron la privatización, la descentralización y la focalización, las cuales se constituyeron en instrumentos destinados a impactar sobre la institucionalidad social, matizadas a su vez con la promesa de una supuesta mayor participación de los beneficiarios en la gestión de las políticas públicas vía los intentos por fortalecer la sociedad civil (Vidal, Villar, Mirasou, 2003).

Este cambio de estrategia, pone nuevamente en la agenda pública las cuestiones éticas de la equidad social y la participación democrática, sin que ello signifique una menor eficiencia en el uso de los recursos públicos. La clave de esta nueva ola de reformas de las políticas sociales reside en "la propuesta de fomentar una nueva sinergia entre el Estado y el capital social comunitario". (PNUD, Informe 1997)

El escenario de esta década presenta un contexto de economías mundiales integradas donde las ciudades son el espacio que concentra el desarrollo económico, social y cultural: Se disputan las oportunidades de centralizar innovaciones; brindar los mayores y más avanzados servicios y comunicaciones, ofrecer recursos humanos calificados a fin de atraer a las actividades económicas y brindar una buena calidad ambiental destinada a residentes y visitantes

.

Por lo tanto, los capitales locales y extra-locales se orientaron hacia la generación de servicios y de bienes de consumo. Con vistas a la producción del hábitat las inversiones se direccionaron hacia los grandes proyectos localizados en las principales ciudades, consideradas como un gran mercado inmobiliario. Estos proyectos se ejecutaron con independencia del impacto estructural, funcional y ambiental respondiendo a la lógica del máximo beneficio posible y/o permitido.

Estas situaciones de marcada polaridad generaron mayores problemas para la administración de los centros urbanos tironeados por una diversidad de intereses concurrentes en el espacio ciudadano. El contexto socio económico en el que se produjeron estos cambios registró un predominio de la visión económica sobre la social ; casi todo se midió en términos de una economía globalizada con una fuerte relación con situaciones externas que se trataron de "asimilar".

El concepto de planificación urbana y territorial se debilitó y el interés se concentró en las demandas efectivas, en las iniciativas rentables, sin existir un modelo espacial / económico/ productivo/ poblacional/ territorial al cual acceder.

Las acciones se concentraron en torno a temas, programas y proyectos específicos que debían demostrar su factibilidad técnico-económica, y en el mejor de los casos el origen de los fondos y las gestiones inherentes a su desarrollo. Se priorizó el desarrollo de programas y proyectos, la fuerza surgió de las acciones a encarar que eran ejecutadas por los actores privados en tierras privadas y públicas. En este sentido, podríamos decir que se registró una variación en el concepto de interés público pues los contenidos no fueron fijados por el Estado en forma independiente sino que surgieron de una concertación de intereses y presiones entre los actores públicos y privados.

Es este mecanismo de concertación y la legitimidad del mismo una innovación dentro de los procesos de planificación, que investigadores del tema como F. Ascher han calificado como un “sistema de dispositivos”.

“El gobierno de las ciudades deja paso a la gobernancia urbana que podemos definir como un sistema de dispositivos y modos de actuación que reúne a instituciones y representantes de la sociedad civil para elaborar y poner en marcha las políticas y las decisiones públicas” (Ascher, 2004:80)

3. Políticas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano local.

Desde un punto de vista operativo se entiende por Desarrollo Urbano al conjunto de acciones programadas en el tiempo dirigidas al crecimiento planificado del núcleo urbano. Son acciones que orientan el crecimiento planificado y se diferencian del proceso espontáneo de urbanización donde el cambio de uso del suelo rural a urbano está más vinculado a las condiciones del mercado que a las condiciones de aptitud del sitio y las posibilidades de extensión de la infraestructura de servicios a costos razonables.

El desarrollo local es entendido como la capacidad de llevar adelante un proyecto de desarrollo sustentable en el que se aprovechen las capacidades territoriales, (sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales, etc.) en pos de un desarrollo sostenible.

En este proceso se pueden identificar tres dimensiones: “una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados, otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico favorable, protegerlo de interferencias externas y proteger el desarrollo local” (Vázquez Barquero, 1988: 129).

En otra de sus publicaciones Antonio Vázquez Barquero, uno de los autores más influyentes en América Latina, define al desarrollo local “como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o territorio” (Vázquez Barquero, 1998: 3).

Dentro de este enfoque ha surgido el concepto de sistemas productivos locales que la bibliografía reciente ha generalizado para designar conjuntamente y de manera simplificada, a todos estos tipos de organización industrial a nivel local. En estos sistemas productivos locales adquirirá suma relevancia la capacidad de generar innovaciones tecnológicas y formas de producción flexibles que permitan incrementar la productividad y la competitividad en la economía globlalizada.

Esta concepción de desarrollo “endógeno” se contrapone al de desarrollo “exógeno” que se centra en la competencia entre ciudades o regiones para atraer inversiones externas que generen empleo y, en el mejor de los casos, se articulen con empresas locales, generando así una sinergia productiva.

Puede decirse que, fue en la década de los ochenta, cuando el desarrollo endógeno se conformó como una estrategia activa de desarrollo local diseñada para resolver los problemas locales y defenderse de los cambios producidos por la crisis del modelo de producción fondista y del creciente proceso de globalización de la economía. Los modelos de desarrollo local que desde entonces han tenido éxito en el mundo responden a las especificidades de cada región, por lo que no se pueden implantar acríticamente en América Latina.

Estamos muy lejos de visualizar un modelo latinoamericano, chileno, argentino, etc., de desarrollo local. Esto se debe, por un lado a la debilidad institucional del municipio latinoamericano y por otro, a la ausencia de un proyecto de desarrollo regional o al menos nacional.

Así, en Argentina se plantea el problema de resolver la integración de los sectores más empobrecidos de la sociedad. En este aspecto se destaca el papel de las políticas sociales como vínculo de inclusión e integración, a partir de encontrar una alternativa productiva con la que se pueda enfrentar los problemas de desempleo y exclusión.

No se trata de plantear el desafío de una distribución más equitativa de la riqueza como una tarea del gobierno local. Así como es sumamente difícil sostener un programa de desarrollo local sin una política nacional y regional que se oriente en ese sentido, resulta poco razonable tener una distribución del ingreso local sin un marco nacional.

Lo que es necesario plantear, entonces, es que el  esfuerzo social que demanda el desarrollo, y en particular el desarrollo local urbano,  debe contemplar, desde el comienzo y explícitamente, alternativas para mejorar las condiciones de empleo, para obtener una equitativa distribución de la riqueza obtenida y, particularmente en los países de América Latina, garantizar la inclusión social de los sectores que se encuentran marginados.  Esta concepción del desarrollo local mantiene a la dimensión económica como columna vertebral pero refiere, necesariamente, a otras dimensiones.

El desarrollo local no es exclusivamente crecimiento económico o mero incremento de la productividad empresarial. Como proceso económico, social, cultural y   político demanda un esfuerzo de articulación sinérgica; pero también requiere que las condiciones sociales y culturales acompañen este crecimiento y que los beneficios generados se distribuyan con equidad.

En este sentido, si el modelo del desarrollo local otorga a la sociedad local y a su capacidad de articulación el lugar central; para América Latina replantea el problema de resolver qué papel deben jugar los sectores más empobrecido y débiles de la sociedad.

En este aspecto encontramos un significativo aporte del pensamiento latinoamericano en el planteamiento sobre la necesidad de fortalecimiento de estos actores a través de una propuesta que resalta la necesidad de impulsar las potencialidades locales para el desarrollo local “desde abajo”.  Uno de los principales aportes en este sentido lo ha realizado Coraggio que postula entender a la economía local formada por tres subsistemas: la economía popular, la economía pública y la economía empresarial.

La economía popular en esta concepción, “…no tiene que ver con la formalización de lo “informal”, sino con la constitución de un sub-sistema dentro de la economía, una economía del trabajo, por contraposición con la economía del capital. Dicha economía del trabajo está formada no por empresas orientadas a la acumulación sino por las unidades domésticas, sus emprendimientos y redes, orientadas por la reproducción ampliada de la vida de sus miembros.” (Coraggio, 1997: 79)

Entonces, el desarrollo económico local implica poner en marcha acciones orientadas a incrementar la productividad de la economía popular, para lo cual se deben reorientar las políticas sociales actuales y, fundamentalmente, buscar y potenciar la articulación entre los tres subsistemas mencionados. (Coraggio, 1997)

4. El Desarrollo Urbano y  los municipios argentinos.

El desarrollo urbano local es una construcción política en donde el estado local cumplirá un rol central: es una institución indispensable, pero no la única.

Por lo tanto, un primer elemento a considerar es la situación en que se encuentran los municipios argentinos para hacer frente al desarrollo local.

En el país existen casi 2100 municipios en situaciones muy diversas por ello para poder analizar la posibilidad para gestionar el desarrollo urbano local se señalan algunos aspectos considerados clave:

1.      las  características institucionales y con ellas los tipos o categorías de gobierno local,

  1. la definición del tamaño y la base territorial sobre la que ejerce sus competencias
  1. y los recursos de que dispone.

Desde el punto de vista institucional las constituciones provinciales establecen dos niveles, con sus respectivos sub-niveles. Por un lado, se encuentran aquellas constituciones que denominan “municipio” a todas las formas de gobierno local, reconociendo diversas categorías. Por el otro, las que diferencian a los “municipios” de otras entidades de gobierno local (denominadas comuna, comisión municipal o de fomento, delegación municipal, etc.) y, finalmente, las que tienen un sistema mixto que contempla tanto distintas categorías de municipios como a las otras entidades mencionadas. Sus funciones, atribuciones y recursos, humanos y económicos, son diferentes. También lo es su relación con el gobierno provincial y nacional. Así Córdoba tiene 428 gobiernos locales, Santa Fe 363, Santa Cruz tiene 20  y Tierra del Fuego sólo tiene 3 gobiernos locales.

En cuanto a la base territorial se distinguen dos grandes grupos. Por un lado, el sistema de municipio “condado” o ejido colindante, sistema de partido, departamento o distrito) que incluye áreas urbanas y rurales, de manera que todo el territorio provincial queda comprendido dentro de gobiernos locales (Ej. Buenos Aires y Rio Negro).

Por el otro,  el sistema de “ejido urbano” que hace coincidir los límites del municipio con los de la construcción urbana. Dentro de este sistema se suele adicionar un área rural, como   previsión al crecimiento de la ciudad, que queda dentro de la órbita municipal.

La definición de la base territorial del municipio adquiere importancia cuando la problemática del desarrollo local urbano (DLU) debe incorporar aspectos rurales y/o regionales; o bien, si se debe centrar solamente en las cuestiones urbanas.

En cuanto al tamaño: actualmente en poco más de 1.700 municipios que tienen una población inferior a los 10.000 habitantes vive solo el 11% de la población, mientras que el  otro noventa se reparte entre lo los 313 que tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes, con el 27% de la población y los 63 municipios que con más de 100.000 habitantes reúnen al 60% de la población. (INDEC, 2001) más del 82% de los gobiernos locales tiene menos de 10000 habitantes.

Sintetizando, la cantidad, heterogeneidad y dispersión de los gobiernos locales se contrapone a la concentración de la población en las ciudades. En efecto, mientras el 80% de los gobiernos locales posee solamente el 13% de la población, el 89% de los argentinos vive en áreas urbanas (INDEC, 2001)

Esta situación plantea la necesidad de analizar las políticas  de desarrollo urbano local de manera diferenciada para cada tipo de municipio y la incidencia del carácter  “local” y “regional” del desarrollo.

En la medida en que la ciudad es más grande crecerá la magnitud y complejidad del Estado, se incrementarán los recursos y se consolidará la sociedad civil, a la vez que se perderá proximidad entre la sociedad y el Estado. Inversamente, cuanto más chica sea la ciudad, el Estado será más simple y con menos recursos, pero estará más cercano a la sociedad.

Por último en cuanto a los recursos económicos municipales, en términos generales, se destacan por su escasez, debido  especialmente a una pobre capacidad recaudadora, a la falta de diversificación en la actividad productiva y a la existencia, en algunos municipios, de alguna actividad económica que sostiene a una parte sustancial de la población de la ciudad pero que no genera crecimiento Se produce entonces una dependencia de los aportes provinciales y del Tesoro Nacional en especial para la ejecución de infraestructura, vivienda y equipamiento.

Esta forma de dependencia económica conduce a otra de tipo político, generando una relación radial donde las provincias y la Nación ocupan el centro sobre el que giran y se relacionan los municipios.

A pesar de lo señalado acerca de la diversidad de situaciones de los gobiernos locales  se han identificado un conjunto de características comunes en relación a la políticas de Desarrollo Urbano y la gestión local. Intentando esbozar una visión sintética, podemos resumir en los puntos siguientes los principales aspectos que se vinculan con el desarrollo urbano/territorial:

  • Falta de objetivos y políticas claras y con continuidad en su gestión.
  • Ausencia de políticas de ordenamiento territorial.
  • Formas de financiamiento dependientes de niveles superiores de gobierno
  • Concentración de las erogaciones en los gastos corrientes.
  • Dificultades de articulación en diversas unidades ejecutoras del gobierno local.
  • Falta de personal y bajo nivel de capacitación
  • Falta de compromiso con los resultados de la gestión.
  • Carencia de información respecto de otras organizaciones.
  • Desconfianza respecto del uso apropiado de los recursos
  • Caudillismo / clientelismo

 

5. Conclusiones

Es necesario recuperar el rol de gobierno en el ordenamiento territorial y la promoción del desarrollo urbano. No se puede ignorar la responsabilidad del Estado en la promoción del uso sustentable de la tierra incorporando los objetivos sociales y ambientales e incluyendo a los segmentos más vulnerables de la población.

El nivel local debería comprometerse con los cambios estructurales en materia de manejo territorial y el gobierno provincial y nacional debería alentar estas iniciativas locales.

Se deben evitar las acciones incongruentes de las autoridades públicas que envían señales confusas a los agentes privados, crean incertidumbre y podríamos decir oportunidades para aquellos intereses que quieren modificar los planes en beneficio propio.

Resumiendo, las políticas públicas y la acción de gobierno deberían focalizarse en los aspectos enunciados precedentemente, en particular en lo referido a: la definición de objetivos consensuados  continuidad en la gestión; a la correcta articulación de diversas unidades ejecutoras del gobierno local; a las mejoras en la capacitación de los planteles administrativos y/o técnicos; y a la transparencia y mejora de la eficacia en el manejo y gerenciación de los recursos.

El otro punto a considerar en las políticas que abarcan a todos los niveles de la organización estatal sería la adopción de un sistema de información integrado de fácil acceso, enfocado en las políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano y en las buenas prácticas.

Finalmente deseamos destacar que la planificación a encarar es un proceso consensuado, apoyado en un acuerdo social expresado en normativas y políticas urbanas que establezcan reglas de juego claras para todas las partes involucradas. El Estado ha dejado de ser el principal protagonista del hecho urbano, de su relación con los privados aparecen nuevas formas de gestión, producción y mantenimiento.

 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

 

Ascher F. Los nuevos principios del urbanismo. El fin de las ciudades no está a la orden del día. Alianza Editorial. Madrid 2004.

Basualdo E., Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, editorial                          Universidad  Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2001.

Coraggio J. L. De la emergencia a la estrategia. Más allá del ”alivio de la pobreza”. Espacio Editorial, Buenos Aires, 2004.

-------------------- Descentralizacion. El día después. Serie Cuadernos de Posgrado de la Oficina de Publicaciones del CBC. UBA. Buenos Aires.1997.

García Delgado D., Estado-nación y la crisis del modelo, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2003.

INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda. Datos Preliminares. Ministerio de Economía, Buenos Aires, 2001

Perahia R., La Suburbanización en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un enfoque territorial. Anales Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. ISSN 0717-3946 Santiago de Chile, 2004.

-----------------“Los emprendedores inmobiliarios, agentes urbanos de crecimiento metropolitano (1990-2004)”  Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Barcelona: Universidad de Barcelona, agosto 2005, vol. IX, nro.194

Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano, 1997.

Svampa M., La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Buenos Aires 2005.

Torres H., Procesos recientes de fragmentación socioespacial en Buenos Aires: la suburbanización de las élites, Seminario de Investigación Urbana “El Nuevo Milenio y lo Urbano” del Instituto Gino Germani. Buenos Aires, 1998.

Utría R., “Las variables sociales del desarrollo regional en América Latina”, en: Hardoy J. Y Geisse, G. (Comp) Políticas de desarrollo urbano y regional en América Latina, Ediciones SIAP, Buenos Aires, 1972.

Vázquez Barquero A., Desarrollo Local. Una estrategia de creación de empleo. Editorial Pirámide. Madrid, 1998.

Vidal S., Ciudades amuralladas: la paradoja urbana de la globalización, en Guiance A. (Dir.) La Frontera. Realidades y representaciones. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2005.

Vidal S., Villar A. y Mirasou S., Una aproximación a la temática del Desarrollo, Doctorado FLACSO, Buenos Aires 2003 (Inédito).



[1]Naciones Unidas, Comisión Económica para América latina y el Caribe, CEPAL. Reunión regional preparatoria de Hábitat II, Santiago de Chile, noviembre de 1995. Publicado en  Iberoamérica ante Hábitat II, CYTED, Ministerio de Fomento, serie Monografías, España, 1996.


 Ponencia presentada en el Simposio Ciudad y Territorio en América Latina. Octavo Encuentro Internacional Humboldt. Colón, Entre Ríos, Argentina. Jueves 28 de setiembre de 2006.