Mostrando mensaje 10     < Anterior | Siguiente > Responder a este mensaje Asunto: [derechocivil] Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra Fecha: Miercoles, 20 de Octubre, 2004  16:36:42 (+0100) Autor: Luis Javier Capote Pérez <lcapote @...........com> _______________________________________________________________________ ~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~ Elimina esas molestas ventanas popup Busca en Internet desde el menu de tu navegador Obten informacion inmediata sobra las paginas que visites Averigua al instante paginas y sitios relacionados !! Descarga GRATIS la barra de ALEXA YA !! Haz clic aqui -> http://elistas.net/ml/143/ ~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~ EDL 1973/838, Ley 1/1973 de 1 marzo 1973 [Colección] EL DERECHO EDL 1973/838Jefatura del Estado Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. BOE 57/1973, de 7 marzo 1973 Ref Boletín: 73/00330 Ir a Versión ORIGINAL ÍNDICE Ultima reforma de la presente disposición realizada por LF 6/2000 de 3 julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables, C.F. Navarra EDL 2000/85217q Habiéndome sido elevado por el Ministerio de Justicia, a iniciativa de la Diputación Foral, el texto de la Compilación del Derecho civil foral de Navarra, con la que culmina el proceso de las Compilaciones forales de España iniciado por el Decreto de 23 de mayo de 1947, en virtud de las atribuciones que me concede la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado, DISPONGO: Artículo Único Se reconoce como vigente el Derecho civil foral de Navarra recogido en el texto que a continuación se transcribe, que queda aprobado y entrará a regir como Compilación del Derecho civil foral de Navarra. COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con esta Compilación del Derecho civil foral de Navarra culmina la Recopilación de los Derechos forales de España, laboriosamente realizada a lo largo de los últimos veinticinco años. Ya en 1946, superados los prejuicios que impedían el reconocimiento expreso de un hecho histórico tan notorio y natural como es el de la variedad de unos Derechos regionales armoniosamente integrados dentro de una perfecta unidad política nacional, se quiso dar un decidido impulso oficial, en el Congreso de Derecho Civil celebrado en Zaragoza, para la formalización legal de la pluralidad jurídica de nuestra Patria. Seguidamente, por Decreto de 23 de mayo de 1947, se ordenó la constitución de las distintas comisiones de juristas forales que habían de redactar los proyectos de las respectivas compilaciones. Dentro de este planeamiento de la codificación foral se advertía la singularidad del régimen jurídico de Navarra, y por eso la Orden de 10 de febrero de 1948 atribuyó a la Diputación Foral el nombramiento de la correspondiente Comisión, de la que había de ser Presidente el de la Audiencia Territorial de Pamplona. Esta diferencia respecto a las otras regiones forales no era más que una estricta consecuencia de Ley Paccionada, de 16 de agosto de 1841. De conformidad con esta Ley, se exigía el procedimiento de convenio para introducir reformas legislativas en Navarra. Promulgadas de 1959 a 1977 las Compilaciones de Vizcaya y Alava, Cataluña, Baleares, Galicia y Aragón, quedaba como última ésta de Navarra. Ya en 1959, un Proyecto de Fuero Recopilado sirvió como primera base para un renovado estudio por los juristas de esa región foral. La labor no interrumpida dio como resultado, en 1971, la redacción, con carácter privado, de una «Recopilación» o «Fuero Nuevo de Navarra», que la Comisión Oficial Compiladora designada por la Diputación Foral, por acuerdo de 30 de junio de 1971, elevó a la consideración de Anteproyecto, y la excelentísima Diputación Foral mandó publicar en su «Boletín Oficial» de 4 de agosto, a la vez que abría un plazo de información hasta el 15 de octubre del mismo año. Las enmiendas presentadas fueron tan sólo catorce a a muy escaso número de Leyes, con lo que se ha reconocido la adecuación de dicha redacción con el Derecho realmente vivido en Navarra. Para dar el debido cauce a la aprobación del Anteproyecto, en armonía con el régimen paccionado de Navarra, las Ordenes de 24 de noviembre y 6 de diciembre de 1971 designaron los componentes de una Sección especial de la Comisión General de Codificación que debían estudiar aquel texto y dictaminar sobre su aceptación como objeto del correspondiente convenio. Durante un año, ambas Comisiones, la Especial de Códigos y la Compiladora de Navarra, han venido trabajando en estrecha relación para fijar el texto refundido del proyecto de 596 Leyes, en el que pueden observarse algunas correcciones y ciertas mejoras respecto al anteproyecto de 616 Leyes. Debe advertirse a este propósito que el uso de la palabra «ley» para designar las disposiciones de la presente Compilación obedece a un criterio de fidelidad a la tradición legislativa de Navarra. Al texto del anteproyecto se añadieron cinco disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. En aquéllas se regulan las situaciones y relaciones causadas con anterioridad a la promulgación de esta Compilación, y en las disposiciones finales se prevé el procedimiento para futuras modificaciones legales, conforme al sistema de la Ley paccionada, y se da carácter estable a la Comisión Compiladora para la regular información y eventual alteración del derecho recopilado. Se presenta esta Compilación como un fiel reflejo del Derecho civil realmente vigente en Navarra, y no como un simple registro de unas pocas particularidades jurídicas, por lo que, dentro de la continuidad histórica del Derecho navarro, recibe justamente la denominación de «Fuero Nuevo de Navarra». Al mismo tiempo que ha prescindido, por falta de uso, de muchas instituciones legales de Navarra, o provenientes del Derecho romano, que en ella vale como supletorio, ha sabido incorporar otras consuetudinarias y de la práctica cotidiana que ofrecen soluciones jurídicas de gran actualidad, siempre debidamente elaboradas por una doctrina rigurosa y congruentemente armonizadas con el sistema general propio del Derecho de Navarra. Y no deja de ser significativo que precisamente una región que ha sentido y defendido la unidad política de España haya sabido presentar sin timideces una formulación de su propio Derecho civil, afirmando con ello la vitalidad de todos los ordenamientos forales como vía para un concertado progreso del Derecho de nuestra Patria. Si la extensión no resulta excesiva, pese a la amplitud de la concepción, ello se debe a que se ha renunciado deliberadamente a enunciados que son más propios de la doctrina que de la ley y a determinadas casuísticas que deberán ser explicitadas por la doctrina de los comentaristas y de los Jueces. Se divide esta Compilación en tres libros, precedidos por otro preliminar. Trata el libro I de las personas y de la familia, asociando así lo que es esencial para la tradicional concepción navarra, según la cual la estructura y la legitimidad familiar, así como la unidad de la casa, son el fundamento mismo de la personalidad y de todo el orden social. Tras un primer título sobre las personas jurídicas, en el que se hace constar aquellas instituciones navarras que tradicionalmente la tienen reconocida, versa el segundo sobre una realidad desatendida por la legislación, pero de insoslayable vigencia, cual es los sujetos colectivos sin personalidad jurídica. Los títulos III y IV regulan la capacidad general de las personas individuales y la de los cónyuges, fijando en especial aquellos actos que la mujer puede realizar sin la licencia marital (Ley 57). El título V fija con realismo el concepto de la patria potestad, muy diverso ya del romano, y la posición de los hijos legítimos y naturales. A continuación (título VI), se trata de la adopción y el prohijamiento, instituciones de gran actualidad en Navarra, y se regula con la amplitud que el Derecho navarro permite el pacto sucesorio entre adoptante y adoptado. Se pasa en los títulos siguientes a los principios fundamentales del régimen de bienes en la familia (VII), por el que se regula la donación y los contratos entre cónyuges; luego, a las capitulaciones matrimoniales (VIII), que en Derecho navarro pueden ser modificadas en cualquier momento; al régimen de bienes en el matrimonio (lX), en especial al supletorio de «conquista» (capítulo I), que puede existir como sociedad familiar (capítulo II), y a la Comunidad universal (capítulo III), así como al régimen de separación de bienes (capítulo IV). Especial importancia tiene para el Derecho navarro el régimen de bienes en segundas o posteriores nupcias (título X), dada la enérgica defensa que establece aquel Derecho a favor de los hijos de anteriores nupcias, verdadera limitación de la libertad de disponer reconocida como principio fundamental del Derecho sucesorio. En el título XI se trata de las donaciones «propter nupcias», y en el XII de la dote y de las arras. Finalmente, el título XIII versa sobre la disolución de las comunidades familiares; el XIV, sobre el régimen típicamente navarro del acogimiento a la Casa y de las dotaciones, y el XV, de la institución de los Parientes Mayores a cuya intervención se hace referencia más concreta en otras muchas Leyes de la presente Compilación. En el libro II se asocian las donaciones y las sucesiones, asociación indiscutible para el Derecho navarro, el cual presenta una riquísima gama de formas y modalidades de liberalidad, desde la donación ínter vivos al más solemne testamento unilateral, pasando por las capitulaciones matrimoniales, pactos sucesorios, testamentos de hermandad, etc., sin que pueda apreciarse solución de continuidad. El título l, de principios fundamentales, ofrece uno de los cuadros más vivos del Derecho navarro, con la libertad de testar, la consideración como heredero del donatario universal, la fiducia sucesoria, el poder otorgado post mortem, la renuncia a la herencia futura, etc. Luego, en el título II, se trata de las donaciones ínter vivos y el problema de su revocabilidad; en el III, de las donaciones «mortis causa»; en el IV, de los pactos o contratos sucesorios, institución especialmente elaborada por los juristas de Navarra; en el V, sobre el testamento y sus diversas formas, incluyendo los codicilos (capítulo III), las memorias testamentarias (capítulo IV) y, en especial, el muy frecuente en Navarra testamento de hermandad (capítulo V), que los navarros pueden otorgar incluso en el extranjero. De la nulidad e ineficacia de las disposiciones «mortis causa» trata el título VI, y en los VII y VIII, respectivamente, de la institución de heredero y de las sustituciones vulgar (capítulo II), fideicomisaria (capítulo III), una de cuyas modalidades es la sustitución pupilar, tal como se practica en Navarra (Ley 227) y la de residuo (capítulo IV). De los legados, a los que se asimilan los fideicomisos a título particular del Derecho romano, trata el título lX, y en el X se formulan los límites a la libertad de testar navarra; a saber: el usufructo de fidelidad (capítulo I), institución sucesoria, en Navarra, y no del régimen de bienes en el matrimonio, por lo que se determina por la Ley personal del causante al tiempo de su muerte; tiene tal vigencia esta institución en Navarra, que puede considerarse como modelo principal para cualquier otro tipo de usufructo. Luego, la legítima formal de los descendientes (capítulo II), que supone en realidad una imposición de no-preterición por parte del disponente, pues carece de contenido patrimonial exigible, razón por la que se ha estimado conveniente mantener la vieja fórmula foral de los cinco «sueldos febles por bienes muebles y una robada de tierra en los montes comunes por inmuebles», que pone mejor de manifiesto el carácter meramente formal de dicha institución legitimaria, y a esta limitación hay que añadir las más importantes de los derechos de los hijos de anteriores nupcias (capítulo III), las reservas (capítulo IV) y la reversión de bienes (capítulo V). Los títulos siguientes recogen el Derecho vigente en Navarra relativo a ciertas figuras de intermediarios para la ejecución de las disposiciones «mortis causa»; los fiduciarios-comisarios (título XI), los herederos de confianza (título XII) y los albaceas (título XIII). Dada la gran importancia de la voluntad en orden a la sucesión, se comprende que la tenga mucho menor la que debe llamarse en Navarra sucesión «legal», por venir determinada mediante disposición de la Ley, y no «legítima», lo que supondría una naturalidad que tal delación sucesoria no tiene en Navarra, ni tampoco «intestada», ya que no sólo puede quedar excluida por la forma testamentaria, sino también por otras modalidades de sucesión voluntaria. Al orden de esta sucesión legal se refiere el título XIV, con especial tratamiento de la sucesión en bienes troncales (capítulo III), y no troncales (capítulo II), y constancia de la preferencia, contraria al Derecho romano, del cónyuge respecto a los colaterales. El derecho de representación, por el que los descendientes se subrogan en el derecho de un ascendiente que no llegó a adquirir por premoriencia o incapacidad, excede, en Navarra, el ámbito de la sucesión legal (título XV), con lo que se reduce mucho el alcance del derecho de acrecer (título XVI) Los últimos títulos de este libro II se refieren a la adquisición y renuncia de la herencia (título XVII), a la «hereditatis petitio» (título XVIII), a la cesión de herencia (título XIX) y su partición (título XX). El libro III es el más amplio, porque abarca toda la materia de los derechos reales (títulos l-VII) y las obligaciones (títulos VIII-Xl). En cuanto a la propiedad y posesión de los bienes (título I), es interesante destacar el régimen singular de adquisición de los frutos de las heredades desde que son manifiestas (Ley 354), y en el título II, de las comunidades de bienes y derechos, se expone con claridad el régimen de modalidades especiales, muy frecuentes, pero que no siempre se interpretan convenientemente, como son las corralizas (capítulo IV), facerías, helechales, el dominio concellar y las vecindades foranas (capítulo V); la errónea configuración, que a veces se ha insinuado en la jurisprudencia, de tales derechos como servidumbres «personales» desfiguraba su propia naturaleza impidiendo la redención. Conforme a la más depurada doctrina, se consideran como servidumbres (título III) tan sólo las prediales, de las que se recogen algunas particularidades siempre vigentes en Navarra, y como derechos reales especiales los de usufructo, habitación, uso y otros similares (título IV). De gran utilidad resulta la regulación del derecho de superficie y otros similares (título V), que han cobrado renovada aplicación en el desarrollo urbano, y la Compilación presenta una ordenación nueva, fiel reflejo de la práctica vigente en materia de sobreedificación y subedificación (capítulo III). El título VI ordena todo lo relativo al derecho de retracto y otros derechos de adquisición preferente, que presenta una mayor complejidad por la incidencia de tipos especiales de derechos concurrentes. Finalmente, a las garantías reales se dedica el título VII, incluyendo la venta con pacto de retro en función de garantía (capítulo IV), las prohibiciones de disponer (capítulo V), la venta con reserva de dominio (capítulo VI) y la venta con pacto comisorio (capítulo VII). La sistemática de las obligaciones -cuyos principios generales se recogen en el título VII del tercer libro- distingue, en primer lugar, las promesas unilaterales, designadas con el nombre romano de estipulaciones (título lX), a las que se agrega el acto similar de la fianza (capítulo II) en segundo lugar, los distintos tipos de préstamos (título X) -a los que sigue el censo consignativo (título XI)-, y en tercero, los contratos de custodia (título XII), de mandato (título XIII), de compraventa y permuta (título XIV) y de arrendamiento (título XV y último de la Compilación). Así pues, se prescinde de la categoría del «cuasi-contrato» y, en su lugar, se trata de enriquecimiento sin causa (capítulo IV) en el título general (VIII) sobre las obligaciones, y de la gestión de negocios como figura similar al mandato (Leyes 560 y 561 del título XIII). Debe señalarse también la eliminación de la superada figura del arrendamiento de servicios que, en la medida en que no queda regulada como contrato de trabajo, se somete a las reglas del mandato (Ley 562), orillándose así una ya ociosa discusión de los autores, que hace tiempo debiera haber sido olvidada. La orgánica estructura de estos tres libros queda coronada por el libro preliminar que los precede. Sus cuarenta y una Leyes se distribuyen en cuatro títulos, respectivamente, sobre las fuentes (título I), la condición foral de las personas físicas y jurídicas (título II), el ejercicio de los derechos (título III) y la prescripción de las acciones (título IV). Una mención especial merece el reconocimiento de la costumbre como primera fuente (Ley 2), incluso cuando se oponga al Derecho escrito, siempre que no sea contra la moral o el orden público (Ley 3). Aunque con este reconocimiento parezca debilitarse la fuerza de la misma Compilación, ello se debe a una indeclinable exigencia del Derecho privativo de Navarra, que se muestra así como un ordenamiento abierto al desarrollo futuro determinado por la práctica. Ello no obsta, sin embargo, a que el Derecho supletorio particular de Navarra quede siempre integrado por su tradición jurídica, constituida por sus antiguas Leyes y el Derecho romano, en aquellas instituciones que de él se han recibido en la práctica de nuestro tiempo, tradición a la que suple, en su caso, el Código Civil y las Leyes generales de España (Ley 6). Hay que tener en cuenta, por lo demás, que las mismas Leyes de esta Compilación, como todas las Leyes vigentes en Navarra, tienen normalmente carácter dispositivo (Ley 8), ya que el primer principio y fundamento de todo el Derecho navarro es la primacía de la voluntad privada, como se expresa en la antigua regla «paramiento fuero vienze» (Ley 7). Aunque la codificación no debe considerarse nunca como un término final, sino como un proceso para el desarrollo del Derecho, con la presente Compilación viene a cumplirse el propósito de aclarar y renovar con una más depurada expresión el Derecho de Navarra, ya que, examinando cuidadosamente el texto del proyecto por los juristas designados al efecto, tras haber sido atendidas las enmiendas de que fue objeto, puede afirmarse su correspondencia con el Derecho vigente. LIBRO PRELIMINAR TÍTULO PRIMERO. DE LAS FUENTES DEL DERECHO NAVARRO Ley 1. Compilación Esta Compilación del Derecho Privado Foral, o Fuero Nuevo de Navarra, recoge el vigente Derecho Civil del antiguo Reino, conforme a la tradición y a la observancia práctica de sus costumbres, fueros y leyes. Tradición jurídica navarra Como expresión del sentido histórico y de la continuidad del Derecho Privado Foral de Navarra, conservan rango preferente para la interpretación e integración de las leyes de la Compilación, y por este orden: las leyes de Cortes posteriores a la Novísima Recopilación; la Novísima Recopilación; los Amejoramientos del Fuero; el Fuero General de Navarra; los demás textos legales, como los fueros locales y el Fuero Reducido, y el Derecho Romano para las instituciones o preceptos que la costumbre o la presente Compilación hayan recibido del mismo. Ley 2. Prelación de Fuentes En Navarra la prelación de fuentes de Derecho es la siguiente: 1. La costumbre. 2. Las leyes de la presente Compilación. 3. Los principios generales del Derecho navarro. 4. El Derecho supletorio. Ley 3. Costumbre La costumbre que no se oponga a la moral o al orden público, aunque sea contra ley, prevalece sobre el Derecho escrito. La costumbre local tiene preferencia respecto a la general. La costumbre que no sea notoria deberá ser alegada y probada ante los Tribunales. Ley 4. Principios generales Son principios generales los de Derecho natural o histórico que informan el total ordenamiento civil navarro y los que resultan de sus disposiciones. Ley 5. Analogía Antes de aplicarse el Derecho supletorio, deberá integrarse el Derecho privativo mediante la racional extensión analógica de sus disposiciones. Ley 6. Derecho supletorio El Código Civil y las leyes generales de España serán Derecho supletorio de esta Compilación y de la tradición jurídica navarra expresada en la Ley 1, y no se aplicarán a supuestos distintos de los expresamente previstos. Ley 7. «Paramiento» Conforme al principio «paramiento fuero vienze» o «paramiento ley vienze», la voluntad unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente de Derecho, salvo que sea contraria a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de tercero o se oponga a un precepto prohibitivo de esta Compilación con sanción de nulidad. Ley 8. Libertad civil En razón de la libertad civil, esencial en el Derecho navarro, las leyes se presumen dispositivas. Ley 9. Renuncia de derechos La renuncia de derechos es válida, salvo que atente al orden público o se haga en fraude de ley. Ley 10. Estatutos En lo no previsto en la presente Compilación, la determinación y efectos de los estatutos personal, real y formal se regirán por las disposiciones del Código Civil y conforme al principio de reciprocidad. TÍTULO II. DE LA CONDICIÓN CIVIL FORAL DE NAVARRO Ley 11. Reciprocidad de la condición civil La adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la condición foral de navarro se rige, en lo no previsto en esta Compilación, por la legislación general y conforme al principio de reciprocidad. Ley 12. Navarros en el extranjero Los navarros residentes en el extranjero no perderán su condición foral en tanto conserven la nacionalidad española. Los que adquirieren nacionalidad extranjera sin perder la española, conservarán también la condición foral navarra. Los navarros que hubieren perdido la nacionalidad española, al recuperarla recobrarán también su condición foral. Ley 13. Extranjeros nacionalizados En el expediente de adquisición o recuperación de la nacionalidad española, se presumirá que adquiere la condición foral de navarro el extranjero que residiere en Navarra al conseguir la nacionalidad. Ley 14. Presunción Cuando no sea claramente determinable la condición foral de navarro, prevalecerá ésta si correspondiere por razón del lugar de nacimiento. Ley 15. Condición foral de personas jurídicas La condición foral navarra de las personas jurídicas se determinará por su domicilio. Ley 16. Efectos de la condición foral La condición foral navarra de una persona somete a ésta al Derecho Civil y a las disposiciones administrativas y fiscales de Navarra. Cambios de condición Los actos celebrados por personas de condición foral no perderán su validez por quedar éstas sometidas posteriormente a otro Derecho, pero los efectos de esos actos deberán acomodarse a las exigencias del nuevo Derecho. Asimismo, los actos celebrados por quienes con posterioridad a su otorgamiento adquieran la condición foral deberán producir sus efectos conforme al Derecho navarro, aunque éste difiera del Derecho a que se sometió su celebración. TÍTULO III. DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Ley 17. Libertad y limitaciones Los derechos pueden ejercitarse libremente sin más limitaciones que las exigidas por su naturaleza, la buena fe, las rectas costumbres y el uso inocuo de otras personas; y las impuestas por prohibición expresa de la Ley. Ley 18. Perfección formal La declaración de voluntad, expresada en cualquier forma, es válida, y legítima para el ejercicio de los derechos que de la misma se deriven. No obstante, los actos o contratos para los que la Ley no exija una forma determinada, pero ésta se hubiere convenido expresamente, no se considerarán perfeccionados sin el cumplimiento de dicha forma. Cuando se trate de un acto que usualmente revista una forma determinada, se presumirá que las partes han querido supeditar la perfección del acto al cumplimiento de la misma. En los casos en que esta Compilación exija cierta forma, se considerará de solemnidad. Ley 19. Nulidad, anulabilidad y rescisión Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 50, son nulas las declaraciones de voluntad emitidas por menores no emancipados o personas que no se hallen en su cabal juicio, las de objeto imposible o inmoral y todas aquellas que estén prohibidas por la Ley. Son anulables las declaraciones viciadas por error, dolo o violencia física o moral graves, pero no podrá alegarse el error inexcusable de hecho o de Derecho. Son rescindibles las declaraciones de voluntad cuando así lo disponga la Ley. Ley 20. Silencio u omisión El silencio o la omisión no se considerarán como declaración de voluntad, a no ser que así deba interpretarse conforme a la Ley, la costumbre o los usos, o lo convenido entre las partes. Ley 21. Simulación Los actos producen los efectos propios de la declaración manifestada por las partes, pero si fueran simulados sólo valdrá lo que aquéllas hayan querido realmente hacer, siempre que fuere lícito y reúna todos los requisitos formales que la Ley exija para el mismo. La nulidad de la declaración simulada no puede alegarse contra terceros de buena fe. Ley 22. Fraudes a terceros Los actos realizados con intención de excluir injustamente el derecho de un tercero pueden impugnarse a la vez que se ejercita el derecho que se intentó defraudar. Ley 23. Concurrencia de derechos Cuando sobre una cosa concurren varios derechos a usar de la misma, cada titular deberá ceder en el suyo para hacer posible el ejercicio de todos, conforme a la naturaleza y categoría de los distintos derechos y en consideración a su concurrencia equitativa. Ley 24. Presunciones Las presunciones establecidas en esta Compilación se considerarán «iuris tantum», salvo que la Ley excluya expresamente toda prueba en contrario. Ley 25. No uso Los derechos pueden extinguirse por la falta de uso en los casos previstos por el pacto, la costumbre o la Ley. TÍTULO IV. DE LA PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES Ley 26. Caducidad. Prescripción Las acciones que tienen un plazo establecido no pueden ejercitarse después de transcurrido. Todas las acciones que no sean imprescriptibles por declaración de la Ley, prescribirán en los plazos que se establecen en el presente Título. Ley 27. Pactos y renuncia No tendrán efecto los convenios o disposiciones destinados a modificar los plazos legales de prescripción. Sin embargo, se podrá renunciar a la prescripción ganada. Ley 28. Plazos: a) Prestación de servicios y suministros Las acciones para exigir deudas por servicios profesionales prestados y géneros o animales vendidos por un comerciante a quien no lo sea prescriben a los tres años, a partir de la prestación del servicio o entrega de la cosa. Cuando la deuda conste en un documento, la acción prescribe en el plazo de diez años, que se contarán desde la prestación o entrega, salvo que de otro modo se estableciere en el documento. Ley 29. b) Préstamos En los préstamos con interés, la acción personal para reclamar el capital prescribe a los diez años, y la de los intereses, a los cinco. Si el préstamo fuere sin interés, se aplicará lo dispuesto en la Ley 39. Ley 30. c) Acción hipotecaria La acción hipotecaria prescribe a los veinte años. Ley 31. d) Títulos ejecutivos En los títulos judiciales o extrajudiciales que tengan aparejada ejecución, la acción ejecutiva prescribe a los diez años, y la acción ordinaria subsistirá dentro del plazo de la Ley 39. Ley 32. e) Censos La acción para reclamar los réditos censales prescribe a los cinco años, y la del capital del censo, a los cuarenta. Ley 33. f) Rescisión por lesión La acción rescisoria por lesión enorme prescribe a los diez años, y la rescisoria por lesión enormísima, a los treinta. Ley 34. g) Rescisión e impugnación Las acciones de rescisión no previstas en la Ley anterior y las de impugnación de actos anulables prescriben a los cuatro años. Ley 35. Saneamiento Las acciones de saneamiento prescriben: la redhibitoria, a los seis meses, y la «quanti minoris», al año. Ley 36. i) Injuria y calumnia La acción para exigir responsabilidad por injuria o calumnia prescribe al año. Ley 37. j) Acciones posesorias La acción para retener o recobrar la posesión prescribe al año. Ley 38. k) Remisión a otras leyes de prescripción Las acciones siguientes prescriben en los plazos establecidos en las leyes que se indican a continuación: 1. La de petición de herencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 324. 2. La de retraer en la venta con pacto de retro, conforme a la Ley 480. 3. La de carta de gracia por tiempo indefinido o perpetuo, conforme a lo dispuesto en la Ley 583. 4. La acción para exigir responsabilidad por culpa extra-contractual, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 488, párrafo segundo. Ley 39. Prescripción general: a) De acciones personales Las acciones personales que no tengan establecido otro plazo especial prescriben a los treinta años, con independencia del plazo de prescripción propio de la garantía real que se hubiere constituido. b) De acciones reales Las acciones reales que no tengan establecido plazo especial sólo prescriben a consecuencia de la usucapión con la que resulten incompatibles. Ley 40. Interrupción de la prescripción La prescripción de veinte o treinta años se interrumpe por la notificación de la demanda al demandado; la de cuarenta años, por la contestación de éste a la demanda. En todo otro plazo establecido para el ejercicio de una acción, se considera ésta ejercitada por la interposición de la demanda o acto procesal legalmente equivalente. Asimismo se interrumpirá la prescripción de plazos menores a veinte años por la reclamación extrajudicial dirigida al deudor. El reconocimiento de la deuda por el deudor, aunque sea implícito, en todo caso interrumpe la prescripción. Ley 41. Acciones imprescriptibles Son imprescriptibles: 1. Las acciones de estado civil que no tengan establecido plazo para su ejercicio. 2. La acción declarativa de la cualidad de heredero. 3. Las acciones divisorias de los comuneros y de los coherederos y las de deslinde, sin perjuicio de las prescripción adquisitiva de los bienes afectados. LIBRO PRIMERO. DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA TÍTULO PRIMERO. DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Ley 42. Diputación Foral La Diputación Foral de Navarra, persona jurídica de Derecho público, plena y autónoma, puede otorgar o reconocer personalidad jurídica como corporación, asociación o fundación a cualesquiera instituciones o servicios que radiquen en Navarra, creados o reconocidos por la misma Diputación. Ley 43. Personas jurídicas Además de las instituciones cuya personalidad jurídica se halla reconocida por las Leyes, la tienen igualmente por antigua costumbre: 1. Los Concejos que integran los diversos Ayuntamientos, Distritos, Valles, Cendeas y Almiradíos de Navarra. 2. El Noble Valle y Universidad de Baztán y las Juntas Generales de los Valles de Roncal y de Salazar, sin perjuicio de la personalidad jurídica de los Ayuntamientos que los integran. Estas Corporaciones actuarán siempre conforme a lo establecido en sus respectivas Ordenanzas. 3. La Junta de Bardenas Reales, que se regirá por sus Ordenanzas. 4. Las Juntas o «Patronatos mere legos» de los Santuarios, Ermitas, Cofradías y similares, sin perjuicio de la condición que les conceda el Derecho canónico. 5. Las Cajas Rurales, Hermandades y otras agrupaciones agro-sociales no prohibidas por las Leyes. 6. Las fundaciones privadas constituidas conforme a la Ley siguiente. Apartado 2 redactado por disp.adic. 15ª LF 6/1990 de 2 julio, de la Administración Local de Navarra Ley 44. Fundaciones Por actos «ínter vivos» o «mortis causa», cualquier persona puede crear en Navarra, sin necesidad de aprobación administrativa, fundaciones de caridad, fomento o de otro interés social evidente, siempre que el fundador exprese su voluntad de conferir personalidad jurídica a la fundación, al determinar su fin y asignarle un patrimonio, que podrá consistir en bienes o derechos de cualquier clase. La fundación por acto ínter vivos debe hacerse en escritura pública en la que consten los estatutos que determinen el nombramiento, renovación, funcionamiento y atribuciones del Patronato. En las fundaciones por acto «mortis causa», el fundador puede ordenar por sí mismo los estatutos o encomendar su ordenación, total o parcialmente, al primer Patronato o a otras personas. Igualmente puede dotar de bienes a la fundación, ya en el propio acto fundacional, ya en acto separado, ya delegando en otras personas la asignación de bienes, a título universal o singular. Ley 45. Régimen Las fundaciones se regirán por la voluntad del fundador, manifestada en el acto constitutivo y en los estatutos, que será suplida en lo no previsto o integrada en su interpretación por las disposiciones contenidas en el Libro II de esta Compilación. Ley 46. Facultades del Patronato Salvo que otra cosa se disponga en los estatutos, corresponden al Patronato, plenamente y sin limitación alguna, las facultades siguientes: 1. Las de administración y disposición del patrimonio de la fundación. 2. La de interpretar la voluntad del fundador. 3. Las de inversión, realización, transformación y depósito de los bienes y aplicación de los mismos a los fines fundacionales. 4. Las de confeccionar los presupuestos y aprobar las cuentas por sí solo y con plenitud de efectos. Tratándose de fundaciones constituidas por voluntad privada, el fundador podrá eximir a la fundación de toda intervención administrativa. Sin embargo, a instancia de cualquier persona, el Ministerio Fiscal podrá inspeccionar la gestión e instar y ejercitar las acciones procedentes. Ley 47. Reversión El acto fundacional o los estatutos podrán establecer la reversión de los bienes en favor de los herederos del fundador o de determinadas personas, sean o no parientes de éste, con el límite de la Ley 224. Extinción Cuando se extinga una fundación sin haberse previsto el destino de sus bienes, adquirirá éstos la Comunidad Foral de Navarra, que los aplicará a fines similares a los establecidos por el fundador. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril TÍTULO II. DE LAS ENTIDADES Y SUJETOS COLECTIVOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA Ley 48. La Casa La Casa, sin constituir persona jurídica, tiene su propio nombre y es sujeto de derechos y obligaciones respecto a las relaciones de vecindad, prestaciones de servicios, aprovechamientos comunales, identificación y deslinde de fincas, y otras relaciones establecidas por la costumbre y usos locales. Corresponde a los amos el gobierno de la Casa, el mantenimiento de su unidad y la conservación y defensa de su patrimonio y nombre. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 49. Sociedades y agrupaciones sin personalidad Las sociedades u otras agrupaciones cuya personalidad no haya sido reconocida pueden, sin embargo, actuar como sujetos de derecho por mediación de quienes ostenten una representación expresa o tácitamente conferida. La titularidad de los derechos adquiridos por estos sujetos colectivos se considerará conjunta de todos los miembros y será necesaria la unanimidad para disponer de esos derechos. De las obligaciones contraídas por dichos sujetos colectivos responderán solidariamente todos los miembros. TÍTULO III. DE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES Ley 50. Capacidad La capacidad plena se adquiere con la mayoría de edad al cumplirse los dieciocho años. Los menores de edad que sean púberes tendrán capacidad para los actos determinados en esta Compilación. Se consideran púberes los mayores de catorce años de uno y otro sexo. Los púberes no emancipados pueden aceptar por sí solos toda clase de liberalidades por las que no contraigan obligaciones, aunque aquéllas contengan limitaciones o prohibiciones sobre los bienes objeto de la liberalidad. Precepto, anteriormente modificado por RDL 38/1978 de 5 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 51. Representación Toda persona capaz puede realizar por apoderado todos los actos que podría por sí, sin más limitaciones que las establecidas en esta Compilación. Ley 52. Revocabilidad El poder de representación podrá revocarse libremente por el poderdante, salvo que se hubiere concedido con carácter irrevocable en razón de un interés legítimo del apoderado o de que entre éste y el poderdante exista una relación contractual que justifique la irrevocabilidad. TÍTULO IV. DE LA CAPACIDAD DE LOS CÓNYUGES Ley 53. Capacidad Salvo lo pactado en capitulaciones matrimoniales y lo especialmente dispuesto en esta compilación, cada uno de los cónyuges, por sí solo, podrá ejercitar y defender derechos y realizar, en nombre propio o ajeno, cualesquiera actos judiciales o extrajudiciales de administración, disposición y representación. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 54. Potestad doméstica Cualquiera de los cónyuges por sí solo puede disponer de los bienes comunes y obligar a la sociedad conyugal para atender a los gastos urgentes, aun extraordinarios, y a las necesidades ordinarias de la familia conforme a las circunstancias de ésta y al uso del lugar, sin perjuicio de los reembolsos que procedan. Afección de bienes La responsabilidad por los actos que realice uno sólo de los cónyuges, en cumplimiento de las obligaciones voluntariamente aceptadas, afectará exclusivamente a los bienes privativos del obligado, salvo que hayan sido asumidas con el consentimiento del otro cónyuge, en cuyo caso la responsabilidad afectará también a los bienes de la sociedad conyugal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 85. De las obligaciones contraídas por no solo de los cónyuges en el cumplimiento de obligaciones legales de inexcusable ejercicio, comunes a ambos, responderán solidariamente los bienes del cónyuge que contrajo la deuda y los de la sociedad conyugal, y subsidiariamente los del otro cónyuge, sin perjuicio de los reembolsos que procedan. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 55. Vivienda y ajuar Se necesitará el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial para disponer «inter vivos» o sustraer al uso común los derechos sobre la vivienda habitual del matrimonio o sobre el mobiliario ordinario de la misma, aunque pertenezcan a uno solo con carácter privativo. La manifestación errónea o falsa del cónyuge titular, respecto a no ser vivienda habitual, no perjudicará a terceros de buena fe. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 56. Comunidad universal y separación de bienes En el régimen de comunidad universal y en el de separación de bienes se estará a lo dispuesto, respectivamente, en las Leyes 101 y 103. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre Ley 57. Disposición «mortis causa» Por actos «mortis causa» cada uno de los cónyuges puede disponer de sus respectivos bienes privativos y de la parte que a la disolución de la sociedad conyugal le corresponda en los bienes de conquista. Cuando se disponga de bienes determinados que sean de conquista se observará lo que para el legado se establece en la Ley 251. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre Ley 58. Habilitación judicial Respecto a los actos en que cualquiera de los cónyuges precisare, por pacto o por Ley, el consentimiento del otro, podrá éste ser suplido por el Juez, quien resolverá sobre su procedencia, a solicitud fundada y previa información sumaria, con citación de ambos cónyuges. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre Ley 59. Ratificación Los actos realizados por uno de los cónyuges sin el necesario consentimiento del otro podrán ser ratificados por éste o sus herederos, y serán válidos si aquél o éstos no los impugnaren dentro del plazo de cuatro años, a contar del día de la disolución del matrimonio o de la separación legal. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre Ley 60. Consentimiento El marido y la mujer pueden prestarse el consentimiento para uno o varios actos o en términos generales. El acto por el que se concedan anticipadamente el consentimiento será revocable, a no ser que se haya otorgado en capitulaciones matrimoniales. Los cónyuges pueden otorgar, uno en favor del otro o ambos recíprocamente, poderes con las facultades que tengan por conveniente, para uno o varios actos, o en términos generales. Estos poderes serán siempre revocables. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre Ley 61. Afianzamiento Cualquiera de los cónyuges puede afianzar, obligarse de otro modo o dar garantía real, tanto en favor del otro como de terceras personas. Estas garantías, prestadas en favor de terceros por uno solo de los cónyuges, afectarán exclusivamente a los bienes privativos de éste. Si se prestaren por los dos cónyuges, afectarán tanto a los bienes privativos como a los bienes comunes. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre Ley 62. Aplicación supletoria del Código Civil En los casos de ausencia, incapacidad, prodigabilidad o separación legal de los cónyuges, serán aplicables las disposiciones del Código Civil. Los miembros de una pareja estable se consideran equiparados a la situación de los cónyuges unidos por matrimonio en cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con la incapacitación, la declaración de ausencia y la declaración de prodigalidad. -. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre -. Párrafo 2º añadido por art. 9.2 Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables TÍTULO V. DE LA PATRIA POTESTAD Y DE LA FILIACIÓN Ley 63. Titularidad y contenido La patria potestad sobre los hijos menores no emancipados y sobre los incapacitados corresponde conjuntamente al padre y a la madre y comprende los siguientes deberes y facultades: 1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, corregirlos razonable y moderadamente y procurar su debida formación. 2. Representarlos en cuantos actos les conciernan y no puedan legalmente realizar por sí mismos, salvo que guarden relación con bienes cuya administración no corresponda a los padres y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 64. 3. Administrar y disponer de sus bienes en las condiciones que establece la Ley 65 y usufructuarlos dando a los frutos percibidos las aplicaciones que demanden el interés de los hijos a quienes pertenezcan los bienes y el de la familia a cuyo sostenimiento han de contribuir en la proporción adecuada. Corresponde también a los padres la defensa de los intereses y expectativas de los hijos concebidos y no nacidos, e incluso de los no concebidos. Los hijos, por su parte, deben obedecer a los padres en tanto permanezcan bajo su potestad, respetarlos siempre y contribuir al sostenimiento de la familia mientras convivan con ella. Ejercicio Las funciones inherentes a la patria potestad se ejercerán por el padre y la madre según lo convenido y, en su defecto de pacto, por ambos conjuntamente. Serán, sin embargo, válidos los actos que cualquiera de ellos realice por sí solo para atender a las necesidades ordinarias de los hijos, según las circunstancias familiares y el uso del lugar, o en situaciones que exijan una urgente solución. En los casos de declaración de ausencia o de incapacitación de uno de los padres, la patria potestad será ejercida por el otro; en el de imposibilidad de unos de los padres, podrá el otro recabar del Juez la atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad. Si hubiera desacuerdo, los Parientes Mayores, a solicitud conjunta de ambos padres, y el Juez, a petición de cualquiera de éstos, resolverán su discrepancia, después de oír a los interesados e intentar la conciliación, atribuyendo sin ulterior recurso la facultad de decidir, en el caso concreto sometido a su conocimiento al padre o a la madre. Cuando las circunstancias lo aconsejen podrá también el Juez, por un plazo que no exceda de dos años, distribuir entre ellos las funciones de la patria potestad o atribuir éstas a uno de los dos. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 64. Defensor judicial Cuando hubiere intereses contrapuestos entre los padres y los hijos bajo su potestad, se requerirá la intervención de defensor judicial. Si la contraposición de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro la representación del hijo sin necesidad de nombramiento judicial. El Juez nombrará defensor, con las facultades que señale, a alguna de las personas a quienes en su caso podría corresponder el ejercicio de la tutela. No será necesaria la intervención de defensor judicial, aunque haya intereses contrapuestos, cuando se trate de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, o de nombramientos de heredero y donaciones con pactos de convivencia entre donantes y donatarios. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 65. Administración Los padres administrarán todos los bienes de los hijos sometidos a su potestad, con excepción de los siguientes: 1. Los bienes objeto de liberalidad cuando quien la otorgue excluya la administración de los padres. Podrá también el otorgante excluir el usufructo de los padres y establecer el régimen que estime conveniente para la administración y disposición de aquellos bienes, incluso excluir la necesidad de autorización judicial y de intervención de defensor judicial. 2. Los adquiridos «mortis causa» cuando el padre, la madre o ambos no pudieron adquirirlos por incapacidad a causa de indignidad. Estos bienes serán administrados por el otro progenitor y, en su defecto, por un administrador judicialmente designado. Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez a petición de parte interesada o del Ministerio Fiscal, podrá exigir a aquéllos garantía adecuada, o tomar otras medidas para la seguridad de los bienes, e incluso privar a los padres de la administración y nombrar un administrador. Al término de la administración, los hijos, el administrador judicial o el Ministerio Fiscal podrán pedir a los padres rendición de cuentas de aquélla y exigir el resarcimiento de los daños e indemnización de los perjuicios que en su caso proceda. La acción correspondiente prescribirá a los tres años. Disposición Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares, ni enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos industriales o mercantiles, o sus elementos esenciales, u objetos de valor extraordinario, sin la previa autorización judicial, oído el Ministerio Fiscal. No será necesaria esta autorización para la cancelación de hipoteca u otra garantía real consecuente al cobro del crédito asegurado, para la retroventa por ejercicio de un derecho de retracto legal o voluntario, ni para cualesquiera actos de disposición que hayan de cumplirse obligatoriamente. Los padres podrán aceptar por sí mismos cualesquiera disposiciones a título lucrativo a favor de los hijos, sin necesidad de autorización judicial; ésta será necesaria, sin embargo, para la repudiación de aquéllas. Si el menor hubiera cumplido dieciséis años y consintiere en documento público no será precisa la autorización judicial a que se refieren los dos párrafos anteriores. Precepto redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 66. Extinción de la patria potestad La potestad sobre los hijos se extingue: 1. Por la muerte o la declaración de fallecimiento del hijo o de ambos padres. 2. Por la emancipación. 3. Por la adopción del hijo. Renacimiento Renacerá automáticamente la patria potestad sobre el hijo declarado fallecido si éste reaparece antes de su mayoría de edad. También la recuperará el progenitor declarado fallecido cuando reaparezca durante la menor edad del hijo. Capacidad del menor emancipado El menor emancipado puede realizar por sí toda clase de actos y contratos, incluso comparecer en juicio, excepto tomar dinero a préstamo, enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, o sus elementos esenciales, u objetos de valor extraordinario; para estos actos, al igual que para la comparecencia en juicio que verse sobre los mismos o tenga por objeto bienes de las clases indicadas, requerirá la asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su caso, de los Parientes Mayores o del curador. El mayor de dieciséis años que con el consentimiento de sus padres viva independiente de ellos se considerará para todos los efectos como emancipado. Los padres podrán con justa causa revocar este consentimiento. Privación de la patria potestad El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia firme. Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiese cesado la causa que motivó la privación. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 67. Patria potestad prorrogada La patria potestad sobre los hijos menores que hubiesen sido incapacitados quedará prorrogada por ministerio de la Ley al llegar aquéllos a su mayoría de edad. Rehabilitación La patria potestad se rehabilitará, también por ministerio de la ley, sobre los hijos solteros mayores de edad o emancipados, si fueren incapacitados en vida de alguno de sus padres. En la resolución de incapacidad se fijará el contenido y límite de la patria potestad. Además de las causas enumeradas en la Ley 66, la patria potestad prorrogada se extinguirá por haberse decretado la cesación de la incapacitación y por contraer matrimonio el incapacitado. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 68. Clases de filiación La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción; aquélla puede ser matrimonial y no matrimonial. La filiación matrimonial y la no matrimonial surten los mismos efectos conforme a lo dispuesto en las leyes de esta Compilación. Se consideran hijos matrimoniales: 1. Los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación efectiva de los cónyuges. 2. Los nacidos dentro de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio si el marido no desconociera su paternidad mediante declaración formalizada en documento auténtico dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto. No podrá desconocer eficazmente su paternidad quien la hubiere reconocido con anterioridad expresa o tácitamente. 3. Los nacidos después de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio o separación efectiva de los cónyuges, si se prueba su gestación más prolongada, la reunión de los cónyuges separados o la conformidad de éstos en la inscripción del hijo como matrimonial. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del Registro Civil, la filiación no matrimonial se determina para cada uno de los progenitores por su reconocimiento o por sentencia firme. El hijo nacido antes del matrimonio de sus progenitores se considerará matrimonial desde que lo contrajeren, siempre que su filiación respecto del padre y de la madre quede legalmente determinada. No será eficaz la determinación de una filiación en tanto no sea invalidada otra contradictoria anteriormente establecida. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 69. Reconocimiento El reconocimiento deberá hacerse por declaración ante el encargado del Registro Civil u otro documento público. Los progenitores pueden otorgar el reconocimiento conjunta o separadamente. Si lo hicieren por separado, no podrán manifestar en él la identidad del otro progenitor a no ser que ya estuviese determinada. Sujetos Puede reconocer toda persona púber; si es menor de edad o incapacitado, se requerirá aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. El reconocimiento de un hijo mayor de edad requerirá su consentimiento expreso o tácito; el del menor de edad o incapacitado no está sujeto a requisito alguno supletorio de su consentimiento, pero podrá ser impugnado por su representante legal o por él mismo al alcanzar o recuperar la plena capacidad en la forma y términos que se establecen en la Ley 70. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 70. Acciones de filiación: disposiciones generales La paternidad y la maternidad podrán ser reclamadas e impugnadas mediante toda clase de pruebas con arreglo a las disposiciones de esta Compilación. El Juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde. No podrá reclamarse una filiación contradictoria con la determinada legalmente sin que al propio tiempo se impugne ésta. Sin embargo, no será impugnable la filiación determinada por sentencia firme. Durante el procedimiento, el Juez adoptará todas las medidas que estime oportunas para la protección de la persona y bienes del menor o incapacitado cuya filiación sea objeto de demanda. Las acciones que corresponden al menor de edad o incapacitado podrán ser ejercitadas indistintamente por su representante legal o por el Ministerio Fiscal. A la muerte del demandante, sus herederos podrán continuar el ejercicio de las acciones ya entabladas. Impugnación: a) De la maternidad La maternidad que conste en la inscripción de nacimiento será impugnable en vía civil probando la suposición de parto o la no identidad del supuesto hijo con el nacido. Si coincide con la posesión del estado, no podrá ser directamente impugnada más que por el hijo y por la mujer que no hubiere participado consciente y voluntariamente en los hechos de que deriva la falsa inscripción de su maternidad o de la filiación determinada por ella. Si falta la posesión de estado coincidente, podrán también impugnarla quienes tengan interés lícito y directo. b) De la paternidad del marido La paternidad del marido de la madre podrá ser impugnada por éste hasta transcurrido un año desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil; pero este plazo no correrá mientras ignore el nacimiento. Si el marido falleciera ignorándolo o sin que se haya practicado dicha inscripción, sus herederos podrán promover la impugnación en el mismo término. La paternidad será también impugnable por el hijo durante el año siguiente a haber alcanzado o recuperado la plena capacidad o a la inscripción de su nacimiento, si fuera posterior. c) Del reconocimiento El reconocimiento realizado con vicio del consentimiento podrá ser impugnado por su otorgante dentro del año siguiente a su cesación; el del menor de edad o incapacitado podrá serlo, mediante justa causa, por su representante legal y discrecionalmente por el reconocido, al alcanzar la mayoría de edad o recuperar la capacidad, en el plazo de cuatro años a contar desde que pueda ser ejercitada en cada caso. El reconocimiento de filiación no matrimonial será asimismo impugnable por aquellos a quienes perjudique dentro de los cuatro años siguientes a su inscripción. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 71. Acción de declaración a) De la filiación matrimonial El padre, la madre y el hijo pueden reclamar la filiación matrimonial de éste en cualquier tiempo. Si hubiese posesión de estado, pueden ejercitar la acción los terceros con interés lícito y directo. b) De la no matrimonial Los hijos no matrimoniales podrán ejercitar la acción conducente a la declaración de paternidad o maternidad en los casos siguientes: 1. Cuando la madre y el padre presuntos hubiesen convivido notoriamente durante el tiempo de la concepción. 2. Cuando haya posesión de estado de hijo respecto del demandado. 3. Cuando exista declaración del presunto progenitor. 4. Cuando haya pruebas biológicas de la relación paterno-filial. 5. Cuando, respecto a la maternidad, haya pruebas del parto. También podrá ser ejercitada la acción por los descendientes del hijo no matrimonial que hubiese fallecido durante su menor edad o en estado de incapacitación. Legitimación La acción para la declaración judicial de paternidad, si el padre o la madre hubieren fallecido, podrá dirigirse contra sus herederos. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 72. Contenido y efectos de la paternidad La paternidad y la maternidad, debidamente determinadas, atribuyen a los progenitores la patria potestad, conforme a las leyes 63 a 67; al hijo, los apellidos, conforme a la legislación del Registro Civil; y a unos y otro, los derechos y deberes reconocidos en esta Compilación. Cuando la paternidad o la maternidad haya sido determinada judicialmente contra la oposición del progenitor o en sentencia penal condenatoria de éste, no le corresponderá la patria potestad u otra función tuitiva sobre el hijo; ni derechos por ministerio de la Ley sobre su patrimonio o en su sucesión «mortis causa». Y sólo por voluntad del hijo o de su representante legal se le atribuirán los apellidos de su progenitor. El padre y la madre, aun cuando no sean titulares de la patria potestad o no les corresponda su ejercicio, están obligados a velar por sus hijos menores o incapacitados y prestarles alimentos. El progenitor que, por decisión judicial, no tenga en compañía al hijo menor o incapacitado podrá comunicarse con éste en las condiciones que apruebe o, en su caso determine el Juez. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril TÍTULO VI. DE LA ADOPCIÓN Y EL PROHIJAMIENTO Ley 73. Adopción Pueden adoptar todas las personas capaces conforme a las leyes generales. Si la adopción se formaliza durante segundo o ulterior matrimonio, se aplicará a los hijos adoptivos lo dispuesto en esta Compilación respecto de los hijos de posteriores nupcias. Los que sean púberes conforme a la Ley 50 deberán dar su conocimiento para ser adoptados. Los efectos de la adopción serán los pactados en la escritura en que se formalice y los establecidos en las Leyes. Los derechos hereditarios del adoptado y del adoptante y los pactos sucesorios entre ambos se regirán exclusivamente por la voluntad privada y, en su defecto, por lo establecido en esta Compilación. Los hijos adoptados con adopción plena tendrán los mismos derechos que los hijos de anterior matrimonio en el caso de que el adoptante contrajera nuevas nupcias. Prohijamiento Las personas entregadas formalmente por establecimientos tutelares o benéficos y acogidas en prohijamiento, se equiparan a las adoptadas con adopción simple o menos plena, siempre que la relación se haya mantenido durante un plazo de diez años y que la persona que prohijó no tuviera al hacerlo hijos por naturaleza o adopción plena. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 74. Régimen supletorio En todo lo no previsto en la Ley anterior y en las demás de esta Compilación, se aplicará a la adopción y al prohijamiento lo establecido en el Código Civil o en las leyes especiales. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril TÍTULO VII. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN DE BIENES EN LA FAMILIA Ley 75. Unidad y continuidad de la casa En la interpretación de todos los pactos y disposicioes voluntarias, costumbres y leyes se observará el principio fundamental de la unidad de la Casa y de sus explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como el de su continuidad y conservación en la familia. Ley 76. Actos jurídicos entre cónyuges Los cónyuges podrán celebrar entre sí toda clase de estipulaciones, contratos y donaciones. Revocación Las donaciones otorgadas entre cónyuges o prometidos podrán ser revocadas por el cónyuge no culpable cuando el donatario incurra en causa de desheredación del art. 855 del Código Civil o cuando le sea imputable alguna de las causas de separación o divorcio. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 77. Derechos de los hijos de anterior matrimonio Los derechos que esta Compilación reconoce a los hijos o descendientes de anterior matrimonio quedarán a salvo de toda estipulación, disposición o renuncia hechas por los cónyuges de segundas o posteriores nupcias, entre sí o con terceros. TÍTULO VIII. DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Ley 78. Tiempo Las capitulaciones o contratos matrimoniales pueden otorgarse antes o después de celebradas las nupcias. Si se otorgasen durante el matrimonio, podrá darse a sus pactos efecto retroactivo a la fecha de celebración de éste, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. Ineficacia Las capitulaciones quedarán ineficaces si el matrimonio no llegara a celebrarse. La nulidad del matrimonio produce la ineficacia de aquéllas desde que la sentencia que la declare sea firme. Capacidad Los cónyuges o los prometidos con capacidad para contraer matrimonio pueden otorgar capitulaciones. Para las disposiciones que impliquen transmisión actual de bienes de un cónyuge o prometido menor de edad en favor del otro se estará a lo dispuesto en la Ley 66. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 79. Forma Son nulas las capitulaciones matrimoniales que no se otorguen en escritura pública. Siempre que contengan donaciones de terceros a favor de alguno de los cónyuges, o de éstos entre sí, los bienes objeto de la donación deberán ser descritos en la misma escritura o por rolde o inventario incorporado. Precepto redactado por DL 19/1975 de 26 diciembre Ley 80. Contenido Las capitulaciones matrimoniales podrán establecer libremente cualquier régimen de bienes de la familia y ordenar: 1. Las donaciones «propter nuptias». 2. Los señalamientos y entregas de dotes y dotaciones. 3. Las renuncias de derechos. 4. Las donaciones esponsalicias, las arras y las donaciones entre cónyuges. 5. Los pactos sucesorios. 6. Las disposiciones sobre el usufructo de fidelidad. 7. Cualesquiera otras disposiciones por razón de matrimonio. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 81. Modificación Las capitulaciones matrimoniales podrán ser modificadas en cualquier tiempo, siempre que se observe la forma establecida en la Ley 79 y presten su consentimiento los cónyuges o prometidos y los demás otorgantes que vivan al tiempo de la modificación, en cuanto afecte a los bienes y derechos concedidos por estos últimos o recibidos por ellos. Fallecido o incapacitado uno de los cónyuges, las capitulaciones no podrán ser modificadas, incapacitado alguno de los que ordenaron la institución, donación, dote o dotaciones, se suplirá o complementará su consentimiento con arreglo al ordenamiento jurídico. Se exceptúa de lo prevenido en esta Ley las estipulaciones que por pacto expreso o por su naturaleza sean revocables. Los pactos sucesorios recíprocos entre cónyuges podrán ser modificados o revocados por éstos sin necesidad del acuerdo de los demás otorgantes de los capítulos. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril TÍTULO IX. DEL RÉGIMEN DE BIENES EN EL MATRIMONIO CAPÍTULO PRIMERO. DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE CONQUISTAS Ley 82. Régimen legal supletorio En defecto de otro régimen establecido en capitulaciones matrimoniales, se observará el de conquistas, que se regirá por las disposiciones de esta Compilación en lo que no hubiere sido especialmente pactado. Bienes de conquista En el régimen de conquistas se hacen comunes de los cónyuges: 1. Los bienes incluidos en las conquistas en virtud de pactos o disposiciones. 2. Los bienes adquiridos a título oneroso con cargo a bienes de conquista durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges. 3. Los bienes adquiridos a título oneroso con cargo a bienes privativos y que los cónyuges convengan sean bienes de conquista, cualesquiera que fueran el precio o contraprestación y la naturaleza del derecho en cuya virtud fueran adquiridos. 4. Los bienes ganados durante el matrimonio por el trabajo u otra actividad cualquiera de los cónyuges. 5. Los frutos y rendimientos de los bienes comunes y de los privativos. 6. Los derechos de arrendatario por contratos celebrados durante el matrimonio. 7. Los bienes adquiridos por derecho de retracto convencional o legal, opción, acceso a la propiedad, suscripción preferente u otro cualquier derecho de adquisición que pertenezca a la sociedad de conquistas. 8. Las accesiones o incrementos de los bienes de conquista. 9. Cualesquiera otros bienes que no sean privativos conforme a la Ley siguiente. Presunción Se presumen de conquista todos aquellos bienes cuya pertenencia privativa no conste. Lo establecido en los números 3 y 7 se entenderá sin perjuicio de los reembolsos que procedan. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 83. Bienes privativos Son bienes privativos de cada cónyuge: 1. Los excluidos de las conquistas en virtud de pactos o disposiciones. 2. Los que a un cónyuge provengan de título oneroso anterior al matrimonio, aunque durante éste tenga lugar la adquisición o aun cuando el precio o contraprestación fuere satisfecho, total o parcialmente, con fondos del otro cónyuge o de la sociedad de conquistas. Si se tratara de la vivienda o ajuar familiares, el bien adquirido corresponderá proindiviso a la sociedad de conquistas y al cónyuge en proporción al valor de las aportaciones respectivas. 3. Los adquiridos a título lucrativo antes del matrimonio o durante éste. 4. Los adquiridos por compra, permuta, dación en pago, venta, transacción y por otra subrogación cualquiera de bienes privativos. 5. Los adquiridos con cargo a bienes de conquista si en el título adquisitivo ambos cónyuges hacen constar la atribución privativa a uno de ellos. 6. Los adquiridos por derecho de retracto convencional o legal, opción, acceso a la propiedad, suscripción preferente u otro cualquier derecho de adquisición pertenecientes a uno de los cónyuges. 7. Las accesiones o incrementos de los bienes privativos. 8. Los edificios construidos, las nuevas plantaciones y otras cualesquiera mejoras en bienes privativos de uno de los cónyuges. 9. El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios causados a la persona de un cónyuge o en sus bienes privativos. 10. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles «inter vivos». Lo establecido en los números 2, 6, 7 y 8 se entenderá sin perjuicio de los reembolsos que en cada caso procedan. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 84. Cargas y responsabilidad 1. Son de cargo y responsabilidad de la sociedad de conquista los gastos y obligaciones siguientes: 1) El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes, así como de los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges si éste no hubiere hecho la partición y entrega de bienes a que se refiere la Ley 105. 2) Los gastos ordinarios y extraordinarios de la administración de los bienes comunes. 3) Los gastos ordinarios de la administración de los bienes privativos de los cónyuges. 4) Los gastos de la explotación regular de los negocios o los ocasionados por el ejercicio de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge. 5) Los gastos necesarios causados en litigios que ambos cónyuges sostengan contra tercero, o por uno solo si redundan en provecho de la familia. 6) Las obligaciones contraídas por uno cualquiera de los cónyuges conforme a la Ley 54. 7) Las obligaciones extracontractuales de los cónyuges derivadas de actuaciones realizadas en interés de la sociedad de conquistas o con beneficio por ella, en el ámbito de la readministración de los bienes comunes. 2. Las obligaciones extracontractuales que se contraigan en relación con la administración de los bienes privativos o sean debidas a dolo o culpa grave del cónyuge deudor serán de responsabilidad pero no de cargo de la sociedad. De las obligaciones que contraigan ambos cónyuges o uno de ellos con el consentimiento del otro responderá la sociedad de conquista sin perjuicio de los reembolsos que, en su vez, procedan. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 85. Cargas privativas Son de cargo de cada cónyuge los gastos y obligaciones siguientes: 1. El sostenimiento, alimentación y educación de los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges cuando se hubiere hecho la partición y entrega de bienes, si procediere, conforme a la Ley 105. 2. La alimentación y educación de los hijos no matrimoniales de uno cualquiera de los cónyuges. 3. Las obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges sin el consentimiento del otro cuando no sean de cargo de la sociedad de conquistas conforme a las leyes 54 y 84. 4. Lo perdido y pagado en juego por cualquiera de los cónyuges, o lo perdido y no pagado en los juegos en que la Ley concede acción para reclamar lo que se gane. Cada cónyuge responderá de sus deudas propias con su patrimonio privativo, y si éste no fuere suficiente el acreedor podrá pedir el embargo de bienes de conquista, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge. Si la ejecución se realizare sobre bienes comunes, se considerará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquéllos al tiempo que los abone con caudal propio o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal. No obstante, el cónyuge no deudor podrá exigir, dentro de los nueve días siguientes a la notificación, que en el embargo los bienes comunes sean sustituidos por la parte que al cónyuge deudor corresponda en la sociedad de conquistas, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución y liquidación de ésta, y se aplicará el régimen de separación de bienes en los términos previstos en la Ley 103. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 86. Administración y disposición La administración y disposición de bienes de conquista se regirá por lo pactado en capitulaciones matrimoniales o en escritura pública. En defecto de pacto corresponderá a ambos cónyuges conjuntamente, sin perjuicio de los establecido en los apartados siguientes: 1. Cuando uno de los cónyuges se hallare impedido para prestar su consentimiento sobre uno o varios actos de administración o disposición de bienes de conquista, o se negare injustificadamente a otorgarlo, resolverá el Juez. 2. Cualquiera de los cónyuges podrá realizar por sí solo actos de administración sobre bienes o derechos de la sociedad de conquistas y actos de disposición de dinero o títulos valores de igual carácter, siempre que se encuentren en su poder o figuren a su nombre, así como ejercitar los derechos de crédito que aparezcan constituidos a su favor; todo ello, sin perjuicio de los reembolsos a que hubiere lugar. 3. Si los dos cónyuges fueran menores, será necesaria la asistencia de sus padres o, en su caso, de los Parientes Mayores o del curador para la enajenación o gravamen de inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, sus elementos esenciales u objetos de valor extraordinario comunes. No será necesaria la asistencia a que se refiere el párrafo anterior si sólo uno de los cónyuges es menor, bastando en tal caso el consentimiento de ambos. 4. La administración y disposición se transferirán por ministerio de la Ley al cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte. 5. No podrá suplirse el consentimiento de ninguno de los cónyuges para actos de enajenación o gravamen a título lucrativo de bienes de conquista. Sin embargo, ambos cónyuges podrán por sí solos hacer donaciones moderadas conforme a la posición de la familia y los usos sociales. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 87. Disolución Son causas de disolución de la sociedad conyugal de conquistas: 1. Las establecidas en capitulaciones matrimoniales. 2. El acuerdo de ambos cónyuges; pero si anteriormente hubieren otorgado capitulaciones, deberá observarse lo establecido en la Ley 81. 3. La disolución del matrimonio o el fallecimiento de uno de los cónyuges, salvo que, en este último caso, se hubiere pactado en capitulaciones matrimoniales la continuación de la sociedad. 4. La declaración de nulidad del matrimonio y toda resolución judicial que decrete la separación de los cónyuges. 5. La resolución judicial que la decrete, a petición de uno de los cónyuges, en cualquiera de los casos siguientes: a) Si el otro cónyuge hubiere sido judicialmente incapacitado, declarado ausente o en quiebra o concurso de acreedores. b) Si el otro cónyuge por sí solo realizare actos que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos que en la sociedad de conquistas correspondan al que solicite la disolución. c) Si llevaran los cónyuges separados de hecho más de un año por mutuo acuerdo o por abandono del hogar. d) Si se hubiera decretado embargo sobre bienes de conquista, por obligaciones personales del otro cónyuge, conforme a lo previsto en el párrafo último de la Ley 85. En cualquiera de los supuestos comprendidos en este número, si hubiera pleito sobre la causa de disolución, iniciada su tramitación, el Juez dispondrá la práctica de inventario y adoptará las medidas necesarias para la administración del caudal de la sociedad de conquistas; asimismo, se requerirá autorización judicial para todo acto que exceda de la administración ordinaria. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 88. Reintegro de lucros sin causa En todo caso, aun sin disolver la sociedad de conquistas, deberán reintegrarse entre los patrimonios privativos y el de conquistas los lucros que se hubieran producido sin causa a favor de uno de ellos en detrimento del otro. El importe de los reembolsos será actualizado al momento en que sean hechos efectivos, tanto durante la sociedad conyugal como a la liquidación de ésta. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 89. Liquidación Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y del pasivo. No será necesaria la información de inventario cuando todos los interesados hubieran aceptado el que el cónyuge sobreviviente hubiese hecho para el usufructo vidual. Activo El activo comprenderá todos los bienes de conquista existentes en el momento de la disolución, así como los créditos de la sociedad frente a los cónyuges. Pasivo El pasivo comprenderá todas las obligaciones pendientes a cargo de la sociedad, incluso por créditos de los cónyuges contra aquélla. Pago Terminado el inventario se pagarán las deudas de la sociedad, incluidas las que ésta tenga con los cónyuges, conforme a lo dispuesto para la concurrencia y prelación de créditos. Los acreedores de la sociedad tendrán en la liquidación de ésta los mismos derechos que por Ley les corresponden en la liquidación y partición de la herencia. Alimentos De la masa común de bienes se prestarán alimentos a los cónyuges o, en su caso, al sobreviviente y a los hijos, mientras no se hiciere la entrega de los bienes que constituyan su haber. Los alimentos prestados se deducirán de los frutos y rendimientos del haber, y de este mismo en lo que excedan. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 90. División El remanente líquido de los bienes de conquista se dividirá en la proporción pactada o, en su defecto, por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos. Derecho de aventajas Por derecho de mejoría o aventajas, pertenecerán en propiedad al cónyuge sobreviviente, sin que le sean computadas en su parte en las conquistas, las ropas y efectos de uso personal, así como los demás objetos de ajuar de casa cuyo valor no fuere excesivo conforme a la posición de la familia y a los usos sociales. También podrán detraerse como aventajas los instrumentos de trabajo de un valor no desproporcionado al patrimonio común. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 91. Adjudicación preferente En la liquidación de la sociedad de conquistas cada cónyuge tendrá derecho a que le sean adjudicados en pago de su haber, hasta donde éste alcance, los siguientes bienes siempre que tuvieren la condición de comunes: 1. Los bienes privativos que se hubiesen incorporado en capitulaciones a la sociedad de conquistas por cualquiera de los cónyuges. 2. Los objetos de ajuar de casa y los instrumentos de trabajo que no le pertenecieron por derecho de aventajas conforme a la Ley 90. 3. La explotación agrícola, ganadera, forestal, comercial o industrial que tuviere a su cargo. 4. El local donde hubiere venido ejerciendo su profesión, arte u oficio. 5. En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda que fuere la residencia habitual del matrimonio. En los casos de los números 1, 4 y 5, el cónyuge viudo podrá exigir que se le atribuyan los bienes en propiedad o sólo el derecho de uso o habitación sobre los mismos. Si el valor de la propiedad o del derecho, según los casos, excediere del haber del cónyuge adjudicatario, éste deberá abonar la diferencia en dinero. El cónyuge viudo de segundas o posteriores nupcias del finado no podrá exigir el uso o habitación respecto a los bienes adjudicados a los hijos o descendientes de anterior matrimonio del difunto. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril CAPÍTULO II. DE LA SOCIEDAD FAMILIAR DE CONQUISTAS Ley 92. Presunción Si en las capitulaciones matrimoniales con donación de bienes o nombramiento de heredero se pacta la convivencia de donantes o instituyentes y donatarios o instituidos, se presumirá que todos ellos participan en las conquistas que se obtengan, salvo que en la escritura hubiere pactos en contra o incompatibles con la existencia de tal sociedad familiar. Ley 93. Régimen La sociedad familiar de conquistas se rige por lo pactado, por la costumbre y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo. Ley 94. Bienes Para la determinación de los bienes de conquista o privativos de cada una de las personas que componen esta sociedad, se estará a lo dispuesto para los cónyuges en las Leyes 82 y 83. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 95. Cargas En cuanto a las cargas de la sociedad familiar de conquistas, se aplicará a todos los partícipes lo dispuesto en la Ley 84. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 96. Administración Salvo pacto en contrario, la administración de los bienes de conquista corresponde a los donantes o instituyentes o a los que de ellos sobrevivan. Enajenación y gravamen La enajenación o gravamen de bienes conquistados inmuebles, establecimientos industriales o mercantiles o sus elementos esenciales, requiere el consentimiento de los partícipes. Ley 97. Disolución Son causas de disolución de la sociedad familiar de conquistas: 1. Las establecidas en capitulaciones matrimoniales. 2. El acuerdo de todos los participes con las formalidades prescritas en la Ley 81 para la modificación de las capitulaciones. 3. La declaración de nulidad del matrimonio en contemplación del cual se otorgaron los capítulos. Sociedad continuada 4. El fallecimiento de uno de los cónyuges donatarios o instituidos, y las causas de separación previstas en la Ley 87, número 5, que afecten a los mismos, siempre que los donantes o instituyentes no continúen viviendo con uno solo de ellos. El hecho de existir o no convivencia, caso de ser discutido, será apreciado por los Parientes Mayores. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 98. Fallecimiento de donantes Al fallecimiento de algunos de los donantes o instituyentes, la sociedad familiar continuará, salvo pacto en contrario, entre los restantes partícipes. Fallecidos todos los donantes o instituyentes, la sociedad continuará entre los cónyuges, y se regirá por el capítulo primero de este título. Lo dispuesto en esta Ley será sin perjuicio de la liquidación parcial que en su caso procediere. Ley 99. División El remanente liquido de los bienes de conquista se dividirá en la proporción pactada y, en su defecto, por cabezas entre los partícipes en la sociedad. Ley 100. Aplicación supletoria En lo no previsto por este capítulo se aplicará al régimen familiar de conquistas lo establecido en el anterior para la sociedad conyugal. CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE COMUNIDAD UNIVERSAL DE BIENES Ley 101. Efectos Los cónyuges pueden pactar el régimen de comunidad universal de bienes en capitulaciones otorgadas antes o después del matrimonio. En defecto de los pactos establecidos, se aplicarán las reglas siguientes: 1. Por este régimen se hacen comunes a los cónyuges todos sus bienes presentes y futuros, sea cual fuere el título de adquisición, oneroso o lucrativo, ínter vivos o «mortis causa». 2. Serán de cuenta de la comunidad todas las cargas y obligaciones de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos, así anteriores como posteriores al matrimonio. 3. Respecto a la administración y disposición de los bienes comunes, será aplicable lo que la Ley 86 previene para los bienes de conquista. 4. A la disolución del matrimonio, el remanente líquido de los bienes comunes se dividirá en la proporción convenida o, en defecto de pacto, por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos. 5. En lo que no hubiese sido pactado o no se halle previsto en esta ley, se aplicarán analógicamente las disposiciones establecidas en esta Compilación para el régimen de conquistas, en cuanto no fuere contradictorio o incompatible con el de comunidad universal de bienes. Ley 102. Inscripción Los bienes de la comunidad conyugal se inscribirán en el Registro de la Propiedad conjuntamente a favor de ambos cónyuges. Si estuvieren inscritos a favor tan sólo de uno de éstos, podrá hacerse constar aquella circunstancia por medio de nota marginal, previa presentación de la escritura de capitulaciones. CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES Ley 103. Separación convencional Los cónyuges pueden pactar el régimen de separación de bienes en capitulaciones otorgadas antes o después del matrimonio. a) Concepto.- Salvo pacto en contrario, este régimen reconoce a cada cónyuge la propiedad de los bienes que tuviese en el momento inicial y los que por cualquier título adquiera posteriormente, así como el disfrute, administración y disposición por sí solo de sus bienes propios, y le atribuye la responsabilidad exclusiva de las obligaciones por él contraídas; sin perjuicio, en caso de concurso o quiebra del cónyuge deudor, de las acciones por fraude de acreedores. Sin embargo, de las obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges para atender a las necesidades ordinarias de la familia conforme a las circunstancias de ésta y al uso del lugar, si fuere insuficiente el patrimonio del cónyuge deudor, responderán subsidiariamente los bienes del otro, sin perjuicio del reembolso que procediere. b) Sostenimiento de cargas familiares.- Respecto al sostenimiento y atenciones de la familia, se estará a lo pactado en las capitulaciones; en su defecto, cada cónyuge puede exigir del otro que contribuya en proporción a sus ingresos y, si no los tuviere o fueran insuficientes, a sus bienes. Este derecho es personalísimo e intransmisible, pero los herederos podrán continuar el ejercicio de la acción si el causante hubiere interpuesto la demanda. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá computarse el trabajo en el hogar familiar de cualquiera de los cónyuges. c) Copropiedad.- Se presumirá que pertenecen a los dos cónyuges por mitad y proindiviso los bienes y derechos cuya pertenencia privativa no conste. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 104. Separación judicial Podrá decretarse judicialmente la separación por las causas establecidas en la Ley 87, número 5, cualquiera que sea el régimen de bienes del matrimonio. En estos casos la separación de bienes de los cónyuges no obstará a la continuación de la sociedad familiar de conquistas prevista en la Ley 97, número 4. La liquidación se practicará de conformidad con las reglas de esta Compilación según el régimen de que se trate. TÍTULO X. DEL RÉGIMEN DE BIENES EN SEGUNDAS O POSTERIORES NUPCIAS Ley 105. Liquidación de sociedad de anteriores nupcias El padre o madre que contrajere segundas o ulteriores nupcias deberá practicar, conjuntamente con sus hijos o descendientes de matrimonio anterior, la liquidación de la sociedad conyugal disuelta y hacerles formal y efectiva entrega de los bienes que les correspondan. Los hijos menores no emancipados serán representados por el defensor judicial. Ley 106. Participación de los hijos en las conquistas Si antes de celebrar nuevas nupcias, el padre o madre no hubiere cumplido la obligación que le impone la Ley precedente, los hijos o descendientes de anterior matrimonio podrán exigir la liquidación, en tanto ésta no se practique, participarán en un tercio de las conquistas obtenidas durante el nuevo matrimonio, pero no les afectarán las pérdidas si las hubiere. Lo dispuesto en esta Ley se observará sea cual fuere el régimen de bienes del nuevo matrimonio. Ley 107. Excepción No será aplicable lo dispuesto en las leyes anteriores en los casos siguientes: 1. Si al fallecimiento de un cónyuge, el sobreviviente fuese único y universal hedero de aquél. 2. Si al tiempo de disolución de la sociedad conyugal no existieren bienes apreciables en base a los cuales se haya obtenido alguna ganancia durante el matrimonio posterior. La inexistencia de bienes se hará constar por el cónyuge bínubo en acta notarial o en acto de conciliación, con notificación o citación de los interesados o de sus legítimos representantes. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 108. Cesación de la participación Efectuada la liquidación con formal y efectiva entrega de los bienes que correspondan a los hijos o descendientes de anterior matrimonio, cesará la participación de éstos en las conquistas que en lo sucesivo obtuvieren los nuevos cónyuges. Ley 109. Liquidación de sociedades de conquista habiendo descendientes de varios matrimonio anteriores Si en la sociedad conyugal de conquistas estuvieren interesados hijos o descendientes de varios matrimonios anteriores, se procederá por separado y sucesivamente a la liquidación de cada una de las sociedades de conquistas. Los haberes de los hijos o descendientes de cada matrimonio se integrarán: 1. Por los bienes que al tiempo de celebrarse las siguientes nupcias debieran haberles sido entregados conforme a la Ley 105. 2. Por su respectiva participación en las conquistas del siguiente o posteriores matrimonios conforme a la Ley 106. Para el cobro de los haberes determinados en el número 1, tendrán preferencia los hijos o descendientes del matrimonio más antiguo. Respecto a los del número 2, concurrirán sin preferencia todos los hijos o descendientes de matrimonios anteriores. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 110. Distribución Concurriendo hijos o descendientes de varios matrimonios anteriores, tanto de uno solo de los cónyuges como de ambos, la tercera parte de las conquistas se distribuirá por cabezas entre aquellos hijos, con derecho de representación en favor de los descendientes del hijo premuerto. Ley 111. Sociedad familiar de conquistas Lo dispuesto en las leyes anteriores será aplicable a la sociedad familiar de conquistas regulada en el capítulo II del título IX. TÍTULO XI. DE LAS DONACIONES «PROPTER NUPTIAS» Ley 112. Contenido Las donaciones «propter nuptias» hechas a favor de uno o de ambos cónyuges pueden consistir en la transmisión de todos los bienes presentes y futuros, de sólo los presentes o de alguno de éstos, o de los que quedaren a la muerte del donante; en pleno dominio o con reserva del usufructo; a libre disposición o con limitaciones; con cláusulas de revocación o reversión; con llamamientos sucesorios y fideicomisos; con señalamientos de dotaciones, alimentos o derechos a vivir en la casa los hijos u otras personas; o con otras cualesquiera condiciones lícitas. Asimismo las donaciones «propter nuptias» pueden contener pactos sobre constitución, dirección y administración, modificación y disolución de la sociedad familiar de convivencia de donantes y donatarios y ruptura de esta convivencia, pactos y estipulaciones sobre usufructo y disposición de bienes, participación en las conquistas y, en general, otros cualesquiera pactos lícitos. Ley 113. Tiempo y forma Las donaciones «propter nuptias» pueden hacerse antes o después de celebrado el matrimonio, y deberán otorgarse en capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas en escritura pública; en todo caso, con descripción de los bienes en la misma escritura o por rolde o inventario incorporado. Ley 114. Aceptación Las donaciones «propter nuptias» requieren la aceptación del donatario, en la misma escritura o en otra separada. La aceptación podrá hacerse en vida del donante o después de su fallecimiento. El donante o sus herederos podrán revocar la donación de cuya aceptación no tengan conocimiento, a no ser que el requerimiento que hicieren por acta notarial al donatario fuera seguido de la aceptación por éste. Ley 115. Régimen En las donaciones «propter nuptias» se aplicarán las reglas siguientes: 1. El donatario universal sucede como heredero; pero no responderá de las deudas que los donantes contrajeren con posterioridad a la donación, salvo si fueren en beneficio de la Casa. 2. En la donación universal de bienes presentes y futuros se presumirá, salvo pacto en contrario, que el donatario adquiere los futuros sólo a la muerte del donante. 3. Cuando en la donación universal los donantes se reservaren a libre disposición bienes o cantidades, se presumirá: a) que la libre disposición será tanto ínter vivos como «mortis causa». b) que la reserva se hace a favor de los donantes conjuntamente, e íntegramente para el sobreviviente. c) que, fallecidos todos los donantes, los bienes reservados de que no hubiesen dispuesto pertenecerán al donatario como comprendidos en la donación. d) que de las deudas que los donantes ocultaren al hacer la donación responderán preferentemente los bienes que ellos se hubiesen reservado. 4. El que hiciere donación de lo que quedare a su muerte, sólo podrá disponer de sus bienes por actos ínter vivos a título oneroso. 5. Si los donantes se reservasen el usufructo y la administración, se presumirá, salvo disposición en contrario, que la reserva se hace conjuntamente para ambos e íntegramente para el sobreviviente. 6. A falta de otra disposición, el donatario deberá ordenar y costear el entierro, funerales y sufragios por los donantes conforme al uso del lugar y según corresponda a la Casa. 7. Si la donación se hiciere con la carga de vivir el donatario en la Casa, el abandono de ésta permitirá a los donantes o al que de ellos sobreviva revocar la donación. La escritura de revocación podrá otorgarse previa justificación del abandono por acta notarial de notoriedad o información «ad perpetuam memoriam». Fallecidos los donantes, si existieren personas con derecho de acogimiento a la Casa, se estará a lo dispuesto en las leyes 131 y 132. 8. En las reversiones y sustituciones fideicomisarias a favor de personas futuras, se estará a lo dispuesto en la Ley 224. 9. Los llamamientos para suceder en favor de cualquier persona se considerarán como donación sólo cuando así se hubiere hecho constar expresamente. En los demás casos no tendrán más valor que el de simples llamamientos sucesorios, por lo que no implicarán prohibición de disponer de los bienes a título oneroso, y los llamados sucederán únicamente en los bienes que quedaren al fallecimiento del donatario. 10. Si el donante no se hubiere reservado bienes suficientes para atender las dotes o dotaciones a que viniere obligado, se entenderá que éstas quedan a cargo del donatario, aunque no se hubiera consignado expresamente. El donatario no podrá ser relevado de esta obligación por el donante, salvo renuncia del beneficiario. 11. Cuando nada se hubiere pactado sobre administración y dirección de los bienes donados, se entenderá que corresponden a los donantes o al sobreviviente, siempre que éstos se hubieren reservado el usufructo. 12. Cuando convivieren en la Casa donantes y donatarios, los que tengan el disfrute de los bienes deberán alimentos a los otros, conforme al haber y poder de la Casa y según el uso del lugar. 13. Si se hubiere pactado la convivencia entre donatarios y donantes, reservándose éstos el usufructo de los bienes donados, ninguno de ellos sin consentimiento de los otros podrá enajenar la nuda propiedad ni ceder el disfrute ni gravar sus respectivos derechos. Ley 116. Disposición Si no se hubiese ordenado otra cosa en el título, el donatario, los hijos del matrimonio en cuya contemplación se hubiere realizado la donación o los descendientes que sucesivamente hubiesen heredado los bienes donados podrán disponer de los mismos, en todo caso, a título oneroso; a título lucrativo podrá disponer el donatario o sus dichos descendientes con capacidad de testar, así como éstos aunque carezcan de descendencia. Reversión Los bienes donados, de los que el donatario o sus dichos descendientes no hubiesen dispuesto válidamente según el párrafo anterior, al fallecimiento del último revertirán al donante. Si se tratare de bienes de conquista de los cónyuges donantes, la reversión se dará en favor de ambos por mitad. Si hubiere fallecido el donante, los bienes donados revertirán a favor de los más próximos parientes que serían sus herederos legales en el momento de la reversión. Salvo que hubiere pacto de exclusión del usufructo, la reversión será siempre sin perjuicio del usufructo de fidelidad a favor del cónyuge viudo del donatario o del que correspondiese al cónyuge del donante premuerto, con preferencia a favor de este último si concurrieren ambos usufructos. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá siempre que otra cosa no se hubiere establecido en el título de la donación, y no tendrá lugar la reversión cuando este derecho hubiere sido renunciado por el donante o no hubiere parientes llamados a sucederle por el orden legal. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 117. Ineficacia Las donaciones «propter nuptias» quedarán ineficaces si el matrimonio no llegara a celebrarse o desde que fuera declarado nulo. Ley 118. Revocación Las donaciones «propter nuptias» sólo podrán revocarse: 1. Por las causas pactadas. 2. Por incumplimiento de cargas impuestas al donatario que sean esenciales; en cuanto a las otras, el donante podrá exigir su cumplimiento. Fallecido el donante, se estará a lo dispuesto en el párrafo primero de la Ley 162. La facultad de revocación es intransmisible, pero si los donantes fallecieren habiendo interpuesto la demanda, podrán continuar el ejercicio de la acción las personas que resultarían llamadas a los bienes, caso de prosperar la revocación. Cuando la donación se hubiere hecho conjuntamente por varios donantes, la revocación deberá hacerse respecto a la totalidad de los bienes y por todos los donantes o sobrevivientes. TÍTULO XII. DE LA DOTE Y DE LAS ARRAS Ley 119. Concepto Constituyen dote los bienes que en tal concepto la mujer aporta formalmente al matrimonio, antes o después de su celebración. Ley 120. Régimen de la dote La dote se regirá por lo establecido o pactado y, en su defecto, por las reglas siguientes: 1. El marido adquirirá la propiedad de la dote cuando ésta consista en dinero o cosas consumibles. Respecto a los otros bienes, la valoración por sí sola no causará la adquisición de propiedad por el marido. 2. La administración de los bienes dotales corresponderá al marido. 3. El marido podrá disponer por sí solo de la dote cuya propiedad haya adquirido, siempre que ésta consista en dinero o se hubiere asegurado la restitución de los bienes dotales o el marido hubiere sido relevado de la obligación de asegurar. En otro caso, sólo podrá disponer con el consentimiento de su mujer. 4. La mujer, con el consentimiento de su marido, podrá disponer de los bienes dotales cuya propiedad conserve. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 121. Garantía El marido deberá asegurar la restitución de la dote conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria. Siempre que el todo o una parte de los bienes que constituyan la dote estimada consista en efectos públicos o títulos valores, y mientras su importe no se halle garantizado por la hipoteca que el marido está obligado a prestar, los títulos o documentos que los representan se depositarán a nombre de la mujer, con conocimiento del marido, en un establecimiento público de los destinados al efecto. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 122. Restitución En los supuestos de nulidad, separación o disolución del matrimonio la dote se restituirá a la mujer, o a sus herederos, sin perjuicio de lo que, en su caso, dispusieren los Tribunales. Fallecida la mujer, quedará a salvo el derecho de usufructo de fidelidad que pudiera corresponder al marido conforme a las disposiciones de esta Compilación. Los frutos o rentas de la dote pendientes se liquidarán conforme a lo establecido en la Ley 420 para la extinción del usufructo. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril Ley 123. Reversión Será aplicable a la dote el derecho de reversión establecido en la Ley 116. Ley 124. Hijas de anterior matrimonio Dotada una de las hijas de matrimonio anterior, el padre o madre bínubo no podrá dotar en más a las hijas de matrimonio posterior, y dotada una de éstas no podrá dotar en menos a las del anterior. Lo dispuesto en esta Ley se tendrá en cuenta para el cómputo de liberalidades en favor de las hijas del segundo o posterior matrimonio, a los efectos de lo establecido en la Ley 272. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril CAPÍTULO II. DE LAS ARRAS Ley 125. Concepto Son arras la donación que el esposo hace a la esposa, antes o después del matrimonio, en contraprestación a la dote. Límite Las arras no pueden exceder de la octava parte de la dote. La esposa no adquirirá la propiedad de las arras que excedan de la octava parte de la dote efectivamente entregada. Administración Salvo pacto en contrario, la administración de las arras corresponde al marido. Crédito preferente Las arras no responderán de las deudas del marido; la mujer tendrá crédito preferente en caso de concurso, quiebra o ejecución de bienes. Ley 126. Disposición a) Inter vivos Por actos «inter vivos», la mujer puede disponer de las arras conforme a lo que para la dote se establece en la Ley 120 número 4). b) Mortis causa Son válidos los actos de disposición «mortis causa» sobre las arras otorgados por la mujer, aunque ésta falleciere sin hijos y sobreviviere al marido. Precepto, anteriormente modificado por DL 19/1975 de 26 diciembre, redactado por LF 5/1987 de 1 abril Ley 127. Pérdida En caso de nulidad del matrimonio, divorcio o separación de los cónyuges, la mujer perderá el derecho a las arras, salvo que los Tribunales, en atención a las circunstancias del caso, resolvieren lo contrario. En caso de pérdida, los descendientes del matrimonio adquirirán la propiedad de las arras; si no hubiere descendencia revertirán al marido. Precepto redactado por art. 1 LF 5/1987 de 1 abril TÍTULO XIII. DE LA DISOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES FAMILIARES Ley 128. Comunidades formalmente constituidas La disolución de las comunidades familiares formalmente constituidas se regirá por las reglas establecidas en el título de su constitución y, en su defecto, por las siguientes: 1. Se considerará justa causa de disolución de la comunidad toda discordia grave que no pueda dirimirse por la intervención de los Parientes Mayores a quienes corresponderá calificarla, previo requerimiento notarial de parte interesada. 2. Los Parientes Mayores decidirán sobre la separación de personas y procurarán que los «amos viejos» de la Casa permanezcan en ella. En cuanto a los bienes, se atendrán al uso del lugar, manteniendo en lo posible la unidad de la Casa y adjudicando a los miembros de la comunidad disuelta bienes y derechos proporcionados al tiempo que hubieren trabajado en la Casa, al haber y poder de ésta, al número de personas que tuvieran a su cargo y demás circunstancias. Cuando se adjudicare una pensión, los Parientes Mayores decidirán si procede el aseguramiento de ésta mediante cláusula de estabilización u otra garantía. Ley 129. Comunidades de hecho Cuando se hubiera mantenido una situación permanente de convivencia y colaboración entre personas y familias sin haberse establecido las reglas a que hubiera de sujetarse, se aplicarán las siguientes: 1. En todo momento, cualquiera de los miembros de esta comunidad podrá poner fin a la misma libremente. 2. Los beneficios y mejoras por el trabajo en común que subsistan en el momento de la disolución se adjudicarán a los miembros de la comunidad, según el uso del lugar y teniendo en cuenta las aportaciones en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos por cada uno, las causas de la disolución y demás circunstancias. 3. A los efectos de las reglas anteriores no se considerarán miembros de la comunidad los hijos solteros que convivan con sus padres. Ley 130. Prestación de alimentos Exista o no convivencia, si los hijos hubieren prestado alimentos a sus padres, o les hubiesen atendido en sus necesidades personales, no podrán aquéllos reclamar nada de los padres ni de los herederos de éstos. TÍTULO XIV. DEL ACOGIMIENTO A LA CASA Y DE LAS DOTACIONES Ley 131. Acogimiento Cuando en capitulaciones matrimoniales, testamento u otras disposiciones se establezca en favor de alguna persona derechos de vivir en la Casa, de ser alimentada y atendida, tanto en salud como en enfermedad u otros similares, con o sin obligación de trabajar para la Casa, se estará a la disposición que los conceda y a la costumbre del lugar. Ley 132. Cuestiones y su resolución Todas las cuestiones que se susciten sobre interpretación, cumplimiento o incumplimiento de los derechos mencionados en la Ley anterior se someterán a la decis