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PASTA
DE CONCHOS: UN PARADIGMA DE
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MINEROS EN EL NORTE DE MÉXICO, EN
COAHUILA
Compartimos
la información enviada por Fr. Brian Pierce, op
En
1997, se presentó un reporte al Comité de Naciones Unidas sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales por varias organizaciones mexicanas de
Derechos Humanos, alertando a las Naciones Unidas sobre modificaciones del
Presidente Ernesto Zedillo a las
Leyes Federales sobre la
Seguridad de los Lugares de Trabajo, Higiene y Medio Ambiente,
que efectivamente liberaban al gobierno de su responsabilidad como garantizador
de la seguridad del lugar de trabajo y condiciones de higiene marcadas por
la Constitución
Mexicana y el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
En
ese reporte leímos, “bajo la lógica de la desregulación, con una visión de
reducir obstáculos a la investigación, la nueva regulación elimina la protección
al trabajador y constituye un paso atrás en la salud y seguridad del lugar de
trabajo.” El Tercer Reporte
Periódico (1992-1996) del gobierno
mexicano (E/1994/104/Add.18: 116 y 117), no dio suficiente información para que
el Comité evaluara estas modificaciones ni encauzó satisfactoriamente nuestras
preocupaciones. Con el reciente deterioro en las inspecciones del lugar de
trabajo y el incremento de los accidentes fatales relacionados con el trabajo,
nuestros avisos se han convertido en una realidad.
Explosión
y Muerte en la Mina
Pasta de Conchos Mina # 8
El
19 de Febrero de
2006, ocurrió una gran
explosión en la
Mina # 8 del complejo minero de carbón Pasta de Conchos ubicado
en San Juan de Sabinas, Coahuila, una concesión perteneciente a Industrial
Minera México, S. A. (conocida como IMMSA, a cargo de Francisco Javier García de
Quevedo de Grupo México, propiedad de Germán Larrea). La causa de la explosión
continúa desconocida. De los 73
trabajadores en la mina en ese momento, fueron rescatados ocho, con serias
quemaduras y heridas mientras 65 permanecieron atrapados bajo tierra. Dos
cuerpos fueron recuperados y 63 permanecen en la mina, 27 meses después.
IMMSA
suspendió los esfuerzos de rescate cinco días después de la explosión, alegando
que nadie podría haber sobrevivido por la alta concentración de gas. La compañía
no había instalado equipo de monitoreo sísmico para identificar la localización
precisa de los mineros ni proveyó “información confiable y oportuna a los
equipos de rescate, tales como mapas digitales actualizados, censores de gas, y
señales de comunicación para seguir a los mineros,” de acuerdo a un grupo de
científicos mexicanos.
Un
día antes de suspender las operaciones de rescate, la compañía ofreció a las
viudas un “paquete de ayuda humanitaria” de 750,000 pesos (44,766 euros), una
casa, ayuda escolar, y tres salarios de los mineros hasta la compensación final
y se podrían pagar pensiones (el salario fue descontinuado antes de este tiempo
y las pensiones todavía no han sido pagadas).
Los
esfuerzos para recuperar los cuerpos continuaron hasta el 4 de abril de 2007, punto en
el que la compañía unilateralmente canceló los esfuerzos después de haber
rehabilitado el 40% del área de la mina en cuestión. La compañía argumentó que
la recuperación ya no podía continuar en base a estudios técnicos que había
encargado. Estos estudios indicaban que el 25% del área estaba inundada, que el
agua estaba contaminada con VIH y tuberculosis, y que eso representaba un
peligro para los equipos de rescate y la población alrededor de la mina. El rumor de la
inundación se determinó posteriormente que era falso y los alegatos de
contaminación por VIH se determinaron como completamente infundados. En otro
estudio, un experto afirmó que peligros descomunales estaban presentes en la
mina, lo cual hacía imposible realizar más esfuerzos de rescate. A pesar de que
la mina es una concesión del gobierno, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Javier Lozano, nunca pidió a la compañía probar estos argumentos.
Masacre,
sin cárcel
El
20 de marzo de
2007, días antes de la decisión unilateral de suspender los esfuerzos
de rescate, el Procurador de Justicia de Coahuila emitió cinco órdenes de
arresto para empleados de bajo nivel de la compañía con cargos de masacre. En
lugar de enfrentar la prisión, la compañía colocó un bono de 180,000 pesos (10,865 euros) para cada
familia, para ser pagados como reparaciones. Funcionarios del Gobierno y de IMMSA
visitaron a cada familia, informándoles que tenían 10 días para reclamar el
dinero (aunque la ley establece 10 años para reclamar tales fondos). Las
familias no fueron informadas que al cobrar ese dinero estarían también firmando
un acuerdo para absolver a la compañía de toda responsabilidad, eliminando su
derecho a iniciar cualquier futuro juicio.
¿Quién
es Industrial Minera México (IMMSA) del Grupo
México?
IMMSA
es una corporación transnacional y la más grande compañía minera en México.
Produce el 90 % del cobre del país. Es la tercera más grande productora de cobre
y plata en el mundo, y la quinta más grande de zinc y molibdeno. Tiene
inversiones en los Estados Unidos y Perú y 23% de sus ventas van a Estados
Unidos mientras el 27% van a Europa. Grupo México tiene minas y ferrocarriles
obtenidos a través de las privatizaciones de los Presidentes Carlos Salinas y
Ernesto Zedillo. La compañía se ha beneficiado grandemente del reciente
incremento en los precios mundiales de los metales. En 2005, sus ventas fueron
de 5.2 billones de dólares, que representaron un incremento anual del 23.5% y un
record histórico para la
compañía. En 2006, las ventas fueron $6.6 billones y para 2007,
$7.5 billones. Las ventas estimadas para 2008 son de $9.3
billones. La ganancia neta de la compañía fue de
$1.2 billones en 2005; $1.5 billones en 2006, $1.9 billones en 2007 y se estima
que sea de $2.8 billones en 2008. Grupo México fue colocado en el lugar 20 e
IMMSA en el 60, entre las 500 más importantes compañías en México durante 2007.
IMMSA fue ubicada en lugar 13 entre 50
entre las compañías con las más grandes ganancias, 19 entre 50 entre aquellas
con la mayor ganancia por peso y ventas, y 17 de 50 entre las más beneficiadas
compañías en el país.
La
lucha y resistencia de las Familias y Organizaciones de Sociedad Civil
Las
familias de los mineros buscan la protección de un derecho humanitario inherente
a todos los seres humanos: el derecho a enterrar a sus muertos de acuerdo a sus
creencias que son parte de la herencia cultural inmaterial de la gente mexicana,
para quienes existe una relación muy especial entre los vivos y los difuntos.
A los mineros se les negó el acceso
a condiciones de trabajo seguras y dignas y ahora a sus familiares se les está
negando la irrevocable reparación de recuperar los restos de sus seres
queridos. Esta es una restitución
fundamental y básica del daño irreparable causado a sus familias. La
recuperación de los restos, junto con el castigo de los responsables de esta
tragedia, es lo único que pondrá fin a las arbitrariedades corporativas y la
negligencia del gobierno en este caso y permitirá que la justicia sirva y que la
impunidad ser termine. Ellos buscan la recuperación de sus amados porque no
quieren que la mina sea su tumba y porque creer que recuperar sus cuerpos
también dará evidencia crucial sobre las causas de la explosión.
La
lucha de las familias ha permanecido por más de 2 años y ha resultado en la
creación de una organización conocida como las Familias de Pasta de Conchos.
Ellos viajan casi 1,000 kilómetros cada mes
hacia la Ciudad
de México para demostrar en las oficinas corporativas de Grupo México, han
tenido dos plantones en la ciudad de México, durando 32 y 38 días
respectivamente, producen un boletín mensual, y continúan llevando acciones
legales y demostraciones alrededor del país para conseguir la recuperación de
los cuerpos. El gobierno no ha
ordenado que los cuerpos sean recuperados, citando las condiciones peligrosas
marcadas en los reportes técnicos, sin embargo, ha admitido que estas
condiciones podrían remediarse para permitir que los esfuerzos de recuperación
continúen. Los resultados de los reportes técnicos sobre las condiciones en la
mina han sido refutados por opiniones expertas traídas por las familias.
En
Marzo de 2006, las familias formularon una queja ante la Organización
Internacional del Trabajo (Ref. Bit/ILO ACD 19-0110), basada en la falla de México en
ratificar la
Convención No. 81 sobre Inspección del Trabajo, la No. 85 sobre Inspección de
Trabajo en Áreas no Metropolitanas, y la No. 174 sobre Prevención de Grandes
Accidentes Industriales.
El
19 de Febrero de
2007, El Apostolado Nacional del Trabajo presentó su reporte “Una Línea de Vida para los Mineros de
Carbón: Pasta de Conchos, una
Tragedia que debería haberse evitado.” (www.pastadeconchos.net). Este reporte
prueba (basado en reportes federales de inspecciones del trabajo) nuestras
aseveraciones del momento de la explosión sobre serias deficiencias de seguridad
en la mina: que la mina no estaba suficientemente protegida contra
concentraciones de gas, los soportes de la mina fueron removidos y rehusados,
tanto las mallas en el techo y las paredes tenían fallas, la ventilación era
altamente inadecuada, el equipo eléctrico estaba ilegalmente presente en la
mina, las instrucciones de seguridad para los trabajadores eran inadecuadas, no
se llevó ningún análisis de riesgo, etc. Como resultado de la emisión del
reporte, dos de los informantes de las familias, Cristina Auerbach y Manuel
Fuentes, han sido sujetos de repetidas amenazas y otras afrentas.
El
Gobierno Mexicano y Grupo México comparten la
responsabilidad
Por
la violación de los Derechos Laborales
En
respuesta a nuestra queja, La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos investigó y produjo una recomendación (# 26-2006) que
concluye, “En base a los argumentos
presentados, encontramos que violaciones a los derechos humanos se cometieron
contra las 65 personas que perdieron su vida en la propiedad de Industrial
Minera México, S. A. de C. V., y contra las 11 personas que resultaron heridas.
Adicionalmente, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social permitieron a la compañía operar en condiciones que no garantizaban la
salud y la vida de sus trabajadores. Al hacer eso, ellos violaron el derecho
fundamental del trabajo de las víctimas a la legalidad, seguridad, vida,
integridad física, salud e higiene, como estable la Constitución Mexicana,
la Convención
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
La Declaración
Universal de Derechos Humanos, y las Declaraciones de OAS
sobre
los Derechos y Obligaciones del Hombre, que establecen que todas las personas
tienen derecho a condiciones de trabajo satisfactorias y dignas
…Ha sido suficientemente probado que el
Secretario del Trabajo y Previsión Social falló en cumplir satisfactoriamente
con los procedimientos involucrados en la inspección periódica de las
condiciones generales de seguridad e higiene en la mina …” (se refiere a inspectores
bajo el mando del Secretario Francisco Xavier Salazar de la administración de
Vicente Fox). Y la recomendación añade, “Existe evidencia técnica que las
autoridades del trabajo comparten responsabilidad parcial por el accidente, por
su falla en reforzar las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio
ambiente. Similarmente, existe suficiente evidencia para asignar responsabilidad
a la
compañía Industrial Minera México.”
Conclusión
Declaramos
que Industrial Minera México de
Grupo México es una compañía socialmente irresponsable, porque sus ganancias y
su nivel son en gran parte producto de atentados para reducir los costos del
trabajo, sobre todo en términos de seguridad e higiene, como lo demuestra este caso. Sus
ganancias y nivel han tenido un gran costo para el bienestar, seguridad y
calidad de vida de sus trabajadores, dejándolos sin defensa frente a un trabajo
muy peligroso. Durante los pasados dos años, la compañía ha rehusado proveer
información relevante para el caso y ha mentido a inspectores, legisladores
federales, al Foro Consultivo y Técnico y al Servicio Geológico Mexicano,
equipos de rescate, trabajadores, así como a las viudas, madres e hijos de los
mineros muertos. La compañía ha
mentido sistemáticamente a sus accionistas, a la Sociedad Mexicana, a sus
trabajadores, a las familias y a las autoridades gubernamentales porque se ha
permitido que lo haga y se le ha protegido.
El
comportamiento de la compañía viola e incumple las “Normas de Naciones Unidas
sobre las responsabilidades de Corporaciones Transnacionales y otras Empresas de
Negocios relacionadas con Derechos Humanos” y específicamente el Artículo 7:
“Las Corporaciones Transnacionales y otras empresas de negocios proveerán un
ambiente de trabajo seguro y saludable como está dispuesto en los instrumentos
relevantes internacionales y la
legislación nacional así como los derechos humanos internacionales y la ley
humanitaria. ” (E/CN.4/sub.2/2003/38/Rev.2).
Veintisiete
meses después de la tragedia, las Familias de Pasta de Conchos han evidenciado
que la recuperación de los cuerpos es técnicamente viable. Es moralmente urgente
que los cuerpos sean recuperados. Urgimos al gobierno federal a llevar a cabo
una inspección visual de las condiciones de la mina y a determinar cómo los
esfuerzos de recuperación, unilateralmente detenidos por IMMSA hace 13 meses,
pueden retomarse.
CON
UNA VOZ, LLAMAMOS A LA RECUPERACIÓN DE
LOS CUERPOS AHORA!
FAMILIAS
DE PASTA DE CONCHOS
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