El SAG señaló ahora las regiones en que se
encuentran las casi
13.000
hectáreas de semillas transgénicas de exportación de la temporada 2005-2006.
http://www.sag.cl Esto representa un aumento de
4.328
hectáreas con respecto a la superficie cultivada de transgénicos en la temporada
previa, sin que en Chile se haya avanzado respecto a prevenir los impactos en el
medio ambiente y la salud humana que pueden derivarse de ello.
Del total, más
de
12.000 hectáreas corresponden a maíz transgénico, seguida por
627,5
hectáreas de canola, 165,6 de soya y
11,4 hectáreas de cartamo o falso
azafrán. Los cultivos restantes, con menores superficies sembradas son, en orden
de importancia: arroz, zapallo, vid,
Brassica juncea (mostaza negra),
remolacha, tomate y lino. No se identifican en el cuadro las empresas
exportadoras, pero estas son Monsanto, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y
Ventroscience, listadas como exportadoras de semillas transgénicas en el registro
de
la Asociación Nacional de Exportadores de Semillas.
Las regiones más
afectadas
Las regiones donde hay más cultivos transgénicos son, de mayor a
menor, la sexta, séptima y metropolitana. Sólo en
la II y XII regiones no se
informa de cultivos genéticamente modificados. En todos los casos, se trata de
semillas destinadas a la exportación, único uso de acuerdo a la legalidad
chilena. Una confusión frecuente es afirmar que en Chile se consume tomate
transgénico, pero en realidad el tomate de larga
vida del mercado local, corresponde a una variedad híbrida, es decir está
trabajada genéticamente pero dentro de una misma especie vegetal. En las
variedades transgénicas, en cambio, se traspasa la barrera de las especies,
insertando en el gen original de la planta un gen de una especie animal (
una
secuencia que por ejemplo –en el caso del maíz BT1176- corresponde a una bacteria
tóxica que es insecticida, Cry1AB de bacillus thuringiensis).
En el
cuadro publicado por SAG se informa tan sólo de
11,4 hectáreas de cultivos de
cártamo. En cambio, la información publicada en Canadá (de la cosecha siguiente,
2006-2007) se refiere a
130 hectáreas de cártamo que produjeron 200 toneladas
de semilla, retenidas en un desconocido puerto chileno, probablemente San
Antonio, ya que allí se encontraba
el área de mayor superficie, aunque también podría ser un puerto de
la Octava
Región. Esa información sigue siendo retenida por la entidad estatal.
Vía
rápida a las trasnacionales
El gobierno chileno también se sigue justificando
en la protección del secreto comercial para ocultar la ubicación exacta de los
predios, imposibilitando la fiscalización ciudadana respecto de la posible
contaminación de cultivos orgánicos y tradicionales. Corresponde al SAG aplicar
las normas para la internación e introducción al medio ambiente de organismos
vegetales vivos modificados de propagación OVMs (decreto 1523, 6 de julio de
2001). Un departamento de esa repartición estatal, encabezado por Gonzalo Pardo
evalúa las solicitudes de introducción, autoriza lugares de acopio y fija franjas
de seguridad caso a caso. No se conocen las medidas de seguimiento y
fiscalización
que la institución implementa, ni la compensación por daños por contaminación.
En la información publicada en la web del SAG se fija en diez días hábiles el
plazo para autorizar el lugar de acopio, y en apenas 45 días hábiles el plazo
posterior de evaluación para aceptar o rechazar cada solicitud de importación
desde el momento en que este organismo recibe la información requerida. Asimismo
limita el plazo a 20 días hábiles si hay una resolución previa.
Los
proponentes cancelan una suma acorde con la inspección en terreno y análisis. El
SAG confía en la buena fe de los datos científicos, planes de manejo, y métodos
de destrucción de residuo y traslado de semillas a su destino final entregados
por las trasnacionales, ya que es poco probable que las propuestas y medidas de
resguardo puedan ser analizadas a fondo en un plazo tan breve.
En otros
países sudamericanos, como Brasil y Paraguay, Monsanto ha desdeñado toda medida
de seguridad y los cultivos
se han extendido a tal punto que los respectivos gobiernos, enfrentados a una
situación de hecho, se vieron obligados a legalizarlos. Es una táctica ya
conocida. En marzo de 2007 el Ministro de Agricultura, Alvaro Rojas, anunció que
los cultivos de soya transgénica se extenderán desde
la V hasta
la VII
regiones. Monsanto cuenta con una resolución previa para estos y otros cultivos
transgénicos cuyos impactos en el medio ambiente, medidas de resguardo por daños
y fiscalización son también desconocidos.
El principio de precaución
El
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnología derivado del
Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por 140 países, no ha sido
ratificado por Chile. La ratificación obligaría al país a
respetar el principio de precaución al tomar decisiones relativas a los
organismos vivos genéticamente modificados. Chile es centro de origen de varias
especies (papa, tomate, frutilla, etc) y su flora y fauna cuentan con un gran
endemismo. La isla de Chiloé, por ejemplo, ubicada mil
190 kilómetros al
suroeste de Santiago, es reconocida como centro de origen de la papa (Solanum
tuberosum) junto con Bolivia y Perú. Y allí existe desde 1987 un banco de
especies que hoy mantiene más de 200 variedades de papa, por lo que diversas
organizaciones ambientales impulsan la declaración de Chiloé como zona libre de
transgénicos.
La coexistencia imposible
La coexistencia de los cultivos
transgénicos con la agricultura orgánica ha sido considerada imposible por
productores de España, donde un estudio de casos de Cataluña y Aragón, publicado
por
Assemblea Pagesa, Plataforma Fuera los Transgénicos y Greenpeace, probó que
siete años de cultivos transgénicos contaminaron el maíz orgánico y el
convencional. Otro tanto está ocurriendo en México, y en Chile. Información
reservada narra experiencias similares en una localidad cercana a Santiago.
En
países de
la Unión Europea, así como en Cuba, para abordar estos temas
existen leyes específicas sobre organismos vivos modificados y seguridad
biológica, que contemplan severos sistemas de Evaluación de Riesgo. En el caso de
Noruega, por ejemplo, ello se hace incorporando el principio de precaución, así
como tomando en cuenta los niveles de incertidumbre reconocidos en el campo de
la Ingeniería Genética, acerca de los efectos en el medio ambiente,
en la salud del ser humano y los
impactos socio económicos, culturales y éticos. La participación pública y la
transparencia son también aspectos relevantes en estos análisis.
Incluso
la
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y
la Alimentación
(FAO), activa promotora de los transgénicos, ha planteado el uso de barreras
entre cultivos convencionales y transgénicos ante la posibilidad de que pueda
haber contaminación. El representante regional para América Latina y Caribe,
José Graziano Da Silva, en una entrevista reciente publicada por la agencia EFE,
mostró preocupación por los efectos medioambientales que puedan causar este tipo
de cultivos, especialmente en productos básicos.
Anuncios pendientes El año
2003, el gobierno
del entonces Presidente Lagos había anunciado su propósito de generar una
política nacional “para promover y orientar el desarrollo biotecnológico del
país” y se inició el estudio de dicha política con el apoyo del fondo GEF/UNEP.
En 2006, el gobierno de la presidenta Bachelet anunció como objetivo que Chile se
convierta en una potencia mundial en el rubro de la alimentación. La mayor parte
de las instituciones de gobierno no muestran preocupación por los aspectos
relacionados con la producción limpia, lo que es particularmente notorio en el
INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, cuyas políticas también
dejan ver su apoyo a los transgénicos y al uso de plaguicidas. El gobierno ha
propuesto que los proyectos de introducción de organismos genéticamente
modificados deberían ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con
los precedentes ya conocidos acerca de las aprobaciones de proyecto debido a
consideracioens políticas, y no técnicas
(caso CELCO, Ralco y muchos otros), esa respuesta no ofrece ninguna garantía
para quienes se preocupan del impacto de los transgénicos.
Superficie
cultivada
Desde 1987, Chile multiplica y exporta semillas genéticamente
modificadas, operando como estación de cultivo de productos biotecnológicos
desarrollados en otros países. En la temporada previa al cuadro entregado este
mes de junio por el SAG, según la información oficial citada en el Anexo 2 del
Informe Final del Proyecto PNUMA-GEF-CONAMA sobre Bases para el Marco Nacional de
Bioseguridad de Chile, la superficie sembrada con transgénicos alcanzó las
8600
hectáreas, lo que representa aproximadamente un 1% de la superficie nacional de
cultivos anuales, y un 41% de la superficie semillera, y genera divisas del orden
de los US$ 50 millones al año. La superficie nacional de semilleros
transgénicos aumentó aproximadamente 20 veces entre los años 1999 y 2003. Los
mercados de destino de estas semillas son principalmente Estados Unidos y
la
Unión Europea, así como Canadá.
En los últimos años se están extendiendo
además los farmocultivos, con empresas como Ventria Bioscience, que logró la
autorización que no tuvo en Estados Unidos, para sembrar en el 2005 en predios de
la VI región,
2 hectáreas de arroz
transgénico con proteínas lactoferrina, lisozima y albúmina de suero humano, para
la producción comercial de fármacos para combatir la diarrea.
Hasta ahora no
se ha autorizado en Chile el cultivo comercial de transgénicos, pero sí hay
consumo interno de alimentos derivados de OGM importados desde Argentina, Brasil,
Estados
Unidos y Canadá. Ignoramos qué porcentaje de las importaciones alimentarias del
país corresponde a transgénicos.
Cultivos experimentales
Hay además en
Chile cultivos transgénicos cuyas pruebas de campo han sido autorizadas en el
país, con proyectos como una papa resistente a la bacteria
Erwinia carotovora;
también se ha obtenido uva transgénica resistente al hongo
Botritis cinerea.
Otro proyecto relevante es el caso de los carozos, en que se busca un mejorar la
presentación de estos frutos para la exportación.
En el ámbito de la
silvicultura, existe la capacidad en el país para producir
Pinus radiata
transgénico resistente a ciertos insectos y se está avanzando en la
producción de variedades de esta especie resistentes a herbicidas, y de
eucaliptus resistente al frío.
Entre 1991 y 2001, se financiaron 408
proyectos en biotecnología por un monto total de US$ 73,4 millones, ejecutados
mayoritariamente por institutos estatales y universidades públicas. El gasto
total en investigación y desarrollo en el país es de un 0.7% del PIB.
La
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), el Ministerio de
Agricultura (a través de FIA) y el Ministerio de Economía (a través de CORFO),
están desarrollando la iniciativa “Genoma Chile”, con dos programas: Genoma en
Recursos Naturales Renovables y Biominería.
En el año 2002 existían en Chile
31 empresas biotecnológicas, en su mayoría pequeñas, fundadas en los últimos 10
años y con ventas totales de alrededor de US$
8 a 9 millones anuales.
No
existe legislación sobre etiquetado ni se realizan evaluaciones por el MINSAL a
los alimentos.
Iniciativas legales
En noviembre de 2006 se presentó en el
Senado, con la
firma de legisladores de partidos de la oposición (Andrés Espina, Andrés
Allamand, Juan Antonio Coloma) y también de la alianza de gobierno (Eduardo
Frei, Fernando Flores (Concertación) la moción sobre “Bioseguridad de Vegetales
Genéticamente Modificados” que busca legalizar los cultivos transgénicos. La
iniciativa presenta antecedentes equívocos, ignora los efectos ya conocidos y
hace afirmaciones sin base científica sobre aumento de la productividad y sobre
la posibilidad de asegurar resguardos adecuados para evitar la contaminación de
otras semillas. También desconoce el principio de precaución y no contempla
estudios de riesgos independientes. Las normas de etiquetado que contempla son
las propuestas por las compañías productoras (“equivalencia sustancial”) las
cuales no dan garantías al consumidor sobre su real contenido. El proyecto ha
sido rechazado por organizaciones ambientales y sociales del país.
En junio de
2006,
la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley sobre el
etiquetado de alimentos transgénicos, que debería seguir este año su trámite en
el Senado, donde el proyecto quedó empantanado, trasladándose ahora esta
discusión al proyecto descrito en el párrafo siguiente.
A fines de diciembre
de 2007, el Senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley para prohibir
la fabricación, internación e importación en Chile de semillas “terminador”, es
decir aquellas modificadas genéticamente para no dar semillas, o para crecer,
desarrollarse, madurar, dar frutos o destruirse sólo mediante la aplicación de
productos químicos.
Percepción de la ciudadanía
En años pasados,
Greenpeace realizó una campaña nacional de alerta e información sobre los
transgénicos, distribuyendo una guía, y publicando en su página web una lista de
alimentos contaminados con transgénicos que tuvo gran impacto entre los
consumidores.
Desarrolló asimismo un muestreo y análisis de semillas de
maíz y una encuesta de percepción pública, encargada a IPSOS, que reflejó un
claro rechazo a los transgénicos (58,5%) y exigencia de etiquetado (95,9%) para
los alimentos. Entre las amenazas que percibe Greenpeace en la actualidad, que
pueden agravar la situación actual está el lobby de los productores de maíz que
compiten en precios con maíz argentino, para que se autorice en el país la
siembra para consumo animal de maíz transgénico, el que suponen más barato. En
segundo término, están los proyectos de desarrollo de etanol (biocombustibles) a
partir de maíz y raps transgénico.
La Alianza por una Mejor Calidad de Vida
(RAP-Chile), integrada por ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas),
la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) y
el Observatorio de
Conflictos Ambientales también incorpora en su trabajo la denuncia de los
efectos de los transgénicos y el prontuario ambiental de las multinacionales que
promueven su uso en Chile y el mundo, y fundamentalmente, promueve el derecho de
los campesinos a resguardar su semilla. Asimismo, existe una Red Chile Libre de
Transgénicos que agrupa a organizaciones como Fundación Sociedades Sustentables e
IEP y que desarrolla investigación, campañas informativas y lobby ante las
autoridades.
Para saber más:
- Bases para el Marco Nacional de
Bioseguridad de Chile, Anexo 2, Desarrollo biotecnológico en Chile.
- Informe al
Presidente de
la República de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de
la
Biotecnología
(CNDB, 2003).
- "Diagnóstico Nacional y Caracterización de
la Investigación
Biotecnológica y de sus Aplicaciones Industriales o Comerciales" (Gil et al.,
2004).
"Diagnóstico sobre
la Presencia y Estado de
la Flora Chilena
emparentada con Cultivos Genéticamente Modificados, con énfasis en el Riesgo de
Flujo Génico" (INIA-MNHN, 2004).
- Campañas de Greenpeace.
- Revista ENLACE
/RAP-AL, 2006
- Sitio del SAG
http://www.sag.gob.cl/ - Boletín “Transgénicos
al día”, en
www.rap-al.org 
TRANSGENICOS EN CH
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