| Una
fenomenal guerra por los bienes comunes y por el control de la vida se está
desarrollando en América Latina, con especial visibilidad en el Cono Sur. El
conflicto entre las entidades agropecuarias y el gobierno de Cristina Fernández,
así como el enfrentamiento autonómico en Bolivia, pueden ser los primeros
capítulos de una conflagración mayor. Algunos datos ilustran el conflicto. En
Brasil, en 2017 los cultivos de caña de azúcar llegarán a 28 millones de
hectáreas (6.9 millones en 2006), el eucalipto para leña, en 2010,
ocupará 13.8 millones (5.3 en 2006) y la soya invadirá 20 millones de
hectáreas.
Esto quiere decir que sólo tres rubros del agronegocio
ocuparán 50 millones de hectáreas más en muy pocos años.
Enfrente podemos
colocar otra cifra: en casi 30 años el movimiento sin tierra (MST) consiguió
recuperar del latifundio unas 25 millones de hectáreas, distribuidas en 5 mil
asentamientos donde viven 2 millones de campesinos. Quiere decir que apenas tres
rubros del agronegocio van a engullir en una década el doble de tierra, pero lo
harán expulsando campesinos y degradando el medio ambiente. Mientras al MST la
recuperación de esas tierras le costó mil 326 muertos y miles de detenidos y
procesados hasta fines de 2007, las multinacionales que devoran esas enormes
superficies lo hacen con apoyo estatal y especulando con fondos de
pensiones.
El BID asegura que hay en curso una disputa mundial por 120
millones de hectáreas de tierras brasileñas susceptibles de ser incorporadas a la
producción de materias primas para producir etanol, o para cultivos de bosques
homogéneos para leña, madera, celulosa y papel. Otros estudios elevan la cifra a
200 millones de hectáreas. La devastación de la Amazonia, última “frontera” por
conquistar para el agronegocio, sigue creciendo: entre 1970 y 2006 la agricultura
en esa región creció de 617 mil hectáreas a 7.4 millones; la pecuaria de 4.4 a
32.6 millones; entre 1990 y 2004 el rebaño bovino amazónico creció 173 por
ciento; un tercio de las exportaciones brasileñas de carne proceden ya de la
Amazonia, según datos del MST. No por casualidad, los estados amazónicos
registran los mayores niveles de violencia.
En Paraguay, un millón y medio de
campesinos fueron desplazados a las ciudades
o forzados a emigrar al exterior por los monocultivos de soya. En 1989, cuando
finalizó la dictadura de Stroessner, 67 por ciento de la población paraguaya
vivía en el campo; hoy apenas supera 40 por ciento, pero el Banco Mundial
pretende que para 2015 la población rural se ubique en el entorno del 10-12 por
ciento, para liberar áreas que permitan ampliar los cultivos de soja y caña dulce
como sustitutos del petróleo.
En Uruguay, la soya está desplazando a la
ganadería y amenaza con liquidar la lechería. Las cifras de la soya son
alucinantes: creció 50 veces en apenas siete años, siendo el país con mayor
crecimiento en menor tiempo. En la campaña 1999-2000 había sólo 30 mil hectáreas
sembradas que llegaron a 450 mil en 2007. Pero se cree que puede llegar al
millón, lo cual no es nada extraño si observamos el comportamiento de los países
del Mercosur.
Respecto a Argentina, sólo decir que
en zonas de alta productividad, el precio de la tierra se incementó en 132 por
ciento entre 2003 y 2007; y que en la zona triguera se multiplicó por cuatro
desde 1995. La soya ocupa 60 por ciento del área sembrada; desplazó al trigo y al
girasol, y provocó una caída de la producción de arroz, avena, centeno,
fruticultura y horticultura, lo que afecta la soberanía alimentaria del país.
Pero la soya es apenas el emergente más visible de un tipo de
agricultura hegemónico, que está desplazando en todo el mundo la agricultura
familiar tradicional. En efecto, la forma de producción es idéntica para otros
cultivos: los pools de siembra no compran tierra, la arriendan a precios muy
superiores a los que rinden otros rubros, alquilan maquinaria y medios de
transporte, y exportan los granos sin procesar. No hay cadena industrial ni
formación de complejos agroindustriales, lo que redunda en escasa creación de
empleo, y muy mal pago.
Peor aún. Las formas de siembra han cambiado. Ya no se practica rotación entre
agricultura y pasturas para preservar el suelo, sino el sistema de agricultura
continua que erosiona y desgasta el recurso. Se aplica la siembra directa, o sea,
no se rotura la tierra porque se practica el desmalezamiento químico, aumentando
el uso de herbicidas y pesticidas, contaminando las napas. Llamarle “inversión” a
esta forma de producción parece abusivo, toda vez que la continuidad de una
inversión productiva depende del uso adecuado del medio.
Una de las
consecuencias más perversas de la actual especulación con la vida es la que
apunta Javier Rulli en su reciente libro Repúblicas unidas de la soja. Sostiene
que la soya no es un cultivo, sino “un sistema que condiciona cualquier
política”. Estamos, dice, ante un modelo que implica “una guerra contra la
población, el vaciamiento del campo, la eliminación de la memoria del pueblo para
hacinarlo en las ciudades y convertirlo en fiel consumidor de lo que el mercado
les depare”.
Este “sistema” es el que provocó la renuncia de Marina Silva al
Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Lula y el que está acosando al
gobierno argentino. Pero lo peor, recién lo estamos empezando a ver: bajo
gobiernos que se proclaman progresistas y de izquierda se están formando nuevos
bloques de poder capaces de imponer sus condiciones. La más elemental es impedir
cualquier cambio. Si esta fracasara, pueden sobrevenir acciones mayores, como la
que estos meses afronta Evo Morales. Sólo se conocen dos formas de neutralizar
estos bloques de poder: con una acción decidida de los gobiernos para ponerles
límites o con levantamientos populares como los de diciembre de 2001 en Argentina
y octubre de 2003 en Bolivia. Por lo que vemos, el primer camino está encontrando
muchos
obstáculos.
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plaga de monoculti
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