| Asunto: | [ceiten] Muy ajeno a la osadía es el pobre que confía. | | Fecha: | Sabado, 28 de Julio, 2007 20:11:23 (-0500) | | Autor: | Josÿffffffffffe9 De la Rosa <esfoho @.........mx>
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Bueno, aquí las fuentes de a tiro ni salieron pero
puede leerese y entenderse.
Coyote.
MUY AJENO A LA OSADÍA ES EL POBRE QUE CONFÍA
I
Las autoridades formales y el gobierno de Oaxaca no
gozan de ningún reconocimiento institucional por parte
de los pueblos, a pesar de la capacidad de las élites
locales para mantener viejas y nuevas formas de poder
y acumulación. Capacidad que esta dada por el
cacicazgo como medio usual de territorialización,
puesto que las formas corporativas adoptadas por el
desarrollo capitalista en México no se han agotado,
tienen su raíz en la política de masas del cardenismo
que encauzó la lucha económica y social a la llamada
“contienda corporativa”, de la que participó “la
familia revolucionaria”; en tanto que el PRI es un
partido histórico emanado de un proceso armado y de
guerra civil, no es extraño que sus gobiernos locales
garantes de la producción capitalista, sigan
recurriendo a conformaciones peculiares de poder
regionales que pugnan por el mando de la entidad,
concibiendo la gubernatura , los ayuntamientos,
cabildos, juntas auxiliares como un botín patrimonial;
sin embargo, la centralidad del Estado es una ley
inherente a la producción capitalista, y al
establecerse éstas como las relaciones predominantes,
tienden a reunir, agregar y comunicar los distintos
circuitos de producción locales, con los que se puede
entrar en contradicción en las formas de reproducción
en un área pero no con lo que conforma la esencia de
la dominación y explotación, por lo que el poder nunca
se encuentra disperso y Fox-Fecal, Ulises Ruíz y el
PRIAN son responsables directos de los asesinatos,
detenciones y desapariciones forzadas, siempre como
garantes de la clase dominante.
Este panorama social no es nuevo en el México
subdesarrollado del autoritarismo gubernamental, y que
exhibe entidades como Oaxaca en las que la
ineficiencia y complicidad, la corrupción y represión
sean las prácticas en la que sí se incluye a la
población, además de la pobreza y miseria lacerantes .
Y en donde la relación de la política con la economía,
manifiesta el estrecho parentesco entre los intereses
de la clase dominante y la superestructura política.
Hasta no hace poco Fox –ese buen gobernante
neoliberal- intentó establecer una ley regional de
concesiones que permitiera a los inversionistas
financiar proyectos de infraestructura, sin obstáculos
legales en el sureste mexicano, la inversión privada
encontraría garantías de exención fiscal,
desregulación, mano de obra barata, infraestructura,
etc; es decir, la garantía de gobernantes con los
pantalones abajo ofrecidos a la inversión, aunque
estas pretensiones se den de topes con la realidad,
pues el sureste mexicano es la región menos
capitalizada, y en donde estados como Oaxaca , Chiapas
y Guerrero, la mitad de la Población Económicamente
Activa se ocupa en el sector primario , y aunque posea
recursos forestales, de agua y biodiversidad, no
obstante esta riqueza:
“En cambio padece el embate de la silvicultura
predadora, ganadería extensiva y agricultura nómada,
que combinadas ocasionaron deforestación grave, mermas
biológicas, degradación de los suelos y pérdida de
recursos hídricos, todo asociado con un severo daño
social”
Rascando un poco sobre esta situación son los
caciquillos, los patrones lugareños quienes conforman
la rudimentaria burguesía agrocomercial y
agroindustrial con sus redes clientelares
personalizadas , que mas que corromper una determinada
institucionalidad o leyes sin operación real,
entretejen las redes de poder que impiden el
desarrollo de los mecanismos necesarios para lograr
mejoras rápidas, al menos en términos históricos y a
gran escala en los niveles de vida de los pueblos;
pues dichos mecanismos pueden ser económicos, sociales
e institucionales (públicos y privados). Bien, lo que
intentaremos analizar es si es posible hablar de
desarrollo económico regional, pues no se pueden negar
de forma absoluta las reformas parciales, que pueden
mejorar en cierto grado (quizá realmente ínfimo) las
condiciones de vida de los trabajadores del campo, sin
perder de vista cual debe ser la actitud general hacia
el régimen capitalista: destruir su relación de clase,
pues la fuerza la posee la burguesía y por el momento
no el “pueblo”, por más que haya a logrado
constituirse en Asamblea Popular, lucha de resistencia
que hasta ahora, no va a la raíz de los males
sociales en el orden de cosas establecido, sino en
defectos parciales del mismo, careciendo de una
necesaria orientación ideológica programada ante la
problemática que se desarrolla, se erige sólo para
“proteger” a las comunidades de la ilegalidad
caciquil.
Oaxaca es la expresión política de esta situación,
pero decir Oaxaca es decir Guerrero, Chiapas, Tabasco,
Puebla, Campeche, Veracruz…en el sentido político y…
económico, pues conforman la región de México en donde
las condiciones objetivas 96 años después de la
revuelta de 1910, no han cambiado sino que han
empeorado: necesidades sociales acumuladas, caos,
corrupción, pobreza, subdesarrollo, etc; dando como
resultado entidades arruinadas políticamente y sin
apertura democrática, la cual, aunque no resuelva nada
en lo económico y social, abre vías para la lucha
política, y al menos el así llamado conflicto
oaxaqueño, pareciera una reedición de la lucha social
de Guerrero en los años 60, estado donde el motor de
la organización gremial campesina fue el agrarismo
cardenista, sustituido en los años 50 por estrategias
sectoriales de autonomía económica, para llegar a los
años 60 a los agrupamientos cívicos. La APPO es la
reunión de campesinos, estudiantes, profesionales,
capas medias, en la que el gran ausente es la clase
obrera.
“Una de las peculiaridades del caso de Guerrero, entre
la década de los años 50 y 60, podría residir en una
aguda tensión entre cacicazgos y formas de
organización corporativa, entre las cuales destacaban
las ‘nuevas empresas asociativas’ verticales entre
productores e intermediarios, que, al parecer, al
menos entre la coyuntura del cambio entre los
decenios, gozaron del apoyo de los poderes federales.
Sin embargo, los nuevos sujetos, tanto de origen
privado como ‘social’, no parecen haber tenido la
fuerza suficiente para encauzar el choque entre
poderes territoriales, para ‘civilizarlo’ y por tanto
se volvieron parte integrante de aquéllos. Así,
dejaron muy pronto de representar opciones claramente
distintas. Donde los fracasos de la modernización
corporativa se hicieron más evidentes fue en la pugnas
al interior del partido-Estado”
Valga la comparación para explicar que en Oaxaca, la
pugna actual ya no está en la búsqueda de conformar un
mercado interno para el desarrollo de la producción
capitalista y la disputa de facciones, sino una vez
consolidado localmente con sus particularidades
específicas (rudimentaria burguesía agrocomercial y
agroindustrial), se debe “asignar eficientemente” los
recursos que se tienen, en la óptica de la política
económica neoliberal, de forma que los procesos
políticos y económicos deben negar a los pueblos como
portadores de historias, tradiciones e identidad
propia, y aún más, los asentamientos poblacionales
comunitarios y campesinos, su actividad económica, en
la que encuentran curso algunas necesidades sociales
como la cultura, la educación, las formas de gobierno,
que dotan el sentido de pertenencia a los pobladores
son borradas por este desarrollo económico.
“Históricamente han operado mecanismos de control
político y administrativo hacia los municipios
indígenas a partir de los recursos económicos para el
desarrollo. La dependencia económica es tan fuerte que
muchas medidas administrativas se deciden de acuerdo
con las prioridades estatales y nacionales, por lo
que, para obtener la aprobación de recursos, los
ayuntamientos han tenido que cumplir con dos
condiciones: que los servicios demandados estén
contemplados dentro de un programa estatal o federal y
que el Estado esté interesado en hacer excepciones por
razones políticas”
De manera entonces, que la forma concreta que
adquiere el desarrollo de la comunidad, es decir, el
municipio, en Oaxaca, es sinónimo de la defensa
histórica de la defensa de la tierra por los pueblos,
de su territorialidad, gobernabilidad y administración
local.
II
La contradicción entre la burguesía agroindustrial y
comercial local que toma cuerpo en las formas del
sometimiento férreo caciquil y el gran capital
orientado a la agroexportación en una óptica sí
regional pero transfronteriza, en vez de sectotial,
políticas que se impulsan desde el Estado con el
gobierno federal, y los cuerpos policiacos ejerciendo
el monopolio de la violencia, es la que evidencia el
conflicto oaxaqueño, es decir, la incapacidad de
capitalismo para detonar el desarrollo económico de la
comunidad.
“Dentro de la lógica del ‘libre mercado capitalista’
se niega el hecho de que una actividad económica,
también tiene otros valores, consecuencias y
necesidades, que el puro rendimiento financiero.
Trabajar también es una actividad social, crea tejido
social, da sentido e identidad, tiene un componente de
sostenibilidad, etc. Durante siglos se han
desarrollado diferentes tipos de economías, cada una
basada en un intercambio de bienes, adaptado al medio
ambiente, reflejando equilibrios entre diferentes
pueblos y produciendo las interdependencias necesarias
para la convivencia. Todo ello no es calculable en un
valor financiero. Negar estos componentes, (y esta
negación es la base del capitalismo y su regla de la
maximización del beneficio), condena a la mayoría de
la población a la miseria, porque les destruye su
trabajo y su base social, y con ello su identidad,
para convertirla en emigrantes, jornaleros, parados o
‘indigentes’”.
Aunque Hendrick hace sueños guajiros sobre el
desarrollo sustentable, sus conclusiones nos adentran
a lo siguiente: ¿Qué evidencia la lucha social de los
pueblos de Oaxaca? Un desafío al dominio de los
caciques locales y la negativa del sistema de mantener
sus sistemas de desarrollo económico basados en la
comunidad indígena y la organización social campesina,
porque el capitalismo, ni siquiera en esta forma de
avallasamiemto, tolera economías paralelas,
autoproductivas, dizque sustentables, pues por un
lado, siendo objetivos, no generan empleos en gran
escala ni generan ingresos al grueso de la población,
no generan suficientes recursos y capacidades para el
desarrollo que pueda resolver los problemas económicos
nacionales, porque el desarrollo nacional es el de la
burguesía y nada tiene que ver con particularidades de
política agraria, fiscal, industrial o financiera en
determinada entidad federativa, ni con usos y
costumbres de los pueblos, sino con las
particularidades de la organización social de la
producción que da nacimiento a tales políticas. No
obstante, para la organización de la producción las
comunidades reconocen las instituciones municipales,
pues son un producto de la tenaz lucha social
emprendida por la defensa del territorio, de la
propiedad sobre el suelo, mencionar esto en las
circunstancias actuales nos es útil para esclarecer
toda una serie de interpretaciones que confunden e
idealizan los propósitos de la resistencia popular, en
la que la visión de que es una “lucha horizontal”
oculta en realidad la heterogeneidad, la no
uniformidad, pues cada municipio tiene una historia
singular, particular desde su articulación con el
orden colonial y posteriormente con el Estado
capitalista y sus crisis de apertura importadora y
descapitalización que tienen una repercusión e
intensidad regional diferente, pues en los pueblos hay
desigualdades porque hay clases sociales, por lo que
defender la autoorganización resaltando los valores de
las comunidades, tiene valía si no se desapercibe de
la profunda raíz comunitaria y popular, pero además si
se apuntala la visión objetiva de transformar las
relaciones sociales sobre principios verdaderamente
democráticos que sólo puede lograr un programa
socialista.
Ahora bien, ¿cuál fue el detonante que originó la
movilización qué duró más de seis meses en Oaxaca, en
la que participó todo el estado en contra de Ulises
Ruíz y el PRI-AN que lo sostuvo? Como sabemos fue el
fallido desalojo del plantón magisterial en el zócalo
de la ciudad, por la revisión contractual de la
sección 22 del SNTE en la que 70 mil maestros
enarbolaron una demanda economicista por mejoras
contractuales:
“En esta ocasión, el comienzo de un paro de labores se
sustentaba en el reclamo de rezonificación de los
mentores por vida cara, dado el alto grado de carestía
en esa entidad turística; la atención al rezago
educativo de más de 20 años en los 11 subsistemas ante
la insuficiencia de infraestructura básica, y plazas
de docentes y personal de apoyo”.
El ofrecimiento económico de 60 millones de pesos y la
amenaza de represión para “solucionar” el conflicto,
fue la respuesta por parte del gobierno. De inmediato
este carácter represivo e intolerante fue denunciado
por la dirigencia magisterial. La simple demanda
laboral, poco a poco se consolidó con los bloqueos a
carreteras, ocupación del zócalo de la ciudad,
manifestaciones y la primera marcha de 80 mil personas
“donde participaron ya el Frente Sindical de
Organizaciones Democráticas, la Promotora de la Unidad
Nacional contra el Neoliberalismo y la Red
Internacional de Indígenas Oaxaqueños. A las
reivindicaciones magisteriales se añadieron peticiones
de esclarecer el asesinato de Moisés Cruz, dirigente
de esas organizaciones, victimado, según denunciaron,
por pistoleros al servicio de caciques priístas”.
Permítasenos una nueva comparación para esclarecer
porque la constitución de la APPO terminó por rebasar
las demandas y prácticas políticas de la CNTE, pues
esta Asamblea Popular “se fijó el objetivo de iniciar
una lucha prolongada para la destitución de Ruiz y la
desaparición de poderes, ante el carácter represivo de
la administración estatal.” Y el porque los
campesinos, indígenas y trabajadores movilizados
vieron la posibilidad de confrontar y perfilar una
forma de organización en contra de la opresión del
poder económico y político. Si evidentemente,
pareciera que estuviéramos hablando de la situación
política de lo años sesenta en Guerrero, valga la
comparación entonces:
“La política de reproducción del atraso llevaba
evidentemente consigo todo sus riegos: la naturaleza
de los enfrentamientos y sus modalidades podían
cambiar en el tiempo y en las diversas regiones del
estado, pero la pugna era permanente y, dado que las
formas de poder caciquil tienden a involucrar a los
grupos subalternos, el conflicto arrastraba con cierta
regularidad a los sectores populares”.
Los maestros ‘involucrados’ arrastraron con sus
demandas a los productores que han luchado por
conquistar su autonomía organizativa y política para
la defensa de sus niveles de vida así como de sus
derechos como productores, una lucha por no desertar
como productores locales del mercado, de la
competencia, una lucha por enfrentar la corrupción y
la represión que no permite la inversión en
infraestructura para el desarrollo comunitario y
regional, es decir, de la eficiencia de la pequeña
empresa. De ahí que erigirse como un defensor
acrítico, a ultranza del autonomismo, no nos dejará
capacidad para analizar la importancia de los planes
regionales, las formas asociativas que concreticen
proyectos de comercialización, agroindustrialización,
obtención de créditos y de insumos a la producción, y
que son utilizados para neutralizar la organización
popular, pues si es posible llegar economías
auto-sostenibles, su mantenimiento por el control
político y mercantil y por la competencia a la que se
ven sometidos las desplaza y desaparece. De ahí que en
las actividades de autoconsumo padezcan las formas más
tradicionales de explotación: acaparamiento de tierras
por parte de autoridades comunales o ejidales, despojo
de parcelas, usura, etc. Y sobre las producciones
mercantiles se erijan los cacicazgos modernos.
“El autonomismo reivindica correctamente el uso de la
acción directa como un rasgo de los nuevos
agrupamientos de lucha. Pero no observa que
complementan la utilización de este recurso con
legítimas negociaciones y maniobras. Estos movimientos
valoran el sentido de comunidad y apuntalan los
principios de solidaridad, pero esta conducta se
encuentra incorporada a todas las acciones colectivas
de las clases oprimidas. Lo novedoso solamente radica
en como se renueva esa tradición.”
De manera tal que las organizaciones autónomas son un
mecanismo de control social efectivo cuando logran
desbordar la acción institucional marcada por el
autoritarismo, la ineficiencia, el burocratismo y la
corrupción, pero por su acción y concepción se
divorcia de la realidad en la que domina la
organización social y económica del capitalismo,
idealizan la “organización de nuevo tipo”, alternativa
al modelo de Estado y al propio del capital privado,
pues son incapaces de crear circuitos económicos y
políticos iguales o semejantes en sus funciones
económicas y reduce su lucha a una actividad moderada,
cuidadosa que no afecte seriamente los intereses de
ellas mismas como organización, y se desaperciben,
teóricamente, de la inevitabilidad, condicionada por
la organización económico-social, de la burguesía, de
la que ideológicamente no admiten su presencia para
combatirla.
III
Demandas sociales que han apuntalado en lo económico a
la APPO son:
-Reivindicar e impulsar las cooperativas y otros
mecanismos económicos en que los medios de producción
estén en manos de los trabajadores.
Es decir, la defensa de la pequeña economía
independiente que apuntale el desarrollo de programas
económicos populares. Ahora bien, cómo debe tratarse
la problemática que perfilan estas demandas. Si
tomamos como punto de partida los parámetros que han
intentado medir la capacidad de desarrollo en el
estado, aún con estas cifras que de ninguna manera se
orientan a proponer cambios en la lógica del sistema
que produce y reproduce estos extremos de desarrollo,
se nos dice:
“En Oaxaca se observan los extremos de desarrollo más
distantes en una entidad federativa mexicana. Allí
encuentra uno de los municipios con mayor nivel de
desarrollo, Santa María del Tule, con un IDH de 0.86,
pero también uno de los de menor desarrollo humano,
Coicoyán de las Flores, con un IDH de 0.39. En un
nivel similar al último están los municipios de San
Simón Zahuatlán, Santa Lucía Miahuatlán, Santa María
la Asunción, Santiago Ixtayutla, Huautepec y Santo
Domingo Tepuxtepec”
El IDH, que pretende ser un indicador social engloba
tres parámetros: 1) Vida larga y saludable, que mide
la esperanza de vida al nacer, 2) Educación, que
pondera la tasa de alfabetización de los adultos y los
niveles e matriculación en educación básica y 3) Nivel
de vida digno, ponderado por el PIB per cápita. Por
supuesto que este índice no permite deducir el
carácter social de la producción que lleva a cabo la
producción capitalista y la apropiación privada,
individual de la riqueza, pues no es su objetivo; no
obstante, podemos apreciar las condiciones que
enfrenta el desarrollo en México, sin las cuales sería
difícil pensar en el desarrollo ulterior al
socialismo, y vislumbrar la tragedia que en el campo
económico enfrentan por su supervivencia los pueblos
de Oaxaca… Guerrero… Chiapas…, etc. Tomemos íntegros
los datos de los datos de Carlos Fernández Vega
vertidos en su columna de periódico La Jornada, México
S.A.:
“Las tasas de mortalidad infantil por enfermedades
infeccionas son tres veces el promedio nacional en
Chiapas, y 2.5 veces en Oaxaca. De acuerdo con el
Banco Mundial, sin duda una de las instituciones que
más apoyó al régimen del "cambio", los
indicadores de la situación de salud de Chiapas,
Oaxaca y Guerrero siguen por debajo del promedio
nacional. Tales estados se encuentran en el extremo
inferior en la lista de los ordenados según esperanza
de vida en el momento de nacer, y esperanza de vida
libre de discapacidad en el momento de nacer, si bien
las diferencias parecen bastante menores en relación
con las diferencias de ingreso. Sin embargo, la brecha
en la esperanza de vida entre el promedio nacional y
cada uno de los estados no se redujo de manera
significativa.
La incidencia de pobreza más alta está en las áreas
rurales de los estados del Pacífico sur -Chiapas,
Guerrero y Oaxaca- donde todavía cerca de 50 por
ciento de la población vive en la pobreza extrema,
seguidas del Golfo sur y la región del Caribe, donde
aproximadamente 35 por ciento de la población es
extremadamente pobre. Esto se compara con 19 por
ciento en el centro, 10 por ciento en el norte y 4 por
ciento en la ciudad de México. En términos de números
absolutos, es importante notar que hay grandes grupos
de quienes viven en la pobreza extrema que habitan
fuera de estas regiones del sur. Por ejemplo, cerca de
un cuarto de todos los pobres extremos de México viven
en áreas urbanas en los estados del centro.
El acceso a los servicios básicos de salud sigue
siendo esporádico en algunas partes del país. Así, los
indicadores de resultados de salud en Chiapas, Oaxaca
y Guerrero siguen
rezagados con respecto al promedio nacional. De hecho,
estos estados se ubican en el renglón bajo de la lista
de estados clasificados por esperanza de vida al
nacimiento, y en los niveles más altos en términos de
mortalidad materna.
Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en tasa de
fecundidad, el quinto en tasa de natalidad, el 31 en
esperanza de vida al nacer, el noveno en migrantes
internacionales, el sexto en hogares con jefatura
femenina, el 31 en acceso a los servicios médicos
institucionales, el primero en mortalidad y el segundo
en mortalidad infantil. El 35.2 por ciento de la
población habla lengua indígena y español; 14.3 por
ciento sólo lengua indígena.
En disponibilidad de servicios básicos (agua de la
red pública, drenaje y energía eléctrica) ocupa el
escalón numero 32, es decir, el último, como también
en viviendas con piso de tierra y en al agua potable.
El penúltimo en disponibilidad de bienes como
televisión, refrigerador, computadora, lavadora. El
último en crédito e inversión (pública y privada)
ejercidos en vivienda.
Tercer lugar nacional en población analfabeta (19.3
por ciento del total), sólo por debajo de Chiapas
(21.3 por ciento) y Guerrero (19.9 por ciento), contra
8.4 por ciento de promedio nacional. Casi el 7 por
ciento de la población de seis a 14 años no asiste a
la escuela; 17.4 por ciento de la población de 15 años
de edad en adelante no tiene instrucción, y 20.5 por
ciento no concluyó la educación primaria. El grado
promedio de
escolaridad en el estado es de 6.3 años, contra 7.9
como promedio nacional. Oaxaca ocupa el lugar número
13 -a nivel nacional- en educación básica, el 32 en
media superior y el 31 en educación superior.
Los indicadores de educación de Oaxaca revelan lo
siguiente: en educación primaria ocupa la cuarta
posición nacional en deserción, el primero en
reprobación y el 27 en eficiencia terminal; en
educación secundaria, en el mismo orden, los lugares
11, 25 y 24, y el 26 en absorción: en profesional
media (técnica) las posiciones 21, 4, 15 y 28,
respectivamente; en bachillerato, los escalones 23, 6,
6 y 25, en cada caso. Por lo que toca a la absorción
en educación superior, el estado ocupa el penúltimo
lugar nacional.
En infraestructura , recursos y consultas externas del
sector salud, Oaxaca ocupa las siguientes posiciones
en el ámbito nacional: novena en hospitales, tercera
en unidades de consulta externa, 14 en número de camas
hospitalarias, sexta en consultorios, 14 en
laboratorios de análisis clínicos, 14 en personal
médico, 17 en personal paramédico, 13 en consultas
externas, 29 en quirófanos, 29 en número de médicos en
contacto directo con el paciente, y el 30 en
enfermeras. La participación de la medicina privada en
estos renglones hace que Oaxaca ocupe del escalón 15
al 32.
El 23 por ciento de la población ocupada en Oaxaca no
recibe ingreso, contra 8.7 como promedio nacional, lo
que ubica a la entidad en segundo lugar, sólo superada
por Guerrero (27.3 por ciento); 43 por ciento obtiene
hasta dos salarios mínimos, 26 por ciento entre dos y
cinco. El 45 por ciento se emplea en el sector
servicios y 35 por ciento en el agrícola, pesquero y
silvícola.
Oficialmente, el índice de desempleo abierto es
cercano a 2 por ciento de la PEA. Ocupa el último
lugar nacional en producto interno bruto per cápita.
Ochenta por ciento de los ingresos públicos estatales
corresponden a aportaciones federales. Sólo 0.5 por
ciento son impuestos estatales. Tiene el último lugar
en inversión
extranjera directa, y el grueso de ella se ha
canalizado a las zonas turísticas de playa, Huatulco
fundamentalmente”.
Vemos entonces que el problema es mucho más complejo
de lo que parece y tiene que ver con la organización
social nuestra economía que es una economía
capitalista, sobre tal base, cualquier cooperativa es
un paliativo insignificante, porque no suprime la
concentración de los medios de producción y dinero en
unas cuantas manos, ni el empobrecimiento absoluto de
la mayoría, en el mejor de los casos unos cuantos
pequeños productores, si logran mantenerse en el
circuito del mercado ascenderán por encima de la
inmensa mayoría empobrecida. Lo que reduce la lucha
social a lo individual. Pero también estas condiciones
clarifican que no puede haber desarrollo ni
capitalista, ni socialista sin independencia económica
y sin la lucha política por deshacerse del desarrollo
oligárquico-dependiente, algo que de manera franca
empezó a hacerse latente en la confrontación social de
Oaxaca, donde la APPO con todas sus limitantes unió
campesinos, estudiantes, profesionales, capas medias
que aspiran a la equidad, el bienestar, la libertad
política, la democracia, vías políticas que el
gobierno estatal y federal quieren cancelar mediante
la represión:
“’La Comisión Civil Internacional de Observación de
los Derechos Humanos (Cciodh) documentó luego de su
quinta visita a México que en Oaxaca ‘hay una
estrategia jurídica, policíaca y militar... cuyo
objetivo último es lograr el control y amedrentamiento
de la población civil’. Efectivamente, este tipo de
acciones se enmarcan, como comentaba a Página/12 Isaac
Torres, abogado de la Liga Mexicana por los Defensa de
los Derechos Humanos (Limeddh), ‘en un proceso de
represión conjunta desde el ámbito estatal y federal
que se inicia con la llegada de la Policía Federal
Preventiva (PFP) el 29 de octubre y que incluye al
menos 23 muertos, alrededor de 20 detenciones
arbitrarias en la actualidad, abusos de autoridad, un
sinfín de violaciones a los derechos humanos y las
garantías individuales, hostigamientos y amenazas,
entre otros’”.
La desaparición de poderes por el carácter fascista
del gobierno estatal apoyados por la derecha yunquista
del PAN, que enarboló como eje aglutinante la APPO,
evidencia las relaciones de poder en donde el hombre y
las clases están enmarcadas por las relaciones
sociales de producción que genera condiciones de
subsistencia, polos turísticos y comerciales, alta
productividad en los valles del norte dirigidos a la
exportación, a despecho de míseros salarios,
importación de granos básicos, caída de precios del
café, migración, analfabetismo, insalubridad y pobreza
extrema. Y aunque los pueblos reconocen las
presidencias municipales, o a las personas que
representen las agencias de la policía municipal
elegidas por usos y costumbres:
“Si bien los municipios oaxaqueños indígenas reconocen
y aceptan estos cargos, en la práctica tanto sus
funciones como su forma de nombramiento son distintas.
En general se puede afirmar que los pueblos han
logrado mantener un importante grado de
autodeterminación política interna, sin dejar de estar
subordinados a las estructuras impuestas por el Estado
nacional.”
Es decir, por el lado de las relaciones económicas
capitalistas se subsume la autodeterminación política
interna, la subordina, tal ha sido uno de los tantos
casos en que las mismas comunidades le han apostado a
la ganadería extensiva como última alternativa
económica, intentando escapar de la migración a la
nación usana por la crisis cafetalera de los novena.
El avance de los potreros demuestra que la selva
montañosa no es apta para la ganadería:
“La falta de cultura en el manejo además de la nula
capacitación y asistencia técnica, traen como
consecuencia rendimientos muy bajos, mucha
destrucción, agotamiento de manantiales, pérdida de
suelos y alta mortandad del ganado, pues lo único que
se hace es abrir grandes extensiones de potreros y
soltar a las vacas en libre pastoreo.
Para nosotros el ganado es sólo un ahorro que nos
permite salir de algún apuro económico, cuando tenemos
que enviar dinero a nuestros hijos que estudian fuera
o se nos enferma algún familiar y necesitamos comprar
medicina. Nuestro pueblo sigue siendo campesino, lo
malo es que no hay mercados para nuestros productos"
La subordinación a sí misma que logra la burguesía del
trabajo del pueblo, su centralización y dirección y la
elevación de la productividad son la base de la
producción capitalista que no se desarrolla por
casualidades sino a la necesidad propia de la
estructura de económica de las relaciones
predominantes en la economía social, que se sustituyen
incidiendo, apelando al desarrollo de las
contradicciones de clase en este orden económico dado
que se quiera o no es el que tenemos.
IV
Otra demanda económica apuntalada por la APPO es la
siguiente:
-Instrumentación de proyectos de desarrollo regional
sustentable. Se propone que la sociedad Oaxaqueña debe
impulsar una legislación sobre la sustentabilidad y el
medio ambiente.
Bien, para abordar esta propuesta, adentrémonos a ver
lo que en la discusión teórica define a una comunidad
y si es viable para el desarrollo regional; en su
forma más general la comunidad puede definirse de la
siguiente manera:
“Las comunidades constituyen asentamientos
poblacionales que, a su vez, resultan parte
de otras organizaciones mayores y se pueden definir
como un espacio físico ambiental,
delimitado geográficamente y en cuyo seno se producen
interacciones sociopolíticas y
económicas que traen consigo un conjunto de relaciones
interpersonales sobre la base de las necesidades
existentes. Cada comunidad es portadora de
tradiciones, historias e identidad propia que se
identifican con los intereses y el sentido de
pertenencia del grupo que integra dicho espacio, y que
al mismo tiempo la diferencian del resto de las
comunidades.”
Como se percibe la comunidad no permite extender el
radio de acción del trabajo más allá de sus límites
propios, porque no logra concatenarse geográficamente
para operar productivamente sobre los objetos de
trabajo, la órbita de producción no se extiende más
allá de lo que posean los productores independientes,
no hay una reducción del tiempo y espacio económicos
porque no se emplean de manera simultánea por una
misma dirección económica, los procesos de trabajo son
individuales, desperdigados y sin relación con una
misma dirección económica. Ahora se intenta recrearlas
a partir del desarrollo regional sustentable para
romper su cautiverio político y recuperar su
territorio, aunque el conjunto de circunstancias
culturales, económicas y sociales en que viven los
pueblos, es decir, el medio ambiente, es
incontrolable, y la necesidad e inevitabilidad del
dominio burgués es lo que miramos con atención, nada
más.
“El pensamiento racional de ‘occidente’, niega el
valor del medio ambiente, niega el valor de una
agricultura como equilibrio entre el trabajo, la
producción de alimentos y el medio ambiente. Si todas
estas culturas del Sur han sobrevivido miles de años,
significa que tenían sus propios sistemas de
desarrollo económico. Este desarrollo estaba basado en
equilibrios complejos entre diferentes comunidades y
adaptados a la realidad del clima y medio ambiente. La
colonización fue una primera destrucción de estos
sistemas económicos, y con la ‘apertura’ de los
mercados, sobre todo del mercado agrícola, millones de
campesinos se quedan sin posibilidades de cultivar,
vender sus productos y les quiebra su forma de vivir.”
Hendrick, expresa una de las tesis autonomistas que se
desapercibe de que las relaciones del capitalismo se
mueven a partir de la acción mutua de sus componentes,
de sus diversas partes y fuerzas antagónicas, nunca en
estado de reposo, sin conflicto, como sería
representárnoslo como un equilibrio estable entre el
trabajo, la producción de alimentos y el medio
ambiente, si acaso tenemos coexistencia para
sobrevivir, demostrado está, sin embargo, que la
autosuficiencia es cosa del pasado, la relación entre
el medio ambiente y las comunidades nunca se producen
en idéntica proporción, la ruptura de los equilibrios
en la comunidad no conduce a reestablecer las mismas
condiciones de equilibrio anteriores, sobre la misma
base, por tanto, no pueden no aceptarse sistemas de
desarrollo porque el equilibrio estable no existe en
la realidad.
Las estructuras regionales de dominación en Oaxaca,
basada en una compleja red de relaciones o mecanismos
de dominación directa (violencia, asesinato,
desapariciones) y el manejo de mecanismos de control
de poder, ha recreado las comunidades para el capital
dentro de la lógica de la ganadería extensiva que
requiere de mano de obra disponible y que se somete a
formas de explotación semifeudales y neocoloniales; y
para el capital transnacional, con la complicidad de
las elites locales, las comunidades y sus territorios
representan “territorios de conquista y ocupación” en
las que el ‘desarrollo sustentable’ no es sino
retórica inventada para infiltrarse con piel de
cordero. Oaxaca, es un polo neurálgico para la
inversión extranjera, citemos ahora a Carlos Fazio:
“La instalación de una zona con vocación de paraíso
fiscal para maquiladoras dedicadas a ensamblar
productos; la construcción de grandes almacenes y
centros de distribución, y una red de corredores
multinodales (carreteros, ferroviarios y portuarios),
como ruta de carga para mover grandes volúmenes de
mercancías y contenedores. Un país subordinado con una
economía de servicios en función de los intereses de
Estados Unidos. El viejo sueño geopolítico de Corthell
y del capitán Shufeldt, de hacer un mare nostrum
estadunidense en el Golfo de México. El proyecto para
la conformación de un corredor de transporte
multimodal contemplaba una inversión de 220 millones
de dólares para la operación y modernización del tren
transístmico y las terminales marítimas de Salina Cruz
y Coatzacoalcos, así como para la ampliación de la
autopista que uniría ambos puertos. Se argumentó
entonces que por esa vía se podrían transportar hasta
200 mil contenedores al año. Se definían incluso los
posibles inversionistas: para administrar la ruta
férrea estaban "anotados" Wisconsing Central Railroad,
Ancostia & Pacific Railroad, Railroad Development
Corporation, Omnitrack Railroad y Canac International
of Canadá. Para transporte multimodal figuraban Danzas
Corp., Kulme & Nagel, Alliance y Pinalpina
Internacional. Para terminales de contenedores: P&O,
Stevedoring Services of America, Eagle Marine e
International Container Terminal Services. Entre las
empresas de construcción e ingeniería especializada se
mencionaba a ICA, GMD, Tribasa, Bechtel Corporation y
Brown & Roo. En 1996, en plena danza de los "rescates"
carreteros zedillistas y la privatización de las redes
de comunicación terrestres y aeroportuarias, que
comprendió la licitación de la empresa Ferrocarriles
del Sureste (incluida la ruta férrea transístmica), el
proyecto fue rebautizado. El secretario de
Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán,
lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de
Tehuantepec, antecedente inmediato del Plan
Puebla-Panamá, al que el presidente Vicente Fox y sus
patrocinadores foráneos agregaron ahora el tramo
Suichate-Puerto Colón. Según Ruiz Sacristán, 80
empresas extranjeras estaban interesadas en invertir
en la construcción de un corredor transístmico
ferroviario privado y en dos unidades generadoras de
energía eléctrica. Se mencionó, incluso, que la
familia real de los Emiratos Arabes estaba interesada
en entrarle al negocio, sufragando la construcción de
una autopista de 411 kilómetros entre Coatzacoalcos y
Salina Cruz, que se conectaría con La Ventosa y el
ramal Huatulco. El megaproyecto, que acentuaba el
destino de México como una zona ensambladora bajo el
régimen de maquiladoras, "integraba" ya a las
industrias química y petroquímica, de refinación, de
cultivo forestal -con siembra de eucaliptos en Los
Chimalapas, Santiago Yaveo y San Juan Cotzocón-, de
camaronicultura, de explotación de minerales no
metálicos -mármol, roca fosfórica, sal de mar- y de
textiles, así como la ampliación del complejo
turístico en Huatulco y grandes obras de
infraestructura. En los proyectos gubernamentales
pocas veces se recuerda que por su posición
geopolítica el Istmo de Tehuantepec es considerado una
zona de seguridad nacional. Allí se refina la tercera
parte del crudo mexicano y se elabora 88 por ciento de
los productos petroquímicos. La región es rica en agua
y encierra un enorme potencial hidroeléctrico, además
de poseer uranio y otros minerales estratégicos, así
como una gran variedad de biodiversidad. Ahora, toda
esa región y sus riquezas se pretenden abrir al
capital extranjero, proyecto que incluye, también, una
eventual privatización disfrazada de la paraestatal
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En 1996, cuando
el gobierno de Zedillo inició la privatización del
sistema ferroviario, distintas voces se alzaron para
impedir que el entonces llamado Ferrocarril del
Sureste quedara en manos del capital foráneo. El ex
dirigente empresarial y ex funcionario público
Francisco Cano Escalante argumentó que dejar en manos
privadas el tramo ferroviario en ese corredor
geopolítico vulneraba la soberanía nacional. Debido a
su carácter "estratégico", en septiembre de 1997 el
gobierno federal decidió que la ruta del sureste se
dividiría en tres segmentos, y que el tramo
Coatzacoalcos-Salina Cruz sería operado por una
paraestatal. La empresa quedó inscrita en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2000, bajo la
denominación Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA
de CV.”
Tenemos entonces que se trata del Megaproyecto
Integral del Istmo de Tehuantepec, hoy rebautizado
como Plan Puebla-Panamá, y como se ve tiene sentido
resistir la destrucción de soberanía económica, pues
la eliminación de toda posibilidad de revoluciones es
mera manipulación ideológica, pues el capital no se
puede independizar de la fuerza de trabajo, esta
contradicción es objetiva, otro es el problema de las
condiciones subjetivas, de tal modo, la unión
organizativa de la APPO, que va en el sentido de unir
obreros, estudiantes, campesinos, profesionales, capas
medias, quizá empresarios nacionales y a todas las
fuerzas sociales; teóricamente puede ir más allá de
tener una “adaptación social mutua”, acciones más allá
de la “actividad solidaria”; es claro que no se trata,
como dice la Dra. Bertha Elena Muñoz, la voz del
movimiento desde Radio Universidad:
“No es un “movimiento de revolución. Es simplemente de
respeto a las leyes que ya están. La ciudadanía se
unió a la movilización magisterial, transformándola en
lucha social, luego del intento de desalojo por parte
del gobierno estatal el pasado 14 de junio, cuando la
policía local agredió el plantón que sostenían los
mentores en el zócalo de la capital oaxaqueña. A lo
anterior, suma la injusticia: ‘En Oaxaca hacen falta
escuelas, agua, pavimentación, electrificación, las
cosas más elementales’.
‘Pueden seguirnos reprimiendo y quizá dentro de una
semana en lugar de 10 personas escondidas seamos 50, y
a lo mejor otra vez vuelven a llenar las cárceles y
quizás vuelvan a balacearnos. Pero repito: la gente
decidió echarse a caminar y no la van a parar, el
movimiento sigue y va a seguir.’
‘No se trata de odio, éste no nos mueve. Nos mueve
simple y sencillamente un deseo de justicia, de que no
podemos seguir viviendo, en pleno siglo XXI, como si
estuviéramos en el porfiriato, en donde cualquier
cacique de pueblo, si alguien está en su contra, lo
manda matar y tranquilamente ya se componen las cosas.
Y esa es la situación de Oaxaca"
Y aunque pudiera se compatible con el sistema la caída
de URO de Oaxaca, el sistema no lo puede soportar ni
satisfacer, pues la desigualdad, pobreza, miseria
económica, desempleo estructural, discriminación
forman la esencia de su política represiva.
La unidad de lucha es una condición de los oprimidos y
dominados que puede crear condiciones para el
desarrollo de una lucha política de clase cada vez más
extensa y precisa, sin los recursos y capacidad de
organización suficientes, plantear la independencia
económica para empezar a resolver los problemas
sociales y económicos del país, manteniendo la unidad
de acción es todo un desafío, sobre todo cuando se ha
sido capaz de agruparse y de enfrentar la represión.
En un país en que el pueblo también ha sido capaz de
mantener la lucha armada, aunque sea para abrir cauces
políticos a la detención de las desapariciones y
asesinato de líderes políticos, todo provocado por la
injusticia de las condiciones materiales de vida de la
mayoría, no la descalifica, todo lo contrario la
enaltece y prueba que en la transformación que
requiere la Patria todos los esfuerzos se verán
sumados y contribuirán en mayor o menor medida.
V
Muy ajeno a la osadía es el pobre que confía, reza un
sabio dicho popular, el 16 de julio de 2007, durante
la Guelaguetza Popular, un enfrentamiento provocado
por las fuerzas policíacas del estado dejó un saldo
de más de 40 detenidos, decenas de heridos, dos
heridos de gravedad y varios inmuebles semidestruidos.
Por supuesto que la mayoría de la gente ya no cree las
versiones que desde los medios de comunicación
responsabilizan a la APPO de estos hechos, y queda de
manifiesto el carácter represivo de la administración
estatal en colusión con los cuerpos federales. Y
aunque en detalle no lo sepa, el pueblo empieza a
darse cuenta de que al frente de las empresas que le
pertenecen constitucionalmente – tal es el caso de
PEMEX- se encuentran secretarios de Estado de escaso
perfil político, como Kessel, mejor conocida como
coautora del artículo: "El sur también existe: un
ensayo sobre el desarrollo regional de México", que
escribió con Santiago Levy, ex director del Instituto
Mexicano del Seguro Social y subsecretario de Hacienda
en el gobierno de Ernesto Zedillo, y Enrique Dávila,
que fue base del Plan Puebla-Panamá, y que se quiere
imponer en el sureste mexicano.
El crecimiento económico de las administraciones
tecnócratas esta muy alejado del bienestar del pueblo,
en la óptica de los neoliberales se separa el “combate
a la pobreza” del “desarrollo regional”, en aquél, se
hace uso de los programas de focalización para
administrarla mejor, en éstos, se trata de liberar el
potencial productivo de las regiones, sobre este caldo
de cultivo, se sazona la lucha popular en Oaxaca, que
podríamos resumir en el balance de periódico Pagina
12:
“Como señala Gustavo Esteba en su artículo
“APPOlogía”, son tres las alternativas que se
presentan: por la democracia formal (partidos
políticos de izquierda como el Frente Popular
Revolucionario que avalaban la idea de que la APPO
presentara candidatos), por la democracia
participativa (sobre todo sectores de la sociedad
civil u ONG que hacen hincapié en mecanismos legales e
institucionales como el referéndum y la consulta
ciudadana) y por la democracia radical (sobre todo
impulsada por sectores autonomistas para volver de
hecho a la ley de “usos y costumbres” que permite a
418 de los 512 municipios en el estado de Oaxaca
administrarse por asambleas comunitarias).
Todos ellos, antes unidos por el reclamo de la salida
de Ulises Ruiz, hoy no encuentran espacios de
consenso, lo que quedó demostrado en la 2ª asamblea
estatal de la APPO, el 2 de junio de este año; “por
diversidad de ideologías tenemos una crisis de
funcionamiento y nos estamos madreando”, decían en una
intervención. “Es que esa consigna ya no tiene la
misma fuerza, ya no existe la certeza de que la semana
que viene sí cae”, comentaba Eduardo Almeida,
participante de la asamblea. Esta idea se derrumbó en
el momento en que quedó explícito el pacto del PRI con
el Partido de Acción Nacional (PAN) del presidente
Felipe Calderón, por la necesidad de ambos de mantener
al gobernador. El primero por cuidar sus espacios en
un momento de repliegue después de más de 70 años del
control absoluto del Estado; el segundo por la
necesidad de mostrar gobernabilidad en un inestable
escenario nacional marcado por las denuncias de fraude
en las elecciones presidenciales de julio del 2006.
Los maestros no tenían idea de lo que iba a desatar el
‘Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó’, la consigna
después del desalojo del 14 de junio. Esa frase es la
que logra la articulación inmediata y masiva de las
organizaciones sociales que estaban ahorcadas en la
esquina como consecuencia de la política de mano dura
de URO. Así se conforma la APPO, por la demanda de su
salida. Ahí se encontraban sindicalistas, campesinos,
indígenas, estalinistas, maoístas, gente de López
Obrador (el líder del Partido de la Revolución
Democrática, PRD), trotskistas, autonomistas
adherentes a “la otra campaña” zapatista. Lo que hubo
entonces fue una gran masa demandando la renuncia, eso
es lo que unía, no una determinada línea ideológica”,
afirmaba Yesica Sánchez Maya, directora de Limeddh. En
paralelo, por supuesto, cada uno mantenía una
interpretación sobre el proceso: como un revolución
social, como una revuelta, una rebelión, asimilaciones
a la Comuna de París, al levantamiento zapatista de
1994, a los soviets rusos. Hoy son esas
interpretaciones las que entran en disputa. Estas
discusiones, sin embargo, son las que caracterizan al
Consejo de la APPO, escindido hoy de las bases. En
estas, otras son las perspectivas y las lecturas:
“Muchos fuimos sin ganar nada, como sociedad civil,
porque estábamos hartos de los dirigentes. La lucha y
la resistencia fue muy buenas porque nos dejaron
muchos conocimientos. Ahora hay que pasar a otra
instancia, la de la construcción. Si se quiere quedar
Ulises, ya no nos vamos a quedar en eso, nos vale
madre, que hable solo como loquito, ya nadie lo
reconoce, ya nadie lo respeta. Mientras tanto la gente
en las bases tiene muchas ganas de trabajar, de hacer
cosas”, comentaba Viviana, estudiante de Derecho y
participante de lo que fue la barricada de Calicanto.
Martínez Vásquez coincide: “Aunque golpeado y
desorganizado, el movimiento sigue. Existen sus
banderas en la ingobernabilidad, en las organizaciones
sociales, en las actividades de las colonias. Va a
tener que haber cambios; si no la normalidad nunca va
a lograrse”.
Muy ajeno a la osadía es el pobre que confía, ni duda
cabe.
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Muy ajeno a la osa
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