| Asunto: | [cambiemosargentina] Avanza el plan mordaza de Cristina: (Si hay menos acceso a la información, mejor) | | Fecha: | 29 de Abril, 2008 18:09:21 (+0200) | | Autor: | Marcelo Mauricio <marcelomauricioosores @.........ar>
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Esta mañana trascendió el plan que profundizará la gestión de la presidenta
Cristina Fernández y que sigue un lineamiento de la gestión de su marido: no
modificar el decreto de Kirchner, pero sí complicar el trámite de protesta ante
el incumplimiento de un funcionario.
BUENOS AIRES ( Ámbito Financiero) El gobierno resolvió ayer reglamentar el
sistema de Acceso a la Información Pública que el propio Néstor Kirchner había
lanzado por decreto a tres meses de asumir la presidencia, complicando así un
procedimiento que hasta ahora había servido, por ejemplo, para conocer la
verdad
sobre lo que había sucedido en el Ministerio de Economía en torno al escándalo
del Caso Greco.
Ahora el gobierno, mediante una resolución conjunta de la Secretaría de
Gabinete y Relaciones Parlamentarias y la Fiscalía de Control Administrativo,
estableció que la Oficina Anticorrupción será el órgano encargado de aceptar o
no
las quejas por funcionarios que se nieguen a informar y hasta podrá
desecharlas.
El resultado es que ante el silencio del Estado, a la oposición o cualquier
ciudadano le será más difícil llegar a la Justicia para exigir la apertura de
archivos, al contrario de lo que sucedió hasta ahora.
El procedimiento de Acceso a la Información había sido aprobado por Kirchner
mediante el decreto 1172/2003. Así agilizó el proceso para que cualquier
ciudadano pudiera acceder a información reservada del Estado con la posibilidad
de denunciar ante la Oficina Anticorrupción o inclusive a la Justicia al
funcionario que se negara a brindar los datos requeridos.
El sistema comenzó a ser utilizado poco después por la oposición en el
Congreso, cansada de que ningún pedido de informes fuera tratado en los
recintos.
El radicalismo terminó haciendo del decreto un arma que complicó al gobierno en
varias oportunidades. Por ejemplo, mediante la libertad de información que
estableció el 1172, se denunció al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por
no haber informado al Senado el destino y la justificación de un incremento de
$
300 millones en subsidios a empresas y al sindicato del transporte fines de
2006.
En esos mismos días, los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, lo usaron
para
intimar a Felisa Miceli a que diera explicaciones sobre su decisión de pagar $
578 millones por deudas con los ex integrantes del Grupo Greco, cómo aprobó el
ministerio de Economía esa liquidación y los procedimientos que adoptaron los
abogados defensores del Estado en esa causa.
Todos esos procedimientos, a los que luego se sumaron otros similares por obras
públicas, subsidios y firma de DNU, se basaron precisamente en las
reglamentaciones sobre Acceso a la Información Pública, que aprobó Kirchner en
2003.
* Puntilloso
El régimen que instauró el ex presidente es puntilloso al límite de fijar el
modelo de planilla para registrar las audiencias que otorgan los funcionarios a
particulares, empresas o representantes políticos.
Si una vez cumplido el plazo de 10 días, la información no hubiera sido
brindada a quien la pidiere -un legislador, ONG o particular-, se habilita la
denuncia del funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la presentación de
una
Acción de Amparo ante la Justicia. En el Caso Greco, una orden de la Justicia
obligó al Ministerio de Economía, en épocas de Miguel Peirano, a entregar toda
la
documentación administrativa sobre el camino que la demanda de los Greco-Bassil
había recorrido dentro de esa cartera.
El problema ahora es que el gobierno decidió reglamentar el «Procedimiento de
Tramitación de las Denuncias por Incumplimiento de las Obligaciones Previstas
en
el Reglamento General de Acceso a la Información».
Es decir, la Casa Rosada decidió no modificar el decreto de Kirchner, pero sí
complicar el trámite de protesta ante el incumplimiento de un funcionario.
Por eso se estableció que las denuncias por falta de información deberán ser
presentadas exclusivamente ante la Oficina Anticorrupción acompañando
documentación que incluye hasta la respuesta negativa de quien debió haber
informado, algo casi imposible de conseguir.
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