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Asunto:[boletin-po] Boletin n° 8 de APEL
Fecha:Martes, 4 de Abril, 2006  14:24:25 (-0300)
Autor:Partido Obrero <info @......ar>

BOLETÍN Nº 8
ABRIL AÑO 2006

ASOCIACIÓN PROFESIONALES EN LUCHA (APEL)


1. MASACRE DE LUIS VIALE: SIGUE EL ESTADO CROMAÑON CON TELERMAN Y KIRCHNER
2. CASO KRINCE: LA MALDITA POLICIA DE SOLA, ARSLANIAN Y ANIBAL FERNANDEZ
3. CAUSA AMIA: POR UNA COMISION INDEPENDIENTE CONTRA LA PRESCRIPCION
4. PLENARIO ABIERTO DE APEL – SABADO 22 DE ABRIL, 16 HS.
5. CONFERENCIA DE PRENSA ESPACIO “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”



1. MASACRE DE CABALLITO: SIGUE EL ESTADO CROMAÑON CON TELERMAN Y KIRCHNER

El incendio del taller textil de Caballito ocurrido el último jueves, que terminó con la vida de seis personas (cuatro niños y dos adultos) ha reflejado una vez más que con el “nuevo” gobierno de Telerman en la Ciudad, el Estado Cromañón sigue más vigente que nunca.

A pocos días de la asunción del “nuevo” gabinete porteño, a pocos días que el empresario de la noche (dueño de La Trastienda) y hoy Jefe de Gobierno dijera que “en su gestión no habrá un nuevo Cromañón”, la Masacre de Caballito a deschavado una red de explotación esclavista que cuenta con la complicidad del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional (que posteriormente al incendio del taller se tiraran la pelota unos a otros para deslindar toda responsabilidad política y criminal).

Mientras todos los funcionarios porteños y nacionales se encargan de rajarse las vestiduras sobre el “cómo esto puede seguir ocurriendo”, son ellos mismos – junto a un séquito de plumíferos y aduladores alcahuetes de distintos medios de comunicación- quienes afirman “esto se sabía desde hace años”.

A 24 horas del incendio, el flamante Secretario de Producción de Telerman, Enrique Rodríguez (ex Ministro de Trabajo menemista y actual Presidente de la Corporación del Sur) intervenía el área de la Dirección General de Protección del Trabajo, dejando cesante en su cargo a Florencio Varela, herencia del gabinete ibarrista (al igual que Raúl Fernandez, Daniel Gorgal y Dante Spaccavento entre otros); claro que ante tal bautismo de fuego, algún fusible debía saltar.

Sin embargo, casi como un calco de la Masacre de Cromañón, se ha dado a conocer que previamente al incendio del taller, eran centenares los informes presentados por la Defensoría del Pueblo a través de Alicia Pierini alertando sobre la situación de esclavitud y precariedad en materia de seguridad y salubridad laboral en la red de talleres textiles (muchos de ellos clandestinos) de la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de trabajadores – en su gran mayoría de origen boliviano- desempeñaban sus tareas con jornadas que en algunos casos llegaban a las 20 horas diarias de trabajo.

En el caso del taller incendiado, el local había sido habilitado en el año 2001 y la última inspección se habría dado en el 2004; el Ministerio de Trabajo informó que el taller no figuraba ni como establecimiento ni como fábrica, sino como “dador de trabajo sin empleados a su cargo”. Mientras Telerman inunda por estas horas la Ciudad de Buenos Aires con afiches del Gobierno porteño informando sobre la línea 0-800 para denunciar los casos de eslclavitud, resulta ser que fueron cuantiosas las denuncias realizadas por vecinos al CGP (Centro de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad) Nº 11 de la zona del taller por la situación que atravesaban las decenas de trabajadores esclavizados y nada, absolutamente nada se hizo.

De acuerdo a lo que informa La Nación (01/04/06), “en noviembre del año pasado la Auditoría General de la Ciudad elevó un informe en el que denunciaba que sólo había entre 37 y 49 inspectores que tenían que controlar a 250.000 empleadores”.

Por su parte, La Unión de Trabajadores Costureros ha denunciado que en Buenos Aires funcionan más de cien talleres ilegales y que se pagan coimas sistemáticas.

Advertencias de la Defensoría, coimas, informes de la Auditoria “desoídos”… prácticamente dos gotas de agua con la Masacre de Cromañón.

A pesar que la Masacre de Caballito ha demostrado la vigencia del Estado Cromañon bajo la conducción del “nuevo” gabinete de Telerman, también la red de explotación, corruptela y esclavización salpica desde los pies a la cabeza al Estado nacional y a los funcionarios del Gobierno de Kirchner.

El fin de semana ha sido un verdadero campo de batalla de chicanas en relación a la potestad de “poder de Policía” sobre los talleres textiles entre los funcionarios porteños y nacionales (en particular el Ministro Aníbal Fernández).

Cuando en febrero de este año denunciábamos desde este boletín la complicidad del Estado argentino en el asesinato del joven boliviano Beimar Mamani en manos de un patovica del boliche Fantástico Bailable (frente a la zona liberada por la Policía Federal), poníamos en alerta la situación de extrema explotación a los que eran (y son) sometidos miles de trabajadores textiles bolivianos en una gran cantidad de talleres de la Ciudad de Buenos Aires.

“En este cuadro, estaríamos ante un nuevo Cromañón que se cobrara nuevamente la vida de un joven trabajador. De nada valen los cantos de sirena de Aníbal Fernández a días del homicidio condenando la “discriminación” y “xenofobia” mientras decenas de miles de trabajadores bolivianos trabajan en condiciones de esclavitud en centenares de talleres textiles en la Ciudad gracias a la vista gorda de los Kirchner, Ibarra y Telerman” (Boletín Nº 4 APEL – Febrero 2006)eran nuestras textuales palabras.

Mientras Aníbal Fernández jocosa, siniestra y sarcásticamente le ofrece a los medios de comunicación el teléfono de Telerman para que averigüen la responsabilidad en la Masacre de Caballito, nada puede decir sobre su propia responsabilidad en las coimas pagadas por los explotadores y negreros de la industria textil a las comisarías de la Federal, y mucho menos en el tráfico de inmigrantes bolivianos (y de otros países limítrofes) para ser sometidos al trabajo esclavo en nuestro país. En estos días también se ha comprobado el ingreso masivo ilegal de inmigrantes desde hace años por los pasos fronterizos de nuestro país (en especial en el norte) con la complicidad de la misma Gendarmería Nacional que el Ministro del Interior envía a Las Heras para reprimir a los trabajadores petroleros.

De esta manera, el Estado nacional (y en particular el Ministerio del Interior de la Nación conducido por Fernández) actúa como un verdadero “cafisho” en la red de tráfico de inmigrantes a ser sometidos a la esclavización de la “reactivada” industria nacional (que no se remite solamente al sector textil sino que también se extiende a la construcción, las huertas, etc.)

Si bien el artículo 140 del Código Penal establece la prisión de tres a quince años al que “redujere a una persona a servidumbre” (que en este caso caería sobre los empresarios negreros), los artículos 116 y 117 de la Ley Nacional de Migraciones castiga con prisión o reclusión de uno a seis años a quien “realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas…” Las penas se agravan de tres a diez años cuando haya un funcionario público involucrado.

Así las cosas, habiendo zafado por ahora del castigo por su responsabilidad criminal de la Masacre del Puente Pueyrredón, Aníbal Fernández suma a su prontuario un nuevo capítulo que amerita su reclusión tras las rejas por algunos añitos. Si las lamentables y fascistoides declaraciones posteriores al acto del viernes 24 de Marzo en Plaza de Mayo (donde calificó a los organizadores del mismo como “izquierda siniestra”) del ex puntero duhaldista devenido en mano derecha del gobierno “nacional y popular” de Kirchner no fueron motivo suficiente para ser “renunciado” por el Presidente, la olla destapada por este nuevo Cromañón en Caballito habla por sí sola.

La reciente Masacre del taller de Caballito es un fiel exponente de una serie de elementos que pintan de cuerpo entero sobre que bases políticas y sociales se desarrolla la continuidad del Estado Cromañón posteriormente a la destitución de Ibarra, junto a la dichosa “reactivación” de la industria argentina festejada por Kirchner, la UIA y la burguesía nacional.

El trabajo esclavo del que los apologistas de las Leyes Banelco de flexibilización laboral (primero con De la Rúa y después con Kirchner) tanto se escandalizan por haber desembocado en una nueva Masacre que costó seis vida, es la expresión aguda de las condiciones miserables de explotación en la que se encuentran una gran cantidad de trabajadores (argentinos y extranjeros).

La campaña por el castigo a todos los responsables de la Masacre del Taller de Caballito condensa y reúne la lucha contra la impunidad de hoy encabezada por los familiares de las víctimas de Cromañón, de Beimar Mamani, de los familiares de Kosteki y Santillán y la AMIA en conjunto con la creciente movilización obrera en lucha por el aumento de salario y el control de los trabajadores de los lugares de trabajo y de la producción.

La impunidad, el encubrimiento y la superexplotación (trabajo en “negro”, esclavitud, etc.) son las condiciones necesarias para la dichosa “reactivación” K de la economía (superávit fiscal y comercial, reducción de la desocupación, etc.) y expresan una política de Estado abiertamente antiobrera de los Kirchner, Ibarra y Telerman.

Los Estados Cromañón de impunidad y explotación podrán ser derrotados solamente oponiéndoles una alternativa política independiente obrera y socialista.

- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE CABALLITO
- ABAJO EL ESTADO CROMAÑON DE LOS IBARRA, KIRCHNER Y TELERMAN
- RENUNCIA INMEDIATA DE ANIBAL FERNANDEZ



2. CASO KRINCE: LA MALDITA POLICIA DE SOLA, ARSLANIAN Y ANIBAL FERNANDEZ

Hugo Krince, un joven residente en Villa Luján (Avellaneda) terminó fusilado por la espalda por tres individuos de la bonaerense (vestidos para la ocasión de civil), durante la madrugada del sábado 18 de Marzo en su propio barrio. El asesinato de Hugo se produjo porque él junto a un grupo de amigos, se negaron a venderle drogas a los “bonaerenses”, quienes en venganza acudieron al bárbaro crimen que inscribe un nuevo capítulo en la larga historia de “gatillo fácil”. Hugo no pertenecía a ninguna de las bandas narcotraficantes del barrio.

La “Policía 2”, la nueva fuerza de seguridad de la Provincia de Buenos Aires que venía a “remediar” la imparable descomposición de la “Bonaerense”, ha demostrado que también ella es una banda descontrolada.

Detrás de una fachada “renovada”, con móviles y comisarías nuevas, la “Policía 2” patrulla las calles de Avellaneda sembrando el terror en las barriadas.

Con unas pocas semanas de diferencia y sólo en Avellaneda, esta nueva “maldita policía” ha protagonizado por lo menos tres casos de gatillo fácil en el distrito. Las denuncias comenzaron a partir de la movilización de los familiares y amigos de Hugo.

El juez caratuló la causa como “homicidio en riña”, dejando en claro su intención de absolver a los policías. Les fueron retiradas las armas reglamentarias, pero aún permanecen libres. Sin embargo, gracias a la movilización del barrio, otros casos similares ocurridos también en Avellaneda, en un lapso muy corto, comenzaron a salir a la luz.

La semana pasada, familiares y amigos de Hugo Krince y otros afectados por la “Masacre de Villa Luján” estuvieron reunidos con el Dr. Gustavo Mendieta de APEL. Los vecinos relataron los hechos y formularon varias denuncias, donde quedaba de manifiesto el accionar de un auténtico escuadrón de la muerte amparado por el Estado. Uno de los amigos de Hugo, que fue herido de varios disparos aquella madrugada, denunció que en la comisaría 4ª de Sarandí pretendieron hacerle firmar una declaración donde le atribuían el homicidio de su propio amigo; luego estuvo detenido durante una semana en la comisaría 4ª, donde le negaban las curaciones que debían hacerle en el hospital. Otro ejemplo es el caso de otro de los chicos que se juntaban habitualmente en esa esquina, que fue brutalmente apaleado por los efectivos de “la 2” que llegaron al lugar tras el fusilamiento.

En contraste, los asesinos recibieron un “tirón de orejas” y aún permanecen en libertad.

Los demás efectivos que acudieron al lugar por el llamado de los vecinos aterrorizados se dedicaron a encubrir la masacre antes de que llegaran los peritos (que recién fueron al lugar pasadas 24 horas, durante las cuales el lugar no fue cercado), levantando todas las vainas y pruebas que pudieron con gran celeridad.

Este “escuadrón de la muerte” de “la 2” descargó al menos 25 o 30 disparos en todas las direcciones. Como dice el papá de Hugo, “no murió más gente porque Dios es grande”.

En este caso, que tiene las proporciones de los grandes casos de “gatillo fácil” ocurridos en esta etapa democrática, se acumulan cargos contra “la 2” y la “bonaerense” por homicidio agravado, tentativa de homicidio, encubrimiento, lesiones, amenazas, violación de domicilio y varios más que hay que terminar de discernir.

La organización de los vecinos, la denuncia ante los medios y organizaciones populares y la movilización serán los pilares que sostendrán una acción judicial que tiene por objeto llevar a los responsables de este crimen a la cárcel de por vida.

La nueva purga de la “bonaerense” días atrás, celebrada por Aníbal Fernández, Solá y Arslanian no pasa de ser una medida cosmética para encubrir una verdadera maquinaria asesina de uniforme. La lucha por el castigo a los asesinos de Hugo y de los miles de jóvenes asesinados por el “gatillo fácil” de la democracia va de la mano del desmantelamiento del aparato represivo del Estado.

3. CAUSA AMIA: POR LA COMISION INDEPENDIENTE CONTRA LA PRESCRIPCION DE LA CAUSA

Tal como lo señaláramos en ediciones anteriores, la causa AMIA está próxima a prescribir en el mes de julio de este año. En limpio, en pocos meses más cerrará la causa AMIA sin ningún imputado, procesado y condenado en la Masacre de 1994.

El gobierno de Kirchner ha declarado hace semanas que se presentará como querellante ante la CIDH; maniobras pérfidas y demagógicas si las hay, cuando hace un año el mismo Kirchner responsabilizaba al Estado argentino (o sea a si mismo) de ser parte de la cadena de encubrimiento del atentado. Maniobras pérfidas si las hay, mientras sigue sosteniendo (con el aval del actual Consejo de la Magistratura) al dichoso Juez Bonadío (juez de la servilleta de Corach) y el encargado de “investigar” la Masacre por parte del Estado es Alberto Iribarne, hombre de Ruckauf a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.

Distintos sectores de la colectividad judía (AMIA, DAIA y Memoria Activa) han sido en estos años cómplices del Estado argentino (desde Menem hasta Kirchner) limitando la acusación a la presunta (y no comprobada) responsabilidad del Estado iraní.

La Asociación Profesionales en Lucha apoya la iniciativa impulsada por la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) cuya vocera es la compañera Laura Guinsberg para constituir una Comisión Independiente conformada por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas y personalidades contra la prescripción de la causa AMIA.

APEMIA ha convocado a una reunión el próximo miércoles 12 de abril a las 19 hs. en el Hotel Bauen para comenzar con la campaña.


4. PLENARIO ABIERTO DE APEL – SABADO 22 DE ABRIL, 16 HS.

El próximo sábado 22 de abril a las 16 hs. la Asociación de Profesionales en Lucha realizará un plenario abierto para abogados, luchadores democráticos y profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El Plenario debatirá las principales campañas que nuestra Asociación desarrolla cotidianamente con la idea de profundizar la intervención a nivel nacional, de cara a todas las luchas democráticas que se desarrollan.

5. CONFERENCIA DE PRENSA ESPACIO “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”

APEL, junto a Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liberpueblo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, APEMIA, la CORREPI, el CEPRODH y representantes de casi 350 organizaciones integrantes del Espacio “Memoria, Verdad y Justicia”, firmantes del documento político leído en el último acto por el trigésimo aniversario del Golpe genocida de 1976, será parte de la conferencia de prensa que se brindará el próximo jueves 6 a las 12 hs. en el Hotel Bauen para sentar una posición política y pública frente a los hechos sucedidos en dicho acto.

ASOCIACIÓN PROFESIONALES EN LUCHA (APEL)




Partido Obrero
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Local Central
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