Oaxaca, Oax. El 2 de noviembre decenas de hombres y mujeres
fueron presa de elementos del Grupo de Operaciones Especiales, cuando los
policías pretendían remover una barricada puesta por los integrantes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en Ciudad Universitaria y el
crucero de Cinco Señores.
Era la primera vez
que subían a un helicóptero, pero éste no sería un viaje de placer. La aeronave
los trasladaba a la Base Aérea Militar 22, de El Tequio, amontonados como bultos
más de 15 personas de diferentes edades aprehendidas el Día de Muertos por
agentes de la PFP.
En esa jornada, los uniformados de gris y negro se
enfrentaron durante siete horas a miles de estudiantes, colonos y padres de
familia. En el combate que replegó a los efectivos se lanzaron granadas de gas
lacrimógeno y agua disparada a presión desde las tanquetas que el gobierno
federal mandó a Oaxaca para “imponer la paz y el orden”. Los que defendían su
trinchera se armaban con piedras, petardos y bombas molotov. Ahí comenzaron las
historias de tortura, injusticia y represión.
Luego de que los agentes
federales ejecutaran las órdenes de sus mandos superiores para iniciar la que
fuera una batalla campal, comenzaron las aprehensiones. No se
discriminó edad, sexo, ni afiliación política para empezar con los golpes, las
ofensas e intimidaciones.
Desde ese sitio los detenidos fueron llevados a la
base aérea a bordo de una camioneta blanca. En el trayecto un uniformado
preguntaba a cada una de sus presas “quieres caer de día o de noche”, las risas
del resto de los policías que habían abordado el vehículo estremecía a los demás
prisioneros que eran trasladados atados de pies y manos con cinta canela. La
sangre corría.
Abordo del helicóptero que llevaría a José Flores y a otros 15
más al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cuicatlán, otro oficial
amenazaba: “ahora sí vas a aprender a volar”: El hombre de 48 años que ocupaba un
lugar en el helicóptero sólo temblaba.
El inicio
Comerciante, oriundo de
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, uno de los municipios más pobres de
la entidad, José Flores recuerda los momentos de temor que pasó desde su
captura.
Cuando se intentaba el desalojo de la barricada “vi que venían los
policías de frente, me quedé parado y esperé a unos 20 metros de mi casa. De
pronto ya estaba rodeado por elementos de la PFP. Ellos me agarraron, me
torcieron la mano y me agacharon para que ya no volviera a levantar la cara,
prácticamente me secuestraron. Me subieron a una camioneta blanca y adentro
estuve custodiado por más policías”.
En el vehículo que lo trasladaría a la
Base Aérea Militar 22 había aproximadamente 20 detenidos, mientras los policías
seguían con el operativo en la trinchera. “¡Te va a llevar la chingada por andar
de chismoso, pinche viejo!” espetaban con furia los uniformados.
A base de
golpes le exigían que revelara “cuántos más son los líderes”. Sin cesar en el
amedrente decían al
comerciante: “Ya estás grande para andar con tus chingaderas. Esto es apenas el
comienzo. Ahorita los vamos a llevar a la sierra a tirarlos”.
De origen
campesino, José recuerda que pasó aproximadamente 24 horas en la base aérea,
tirado a campo abierto. Luego los elementos de la PFP le dieron un rondín para
seguir con los golpes.
“Me regresaron a la base aérea, iban como seis policías.
Nos tuvieron tirados en un campo. Cuando me di cuenta ya éramos como 40 personas.
Nos subieron a un helicóptero para trasladarnos al penal de Cuicatlán y al
subirnos nos tiraron uno sobre otro. Íbamos como 16 en cada aparato.
“Si
queríamos levantar la cabeza nos pisaban. Nos amenazaban con que ya iban a tirar
al primero. Se oía como si jalaran a uno. Yo venía más abajo. Tenía miedo.
Pensaba: a qué hora nos toca. Había gente que se iba quejando de dolor. Unos más
lastimados
que otros de la nariz, boca, costillas”, relata a pocos días de haber sido
liberado.
La espera
Victoria Ortiz Medrano espera diariamente desde hace más
de una semana la liberación de su hijo Samuel. Como muchos otros, ella asiste
diariamente a las reuniones que sostienen a las afueras de la Iglesia de Santo
Domingo, donde permanece el plantón de la APPO, para conocer la situación
jurídica de los detenidos.
La mujer indígena zapoteca vivió momentos de
angustia cuando supo que su hijo había sido detenido. Samuel es un albañil que
llegó a la capital en compañía de sus padres y hermanos en busca de trabajo. Él
participó en las obras de remodelación del Centro Histórico que por mandato del
gobernador Ulises Ruiz se realizaron.
Victoria no acaba de sufrir. La detención
de Samuel y la presencia de los elementos de la PFP son la zozobra
cotidiana.
La mujer de más de 60 años de edad, que apenas puede hablar el
español cuenta cómo un menor de sus hijos fue sometido. “Samuel salió a apoyar a
la APPO cuando se dio la entrada de la PFP. Él tiene 26 años. Lo detuvieron y
llevaron, yo no sé que pasa con él, cómo está, si le dan de comer”, dice con
angustia.
Cuando se entera de que algunos de los que ya fueron liberados
tuvieron que pagar una fianza de 4 mil pesos, la mujer dice: “yo no tengo dinero
para pagar eso, lo único que pido es ayuda para que lo dejen libre”.
El
secuestro
Martín Vargas, de 24 años de edad, fue otro de los detenidos el Día
de Muertos. Permanecer cerca de la encrucijada fue el motivo para que los
elementos de la fuerza pública lo privaran de su libertad.
Su hermano Fernando
relata cómo Martín fue sometido a
distintos actos de intimidación y tortura. Mientras, espera que los integrantes
de la Limeddh informen sobre la situación jurídica de su familiar después de ocho
días de haber ocurrido los hechos.
“Él no tenía nada que ver con el movimiento
de la APPO y ya es culpado por los delitos de ataque a las vías de comunicación,
sedición y resistencia. Si se encontraba cerca del lugar es porque iba camino al
trabajo, pero no por tener la intención de participar en la gresca”, dice.
Trasladado al reclusorio fenemil de Tlacolula, Martín Vargas,
quien buscó trabajo como mesero luego de que las actividades escolares fueran
suspendidas, no tuvo oportunidad de mantener contacto con sus familiares durante
las primeras 16 horas de su aprehensión. Él también fue sometido a golpes,
“interrogatorios absurdos” y amenazas.
“Los de la PFP no tenían porqué hacer
esto con mi
hermano. No tenían pruebas para apresarlo. Cuando me enteré del maltrato que
había recibido me indigné mucho porque no es posible que los traten de esa
manera.
“Para toda la familia estos días han sido muy angustiantes. No tenemos
ninguna certeza de que lo liberen pronto, va pasando el tiempo y la humillación
crece. Los policías no tienen elementos que lo incriminen”, se indigna Fernando.
Al darse cuenta de que pasan las horas y que
todavía no hay noticias respecto a la liberación de Martín, su hermano se
desespera y con lágrimas en los ojos dice: “esto no es justo. Le están quitando
uno de los más preciosos derechos, la libertad. Él entiende que esta es una
situación inusitada en el país y que llegan a ocurrir este tipo de situaciones,
de injusticias pero definitivamente esto es un secuestro”.
La ficha
Fotografías de frente,
perfil, en el pecho un número de serie y la impresión de las huellas dactilares
son más elementos que se agregan a los sometimientos a los que han sido expuestos
los de detenidos.
Carlos, de 32 años, que asegura no tener nada que ver con el
movimiento recuerda que “de repente se dejó venir la PFP y nos empezó a agarrar a
todo el mundo, yo iba a hacer una llamada”.
Compañero de viaje de José Flores
para que ambos fueran recluidos en el Cereso de Cuicatlán, revive los momentos de
humillación que vivió. “Dormimos en la base aérea. Los de la PFP no querían que
levantáramos la vista para nada. Nos decían que nos iban a llevar a Almoloya o
que nos iban a desaparecer”.
Golpeado brutalmente, todavía tiene rastros
visibles de su tortura. Moretones en la costilla del lado izquierdo y piernas.
“Nos amarraron de pies y manos y nos gritaban que si éramos mucha madre y
muy buenos para aventar piedras. Rogábamos por el agua y nos decían que ni a
eso teníamos derecho”.
Carlos, quien es chofer de particulares, tuvo que pagar
una fianza de 4 mil pesos para obtener su libertad. Los delitos que se le
imputaron fueron: sedición, asociación delictuosa, atentar contra las vías de
comunicación y conspiración al gobierno del estado. Al ser cuestionado sobre la
posición que tiene respecto a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
puntualiza: “ellos están haciendo su lucha, yo lucho con la vida, hay que seguir
trabajando.
Ante los hechos de represión y tortura que han registrado diversas
organizaciones defensoras de los derechos humanos, la procuradora general de
Justicia del estado, Lizbeth Caña Cadeza niega a Contralínea que hayan existido.
Sin embargo, acepta que por el "énfasis que han puesto las organizaciones al
respecto, podríamos iniciar averiguaciones para
que no queden impunes".
Lo que hay que sa
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