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LA TRAGEDIA SE REPITE. LAS FRONTERAS CERRADAS
MATAN.-
Comunicado
APDHA 10 julio 2008
La
APDHA quiere hacer pública su indignación y solidaridad con las
víctimas de esta última tragedia en el Mediterráneo, una más de las
muchas ya vividas y las que presumiblemente ocurrirán, consecuencia
de unas políticas europeas hiperestricitivas contrarias a los
derechos humanos, que se des-responsabilizan de los efectos que las
propias políticas económicas europeas provocan, y criminalizan a los
más pobres y vulnerables por el simple hecho de desear una vida
mejor.
No nos valen ya hipócritas declaraciones de condolencia
realizadas por quienes tienen la responsabilidad de lo que está
pasando. Estas personas que se hundieron en el mar, pasarán a
engrosar la fatídica estadística de personas sin nombre y sin
rostro, apenas sin familia o conocidos, que pierden la vida
intentando dar vida a la necesidad o al sueño que los impulsó,
muchos meses antes, a partir.
Los que lo intentan sufren
penalidades y padecimientos sin cuento por rutas inhóspitas hasta
llegar a la orilla de un Mar que ya no es ?nostrum? sino frontera
impenetrable y camino impracticable. Miles de personas han dejado la
vida en el viaje. Sólo este año casi 250 de los que pudo saberse su
número, pero anónimos, como lo fue su aventura vital.
Las
posibilidades de obtención de un visado son prácticamente nulas para
un ciudadano del África Subsahariana. La pobreza, la falta de futuro
y las violencias empujan a la salida a un buen número de ellos, como
única salida que abre una puerta de esperanza a toda la familia. La
travesía del desierto del Sahel es ya una odisea que demasiadas
veces termina en tragedia invisible, pues el desierto es ya también
como nuestros mares una inmensa tumba anónima. Quien sobrevive a
ella, se encuentra bloqueado en los países ribereños norteafricanos
meses o años, a la espera de una oportunidad de paso, viviendo en la
mayor de las precariedad y pasando todo tipo de penalidades.
La
mayoría de los niños que vemos intentar llegar a nuestras costas han
nacido en la ruta y no disponen de ningún tipo de documentación, no
hay ningún papel que atestigüe su existencia. Los Estados en los que
han estado en tránsito sus padres y ellos han nacido, no les
reconocen, de modo que no disponen de ningún tipo de protección o
derecho. Seguir adelante es la única posibilidad de los padres para
que sus hijos tengan un futuro.
Mientras, algunos de los que
decidieron que ellos no podían cruzar, se reunieron en Cannes.
Otros, más lejos, ajenos y poderosos, se encuentran en Osaka, allá
en el Japón. Ni unos ni otros van a preguntar por sus nombres ni se
van a preocupar por sus familias. Al fin y al cabo, para estos
poderosos, ajenos y lejanos, quizás y en el mejor de los casos,
estos anónimos candidatos a la emigración clandestinizada no sean
sino una cifra más de tantas que aparezcan en sus voluminosos
dossiers en esas carteras rotuladas en oro con su nombre.
Una
nueva tragedia de la inmigración. Se volverá a hablar de mafias, del
mal tiempo, de lo insensato de quienes lo intentan?. Pero, por más
que lo hayamos reiterado tantas veces es preciso volver a
denunciarlo: para la APDHA estas muertes son la consecuencia, además
de la acción depredadora de los países económicamente desarrollados
sobre los países empobrecidos, de unas políticas migratorias
europeas siniestras y crueles, que atentan gravemente contra la vida
de las personas y contra los derechos humanos.
Unas políticas
policiales y represivas que presumen de haber conseguido un descenso
del número de pateras, obviando que ello sea a costa de un aumento
de las pérdidas humanas, del sufrimiento de las personas en
migración, y de enormes violaciones de los derechos
humanos.
Estas tragedias sí son evitables. Desde la APDHA
volvemos a considerar imprescindible un giro en profundidad de las
políticas europeas y españolas encaminadas a la evitación de la
emigración forzosa, y exigimos a España y a la Unión Europea que
mientras ésta no exista, adopte una gestión de flujos más flexible y
solidaria, basada no en razones utilitaristas sino de estricta
justicia, única forma posible de intentar evitar que sigan perdiendo
la vida criaturas cuyo único objetivo es buscar una vida
digna.
La APDHA organizó junto a otros colectivos
concentraciones en Cádiz, Granada, El Puerto de Santa María, Puerto
Real, Córdoba y Almería. Ver un artículo más amplio sobre este tema
de Rafael Lara titulado ?La tragedia que no cesa?, en la Web del
Foro social Mundial de las Migraciones (http://www.fsmm2008.org/media/articulos/articulo_12.pdf).
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MANIFIESTO CONJUNTO.-
Posicionamiento de la Confederación de Asociaciones
Vecinales de Andalucía (CAVA), UGT Andalucía, CC.OO. Andalucía,
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Andalucía Acoge, ante la
propuesta de Directiva de Retorno de Inmigrantes en situación
Irregular. 23 de julio
Mediante el presente documento, las
organizaciones firmantes queremos manifestar nuestro rechazo ante la
directiva europea de expulsión de extranjeros no comunitarios en
situación administrativa irregular.
Queremos dirigirnos a todos
los andaluces y andaluzas para hacerles participes de este
MANIFIESTO
Consideramos que la aprobación de
esta propuesta de Directiva representa un primer mal paso hacia una
Política Europea Migratoria común. Entendemos que con ella, se ha
pretendido mandar un mensaje de eficacia ante la opinión pública
europea, reiterando la culpabilización de las personas migradas y
eludiendo el efecto llamada que supone para la migración irregular
la economía sumergida, y aquellos que se lucran a costa de las
personas migradas no comunitarias sin autorización.
Nos parece un
considerable retroceso en los muchos derechos conquistados. El
mensaje que se da desde las instancias europeas, es desde nuestro
punto de vista no sólo erróneo, sino que pretende hacernos ver que
las personas inmigrantes no tienen derechos básicos y elementales.
La mencionada directiva no acabará con la inmigración irregular, y
lejos de ser una medida disuasoria acrecentará el sufrimiento de
personas que su único delito es huir de la miseria y tratar de
mejorar su calidad de vida, poniendo a estas personas (todavía más)
en manos de los ?negreros del siglo XXI?. No puede ser este el
pretexto para una reforma de la Ley de Extranjería, que fomente aun
más la represión y que elimine derechos adquiridos.
Entendemos
que esta directiva es lesiva para los derechos de las personas, y
que para defender y fomentar la migración regular no es necesario
instaurar un régimen dudosamente compatible con el respeto a los
derechos humanos, en una Europa que ha de ser sobre todo de derechos
además de una unión económica; una Europa Social, basada en el
reconocimiento y en el respeto de los derechos de todos.
La
inmigración se valora para Europa en función del beneficio económico
con el mínimo coste, considerando sólo la faceta laboral de la
persona inmigrante, eludiendo que cada trabajador es una persona con
derechos. Lo que es fiel reflejo de una política defensiva frente a
la inmigración, donde las personas inmigrantes, aunque sean
regulares, siguen sin ser considerados parte la sociedad.
Siempre
nos hemos manifestado a favor de la inmigración regular, y somos
consecuentes con lo que esto implica. Pero en una materia tan
delicada como el trato a los extranjeros en situación administrativa
irregular y los procedimientos para su expulsión del país, hay
principios que no debemos olvidar:
- El respeto a derechos
humanos fundamentales.
- No se pude aplicar UN tratamiento
pseudo-penal a personas que no han cometido delito alguno.
Por
tanto, reiteramos que es un mal primer paso hacia una política de
inmigración común, pero además nos equivocaríamos si pensásemos, que
siempre que hablamos de inmigración, es una cuestión que sólo afecta
a los inmigrantes. Todos hemos de sentirnos concernidos cuando se
aprueba una regulación restrictiva en materia de derechos, se dirija
al colectivo que se dirija.
No se puede aceptar como argumento
que determinados países de la UE tengan una regulación aún más
lesiva en materia de derechos, porque para nosotros, siempre han de
servir como referencia los más garantistas para con los derechos de
las personas.
Nos negamos a admitir que por el hecho de ser
inmigrante se pueda ser delincuente en potencia, nos negamos a
admitir que una sociedad como la nuestra no necesita del aporte del
trabajo de las personas inmigrantes, y sobre todo nos negamos a que
se den argumentos carentes de solidez y por tanto totalmente falsos,
para que grupos xenófobos y racistas puedan argumentar sus
discursos.
Entendemos que ningún Estado Miembro puede por otra
parte, justificarse señalando que la Directiva no obliga a endurecer
legislaciones más garantistas, y tampoco que la norma no los obligue
a adaptar sus legislaciones. Y que además signifique para algunos el
establecimiento de límites donde antes no los había, estas son
excusas inaceptables cuando hablamos de derechos.
Si el modo en
que un Estado trata a las personas inmigrantes da una medida de su
democracia, difícilmente puede hoy sentirse alguien satisfecho. En
materia de inmigración es el único ámbito donde se admite sin ningún
rubor dar o retroceder en derechos, en función principalmente de
intereses económicos o políticos de los países.
Entendemos que
alcanzar un acuerdo entre todos los Estados de la Unión, no
justifica en modo alguno que para ello hayamos renunciado a un
mínimo respeto a los derechos humanos, a los derechos de los
inmigrantes. Y queremos que la sociedad española y la andaluza estén
atentas a la posible modificación de la Ley de extranjería con
recortes en los derechos de reagrupación familiar y ampliando el
internamiento de las personas migradas en los CIEs.
No
entendemos que el discurso político se centre en el control, las
fronteras y la seguridad, dejando de lado los aspectos relacionados
con la integración, el arraigo laboral y social y los derechos
humanos. Creemos, en suma, imprescindible un giro en las políticas
migratorias, de forma que la gestión de las migraciones sea
extraordinariamente respetuosa con los derechos humanos.
Ver en
nuestra Web (www.apdha.org),
el documento completo.
.
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EL CASO RICARDI: INOCENTE TRAS TRECE AÑOS EN
PRISIÓN.-
Notas
previas
Rafael Ricardi está actualmente en la prisión de
Topas (Salamanca) condenado hace 13 años por una violación cometida
en El Puerto de Santa maría en 1995. Hace unos meses la Policía hizo
público que daban por hecho de que era inocente por que tras su
entrada en la cárcel y durante algunos meses se cometieron otras
violaciones en la misma zona y con el mismo método que por la que
Ricardi fue condenado, en base a eso habían estado investigando y a
cabo de doce años después tenían sospecha de otros dos tipos que
resulta están presos por otra causa. Además decían que en año 2000
el Instituto Nacional de Toxicología volvió a realizar un informe de
ADN de muestras de una prenda de la chica por cuya violación había
sido condenado Ricardi y ese informe descartaba presencia de ADN de
Ricardi. Pero en aquél entonces ni la defensa, ni la fiscalía ni la
Audiencia se dieron por aludidas.
Tras estos hechos a instancias
de la familia de Ricardi, la asesoría jurídica de la APDHA decide
representar a Rafael Ricardi, exigir su excarcelación y la revisión
de condena ante el Tribunal Supremo.
Han sido varios meses por
parte de la Fiscalía de Cádiz mareando la perdiz, eludiendo asumir
el error e incluso retrotrayéndose a una confesión posterior a su
condena por parte del preso, ya estando en prisión
Pero el Martes
pasado la Fiscalía convoca una rueda de prensa para decir que tras
un nuevo informe de ADN del Instituto de Toxicología ahora descartan
a RICARDI como autor del delito por el que fue condenado y van a
apoyar el Recurso de Revisión solicitado por la APDHA pedir su
libertad condicional o tercer grado mientras no se resuelve el
Recurso.
Como es natural este caso ha causado el lógico escándalo
público ante el cual todos quieren echar balones fuera (fiscalía,
audiencia....)
Reproducimos el comunicado elaborado por la APDHA
tras el pronunciamiento de la Fiscalía. Quien esté interesado, puede
consultar en nuestra página Web (www.apdha.org)
un informe jurídico elaborado por nuestra Asociación hace unas
semanas sobre este caso.
Comunicado de la delegación de
Cádiz de la APDHA 16 de julio.
La Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía no puede sino manifestar en primer lugar su
alegría de que finalmente la Fiscalía de Cádiz, según declaraciones
de la Fiscal Jefe Ángeles Ayuso a los medios de comunicación, haya
reconocido la inocencia de Ricardi y pida su excarcelación, el
tercer grado y la anulación de la condena. Alegría sobre todo por
Rafael Ricardi y por su familia.
Pero al tiempo no podemos sino
expresar nuestra perplejidad por los argumentos esgrimidos en esta
comparecencia pública y los argumentos utilizados para buscar
responsables ajenos al sistema policial. Incluso derivando ciertas
responsabilidades a la actuación de la defensa, en un intento
evidente de ?echar balones fuera?.
Porque no se trata, como
ha dicho la Fiscal Jefe, tan sólo de un error policial, sino también
judicial y eso implica a la fiscalía y a la Sección Quinta de la
Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a Ricardi en el año
1996.
- A Ricardi se le condeno en base a un
reconocimiento de la víctima efectuado previamente mediante
fotografías y en el que sólo podía identificar a los agresores por
sus ojos, pues la víctima siempre manifestó que tenían tapada la
cara con un pasamontañas y por un informe de Toxicología en el que
textualmente se decía que no podía descartarse, pero tampoco
asegurarse, que los alelos de ADN encontrados en una gasa
contaminada por agentes externos de la víctima pudiera corresponder
a Ricardi.
- La Fiscalía, el Juzgado de Instrucción, y
finalmente la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz se
limitaron a imputar primero y solicitar condena luego y finalmente
conseguir la condena de un inocente por tanto no se puede manifestar
como hace la Fiscal Jefe que el cumulo de errores es solo policial.
¿o es que la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción y la Audiencia
Provincial se limitan a ratificar lo que la Policía dice? ¿para qué
están entonces?
- La Fiscalía y la Audiencia Provincial
tienen desde el año 2000 un informe policial al que durante todos
estos años no han hecho caso alguno en el que se descarta
taxativamente que el ADN encontrado fuera de Rafael Ricardi. Por
tanto sobre ellos pesan ocho años de grave desidia que debieran
admitir como un error propio y no ajeno.
- Se ha estado
durante todo este tiempo filtrando a los medios de comunicación
informaciones falsas e interesadas para esconder el grave error en
el que todos han recaído.
- No podemos pasar por alto
otros temas que ponen en cuestión las actuaciones fiscales y
judiciales. Como por ejemplo que se haya difundido que Ricardi en el
año 2000 reconociera los hechos ante la Policía primero y luego ante
el Juzgado. Basta ver las declaraciones de Ricardi efectuadas
primero a la policía en la propia cárcel y luego al Juzgado de
Instrucción de El Puerto para comprobar que eran tremendamente
contradictorias y escasamente creíbles. Evidentemente Ricardi
entonces lo tenía todo perdido y sabía cómo hoy por hoy saben todos
los presos de este país que si no reconocen ante la autoridad el
delito por el que han sido condenados no van a obtener beneficios
penitenciarios.
- La Fiscalía que anteriormente tanto se
ha basado en estas declaraciones para defender la culpabilidad de
Ricardi, ahora debería hacer una profunda reflexión y entender que
ya no pueden seguir exigiendo a los presos de este país para que
puedan obtener permisos penitenciarios, terceros grados y libertad
condicional que reconozcan (aun falsamente) sus supuestos delitos.
La Fiscalía debería comprender y entender y ahora es buen momento
para hacerlo, que la reinserción de los presos es algo mucho más
serio que las presiones que se ejercen contra ellos para que
reconozcan sus supuestos delitos bajo la coacción de no tener
beneficios penitenciarios en caso contrario. La Fiscalía debería
investigar y aclarar las posibles condiciones de presión y coacción
que pudieron llevarse a cabo para obtener la confesión de
Ricardi
- La Fiscalía en su rueda de prensa de ayer
se olvido de lo más importante, pedir perdón a RICARDI y a su
familia. Eso prueba lo altamente deshumanizada que está la
justicia.
Es pertinente, para nuestra Asociación, que se
realicen algunas reflexiones
- Es evidente que estamos ante
un grave error judicial, que ha conducido a que una persona inocente
pase 13 años entre rejas. No es el primero como podemos comprobar a
diario. Y es completamente cierta la saturación del sistema judicial
y la falta de medios. Pero también lo es la prepotencia de muchos
jueces y fiscales, su renuencia a reconocer los errores y
enmendarlos aunque sea a costa de mantener en la cárcel una persona
inocente.
- Existen no sólo responsabilidades genéricas
y no sobre todo de la policía. Existen responsabilidades de la
fiscalía y de la justicia. Responsabilidades que es urgente
determinar por salud democrática.
- Rafael Ricardi
terminó en prisión y ha pasado 13 años en la cárcel porque como
tantos otros pertenece a la sociedad excluida, a los que tienen
todas las papeletas para que se cargue sobre ellos todo el sistema
policial-judicial, para servir de cabeza de turco. La justicia no es
ciega. Golpea con fuerza a los que menos tienen y a los que la
sociedad condena de antemano.
Por ello desde la APDHA
insistimos en la inmediata suspensión de la condena de Rafael
Ricardi, en la determinación de las responsabilidades de este caso y
en la exigencia de las compensaciones que el sistema judicial, la
sociedad y el estado le deben a este ciudadano.
16 de julio de
2008, Día de la Virgen del Carmen
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NO A LA COOPERACIÓN CON MARRUECOS PARA LA
REPRESIÓN.-
Comunicado de la APDHA 18
de julio
La APDHA quiere mostrar su
preocupación ante los acuerdos alcanzados entre el Ministro
Rubalcaba y su homólogo marroquí, por el que España se compromete a
ayudar a las fuerzas policiales y militares marroquíes a
impermeabilizar sus fronteras, pues supone claramente ofrecerse a
colaborar en la violación de los derechos humanos.
Tomando como
disculpa la tragedia de la semana pasada en la que al menos 28
personas murieron en el Mar de Alborán, y señalando cínicamente a
las mafias como responsables de todo, cuando la realidad es que la
UE y España son agentes de empobrecimiento y por tanto verdaderos
responsables de la huida de tantos africanos, la única medida que
emprende el Gobierno Español es exigir al país vecino que nos evite
esas tragedias, llevándolas lejos de nuestra costas y nuestra vista.
Mucho nos recuerda este momento al citado por Amnistía Internacional
en su informe ?España y Marruecos. Falla la protección de los
derechos de las personas migrantes: Ceuta y Melilla un año después?,
de octubre de 2006, cuando tras la muerte por disparos de tres
inmigrantes en las vallas de Melilla el 3 de julio de 2006, días
después el Gobierno Español dio al Gobierno Marroquí 10,5 millones
de euros para mejorar los controles fronterizos, sin vincular esta
concesión a la adopción de medidas en materia de derechos
humanos.
La realidad de los inmigrantes subsaharianos en tránsito
en Marruecos es dramática. La ley 02/03 es sumamente dura y
represiva contra la inmigración subsahariana; pena tanto el
transporte de quien no dispone de documentación, de modo que los
medios de movilidad les están prohibidos, como la concesión de
trabajo, con lo que no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida
de una forma normalizada. El efecto que ha provocado esta
legislación sobre la población civil es que, una sociedad como la
marroquí antaño acogedora y solidaria, muestra cada vez más su
recelo hacia estos inmigrantes y han proliferado las expresiones
xenófobas. La persecución a la que están sometidos los inmigrantes
por parte de la policía y los militares es extrema (recordamos que
en Marruecos el grueso del control de la lucha contra la inmigración
clandestina recae en las Fuerzas Armadas). Las detenciones son muy
temidas, pues los testimonios de malos tratos en las comisarías son
numerosos, y durante el tiempo de detención deben sobrevivir con un
mendrugo de pan diario. Así mismo, los rechazos a frontera son
también dramáticos, pues los inmigrantes son abandonados de noche en
zona desértica fronteriza entre Marruecos y Argelia, con la amenaza
de no volver atrás. Los militares argelinos hacen lo mismo por su
parte, disparando al aire para disuadir a los inmigrantes de
adentrarse en su territorio. En este juego macabro de pin-pon,
muchos son los testimonios de todo tipo de violaciones e incluso
desapariciones.
El 50% de la ayuda al desarrollo que recibe
Marruecos viene de la UE. Es el primer benficiario de la ayuda al
desarrollo española. Anteriormente estas ayudas habían estado
centradas en la cobertura de las necesidades básicas de la
población, especialmente en la mejora del acceso a la sanidad
materna e infantil, el acceso al agua potable y los saneamientos,
así como a la mejora de la infraestrutura educativa, de comunicación
y al crecimiento de las empresas. A partir del 2001-2002, el tono
cambia: en los documentos españoles aparece explícitamente la
subordinación de estas ayudas a los objetivos anti-migratorios. Este
es un ejemplo claro de lo que supone la externalización de
fronteras.
Tener voluntad de hacer algo para que dramas
insoportables como los vividos estos días no vuelvan a repetirse, es
preocuparse por las condiciones de vida de los inmigrantes
subsaharianos en tránsito en Marruecos, condicionar toda ayuda al
respeto estricto de los derechos humanos, e instar sin dilación a la
investigación de todo atropello de los mismos, como fue el gravísimo
caso del hundimiento de una zodiac en Alhucemas la noche del 28 de
abril, en el que estaban involucrados efectivos de la marina
marroquí.
No sirve situar siempre el horizonte de solución en el
desarrollo económico de los países de salida, pues esta condición
sine qua non es a largo plazo, y hay que posibilitar, por justicia y
por humanidad, una salida a esta generación actual de subsaharianos
que ya está en camino y no tienen más vida que ésta. La justicia
pasa de inmediato por la adopción de unos flujos más flexibles y
solidarios, que permitan una esperanza a la generación actual, y por
el condicionamiento de toda relación bilateral al respeto
escrupuloso de los derechos humanos..
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PACTO EUROPEO SOBRE INMIGRACIÓN.-
Comunicado de la AEDH del 9 de
julio
Confirmando la orientación política securitaria de la Unión
Europea en cuanto a inmigración y asilo, el Consejo de Ministros,
aprobó el 7 de julio de 2008, en reunión informal, una versión
enmendada del ?Pacto europeo sobre la inmigración y el asilo?,
propuesto por la Presidencia francesa.
La AEDH acoge
positivamente el hecho de que varios Estados miembros se hayan
opuestos a una serie de propuestas contenidas en la primera versión
del Pacto, en particular acerca del contrato de integración. Pero
sobre el fondo, el principio mismo del Pacto sigue siendo
inaceptable en lo que adopta una visión puramente utilitarista de
las migraciones, hace de la represión el modo privilegiado de
regulación de la inmigración y es portador de regresiones
importantes respecto a los convenios internacionales, a los derechos
de los migrantes y solicitantes de asilo.
La AEDH denuncia
especialmente:
- una política de ?inmigración elegida?, en
primer lugar discriminatoria y cuyos objetivos son mal fundados y
improcedentes;
- la referencia a medios modernos de
reconocimiento, en particular biométricos, para controlar las
entradas y salidas de la Unión Europea con la instauración de
inter-operatividad de los datos recogidos;
- la denegación sin
condición de las regularizaciones colectivas, en desprecio de los
derechos de los trabajadores migrantes que no obstante contribuyen,
por la mayoría, desde varios años con su trabajo a la prosperidad
económica de la Unión;
- la organización de ?vuelos conjuntos?
de retorno para el alejamiento de los extranjeros indeseables;
-
los pocos avances relativos al derecho de asilo, el mantenimiento
del sistema Dublín II cuyas consecuencias dramáticas se miden sin
embargo diariamente, las mayores dificultades para los solicitantes
de asilo de alcanzar las fronteras de los países de la Unión para
pedir protección;
- la lógica utilitarista del ?dame y te doy?:
la entrega de una ayuda al desarrollo, por otra parte poco
convincente, con los migrantes los más calificados a modo de
intercambio, y el refuerzo de las dificultades pesando sobre los
países de emigración.
La legitimidad de la Unión Europea que
quiere controlar sus fronteras no puede hacerse de manera
securitaria, represiva y discriminatoria.
Por ello, la AEDH
llama a todos/as los/as ciudadanos/as, residentes y electos de la
Unión Europea a la vigilancia para que este Pacto no tenga éxito.
Europa necesita otra política de inmigración y de asilo,
ejemplar frente al resto del Mundo, respetuosa de los derechos,
fundada en la recepción, la no discriminación y la igualdad de
derechos.
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MEETING ANTIRACISTA DE ARCI EN
CECINA.-
Crónica de
Brigitte Espuche
2008
es el año europeo del diálogo intercultural. En esta ocasión, el
Meeting Internacional Antirracista de ARCI, Asociación Recreativa
Cultural Italiana, era uno de los lugares más apropiado para dar la
palabra a los protagonistas de una sociedad en mutación e
intercambiar sobre los temas vinculados al diálogo entre los
pueblos, la interculturalidad, la lucha a favor de los derechos de
las minorías, la batalla contra cada forma de discriminación y el
racismo.
La XIV edición de este Encuentro Internacional, que
tuvo lugar del 12 al 20 de junio en Cecina Mare, estación balnearia
de Toscana, reunió como cada año a personas de origen distinto:
inmigrantes, sindicatos, asociaciones, organismos públicos, redes,
movimientos, especialistas, profesores, operadores públicos y
privados. Para más información ver:
http://www.arci.it/news.php?id=9767
Esos protagonistas dieron
vida una vez más a un espacio público de reflexión y profundización
sobre lo que llamamos ?cultura?, sus distintas formas de expresión,
sus procesos de cambio y de enlace, sus influencias y cruces, ello
con el fin de construir un conocimiento común y colectivo capaz de
luchar contra los prejuicios y las representaciones torcidas que, a
menudo, etiquetan distintos grupos sociales, fomentan la desigualdad
y separan la humanidad entre ?ellos? y ?nosotros?.
Porque la
batalla contra todas las privaciones de derechos humanos y la
injusticia tiene una importancia particularmente aguda este año en
Italia, donde la ?berlusconizacion? del fenómeno migratorio ha
golpeado de manera muy dura las esperanzas de los demócratas y los
derechos fundamentales de muchos ciudadanos, acosados y
criminalizados, nos hemos movilizado para alzar la voz contra este
ideal-tipo de la vorágine anti inmigración que sacude la Europa
Fortaleza.
Un fenómeno preocupante y escandaloso que utiliza una
idea de la cultura que separa, que impide la comunicación, favorece
la división jerárquica del mundo y sirve para justificar la
injusticia, las discriminaciones y el racismo.
Un fenómeno que
modifica las representaciones dominantes sobre los distintos grupos
sociales formando la sociedad plural, construye un imaginario
colectivo de ?invasión?, absolutamente y cínicamente clave para
legitimar la criminalización de la figura del ?otro?, del
extranjero, y justificar políticas restrictivas al respecto, en
nombre de la ?seguridad? y de la ?democracia?.
Para no
permanecer pasivos frente a tantas formas de discriminación y de
racismo, hemos pretendido, durante esos días, construir juntos una
visión alternativa a las políticas xenófobas y neo-racistas que
golpean la Unión Europea para promover procesos reales que van de
abajo hacia arriba.
Porque nos importa el escrupuloso respeto de
los derechos humanos en una sociedad compleja y en mutación, hemos
querido impulsar una reflexión y una sensibilización internacional
sobre las grandes batallas que tenemos en adelante en torno a la
inmigración, el derecho de asilo y todas las manifestaciones de
racismo.
Con la esperanza de que, muy pronto, la justicia, la
solidaridad y la interculturalidad nos permitan hablar de una sola
Humanidad compartida.
En este marco de este Meeting
Internacional en Cecina, se celebró la reunión del Consejo de
Administración de Migreurop al que pertenece la APDHA. Se trataron
cuestiones de la puesta en marcha del Observatorio Europeo de
Fronteras; del lanzamiento de las dos campañas que Migreurop tiene
pensado presentar públicamente durante el III Foro Social Mundial de
las Migraciones: fiscalización de lugares de encierro de inmigrantes
y derechos de información sobre acuerdos de readmisión; del
seguimiento de la movilización contra la Directiva Retorno; y de la
implicación de Migreurop en la contra cumbre Migración y Desarrollo
que se realizará en octubre 2008 en París (ver
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article858)
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ESPAÑA: VIOLENCIA DE GÉNERO.-
Amnistía
Internacional
Tres años
después de la plena entrada en vigor de la Ley Integral (Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género), Amnistía Internacional pide al Gobierno que la
lucha contra la violencia de género gane prioridad. Amnistía
Internacional presenta hoy el informe, Obstinada realidad, derechos
pendientes, donde se evalúan los efectos de la Ley Integral en su
tercer aniversario.
Amnistía Internacional acogió con
satisfacción la aprobación por parte del Estado español de una
legislación específica para combatir la violencia contra las mujeres
a manos de la pareja o ex pareja, y medidas dentro de esta ley como
la aprobación del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
(2007-2008), que estableció entre sus objetivos algunas de las
recomendaciones formuladas por la organización, como lograr la
equidad territorial de la respuesta sanitaria y de atención, o
proporcionar formación al conjunto de profesionales de los ámbitos
implicados. O la iniciativa de evaluar los efectos de la puesta en
marcha de esta ley, como la creación del Observatorio Estatal sobre
Violencia contra la Mujer.
?Sin embargo, Amnistía Internacional
quiere poner de relieve que a más de tres años de su entrada en
vigor, pese a los avances realizados, la ley integral ha tenido poco
impacto en aspectos fundamentales del recorrido que deben realizar
las mujeres que sobreviven a la violencia de género, como la
atención sanitaria de calidad, el acceso a recursos de atención
integral, la asistencia letrada o la consolidación del principio de
no discriminación. Todos ellos siguen siendo compromisos sin
cumplir?, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior
de Amnistía Internacional España.
Igualmente, la organización
sigue viendo un déficit en el desarrollo de la Ley Integral en el
hecho de que no se hayan producido evaluaciones y seguimientos del
impacto de la ley, con vistas a detectar las lagunas en su
desarrollo. Evaluaciones que no deben obviar las cifras oficiales de
la violencia de género. Datos como que entre enero de 2005 y el 26
de junio de 2008 fueron asesinadas 224 mujeres a manos de sus
parejas o ex parejas, que en 2007 el riesgo de las mujeres
extranjeras de ser víctima de homicidios de género fue seis veces
superior al de las españolas, y el incremento en estos tres años del
número de mujeres asesinadas que habían denunciado (el 30% de las
mujeres asesinadas en 2007) y el de aquellas que murieron a pesar de
tener una orden de protección en vigor (12 fueron asesinadas en
2007) no pueden quedar fuera de ninguna investigación sobre este
fenómeno. ?Amnistía Internacional emplaza al Gobierno español a que
cumpla con su obligación en el tercer aniversario de la norma y
realice una completa evaluación que ponga de relieve no sólo las
medidas puestas en marcha durante estos años, sino el impacto de las
mismas en la vida de las mujeres, así como las medidas que quedan
por desarrollar?, señaló Virginia Álvarez.
Motivos de
preocupación de Amnistía Internacional
En este informe, la
organización quiere llamar la atención sobre la falta de
cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, que
constituye la base de los motivos de preocupación de Amnistía
Internacional:
- No se cumple la ley en el ámbito
sanitario. Un ámbito fundamental en cuanto a la detección de la
violencia de género y la atención a la mayor parte de las víctimas.
Amnistía Internacional ha comprobado que la mayor parte de sus
resultados previstos en este ámbito siguen en el papel. A seis meses
de que finalice la vigencia del Plan Nacional (2007-2008), que
establecía la formación de ?todos? los profesionales del ámbito
sanitario, no existe un plan de formación con acciones, calendario,
y presupuesto. Y aunque se lanzó el Protocolo Común de Actuación
Sanitaria, no se han evaluado las necesidades profesionales para su
correcta aplicación.
- La asistencia integral sigue
siendo insuficiente y desigual en función de la Comunidades Autónoma
y no se garantiza a todas las mujeres. La Ley Integral estableció el
derecho de las víctimas a la ?asistencia social integral?. Sin
embargo, este derecho continúa sin ser una realidad para todas las
mujeres y en todo el territorio estatal, ya que no existe un
compromiso interinstitucional de mínimos, ni una financiación
suficiente y estable. Por un lado, sigue sin existir un centro de
recuperación integral en todas las Comunidades Autónomas, se sigue
haciendo uso de hostales y albergues como ?centros de emergencia? y
las mujeres extranjeras carecen de intérpretes en todo el proceso de
asistencia. Y por otro, se ha reducido el presupuesto destinado a
Comunidades Autónomas y Corporaciones locales casi a la mitad. En
2006, el presupuesto destinado a éstas era de 12 millones de euros,
pero un cambio de criterio que actualmente sólo apoya ?proyectos
innovadores?, ha limitado el presupuesto en 2007 y 2008 a 6,5
millones de euros cada año.
Además Amnistía Internacional ha
podido comprobar que sigue sin haber recursos especializados para
atender a mujeres con dificultades añadidas (mujeres víctimas con
enfermedad mental, drogodependencias o alcoholismo), que en general
no son admitidas en los recursos establecidos para víctimas de
violencia de género. Y con carácter general, se sigue negando el
acceso de las mujeres inmigrantes en situación irregular a las
ayudas económicas dispuestas para las víctimas.
- La
asistencia letrada inmediata y especializada no se garantiza. En
estos tres años no se ha logrado garantizar la asistencia letrada
especializada ni desde el momento de interponer una denuncia o
solicitar la orden de protección, debido a la inexistencia de
?turnos de guardia 24 horas? en numerosos colegios de abogados, o a
la escasez de personal previsto en los colegios profesionales que sí
prevén turno de este tipo.
- Obstáculos para la
interposición de la denuncia. Pese a los avances, se siguen
detectando casos de falta de diligencia y trato policial inadecuado
a las víctimas de violencia de género. A Amnistía Internacional le
preocupa que esto sea debido a la falta de formación adecuada de los
agentes policiales no pertenecientes a ?unidades especializadas? que
muy a menudo son quienes toman el primer contacto con la víctima, y
a que no se incrementen las plantillas de las ?unidades
especializadas?.
- Especial vulnerabilidad de las
mujeres inmigrantes. En el caso de las mujeres extranjeras en
situación administrativa irregular y a causa de la Instrucción
14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, la organización
expresa preocupación porque, salvo en el País Vasco, el trámite de
la denuncia supone para ellas el riesgo de que se les incoe un
expediente sancionador o incluso una orden de expulsión si no
consiguen una orden de protección y una sentencia que acredite la
violencia sufrida. Para Amnistía Internacional esta medida puede
tener un efecto disuasorio a la hora de denunciar y hacer visibles
los abusos sufridos.
- Medidas de protección poco
efectivas. En los últimos tres años el número de mujeres asesinadas
con orden de protección en vigor haya ido en ascenso. Sin embargo,
sigue siendo escaso el número de efectivos de las fuerzas de
seguridad encargados de realizar el seguimiento y la protección de
las víctimas sujetas a este tipo de medidas.
- Falta de
formación del personal de los Juzgados. Pese a que la creación de
juzgados especializados en violencia de género ha supuesto un
importante avance, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de
estos juzgados inciden en la revictimización de las víctimas y los
obstáculos para la obtención de justicia. Amnistía Internacional
sigue detectando falta de formación adecuada por parte de las
plantillas de estos juzgados. No existe una previsión de formación
obligatoria de todos los jueces con competencias en esta
materia.
- Déficit en la persecución e investigación de
estos delitos. Para Amnistía Internacional es preocupante que la
puesta en marcha de los juzgados especializados no haya mejorado la
persecución e investigación de estos delitos. Por un lado, la
organización ha constatado el incremento de la cifra de
sobreseimientos de los casos, en una proporción sensiblemente
superior al incremento de las denuncias. En los últimos tres años,
el número de causas sobreseídas o archivadas en estos juzgados
creció anualmente un 67,3%, es decir, seis veces más que el número
de denuncias. En esta línea, llama la atención la inacción del
Ministerio Fiscal, que en muchos casos sin entrevistarse con la
víctima solicita el archivo de las actuaciones. Por otro lado,
Amnistía Internacional ha comprobado la falta de coordinación entre
estos juzgados ante los casos de denuncias cruzadas. Y por último,
las Unidades de Valoración Integral Forense que asisten estos
juzgados no siempre cuentan con personal con experiencia o formación
previa en esta materia. Todos estos puntos son claves para la
revictimización de las mujeres que sobreviven a la violencia de
género.
- La reparación a las víctimas sigue esperando.
En lo que se refiere a la reparación de las víctimas, una de las
lagunas que quedaron pendientes en la Ley Integral, sigue sin
encontrar cauces ágiles y accesibles. Para Amnistía Internacional es
necesario asegurar una reparación justa, especialmente en los casos
en los que el Estado no ha actuado con la debida
diligencia.
Amnistía Internacional sigue reclamando un enfoque de
derechos humanos para afrontar la violencia de género, contrario a
cualquier tipo de desigualdad territorial y discriminación basada en
circunstancias personales. La organización insta al Gobierno, a las
Comunidades Autónomas y al Poder Judicial a que pongan todos los
medios a su alcance para garantizar que los derechos recogidos en
esta ley sean una realidad, y dejen de ser una declaración de
intenciones.
Más Información: Informe completo ?Obstinada
realidad, derechos pendientes?
http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/obstinada_realidad_derechos_pendiente.pdf
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LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS.-
José Luis Díez
Ripollés, en El País 3 de julio
Recientes acontecimientos
han puesto nítidamente de relieve las carencias de gestión de la
Administración de Justicia, vinculadas ciertamente a una deficiente
organización y a un escaso aprovechamiento de las herramientas
tecnológicas disponibles, sin olvidar tampoco el papel que juegan
determinadas rutinas judiciales. Como era de esperar, el debate
subsiguiente ha girado en torno a cómo mejorar la gestión del
servicio público que es la Administración de Justicia.
A mi
juicio, sin embargo, el inaplazable debate sobre la modernización de
la justicia penal presupone tener claros previamente cuáles han de
ser los objetivos a conseguir por la jurisdicción penal. Porque si
los objetivos trazados son inalcanzables, difícilmente las mejoras
de gestión permitirán lograrlos.
Mi tesis es que la actual
sociedad española ya ha adquirido, aunque todavía con notables
limitaciones respecto a otras naciones de su entorno, las
características propias de una sociedad del bienestar. Eso hace que
disponga de las correspondientes instituciones y los suficientes
recursos para resolver numerosos problemas sociales mediante los
mecanismos de intervención y asistencia propios de las sociedades
desarrolladas. Pese a ello, nuestros poderes públicos mantienen una
preocupante tendencia a resolver demasiados conflictos sociales del
modo que acostumbran a hacerlo las sociedades carentes de esos
mecanismos de intermediación social, esto es, mediante el uso de
políticas de orden público, en último término, mediante la
criminalización de cualesquiera conflictos sociales.
Así, se ha
asentado la ingenua creencia de que el derecho penal está en
condiciones de revertir actitudes sociales profundamente arraigadas,
o de paliar el fracaso en la obtención de los objetivos que son
propios de otras instituciones. Esa concepción del derecho penal
como agente de moralización social o como herramienta polivalente de
reparación de emergencias sociales, además de tropezar con numerosas
objeciones de principio que ahora no es el caso de discutir, ignora
que el efecto fundamental que origina la intervención penal es la
exclusión social de las personas sobre las que recaen sus mecanismos
sancionadores. Pero no siempre, ni mucho menos, ese efecto va
acompañado de una efectiva resolución o atenuación del problema o
del conflicto social que ha motivado la intervención penal. En
ocasiones, incluso, una excesiva intervención penal dificulta la
solución del problema o, peor aún, enmascara las responsabilidades
de quienes deben resolverlo.
Ejemplos de lo acabado de señalar
sobran en las recientes reformas penales y procesales penales.
Veamos algunos.
El delito de impago de pensiones familiares se
introdujo hace algún tiempo y se amplió más recientemente para
encubrir la incapacidad de la jurisdicción civil para ejecutar sus
sentencias sobre rupturas familiares.
El tratamiento penal de la
violencia doméstica abandonó, desde 2003 en adelante, toda
pretensión de concentrarse en las conductas lesivas graves, objetivo
legítimo del derecho penal. La jurisdicción penal se ha transformado
en gran medida en un agente promotor de buenas costumbres sociales
en el ámbito de las relaciones de pareja; para satisfacer ese
programa educativo penal, se le ha obligado a utilizar todo su
arsenal punitivo frente a casi cualesquiera conductas inadecuadas en
el ámbito de esas relaciones de pareja.
Las continuas reformas
endurecedoras del sistema penal juvenil están a punto de destruir
uno de los ámbitos donde se había logrado un razonable equilibrio
entre reacciones enérgicas ante conductas socialmente inaceptables,
e intervenciones sociales incluyentes, encaminadas a recuperar al
niño y joven para la sociedad.
Muy recientemente, en relación con
las infracciones a la seguridad vial, se ha preferido renunciar a
una adecuada dotación de medios personales y materiales a los
órganos administrativos encargados de perseguirlas, de forma que se
pudieran garantizar controles efectivos y sanciones administrativas
prontas, ciertas y disuasorias, y en lugar de ello se ha optado por
encomendar a los tribunales penales el control de los límites de
velocidad y de los requisitos administrativos para poder
conducir.
Y no olvidemos los todavía matizados, pero reiterados,
anuncios oficiales a favor de una mayor implicación del derecho
penal en el abordaje del fenómeno social de la
inmigración.
Naturalmente, la consideración del derecho penal
como instrumento social preferente para el abordaje de numerosos
problemas sociales ya ha dado lugar a una serie de reformas
estructurales de largo alcance, que están pasando desapercibidas en
el actual debate sobre la ineficiencia de la Administración de
Justicia. Las reformas procesales que, al menos desde 2002, han
creado los llamados juicios rápidos y han promovido la institución
de la conformidad entre las partes han logrado que más de un 50% de
los procedimientos penales se resuelvan mediante el acuerdo entre
acusación y defensa, limitándose el juez o tribunal a verificar que
se han respetado los requisitos formales para obtener tal acuerdo.
Así, los afanes por desatascar una justicia a la que se le han
atribuido funciones sociales que no le corresponden han llevado a
que la justicia haya dejado en buena medida de ser tal,
convirtiéndose en una negociación en la que el juez o tribunal es un
convidado de piedra.
Es hora de plantearnos si el debate sobre la
modernización de la justicia penal no debe incluir, como uno de sus
presupuestos esenciales, la despenalización de conductas de gravedad
escasa o moderada. Nuestra sociedad dispone ya de los medios
suficientes para abordar numerosos problemas sociales con los
instrumentos de intervención que le ofrece la sociedad del
bienestar, sin necesidad de transformarlos en problemas
penales.
Ese descenso de la presión sobre el sistema penal
permitiría, sin duda, llevar a cabo la ineludible mejora de su
gestión sin que el incesante crecimiento de asuntos se coma
cualesquiera progresos. Pero es que, además, posibilitaría atender a
algunos otros temas importantes que, por las razones precedentes,
están hoy, desgraciadamente, en un segundo plano.
Así sucede con
la inaplazable necesidad de que el sistema penal disponga de tiempo
y recursos suficientes para ocuparse de comportamientos delictivos
de gran dañosidad social y dificultosa investigación, como son los
que tienen lugar, por ejemplo, en el ámbito socioeconómico, en el
urbanístico o ambiental, o en la corrupción pública y privada. Todo
indica que, pese a algunos avances constatables, no están siendo
objeto de la dedicación judicial que merecen, pese a los nefastos
efectos que la tolerancia de esos comportamientos origina sobre el
conjunto de la vida social.
Del mismo modo, la aplicación de
nuestro sistema de penas precisa de una urgente modernización:
nuestros jueces y tribunales hacen un uso desmesurado de la pena de
prisión, y se han mostrado incapaces de aprovechar las
potencialidades disuasorias de una pena de multa verdaderamente
ajustada a los ingresos del culpable, o de unas penas privativas de
derechos con virtualidad para impedir o limitar significativamente
determinadas actividades del condenado. En todo ello tienen mucho
que ver, aparte de las rutinas judiciales, la ausencia de los
suficientes recursos personales y materiales para implementar esas
sanciones.
IMPRESCINDIBLE.-
> Estar al loro del FORO SOCIAL
MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES.-
Del 11 al 14 de septiembre se
celebra en Rivas Vaciamadrid el III Foro Social Mundial de las
Migraciones. Imprescindible para la gente que se preocupa por las
migraciones. Pero no sólo? imprescindible para la gente que se
preocupa por los derechos humanos.
Un evento al que asistirán
varios miles de personas de organizaciones de todo el planeta que
trabajan en relación al tema migratorio, o son migrantes, o
simplemente se interesan por un fenómeno de alcance global.
Los
ejes previstos, las actividades que se organizarán, el encuentro y
el intercambio, la posibilidad de participar en redes o de
constituirlas para trabajar juntos? todo en la Web del Foro? ¡no
dejes de inscribirte!!!
http://www.fsmm2008.org/
>
Firmas contra la jornada de 65 horas.-
No sólo es la
Directiva Retorno. Nuevos y graves motivos de preocupación para los
derechos sociales nunca consolidados al parecer, nunca conquistados
del todo. Como sucede con la propuesta de abrir la posibilidad, en
una negociación bilateral entre empleador y trabajador, a la
ampliación de la jornada a 65 horas, rompiendo con los principios de
la negociación colectiva y sencillamente abriendo la caja de Pandora
a una mayor precariedad, imposibilidad de conciliar vida laboral y
vida familiar, aumento de los riesgos para la salud en el trabajo,
etc.
Una de las primeras iniciativas es esta recogida de firmas
para rechazar esta vuelta a las cavernas?
http://www.firmasonline.com/1Firmas/firmasNewok.asp?C=1556
>
Vincennes: la culpa de los colectivos de solidaridad.-
El
Centro de retención administrativa (CRA) de Vincennes (Francia) se
quemo casi enteramente hace una semana, en un incendio supuestamente
provocado por los propios retenidos (que eran 273 en el recinto en
el momento del siniestro), tras el fallecimiento de un retenido
tunecino.
Lejos de asumir las condiciones indigna de
internamiento de los retenidos, el gobierno francés ha preferido
apuntar la "responsabilidad" de los colectivos de apoyo en este
incendio intencionado.
"No es tolerable que unos colectivos tipo
Red de Educación Sin Fronteras (RESF) vengan a provocar en los
alrededores de estos centros con el riesgo de poner en peligro los
extranjeros retenidos", destaco el portavoz del UMP en su
comunicado, reclamando "la mayor firmeza contra los colectivos que
realizan este tipo de acciones cerca de lugares donde no tienen
absolutamente nada que hacer".
Unas palabras tachadas de
?delirantes? por el propio RESF quien declaró en un comunicado que
"el verdadero escándalo no es que unos centenares de hombres
desesperados incendien su prisión, sino que está en su internamiento
administrativo, preludio a su expulsión".
En cuanto a los
partidos de Izquierda, destacaron que el incendio del centro de
retención de Vincennes era previsible, siendo el "resultado de una
situación explosiva e indigna, conocida y causada por el
gobierno".
> España impide la entrada al país a un
activista de DH saharahui.-
El cónsul general de España en
Agadir (Marruecos), rechazó la solicitud de visado del antiguo preso
político, presidente del Comité Saharaui de Apoyo al Derecho de
Autodeterminación (CSSASO) y Premio RAFTO de Derechos Humanos en
2002, Sidi Mohamed Daddach, para viajar a Las Palmas y participar en
la Conferencia Internacional de Juristas por el Sahara
El
activista saharaui de DD.HH. estuvo preso en cárceles marroquíes
durante 25 años y estuvo condenado a muerte.
Denuncia la
situación y apoya al pueblo saharaui:
http://www.todosconelsahara.com/
http://www.libertadpresospoliticossaharauis.com/8
> Informe CEAR 1008 Situación Refugiados en
España.-
Ya está disponible en la web de CEAR el Informe 2008
de CEAR La situación de los refugiados en España, que recientemente
se presentó por esta organización en rueda de prensa en varias
ciudades.
El enlace es:
http://www.cear.es/txt.php?idCurso=81&idTituloDef=113
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23-07-08
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