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CONSTITUIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
APDHA.-
El
pasado sábado 28 de junio se constituyó la nueva Junta Directiva
elegida para un mandato de tres años. La configuración de la Junta
Directiva, según recogen los estatutos de la APDHA, suma a las 13
personas elegidas directamente por los socios los representantes de
las once delegaciones territoriales que en estos momento tiene
constituida la Asociación (Almería, Granada, Málaga, Ronda, Córdoba,
Sevilla, Sierra Sur de Sevilla, Campo de Gibraltar, Jerez, Bahía de
Cádiz y Huelva.
La Junta Directiva tras constituirse tomó nota
del documento aprobado en la Asamblea del 17 de mayo de Mollina para
tenerlo en cuenta en la programación del trabajo de reflexión
interno. Asimismo se felicitó unánimemente del carácter limpio,
transparente y democrático del proceso electoral que ha finalizado
con la propia constitución de la Junta Directiva.
Finalmente la
Junta Directiva eligió en votación secreta al Secretariado
Permanente, resultando elegidas las siguientes
personas:
- Maribel Mora Grande, Coordinadora
General
- Miguel García Casanova, Vicecoordinador General
-
Fefi Sánchez Montero, Secretaria General
- Inmaculada Gala Parra,
Tesorera
Y los seis vocales estatutarios:
- Ester Muñoz
Muñoz
- Fany Acien González
- Jana Vidal Reigada
- Rafael
Lara Batllería
- Rafael Montes Velasco
- Valentin Aguilar
Villuendas
A los que se incorpora como invitado en su
calidad de Coordinador del Área de Marginación de la APDHA el
compañero
- Pablo Fernández
Herrera
Maribel da continuidad al trabajo de Ester
en la Coordinación General de la APDHA.
La mirada de una mujer
comprometida con la justicia ilumina la oscuridad de las palabras
sobre el papel para que así, de repente, cobren acción y vida; eso
es lo que llamamos compromiso.
La mirada de dos mujeres
comprometidas en la lucha por la igualdad disuelve la soledad como
se disuelve un azucarillo en agua fresca y así van creando,
definiendo y construyendo el hoy con el material de cuanto soñamos
para el mañana.
La APDHA tiene el privilegio de contar con
mujeres de esta clase; fuertes y tiernas a la vez, capaces de poner
palabras en acción para la vida, de alborotar las conciencias y
unirlas luego en un proyecto colectivo, mujeres en las que podemos
confiar para que transmitan nuestros afanes cotidianos, mujeres que
saben construir con lo cotidiano una trayectoria hacia la utopía de
la paz, la justicia, la igualdad y los derechos
humanos.
Maribel Mora Grande, elegida Coordinadora General,
es abogada y pertenece a la delegación de Sevilla de la APDHA. Viene
trabajando activamente desde hace muchos años en el área de cárceles
de la Asociación, de la que fue Coordinadora. En los últimos meses
ha desarrollado un importante trabajo en relación a la salud en
prisión, de forma más intensa sobre la situación de los enfermos
mentales en las cárceles andaluzas.
Desde aquí queremos
desearle todo lo mejor en el su nueva responsabilidad al frente de
la Asociación. Una tarea siempre compleja -como complejos y a
veces conflictivos son los colectivos humanos- para lo que contará
con todo el respaldo y el trabajo de la Junta Directiva y el
Secretariado Permanente. Estamos convencidos de que el mandato de
Maribel Mora al frente de la APDHA va a ser un nuevo paso en su
consolidación, en la integración y en que sepa jugar un papel cada
vez más importante en la defensa de los sectores sociales más
excluidos y en el cumplimiento de los Derechos
Humanos.
Maribel sustituye como Coordinadora General a Ester
Muñoz, que ha ocupado esta responsabilidad durante el último año.
Ester continúa siendo delegada de la APDHA en Córdoba y continúa
perteneciendo al Secretariado Permanente como vocal.
Desde aquí
queremos reafirmar muchas de las palabras de agradecimiento y de
apoyo que recibió la compañera Ester en la Junta Directiva. Como
Coordinadora General ha realizado un ímprobo esfuerzo de integración
y ha trabajado de forma decidida para que nuestra Asociación fuera
de verdad un instrumento para y el apoyo a la gente más
desfavorecida de nuestra sociedad y para levantar el velo que oculta
las violaciones de los derechos humanos. No vamos a necesitar
recordarla pues sigue con su compromiso y su trabajo, aunque desde
otras responsabilidades. Pero no queremos dejar de poner de
manifiesto nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración por
una de las personas más entrañables y comprometidas que ha estado al
frente de la APDHA. Otro mundo posible sólo será realmente posible
con personas como Ester, con mujeres como Ester. ¡Gracias por este
año que nos ofreciste a la gente de la APDHA!
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MANIFIESTO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
TORTURA Y LOS MALOS TRATOS.-
Los abajo firmantes, organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos comprometidas con la
erradicación de la tortura y malos tratos en España y el mundo, se
dirigen a la opinión pública con ocasión de la celebración del Día
Mundial de las Víctimas de la Tortura y manifiestan:
1.
España debe adoptar las medidas inmediatas de protección contra la
tortura que han sido recomendadas por los órganos internacionales de
derechos humanos. Entre ellas:
1.1. Las más altas instancias
políticas deben proclamar su absoluto rechazo de la tortura y malos
tratos.
1.2. El Gobierno debe ordenar investigaciones
disciplinarias ante todo caso de tortura que se denuncie o del que
se tenga noticia. Como medida puramente cautelar, se debe separar de
su cargo a los funcionarios investigados.
1.3. El Estado debe
establecer un mecanismo independiente del Gobierno y de las fuerzas
y cuerpos de seguridad, con competencia para investigar los casos de
tortura y malos tratos de los que se tenga noticia.
1.4. El
Ejecutivo debe colaborar lealmente con los tribunales en la
investigación judicial que se realice ante toda denuncia de tortura
o malos tratos formalizada por la presunta víctima. Por lo mismo,
debe comprometerse a acatar las sentencias condenatorias por tortura
y malos tratos, absteniéndose de indultar a los agentes de policía
que resulten condenados.
1.5. El Gobierno debe adoptar medidas
para asegurar que todas las autoridades estatales (gubernamentales o
no) y todas las administraciones (estatales, autonómicas o
municipales) otorguen la máxima protección y respeto a los
defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones,
absteniéndose de obstaculizar directa o indirectamente sus
actividades a modo de represalia, cuando ejercen su legítimo derecho
de denunciar comportamientos o conductas prohibidas.
1.6. Debe
implantarse la obligación de grabar en soporte audiovisual las
sesiones de interrogatorio a todo tipo de detenidos, en todas las
Comisarías de la Policía Nacional, Cuarteles de la Guardia Civil,
Policías Autonómicas y Locales de toda España.
1.7. Debe
revisarse urgentemente la legislación antiterrorista en vigor, que
permite mantener incomunicados a detenidos sospechosos de
actividades terroristas.
1.8. Debe terminar la jurisdicción
especial de la Audiencia Nacional para la represión de los delitos
de terrorismo.
1.9. Deben revisarse las actuales definiciones de
delitos terroristas en los Artículos 572 a 580 del Código Penal,
porque conllevan un riesgo de deterioro gradual de la noción de
terrorismo.
1.10. Las medidas antiterroristas del Estado deben
ser compatibles con sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos, en particular los derechos protegidos por el Art.
4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
principio de no discriminación, porque su suspensión no se permite
bajo ninguna circunstancia. En particular, deben preservarse las
siguientes garantías: el derecho del detenido a ser visitado por sus
familiares, un médico y un abogado de su elección desde el mismo
momento de su detención; la presunción de inocencia del detenido; la
prohibición de condenar al acusado sobre la base de confesiones
extrajudiciales; y la obligación del médico forense de emitir sus
certificados médicos conforme a los requerimientos del Protocolo de
Estambul.
2. España debe establecer urgentemente un mecanismo
nacional de prevención de la tortura, conforme a lo dispuesto en el
Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
ratificado por España en 2006.
2.1. El objetivo del citado
Protocolo Facultativo es doble: prevenir la tortura y malos tratos,
y asegurar la igualdad de medios de protección contra la tortura
para todos.
2.2. La prohibición de la tortura y malos tratos es
absoluta en el Derecho internacional de los derechos humanos. Por
tanto, el mecanismo nacional para la prevención de la tortura (MNP)
debe ser efectivo para impedir la violación de prohibiciones que no
admiten matices.
2.3. El MNP debe respetar los principios de
independencia funcional, acción descentralizada y
transparencia.
2.4. Una ley tramitada por el procedimiento de
urgencia debe crear el MNP como institución del Estado de nuevo cuño
y dotada de presupuesto propio.
2.5. Los miembros del MNP deben
ser expertos independientes, con participación de la sociedad civil
y de todos los sectores interesados, excluidos los poderes públicos.
2.6. El MNP debe asegurar que la protección mediante la
prevención opere de modo uniforme en todos los lugares de privación
de libertad de las personas y sin discriminación entre ellas, con el
fin de evitar espacios de impunidad, de protección desigual o no
protegidos por la prevención.
2.7. La descentralización del MNP
supone que su estructura interna responda al modelo del Estado de
las Autonomías. Por tanto, se deben prever órganos colegiados
dependientes del MNP que, coordinados por éste, ejerzan eficazmente
las labores de prevención, adaptándose a las competencias que
corresponden a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en lugares
de privación de libertad, en los que también es necesario prevenir
la tortura y malos tratos, así como ejercer las demás funciones
propias del MNP. A su vez, tanto el órgano central como los
descentralizados del MNP que se creen, deberán incorporar en su seno
a expertos procedentes de la sociedad civil.
2.8. El Gobierno
debe anunciar un compromiso formal de recuperar la interlocución con
la sociedad civil, que fue interrumpida el 18 de diciembre de 2007.
También debe confirmar que cumplirá efectivamente sus compromisos,
anunciados por el Ministro de Justicia en sede parlamentaria, para
llegar ?a buen puerto y pronto?, y así lograr que el MNP español sea
en verdad un mecanismo nuevo, mixto, independiente, descentralizado
y transparente. Por último, el Gobierno debe proseguir el diálogo
con todas las partes interesadas, en particular la sociedad civil, y
anunciar sin más dilación un calendario racional de reuniones, con
indicación clara de las materias a tratar.
2.9. La interlocución
debe ser franca y abierta. También el resultado de las reuniones que
se celebren, que se concretará en informes claros y públicos, en
cuya elaboración hayan tenido la posibilidad de participar todos los
sectores interesados asistentes a las mismas. Los informes públicos
asegurarán la necesaria transparencia de todo el proceso de
interlocución.
2.10. El Gobierno debe distribuir su proyecto de
MNP sin más dilación, dando tiempo suficiente para que los distintos
actores puedan conocerlo, estudiarlo y formular sugerencias que
hagan más fructíferas las futuras reuniones de
interlocución.
2.11. El Gobierno debe financiar al menos el
traslado y alojamiento en Madrid de los representantes de las ONG
que deseen participar en las reuniones de interlocución que se
convoquen.
Madrid, 26 de junio de 2008
Asociación Española
para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Federación
de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-
-España"
Coordinadora para la Prevención de la
Tortura
Asociación Pro Derechos Humanos de
España
IEPALA
Instituto de Derechos Humanos Pedro
Arrupe
Universidad de Deusto ?
Bilbao.
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ANUNCIOS DE CONTACTOS SEXUALES EN LA PRENSA
ESCRITA.-
Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas
Trabajadoras del Sexo.
Madrid, 11 de junio de
2008
Reunida en Madrid, la Plataforma Estatal por los Derechos de
las Personas Trabajadoras del Sexo (*) desea pronunciarse sobre la
inclusión de anuncios de contacto sexuales pagados en la prensa
escrita.
Algunas organizaciones abolicionistas han iniciado una
campaña dirigida a los diarios instándoles a que dejen de publicar
los anuncios de prostitución. Se les culpa de estar
?enriqueciéndose? de la industria del sexo y de no colaborar para
acabar con la prostitución, ya que, afirman: ?no es una opción
libre, es una explotación de género entre hombres y mujeres?. Estas
posiciones niegan la realidad: que hay mujeres, hombres y
transexuales femeninas, que como personas trabajadoras, anuncian sus
servicios autónomamente en la prensa escrita y tras quienes no se
encuentra ninguna mafia organizada.
Bajo nuestro punto de vista,
son la policía y los jueces quienes deben impedir el negocio de las
organizaciones mafiosas dedicadas a la trata de seres humanos (ya
sea en prostitución, en servicio doméstico, en las industrias o en
el campo). Pretender que esta labor sea responsabilidad de la prensa
parece desmesurado. Especialmente cuando sabemos que las actividades
delictivas, como la trata, se desarrollan en la clandestinidad y no
suelen darse propaganda a través de anuncios en la prensa.
Y
aunque entre las personas que se anuncian en la prensa algunas
puedan estar trabajando en condiciones difíciles e injustas
laboralmente hablando, la solución no es prohibir los anuncios sino
diferenciar prostitución voluntaria de trata de seres humanos y
legislar reconociendo la prostitución como un trabajo y, por tanto,
dando derechos a las trabajadoras del sexo. Consideramos que los
medios de comunicación no deberían utilizarse para cuestionar el
trabajo sexual libre y menos aún para realizar prohibiciones
moralistas encubiertas, por parte de ciertos sectores con excusas
ideológicas de tintes feministas e igualitaristas.
Entendemos
que la prensa escrita no es un producto infantil y los menores han
de estar acompañados para entender aspectos de difícil comprensión:
guerras, hambruna, violencia? Quienes demandan la retirada de los
anuncios de prostitución obvian el hecho de que las personas que se
anuncian suelen hacerlo por decisión propia; que hay hombres que
también ofrecen servicios sexuales; que nadie preguntó a quienes se
anuncian qué les parece tal decisión (continuarán anunciándose de
otro modo) y, obvian que entre los anuncios de contactos sexuales
hay algunos en los que no media intercambio económico alguno (¿o
sólo preocupa el comercio sexual o habrá que exigir también la
retirada de éstos últimos?).
Desde la Plataforma Estatal por los
Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo entendemos que los
medios de comunicación están ahí para difundir la realidad de manera
respetuosa. Nosotras, como defensoras de las personas que ejercen la
prostitución, les solicitamos y agradecemos especialmente que
guarden respeto y tengan siempre en cuenta el derecho a la intimidad
de quienes se prostituyen, que decidan no publicar fotos robadas o
realizadas sin el consentimiento de quienes aparecen en ellas y que
no reproduzcan imágenes de desmantelamiento de mafias -cedidas por
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado- en donde sea posible
reconocer a las mujeres, poniendo en grave riesgo su intimidad y la
de sus familias.
Esperamos que esta campaña de censura no tenga
ningún eco en los medios de comunicación. Lo que está a debate va
más allá de las concepciones que a cada cual le pueda merecer la
prostitución: La libertad sexual y la libertad de expresión no
pueden ser recortadas en sociedades democráticas por valoraciones
morales particulares.
(*) Forman parte de la Plataforma
Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo las
siguientes organizaciones: Genera (Barcelona), Ámbit Prevenciò-Ambit
Dona (Barcelona), El Lloc de la Dona (Barcelona), Licit (Barcelona),
CATS (Murcia), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía,
Colectivo Lambda (LGTB) de Valencia, Fundación Triángulo (Madrid),
Transexualia (Madrid), Cogam (Madrid) y Colectivo Hetaira
(Madrid).
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REFUGIADOS EN MARRUECOS.-
Mª Ángeles Marco. APDHA Córdoba. Junio
2008
Desde
el 20 de junio del año pasado, hay un acuerdo entre el Reino de
Marruecos y el ACNUR (Alto Comisariado de Naciones Unidas para los
Refugiados) que reconoce la autoridad de éste último.
Después de
haber sufrido violación sistemáticamente de sus derechos durante
años en Marruecos, en este último año los refugiados han visto
mejorar un poco su situación en materia de seguridad. En el 2007 las
expulsiones a la frontera, con todo lo que de atropello y
sufrimiento implica, eran algo habitual, cuando la policía marroquí
no reconocía en absoluto los papeles del ACNUR y deportaba a toda
persona de piel negra sin más miramientos. Hoy los refugiados poseen
un tarjeta plastificada que cada vez más los policías y militares
marroquíes reconocen, y que en muchas ocasiones ya les sirve para
ser liberados tras una redada (la personación de militantes
asociativos y personal propio del ACNUR han sido determinantes para
este extremo).
Pero aparte de esto, poco o nada ha mejorado la
situación de los refugiados en Marruecos. Sin derecho a trabajar y
sin que se les faciliten medios de subsistencia, están avocados a la
marginalidad. El ACNUR sólo concede una raquítica ayuda material a
menores, madres con niños a cargo y enfermos. El resto de
refugiados, debe apañárselas en un país donde se les deniega el
acceso al mercado laboral, y donde las condiciones de vida han
propiciado que 3 millones de sus conciudadanos hayan optado por
emigrar. Como ellos reclaman una y otra vez, si ni Marruecos ni
ACNUR tiene capacidad para garantizarles la seguridad ni las
posibilidades de una vida digna, que los reinstalen en otro
país.
En esta esperanza viven todos. Y en este sentido, esta
pasada primavera, media docena de refugiados han sido reinstalados
en Europa (en concreto en Holanda). Pero ésta es la excepción. Citar
por ejemplo el caso de una madre con su hijo, de Congo Brazaville,
que llevan años pidiendo el reagrupamiento familiar. El marido y dos
hijas viven como refugiados reconocidos en Francia desde hace años;
la madre y el otro hijo no pudieron salir en el mismo momento del
país, y cuando al fin consiguen subir hasta Marruecos, se quedan
bloqueados ahí sin posibilidad de reagrupación, a pesar de todos los
reconocimientos como refugiados posibles de toda la
familia.
Especialmente dramática es la situación de los menores
no acompañados. El único centro que ACNUR tenía para ellos ha sido
cerrado; ahora el organismo de Naciones
Unidas se limita a
darles 300 dirham al mes para que se paguen el alquiler. Abandonados
a sí mismos, expuestos a todos los peligros, son carne de cañón de
la prostitución.
Y en este contexto, el pasado 20 de junio se
celebró el Día de los Refugiados. El lema de este año era: ?Proteger
a los refugiados: reconstruir sus vidas en seguridad y dignidad?. M
Van Ver Klaaw, representante del ACNUR en Marruecos, puso el acento
claramente sobre la necesidad de unificar esfuerzos para elaborar
mecanismos jurídicos que permitan a los refugiados acceder al
mercado laboral. Mientras tanto, el evento se celebró pagando el
viaje a todos los refugiados de Marruecos desde el punto en que
residen, y repartiendo un saco de arroz de cinco kilos a cada uno.
Sin duda, hubo público para el evento. Nos preguntamos si se les ha
preguntado a los refugiados cuales son sus deseos y necesidades
reales.
Los esfuerzos del personal del ACNUR, por muy loables que
puedan ser, no dejan de inscribirse en la política de
externalización de la política de asilo de la Unión Europea, que
intenta fijar a los refugiados fuera de sus fronteras, sin
importarle si esos países puedan ofrecer realmente condiciones de
vida y seguridad, cuando lo que evidencian los tres millones de
emigrantes marroquíes es que esos extremos no se cumplen ni con sus
ciudadanos.
Todavía no hemos conocido a un solo refugiado que
desee quedarse en Marruecos. Algo tendrá que decirnos este dato.
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ASALTO AL PUESTO FRONTERIZO DE MELILLA
ABCDS y ARDH
A raíz del asalto masivo de
un grupo de migrantes subsaharianos, el domingo 22 de junio sobre
las 4:30 de la mañana, contra el puesto fronterizo de Bab Melilla,
que separa el enclave español de Melilla de Nador, las asociaciones
ABCDS, Association Beni Znassen pour la Culture, le Développement et
la Solidarité,, y ARDH, Association Rif des Droits de l'Homme dan a
conocer su Informe general. Registraron la detención de 58 personas,
entre las cuales 28 detenidos por la Guardia civil española tras
haber conseguido cruzar el pórtico fronterizo, y 30 personas por
elementos de la seguridad marroquíes, tras enfrentamientos in situ
con las fuerzas del orden marroquíes y españolas. Dichos
enfrentamientos hicieron 7 heridos en las filas de los migrantes,
quienes fueron trasladados más tarde al hospital regional de Nador
para recibir cuidados antes de ser conducidos, el lunes por la
tarde, a la comisaría de Nador para terminar la investigación. 22
otros migrantes fueron detenidos tras otro intento de asaltar la
barrera de seguridad de la misma manera, el mismo día sobre las
22:00 de la noche, sin heridas según los testimonios recogidos ante
las fuentes del interior del hospital regional de Nador.
En la
cobertura mediática de este asalto, la MAP (Magreb Árabe Prensa)
publicó la información en cinco versiones, cada una corrige la otra
en una confusión clara, agravada por los datos contradictorios del
comunicado de la dirección de migración y vigilancia de las
fronteras del Ministerio marroquí de Interior, que habla del
"registro de 7 casos de pérdida de conciencia" en las filas de estos
migrantes, antes de que se corrija posteriormente esta información
para hablar de "siete candidatos a la inmigración que recibieron
heridas leves", sin la publicación de extractos del comunicado de la
Dirección, lo que afecta enteramente la credibilidad de las
declaraciones oficiales en este sentido.
La comisión compuesta
de miembros de la ARDH y de la ABCDS, intentó ir al servicio de
?huesos y articulaciones? del hospital regional para determinar el
estado de los heridos, pero el acceso se les fue rechazado por
algunos responsables policiales. Las dos ONG registraron una campaña
súbita y de gran envergadura llevada por las fuerzas del orden en
las zonas rurales adyacentes al municipio de Nador, que conllevo la
detención de una serie de migrantes, cuyo número sigue siendo
desconocido por el momento.
Esta clase de olas súbitas se produce
en el marco de la protección de las fronteras del enclave de
Melilla. Y como anteriormente expresado por el CCDH, Consejo
Consultivo de los Derechos Humanos, en su informe titulado ?Informe
sobre el establecimiento de los hechos relativos a los
acontecimientos de la inmigración ilegal - Acontecimientos de Ceuta
y Melilla durante el otoño 2005?, se puede leer en su 6.o página que
?No es que Sebta y Melilla sean asaltadas lo extraño en estas
condiciones, es preguntarse cómo estos muros pueden aún estar en pie
lo curioso. Una cosa es segura: sin la ayuda y la voluntad del
Estado marroquí, estos muros no aguantarían una semana?.
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ALIMENTOS ARTÍCULOS DE LUJO.-
Frei Betto
ALAI AMLATINA, 23/06/2008, Sao Paulo.-
¿Quién se imaginó que tendría que entrar en una butique para comprar
arroz, frijoles, verduras y carne? Pues quizás no estemos lejos de
ello. El precio medio de los alimentos se triplicó en los últimos
doce meses.
El año pasado los dueños del mundo invirtieron en la
industria de la muerte -la fabricación de armamentos- US$ 134 mil
millones, un 45 % más que hace diez años, según el Instituto
Internacional de Investigaciones para la Paz. En gastos militares
los gobiernos invirtieron el 2.5 % del PIB mundial. Por cada
habitante del planeta se destinaron US$ 202 a alimentar las bestias
del Apocalipsis con misiles, bombas, minas y artefactos nucleares.
En resumen: según la FAO, comparado con los gastos en alimentos, el
valor consumido por los armamentos lo superó ¡191 veces!
Los
Estados Unidos facturaron en el 2007 un 45 % de la venta de armas en
el mundo. Este mercado hoy día es dominado por 41 empresas
estadounidenses y 34 de Europa occidental. En los últimos diez años
los gastos militares de los EE.UU. aumentaron un 65 %, sobrepasando
todo lo que se invirtió durante la Segunda Guerra Mundial. Es el
precio de las intervenciones en Iraq y en Afganistán.
Además de
esa desproporción brutal entre lo que se invierte en la muerte
(armas) y lo que se aplica a la vida (alimentos), la crisis del
petróleo, con el barril por encima de los US$ 130, eleva
terriblemente el precio de los alimentos. En los últimos 50 años se
industrializó la agricultura, lo que aumentó un 250 % la cosecha
mundial de cereales.
Pero eso no significó que se pusieran más
baratos y llegaran a las bocas de los hambrientos.
La agricultura
pasó a consumir petróleo en forma de fertilizantes (éstos
representan 1/3 del consumo de energía en la producción y aumentaron
un 130 % en el último año), pesticidas, máquinas agrícolas, sistemas
de irrigación y de transporte (desde los camiones que hacen llegar
el alimento al mercado hasta el motorista repartidor de
pizzas).
La agricultura industrializada consume 50 veces más
energía que la agricultura tradicional, pues el 95 % de todos
nuestros productos alimenticios exigen la utilización de petróleo.
Sólo para criar una vaca y ponerla en el mercado se consumen seis
barriles de petróleo, de 158.9 litros cada uno.
La subida del
precio del petróleo abre un nuevo y vasto mercado para los productos
agrícolas. Antes ellos eran destinados al consumo humano.
Ahora
son empleados también para alimentar máquinas y vehículos. El precio
del petróleo aumenta el de los alimentos sencillamente porque si el
valor del combustible de una mercancía excede su valor como
alimento, se convertirá en agrocombustible.
¿Quién va a invertir
en la producción de azúcar si con la misma caña se obtiene más
ganancia generando etanol? Es obvio, el azúcar no desaparecerá de
los estantes del supermercado. Pero será ofrecido como artículo de
lujo a fin de compensar las inversiones de quien dejó de producir
agrocombustible.
No se trata de ponerse contra el etanol, sino de
ponerse a favor de la producción de alimentos, de modo que sean
accesibles a la renta media mensual del brasileño corriente, que
gana unos US$ 300. Además, nadie desconoce el trabajo esclavo o
semiesclavo que predomina en los cañales del Brasil, según una
reciente denuncia de Amnistía Internacional. Es urgente que el
Congreso Nacional apruebe la PEC 438/2001 contra el trabajo esclavo.
Desgraciadamente, Planalto acaba de editar la Medida Provisional que
no obliga al cumplimiento de inscripción del trabajador hasta
después de los tres meses de contratado. ¿Cuántos trabajadores
eventuales no van a quedar condenados al régimen perpetuo -y legal-
de trimensualidad laboral y sin derechos laborales?
Algunas
empresas de producción de etanol obligan a sus trabajadores a
recoger hasta 15 toneladas de caña al día y les pagan no por las
horas trabajadas sino por la cantidad recogida. Según especialistas,
tal esfuerzo causa serios problemas de columna, calambres,
tendinitis y enfermedades en las vías respiratorias debido al hollín
de la caña, deformaciones en los pies por el uso de gruesos zapatos
y daños en las cuerdas bucales por tener el cuello torcido durante
el trabajo.
En la cosecha los trabajadores están empapados de
sudor debido a las altas temperaturas y del excesivo esfuerzo. Para
cortar una tonelada de caña hay que dar mil machetazos. Los salarios
pagados por producción son insuficientes para garantizarles
alimentación adecuada, pues, además de los gastos de alquiler y
transporte desde sus lugares de origen hasta el interior de São
Paulo y de Minas, envían parte de lo que ganan a sus familias.
El
actual régimen de trabajo reduce el tiempo de vida útil de los
cortadores a unos 12 años. En 1850, en que el tráfico de esclavos
era libre y la oferta de mano de obra abundante, la vida útil de
esos trabajadores era de entre 10 y 12 años. A partir de la
prohibición de importar negros, el trato mejor dispensado a los
esclavos amplió su vida útil a entre 15 y 20 años.
Si el gobierno
federal desea promover el crecimiento económico con desarrollo
sustentable, sin antagonizar esas dos metas de nuestro proceso
civilizatorio, es preciso evitar los males apuntados, además de
hacer la reforma agraria, de modo que se multipliquen las áreas
destinadas a la producción de alimentos, balanceándolas con las que
hoy día están ocupadas por el agrocombustible. (Traducción de
J.L.Burguet)
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LOS LÍMITES DE LA CONFUSIÓN
Soledad Gallego Díaz. El País
Los 16
miembros del PSOE que apoyaron la directiva europea se alinearon con
Fini, Bossi y el PP
En el caso concreto de esta directiva, el
Gobierno español está obligado a que las leyes o normas sobre
internamiento de inmigrantes se ajusten a ella. Como el texto
aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán
permanecer detenidos "hasta 18 meses", la legislación española podrá
ampliarse de 40 a 60 días, como se ha anunciado, sin problemas y, si
así lo desea, este Gobierno, o cualquiera otro que le sustituya en
el futuro, podrá ir cambiando esa legislación "hasta" los 18 meses
mencionados en la directiva.
El problema con lo sucedido el
pasado miércoles por el PE es que la directiva dice lo que dice y
significa lo que significa, por mucho que en España los responsables
políticos socialistas estén empeñados ahora en hacernos creer otra
cosa. Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios
socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas
votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación
alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular,
por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de
Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los
famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad.
El PSOE asegura
que nunca se llegará en España al tope de 18 meses de internamiento.
¿Por qué no? ¿Piensa que va a estar en el Gobierno de España
legislatura tras legislatura? Con esta votación, Rodríguez Zapatero
y el Partido Socialista han renunciado a criticar cualquier decisión
en materia de internamiento de inmigrantes no documentados que tome
en el futuro cualquier Gobierno popular. El colmo sería que el PSOE
pretendiera movilizar a la opinión pública contra un Gobierno que,
en el fondo, se estaría limitando a aplicar unas normas aprobadas
gracias, precisamente, a los votos socialistas.
El pasado
miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para
sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción
europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a
parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal,
para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el
voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la
inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito
europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que
protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al
populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino
que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no
es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena.
Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta,
entonces, hay que replantearse muchas cosas.
Como siempre, habrá
socialistas que se quejen del buenismo de quienes piensan que todo
está bien. No se trata de eso. Todos sabemos que la inmigración sin
control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a
controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la
obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un
equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con
esta directiva no se pretende "ordenar" la inmigración, como no se
cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata
claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una
directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de
personas que no han cometido ningún delito pero que resultan
incómodas.
Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero
en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos
europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las
órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en
contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo. Quizás su gesto de
dignidad sea castigado como lo fue el diputado Juan Antonio Barrio,
que se atrevió a votar contra el pase del jefe de la Oficina
Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, a la patronal
de la construcción. Es posible. Pero sus nombres no se olvidarán.
Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski
quedarán apuntados en un papel.
RAZONADA EXPLICACIÓN
Soledad Gallego Díaz. El
País
La
llamada Directiva de retorno ha provocado una gran polémica en
España, hasta el extremo de que el presidente del Gobierno aprovechó
el debate parlamentario del miércoles para asegurar que "algunas
críticas sólo pueden proceder de la ignorancia supina o la demagogia
irresponsable".
Para facilitar la comprensión de la polémica, lo
más conveniente es la lectura directa de los artículos objeto de
discusión. Por ejemplo, los relacionados con la expulsión de menores
no acompañados. El artículo 8 bis.2 de la directiva, dice:
"Las
autoridades del Estado miembro de que se trate, antes de expulsar de
su territorio a un menor no acompañado, deberán haber obtenido la
garantía de que esa persona será entregada a un miembro de su
familia, a un tutor previamente designado o a unos servicios de
recepción adecuados en el Estado de retorno". (Cursivas
propias).
La crítica se centra en la entrega del menor "a unos
servicios de recepción adecuados en el Estado de retorno".
Fundamentalmente, porque "Estado de retorno" no significa
necesariamente el país de origen del menor. Todo el mundo está de
acuerdo con que se retorne al niño o al adolescente a su familia o a
un tutor legal, por ejemplo, las autoridades de su país de origen.
Pero en el artículo 3 de la misma directiva se afirma: "A efectos de
esta directiva se entenderá también por "retorno" el proceso de
vuelta a un país de tránsito, con arreglo a acuerdos de readmisión
comunitarios o bilaterales o de otro tipo".
El lenguaje de la UE
puede ser muy árido, pero de lo que se trata es muy sencillo. Un
menor no acompañado de Sierra Leona podrá ser "retornado" a los
"servicios adecuados" (signifique eso lo que signifique) de,
pongamos por ejemplo, un país como Mauritania, con el que la UE o
España haya firmado acuerdos en ese sentido. Los críticos afirman
que no se puede enviar a un menor a un lugar extranjero, ni
confinarlo allí, por mucho que se pague una cantidad de dinero a las
autoridades de ese tercer país por cada menor acogido. Los más
enfadados hablan de deportación encubierta. (Deportar, según el
diccionario, significa echar a alguien de un territorio, llevarlo a
un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones
políticas o como castigo).
En relación con los periodos de
internamiento forzoso de inmigrantes "irregulares", las críticas se
centran en el artículo 14.2: "El internamiento será decidido por las
autoridades administrativas o judiciales (...) Cuando haya sido
ordenado por una autoridad administrativa, los Estados miembros
dispondrán el control judicial rápido de la legalidad del
internamiento que deberá decidirse lo más rápidamente posible desde
el comienzo del internamiento".
Ningún ciudadano europeo querría
ser detenido por las autoridades administrativas de Marruecos, por
ejemplo, con la simple garantía de un control judicial "que se
decida lo más rápidamente posible". Exigiríamos un tope de 72 horas,
como máximo.
Además, todo salta por los aires en el caso de
situaciones de emergencia (número excepcionalmente alto de
inmigrantes que deban ser expulsados), porque el artículo 15 ter.
dice expresamente que, mientras persista esa situación, el Estado
miembro "podrá conceder periodos más largos para el estudio judicial
a que se refiere el artículo 14.2". ¿Qué significan en este contexto
conceptos como control rápido y más largo?
El punto tres de ese
mismo artículo dice que se revisará la medida de internamiento a
intervalos razonables (¿?) y que (sólo) en el caso de internamiento
prolongado (¿?) las revisiones estarán sometidas a la supervisión de
una autoridad judicial.
Finalmente, está el problema del tiempo
de internamiento forzoso, con las garantías ya criticadas. El mismo
artículo 14.4 dice que "cada Estado miembro fijará un periodo
limitado de tiempo, que no podrá superar los seis meses". El punto 5
añade: "Los Estados miembros podrán prorrogar el plazo previsto en
el apartado 4 por un periodo limitado no superior a los doce meses
de acuerdo con su derecho interno". (Total, 18 meses). El artículo
15 dice que como norma general el internamiento se llevará a cabo en
centros especializados, pero que el Estado miembro podrá recurrir a
centros penitenciarios, "vigilando que los inmigrantes estén
separados de los presos ordinarios". El tope será, pues, 18 meses en
una celda carcelaria.
Éstas son las razones por las que la
mayoría del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo votó en contra
de la directiva y sólo 34 (16 de ellos españoles) a favor. Es de
esperar que no sea al Grupo Socialista del PE, ni a sus razonadas
quejas, a quienes el presidente del Gobierno calificó el miércoles
de ignorantes o demagogos.
Dicho todo esto, es cierto que el
Gobierno podrá mantener en España disposiciones que sean más
favorables a los inmigrantes irregulares. Así lo recoge la directiva
europea. Pero también es cierto que cualquier Gobierno, español o de
cualquier otro país europeo, con mayoría suficiente, podrá asumir la
directiva en sus topes máximos, sin hacer nada que no haya sido ya
autorizado, y alabado, por los socialistas españoles y por su
presidente.
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NO DEBE SER, NO PUEDE SER.-
>
Tres nuevas muertes en las prisiones
españolas.-
17
de junio.- Un hombre de 40 años, apareció ahorcado en la celda que
ocupaba en la prisión de Langraitz (Álava).
20
de junio.- J.E.M.V., de 33 años, apareció muerto en la celda de la
prisión de El Acebuche (Almería).
20
de junio.- G.C.R. de 26 años, murió cuando era trasladado, en barco,
desde la cárcel de Tenerife a la de Cádiz para la práctica de
diligencias judiciales.
Con
estas se eleva a 36 el número de personas que han muerto en el
Estado español, durante 2008, cuando se encontraban bajo custodia
Más
información en: http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=9270
>
Caza del hombre en Murcia.-
500
inmigrantes víctimas de una redada masiva son concentrados en las
plazas de Torre Pacheco por 125 policías.
http://periodistasenguerra.blogspot.com/2008/06/comienza-la-caza-del-hombre-pobre-en.html
>
Vincennes: la culpa de los colectivos de
solidaridad.-
El
Centro de retención administrativa (CRA) de Vincennes (Francia) se
quemo casi enteramente hace una semana, en un incendio supuestamente
provocado por los propios retenidos (que eran 273 en el recinto en
el momento del siniestro), tras el fallecimiento de un retenido
tunecino.
Lejos de asumir las
condiciones indigna de internamiento de los retenidos, el gobierno
francés ha preferido apuntar la "responsabilidad" de los colectivos
de apoyo en este incendio intencionado.
"No
es tolerable que unos colectivos tipo Red de Educación Sin Fronteras
(RESF) vengan a provocar en los alrededores de estos centros con el
riesgo de poner en peligro los extranjeros retenidos", destaco el
portavoz del UMP en su comunicado, reclamando "la mayor firmeza
contra los colectivos que realizan este tipo de acciones cerca de
lugares donde no tienen absolutamente nada que
hacer".
Unas
palabras tachadas de ?delirantes? por el propio RESF quien declaró
en un comunicado que "el verdadero escándalo no es que unos
centenares de hombres desesperados incendien su prisión, sino que
está en su internamiento administrativo, preludio a su
expulsión".
En
cuanto a los partidos de Izquierda, destacaron que el incendio del
centro de retención de Vincennes era previsible, siendo el
"resultado de una situación explosiva e indigna, conocida y causada
por el gobierno".
>
España impide la entrada al país a un activista de DH
saharahui.-
El
cónsul general de España en Agadir (Marruecos), rechazó la solicitud
de visado del antiguo preso político, presidente del Comité Saharaui
de Apoyo al Derecho de Autodeterminación (CSSASO) y Premio RAFTO de
Derechos Humanos en 2002, Sidi Mohamed Daddach, para viajar a
Las Palmas y participar en la Conferencia Internacional de Juristas
por el Sahara
El
activista saharaui de DD.HH. estuvo preso en cárceles marroquíes
durante 25 años y estuvo condenado a muerte.
Denuncia la situación y
apoya al pueblo saharaui:
http://www.todosconelsahara.com/
http://www.libertadpresospoliticossaharauis.com/8
>
Informe CEAR 1008 Situación Refugiados en
España.-
Ya
está disponible en la web de CEAR el Informe 2008 de CEAR La
situación de los refugiados en España, que recientemente se presentó
por esta organización en rueda de prensa en varias
ciudades.
El
enlace es: http://www.cear.es/txt.php?idCurso=81&idTituloDef=113
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30-06-08
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