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LOS PROBLEMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA LOS
INMIGRANTES.-
Cristina Muñoz Izarra/ Fundación Domus Labora*
(19/04/2008)
España
ha pasado en los últimos veinte años de ser un país que generaba
emigración a recibirla y además, a hacerlo a gran escala. Igualmente
la inmigración ha coincido, en un primer momento, con tasas de
desempleo muy elevadas, y en los últimos 15 años con una mejoría
económica como país en todos los órdenes, lo que se ve ilustrado muy
especialmente con el boom de la vivienda.
El sector de la
vivienda en España se caracteriza por un alto volumen de parque de
vivienda, una baja proporción de la vivienda en alquiler (11%), un
gran volumen de vivienda vacía (14%), alto porcentaje de la
inversión inmobiliaria en la cartera de las familias (69%), un
elevado nivel de subsidio y desgravación fiscal para la compra de
vivienda, y un parque de vivienda social prácticamente inexistente,
unido a una considerable subida de los precios en los últimos
años.
Difícil acceso para los sectores económicamente más
débiles
Todo esto ha dificultado el acceso a la propiedad
para los sectores económicamente más débiles, como los y las jóvenes
con empleo precario o las personas inmigrantes, en especial en
aquellos que se encuentran en período de asentamiento y no disponen
de redes sociales y familiares consolidadas.
El principal
problema de las personas inmigrantes es la falta de poder
adquisitivo y por lo tanto su expulsión hacia barrios baratos, con
menores servicios y con más riesgo de exclusión. Las personas
inmigrantes en general, y con necesarias excepciones, son un
colectivo en riesgo y/o situación de exclusión, lo que quiere decir
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad con problemas
ligados a las tres dimensiones de la exclusión: económica, social y
política.
Nos encontramos ante un fenómeno complejo del que se
deriva una realidad preocupante: la exclusión de los inmigrantes es
reflejo de su escasa integración.
Se prima a los
nacionales como arrendatarios frente a los inmigrantes
La
exclusión residencial que sufren las personas extranjeras en España
está ligada directamente con su exclusión económica y cultural, que
son tanto causa como consecuencia, a lo que se une, agravando la
dificultad de acceso a la vivienda, la discriminación que se deriva
al primar a los nacionales como arrendatarios frente a los
inmigrantes.
Pero por mucho que se abaraten los costes de acceso
a la vivienda, será difícil conseguir una verdadera intervención
eficiente y eficaz en inserción social de población inmigrante en
situación o riesgo de exclusión si no se actúa en otros ámbitos que
también afectan a la exclusión como la educación, la sanidad o el
empleo.
Lo que es fundamental es darnos cuenta de que la
exclusión residencial está estrechamente ligada a la exclusión
económica y laboral. Los bajos salarios, la temporalidad y la falta
de cualificación hacen que en muchos casos las crisis les afecten en
primer término y que su poder adquisitivo sea menor, y que tengan
mayores ciclos sin ingresos. Esto les convierte en más vulnerables y
menos interesantes para los arrendadores, los bancos, y las
promotoras.
La falta de una vivienda dificulta enormemente el
acceso al mercado laboral y la consecuente integración social, pero
además es una necesidad básica de la que carecen con más frecuencia
las personas inmigrantes. El alojamiento digno y estable es una
premisa necesaria aunque no suficiente para la integración de los
inmigrantes en nuestro país.
Por tanto, es necesario adoptar
medidas que incluyan un enfoque integral, vivienda y empleo, en las
actuaciones enfocadas a la integración sociolaboral de los
inmigrantes, lo que tampoco garantiza la verdadera inclusión pero al
menos establece las condiciones básicas: empleo y vivienda, o lo que
es lo mismo: estabilidad y seguridad, a partir de los cuales empezar
a trabajar otras dimensiones de la inclusión como la inclusión
social o política.
(*) Cristina Muñoz Izarra es la
Coordinadora de la Fundación Domus Labora (FDL). Desde 2004, la FDL
trabaja con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de aportar y
promover mejoras y cambios frente a problemas como la exclusión
social, residencial y laboral a través del desarrollo de iniciativas
empresariales y sociales. Para ello, realiza trabajos de
investigación, programas de formación en emprendimiento social,
apoyo a emprendedores y entidades emprendedoras, y fomenta la
economía social.
Ver el informe completo:
http://www.domuslabora.org/laboratorium/LOS_PROBLEMAS_DE_VIVIENDA_DE_LOS_INMIGRANTES.pdf
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CARTA ABIERTA
AJAVIER CERCAS.-
María Manrique.
(21/04/08)
Estimado Sr. Javier Cercas,
He sentido tristeza y
consternación al saber que usted va a participar en el Congreso
Internacional de Escritores que se celebrará en Jerusalén el próximo
mes de mayo.
Se cumplirá por esos días el 60 aniversario de
la proclamación de Israel.
Para los palestinos será el 60
aniversario de La Nakba (el Desastre).
Quizá no se conoce
realmente que en 1948, Israel llevó a cabo la limpieza étnica de
Palestina (la limpieza étnica es un crimen contra la humanidad y los
que la perpetran son considerados criminales que deben responder
ante tribunales especiales). Ese año casi 800.000 palestinos se
convirtieron en refugiados y desde entonces han sido ocupados,
expoliados y asesinados.
Los intelectuales palestinos han hecho
un llamamiento a la sociedad civil y a los intelectuales del mundo
entero. El Boicot Cultural y Académico a Israel está siendo apoyado
por Universidades, Instituciones, músicos, escritores y artistas de
renombre internacional y -lo que es muy importante- también autores
y figuras públicas israelíes se han sumado al mismo.
En diciembre
de 2006, John Berger y otros 93 autores y académicos dieron su
respaldo al boicot; es una forma de presión a los políticos que
callan y a los gobiernos conniventes con el régimen israelí; y es
sobre todo un compromiso moral con el pueblo palestino.
El
boicot no va dirigido a los artistas israelíes como individuos, ni a
un pueblo; va dirigido a las instituciones estatales y oficiales que
sustentan el sistema de apartheid israelí.
Usted sabe que Israel
no cumple las resoluciones de la ONU ni acata las sentencias del
Tribunal Penal Internacional de La Haya; ignora la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la IV Convención de
Ginebra.
¿Cómo participar en un evento oficial de un país que
mantiene a los palestinos condenados a una cruel ocupación y en el
que ir a la escuela o a la Universidad le cuesta la vida a muchos
niños? ¿De qué se hablará en ese Congreso?
¿Se puede
ignorar el bloqueo de Gaza y olvidar que ayer murieron veinte
palestinos, niños entre ellos, bajo las bombas israelíes?
Israel
necesita una legitimidad política y moral que no merece; necesita un
reconocimiento que, precisamente, la cultura no debe
darle.
Por favor, no se preste usted a la campaña de
propaganda que, este año más que nunca, pretende lavar la cara a
todas las "ilegalidades" cometidas por Israel.
Por favor,
no vaya a Jerusalén.
Un saludo.
María
Manrique.
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SIN RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO NO HAY VERDADERA
DEMOCRACIA.-
Federación SOS Racismo. (222/04/08)
Ante las
diferentes y contradictorias declaraciones sobre el reconocimiento
del derecho al voto para las personas inmigrantes extracomunitarias
por parte del nuevo Gobierno estatal, así como ante la reciente
iniciativa de ICV de entregar de nuevo la Proposición no de ley
(PNL) para avanzar en este reconocimiento al Secretario General del
PSOE, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado
español quiere aportar sus reflexiones, así como demandas:
•
Las palabras del Ministro Corbacho, es verdad que no se apoyan en
ninguna medida o iniciativa concreta de su partido ni del anterior
gobierno. Ni su antecesor hizo nada al respecto para trabajar el
tema, ni tan solo para abrir el debate, de avanzar en el
reconocimiento del derecho al voto. Ni tampoco el anterior Gobierno
hizo ningún paso adelante, más bien al contrario, al echar marcha
atrás ante la PNL (proposición no de ley) presentada conjuntamente
en un primer momento con IU-ICV. El partido socialista no incluyó
ninguna propuesta en este sentido en su programa electoral a pesar
de que parte de sus dirigentes en más de una ocasión se han mostrado
a favor. No ha sido un tema prioritario para el PSOE.
• No por ello
una declaración de este tipo debería caer en el olvido dentro del
gobierno del PSOE, o catalogarse como una simple declaración
atribuida a la inexperiencia del ministro. Por ello las
declaraciones del Sr. José Blanco como máximo portavoz del gobierno
son una muestra del poco interés que en realidad suscita en el
gobierno los temas que significan avanzar en la real integración de
las personas inmigradas. El actual gobierno como el anterior,
utiliza e incluso abusa en sus discursos y propuestas del término
“nuevos/as ciudadanos/as” para referirse a las personas inmigradas,
pero en cambio no ha avanzado ni un ápice en el reconocimiento de
estas como tales. El derecho al voto significa y simboliza este
reconocimiento por parte del Estado.
• La única
política prevista, a parte del desgaste del término ciudadanía
parece ser el anuncio del comienzo de una reflexión sobre el tema.
Desde SOS Racismo exigimos pasar de las buenas palabras a los hechos
y la realidad impone la necesidad de pasar del debate a las
iniciativas concretas. Debemos superar el concepto de ciudadanía
vinculado a la nacionalidad y vincular la ciudadanía a la
residencia. La sociedad y sus políticos no pueden seguir postergando
este debate político que reclama la convivencia y la construcción de
un espacio común y de verdadera política pública que incluya a todos
los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su
nacionalidad.
• Rebajar a
la categoría de reflexión cualquier paso en el reconocimiento del
derecho al voto tal como sugiere el Sr. Blanco, es como admitir que
no preocupa el déficit democrático que vivimos, es relativizar que
unos dos millones de personas se han visto excluidas de poder
decidir a sus gobernantes, es obviar que precisamente el aumento de
población ha llevado a aumentar el número de representantes
políticos en muchos territorios cuando estos habitantes no son
admitidos después en el juego democrático. Si queremos vivir en una
democracia real, debemos actuar.
• Desde SOS
Racismo saludamos la propuesta de ICV. Aún así consideramos que la
propuesta realizada es tímida y no avanza realmente en desligar la
ciudadanía de la nacionalidad. El reconocimiento de este derecho no
puede verse condicionado a la negociación con terceros países
creando situaciones de discriminación por origen entre ciudadanos.
Las iniciativas en este ámbito deben ser más valientes y apostar por
una reforma de la Constitución Española que reconozca ese derecho a
todos los ciudadanos y ciudadanas extra
comunitarias/os.
Desde la Federación de Asociaciones de
SOS Racismo, recordamos de nuevo que el reconocimiento del derecho
al voto va más allá de avanzar en la justicia social hacia la
población inmigrante, ya que implica trabajar por una democracia
inclusiva. Este gobierno debe por responsabilidad y porque la
realidad social así lo requiere proponer y trabajar iniciativas que
avancen en este reconocimiento de los derechos políticos para todas
las personas que viven y trabajan en el territorio.
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VIAJE DEL MANICOMIO A LAS CÁRCELES.-
Asociación ANDAD.
(21/04/08)
El día 14 de abril, un drogodependiente de 35 años se
presentó ante el cuartel de la Guardia Civil de un pueblo de Murcia
con la cabeza de su madre bajo el brazo. El juzgado de instrucción
Nº 6 de Murcia acordó su ingreso en la prisión de Fon Calent
(Valencia).
¿Y ahora qué? ¿Esperar a que cumpla la condena y
regrese más peligroso que antes? Ángel ya había tenido anteriormente
4 arrestos por malos tratos a su madre. “Cada vez que sale de la
cárcel está peor” comenta la madre de otro enfermo mental. ¿O quizás
recogeremos firmas para que le apliquen la cadena perpetua? La madre
de Ángel, en el programa “Gente” de Televisión Española en 2001,
había confesado: “No es malo, pero lo que toma lo hace malo, y a
nosotros nos está destrozando la vida”.
¡Cuántas veces, entre las
Madres de ANDAD, hemos expresado los mismos sentimientos! ¡Qué miedo
y qué impotencia sentimos los familiares de estos enfermos ante sus
brotes psicóticos! ¿A dónde llevarlos? ¿A quién recurrir? “Mi hijo
pide ayuda para que lo curen o lo metan en un centro, pero no hay
ningún sitio para él”.
En los años 80 desparecieron en España los
“manicomios”, aquellos horribles lugares de tortura de los enfermos
mentales. ¿Cuál ha sido la alternativa? La mayoría de las veces, que
sus familiares se las apañen y cuando cometan algún delito, como en
este caso, a la cárcel. Como por otro lado, el número de enfermos
mentales se ha visto incrementado por efectos del abuso de drogas
(patología dual), las prisiones están llenas de esta clase de
enfermos.
De los 14.000 presos que hay en Andalucía, 1.200
padecen enfermedades mentales graves, y 5.600 trastornos
psicológicos. ¡Casi el 50% de los presos! En las cárceles, o no son
tratados de esta enfermedad, como sucede en la mayoría, o son
atendidos de una forma claramente insuficiente: a Puerto II a
finales del 2006 acudía un psiquiatra cada 15 días para atender a
728 enfermos. Además, aunque judicialmente podrían sacarse de las
cárceles, no existen las estructuras necesarias para su tratamiento.
En toda Andalucía sólo contamos con un psiquiátrico penitenciario en
Sevilla con 182 pacientes y con una saturación del 220%.
Esta es
la situación que nos lleva a poder afirmar que muchas personas
consumidoras de drogas y con enfermedades mentales en España han
realizado un triste viaje de los “manicomios” a las cárceles,
convertidas hoy en “almacenes” de personas que padecen patología
dual. Cuando un suceso macabro, como este que estamos comentando,
aparece en los medios de comunicación, debería ser en un aldabonazo
a nuestras conciencias, en lugar de convertirse en tema de
chismorreo y de hipócrita asombro. ¿Nos paramos a pensar de verdad
en las causas de estos sucesos? ¿Participamos en acciones y
protestas para exigir solución a esta vergüenza social?
Por
nuestra parte, terminamos exigiendo que, por lo menos, se cumpla el
acuerdo marco de colaboración firmado en 1992 entre la
Administración Central y la Junta de Andalucía en materia
penitenciaria, por el cual se obliga al Sistema Andaluz de Salud a
prestar atención especializada ambulatoria en las cárceles, con
singular dedicación a los presos con problemas de salud
mental.
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PREVENCIÓN INSUFICIENTE CONTRA LA
TORTURA.-
Europa Press.
(18/04/08)
El
vicepresidente del subcomité de la ONU para la prevención de los
malos tratos y la tortura, Hans Draminsky Petersen, aseguró hoy que
'las instrucciones y calidad del trabajo de los médicos ubicados en
los centros de detención españoles para la detección de la tortura
es insuficiente'.
Según indicó Draminsky Petersen hoy en la
conferencia 'Responsabilidad médica en la lucha internacional contra
la tortura', organizada por la Facultad de Medicina y Odontología de
la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), 'si bien los profesionales
sanitarios no tienen potestad para interferir en las cuestiones
legales o iniciar procedimientos jurídicos tras la identificación de
un crimen de tortura, no es menos cierto que existe una
responsabilidad en el campo de la prevención y la denuncia'.
El
experto internacional aclaró que 'el profesional sanitario ha de
conocer el historial clínico del paciente y su posible historial de
malos tratos y torturas anteriores' para proceder posteriormente a
una evaluación física y psíquica 'exhaustiva' que permita 'comprobar
si existe una correlación entre las informaciones poseídas y actuar
en consecuencia'.
El especialista dijo que 'el médico ha de
poseer una instrucción básica de su trabajo para identificar
posibles malos tratos y una cadena de mando a la que poder informar
de las incorrecciones detectadas'. Sin embargo, advirtió de que en
muchos países, entre ellos España, estos comandos 'no funcionan con
la corrección adecuada y se han detectado graves deficiencias si se
comparan con las exigencias de la ONU'.
'A nivel estadístico se
ha observado que los patrones de tortura difieren entre los
detenidos por distintos cuerpos policiales, que el trato vejatorio
sexual es mucho más frecuente entre las mujeres que entre los
varones y que los métodos de tortura alegados han variado desde la
década de los 80 a la de los 90 y de ésta a la década actual',
explicó.
En un reciente Congreso en la Universidad de Bristol
(Inglaterra) sobre los mecanismos preventivos de la tortura en
relación al Protocolo Facultativo de la ONU contra la Tortura
(OPCAT) el experto presentó, junto a un grupo de médicos vascos, una
comunicación basada en el análisis de más de 700 informes
médico-forenses de detenidos vascos en régimen de incomunicación
durante los periodos 1991-1994 y 2000-2005.
'Dicho análisis
mostró que la prevalencia de alegaciones de tortura o malos tratos
fue alta y constante en ambos periodos (60 por ciento). Por otro
lado, se concluyó que los mecanismos nacionales e internacionales
existentes no habrían sido eficaces en la prevención de los malos
tratos en esta población, cuestión que también ha sido apuntada por
Amnistía Internacional, el CPT y los expertos de Naciones
Unidas.
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SOS
Racismo
Informe
Anual 2008 sobre el racismo en el Estado español
Federación de
Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
CONCLUSIONES
Durante el
2007, tanto la Unión Europea como el Estado español han demostrado
otra vez más su falta de capacidad para elaborar políticas reales y
realistas en materia de inmigración. Otro año más, las decisiones y
actuaciones de la Unión en materia de inmigración han confirmado la
realidad de una “Europa fortaleza”, de una Unión Europea “isla
inalcanzable” para las personas que no reúnan determinadas
condiciones de entrada. La obsesión de los políticos de la UE por el
control de las fronteras ha contribuido a provocar, en 2007, la
muerte documentada de 1.861 personas – aunque fueron muchos más los
fallecidos de los que nada se supo – mientras intentaban cruzar
irregularmente, por mar o por tierra, los confines comunitarios. Y
eso por no tener otra opción, al ser los mecanismos regulares de
entrada de la UE totalmente y criminalmente desfasados respecto a la
realidad de los procesos migratorios actuales.
En el último
año, la política migratoria de la Unión se ha caracterizado,
una vez más, por sus esfuerzos en impedir salir a las personas de
origen subsahariano del continente africano, delegando este control
fronterizo a Estados donde el reconocimiento de los Derechos Humanos
resulta por lo menos dudoso (como Marruecos, Argelia, Libia,
Mauritania, Túnez o Senegal), en el marco conceptual de
externalización de las fronteras comunitarias que desde SOS Racismo
hemos venido denunciado en los últimos años. Además, hemos asistido
a una constante vulneración e incumplimiento de la legislación
marítima de auxilio y rescate de personas en riesgo de naufragio por
parte de los Estados europeos. El drama humano vivido por los
pasajeros de los buques rescatados este año mientras iban a la
deriva en el océano y de cuyos destinos ningún Estado se quiso hacer
cargo ponen en evidencia que para Europa existen náufragos de
primera y de segunda categoría y que la política de control de
fronteras pasa por delante del respeto a la vida y dignidad de las
personas.
Además, a finales de 2007 fue presentada en el
Parlamente Europeo la propuesta de de proyecto de la Directiva sobre
la detención y la expulsión de las personas extranjeras. La
directiva declara apuntar a “una regulación común de las
legislaciones”: en realidad, sólo aborda cuestiones sobre el
encierro, la retención y la expulsión de las personas
indocumentadas, el fondo económico para los retornos, los vuelos
compartidos, etc. La Directiva fija un período de encierro de hasta
18 meses en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE),
centros de reclusión inconstitucionales – porque se detienen
personas por lo que son y no por lo que han hecho – para personas
cuya única culpa es querer vivir en Europa. Este proyecto implica en
sí mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de
encierro de las personas extranjeras y, consiguientemente, su
normalización como gran pilar de la política europea de
extranjería.
Por otro lado, en el último año la Comisión
Europea ha intentado facilitar la contratación de trabajadores
extranjeros altamente cualificados para cubrir las demandas del
mercado laboral de los Estados Miembro, mediante la propuesta de
creación de una blue card (tarjeta azul). La adopción de la blue
card supondría una división del trabajo añadida a las que ya
existen: entre trabajadores nacionales y extranjeros, entre
trabajadores comunitarios y no comunitarios, entre personas en
situación regular e irregular. La Europa actual acepta la necesidad
de la inmigración para mantener su economía, pero a su vez contempla
a las personas inmigrantes unilateralmente, como simple mano de obra
barata (y mejor si altamente cualificada) y sin
derechos.
Por su parte, en el último año el Estado
español ha endurecido aún más sus políticas de control de las
fronteras y de repatriación de personas en situación de
irregularidad. Según afirmó en enero de 2008 el Ministro de
Interior, Alfredo Rubalcaba, el refuerzo de los controles
fronterizos, así como el impulso de la cooperación operativa con la
Unión Europea y con los Estados de la fachada atlántica africana,
habrían permitido “luchar de manera más eficaz” contra la
inmigración irregular. Prueba de ello sería, según el Ministro, el
descenso en más del 50% de las llegadas a las costas españolas de
personas inmigrantes procedentes de África a bordo de embarcaciones.
Sin duda, prueba de la “eficacia” en la lucha del Gobierno a la
inmigración irregular fueron las 876 muertes documentadas de
personas inmigrantes mientras intentaban llegar a las costas
españolas. Muchas más fueron las muertes y las desapariciones de las
que no se supo nunca y de las que nunca se sabrá nada, a las que hay
que añadir la invisibilidad de aquellas personas que no pudieron
llegar a salir del continente y esperan su oportunidad en pésimas
condiciones. Todos estos fueron realmente, en el último año, los
resultados de los esfuerzos del Gobierno español para contener la
inmigración desde los países africanos.
El
triunfalismo del Gobierno en materia de inmigración obvia e
invisibiliza tanto el drama de las centenares de personas ahogadas
en el intento de llegar al Estado español, como las constantes
violaciones de los Derechos Humanos que conlleva la estrategia de
externalización del control fronterizo a terceros países. La visión
de la regulación de los flujos migratorios propuesta por el Gobierno
es totalmente incompleta, unilateral y por lo tanto, insuficiente y
equivocada: se ignoran conscientemente tanto las causas de la
inmigración como las violaciones de la legalidad y los Derechos
Humanos que está suponiendo el control de las fronteras a cualquier
precio, a lo que hay que añadir la total falta de criterios de
transparencia, legalidad y humanidad. La impunidad no puede se puede
seguir tolerando, ni de un lado, ni del otro, del
Mediterráneo.
El
último año ha puesto en evidencia también las desconcertantes
limitaciones impuestas por el Estado español respecto a la concesión
de asilo. Caso emblemático de estos límites fue el del buque Marine
I, que atracó en el mes de febrero de 2007 en el puerto mauritano de
Nuadibú, con 369 personas a bordo, tras permanecer una semana
fondeado en alta mar y tras más de tres meses de travesía. Ante una
situación de carácter humanitario, el Gobierno español presionó al
Gobierno de Mauritania para que acogiera a estas personas en su
territorio, en lugar de hacerse cargo de las mismas, considerando
además, que éstas fueron rescatadas por un buque español. La
resolución de la penosa situación, que terminó en la mayoría de los
casos con la repatriación, se alargó más de cinco meses, durante los
cuales estas personas continuaron en condiciones físicas y
psicológicas infrahumanas. Desde SOS Racismo consideramos
extremadamente grave que el Estado español, para no tener que
proteger embarcaciones con heridos, mujeres y niños a bordo,
mantenga acuerdos sobre inmigración con estados donde no se respetan
los Derechos Humanos.
En este
contexto, la voluntad de varios partidos de aumentar la duración de
la retención en los Centros de Internamiento para Extranjeros
(C.I.E.) – en consonancia con el contenido de la Directiva sobre la
detención y la expulsión de las personas extranjeras de la UE – así
como de reformar la Ley de Extranjería, adjudicando nuevas
obligaciones a las personas inmigrantes, deja claro que los próximos
movimientos en política de extranjería irán en la misma línea,
incluso hacia un ulterior endurecimiento, determinando un aumento de
la vulneración de derechos en nombre del control de los flujos
migratorios
La política de extranjería del Gobierno ha demostrado
en el último año una fijación obsesiva respecto al tema de las
expulsiones. En 2007, fueron 75 los vuelos fletados con este fin por
el Ministerio del Interior y el número de repatriaciones aumentó un
6% respecto al 2006. En el último año, una persona falleció cuando
era deportada a su país de origen bajo custodia policial, en
cumplimiento de una orden de expulsión, sin haberse depurado
responsabilidades a día de hoy. Además, en 2007 la Dirección General
de la Policía ha elaborado una propuesta de protocolo denominado
Normas de seguridad en las repatriaciones y en el traslado de
detenidos por vía aérea y/o marítima, que contempla la práctica de
realizar el embarque en avión de todas las personas a expulsar,
conduciéndolas atadas, con “lazos de seguridad” a plena vista del
público, pasajeros y tripulación, así como la utilización de
“grilletes metálicos”, “capuchas” y “cascos”, “correas de sujeción”
y “camisas de fuerza”. La Administración es responsable de la
integridad física de las personas que están bajo su custodia y debe
actuar respetando los Derechos Humanos de dichas personas. ¿Alguien
se imagina la reacción oficial si se sometiera a similares tratos
ciudadanos españoles, expulsados por las autoridades de inmigración
de otro Estado? Desde SOS Racismo no creemos que los Derechos
Humanos sean un monopolio de las personas blancas, occidentales y
ciudadanas de un país del “primer mundo”; y recordamos que las
personas expulsadas, en su amplia mayoría no han cometido ningún
delito, sino que únicamente han entrado irregularmente en territorio
español y por tanto, su criminalización forma parte de la estrategia
de legitimación de la política de expulsiones.
Además
de controlar y repatriar, durante el 2007 el Estado español se
preocupó de remarcar la distinción entre las personas inmigradas
en situación irregular y las que se encontraban en situación
regular, evidenciando una vez más como los actuales mecanismos
regulares de ingreso en el Estado español son completamente
inadecuados a la situación del hecho migratorio. La Ley de
Extranjería no ofrece vías reales de entrada, sino que apuesta
exclusivamente por la contratación en origen – no siendo esto
realista ni con la realidad social ni con el mercado laboral – y por
mantener el círculo vicioso de dependencia entre la autorización de
residencia y de trabajo, precipitando a muchas personas recién
llegadas a la irregularidad, y a otras muchas ya asentadas, a caer
en períodos de irregularidad sobrevenida por las dificultades de
renovación de los permisos.
Desde SOS Racismo queremos denunciar
una vez más la hipocresía del Gobierno respecto a las causas reales
de cronificación de la irregularidad: el carácter profundamente
discriminatorio de la Ley de Extranjería y su Reglamento de
ejecución, así como la rigidez y la falta de eficiencia de la
Administración Pública. En efecto, los mecanismos de la misma Ley de
Extranjería no solamente son discriminatorios y lesivos de los
derechos de las personas inmigrantes, sino que están en la base del
proceso de cronificación de la irregularidad de la población
inmigrante en la sociedad española. La irregularidad es un problema
estructural, permanente, crónico, provocado por la misma ley de
extranjería. Desde SOS Racismo queremos destacar una vez más, cómo
la irregularidad no es una condición buscada por quien emigra, sino
una condición que las personas inmigrantes sufren y que no pueden
superar en plazos relativamente cortos y razonables. La
irregularidad no tiene nada que ver con el proyecto migratorio de
las personas; más bien, se debe explicar por la falta de mecanismos
legales de entrada, por la política de visados practicada, la
rigidez de los procedimientos para solicitar las autorizaciones de
trabajo y la incompatibilidad profunda que hay entre los
procedimientos administrativos para regularizar las situaciones y el
funcionamiento del mercado de trabajo.
En
septiembre de 2007, según diferentes estimaciones, el número de
personas extranjeras en situación irregular en el Estado español era
de aproximadamente 500.000, casi la misma cifra que se barajaba
antes del proceso de normalización promovido por el Gobierno. En
definitiva, en materia de política migratoria el PSOE ha cerrado la
legislatura tal como la empezó: con una bolsa de personas en
situación irregular más o menos igual en el número, pero todavía más
invisibilizadas a causa del discurso triunfalista del Gobierno.
Desde SOS Racismo denunciamos cómo los mecanismos de arraigo
previstos en el reglamento son, además de injustos – porque parten
de la base que la persona debe pasar un período en la irregularidad
–, ineficaces, insuficientes e irreales. La realidad es que no hay,
en la práctica, una vía de regularización para estas 700.000 mil
personas inmigrantes en situación irregular.
En febrero de
2007, el Parlamento español aprobó el Plan Estratégico de Ciudadanía
e Integración 2007-2010. Entre sus principios políticos
inspiradores, el plan indica el de ciudadanía. En efecto, su primer
objetivo sería: “[…] garantizar el pleno ejercicio de los derechos
civiles, económicos, sociales, culturales y políticos de los
inmigrantes”. En realidad, actualmente en el Estado español los
derechos de las personas inmigradas, como ya hemos dicho en
infinitas ocasiones, no se pueden considerar de ninguna manera
garantizados. Prueba de que esta situación no sólo no se soluciona,
sino que la discriminación se amplia, es el hecho de que una parte
importante de la población inmigrada ha quedado excluida de las
nuevas leyes sociales promulgadas por el Gobierno, como la Ley de
Dependencia, las ayudas al alquiler y la recompensación económica
por nacimiento o adopción, solamente por el hecho de estar en
situación irregular o no tener una autorización de residencia
permanente.
Este sistema discriminatorio culmina en la
invisibilidad política de las personas inmigradas. Desde SOS Racismo
consideramos el reconocimiento de los derechos políticos de las
personas inmigradas una cuestión fundamental de salud democrática:
una democracia debe reconocer la igualdad de derechos a todas las
personas que viven y trabajan en una sociedad. El 2007 fue año de
elecciones locales y dos millones de las personas que viven en el
Estado español no han podido votar por cuestión de origen. En el
transcurso del último año, la mayoría de los partidos políticos han
tratado el tema del derecho al voto relacionándolo con el contenido
de la Ley de Extranjería y vinculándolo a los tópicos negativos
relacionados con la inmigración, en lugar de asumirlo como un
requisito propio de los conceptos de democracia y ciudadanía. No
sólo no se ha avanzado en conseguir el objetivo, sino que muchos
representantes políticos han contaminado este debate con demagogia y
xenofobia. En el Estado español, donde la Constitución proclama la
democracia como uno de sus principios fundamentales, es necesario
superar la vinculación entre ciudadanía y nacionalidad y plantear un
nuevo concepto de ciudadanía vinculado a la residencia.
El
último año se ha caracterizado por la necesidad de revisión de la
Ley de Extranjería a partir de las sentencias sobre los recursos
presentados por el Parlamento de Navarra y la Junta de Andalucía
contra diversos preceptos de la misma ley, que el Tribunal
Constitucional falló a finales de 2007. Las sentencias establecieron
el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas
extranjeras a la enseñanza no obligatoria, reunión y asociación,
además del derecho a huelga; derechos que han sido excluidos de la
reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Partido Popular y a
la que el gobierno socialista no aportó ningún cambio. Por otro
lado, la sentencia del TC fijó la constitucionalidad de importantes
cuestiones como son la no consideración de la reagrupación familiar
como un derecho fundamental o la aceptación de la falta de
motivación a la hora de denegar un visado.
Desde SOS
Racismo criticamos como el fallo no ha supuesto una mejora real
respecto a la igualdad de derechos de las personas extranjeras y la
población nacional, pues vuelve a dejar en manos del Gobierno la
redacción de los artículos de la Ley declarados “contrarios a la
Constitución”. Si las condiciones que puede poner el legislador en
el ejercicio de estos derechos por parte de las personas extranjeras
en situación irregular no se ajustan a la Constitución, nos
encontraremos de nuevo ante la inseguridad jurídica y la
incertidumbre que sólo se podrán despejar pasados unos cuantos años,
con una nueva sentencia. Sentencias como éstas ponen sobre la mesa
el debate jurídico de la irregularidad en materia de extranjería.
Por un lado, el legislador evita enfrentarse a un problema que
afecta a centenares de millares de personas extranjeras; por otro
lado – y aunque sean invisibles para el mundo de los derechos – se
trata precisamente de personas que viven, trabajan, etc. en el
Estado. El Tribunal Constitucional nos ha recordado que situaciones
como la irregularidad de las personas extranjeras pueden y deben ser
objeto de derechos. Es necesario avanzar en esta dirección hasta
lograr la efectiva y real equiparación de derechos entre todas las
personas, al margen de su nacionalidad y situación
administrativa.
El 2007 ha visto también agravarse la
situación de los menores extranjeros no acompañados en el
Estado español. Como en años anteriores, la protección y tutela de
estos menores presentó numerosas y graves irregularidades que
conllevaron la vulneración de los derechos contemplados en la
legislación española y la legislación europea e internacional. Al
respecto, el Defensor del Pueblo hizo llegar una queja al Consejo
General del Poder Judicial, mediante la cual ponía al descubierto
algunos incumplimientos de la ley por parte de policías y jueces a
quienes acusaba de tratar como adultos a menores extranjeros
llegados a Canarias.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha
reconocido en 2007 la importancia de la figura del Defensor Judicial
del Menor – figura impulsada desde varias entidades, entre ellas SOS
Racismo Madrid –, que ha permitido restablecer, en diferentes casos,
los derechos del menor violados por la Administración Pública. Según
afirmó el Defensor del Pueblo, la labor del Defensor Judicial no
debe obedecer a la mera voluntad de la administración, sino al
ejercicio y cumplimiento de los derechos del menor.
El 2007 se ha
caracterizado también por los casos de intercambios de menores entre
distintas Comunidades Autónomas – en los que ninguna comunidad ha
asumido su responsabilidad respecto a la situación de desamparo de
estos menores –, así como por los casos de fugas de grupos de
menores de los centros donde estaban tutelados, para viajar a otras
comunidades, movidos por miedo a ser repatriados. Estos casos
demuestran una vez más, cómo las administraciones autonómicas a
menudo viven la presencia de menores no acompañados en su territorio
como un problema a solucionar – y mejor rápidamente –, permitiendo,
o incluso facilitando, el alejamiento de éstos en lugar de
formalizar inmediatamente la Asunción de Tutela del Niño, como
prescribe la ley. A esta situación se ha de sumar el colapso de los
centros de varias comunidades autónomas como Andalucía y Canarias,
además de las irregularidades y vulneraciones de derechos que en
algunos centros se producen, tal y como denunció en su informe sobre
centros de Canarias la ONG Human Rights Watch.
Por último, es
necesario señalar la gravedad de la demanda reiterada desde algunos
sectores de la política española, de reintroducir la posibilidad de
repatriar a sus países de origen a los menores extranjeros no
acompañados que hayan superado los 16 años de edad, como si se
tratara de personas adultas. Esta demanda demuestra una vez más,
cómo el mecanismo de las repatriaciones de menores no acompañados en
el Estado español se plantea según criterios de oportunidad y
volumen de menores, y no como respuesta a situaciones reales e
individualizadas, tal y como exigen los convenios de protección de
la infancia.
Además del racismo institucional, el 2007
se ha caracterizado por el alto nivel de racismo social registrado
en el Estado español. Las denuncias que SOS Racismo recibió en el
último año por agresiones o discriminaciones cometidas por
particulares representaron el 28% del total. Hechos como los
ocurridos en Alcorcón (Madrid) en enero de 2007, deben alertarnos
sobre las alarmantes manifestaciones de racismo presentes en nuestra
sociedad. Similares episodios de racismo social representan una
muestra de algo mucho más grave y profundo: el calado de prejuicios
y generalizaciones que se están produciendo en la sociedad y que
criminalizan a personas y colectivos en base a características
comunes, como el origen, en definitiva, la normalización de la
xenofobia en diferentes sectores sociales. Similares explosiones
racistas no pueden ignorarse, ni se puede minimizar su importancia.
En efecto, durante el último año, el tratamiento que los medios de
comunicación y algunos discursos políticos dieron a la inmigración
ha sido uno de los factores que más han contribuido a agravar el
problema del racismo social y sus consecuencias. Mediáticamente se
siguen fomentando los tópicos y prejuicios hacia la inmigración, al
mismo tiempo que se esconden, minimizan o banalizan las actitudes o
agresiones racistas y xenófobas. Por otro lado, denunciamos que la
constante reproducción de los tópicos negativos sobre la población
inmigrada con fines electoralistas, así como de las “amenazas de la
inmigración” por parte de los partidos políticos, contribuye a la
legitimación de la impunidad de las diferentes manifestaciones
racistas y xenófobas. La lucha contra el racismo social implica
erradicar el caldo de cultivo del que éste se nutre a partir de la
pedagogía social, la responsabilidad y ética política y la apuesta
por incrementar los presupuestos sociales a fin de evitar conflictos
entre la población para el acceso a los escasos recursos del estado
de bienestar.
En el ámbito laboral, los datos
socio laborales dan una idea de la vulnerabilidad del colectivo
inmigrante en el mercado del trabajo. Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), a inicios de 2007, la mitad de
las personas inmigrantes en situación regular en el Estado español
trabajaba con contratos temporales. Además, el Estado español
lideraba la clasificación de países desarrollados que más
desaprovechaba la formación profesional de las personas inmigrantes:
según el estudio de la OCDE, el 43% de las personas inmigrantes
empleadas en el Estado español trabajaba en empleos por debajo de su
calificación profesional. Por otro lado, según los datos del
sindicato de Comisiones Obreras, en 2007 los trabajadores
extranjeros cobraban entre un 7,2% y un 16,3% menos que los
españoles por el mismo empleo, una diferencia salarial que podía
alcanzar el 30% en el caso de los empleos de economía sumergida. El
caso de la vendimia de Castilla-La Mancha del pasado mes de
septiembre es emblemático de la situación de explotación laboral que
deben aceptar las personas extranjeras en situación irregular. Las
asociaciones y cooperativas de agricultores de la región contrataron
de forma ilegal a centenares de trabajadores irregulares, con el
beneplácito del Gobierno, que desde el primer momento declaró estar
dispuesto a mostrar “la máxima flexibilidad posible” en los
procedimientos de contratación de los trabajadores, principalmente
de origen búlgaro y rumano. Y eso a ulterior demostración de la
hipocresía del Gobierno, “inflexible” en el control fronterizo y a
la hora de expulsar personas en situación irregular, “máximamente
flexible” cuando son los empresarios quienes piden flexibilidad. La
economía española crece gracias a prácticas como ésta, en las que la
inmigración pasa a ser vista exclusivamente como mano de obra barata
representando la nueva esclavitud del siglo XXI. Las tareas
agrícolas llevan años manteniéndose con la precaria situación de las
personas que trabajan como temporeras. A la realidad de la vendimia
de Castilla se tienen que sumar situaciones como las del Levante
español, donde trabajadores de origen norteafricano continúan
malviviendo en cortijos abandonados, o como la precariedad laboral
de muchas/os cuidadoras y cuidadores que por estar en situación
irregular quedarán fuera de los derechos establecidos por la Ley de
Dependencia. La hipocresía y el afán de enriquecimiento siguen
produciendo las mismas vulneraciones de derechos: horas mal pagadas,
aprovechamiento de la situación administrativa de las personas
inmigrantes, no cotización a la seguridad social etc.
En
ámbito educativo, la integración del alumnado extranjero representa
sin duda uno de los grandes retos a los que se viene enfrentando el
sistema educativo español. A inicios del curso 2007/08, las escuelas
públicas acogían el 69% del alumnado de origen extranjero frente al
31% que se escolarizaba en centros privados y privados-concertados.
El Consejo Económico y Social (CES) advirtió que la mayor presencia
de alumnado extranjero en centros públicos concretos requiere el
diseño de medidas específicas para evitar procesos de
marginalización y recomendó la implementación de políticas y
prácticas que favorezcan la integración de los estudiantes de origen
inmigrante en los centros escolares. La existencia de dichos
procesos de marginalización en el sistema escolar incrementa el
riesgo de exclusión social de los hijos e hijas de familias
inmigradas, así como de los/as jóvenes que han llegado al Estado a
través de reagrupaciones familiares, alimentando el racismo a partir
de la desigualdad de oportunidades. Este proceso puede llevar a
estos futuros ciudadanos y ciudadanas a tener conflictos de
identidad y sentirse excluidos de la sociedad. En definitiva, los
actuales límites del sistema educativo alimentan el riesgo de
construir una sociedad fragmentada. Es necesario que el sistema
educativo del Estado garantice una igualdad real de oportunidades y
de trato a todo el alumnado, puesto que esto representa una
condición indispensable en la apuesta hacia un modelo de sociedad
realmente cohesionada e igualitaria.
En el Estado español,
uno de los ámbitos donde se da mayor discriminación del colectivo
inmigrante es el acceso a la vivienda. De un estudio
realizado por SOS Racismo Bizkaiko emergió que el 80% de las
inmobiliarias de Bilbao se negaban sistemáticamente a alquilar pisos
a personas extranjeras, debido a que las agencias obedecían a las
exigencias de los propietarios, que no querían tener por inquilinos
familias extranjeras. En general, la tendencia de la población
inmigrada a concentrarse en determinados barrios – por ser los que
ofrecen mayores posibilidades de viviendas accesibles, baratas o en
alquiler – está alimentando el peligro que la “etnización” de la
exclusión social que se vive en algunos barrios se haga cada vez más
patente. Desde SOS Racismo denunciamos cómo la falta de una política
de vivienda social, que afecta a muchos colectivos sociales, en el
caso de las personas inmigradas se une a la permisividad de la
discriminación al acceso a una vivienda digna por motivos de origen
étnico.
Durante el último año, el caso del pueblo
gitano ha representado otra vez el ejemplo más claro de un tipo
de discriminación profundamente asimilado, tanto en el ámbito
europeo como el español, agravado además por la situación de la
población gitana de los países del este europeo, la mayoría con
derecho a residir en la Unión, pero no a trabajar, debido a las
moratorias aprobadas por algunos Estados Miembros, entre ellos el
Estado español. La población gitana de origen rumano es uno de los
colectivos contra los que se ha focalizado el racismo social más
explícito y se ha vuelto a utilizar por parte de los responsables
políticos – en su día dirigida explícitamente contra el colectivo
gitano nacional – la argumentación xenófoba de la imposibilidad de
integración por su falta de voluntad.
El caso de este
colectivo, expulsado literalmente de muchos municipios y precipitado
hacia la exclusión social, evidencia como la falta de políticas
sociales y de integración repercute tanto en estas personas,
víctimas de discriminación institucional, como en el resto de la
población. Esta situación provoca problemas de convivencia que a su
vez alimentan tópicos, estigmatizan y culpabilizan todavía más a las
víctimas: un círculo vicioso vergonzoso cuyos únicos responsables
son las diferentes administraciones y responsables políticos. El
informe Discriminación y Comunidad Gitana 2007 de la Fundación
Secretariado Gitano estableció un mapa general de los ámbitos en los
que se producen las principales prácticas discriminatorias hacia la
comunidad gitana en el Estado. Otra vez más, trabajo, educación y
vivienda fueron los ámbitos en los cuales se han presentado más
denuncias por comportamientos racistas durante el 2007. En ámbito
educativo, vale la pena destacar la falta de garantías para un
acceso igualitario del alumnado gitano a los centros educativos
privados y concertados, así como la existencia de una importante
segregación y concentración de estos alumnos y alumnas en
determinados centros públicos o clases especiales. Esto supone una
educación de menor calidad y con menos recursos, incrementando el
riesgo de marginalización y la creación de “guetos” en relación con
las minorías étnicas.
Además, durante el último año, los
medios de comunicación han seguido estigmatizando el conjunto de la
población gitana, dando excesivo protagonismo y relevancia a casos
aislados o extraordinarios y poco representativos de la situación de
la mayoría de las familias gitanas (focos chabolistas, tráfico de
drogas, robos, violencia, etc.) y dedicándose a menudo a su
criminalización, como en el caso del colectivo gitano de origen
rumano. Por otro lado, es necesario constatar la existencia en la
sociedad española de un gran desconocimiento sobre la realidad
gitana y la proliferación de los estereotipos que distorsionan la
imagen real de toda la comunidad.
Durante el 2007, el
17% de las denuncias recibidas por nuestras Oficinas de Información
y Denuncia fue por abusos de los cuerpos de seguridad públicos y
privados. Las denuncias recibidas durante el 2007 hicieron
referencia principalmente a casos de abuso de poder y agresiones
verbales y físicas con motivación xenófoba. Se trata de una forma de
racismo amparado por el secretismo y la impunidad y potenciado por
el funcionamiento del sistema judicial y por la normativa de
extranjería. La impunidad efectiva de la que disfrutan muchos
agentes se debe a varios factores que abarcan desde obstáculos a la
presentación de denuncias, hasta la ausencia de medidas de las
autoridades para imponer sanciones apropiadas. Otras causas de dicha
impunidad son la falta de investigaciones independientes y
exhaustivas, la redacción de informes médicos a menudo incompletos o
inexactos y los retrasos excesivos de los procedimientos. Vale la
pena recordar como desde hace dos años el Consejo de Europa
recomienda que los cuerpos policiales se doten de un código ético de
conducta dirigido a los agentes, así como de un órgano que regule su
aplicación. De momento ningún país de la Unión se ha activado para
aplicar esta recomendación.
Durante el 2007 la
extrema derecha ha seguido muy activa y presente en gran
parte del Estado. El último año ha sido marcado por las actuaciones
públicas de los grupos de ultraderecha en diversas comunidades del
Estado. Las concentraciones y reuniones de la ultraderecha que han
tenido lugar en 2007, así como las numerosas actuaciones violentas
de estos grupos han puesto de manifiesto una vez más su impunidad a
la hora de actuar.
Por otro lado, los partidos de extrema derecha
– aunque actualmente minoritarios dentro del espectro de la derecha
española –, han obtenido en el último año un importante incremento
en los resultados electorales. Prueba de ello fue el triunfo
electoral del partido ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC)
en las elecciones municipales de 2007 y el buen resultado conseguido
por otros partidos de derecha radical, como España 2000, Democracia
Nacional, Iniciativa Habitable, etc. A nivel local, estos partidos
supieron aprovecharse del descontento social de la población y
focalizarlo contra la población inmigrada, ante una falta de
discurso alternativo por parte de los partidos de tradición
democrática, algunos de cuales están asumiendo como propio el
discurso abiertamente xenófobo de la extrema derecha de manera
preocupante.
Particularmente graves han sido las consecuencias de
la sentencia con la cual el Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucional el castigo penal de la negación del genocidio,
dejando como delito únicamente la justificación de éste último.
Desde SOS Racismo consideramos un error y un paso atrás que el
Tribunal Constitucional no haya seguido la línea dictada por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado en repetidas
ocasiones que el derecho a la libertad de expresión no ampara la
negación de genocidios; así como la línea marcada por la Propuesta
de Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la
xenofobia del Consejo de la Unión que destaca la necesidad de que
los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para garantizar
la sanción de la apología pública de los crímenes de genocidio y la
negación o banalización flagrante de los mismos. La resolución del
Tribunal Constitucional abre la vía al rebrote de teorías
revisionistas y amplía la impunidad de la extrema derecha, que juega
a ampararse en los valores democráticos que ella misma niega, con la
única finalidad de debilitarlos. No obstante, la sentencia deja
abierta la posibilidad de un nuevo redactado para este artículo,
objetivo que todas las fuerzas políticas democráticas deberían
consensuar.
Tal como hemos visto a lo largo de las
páginas de este informe, se constata con preocupación cómo en el
2007 no sólo en el Estado español no se ha avanzado en la lucha
contra el racismo, sino que la problemática se ha agravado. El
inicio del 2008 ha puesto punto y final a una legislatura
caracterizada por el inmovilismo político y consolidación del
racismo institucional producido por la Ley de Extranjería, que
continúa provocando irregularidad, exclusión social y explotación
laboral, realidades que han sido regularmente invisibilizadas y
silenciadas por el Gobierno. La última legislatura se ha
caracterizado además, por un retroceso en materia de Derechos
Humanos – debido al proceso de externalización de fronteras – y a un
endurecimiento de la política de expulsiones y repatriaciones, sobre
todo con las personas procedentes del continente africano; y por
último, por un aumento del racismo social que diversifica y amplia
sus manifestaciones.
La lucha contra el racismo no ha sido
una prioridad de este gobierno que ha preferido seguir girando la
cabeza y mirar a otro lado. Luchar contra el racismo implica un
cambio en las políticas para garantizar una igualdad de derechos y
oportunidades, es decir, empezar por no discriminar desde las
instituciones y paralelamente erradicar los factores que provocan el
aumento del racismo social; implica a la vez contundencia para
castigar la existencia de las acciones racistas y xenófobas. La
falta de jurisprudencia, así como la falta de sensibilidad del
estado de derecho en el momento de castigar las acciones racistas
y/o xenófobas han provocado la negación de la existencia del racismo
y la impunidad de estas conductas. Esta realidad se acompaña en
muchos casos, de la banalización o negación de su existencia por
parte de los discursos políticos y de los medios de comunicación.
Desde SOS Racismo consideramos necesario que durante la próxima
legislatura el gobierno electo aborde estos puntos, porque de ello
depende el tipo de sociedad hacia la que iremos.
Una vez
más, desde SOS Racismo destacamos que la inmigración es diversa y
por lo tanto, su tratamiento también debe serlo. En el Estado
español, además de existir diferentes inmigraciones coinciden
diferentes fases del proceso migratorio: hijos e hijas de familias
inmigradas nacidos o crecidos aquí y por lo tanto, ya españoles de
hecho y derecho y personas que llegan a través del reagrupamiento
familiar, que se suman a las nuevas llegadas. Estas realidades se
mantendrán en los próximos años y por lo tanto, será necesario
elaborar respuestas diversificadas para esta realidad
heterogénea.
Otro año más, desde SOS Racismo alertamos a
todos los actores de la sociedad de la necesidad de que la plena
igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas que
viven dentro de los confines de Estado se convierta en realidad
cuanto antes. En juego está la cohesión social de nuestra sociedad
en los próximos años.
INFORME ANUAL 2008 SOBRE EL RACISMO
EN EL ESTADO ESPAÑOL.
SOS RACISMO.
Icaria
Editorial. Barcelona, 2008.
isbn:
978-84-7426-991-8
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24-04-08
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